Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07630-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07630-00
Accionante: NIDIA ZARTA DE PLAZAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho - lesividad. Incumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Nidia Zarta de Plazas, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1° de diciembre de 2025, la parte accionante acudió al juez constitucional con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la seguridad social, supuestamente vulnerados por
la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“TUTELAR los derechos fundamentales a UNA VIDA DIGNA, AL DEBIDO PROCESO,
A UNA PENSIÓN DIGNA, SEGURIDAD JURÍDICA, JUNTO CON LOS PRINCIPIOS DE
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, PRO HOMINE, LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL, toda vez que el CONSEJO DE ESTADO, en sentencia
proferida el día 29 de mayo de 2025 con Radicado No. 41001 23 33 000 2014 00291 03
(6002– 2024)., incurrió en un defecto sustantivo y fáctico al desconocer el precedente
judicial, la ley y las pruebas aportadas que acreditaron que la docente obró de buena fe
y en confianza legítima al fallo de tutela emitido por el juzgado, y no solo ello, sino que
presumió la buena fe del profesional del derecho al que le encomendó la gestión.
Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los derechos fundamentales
de mi poderdante, conculcados por la Sentencia de fecha del 29 de mayo de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho identificado con el Radicado No. 41001233300020140029100 adelantado
contra El Ministerio Publico, NIDIA ZARTA DE PLAZAS, AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, al vulnerar los derechos fundamentales al debido
proceso, en el núcleo esencial de la administración de justicia y prevalencia del derecho
sustancial (art. 29, 228 y 229 Const.), el principio procesal iura novit curia (arts. 1, 8 y 25
CADH), las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH en
concordancia con el art. 93 Const.).
Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se ordene al CONSEJO ESTADO;
dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una de
reemplazo”.
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2. Hechos
La accionante manifestó haber nacido el 28 de enero de 1953, por lo que
actualmente tiene 73 años. Agregó que es un sujeto de especial protección
constitucional y que se desempeñó como docente adscrita a la Secretaría de
Educación Departamental del Huila entre el 23 de julio de 1979 y el 11 de febrero
de 2003.
Sostuvo que durante ese tiempo prestó sus servicios por más de veinticuatro años,
motivo por el cual solicitó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-
el reconocimiento y pago de la pensión gracia. No obstante, dicha entidad negó su
solicitud mediante la Resolución n.° 4642 del 27 de febrero de 2004, al considerar
que no cumplía los requisitos legales para acceder a la misma.
Explicó que, ante esta negativa, por intermedio de apoderado judicial interpuso
acción de tutela, la cual correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué que, mediante sentencia del 6 de octubre de 2006, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, incluyendo todos los factores salariales
causados en el año previo a la adquisición del estatus pensional, y ordenó además
el pago retroactivo de las sumas adeudadas.
Señaló que pese a que posteriormente se expidieron varias decisiones
administrativas, entre ellas, las Resoluciones 24838 del 29 de mayo de 2007 y
60645 del 27 de diciembre de 2007, en las que se volvió a negar el reconocimiento,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) finalmente profirió la Resolución RDP
038806 del 23 de agosto de 2013, mediante la cual reconoció su pensión gracia,
efectiva a partir del 28 de enero de 2003, por valor de $1.280.306.
Indicó que, en virtud de dicho reconocimiento, la administradora de pensiones le
pagó un retroactivo de $16.196.279; sin embargo, según sus cálculos, la suma
debida ascendía a más de $162.598.862, frente a lo cual no presentó reclamación
administrativa.
Expuso que el 7 de julio de 2014, la UGPP promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad,
con el fin de obtener la nulidad del acto que reconoció la pensión gracia, por haberse
originado en un fallo de tutela sin el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos para ello. Como restablecimiento del derecho solicitó el reintegro de
las sumas percibidas, debidamente ajustadas e indexadas.
Señaló que, de manera paralela a la acción ordinaria, se dio cumplimiento a la
resolución de medidas cautelares de 15 de septiembre de 2022 expedida por la
“Fiscalía 71”, dentro del proceso penal n.° 11001‑60‑99‑068‑2019‑00536,
adelantado con ocasión de la solicitud elevada por el Subdirector de Defensa
Pensional de la UGPP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para iniciar
procesos de extinción de dominio contra bienes de personas presuntamente
beneficiadas con títulos pensionales obtenidos de manera ilegal a través de
acciones de tutela.
Precisó que la Fiscalía General de la Nación mediante Resolución n.° 201900536,
concluyó que en su caso no existió conducta punible, al no encontrarse participación
en falsedad documental, fraude procesal, apoderamiento ilícito de dineros públicos
ni ningún otro delito, razón por la cual se ordenó el archivo de la investigación.
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Relató que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -en lesividad-, le
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila bajo el radicado n.°
41001-23-33-000-2014-00291-00, que mediante sentencia del 13 de agosto de
2024 accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que la actora ostentaba
la calidad de docente nacional y, por tanto, no tenía derecho a la pensión gracia. No
obstante, declaró probada la excepción de buena fe, razón por la cual no ordenó el
reintegro de las sumas percibidas.
Añadió que ambas partes interpusieron recurso de apelación: la parte demandante,
con el fin de que se reconociera y pagara la pensión gracia; y la UGPP, para que se
ordenara la devolución de las sumas canceladas, al considerar que fueron recibidas
de mala fe.
Finalmente, expuso que, mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, si bien compartió la
decisión según la cual la actora no era beneficiaria de la pensión gracia, consideró
que en el caso se encontraba acreditada la existencia de un fraude global. Lo
anterior, dado que pese a existir actos administrativos previos que habían negado
dicho beneficio, se promovió una acción de tutela con el propósito de obtener su
reconocimiento ante un despacho judicial distinto al del domicilio de la señora Nidia
Zarta. En esa medida, revocó el numeral segundo de la decisión de primera
instancia, declaró no probada la excepción de buena fe y ordenó el reintegro de
todas las sumas pagadas en virtud de la Resolución RDP 038806 del 23 de agosto
de 2013.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante expuso que la acción de tutela cuenta con suficiente relevancia
constitucional, dado que el asunto gira en torno a la pensión gracia que fue negada
a una persona de la tercera edad. Además, sostuvo que no cuenta con otro
mecanismo de defensa y que se vulneraron los derechos fundamentales al
establecer que no se actuó de buena fe, a lo que agregó que la acción se presentó
dentro de un plazo razonable.
Refirió que el proceso penal fue archivado, debido a que el ente fiscal no encontró
conducta que endilgarle a la accionante, por lo que dicha circunstancia permite
derribar la conclusión de la sentencia de segunda instancia que declaró probada la
mala fe sin soporte probatorio.
Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, “al
presentarse una contradicción entre la aplicación del principio de buena fe en el caso que
nos ocupa y la decisión de no restituir las mesadas ya reconocidas por parte de la entidad”.
Consideró que se desconoció el precedente judicial y la normatividad, “pues se
acredita que el accionado no acata las decisiones judiciales adoptadas por el Consejo de
Estado y la ley”.
Hizo mención al principio de seguridad jurídica, para lo cual trajo a consideración
las sentencias T‑502 de 2002, C‑284 de 2015 y SU‑072 de 2018 de la Corte
Constitucional. De igual modo, refirió que el juez debe analizar la demanda bajo los
principios de iura novit curia y de buena fe.
Señaló que dentro del proceso ordinario no existe prueba que demuestre la mala fe
en la recepción de las sumas de dinero reconocidas como pensión gracia, otorgada
en cumplimiento de una orden derivada de una acción de tutela interpuesta en su
momento como mecanismo para salvaguardar las garantías fundamentales. Agregó
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que dicha acción fue promovida por intermedio de un apoderado judicial, quien
adelantó toda la actuación jurídica sin participación directa de la accionante.
Mencionó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política
y en el numeral 1°, literal c, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, no existe
fundamento jurídico para pretender la recuperación de sumas pagadas con base en
un título legítimo y bajo el amparo de la buena fe.
Adujo que la entidad demandante afirmó que el acto administrativo que reconoció
la pensión gracia es contrario a la ley y a la Constitución Política, sin precisar la
norma concreta vulnerada ni explicar la causal de nulidad prevista en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011. Al respecto, expuso que “la UGPP pretende que el juez
presuma que el reconocimiento de la pensión gracia fue ilegal solo porque ahora, años
después, sostiene una interpretación diferente sobre la calidad docente de la beneficiaria.
Sin embargo, esa interpretación no convierte el pago en indebido ni retrotrae los efectos de
la decisión original”.
Afirmó que “la validez y obligatoriedad del acto administrativo que reconoció la pensión al
docente no solo se encuentra respaldada por el principio de buena fe y por la presunción
de legalidad de las actuaciones administrativas y judiciales, sino también por la firmeza y
carácter definitivo del fallo de tutela que ordenó su expedición. En este sentido, la conducta
de la Administración al intentar desconocer dicho reconocimiento carece por completo de
sustento jurídico”.
Por último, refirió que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico “vulnerando
derechos fundamentales a una vida digna, al debido proceso, a una pensión digna,
seguridad jurídica, junto con los principios de prevalencia del derecho sustancial, pro
homine, la perpetuatio jurisdictionis, principio iura novit curia, al desconocimiento de
precedente judicial”.
4. Trámite procesal
Por auto de 5 de diciembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado-. De igual modo, a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y
al Tribunal Administrativo del Huila, como terceros interesados en el resultado del
proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
188721 a 188725 de 10 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión
El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia rindió informe en el que
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, luego de exponer que la
decisión fue proferida conforme a la normatividad aplicable al caso. En dicho
análisis, se estableció que la demandante no cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión gracia, por cuanto ostentaba la calidad de docente nacional.
Sin embargo, no se logró demostrar que la accionante hubiera actuado de mala fe,
razón por la cual no se ordenó el reintegro de las sumas pagadas.
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5.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
La apoderada judicial de la entidad se pronunció sobre el asunto y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, tras señalar que dicho mecanismo constitucional
no fue instituido para reclamar prestaciones económicas que ya fueron objeto de
análisis por el juez natural, sin que se haya acreditado la vulneración de derechos
fundamentales ni la configuración de los defectos alegados. Además, pidió su
desvinculación del trámite por considerar que carece de competencia para atender
las súplicas de la demanda.
5.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el
enlace del expediente digital, sin hacer alguna consideración sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó su
desvinculación por considerar que carece de competencia para atender las súplicas
de la demanda de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” . Así las cosas, la Sala negará la
1
solicitud presentada debido a que su participación en este trámite constitucional se
dio en calidad de tercero con interés, por fungir como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho -en lesividad- en el que se profirió la decisión
objeto de reproche.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada la señora
Nidia Zarta de Plazas es procedente, de conformidad con los requisitos generales
cuando se cuestiona una providencia judicial proferida por una Alta Corte y, en caso
afirmativo, si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
1
Sentencia T-005 de 2022.
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el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Nidia Zarta de Plazas, quien actúa por intermedio de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al considerar que la sentencia del 29 de mayo de 2025,
mediante la cual se revocó el numeral segundo de la decisión de primera instancia
que declaró probada la excepción de buena fe y, en consecuencia, ordenó el
reintegro de los valores pagados por concepto de pensión gracia al estimarse
configurado un fraude global, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.
Señaló que es un sujeto de especial protección constitucional debido a su edad -73
años-. Afirmó, además, que la decisión cuestionada desconoció el precedente
judicial, la ley y las pruebas que demostraban el actuar de buena fe y bajo la
confianza legítima generada por el fallo de tutela que le reconoció la pensión gracia.
Adicionalmente, expuso que no se tuvo en cuenta que el trámite para obtener dicho
reconocimiento pensional fue adelantado por intermedio de un apoderado judicial,
sin participación directa de la actora.
Precisado lo anterior, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción
de tutela porque no supera el requisito de la relevancia constitucional, como pasa a
exponerse.
En el sub examine, se encuentra acreditado que la accionante se desempeñó como
docente adscrita a la Secretaría de Educación Departamental del Huila durante el
periodo comprendido entre el 23 de julio de 1979 y el 11 de febrero de 2003.
Adicionalmente, está demostrado que mediante Resolución n.° 4642 del 27 de
febrero de 2004, CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
actora, al considerar que no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 114 de
1913.
No obstante, la accionante, junto con otros docentes y por intermedio de apoderado
judicial, promovió acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social. El asunto
correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué,
Bolívar, que mediante sentencia del 6 de octubre de 2006 resolvió acceder a lo
solicitado y, en consecuencia, ordenó a CAJANAL proferir los actos administrativos
de reconocimiento de la pensión gracia en virtud de lo dispuesto en la Ley 4 de
1966, incluyendo todos los factores salariales causados en el año anterior al retiro.
Posteriormente, por Resolución n.° 24838 del 29 de mayo de 2007, CAJANAL
decidió nuevamente negar el reconocimiento de la pensión gracia, insistiendo en
que los tiempos de servicio de la accionante eran de carácter nacional. Asimismo,
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expidió la Resolución n.° 60645 del 27 de diciembre de 2007, mediante la cual se
negó la solicitud de revocatoria directa presentada.
Con el propósito de dar cumplimiento al fallo de tutela la UGPP, por Auto n.° ADP
008965 del 24 de junio de 2013, ordenó la práctica de pruebas y solicitó copia
auténtica de la sentencia del 6 de octubre de 2006. Mediante Resolución n.° RDP
038806 del 23 de agosto de 2013, reconoció la pensión gracia en cuantía de
$1.280.306, efectiva a partir del 28 de enero de 2003.
No obstante, al considerar que la demandante no cumplía los requisitos para
obtener la pensión gracia, la UGPP promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con
el fin de obtener la nulidad de la Resolución n.° RDP 038806 del 23 de agosto de
2013. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro de las sumas
percibidas, debidamente actualizadas e indexadas.
El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila, bajo el
radicado n.° 41001-23-33-000-2014-00291-00, que mediante auto del 18 de
septiembre de 2014 admitió la demanda y ordenó notificarla a la accionante.
La actora, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y propuso,
entre otras, la excepción de buena fe. Sostuvo que no había utilizado medios
ilegales o fraudulentos y que ninguna autoridad había declarado irregularidad
alguna respecto del fallo de tutela del 6 de octubre de 2006. Agregó que no era
posible predicar mala fe cuando un pensionado acude al medio idóneo para solicitar
su pensión, sin alterar documentos o fechas, es decir, cumpliendo los requisitos
exigidos.
El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 13 de agosto de 2024,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al concluir
que la actora ostentaba la calidad de docente nacional y que, por tanto, no tenía
derecho a la pensión gracia. En cuanto a la excepción de buena fe propuesta por la
accionante, consideró que se encontraba probada y, en consecuencia, no ordenó el
reintegro de las sumas percibidas.
Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación. La
demandante para que se reconociera y pagara la pensión gracia, con fundamento
en que la decisión que reconoció el derecho había hecho tránsito a cosa juzgada y
que cumplía los requisitos legales, y la UGPP, para que se ordenara la devolución
de lo pagado, al considerar que los recursos fueron recibidos de mala fe.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 29 de mayo de 2025, concluyó que la señora Nidia Zarta de Plazas no era
beneficiaria de la pensión gracia, toda vez que su vinculación era de carácter
nacional, pese a que se desempeñó como docente en el departamento del Huila.
No obstante, consideró que no se configuraba la excepción de buena fe, al encontrar
acreditada la existencia de un fraude global, derivado de la interposición de una
acción de tutela con el fin de obtener nuevamente el reconocimiento pensional, pese
a la previa decisión negativa de la Administración y ante un despacho judicial distinto
al de su domicilio.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada revocó el numeral segundo
de la sentencia objeto de reproche y, en su lugar, declaró no probada la excepción
de buena fe y ordenó el reintegro de todas las sumas pagadas con fundamento en
la Resolución RDP 038806 del 23 de agosto de 2013.
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Conforme con lo anterior, la Sala observa que la accionante pretende el amparo de
sus derechos fundamentales al señalar que la autoridad judicial incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Sin
embargo, del escrito de tutela se advierte que lo relacionado con el proceso penal
que cursó de manera paralela a la demanda ordinaria, y en el cual se sustenta la
supuesta falta de análisis probatorio y la conducta de buena fe alegada, constituye
un argumento nuevo que no fue objeto de valoración ni estudio dentro del proceso
ordinario.
En virtud de lo expuesto, se recuerda que la acción de tutela contra providencias
judiciales no fue instituida para adicionar, complementar o modificar los argumentos
que no se propusieron ante el juez natural. En el caso concreto, la parte actora,
mediante el escrito de contestación a la demanda ordinaria, propuso la excepción
de buena fe. No obstante, en esa oportunidad nada manifestó respecto del resultado
del proceso penal ni de las presuntas afectaciones derivadas de este. A ello se suma
que, en el recurso de apelación, la accionante centró su inconformidad en insistir en
el reconocimiento pensional. En consecuencia, el mecanismo constitucional no es
el escenario adecuado para analizar aspectos que debieron ser planteados ante la
autoridad competente en las etapas procesales correspondientes.
En cualquier caso, se tiene que la inconformidad que propone la accionante no
involucra un genuino debate constitucional, sino que se centra en reprochar la
decisión del órgano de cierre, con repercusiones de orden económico que no están
relacionadas con el contenido, alcance y goce de un derecho fundamental.
Adicionalmente, el escrito carece de la carga mínima argumentativa necesaria para
permitir el análisis de fondo. Si bien la parte actora afirmó que se configuraron los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que
se trata de manifestaciones generales, vagas e imprecisas, que no explican de
manera clara cómo la autoridad judicial accionada habría incurrido en ellos. A modo
de ejemplo, la accionante señaló que existió una contradicción respecto del principio
de buena fe y sostuvo que no se acreditó que la UGPP hubiese acatado el fallo de
tutela; no obstante, insistió simultáneamente en la legalidad del acto administrativo
que reconoció la pensión gracia, argumentando que dicho acto había hecho tránsito
a cosa juzgada, pasando por alto que ese aspecto fue ampliamente analizado por
el juez natural dentro del proceso ordinario, en el que se concluyó que no era
beneficiaria de la pensión gracia porque la vinculación era de carácter nacional.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha precisado que el análisis de este
presupuesto general de contenido sustancial es “que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales”, porque “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales”.
Además, se debe destacar que la providencia objetada fue dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que la
verificación del requisito de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia
y se torna más estricto en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una
sentencia emitida por una Alta Corte.
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En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20106, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 20227,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación
arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que se
requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la demostración efectiva de
la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una
tutela contra una sentencia de una alta corte”.
En ese sentido, la Sala advierte que la parte actora no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que pretende introducir argumentos nuevos que
no fueron objeto de valoración en el proceso ordinario y, además, su escrito carece
de la carga mínima argumentativa necesaria para permitir el análisis de fondo
cuando se cuestiona una providencia judicial proferida por una Alta Corte.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la desvinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Nidia Zarta de Plazas, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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