Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00291-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00291-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2014-00291-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002– 2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Nidia Zarta de Plazas
Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revocar parcialmente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 13 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial,
acudiendo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 038806
de 23 de agosto de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión gracia a
favor de Nidia Zarta de Plazas.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a restituir
las sumas pagadas por concepto de pensión gracia, así mismo, que los valores
correspondientes sean ajustados e indexados.
4. Finalmente, pidió que se condene en costas a la demandada.
1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=41001233300020140
0291031100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002-2024)
Demandante: UGPP
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP relató que la señora
Nidia Zarta de Plazas laboró como docente nombrada por el Ministerio de Educación
Nacional desde el 23 de julio de 1979 hasta el 11 de febrero de 2003.
6. En un primer momento, con la Resolución 4642 del 27 de febrero de 2004, la
extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL negó una solicitó una solicitud
de pensión gracia por no cumplir con los requisitos de ley.
7. Inconforme con lo anterior, interpuso acción de tutela la cual fue resuelta por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, que con fallo de 6 de
octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del
señor Zarta de Plazas, teniendo en cuenta todos los factores salariales causados
en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional, pagando
retroactivamente los valores adeudados, los cuales deberían estar reajustados e
indexados.
8. La UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela referido, expidió la Resolución
24838 de 29 de mayo de 2007, negando nuevamente la prestación reclamada por
contar con servicios docentes del orden nacional; luego, con Resolución 60645 de
27 de diciembre de 2007, se negó la solicitud de revocatoria directa del anterior acto.
9. Finalmente, con Resolución RDP038806 de 23 de agosto de 2013 se atendió a
lo dispuesto en el fallo de tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
y se reconoció la pensión gracia efectiva a partir del 28 de enero de 2003.
10. Con la demanda se solicitó la suspensión provisional de este último acto
administrativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
11. Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 128 de
la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989, entre otras.
12. Como sustento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en modalidad de lesividad, argumentó que la señora Zarta de Plazas no tendría
derecho al reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con los requisitos
establecidos por la ley, principalmente 20 años de servicio como docente con
vinculación territorial o nacionalizada, pues la prestación del servicio fue como
docente nacional, lo cual contraría abiertamente las disposiciones normativas de la
pensión gracia, circunstancia que no fue tenida en cuenta por el juez Segundo Civil
del Circuito de Magangué, que con desconocimiento de dichas disposiciones ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia al acá demandado junto con un grupo
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Demandante: UGPP
significativo de personas.
1.4. Contestación de la demanda
13. Con auto de 18 de septiembre de 2014, se admitió la demanda; luego, con
proveído de 28 de noviembre de 2014, el tribunal decretó la suspensión provisional
de la Resolución 038806 de 23 de agosto de 2013, que en cumplimiento del fallo de
tutela reconoció la pensión gracia, y ordenó a la entidad tomar las medidas
administrativas para que no pudiera ejecutarse dicho acto; decisión que fue
recurrida, y confirmada por el Consejo de Estado con auto de 23 de julio de 2020.
14. Notificado el auto admisorio, la señora Nidia Zarta de Plazas a través de
apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de la
defensa de la docente, indicó que el acto administrativo demandado se encuentra
ajustado a derecho, ya que fue expedido en cumplimiento de una orden de tutela.
15. Explicó que se cumplió con el requisito de no percibir pensión u otro tipo de
compensación por parte de la Nación, circunstancia que resulta concordante con
las Leyes 114 de 1913 y 39 de 1903. Explicó que la entidad demandante fue la que
actuó de mala fe al no querer dar cumplimiento a la decisión constitucional expedida
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Magangué – Bolívar, violándole así los
derechos fundamentales del docente.
16. Resaltó que la señora Zarta de Plazas actuó de buena fe, pues, cumplió con los
requisitos legales para ser beneficiario de una pensión gracia, por lo que, como
consecuencia de la negativa de la administración para otorgar el derecho, acudió al
juez de tutela para hacer valer sus derechos, lo que finalmente ocurrió.
1.5. Sentencia de primera instancia
17. En decisión del 13 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
18. Como sustento expuso que la docente no acreditó el cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiaria de una pensión gracia, en la medida que el tiempo
de servicio fue del orden nacional desde el 23 de julio de 1979 hasta el 11 de febrero
de 2003, esto es, por más de 20 años; por lo tanto, el acto de reconocimiento
pensional objeto de demanda, no es propiamente un acto de ejecución, dado que
no cuenta con una actuación administrativa previa y fue expedido en cumplimiento
de un fallo emanado de un juez constitucional y no de un juez ordinario, por lo que
procede su nulidad en cuanto creó una situación jurídica respecto del hoy
demandado.
19. Respecto al restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro de los
valores cancelados a favor de la demandante por concepto de pensión gracia, el
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Demandante: UGPP
tribunal indicó que la UGPP no logró probar que la accionada hubiera actuado de
mala fe, por lo que no resulta procedente dicha pretensión.
20. Finalmente dispuso el levantamiento la suspensión provisional de la Resolución
RDP 038806 del 23 de agosto de 2013.
1.6. Recursos de apelación
21. La demandada a través de apoderado, presentó recurso de apelación en el que
solicitó revocar la sentencia de primera instancia; sobre el particular, indicó que sí
cumplió todos los requisitos para el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
que si bien fue nombrada como docente nacional, ello no la imposibilitaba para ser
beneficiaria de la prestación reclamada, principalmente porque se encontraba sujeta
a la planta de personal del departamento del Huila como docente, acatando órdenes
y cumpliendo horarios, así mismo, que el pago de salarios provenía de las entidades
territoriales, por lo que no es acertado especificar que se trataba de una docente
nacional.
22. De igual manera, señaló que la vinculación se produjo por medio de órdenes y
contratos de prestación de servicios, circunstancia que ya ha sido objeto de
pronunciamiento por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, llegando a la conclusión que se debe determinar que la primacía de
la realidad sobre las formas determina, en este caso, que se trata de un docente
territorial y no nacional.
23. Así mismo, mencionó que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué hace tránsito a cosa juzgada
constitucional, circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia2, y, por tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha
orden judicial no puede ser objeto de estudio por otro juez, pues ello afectaría el
debido proceso del docente.
24. Finalmente, solicitó oficiar a la Nación, al departamento del Huila y al municipio
de Neiva, para que alleguen con destino al expediente diferentes documentos que,
en su sentir, respaldarían sus argumentos.
25. De otro lado, la parte actora –UGPP- presentó apelación adhesiva; expresó
su inconformidad con la decisión de no acceder a la pretensión de restablecimiento
del derecho, ya que considera que procede la devolución de dineros al encontrarse
demostrado que existe una afectación patrimonial de los recursos del sistema
general de pensiones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mismo, generando a
su vez un enriquecimiento injustificado a favor del ciudadano.
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, Radicado: 13001-22-13-000-2012-00192-01.
Sentencia de 31 de julio de 2012.
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Demandante: UGPP
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
26. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado allegó concepto
en el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia; argumentó que se debe
revisar si en el asunto en comento se ha presentado la cosa juzgada constitucional,
y si, el acto demandado, se considera un acto de ejecución sobre la orden de tutela
que se encuentra ejecutoriada, pues así lo ha determinado la jurisprudencia del
Consejo de Estado en diferentes oportunidades.
27. La UGPP, la señora Nidia Zarta de Plazas y la Agencia de Defensa Jurídica
del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
28. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.
2.2. Del problema jurídico
30. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente:
¿Se encuentra acreditada la mala fe de la señora Nidia Zarta de Plazas, para
obtener el reconocimiento de la pensión gracia, y que en consecuencia
conlleve a que se deba ordenar la devolución de las sumas percibidas por tal
concepto?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La pensión gracia
31. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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32. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
33. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
34. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
35. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
36. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
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37. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
38. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
39. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
40. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
41. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. El principio de la buena fe
42. La Constitución Política en su artículo 83 estableció que « Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:
«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto
se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus
relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de
los deberes y obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto,
desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la
relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda
la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el
fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»
43. De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del
principio de la buena fe en el derecho administrativo así:
«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes
públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian
objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la
Administración y a su vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo caso,
debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan
racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una
actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o
sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas.»7
44. Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación
de dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
2.3.3. El fraude global
45. La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la
administración, se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no
obstante, esta protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de
tipo global que tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.
46. Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la
legalidad de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela,
aplicando como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del
reconocimiento y pago de una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-25-
000-2002-13188-01 (0807 –2008).
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Demandante: UGPP
y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:
«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las
condiciones de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como
es: instaurarla en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de
prestación de servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, situaciones que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»8
47. Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso
contencioso, la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al
reconocimiento de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con
los 20 años de servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una
negativa de la administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto
con un grupo de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial
quien con orden de tutela le concedió la prestación.
48. El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder
establecer si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen
en entredicho la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia
de 26 de noviembre de 2011 esta Sala indicó:
«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en
los siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa
prestacional por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del
ejercicio de la acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar
de prestación de servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, pues tales situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»9
49. Cabe destacar que recientemente esta Subsección ha resuelto asuntos con
similares fundamentos fácticos y jurídicos, entre otros, con la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, expediente con radicado 25000 23 42 000 2014 01635 03
(3617– 2023).
2.4. Caso concreto
50. Previo a analizar el cumplimiento de requisitos, y en cuanto al argumento de
que en el caso particular se configuró la cosa juzgada constitucional respecto del
fallo de tutela expedido por el Juzgado Segundo de Magangué por medio del cual
se otorgó el derecho discutido, la Sala se permite aclarar que no tiene vocación de
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).
9 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de 2020.
Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de 2021.
Radicado: 50001 23 33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de 2021.
Radicado: 52001-23-33-000-2014-00202-02 (4818-2019).
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prosperidad, toda vez que no existe identidad de objeto, pues con la acción
constitucional se persigue la protección de derechos fundamentales de manera
inmediata, y con el medio de control ante la jurisdicción contenciosa se persigue el
control de la legalidad de los actos administrativos, del cual puede desprenderse un
restablecimiento del derecho de llegar a ser el caso.
51. Adicional a lo anterior, vale la pena resaltar que el juez de tutela no puede
reemplazar al juez natural de la causa, además, las ordenes impartidas por aquel
son de manera transitoria, en tanto que el juez natural tome la decisión respecto de
los actos que otorgan o niegan el derecho pretendido. Así, es claro que en el asunto
bajo examen no prospera el argumento expuesto por el recurrente en el escrito de
alzada.
2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos
52. De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra probado que
Nidia Zarta de Plazas nació el 28 de enero de 1953, cumpliendo 50 años de edad
el 28 de enero de 199310; de igual manera, prestó servicio docente tras
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, que, si bien no se
allegó copia del acto de nombramiento, es una circunstancia que no se encuentra
en discusión y que es aceptada por las partes.
53. En certificado de historia laboral expedido el 11 de febrero de 200311, la
Secretaría de Educación del Huila indicó, además del nombramiento antes descrito,
las siguientes novedades laborales del señor Nidia Zarta de Plazas con vinculación
del orden nacional:
54. De lo anterior, para la Sala es claro que Nidia Zarta de Plazas fue nombrada por
Resolución 113373 de 26 de agosto de 1979 emanada del Ministerio de Educación
Nacional y que desde ese momento permaneció vinculada a la educación como
10 Fotocopia de la cedula de ciudadanía visible a folio 20 del expediente.
11 Folios 23 del expediente.
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docente hasta el 11 de febrero de 2003, fecha de expedición del certificado;
además, que la naturaleza de su vinculación es nacional, no sólo porque así quedó
certificado, sino por cuanto su nombramiento proviene de una entidad del mismo
orden, circunstancia que no es discutida por la parte demandada.
55. Conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, el personal
nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.
56. Por tanto, el tiempo de vinculación como docente del orden nacional no es
computable para acreditar los 20 años de servicio con el fin de acceder a la pensión
gracia, circunstancia que se explicó previamente y que ha sido ratificada por las
sentencias de unificación jurisprudencial citadas en el apartado del marco normativo
y jurisprudencial.
57. Finalmente, el apoderado de la demandada argumentó que, como
consecuencia de las situaciones administrativas de las que fue objeto y el haber
estado vinculada a la planta de personal del departamento del Huila y el municipio
de Neiva, pasó a ser del orden territorial. Al respecto, se recuerda que la señora
Zarta de Plazas fue nombrada docente a través de acto administrativo expedido por
el Ministerio de Educación Nacional vinculación que permaneció en el tiempo hasta
por lo menos el 11 de febrero de 2003, de acuerdo con la certificación previamente
reseñada.
58. Durante este lapso la prestación del servicio docente de aquélla fue objeto de
diferentes novedades como traslados, pero siempre manteniendo incólume la
vinculación de naturaleza nacional efectuada en 1979.
59. Así entonces, dado que la naturaleza del nombramiento en mención fue del
orden nacional, es claro que el tiempo de servicio docente desde el 23 de julio de
1979 hasta el 11 de febrero de 2003, conserva la misma naturaleza, y no resulta
válido para ser tenido en cuenta para la pensión gracia.
60. Lo anterior quiere decir que Nidia Zarta de Plazas no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prestación reclamada, concluyendo la Sala entonces
que, la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 038806 de 23 de agosto de
2013 dispuesta por el a quo, se encuentra ajustada a derecho.
2.4.2. De la buena fe
61. Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, vale la pena
resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se produjo en cumplimiento del
fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, Bolívar, en donde se accedió a las pretensiones de un grupo
significativo de docentes, entre ellas Nidia Zarta de Plazas, con la que se ordenó a
CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de los
accionantes.
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62. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela,
expidió la Resolución RDP 038806 de 23 de agosto de 2013, por medio de la cual
reconoció y ordenó pagar a favor del señor Zarta de Plazas una pensión gracia
efectiva a partir del 28 de enero de 2003.
63. Sobre el reconocimiento antes mencionado, se resalta que, la docente
demandada en varias oportunidades solicitó el reconocimiento pensional y ello le
fue negado por contar únicamente con tiempos de servicio docente de naturaleza
nacional, como así da cuenta la Resolución 4642 de 27 de febrero de 2004; y
posteriormente las Resoluciones 24838 de 29 de mayo de 2007 y 60645 de 27 de
diciembre de 2007.
64. No obstante, con Resolución RDP 038806 de 23 de agosto de 2013, la UGPP
dio cumplimiento al fallo de tutela y concedió el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
65. Atendiendo lo descrito, para la Sala es claro que se estructura la mala fe de la
señora Nidia Zarta de Plazas bajo la figura del fraude global, toda vez que habiendo
obtenido la negativa de la administración en más de una oportunidad respecto del
reconocimiento de la pensión gracia, presentó, a través de apoderado, una acción
de tutela, junto con otras 79 personas, en el municipio de Magangué (Bolívar), es
decir, en un distrito judicial que no coincidía con su lugar de residencia (Neiva),
tampoco con el último lugar de prestación del servicio (Neiva), ni con el lugar en
donde se expidieron los actos que previamente le habían negado el derecho
(Bogotá). Elementos que ha tenido en cuenta la jurisprudencia para arribar a la
conclusión del fraude global, y que tal como se ilustró, se configuran en el presente
asunto.
66. De manera que, las actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión
gracia llevan a demostrar que los dineros se percibieron de mala fe por parte de la
docente, en la medida que conociendo las razones que llevaron inicialmente a
CAJANAL a negar en varias oportunidades lo pedido, presentó acción de tutela, por
intermedio de abogado, en un municipio distante a su domicilio, con el fin de obtener,
sin el lleno de requisitos legales, una sentencia judicial favorable, como finalmente
ocurrió; circunstancia que, en casos similares12, ya ha sido analizada y definida de
la siguiente manera:
«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
12 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-
00231-03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-
00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-
00371-02 (6522-2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-
1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-
01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024.
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circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado13 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no
residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento
de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima,
ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la
pensión gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo
determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en
que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener
decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a
la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente
ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y
que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento
de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó14»15
67. Así, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso el fraude
global, tiene vocación de prosperidad el recurso de la parte actora –UGPP-, siendo
necesario revocar parcialmente la sentencia apelada, en cuanto declaró probada
la excepción de buena fe; para en su lugar negar dicha excepción. Y así mismo se
ordenará la devolución de las sumas devengadas por concepto de la pensión gracia
reconocida, debidamente indexadas, a favor de la UGPP. Los valores adeudados
serán actualizados de acuerdo con la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
68. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en
13 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela,
a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000
«para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de
tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»
14 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014,
Radicación: 3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia
se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la
señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo
Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-
06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la
autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada,
ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo
al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones
se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida,
sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984,
como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016).
Sentencia de 22 de febrero de 2018.
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que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el último inciso del artículo 192 del C.P.A.C.A. Por tratarse de pagos
de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada
mesada prestacional.
2.5. Condena en costas
69. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando ambas partes
presentaron recurso de apelación.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia de 13 de agosto de 2024,
por medio del cual se declaró probada la excepción de buena fe de la demandada.
SEGUNDO. En su lugar, declarar no probada dicha excepción de buena fe, y en
consecuencia ordenar a la señora Nidia Zarta de Plazas devolver a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ꟷUGPPꟷ las sumas pagadas por concepto de la pensión gracia
reconocida a través de la Resolución RDP 038806 de 23 de agosto de 2013, por
medio de la cual reconoció y ordenó el pago a su favor de una pensión gracia
efectiva a partir del 28 de enero de 2003; acto declarado nulo.
Las sumas resultantes a favor de la entidad demandante se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente
decisión.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 13 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de la referencia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.
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Demandante: UGPP
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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