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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00226-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00226-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la UGPP contra la señora Blanca Lucy Palacios Villota. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2014-00226-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Demandada: Blanca Lucy Palacios Villota
Temas: Nulidad de acto administrativo propio. Pensión gracia. Devolución
de mesada pensional. Mala fe. Fraude global.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada
contra la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, decisión será
confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 26 de mayo de 20143, entidad demandante ejerció el medio de control de la
referencia en contra de la demandada, con el objetivo de que se declare la nulidad de
sus propias Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620 del 25
de octubre de 2013. Dichos actos administrativos fueron emitidos en cumplimiento de
una acción de tutela dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar), a través de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia de
jubilación a la accionada.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de todos los
montos desembolsados a la demandada debido al reconocimiento ilegal de la pensión
gracia, debidamente indexados y actualizados desde el momento en que se causaron
hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso. En caso de que no se realice
el pago oportunamente, pidió que se le liquiden los intereses comerciales y moratorios,
además de condenar a la accionada en costas y agencias en derecho.

1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 a 6 del cuaderno principal No. 1.
3 Folio 351 del cuaderno principal No. 2.

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Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)
Demandante: UGPP

4. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que la demandada fue
designada como docente nacional en el municipio de Popayán por el Ministerio de
Educación Nacional, desempeñándose desde el 21 de septiembre de 1977 hasta el 20
de noviembre de 2004; destacando que su último cargo fue en el INEM Francisco José
de Caldas de dicha municipalidad.

5. Agregó que CAJANAL EICE, actualmente liquidada, emitió las Resoluciones
8664 del 27 de febrero de 2006 y 45051 del 25 de septiembre de 2007, así como el
Auto 201506 del 30 de abril de 2006, en los cuales negó el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, argumentando que no se demostraron los 20 años de servicios en
la docencia de orden departamental, municipal o distrital.

6. Mencionó también que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar), mediante la acción de tutela 2006 – 00194 del 6 de octubre de 2006, amparó
los derechos de la demandada y ordenó reconocerle la pensión gracia, incluyendo los
factores salariales causados en el año anterior a la adquisición del estatus de
pensionada, junto con la respectiva retroactividad. En cumplimiento de esta decisión, la
actora emitió la Resolución RDP 037289 del 13 de agosto de 2013, reconociendo la
prestación a la demandada, efectiva desde el 26 de mayo de 2003, la cual fue
modificada posteriormente por la Resolución RDP 049620 del 25 de octubre de 2013,
ajustando la efectividad de la prestación a partir del 26 de mayo de 2004.

Contestación de la demanda4

7. La demandada se opuso a las pretensiones y a la condena en costas, señalando
que estas se encuentran en contravía del ordenamiento jurídico y atentan contra los
principios de acierto y legalidad que rigen las decisiones judiciales y los actos
administrativos. Afirmó que la actora intenta reabrir debates jurídicos ya concluidos, lo
que convierte su actuación en temeraria y fraudulenta. Además, insistió en que el acto
impugnado fue expedido en cumplimiento de una orden judicial, el cual goza de
presunción de legalidad, sobre la que ya se pronunció el juez de tutela.

8. Propuso las excepciones previas que tituló como «imposibilidad de control
judicial del acto administrativo demandado», «falta de jurisdicción y competencia» y
«cosa juzgada». De igual forma, formuló las excepciones de fondo «violación de la
constitución y de los derechos fundamentales por parte de la demandante al rehusarse
a cumplir la orden judicial», «creación de derechos mediante sentencia judicial en un
estado social de derecho», «desconocimiento del precedente judicial», «cobro de lo no
debido» y «buena fe del demandado».

Medida cautelar de suspensión provisional5

9. Durante la audiencia inicial celebrada el 15 de noviembre de 2018 6, el a quo se
abstuvo de decretar la suspensión provisional de los actos acusados. Esta decisión se
fundamentó en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte

4 Folios 376 a 397 del cuaderno principal No. 2.
5 Folios 433 a 436 del cuaderno principal No. 2.
6 Ver CD obrante en el folio 440 del cuaderno principal No. 2.

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Demandante: UGPP

Suprema de Justicia, que confirmó la resolución de dejar sin efectos la sentencia de
tutela 194 – 2006 dictada el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué y las resoluciones de CAJANAL que se hubieran expedido como
consecuencia de dicho fallo, el cual fue declarado contrario a la ley. A más que se dejó
sin efectos la Resolución RDP 37289 del 13 de agosto de 2013, que reconocía la
pensión gracia. En consecuencia, se concluyó que el acto administrativo de
reconocimiento había sido suspendido y no estaba produciendo efectos, lo que hizo
innecesario un nuevo pronunciamiento sobre la suspensión de sus efectos.

Decisión de excepciones previas

10. En el marco de la misma audiencia inicial, el magistrado ponente en primera
instancia declaró no probadas las excepciones previas relacionadas con la
imposibilidad de control judicial del acto administrativo demandado, la falta de
jurisdicción y competencia, así como la cosa juzgada.

II. SENTENCIA APELADA7

11. El Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda
mediante la sentencia dictada en la audiencia inicial. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos administrativos enjuiciados y condenó a la demandada a reintegrar
a favor de la entidad las sumas recibidas por concepto de la pensión gracia,
debidamente indexadas.

12. Advirtió que los actos cuestionados son contrarios a la ley, dado que se hicieron
valer tiempos de servicio en la educación de carácter nacional. Esto se evidencia en el
contenido de las resoluciones impugnadas y en los certificados de tiempos de servicio
emitidos por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Popayán
(Cauca), que documentan la vinculación docente en el INEM del municipio de Popayán
desde el 21 de septiembre de 1977 hasta el 20 de noviembre de 2004.

13. Señaló que los tiempos de servicio prestados fueron como docente del orden
nacional, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, que
solo ampara a quienes han servido en la educación por más de 20 años con vinculación
de carácter nacionalizado o territorial. Por lo tanto, al haberse computado un tiempo de
servicio de orden nacional para el reconocimiento de la pensión gracia, los actos
administrativos están viciados de nulidad por infracción a las normas superiores que
debieron fundamentarlos, lo que llevó a declarar su nulidad.

14. Asimismo, se indicó que, en virtud de los fallos proferidos por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena – Sala de Decisión Penal y la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela y los actos administrativos dejaron
de producir efectos hacia el futuro; sin embargo, mientras estuvieron vigentes, se
pueden cuestionar dentro de este proceso. Al respecto, aclaró que un aspecto es el
análisis realizado dentro de la jurisdicción penal para declarar la suspensión de los
efectos del fallo de tutela y del acto de reconocimiento de la pensión gracia y otro es el

7 Ver CD obrante en el folio 440 del cuaderno principal No. 2 y acta visible a folios 425 a 439 del cuaderno principal

No. 2.

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Demandante: UGPP

análisis propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, orientado
a la defensa del principio de legalidad, cuestión que no es competencia del juez penal.

15. En relación con el restablecimiento del derecho, consideró que se ha desvirtuado
la presunción de buena fe de la demandada al haber recibido sumas de dinero por
concepto de la pensión gracia, a la cual no tenía derecho, debido a que prestó sus
servicios con vinculación de carácter nacional. De los documentos presentados al
plenario se pudo establecer que la accionada solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia en diciembre de 2004, con un certificado de tiempo de servicios que claramente
informa que prestó sus servicios como docente nacional, lo cual fue negado a través de
la Resolución 8664 del 27 de febrero de 2006 de CAJANAL.

16. Así pues, estimó que se está ante un fraude global que permite a la
administración recuperar las sumas pagadas indebidamente, considerando que hubo
un acto administrativo previo en el que se le negó el reconocimiento y otra acción de
tutela que igualmente le impidió acceder al reconocimiento pretendido. Además, se
evidenció que no prestó servicios docentes en el territorio del juez de tutela, lo que
vulnera lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de
2009. En suma, mencionó que se llevaron a cabo una serie de actuaciones dudosas de
carácter global para el reconocimiento de la pensión gracia.

17. Por lo tanto, al desvirtuarse la presunción de buena fe, se ordenó a la demandada
la devolución de los dineros recibidos por concepto de la pensión gracia que le fue
indebidamente reconocida en el marco de una acción de tutela envuelta en actos
dolosos, fraudulentos o de mala fe.

III. RECURSO DE APELACIÓN

18. La demandada8 presentó recurso de apelación tendiente a obtener la revocatoria
del numeral segundo de la sentencia de primera instancia. Discutió que existe una
circunstancia que impide abordar el fondo de las pretensiones debido a la inexistencia
de los actos administrativos impugnados. En este sentido, aseveró que la Resolución
RDP 009679 del 13 de marzo de 2017, emitida por la UGPP, dejó sin efectos los actos
que reconocieron la prestación a la demandada, lo que hace irrelevante un
pronunciamiento sobre el asunto.

19. Adicionalmente, sostuvo que no se le puede atribuir mala fe por haber
interpuesto, a través de un apoderado, una acción de tutela, ya que esa actuación no
puede presumirse como un comportamiento ilegal, fraudulento o engañoso. Destacó
que no actuó directamente ante la autoridad judicial, sino que lo hizo mediante un
apoderado, quien es responsable de diseñar la estrategia jurídico-procesal para la
obtención de su derecho.

20. Añadió que la posición del Tribunal es errónea, habida cuenta que intenta
desvirtuar la presunción de buena fe que le asiste, basándose en el hecho de haberse
beneficiado de los recursos reconocidos, pero sin tener en cuenta que en la fecha en
que se decidió la tutela y se expidieron los actos impugnados, estos contaban con

8 Folios 441 a 456.

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presunciones de legalidad y acierto. En consecuencia, al no haberse demostrado la
mala fe, calificó como improcedente la devolución de las sumas de dinero que pudo
haber recibido como resultado de los actos administrativos demandados.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto del 22 de septiembre de 20229 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, el cual fue notificado a las partes por estado del 7
de octubre de 2022. Después, a través de auto del 4 de mayo de 202310, se corrió
traslado a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247
del CPACA.

22. La demandada11 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Mientras que la entidad demandante y el Ministerio Púbico guardaron silencio en esta
etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. En virtud de los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala evaluar si en este caso se ha desvirtuado la presunción de buena
fe que protege a la parte demandada. Como resultado de esta evaluación, se
determinará la procedencia de ordenar el reintegro de las sumas de dinero abonadas
en relación con la pensión gracia otorgada de manera irregular.

Solución al caso concreto

24. Para desatar tal cuestionamiento, el artículo 58 de la Constitución Política prevé
que «[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse
a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

25. Sobre el particular, se ha señalado que el principio de buena fe es un postulado
que «tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la
prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía»12.

26. El literal c) del ordinal 1° del artículo 164 del CPACA regula que la demanda
podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Esta
disposición reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA.

9 Folio 514.
10 Folio 522.
11 Índice 33 registrado en Samai.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1 de septiembre de 2014, con ponencia del doctor Gustavo

Gómez Aranguren dentro del expediente con radicado 25000232500020110060902 (3130 – 2013).

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27. En ese contexto, la norma ampara a aquellas personas que han percibido
prestaciones periódicas por las decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración. Sin embargo, este principio no es aplicable en los casos en los que se
accedió al reconocimiento de la pensión gracia a través de actuaciones dudosas. Es
importante considerar que el principio de buena fe conlleva una presunción de legalidad
que admite prueba en contrario. Al no provenir de un error por parte de la
Administración, es necesario analizar cada caso de manera particular para determinar
si procede o no la devolución de los dineros.

28. Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que:

i) Por medio de la Resolución CCS 08664 del 27 de febrero de 200613,
CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por
la demandada, arguyendo que no se cumplían los requisitos establecidos por
la ley, específicamente los 20 años de servicio en la docencia oficial a nivel
departamental, municipal o distrital.

ii) El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), a través del
fallo de tutela emitido el 6 de octubre de 2006, con radicado 2006 – 19414,
amparó los derechos fundamentales de la demandada, incluyendo el debido
proceso, la igualdad y el derecho a la pensión de jubilación, ordenando a
CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

iii) Por medio de la Resolución 45051 del 25 de septiembre de 200715, CAJANAL
negó nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia, alegando que
«ante la orden dirigida a reconocer una prestación que no se adecua a la
juridicidad, en cuanto condena al reconocimiento de una pensión gracia a
favor de un educador que prestó sus servicios a la Nación, la Caja Nacional
de Previsión Social CAJANAL EICE no ha dado cumplimiento a la orden de
tutela y en defecto está tramitando ante la Honorable Corte Constitucional, la
selección del fallo para revisión, surtida la cual y una vez se encuentre en
firme el pronunciamiento de esta última corporación, se pronunciará al
respecto.»

iv) El 28 de mayo de 201316, la demandada solicitó el cumplimiento del
mencionado fallo de tutela. La UGPP, mediante Auto ADP 008768 del 21 de
junio de 201317, antes de proceder con la decisión de tutela, requirió la
presentación de la sentencia judicial del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Magangué (Bolívar).

v) A través de la Resolución RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 18, en
cumplimiento de la decisión de amparo previamente citada, se reconoció a
favor de la demandada la pensión gracia, efectiva a partir del 26 de mayo de
2003, la cual fue modificada por la Resolución RDP 049620 del 25 de octubre

13 Folios 59 a 67 del cuaderno principal No. 1.
14 Folios 74 a 110 del cuaderno principal No. 1.
15 Folios 130 a 138 del cuaderno principal No. 1.
16 Folios 152 a 162 del cuaderno principal No. 1.
17 Folios 177 a 179 del cuaderno principal No. 1.
18 Folios 180 a 185 del cuaderno principal No. 1.

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de 201319, aclarando que el derecho sería efectivo a partir del 26 de mayo de
2004.

vi) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal, mediante
sentencia del 7 de octubre de 201520, condenó al juez Arnedys José Payares
Pérez como autor responsable del delito de prevaricato por acción en
concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato por
omisión, imponiéndole 63 meses de prisión y una multa equivalente a 175
salarios mínimos legales mensuales. Además, fue inhabilitado para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena
de prisión impuesta. Sumado a lo anterior, se dejó sin efecto la sentencia de
tutela con radicado 2006 – 194 del 6 de octubre de 2006 emitida por el
procesado, así como las resoluciones expedidas en cumplimiento de la orden
de tutela contraria a la ley. Esta decisión fue confirmada parcialmente por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante
providencia del 25 de enero de 201721.

vii) La entidad demandante, a través de la Resolución RDP 009679 del 13 de
marzo de 201722, dio cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejando sin efecto los actos
que reconocieron la pensión gracia a la demandada (Resolución RDP 037289
del 13 de agosto de 2013, modificada por la Resolución RDP 049620 del 25
de octubre de 2013) y ordenando su exclusión definitiva de la nómina de
pensionados.

29. Con fundamento en estos hechos probados, no hay lugar a discusión sobre la
ilegalidad de las Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620
del 25 de octubre de 2013 emitidas por la UGPP, que reconocieron a la demandada
una pensión gracia en cumplimiento al fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar). Inclusive, la parte
demandada no impugnó la sentencia para cuestionar su legalidad. Lo que refuta es que
se haya determinado que actuó de mala fe para obtener la pensión gracia a través de
una acción de tutela.

30. Sobre el particular, es menester señalar que esta Corporación ha determinado,
en múltiples casos análogos de fraude global23, la existencia de mala fe por parte de
los docentes. A continuación, se presentan algunos de los argumentos que llevaron a
esa conclusión:

19 Folios 186 a 188 del cuaderno principal No. 1.
20 Folios 3 a 86 del cuaderno principal No. 3.
21 Folios 87 a 110 del cuaderno principal No. 3.
22 Folios 112 a 114 del cuaderno principal No. 3.
23 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03(1024-2016)

Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de
marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-00371-02 (6522-2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 /
Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-
000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024 / Radicado 25000 23 42 000 2014 00823 02
(3881– 2017) Sentencia de 13 de febrero de 2025 / Radicado 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002– 2024) Sentencia
de 29 de mayo de 2025.

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Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)
Demandante: UGPP

«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional
en la sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero
laboral del circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado24 asumir el
conocimiento de este mecanismo constitucional, porque además de desconocer
el principio de la subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que
la accionante no residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como
tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal
ubicado en el departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través
del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido
en Bogotá.

Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario
a lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la
medida en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global
a fin de obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de
la pensión gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar
que es procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar
por dicho concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se
deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos
contornos se determinó25»26.

31. Corolario a lo anterior, en torno a la configuración de la mala fe, la Subsección
advierte que la Corte Constitucional en la sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012
revisó la providencia de tutela del 11 de diciembre de 2006 emanada del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué, con contornos facticos y jurídicos similares al
aquí estudiado, señalando que «[…] está maculada por un fraude que corrompería la
administración de justicia». Asimismo, advirtió la insuficiencia probatoria para
demostrar la historia laboral o el tipo de vinculación de los accionantes, lo que era
necesario para establecer si cumplían con los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia. Concluyó que la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué debía ser anulada por ser el resultado de un fraude global y no constituía
un título válido cuyo cumplimiento pudiera ser exigido por vías legales.

24 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los

jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»
25 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación: 3130-13,

consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de
las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado
corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la
autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para
desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional,
por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este
sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella
reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como
se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia de 22 de

febrero de 2018.

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Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)
Demandante: UGPP

32. Al aplicar estos razonamientos al caso específico, la Sala llega a la conclusión
de que se ha desvirtuado la buena fe de la parte demandada en el momento en que
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia. Esto se debe a que se presentó ante el
Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, quien tenía vedado27 legalmente conocer
de la acción de tutela, al ignorar el principio de subsidiariedad y el juez natural
correspondiente a la causa.

33. Es igualmente evidente que la demandada no residía ni prestó sus servicios en
el municipio de Magangué, ni en el departamento de Bolívar. Además, las Resoluciones
CCS 08664 del 27 de febrero de 200628 y 45051 del 25 de septiembre de 200729 que le
negaron el reconocimiento de la pensión gracia, fueron expedidas en Bogotá; respecto
de las cuales la docente no promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que optó por
presentar una acción de tutela junto a otro grupo de personas.

34. Es más, a pesar de que la demandada tenía pleno conocimiento de las razones
por las cuales CAJANAL había rechazado en reiteradas ocasiones su solicitud, es decir,
debido a su vínculo docente de carácter nacional, decidió presentar una acción de tutela
a través de un abogado en un municipio distante de su lugar de residencia. Su intención
era obtener, sin cumplir con los requisitos legales establecidos, una sentencia judicial
de tutela favorable, lo cual finalmente logró.

35. Así las cosas, la Sala concluye que la buena fe de la demandada se vio
desvirtuada, dado que llevó a cabo actuaciones cuestionables como parte de un
esquema fraudulento para conseguir una decisión judicial favorable que resultó en el
reconocimiento de la pensión gracia, a pesar de su condición de docente con
vinculación nacional. Esto permite afirmar que es inaplicable lo dispuesto en el literal c)
del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, considerando que se benefició de una
errónea decisión judicial, siendo plenamente consciente de su estatus como docente
nacional. En resumen, el comportamiento de la demandada fue contrario a los principios
de buena fe, tal como se ha señalado anteriormente.

36. Paralelamente, la parte demandada sostuvo que no era factible anular los actos
administrativos, dado que sus efectos ya habían cesado conforme a la Resolución RDP
009679 del 13 de marzo de 2017. No obstante, este reparo carece de la relevancia
necesaria para revocar el fallo apelado. En primer lugar, porque no se refuta el hecho
de que dichos actos administrativos fueron contrarios a la ley, lo que convalida su
aceptación a la pérdida del derecho a la pensión gracia. En segundo lugar, mientras
dichos actos estuvieron vigentes, generaron efectos jurídicos, incluyendo el pago de
mesadas pensionales, lo que implica que el juez administrativo deba examinar los
requisitos de validez. Por último, como se indicó en la decisión de primera instancia, los
elementos que justifican la anulación de un acto administrativo son distintos de aquellos
que rigen la responsabilidad penal, lo que implica que el juez administrativo debe emitir

27
Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…».
28 Folios 59 a 67 del cuaderno principal No. 1.
29 Folios 130 a 138 del cuaderno principal No. 1.

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Demandante: UGPP

un pronunciamiento conforme a las normas específicas de este tipo de juicios como
juez natural de la causa.

37. Referente al reparo de la apelante relacionado con la exoneración de su
responsabilidad por haber actuado a través de un profesional del derecho que digirió la
actuación, debe decirse que el artículo 2142 del Código Civil establece la definición del
contrato de mandato, aplicable en aquellos casos en los que una persona confía la
gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo
de la primera. En relación con lo anterior, el artículo 2186 del mismo código estipula
que el mandante será responsable por las obligaciones que el mandatario contraiga en
su nombre, siempre dentro de los límites establecidos por el mandato.

38. Siguiendo esta línea legal, la mandante es la docente demandada, quien contrató
a un profesional del derecho en calidad de mandatario, con el propósito específico de
gestionar ante un Juzgado Civil del Circuito de Magangué la obtención -por medio de
una acción de tutela- de la pensión gracia que le había sido negado previamente por
CAJANAL al evidenciarse que su vinculación docente era de carácter nacional. Por
consiguiente, dicha gestión se realizó a cuenta y riesgo de la profesora (mandante),
quien asumió las cargas y obligaciones que surgieron de las actuaciones de su abogado
(mandatario). Además, es importante destacar que no existe una orden expresa de la
demandada que se oponga a lograr el beneficio pensional durante el trámite de la tutela,
ni mucho menos después de haberlo obtenido. Por lo tanto, las actuaciones de su
apoderado no la eximen de la mala fe que implicó la obtención fraudulenta de la pensión
gracia por la vía tutelar explicada líneas atrás.

39. En conclusión, despachados desfavorablemente los reparos concretos de la
recurrente, es procedente la devolución de las sumas que le han sido canceladas a la
demandada por concepto del reconocimiento pensional ilegal, tal como lo determinó el
a quo. Este monto deberá ser indexado al momento de realizar el pago, de acuerdo con
los términos establecidos por esta Corporación en la sentencia del 1° de septiembre de
201430.

Prescripción de mesadas pensionales

40. Seguidamente, se analizará si en este caso se presentó el fenómeno de la
prescripción31 trienal de que trata el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 196832 en

30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación: 3130-13, consejero
ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que
el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-06, para concluir
que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y
sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en
este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se
advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que
hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo
señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad
al efecto».
31
La prescripción es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como concluir o extinguirse una carga, obligación
o deuda por el transcurso del tiempo.» Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de
2014, actor: Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno: 3404-2013.
32
«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»

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Demandante: UGPP

concordancia con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 196933.

41. En efecto, esta Corporación34 ha determinado que las normas mencionadas no
establecen distinción alguna en la aplicación de la prescripción trienal, ya sea que el
solicitante del cobro de mesadas pensionales sea un particular o una entidad estatal.
No obstante, en este caso específico, el plazo comenzó a contarse a partir de la
expedición del acto administrativo que reconoce la pensión, en cumplimiento de la
orden del juez de tutela. Fue en ese momento cuando la entidad tuvo la facultad de
interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho respecto a dicho acto.

42. Así pues, en el presente asunto el reconocimiento pensional se efectuó a partir
de las Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620 del 25 de
octubre de 201335. La entidad de previsión presentó la demanda 26 de mayo de
201436. Por tanto, entre el momento en que dio el reconocimiento pensional (2013) y la
presentación de la demanda (2014) no transcurrieron más de tres años, lo que trae
como consecuencia que no opere la prescripción trienal.

Condena en costas en segunda instancia

43. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en esa regla legal, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer la
condena en costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar una valoración
objetiva37 donde el juez, una vez comprobaba su causación, y sin atender a factores
subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes, podía ordenarlas.

44. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el que se
introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica que sea forzoso
examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal correspondiente se
encuentran huérfanos de sustento legal plausible, lo que acontece, por ejemplo, cuando
las normas en que se fundamente la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan
reglas jurídicas pacíficas producto de los precedentes fijados por esta Corporación.

45. Durante el transcurso de esta instancia, la demandada presentó el recurso de
apelación y sus alegatos de defensa apoyándose en un fundamento legal razonable.
Argumentó que su actuar estaba provisto de buena fe al acudir a la acción de tutela y,
en todo caso, los actos administrativos anulados ya habían sido expulsados del
ordenamiento jurídico por la jurisdicción ordinaria. Por ende, la Sala se abstendrá de

33
«1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres
[3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.».
34 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2018 con radicación
5200123310002012001702 (2740-2017). Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscal de la Protección Social (UGPP).
35
Con efectos fiscales a partir del 26 de mayo de 2004.
36
Folio 351 del cuaderno principal No. 2.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),

actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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12

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Demandante: UGPP

condenarla en costas, al no evidenciarse una evidente falta de fundamento legal en sus
argumentos.

VI. DECISIÓN

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por la UGPP contra la señora Blanca Lucy Palacios Villota.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes
en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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