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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00823-02

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00823-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 17 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Se reconoce personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio como apoderado de la UGPP en consideración al memorial allegado vía correo electrónico y visible en el índice 63 del expediente digital disponible en SAMAI. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00823-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881– 2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: José Antonio Ospina González

Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 17 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a las súplicas de
la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial,
acudiendo a la acción de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución
RDP 45299 del 30 de septiembre de 2013, por medio de la cual se dio
cumplimiento a un fallo de tutela y se reconoció una pensión gracia a favor de José
Antonio Ospina González.

Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a restituir las
sumas pagadas por concepto de pensión gracia, así mismo, que los valores
correspondientes sean ajustados e indexados.

1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020140
0823021100103

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP relató que el señor
José Antonio Ospina González laboró como docente oficial al servicio del Ministerio
de Educación Nacional desde el 8 de marzo de 1963 hasta el 5 de noviembre de
1988.

Señaló que el 16 de diciembre de 1998 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E.,
la cual fue resuelta de manera negativa con la Resolución 1666 de 31 de enero de
2000, por cuanto los tiempos acreditados fueron del orden nacional. En contra de la
mencionada decisión, el solicitante presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto confirmando la negativa a través de la Resolución 1022 de 2 de marzo de
2001.

Inconforme con lo anterior, interpuso acción de tutela la cual fue resuelta por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, que con fallo de 6 de
octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del
señor Ospina González, teniendo en cuenta todos los factores salariales causados
en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional, pagando
retroactivamente los valores adeudados, los cuales deberían estar reajustados e
indexados.

A través de la Resolución PAP 28497 de 29 de noviembre de 2010, CAJANAL niega
nuevamente la pensión gracia del hoy demandado, por pretender computar tiempos
del orden nacional.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPPP, finalmente, en cumplimiento del fallo
de tutela referido, expidió la Resolución 45299 de 30 de septiembre de 2013 y, en
consecuencia, reconoció una pensión gracia efectiva a partir del 2 de noviembre de
1993.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 25, 128, 228
y 230 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933 y 91 de 1989.

Como sustento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, argumentó que el señor José Antonio Ospina González no
tendría derecho al reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con los
requisitos establecidos por la ley, principalmente 20 años de servicio docente con
vinculación territorial o nacionalizada, pues la prestación del servicio fue como
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Demandante: UGPP

docente nacional, lo cual contraría abiertamente las disposiciones normativas de la
pensión gracia.

1.4. Contestación de la demanda2

Actuando por intermedio de apoderado, José Antonio Ospina González se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la
defensa del docente, indicó que el acto administrativo demandado se encuentra
ajustado a derecho, pues fue expedido en cumplimiento de una orden de tutela.

Explicó que se cumplió con el requisito de no percibir pensión u otro tipo de
compensación por parte de la Nación, circunstancia que resulta concordante con
las Leyes 114 de 1913 y 39 de 1903. Así mismo, explicó que la entidad demandante
fue la que actuó de mala fe al no querer dar cumplimiento a la decisión constitucional
expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar,
violándole así los derechos fundamentales.

Resaltó que el señor Ospina González actuó de buena fe, pues, cumplió con los
requisitos legales para ser beneficiario de una pensión gracia, por lo que,
consecuencia de la negativa de la administración para otorgar el derecho, acudió al
juez de tutela para hacer valer sus derechos, lo que finalmente ocurrió.

1.5. Sentencia de primera instancia3

En decisión de 17 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C accedió a las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión, expuso que el docente José Antonio Ospina
González no acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de una
pensión gracia, en la medida que el tiempo de servicio fue del orden nacional a
través de nombramientos proferidos por el Ministerio de Educación Nacional, por lo
tanto, explicó que el acto de reconocimiento pensional, expedido en cumplimiento
de una orden de tutela, debía ser anulado.

En cuanto al restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro de los valores
cancelados a favor de la demandante por concepto de pensión gracia, el tribunal
administrativo cuestionó que se radicara una acción de tutela a nombre del docente
en un municipio diferente al de su residencia y lugar de trabajo, y que el juez,
careciendo de competencia, accediera al amparo de los derechos deprecados sin
cumplir con los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia.

2 Folios 246 a 417 del expediente.

3 Folios 608 a 616 del expediente.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

En consideración a lo anterior, el a quo sostuvo que se presentó la mala fe por el
docente y, por tanto, ordenó la devolución de las sumas devengadas por concepto
de la pensión gracia reconocida, debidamente indexadas, a favor de la UGPP.

1.6. Recurso de apelación4

El apoderado de José Antonio Ospina González, presentó recurso de apelación
en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia; sobre el particular señaló
que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Magangué hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia5, y, por
tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha orden judicial no
puede ser objeto de estudio por otro juez, pues ello afectaría el debido proceso de
la docente.

Explicó que el señor Ospina González sí cumplió todos los requisitos para el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, que si bien fue nombrado como
docente nacional, ello no lo imposibilitaba para ser beneficiario de la prestación
reclamada, principalmente porque se encontraba sujeto a la planta de personal de
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca como docente, acatando órdenes y
cumpliendo horarios, así mismo, que el pago de salarios provenía de las entidades
territoriales, por lo que no es acertado especificar que se trataba de un docente
nacional.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP, el señor José Antonio Ospina González –demandado-, el Agente del
Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio
en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

4 Folios 619 a 641 del expediente.

5 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, Radicado: 13001-22-13-000-2012-00192-01.

Sentencia de 31 de julio de 2012.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada
– la demandada-, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente:

¿Se encuentra acreditada la mala fe del señor José Antonio Ospina González,
para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, y que en consecuencia
conlleve a que se deba ordenar la devolución de las sumas percibidas por tal
concepto?

Para resolver el problema jurídico planteado, se desarrollará abordarán los
siguientes asuntos: (i) el principio de la buena fe; (ii) el fraude global en la
jurisprudencia y (iii) análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

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Demandante: UGPP

prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de

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Demandante: UGPP

1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: UGPP

lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. El principio de la buena fe

La Constitución Política en su artículo 83 estableció que «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:

«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto
se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus
relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de
los deberes y obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto,
desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la
relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el
fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»

De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del principio
de la buena fe en el derecho administrativo así:

«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes
públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian
objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la
Administración y a su vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo caso,
debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan
racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación
administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o sicológicamente,
suponiendo intenciones no objetivas.»11

Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación de
dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

2.3.3. El fraude global

La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la administración,
se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no obstante, esta
protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de tipo global que
tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.

Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la legalidad
de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela, aplicando
como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte Constitucional se
pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del reconocimiento y pago de
una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad y restablecimiento del
derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:

«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las condiciones
de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como es:
instaurarla en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de
prestación de servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, situaciones que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»12

11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-

25-000-2002-13188-01 (0807 –2008).
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-

23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso contencioso,
la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al reconocimiento
de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con los 20 años de
servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una negativa de la
administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto con un grupo
de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial quien con
orden de tutela le concedió la prestación.

El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder establecer
si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen en
entredicho la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia de
26 de noviembre de 2011 esta Sala indicó:

«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en los
siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa
prestacional por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del
ejercicio de la acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar
de prestación de servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, pues tales situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»13

Cabe destacar que recientemente esta Subsección ha resuelto asuntos con
similares fundamentos fácticos y jurídicos, entre otros, con la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, expediente con radicado 25000 23 42 000 2014 01635 03
(3617– 2023)14.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos

De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra probado que José
Antonio Ospina González nació el 2 de noviembre de 1943, cumpliendo 50 años de
edad el 2 de noviembre de 199315; de igual manera, prestó servicio tras
nombramiento efectuado a través de la Resolución 342 de 21 de febrero 196316, por
medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional lo designó como docente de
educación secundaria en la Escuela Industrial de Chiquinquirá, Boyacá.

13 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de

2020. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 50001 23 33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 52001-23-33-000-2014-00202-02 (4818-2019).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves
15 Fotocopia de la cedula de ciudadanía visible a folio 62 del expediente.

16 Folio 643 del expediente.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

En certificado de historia laboral expedido el 9 de febrero de 200917, la Secretaría
de Educación de Cundinamarca indicó, además del nombramiento antes descrito,
las siguientes novedades laborales del señor José Antonio Ospina González con
vinculación del orden nacional:

I) Trasladado al municipio de Garagoa, Boyacá, por medio de la Resolución
1669 de 4 de mayo de 1970.
II) Trasladado al municipio de Facatativá, Cundinamarca, a través de la
Resolución 0703 de 12 de febrero de 1973.
III) Con la Resolución 6529 de 7 de octubre de 2008, se determinó su retiro
voluntario.

De lo anterior, para la Sala es claro que José Antonio Ospina González fue
nombrado por Resolución 342 de 1963 emanada del Ministerio de Educación
Nacional y que desde ese momento permaneció vinculado a la educación como
docente de básica secundaria hasta el 31 de octubre de 2008; además, que la
naturaleza de su vinculación es nacional, no sólo porque así quedó certificado, sino
porque dicho aspecto no es discutido por la parte demandada, principalmente,
porque en el escrito de apelación considera que el ser docente del orden nacional
no le impide ser beneficiario de una pensión gracia.

De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.

Por tanto, el tiempo de vinculación como docente del orden nacional no es
computable para acreditar los 20 años de servicio con el fin de acceder a la pensión
gracia, circunstancia que se explicó previamente y que ha sido ratificada por las
sentencias de unificación jurisprudencial citadas en el apartado del marco normativo
y jurisprudencial.

Finalmente, el apoderado del actor argumentó que, como consecuencia de los
diferentes traslados, y el haber estado vinculado a la planta de personal del
departamento de Boyacá y Cundinamarca, pasó a ser del orden territorial.

Al respecto, se recuerda que el señor Ospina González fue nombrado como docente
a través de acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional
vinculación que permaneció en el tiempo hasta su retiro del servicio en octubre de
2008, de acuerdo con las certificaciones previamente reseñadas.

Durante este lapso la prestación del servicio docente del demandante fue objeto de
diferentes novedades como traslados, pero siempre manteniendo incólume la

17 Folios 81 y 82 del expediente.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881-2017)
Demandante: UGPP

vinculación de naturaleza nacional efectuada en enero de 1963.

Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento en mención fue del orden
nacional, es claro que el tiempo de servicio docente desde el 8 de marzo de 1963
y hasta el 31 de octubre de 2008, conserva la misma naturaleza, y no resulta válido
para ser tenido en cuenta para la pensión gracia.

Lo anterior quiere decir que José Antonio Ospina González no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prestación reclamada, concluyendo la Sala entonces
que la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 45299 del 30 de septiembre de
2013 dispuesta por el a quo, se encuentra ajustada a derecho.

2.4.2. De la buena fe

Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, vale la pena
resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se produjo en cumplimiento del
fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, Bolívar, en donde se accedió a las pretensiones de un grupo
significativo de docentes, entre ellas José Antonio Ospina González, con la que se
ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de
los accionantes.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela,
expidió la Resolución RDP 45299 del 30 de septiembre de 2013, por medio de la
cual reconoció y ordenó pagar a favor del señor Ospina González una pensión
gracia efectiva a partir del 2 de noviembre de 1993.

Sobre el acto de reconocimiento antes mencionado, se resalta que allí quedó
plasmado el hilo de actuaciones administrativas por medio de las cuales en
diferentes oportunidades le fue negada la pensión gracia al mentado docente, y que
se resumen así:

1. Con la Resolución 1666 de 31 de enero de 2000, CAJANAL negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, por cuanto los tiempos
acreditados fueron del orden nacional.
2. En contra de la anterior decisión administrativa, la parte interesada interpuso
el recurso de reposición, el cual fue resuelto confirmando la negativa a través
de la Resolución 1020 de 2 de marzo de 2001.
3. A través de la Resolución PAP 28497 de 29 de noviembre de 2010,
CAJANAL niega nuevamente la pensión gracia del hoy demandado, por
pretender computar tiempos del orden nacional.

Ahora bien, con el fin de obtener el cumplimiento del fallo de tutela de 6 de octubre

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Demandante: UGPP

de 2006, el apoderado del docente Ospina González presentó el 2 de noviembre de
2008 solicitud ante la CAJANAL, reiterando dicha petición el 13 de septiembre de
2013 ante la UGPP, la cual se desató con la expedición de la resolución hoy
demandada.

Atendiendo lo descrito, para la Sala es claro que se estructura la mala fe del señor
José Antonio Ospina González bajo la figura del fraude global, toda vez que
habiendo obtenido la negativa de la administración en más de una oportunidad
respecto del reconocimiento de la pensión gracia, presentó, a través de apoderado,
una acción de tutela, junto con otras 79 personas, en el municipio de Magangué
(Bolívar), es decir, en un distrito judicial que no coincidía con su lugar de residencia,
tampoco con el último lugar de prestación del servicio, ni con el lugar en donde se
expidieron los actos que previamente le habían negado el derecho (Bogotá).
Elementos que ha tenido en cuenta la jurisprudencia para arribar a la conclusión del
fraude global, y que tal como se ilustró, se configuran en el presente asunto.

De manera que, las actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión
gracia llevan a demostrar que los dineros se percibieron de mala fe por parte del
causante, en la medida que conociendo las razones que llevaron a CAJANAL a
negar en varias oportunidades lo pedido, presentó acción de tutela, por intermedio
de abogado, en un municipio distante a su domicilio, con el fin de obtener, sin el
lleno de requisitos legales, una sentencia judicial favorable, como finalmente ocurrió;
circunstancia que, en casos similares18, ya ha sido analizada y definida de la
siguiente manera:

«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado19 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no
residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el
departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el
departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal
negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a
lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida
en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de

18 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-

00231-03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-
00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-
00371-02 (6522-2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-
1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-
01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024.
19 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela,

a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000
«para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de
tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»

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obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión
gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es
procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho
concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar
al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se
determinó20»21

Así, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso el fraude
global, resulta acertada la decisión del tribunal, de ordenar la devolución o reintegro
de las sumas de dinero por concepto de la prestación en cita.

Para terminar, se tiene que la parte demandada con el recurso de apelación alega
la configuración de la cosa juzgada constitucional, con respecto al fallo de tutela
de 6 de octubre de 2006, y, en ese sentido, el acto administrativo expedido en
cumplimiento de dicha orden judicial no puede ser objeto de estudio por otro juez,
pues, de lo contrario se lesiona el derecho al debido proceso del educador.

Para esta Colegiatura, tal argumento no tiene vocación de prosperidad, como pasa
a explicarse.

Debe mencionarse entonces que, la Corte Constitucional en sentencia T-407 de
2022, sostuvo que la cosa juzgada constitucional es una institución cuya finalidad
es dar fin a un debate procesal ya conocido por la administración de justicia, y que
tiene un carácter inmutable, vinculante y definitivo; ahora, para que aquella se
configure se requiere de la concurrencia de más de un proceso, en los que se dé
una similitud entre i) el objeto, ii) la causa y iii) las partes, y que además exista una
decisión judicial en firme con la cual se haya dado por terminada la respectiva
controversia.

Respecto al alcance de los tres elementos antes referenciados, la Alta Corporación
señaló en sentencia T- 218 de 2012:

“- Identidad de objeto, “es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta

20 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014,

Radicación: 3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia
se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la
señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo
Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-
06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la
autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada,
ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo
al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones
se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida,
sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984,
como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016).

Sentencia de 22 de febrero de 2018.

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cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado
sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente”.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), “es decir, la demanda y la
decisión que hizo transito (sic) a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en
el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa”.

• Identidad de partes, “es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no
reclama la identidad física sino la identidad jurídica”.”

De manera que, una decisión de tutela, por regla general, queda afectada por la
cosa juzgada constitucional cuando i) la Corte Constitucional excluya de revisión la
sentencia de tutela, o ii) en caso de haber sido seleccionada por dicha Corporación,
cuando quede ejecutoriada la providencia que emita esta última. En todo caso,
excepcionalmente, ante la existencia de hechos nuevos, se ha desvirtuado la
configuración de la plurinombrada cosa juzgada.

Teniendo en cuenta lo anterior, como se mencionó, no existe cosa juzgada
constitucional respecto del fallo de tutela emitido el 6 de octubre de 2006 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, ya que no se configura la totalidad
de elementos mencionados, esto, en la medida que no existe identidad de objeto,
dado que en aquél asunto se perseguía la protección de derechos de índole
constitucional, y en el caso que convoca se propende por la legalidad del acto
administrativo de reconocimiento de la pensión gracia

En esa línea de consideraciones, se confirmará la sentencia objeto de apelación, en
cuanto accedió a las pretensiones de la demanda de lesividad de la referencia.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales

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trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 17 de mayo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
accedió a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en
esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

TERCERO. Se reconoce personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio
como apoderado de la UGPP en consideración al memorial allegado vía correo
electrónico y visible en el índice 63 del expediente digital disponible en SAMAI.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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