Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2012-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2012-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-31-000-2012-00055-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984
Radicado: 54001 23 31 000 2012 00055 01 (6917-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Blanca Ligia Portilla
Temas: Nulidad de acto administrativo propio. Pensión gracia. Cosa juzgada.
Devolución mesada pensional. Mala fe.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia porque se encuentra
probada la mala fe
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
2. El 17 de febrero de 20122 la entidad demandada ejercitó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad de la Resolución 41252 del 18 de
agosto de 2006, a través de la cual, en cumplimiento de una acción de tutela emitida por
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena)3, se le reconoció y
ordenó el pago de una pensión gracia de jubilación a la demandada.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de las mesadas
pagadas y que llegare a recibir en el futuro la accionada en virtud del reconocimiento
pensional ilegal, debidamente reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor.
4. Como sustento de sus pretensiones, expuso que el 8 de septiembre de 2002 la
demandada solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) el
reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de 1913.
5. Además, que a través de la Resolución 14118 emitida el 30 de julio de 2003, dicha
1 Folio 2 a 8.
2 Folio 194.
3 De fecha 7 de abril de 2006.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 54001 23 31 000 2012 00055 01 (6917-2024)
Demandante: UGPP
entidad negó el reconocimiento de la prestación bajo el argumento de no cumplir con los
requisitos establecidos en la ley, específicamente la exigencia de contar con 20 años de
servicios docentes en el ámbito territorial. En respuesta a esta decisión, la demandada
interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron decididos mediante
las Resoluciones 0026593 del 29 de diciembre de 2003 y 6441 del 11 de agosto de 2004,
respectivamente. Ambas resoluciones ratificaron la decisión inicial, sustentándose en los
mismos argumentos explicados.
6. Agregó que la demandada —junto con otros accionantes— instauró acción de
tutela en contra de la entidad demandante ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Ciénaga (Magdalena), con radicado No. 2006 – 0063. Mediante sentencia del 7 de
abril de 2006 se le tutelaron los derechos al debido proceso e igualdad.
7. La entidad demandante indicó que, a través de la Resolución 41252 del 18 de
agosto de 2006, CAJANAL reconoció la pensión gracia en cumplimiento al fallo de tutela.
Contestación de la demanda4
8. La demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que cumple con todas
las condiciones estipuladas en la Ley 114 de 1913 para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia. Afirmó que no es procedente la devolución de las mesadas pensionales,
ya que estas fueron recibidas de buena fe, existió una orden judicial y el acto
administrativo mantiene la presunción de legalidad.
9. Asimismo, planteó la excepción de cosa juzgada, al considerar que el asunto ya
había sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Consejo de Estado, mediante decisiones judiciales que concedieron
las pretensiones de la demanda. En este sentido, estima que existe una decisión sobre
el tema en discusión en este proceso, específicamente frente a la nulidad de la
Resolución 41252 del 18 de agosto de 2006.
10. De igual manera, propuso la excepción de mérito de la buena fe, arguyendo que
no procede el reembolso de las sumas de dinero reclamadas por la entidad demandante,
dado que el derecho pensional se obtuvo conforme a las normas aplicables y no se
evidencia deslealtad por parte de la demandada.
11. Finalmente, presentó la excepción de prescripción extintiva del derecho, lo que
conlleva a la terminación del proceso debido a la inactividad de la entidad en reclamar
oportunamente la devolución del dinero.
Sentencia apelada5
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 22 de agosto de 2024. Además, se ordenó considerar
como sucesor procesal de la CAJANAL EICE en liquidación a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
4 Folios 196 a 197.
5 Folios 552 a 563 reverso.
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Demandante: UGPP
13. Se declaró no probada la excepción de cosa juzgada, se ordenó la nulidad del acto
administrativo impugnado, se condenó a la demandada al reintegro de las sumas que
hubiera podido devengar por concepto de la pensión gracia debidamente indexadas y se
declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto a las mesadas
pensionales causadas y percibidas antes del 16 de febrero de 2009.
14. El a quo no encontró elementos de juicio que respaldaran los argumentos
relacionados con la supuesta configuración de cosa juzgada. Al consultar los archivos del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, no se estableció que
se hubiera adelantado proceso alguno contra la demandada en el que se discutiera la
legalidad del acto administrativo en cuestión. Por lo tanto, no se puede concluir que exista
una decisión en firme sobre este particular que impida emitir un fallo de fondo sobre lo
solicitado.
15. Además, se sostuvo que en el proceso No. 54001233100020040152201 se
perseguía la nulidad de los actos administrativos que negaron la pensión gracia a la
demandada, el cual se encuentra archivado tras admitirse el desistimiento de la
demanda.
16. Se determinó que en el proceso no se demostró el cumplimiento de los requisitos
necesarios para el reconocimiento de la pensión gracia. Aunque se acreditaron servicios
como docente «nacionalizada» entre el 9 de marzo de 1971 y el 14 de junio de 1980, no
ocurrió lo mismo entre el 30 de junio de 1980 y el 15 de agosto de 2002 (fecha de
expedición del certificado), período en el cual la docente se desempeñó en el Colegio
Provincial de San José – Pamplona, cargo que ocupó gracias a un nombramiento de
carácter nacional. Por lo tanto, el acto administrativo se torna ilegal.
17. A su vez, se constató que la demandada laboraba en el municipio de Pamplona
(Norte de Santander); sin embargo, decidió presentar sin justificación una acción de tutela
en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), sin observar el factor
territorial necesario para este tipo de actuaciones. Esta acción fue decidida a su favor,
constituyéndose en una maniobra de mala fe.
18. Adicionalmente, se llevaron a cabo procesos penales en contra de los docentes
beneficiados y del juez que resolvió la causa. En ocasiones anteriores, la demandada
había solicitado el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada por la entidad
de previsión bajo el argumento de que tenía el carácter de docente nacional, actos
administrativos que fueron cuestionados en un proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue archivado tras aceptar el desistimiento poco
tiempo después de haber obtenido un fallo de tutela favorable a sus intereses.
19. De tal suerte que estos hechos son indicativos de mala fe en su actuar, dado que
la prestación fue concedida en virtud de una decisión judicial manifiestamente contraria
a la ley. En consecuencia, se condenó a la demandada a la devolución de las sumas
indexadas que hubiera podido devengar por concepto de la prestación, las cuales se
encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción trienal. En tal sentido, se ordenó
a la demandada la devolución de las mesadas pagadas por concepto de pensión gracia
a partir del 16 de febrero de 2009.
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Demandante: UGPP
Recursos de apelación
20. La demandada presentó recurso de apelación insistiendo en que en el presente
caso se configura la excepción de cosa juzgada, basándose en lo expuesto por la UGPP
en la Resolución RDP 024851 del 12 de agosto de 2014.
21. Alegó que esta resolución da cumplimiento a la orden judicial emitida por la Fiscalía
Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, fechada el 29 de mayo de
2014. En dicha orden se señala que la entidad demandante se dirigió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para solicitar la nulidad de la Resolución 41252 del 18
de agosto de 2006, mediante la cual se reconoció la pensión gracia a la demandada. Esta
última fue declarada nula por sentencia del 12 de julio de 2012, decisión que fue
confirmada por el Consejo de Estado el 31 de enero de 2013. Esto, en palabras de la
accionada, evidencia que ya existe una resolución sobre el acto administrativo que es
objeto de controversia en este proceso.
22. En relación con la configuración de mala fe, argumentó que no se puede considerar
como criterio para condenarla a la devolución de los dineros percibidos por concepto de
pensión gracia la decisión de su apoderado de interponer una acción de tutela en un lugar
distinto al de su residencia o donde se prestan los servicios. Esto, según se indica, no
desvirtúa la buena fe en su actuar. Por lo tanto, solicitó la revocación de la decisión que
ordena la devolución a la entidad demandante de las sumas de dinero recibidas, ya que
estas fueron percibidas conforme a los principios de buena fe.
23. Por su parte, la UGPP6 interpuso recurso de apelación adhesiva tendiente a
obtener la condena en costas a la parte demandada en cuanto se genera un vacío
económico que afecta directamente a la entidad de acuerdo con lo establecido en el
artículo 188 del CPACA.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
24. Mediante auto de 13 de febrero de 20257 se admitieron los recursos de apelación
conforme al artículo 212 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, se ordenó la
notificación personal al agente del Ministerio Público y por estado a las partes.
25. A través del auto de 23 de abril de 20258, se corrió traslado para alegar de
conclusión de acuerdo con el inciso 5 del artículo 212 del Decreto 01 de 1984, por el
término de 10 días.
26. La UGPP9 presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, en los cuales
solicitó modificar el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia y en su lugar condenar en costas a la parte demandada por generarse un
detrimento económico a la entidad, que puede ser restituido con la condena que se le
imponga a quien resultó vencida en la primera instancia.
6 Folios 579 a 581.
7 Folio 589.
8 Folio 591.
9 Índice 3 de Samai, archivo 3_520012333000201400006036MemorialWeb20228162159.
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Demandante: UGPP
27. La parte demandada10 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, al considerar que se encuentra probada la excepción planteada y carecer de
sustento fáctico jurídico las pretensiones de la demanda.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
28. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado
por la demandada, corresponde a la Sala determinar si en este caso se configura la
excepción de cosa juzgada teniendo en cuenta que la controversia propuesta a través de
esta acción judicial presuntamente ya fue objeto de decisión en otro proceso.
29. De igual forma, se analizará si se ha desvirtuado la presunción de buena fe que
protege a la demandada y, como consecuencia de ello, si es procedente el reintegro de
las sumas de dinero pagadas en virtud de la prestación otorgada de manera irregular,
conforme su ordenado en la decisión de primera instancia.
30. Por último, si se debe condenar en costas a la parte accionada en primera
instancia, conforme así lo solicitó la entidad demandante en el recurso de apelación
adhesiva.
Análisis del problema jurídico
Sobre la excepción de cosa juzgada
31. En el curso de la primera instancia, mediante providencia del 2 de agosto de 2022 11
se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Consejo de Estado y a
la UGPP a efectos de que certificara si se tramitó proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho por parte de CAJANAL contra la demandada con el objeto de obtener la
declaratoria de nulidad de la Resolución 41252 del 18 de agosto de 2006.
32. El Consejo de Estado, el 23 de agosto de 2002, en respuesta al requerimiento
realizado por el a quo informó que en la Corporación no se ha tramitado proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la demandada y solicitó ampliar la
información con relación a la sentencia proferida el 31 de enero de 2013 12. En el mismo
sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante oficio del 23 de agosto de
2022, advirtió que «no se registra ningún proceso» con los datos de la demandada 13.
33. Por su parte, la UGPP14 señaló que la Resolución 41252 de 18 de agosto de 2006,
por medio de la cual se reconoció la pensión gracia a la demandada, «fue suspendida
provisionalmente en cumplimiento a la orden judicial proferida por la FISCALÍA
SEGUNDA DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA el 29 de
10 Índice 18 de Samai, archivo 14_540012331000201200055012MemorialWeb2025523221711.
11 Folio 387 a 389 reverso.
12 Folios 401 y 402.
13 Folio 403.
14 Folio 408.
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mayo de 2014» y se procedió a excluirla de la nómina de pensionados a partir del 1° de
agosto de 2014.
34. Al expediente se allegó copia de la Resolución RDP 024851 del 12 de agosto de
201415, a través de la cual la UGPP da cumplimiento a una orden judicial proferida por la
Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta de fecha 29 de
mayo de 2014 y ordenó la suspensión de manera provisional de la Resolución 41252 del
18 de agosto de 2006 y excluyó de nómina a la demandada.
35. En este acto administrativo, la entidad transcribió apartes de la providencia emitida
por la Fiscalía en la cual refiere que la entidad demandante acudió a la jurisdicción
contenciosa-administrativa con el fin de obtener la «nulidad de la resolución No. 41252
del 18 de agosto de 2006 por el cual se reconoció pensión gracia a la señora BLANCA
LIGIA PORTILLA (…)», decidida a través de la providencia del 12 de julio de 2012 y
confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 31 de
enero de 2013.
36. Obra en el plenario, copia de la decisión emitida por la Fiscalía Segunda Delegada
ante el Tribunal Superior de Santa Marta, con fecha 29 de mayo de 2014 16, a través de
la cual se ordena la suspensión de manera provisional de los efectos del fallo de tutela
del 7 de abril de 2006 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga
(Magdalena) y le ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones que reconocieron la pensión gracia.
37. El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, aplicable a este caso, regula
la institución de la cosa juzgada, que tiene la finalidad de conferir estabilidad y firmeza a
las sentencias judiciales y evitar que un asunto pueda ser sometido o debatido
indefinidamente ante la jurisdicción. De igual forma, conlleva la prohibición al funcionario
de emitir un pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de
una decisión judicial de fondo y se evite la existencia de decisiones judiciales
contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
38. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del CGP, según la cual
la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y haya identidad jurídica de partes.
39. Con fundamento en lo anterior, la Sala, tras revisar la decisión judicial emitida por la
Fiscalía, observa que, por un lado, el contenido de esta no menciona de manera
específica a la señora Blanca Ligia Portilla, en relación con la orden de suspender los
efectos del fallo de tutela del 7 de abril de 2006. Asimismo, se instruye a la UGPP para
que suspenda provisionalmente los actos administrativos que reconocen la pensión
gracia, fundamentados en el fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Ciénaga.
15 Folios 410 a 414.
16 Folios 414 reverso a 422.
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Demandante: UGPP
40. Por otro lado, la UGPP, en la Resolución RDP 024851 del 12 de agosto de 201417, al
dar cumplimiento a la mencionada orden, comete un error de transcripción al incluir a la
demandada de este proceso y el acto administrativo que le reconoce la pensión gracia.
41. Esto es especialmente relevante, ya que en la decisión penal se hace referencia a
una persona diferente (Julia Stella Galvis de Aranda) y a un acto administrativo distinto
(Resolución 41497 del 18 de agosto de 2006), los cuales fueron efectivamente
demandados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Esta controversia fue decidida mediante
sentencia del 12 de julio de 2012 y confirmada el 31 de enero de 2013 por esta
Corporación18. Dichas decisiones son las que se mencionan en la apelación presentada
por la demandada.
42. En este contexto, la Sala observa que el presente caso no se encuentra afectado
por el fenómeno de la cosa juzgada, dado que no se presenta identidad de partes, objeto
y causa en relación con las providencias previamente mencionadas.
43. Además, tras revisar la plataforma Samai de esta Corporación, se verifica que las
decisiones emitidas el 12 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el 31 de enero de 2013 por el Consejo de Estado, están relacionadas con la señora
Julia Stella Galvis de Aranda. Esta persona también es mencionada en la providencia de
la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, lo que confirma
que se está demandando un acto administrativo que no guarda relación con la actora de
este proceso (Resolución 41497 del 18 de agosto de 2006).
Sobre la devolución de las mesadas percibidas de buena fe
44. La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que el principio de buena fe es un
postulado que «tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional,
como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de
la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía»19.
45. El numeral 2 del artículo 136 del CCA regula que la demanda podrá ser presentada
en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan prestaciones
periódicas, «pero no habrá lugar a recuperar prestaciones pagadas a particulares de
buena fe».
46. De este modo, la norma ampara a aquellas personas que han percibido
prestaciones periódicas por las decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración. Sin embargo, este principio no es aplicable en los casos en los que se
accedió al reconocimiento de la pensión gracia a través de actuaciones engañosas o
fraudulentas. Es importante considerar que el principio de buena fe conlleva una
presunción de hecho y, por tanto, admite prueba en contrario. Al no provenir de un error
17 Folios 410 a 414
18 Proceso No. 25000232500020110024101 (2092-2012), consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, con
sentencia del 31 de enero de 2013, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1 de septiembre de 2014, con ponencia del doctor Gustavo
Gómez Aranguren dentro del expediente con radicado 25000232500020110060902 (3130 – 2013).
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Demandante: UGPP
por parte de la Administración, es necesario analizar cada caso de manera particular para
determinar si procede o no la devolución de los dineros.
47. Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que:
i. Por medio de las Resoluciones 14118 del 30 de julio de 200320, 0026593
del 29 de diciembre de 200321 y 6441 del 11 de agosto de 200422 la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL rechazó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia a favor del demandado, motivado en que no se cumplían los requisitos
establecidos por la ley, específicamente los 20 años de servicio en la docencia
oficial a nivel departamental, municipal o distrital.
ii. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), mediante
fallo de tutela de 7 de abril de 2006, con radicado 2006 – 006323, amparó los
derechos fundamentales de la demandada, incluyendo el debido proceso e
igualdad, ordenando a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
iii. A través de la Resolución 41252 del 18 de agosto de 2006 24, CAJANAL le
reconoció la pensión gracia, efectiva a partir del 15 de junio de 2002.
iv. La Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, en
providencia del 29 de mayo de 201425, ordenó la suspensión provisional de los
efectos del fallo de tutela del 7 de abril de 2006 proferido por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena) y le ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social, hoy UGPP, la suspensión de los efectos de las resoluciones que
se expidieran reconociendo la pensión gracia con base en la orden expedida por el
fallo de tutela mencionado.
48. Con base en los hechos probados, resulta indiscutible la ilegalidad de la
Resolución 41252 del 18 de agosto de 2006 por la entidad demandante, la cual otorgó a
la demandada una pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela del 7 de abril de
2006 dictado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena).
Además, destaca la Sala, la apelante no sustentó reparos específicos de inconformidad
que pudieran cuestionar las conclusiones del a quo en relación con su vinculación como
docente de carácter nacional y, por ende, aceptó que no tiene derecho al beneficio
pensional.
49. El punto de desacuerdo radica en la conclusión del a quo de que actuó de mala fe
para obtener la pensión gracia a través de una acción de tutela. Argumenta que no se ha
desvirtuado la presunción de buena fe que rige sus acciones. No obstante, esta
Corporación ha determinado, en múltiples casos análogos de fraude global26, la
existencia de mala fe por parte de los docentes.
20 Folios 50 a 59.
21 Folios 74 a 78.
22 Folios 79 a 82.
23 Folios 134 a 161.
24 Folios 95 a 99.
25 Folios 414 a 422 reverso.
26 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03(1024-2016)
Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de
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Demandante: UGPP
50. A continuación, se presentan algunos de los argumentos que llevaron a esa
conclusión:
«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del circuito
de Ciénaga le estaba legalmente vedado27 asumir el conocimiento de este mecanismo
constitucional, porque además de desconocer el principio de la subsidiariedad y del juez
natural de la causa, era indudable que la accionante no residía ni prestó sus servicios en
esa municipalidad como tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el municipio
de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través
del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en
Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo
determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en que
adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener decisión
judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la que a todas
luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar que devuelva
los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le fueron ilegalmente
reconocidos, los que además se deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como
en asunto de idénticos contornos se determinó28.»29
51. Corolario a lo anterior, en torno a la configuración de la mala fe, la Corte
Constitucional en la sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 revisó la providencia de
tutela del 11 de diciembre de 2006 emanada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, con contornos fácticos y jurídicos similares al aquí estudiado, señalando que
«[…] está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia».
52. Asimismo, advirtió la insuficiencia probatoria para demostrar la historia laboral o
el tipo de vinculación de los accionantes, lo que era necesario para establecer si cumplían
con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Concluyó que la decisión del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué debía ser anulada por ser el resultado
de un fraude global y no constituía un título válido cuyo cumplimiento pudiera ser exigido
por vías legales.
marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-00371-02 (6522-2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 /
Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-
42-000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024 / Radicado 25000 23 42 000 2014 00823
02 (3881– 2017) Sentencia de 13 de febrero de 2025 / Radicado 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002– 2024)
Sentencia de 29 de mayo de 2025.
27 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los
jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…».
28 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación: 3130-13,
consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una
de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo
radicado corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó
que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es
óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte
Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery
Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de
la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del
Decreto 01 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia de 22
de febrero de 2018.
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Radicación: 54001 23 31 000 2012 00055 01 (6917-2024)
Demandante: UGPP
53. Al aplicar estos razonamientos al caso concreto, la Sala llega a la conclusión de
que se ha desvirtuado la buena fe de la parte demandada en el momento en que solicitó
el reconocimiento de la pensión gracia. Esto se debe a que se presentó ante el Juez
Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, quien tenía vedado30 legalmente conocer de la
acción de tutela, al ignorar el principio de subsidiariedad y el juez natural correspondiente
a la causa.
54. Es igualmente evidente que la demandada no residía ni prestó sus servicios en el
municipio de Ciénaga, ni en el departamento de Magdalena. Además, las Resoluciones
14118 del 30 de julio de 2003, 0026593 del 29 de diciembre de 2003 y 6441 del 11 de
agosto de 2006, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, fueron expedidas
en Bogotá. En relación con estas resoluciones, aunque la docente promovió una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en 200531, también es cierto que presentó una solicitud de desistimiento el
31 de agosto de 2006, la cual fue aceptada mediante providencia del 6 de junio de 2007,
momento en el cual ya había presentado una acción de tutela junto a un grupo numeroso
de personas.
55. Es más, a pesar de que la demandada tenía pleno conocimiento de las razones
por las cuales CAJANAL había rechazado su solicitud, es decir, debido a su vínculo
docente de carácter nacional, decidió presentar una acción de tutela a través de un
abogado en un municipio distante de su lugar de residencia. Su intención era obtener, sin
cumplir con los requisitos legales establecidos, una sentencia judicial de tutela favorable,
lo cual finalmente logró.
56. En definitiva, está demostrada la mala fe de la demandada, dado que llevó a cabo
actuaciones cuestionables como parte de un esquema fraudulento para conseguir una
decisión judicial favorable que resultó en el reconocimiento de la pensión gracia, a pesar
de su condición de docente con vinculación nacional.
57. En consonancia con los argumentos expuestos, la Sala considera que la objeción
planteada por la demandada, relativa a la falta de desvirtuación de la presunción de
buena fe, carece de la relevancia necesaria para revocar la sentencia apelada.
Sobre la condena en costas en primera y segunda instancia
58. Como último reparo, la entidad demandante solicita se condene en costas a la
demandada.
59. El artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 46 de 1998 32,
30 Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los
jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…».
31 Ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso radicado 54001233100020040152201
32 «Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo
en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil." (Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-043- 04 de 27 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
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Radicación: 54001 23 31 000 2012 00055 01 (6917-2024)
Demandante: UGPP
establece que el juez podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso teniendo
en cuenta la conducta de las partes, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
60. Al revisar el caso concreto, se considera que la conducta desplegada dentro del
proceso no fue temeraria ni de mala fe, por lo que resulta improcedente la condena. En
consecuencia, con base en este criterio, no se identifica una conducta procesal de la
demandada tendiente a entorpecer o dilatar injustificadamente el proceso, por lo que se
revocará la condena en costas en primera instancia.
61. Por otro lado, tras la valoración realizada ahora en la segunda instancia, la Sala
tampoco detecta el elemento de la mala fe en la conducta procesal desplegada en esta
fase del proceso. Por lo tanto, esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas
en esta instancia.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda en
el proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en contra de Blanca Ligia
Portilla.
SEGUNDO. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta.
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