Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07634-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de marzo de 2026
Demandante: Leonardo Mendoza Cohen
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2025-07634-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07634-00
Demandante: LEONARDO MENDOZA COHEN
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
de la acción por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional, declara la carencia actual de objeto por
hecho superado y deniega el amparo solicitado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 1° de diciembre de 2025, el señor Leonardo Mendoza
Cohen, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y dignidad humana, los cuales consideró vulnerados con la providencia
del 29 de octubre de 2025, dictada por la autoridad mencionada dentro del
proceso disciplinario identificado con radicado 13001-11-02-000-2024-00576-
00/02 y por el registro y publicidad de la sanción sin que previamente se
resolviera su solicitud de adición y complementación del mencionado fallo.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Demandante: Leonardo Mendoza Cohen
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
PRIMERA. - Se conceda el amparo constitucional a la suscrita al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia quebrantados por la
COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SALA PRESIDIDA
POR EL MAGISTRADO PONENTE DR CARLOS ARTURO RAMÍREZ
VÁSQUEZ.
SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto:
2.1. El fallo de segunda instancia con fecha 29 de octubre de 2025
notificado por edicto del 19 de noviembre de 2025; no solo viola el art. 29
de la C. sino los arts. 281 del C.G del P; los arts. 6, 46, 54, 73 y 85 de la
Ley 1123 de 2007, al no haber fallado sobre la mayor parte de los reparos
a la sentencia de primera instancia contenidos en los recursos de
apelación omitiendo un pronunciamiento sobre aquellos de trascendental
importancia en la defensa del suscrito.
TERCERA. - Se le ordene a la ACCIONADA que en lugar de las decisiones
que se dejan sin efecto, proferir el fallo que en derecho corresponde,
acorde con las disposiciones violadas y con las sentencias de carácter
constitucional que infringió.
La parte actora también solicitó la suspensión provisional de la decisión
demandada pues consideró que es abiertamente ilegal y transgrede sus
garantías constitucionales.
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que la señora Tarsys Loayza Roys contrató sus
servicios como profesional del derecho para que la representara como
demandada en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual
con radicado 13001-40-03-014-2022-00350-00, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado 14 Civil Municipal de Cartagena.
Añadió que mediante auto del 10 de agosto de 2022, se fijó para el 30 de mayo
de 2023 la realización de las audiencias de que tratan los artículos 372 y 373
del Código General del Proceso y que presuntamente él le sugirió no asistir por
tratarse de una «figura pública con reconocimiento internacional», debido a que
su imagen se vería gravemente afectada; sin embargo, nunca le advirtió de las
consecuencias que ello acarreaba, en especial, que se presumirían ciertos los
hechos susceptibles de confesión en que se fundaba la demanda.
Mencionó que la señora Loayza Roys presentó queja en su contra y que dicho
proceso disciplinario se identificó con el radicado 13001-11-02-000-2024-00576-
00/02, del cual conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina
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Judicial de Bolívar, que a través de providencia del 24 de junio de 2025, lo
declaró responsable por los cargos por incurrir a título de dolo, en la falta
descrita en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento
del deber del numeral 8 del artículo 28 ibidem y, lo sancionó con suspensión por
cuatro meses en el ejercicio de su profesión.
Esto, según lo indicó la anterior providencia «…por callar todo o en parte,
hechos implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión profesional
encomendada con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto
de su cliente, es decir, en la forma de realización de la conducta por omisión, en
la modalidad sancionable de dolo.»
Refirió que su defensor de confianza presentó recurso de apelación en contra
de la anterior decisión, la cual confirmó la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial con proveído del 29 de octubre de 2025, bajo el argumento de que sus
actuaciones reflejaban una estrategia encaminada a evitar responsabilidades,
pues supuestamente al mantener a su cliente al margen del proceso, le había
impedido que esta advirtiera las probabilidades de que el fallo resultara
desfavorable, como en efecto ocurrió, y optara por un manejo distinto del
asunto2.
En la parte resolutiva de este fallo además se dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar
indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el
efecto, se debe enviar a los correos electrónicos de los intervinientes copia
integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se
presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el
iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia en el expediente
y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de
recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.
TERCERO: ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados,
para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de
dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con la constancia de
ejecutoria.
CUARTO: REGRESAR las diligencias a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de origen, para que imparta el trámite que corresponda.
2
Esto, al considerar que el «El tipo disciplinario en comento se estructura a partir de los
siguientes elementos: i) que exista una omisión consistente en callar, es decir “guardar
silencio”25 en todo o en parte, acerca de hechos, implicaciones jurídicas o situaciones
relacionadas con la gestión profesional, o ii) que se ejecute una acción orientada a alterar la
información correcta, a saber, “cambiar la esencia o forma”26, adulterar o deformar la verdad, y
iii) que esa conducta esté dirigida a “desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto”.»
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Precisó que, la precitada sentencia se notificó por edicto, el cual se fijó el 19
de noviembre de 2025 y se desfijó el 21 del mismo mes y año.
Afirmó que, el 25 y 26 de noviembre de 2025, presentó solicitudes de adición «y
complementación de la petición inicial», respectivamente, debido a la
«inadecuada valoración probatoria para tener por probado el cargo formulado»
y sin que se resolviera lo pertinente, se realizó la anotación de la sanción en el
Registro Nacional de Abogados, la cual inició el 3 de diciembre de la misma
anualidad.
De la documental aportada, se encuentra que, mediante autos del 18 de
diciembre de 2025 y 13 de enero de 2026, se rechazaron las solicitudes antes
mencionadas, puesto que no se advertía omisión, error aritmético ni
incongruencia que justificara adicionar o complementar el fallo.
1.4. Sustento de la petición
Mencionó que con la providencia demandada se incurrió en un defecto
procedimental debido a la vulneración del principio de «congruencia procesal»,
ya que omitió todos los reparos expuestos en su alzada, así como por las
falencias en la interpretación de la norma y la adecuada valoración probatoria.
Indicó que, no podía efectuarse el registro de la sanción, pues a su juicio, la
decisión confirmatoria de la sanción que se le impuso no había quedado
ejecutoriada porque faltaba la decisión de sus solicitudes de adición y
complementación.
Adujo que la comisión demandada no dio cumplimiento al artículo 288 del
Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 287 ibidem, para
adicionar la sentencia en los aspectos que debieron ser resueltos en la misma
pero no lo fueron, lo cual le causa un perjuicio irremediable.
Agregó que la decisión acusada también desconoció la sentencia C-1076 de
2002 de la Corte Constitucional, que ordenó: «las decisiones de segunda
instancia mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y queja
quedan ejecutoriadas no con la simple suscripción de la misma sino con su
notificación.»
1.5. Trámite
Una vez efectuado el reparto, con providencia del 11 de diciembre de 2025, se
declaró infundado el impedimento manifestado por el suscrito magistrado al no
encontrarse demostrada la configuración de la causal invocada.
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Posteriormente, mediante auto del 29 de enero de 2026, se admitió la solicitud
de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que
integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
A su vez, se dispuso la vinculación de la señora Tarsys Loayza Roys (quejosa
en el proceso disciplinario), a los magistrados que integran la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar (que conoció en primera instancia de
la causa en mención) y al Registro Nacional de Abogados.
Adicionalmente, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la
parte actora relativa a la suspensión provisional de la decisión demandada pues
consideró que es abiertamente ilegal y transgrede sus garantías
constitucionales. Tal medida se denegó pues se consideró que no obraban las
pruebas necesarias de las cuales se pudiera inferir alguna actuación de la
autoridad demandada que hiciera imperioso el decreto de una medida de tal
naturaleza.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El magistrado ponente de la decisión demandada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, al considerar que el accionante no plantea un problema
autónomo de raigambre constitucional, sino que edifica su inconformidad a
partir de una discrepancia con la ejecutoria del fallo disciplinario y con los
efectos derivados de su cumplimiento.
Indicó que el actor pretende que el juez constitucional reemplace el análisis
efectuado por la autoridad disciplinaria competente, lo cual desconoce el
principio de subsidiariedad y desnaturaliza el alcance del amparo, dado que no
se identifica una irregularidad que trascienda el plano de la legalidad ni una
afectación directa del núcleo esencial de los derechos invocados.
Añadió que la ejecutoria de una providencia disciplinaria no depende de la
existencia de memoriales posteriores, sino del agotamiento de los medios de
impugnación previstos y de su debida notificación, circunstancia que en este
caso se cumplió.
Refirió que, las solicitudes presentadas con posterioridad –adición y
complementación- no tenían naturaleza recursiva ni estaban llamadas a
suspender la firmeza de la decisión, por cuanto el régimen disciplinario del
abogado no consagra tales figuras como mecanismos impugnatorios.
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Adujo que, bajo una integración analógica, la finalidad de esas figuras se
circunscribe a permitir correcciones puntuales cuando se configuren supuestos
específicos, mas no a crear una instancia adicional ni a paralizar los efectos
jurídicos de un fallo ya notificado, de modo que su sola presentación no
convertía la sentencia en una decisión carente de ejecutoria ni impedía el
despliegue de actuaciones de cumplimiento.
Expuso que, además se resolvió de manera expresa dichas solicitudes
mediante autos del 18 de diciembre de 2025 y 13 de enero de 2026, en los
cuales explicó que no se advertía omisión, error aritmético ni incongruencia que
justificara adicionar o complementar el fallo, con lo cual quedó desvirtuada
cualquier imputación de inactividad y, por tanto, se configuró un hecho
superado que torna improcedente el amparo por ese aspecto.
Mencionó que, frente al supuesto defecto procedimental, el actor no identificó
etapa omitida, actuación irregular ni afectación concreta del derecho de
defensa.
Agregó que, respecto del defecto por incongruencia y por indebida valoración
probatoria porque ciertos puntos de la apelación no fueron abordados, la acción
de tutela no satisface el estándar exigido para convertir una discrepancia
interpretativa en un defecto constitucional.
Finalmente, señaló que, desde el inicio de la acción de tutela no se advirtió
amenaza urgente ni riesgo cierto respecto del perjuicio alegado por el actor, lo
cual se armoniza con la doctrina constitucional sobre el carácter excepcional del
amparo transitorio y sobre los elementos que estructuran el perjuicio
irremediable.
1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
Esta autoridad hizo mención a las actuaciones surtidas en el proceso
disciplinario, para destacar que la decisión adoptada en primera instancia que
fue confirmada en segunda instancia por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial se dio en garantía su derecho fundamental al debido proceso y los
funcionarios adoptaron las decisiones en ejercicio de su sana crítica y en
ejercicio de sus funciones legales y constitucionales.
Expuso que el reproche del tutelante se relaciona con la solicitud de adición
presentada respecto a la decisión de segunda instancia adoptada por el
superior funcional, por lo que no tiene que reparar o añadir a los presuntos
derechos vulnerados.
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Solicitó su desvinculación toda vez que, en el marco de sus competencias
jurisdiccionales, este despacho adelantó las gestiones orientadas para llegar a
la verdad real y material de los hechos investigados.
1.6.3. Registro Nacional de Abogados
Esta entidad sostuvo que en cumplimiento a la respectiva comunicación y con
fundamento en lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, anotó la
sanción impuesta al abogado Leonardo Mendoza Cohen, consistente en
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, la
cual comenzó a regir el 3 de diciembre de 2025.
Refirió que, de lo anterior se comunicó al accionante mediante correo
electrónico enviado el 4 de diciembre siguiente a la dirección electrónica
registrada en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados
(SIRNA).
Precisó que, frente a los cuestionamientos formulados en el escrito de tutela
relacionados con la firmeza de la providencia sancionatoria y la oportunidad de
la anotación, carece de competencia para calificar la ejecutoria de las
decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues su
actuación se limita a dar cumplimiento al artículo 47 de la Ley 1123 de 2007.
1.6.4. Tarsys Loayza Roys
La tercera vinculada sostuvo que la acción de tutela no cumple los requisitos
jurisprudenciales para su procedencia contra providencias judiciales, pues no se
evidencia vulneración directa de derechos fundamentales ni la configuración de
defectos constitucionalmente relevantes.
Precisó que, comparte y respalda integralmente la decisión adoptada por la
Comisión Seccional y confirmada por el superior, al evidenciarse que la
conducta del abogado vulneró los deberes éticos y legales que rigen el ejercicio
de la profesión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de
tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en
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los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar solicitó su
desvinculación de la acción de tutela.
La sala denegará tal petición puesto que su vinculación a este trámite
constitucional se efectuó porque dicha corporación fungió como primera
instancia en el proceso disciplinario objeto de demanda y, en tal sentido, le
asiste interés en la causa.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la providencia del 29 de octubre de 2025, dictada
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario
identificado con radicado 13001-11-02-000-2024-00576-02 y por el registro y
publicidad de la sanción sin que previamente se resolviera su solicitud de
adición y complementación del mencionado fallo.
Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
A su vez, se analizarán los reproches relativos a la presunta vulneración al
derecho fundamental al debido proceso frente al registro de la sanción sin que
estuviera ejecutoriada la decisión que la confirmó, así como la presunta mora
judicial y la carencia actual de objeto ante la falta de decisión de las solicitudes
de adición de la sentencia de segunda instancia demandada.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
3
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2025-07634-00
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela constituye
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
5
Ibidem.
6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022 explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.»
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
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contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.7
En lo particular, la parte actora sostuvo que la providencia demandada incurrió
en un defecto procedimental debido a la vulneración del principio de
«congruencia procesal», ya que omitió todos los reparos expuestos en su
alzada, así como por las falencias en la interpretación de la norma y la
adecuada valoración probatoria; sin embargo, no identificó qué argumentos de
su recurso de apelación resultaron omitidos o cuáles considera indebidamente
analizados.
De conformidad con lo expuesto, se observa que, la parte actora no indicó
cuáles fueron las pruebas desatendidas o indebidamente valoradas, tampoco
se indicaron las normas erróneamente o aplicadas o interpretadas, ni los
aspectos de la apelación que no se resolvieron.
Adicionalmente, debe indicarse que, en todo caso, no se cumple el requisito de
la relevancia constitucional puesto que corresponde a un asunto de naturaleza
legal la presunta interpretación errónea de los planteamientos de la alzada y de
la valoración probatoria efectuada por la autoridad que resolvió el asunto
disciplinario en segunda instancia.
Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el funcionario de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
se insiste, lo contrario sería invadir la esfera de competencia del juez natural.
Así las cosas, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga
en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo
contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas
garantías en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que
amerite la intervención en sede constitucional.
Al respecto, la sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a
colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
disciplinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios
7
Destacado por la sala.
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rectores de la autoridad judicial.
Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez que
carece del presupuesto de la relevancia constitucional.
2.6. Reproches contra el registro y publicidad de la sanción sin que
previamente se resolviera su solicitud de adición y complementación
Adicionalmente, el accionante consideró que no podía efectuarse el registro de
la sanción, pues a su juicio, la decisión confirmatoria no había quedado
ejecutoriada porque faltaba resolver sus solicitudes de adición y
complementación, por lo que, a su juicio, no se dio cumplimiento al artículo 288
del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 287 ibidem.
Para tal efecto, también citó como precedente la sentencia C-1076 de 2002 de
la Corte Constitucional, que ordenó: «las decisiones de segunda instancia
mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y de queja quedan
ejecutoriadas no con la simple suscripción de la misma sino con su
notificación.»
En relación con el derecho fundamental al debido proceso, debe indicarse que,
la Corte Constitucional en la sentencia C-341 de 2014 recordó que la
jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia. En el mismo pronunciamiento, la citada
corporación indicó:
…el cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la
Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se trate “dado
que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas
y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo,
el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son
comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que
comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán
ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”…
Al respecto, debe indicarse que observa que la parte demandada dio
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el
Código Disciplinario del Abogado, norma que contempla:
ARTÍCULO 47. EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LA SANCIÓN. Notificada la
sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados
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anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha del
registro.
Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, luego de la referida notificación hará
entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina de registro.
En lo particular, se advierte que, en la decisión acusada dictada en segunda
instancia se dispuso en el numeral segundo de la parte resolutiva lo
siguiente: «SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya
lugar indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno…».
Asimismo, se encuentra que la sentencia de segunda instancia se notificó por
edicto, el cual se fijó el 19 de noviembre de 2025, con la siguiente anotación:
Que en el proceso disciplinario núm. 13001110200020240057602 seguido
contra Leonardo Mendoza Cohen, queja formulada por Tarsys Loayza Roys,
con fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se dictó
providencia que resuelve: << PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el
24 de junio de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
que sancionó al abogado LEONARDO MENDOZA COHEN con suspensión en
el ejercicio de la profesión por cuatro (4) meses por incurrir en la falta descrita
en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, en
desconocimiento del deber del numeral 8 del artículo 28 ibidem...>>.
El presente edicto se publica (*) de conformidad con lo estipulado en los
artículos 19 y 23 de la ley 2094 de 2021, que modifica los artículos 120 y 127
de la ley 1952 de 2019, por el lapso de tres (3) días hábiles, contados a partir
de las ocho de la mañana (8 A.M) del día 19/11/2025, para notificar a
Leonardo Mendoza Cohen y sus defensores Uriel Ángel Pérez Márquez y
Rafael Santo Quintana Peinado, vencido el anotado plazo, los términos
judiciales que dependan de esta actuación empezarán a correr desde el
primer día hábil siguiente.
Además, se observa que, el secretario judicial de la comisión demandada
suscribió la siguiente constancia:
Deja constancia que surtidas las notificaciones de rigor, la providencia de
fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida
dentro del proceso disciplinario radicado bajo el núm.
13001110200020240057602 de Tarsys Loayza Roys contra Leonardo
Mendoza Cohen, identificado con el número de cédula 73211477 y tarjeta
profesional 169356, cobró ejecutoria el veintiuno (21) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025).
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Por lo anterior, se advierte que, para la ejecución y registro de la sanción, la
norma en cita establece que una vez notificada la sentencia de segunda
instancia, la Oficina de Registro Nacional de Abogados anotará la sanción
impuesta y que, esta comenzará a regir a partir de la fecha del registro; razón
por la cual se denegará lo atinente al reproche contra el registro de la sanción.
Finalmente, se precisa que, la autoridad demandada resolvió de manera
expresa dichas solicitudes mediante autos del 18 de diciembre de 2025 y 13 de
enero de 2026, en los cuales explicó que no se advertía omisión, error
aritmético ni incongruencia que justificara adicionar o complementar el fallo, así:
En ambas providencias se indicó que, bajo el principio de integración normativa
del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, era dable acudir al Código General
Disciplinario, que consagra en su artículo 140 lo relativo a la corrección,
aclaración y adición de los fallos, pero no se observaba que fuera procedente
adicionar o complementar el fallo, pues no se visualizaba ni se indicaba un error
aritmético, equívoco en el nombre o identidad de quien fuera investigado o
confusión relevante ubicada en la parte resolutiva, que ameritara acceder a la
petición dado que aquella se centró en indicar supuestas deficiencias en la
valoración probatoria, por lo tanto, se rechazó.
De manera que, sería del caso determinar si en el caso en estudio se logró
demostrar la mora judicial injustificada; no obstante, lo que se advierte es la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
En lo particular, esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades8 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la
protección de derechos fundamentales que sean transgredidos o amenazados
de una manera actual e inminente.
De igual manera, se ha advertido que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que
el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
8
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6
de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela
por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i)
por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por una situación
sobreviniente.
Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada corporación ha considerado
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
De modo que, el reproche de la parte actora en cuando a la falta de decisión
respecto de sus solicitudes de adición del fallo y la complementación «de la
anterior petición» se encuentra superada, por lo que frente a este aspecto se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniega la solicitud de desvinculación de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar.
SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Leonardo Mendoza Cohen por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional en cuanto a los cuestionamientos de la providencia de segunda
instancia emitida en el proceso disciplinario con radicado 13001-11-02-000-
2024-00576-00/02, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
falta de pronunciamiento de las solicitudes de adición y complementación del
fallo de segunda instancia emitido en el proceso disciplinario objeto de
demanda.
CUARTO: Denegar la solicitud de amparo respecto del cuestionamiento
efectuado por la parte actora relativo al registro y publicidad de la sanción sin
que previamente se resolviera su solicitud de adición.
QUINTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
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Rad: 11001-03-15-000-2025-07634-00
2591 de 1991.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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