Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07647-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07647-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07647-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07647 00
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela relacionada con (i) la falta de información frente
al trámite impartido a un recurso de insistencia presentado y con
(ii) la negativa de acceso a cierta información solicitada por estar
sujeta a reserva legal
Decisión: Declara, por una parte, carencia actual de objeto por hecho
superado, y por otra, improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Javier Orlando Rodríguez
Aponte en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC), la Fundación Universitaria del Área Andina y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Javier Orlando Rodríguez Aponte, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra de las precitadas entidades, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERO: Se me TUTELE el derecho fundamental al debido procedimiento
administrativo, igualdad, trabajo, acceso al empleo público en condiciones dignas
y justas, respecto de las actuaciones y/u omisiones en que pudiesen haber
incurrido la (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. - FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA - U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN, en relación con la omisión de respuesta a mi
petición.
SEGUNDO: Que de forma previa a decidir de fondo la presente acción, se ordene
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y/o a la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA remitir copia integra del expediente
asociado al recuro de insistencia presentado el 20 de noviembre de 2025, anexo
al presente escrito, con el objeto de servir como medio de prueba necesario para
resolver de fondo la presente acción de amparo.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 0315000 2025 07647 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07647 00
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
TERCERO: Que de forma previa a decidir de fondo la presente acción, se ordene
a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C., FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, y U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN remitir copia integra de las preguntas e/o ítems
cuestionados a través de la presente acción de tutela, con sus respuestas posibles
y marcación de la respuesta anunciada como correcta, con la motivación de la
selección e indicación de la actuación administrativa que antecedió el diseño de
la pregunta y su respuesta, respecto a la Prueba de Competencias Funcionales
practicada en relación con la OPEC: 225576 dentro del PROCESO DE
SELECCIÓN DIAN 2667 – ASCENSO, con el objeto de ser evaluada la validez de
la actuación por parte del juez de amparo.
CUARTO: Que en consecuencia se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – C.N.S.C., FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA
ANDINA, y U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN que, por conducto de la dependencia competente, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la decisión, emitir nueva calificación respecto del
puntaje asignado en la prueba Prueba (sic) de Competencias Funcionales a todos
los concursantes inscritos en la OPEC: 225576 dentro del PROCESO DE
SELECCIÓN DIAN 2667 – ASCENSO, variando como criterio o referencia de
calificación respecto de la respuesta correcta en los siguientes ítem:
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07647 00
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
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QUINTO: De forma subsidiaria a las anteriores peticiones de amparo, solicito que
se orden al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y/o a la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA que, por conducto de la
dependencia competente, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la decisión, surta la actuación pertinente para efectos de agotar el trámite del
recurso de insistencia interpuesto en la oportunidad legal pertinente.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que se encuentra inscrito como concursante en la convocatoria
DIAN 2667 de 2024, modalidad ascenso, adelantada por las entidades accionadas, en el
marco de la OPEC 225576, proceso que, según señaló, aún se encuentra en trámite.
Manifestó que el 22 de septiembre de 2025, a través del aplicativo SIMO, presentó
reclamación contra el resultado de las pruebas escritas que le fue asignado dentro del
referido proceso de selección.
Indicó que en dicha oportunidad presentó reparos frente a algunas preguntas que habían
sido eliminadas y otras que fueron calificadas como incorrectas. Agregó que, como
petición de información, solicitó la transcripción de los ítems cuestionados, junto con las
opciones de respuesta y la motivación de la selección considerada correcta, así como la
indicación de la actuación administrativa que antecedió el diseño de cada pregunta, con
el fin de contar con esos insumos para una eventual impugnación judicial posterior.
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Refirió que el 17 de octubre de 2025, la Fundación Universitaria del Área Andina le notificó
la respuesta identificada con radicado RECPE-DIAN2667-09597, mediante la cual se
resolvieron los reparos formulados frente a las respuestas calificadas como equivocadas;
sin embargo, afirmó que en dicha comunicación no se dio respuesta a los reparos
relacionados con las preguntas eliminadas ni a la solicitud de información que había
elevado.
Anotó que el 31 de octubre de 2025, mediante comunicación identificada con el radicado
RECPE-DIAN2667-09597-1, la Fundación Universitaria del Área Andina adicionó y
complementó la respuesta inicial incorporando una argumentación de carácter general
para atender los reparos frente a las preguntas anuladas, en la que se aludió a la
confiabilidad del personal encargado de la elaboración de la prueba. No obstante, sostuvo
que, en esa oportunidad, tampoco se emitió un pronunciamiento concreto sobre los
reparos específicos formulados ni sobre la solicitud de información presentada.
Continuó relatando que, ante la ausencia de un pronunciamiento expreso respecto de la
petición de información relacionada con la transcripción de los ítems, sus respuestas y la
motivación correspondiente, el 12 de noviembre de 2025 interpuso recurso de insistencia,
con el propósito de obtener acceso a la documentación solicitada y poder surtir la
impugnación judicial correspondiente.
Expuso que el 19 de noviembre de 2025, mediante comunicación identificada con el
radicado DP-DIAN2667_CTO436_123, la Fundación Universitaria del Área Andina
adicionó y complementó nuevamente la respuesta inicial en lo relativo a la solicitud de
información y que, en esa oportunidad, se le negó el acceso a la prueba, con fundamento
en las disposiciones legales y reglamentarias propias del concurso de méritos.
Adujo que el 24 de noviembre de 2025 elevó una consulta ante la Fundación Universitaria
del Área Andina para conocer el estado del recurso de insistencia presentado y obtener
copia de la remisión del documento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que,
a la fecha de presentación de esta acción de tutela, hubiese recibido respuesta alguna
sobre el recurso de insistencia.
Resaltó que al consultar la plataforma SAMAI no se advertía registro alguno ni trámite
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con el recurso de
insistencia presentado.
Arguyó que su inconformidad se centra en la ausencia de una respuesta de fondo y
debidamente motivada frente a sus reparos, así como en la imposibilidad de acceder al
contenido completo de las preguntas, sus respuestas y la justificación técnica
correspondiente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 1 de diciembre de 20252, a través del aplicativo de recepción
de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
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esta Sección que, por auto del 5 de diciembre de 20253 la admitió, negó algunas pruebas
solicitadas y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), a la Fundación Universitaria del Área Andina y a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como partes accionadas; así como
vincular5 a todos los concursantes inscritos en la OPEC: 225576 del proceso de selección
DIAN 2667 – Ascenso, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que allegara
copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al recurso de
insistencia presentado por el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte.
3.2. El escribiente nominado de la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca allegó escrito6 en el que informó que “revisado el
aplicativo de samai por la parte procesal en esta Subsección no existe proceso alguno”.
3.3. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
presentó escrito7 en el que indicó que, una vez realizada la verificación correspondiente
en la dirección electrónica institucional y en las bases de datos y sistemas de registro de
dicha secretaría, no se encontró registro alguno que evidenciara la recepción de un correo
de comunicación relacionado con el recurso de insistencia presentado por el señor Javier
Orlando Rodríguez Aponte ante la Fundación Universitaria del Área Andina, ni de su
eventual reparto.
Por lo anterior, precisó que no es posible allegar copia digital ni suministrar el hipervínculo
de consulta del expediente solicitado, toda vez que ese trámite no reposa en los archivos
digitales de la secretaría.
Adicionalmente, manifestó que, aunque en el escrito de tutela se incorpora un anexo en
el que la institución educativa aparenta haber dado traslado del recurso al Tribunal, no se
allegó copia de la radicación ni se identificó la dirección de correo electrónico a la cual
presuntamente se remitió dicha comunicación, lo que impide verificar su recepción en
esa dependencia.
3.4. El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN rindió
informe8 en el que señaló que dicha entidad carece de legitimación en la causa por pasiva
al no tener competencia ni injerencia en las actuaciones que el accionante cuestiona
dentro del Proceso de Selección DIAN 2667.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
4 Esta orden se cumplió el 10 de diciembre de 2025. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 07647 00.
5 El Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comisión Nacional del Servicio
Civil remitió constancia en la que indicó que “el día 11 del mes de diciembre de 2025 se envió la campaña
de NOTIFICACIÓN ACCIÓN DE TUTELA PROCESO DE SELECCIÓN – DIAN 2022, emitida por el
CONSEJO DE ESTADO, a los aspirantes del proceso selección DIAN 2022, OPEC No. 225576”.
Constancia visible en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 0315 000 2025 07647 00.
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
6
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Explicó que, dicho proceso se rige por el Acuerdo 205 del 10 de octubre de 2024, el cual
establece que la entidad responsable de su administración y vigilancia es la CNSC, que
puede adelantar sus diferentes etapas a través de universidades o instituciones de
educación superior contratadas para tal fin.
Relató que, en desarrollo de esa competencia, la CNSC adjudicó el proceso contractual
CNSC-LP-010 de 2024 al Consorcio DIAN 2667, conformado por la Fundación
Universitaria del Área Andina, a quien corresponde la verificación de requisitos mínimos,
la aplicación de pruebas y la resolución de las reclamaciones presentadas por los
aspirantes. Por ello, resaltó que la DIAN únicamente interviene una vez culminadas
dichas etapas, en la fase de nombramiento de quienes resulten incluidos en las listas de
elegibles.
Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela respecto de la
DIAN y que se le desvincule del trámite, al no existir afectación atribuible a esa entidad
en relación con los hechos expuestos por el accionante.
3.5. La Fundación Universitaria del Área Andina allegó escrito9 en el que sostuvo que dio
respuesta de fondo a las reclamaciones formuladas por el accionante dentro del proceso
de selección DIAN 2667, mediante el oficio radicado RECPE-DIAN2667-09597 del 17 de
octubre de 2025.
Expuso que, con ocasión de la acción de tutela radicada bajo el número
08001315300520250026200, tramitada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla, fue necesario complementar dicha respuesta.
Aseguró que esa complementación se realizó el 31 de octubre de 2025, a través del oficio
identificado con radicado RECPE-DIAN2667-09597-1, el cual fue remitido al correo
electrónico registrado por el aspirante al momento de su inscripción. Adujo que, con estos
dos oficios, se dio respuesta de fondo a todas las solicitudes formuladas por el señor
Rodríguez Aponte.
Relató que el 12 de noviembre de 2025 el accionante presentó recurso de insistencia
frente a la negativa de remitir copia íntegra de las preguntas. Al respecto, manifestó que
dicha solicitud fue atendida el 19 de noviembre de 2025 mediante el oficio con radicado
DP-DIAN2667_CTO436_123, en el cual se le informó que la información solicitada se
encuentra amparada por reserva legal y que su propiedad corresponde a la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
Añadió que el recurso de insistencia también fue tramitado el 21 de noviembre de 2025
mediante el oficio de radicado RECPE-DIAN2667-09597 RI, en el que igualmente se
reiteró la existencia de reserva legal sobre el material de la prueba, y que ambas
actuaciones fueron remitidas al correo electrónico del accionante.
Señaló que el 24 de noviembre de 2025 el señor Rodríguez Aponte presentó una nueva
petición, en la que solicitó información sobre la radicación del recurso de insistencia ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sobre dicha solicitud, aseveró que fue
respondida mediante el oficio con radicado DP-DIAN2667_CTO436_123-1 del 12 de
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
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diciembre de 2025, en el cual se le informó cuál era la entidad obligada a realizar dicha
radicación y se anexaron los soportes de traslado a la autoridad competente.
Afirmó que la radicación del recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no es competencia de esa institución, pues, aunque custodia material
derivado de la ejecución del contrato, las pruebas son de propiedad de la CNSC, entidad
que mantiene sobre ellas una reserva.
Indicó que dicha reserva se encuentra prevista en el artículo 17 del Acuerdo No. 205 del
10 de octubre de 2024, así como en el numeral 4.4 del Anexo del mismo, normas que
prohíben la reproducción física o digital del material de prueba.
Añadió que, conforme a los estándares técnicos adoptados por la CNSC, el material
protegido no se limita a los cuadernillos de preguntas, sino que incluye toda la
documentación asociada al diseño, construcción, validación y calificación de los ítems,
así como los análisis psicométricos previos y posteriores a su aplicación.
Arguyó que el 20 de noviembre de 2025 efectuó el traslado del recurso de insistencia a
la CNSC, a través de los correos electrónicos convocatoria_dian@cnsc.gov.co y
nmonroy@cnsc.gov.co, el cual fue radicado el 12 de diciembre de 2025 ante la ventanilla
única de esa entidad, bajo el número 2025RE265936.
3.6. El señor Javier Orlando Rodríguez Aponte allegó escrito10 en el que explicó que en
la acción de tutela tramitada ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla,
bajo el radicado núm. 08001315300520250026200, a la que hizo referencia la Fundación
Universitaria del Área Andina, se profirió sentencia el 31 de octubre de 2025, notificada
el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, al haberse emitido respuesta a la solicitud que dio origen a esa acción.
Aclaró que, aunque existe una identidad parcial de partes, los hechos y las pretensiones
de esa tutela son distintos a los del presente trámite, por lo que aseguró que no se
configura cosa juzgada.
Precisó que en la tutela tramitada en Barranquilla se pretendía exclusivamente el amparo
del derecho fundamental de petición, mientras que en esta acción se cuestiona la falta
de trámite del recurso de insistencia y la decisión adoptada frente a la reclamación sobre
los resultados de las pruebas, con fundamento en los derechos al debido procedimiento
administrativo, igualdad, trabajo y acceso al empleo público.
Finalmente, sostuvo que no existe pronunciamiento judicial previo sobre el fondo de estas
controversias y que persisten barreras para controvertir la legalidad de los resultados, al
no contar con acceso al contenido completo de las preguntas ni a su motivación.
3.7. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC rindió informe11 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela.
10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
11 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
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Para ello, expuso que el accionante se inscribió válidamente en la OPEC 225576 del nivel
profesional en la modalidad de ascenso, fue citado y asistió a la aplicación de las pruebas
escritas el 17 de agosto de 2025, obteniendo un resultado de 96.72 para la prueba de
competencias comportamentales; 85.00 para la prueba de competencias funcionales; y
91.25 para la prueba de integridad.
Señaló que el señor Rodríguez Aponte, hoy accionante, presentó solicitud de reclamación
y complementación de sus resultados, la cual fue atendida por el operador del proceso
de selección, esto es la Fundación Universitaria del Área Andina, mediante oficio RECPE-
DIAN2667-09597 del 17 de octubre de 2025.
Relató que, inconforme con la anterior respuesta, el señor Rodríguez Aponte presentó
acción de tutela la cual correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla. Al efecto, precisó que, en virtud de dicha solicitud de amparo, se
complementó la citada respuesta mediante oficio radicado RECPE-DIAN2667-09597-1
del 31 de octubre de 2025.
Indicó que el 12 de noviembre de 2025, el señor Rodríguez Aponte presentó recurso de
insistencia ante la Fundación Universitaria del Área Andina por la negativa de remitir copia
íntegra de las preguntas formuladas en la prueba escrita presentada. Anotó que, frente a
esta solicitud, se le dio respuesta el 19 de noviembre mediante radicado DP-
DIAN2667_CTO436_123 en la que se le comunicó que su petición no podía ser atendida,
debido a que la información por el exigida goza de reserva legal.
En virtud de lo anterior, aseveró que “el accionante está utilizando la acción de tutela y
recurso de insistencia para controvertir argumentos técnicos dados por la FUAA a través
de la respuesta a reclamación en los cuales manifiesta su inconformidad, que están
llamados a ser tratados en un proceso ordinario y no por medio de la acción de tutela”.
3.8. Con posterioridad, la CNSC allegó escrito dirigido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca12 en el que le remitió el recurso de insistencia presentado por el señor
Javier Orlando Rodríguez Aponte relacionado con el Proceso de Selección DIAN 2667,
el cual recibió por traslado de la Fundación Universitaria del Área Andina. Dicho recurso
se formuló frente a las respuestas emitidas por el operador del proceso mediante los
oficios RECPE-DIAN2667-09597 del 17 de octubre de 2025 y RECPE-DIAN2667-09597-
1 del 31 de octubre de 2025.
3.9. Los concursantes inscritos en la OPEC: 225576 del proceso de selección DIAN 2667
– Ascenso guardaron silencio.
3.10. Mediante escrito radicado el 10 de febrero de 2026, el accionante informó que, por
auto proferido el 3 de febrero de 2026, notificado el 10 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso de insistencia presentado para
efectos de acceder a la copia de las preguntas y motivación técnica de la exclusión de
las mismas.
Al efecto, expuso lo siguiente:
[…] se pone de presente que al haberse agotado todos los mecanismos ordinarios
y extraordinarios con el objeto de acceder a la prueba consistente en la copia
12 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 07647 00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
íntegra de las preguntas e/o ítems cuestionados a través de la presente acción de
tutela, con sus respuestas posibles y marcación de la respuesta anunciada como
correcta, con la motivación de la selección e indicación de la actuación
administrativa que antecedió el diseño de la pregunta y su respuesta, respecto a
la Prueba de Competencias Funcionales practicada en relación con la
OPEC:225576 dentro del PROCESO DE SELECCIÓN DIAN 2667 – ASCENSO,
con el objeto de ser evaluada la validez de la actuación por parte del juez de
amparo, sin haber sido dable obtener dicha prueba o aunque fuera una respuesta
de fondo de acceso o negativa de acceso a dicha información por las autoridades
pertinentes, se solicita que previo a resolver la instancia se reconsidere la decisión
de negativa del medio de prueba solicitado al interponer la acción de amparo, a
partir de los hechos sobrevinientes enunciados -rechazo del recurso de
insistencia-.
En la tutela de marras, el amparo pretendido es respecto al debido procedimiento
administrativo, igualdad, trabajo, acceso al empleo público en condiciones dignas
y justas, dirigido a cuestionar la decisión emitida respecto a la reclamación
presentada al resultado de las pruebas de conocimientos aplicadas en el concurso
de referencia, con el objeto de que se surta un control de la juridicidad del (sic)
decisión clasificatoria, al carecer de otro mecanismo judicial idóneo para elevar
esta clase de pretensión, resaltando que para desatar dicha pretensión en
concreto, ya sea de forma negativa o positiva, se torna en indispensable contar la
autoridad judicial con copia íntegra del acto administrativo de trámite objeto de
cuestionamiento, donde se torna procedente la reiteración de la solicitud de
prueba en comento […].
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201514, modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
4.2.1. El 22 de septiembre de 2025, el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte presentó
reclamación, a través del aplicativo SIMO, contra los resultados obtenidos en las pruebas
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Conforme la documentación aportada por el accionante y las accionadas.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07647 00
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
escritas del proceso de selección DIAN 2667 de 2024, modalidad ascenso,
correspondiente a la OPEC 225576, en la que formuló reparos frente a algunas
preguntas, o ítem, calificadas como incorrectas y otras eliminadas, y adicionalmente
solicitó lo siguiente:
[…] solicito que se remita copia íntegra de la pregunta y respuesta que se
confirma, motivación de la selección e indicación de la actuación administrativa
que antecedió el diseño de la pregunta y su respuesta, con el objeto de surtir la
discusión judicial del resultado en el aparte pertinente […].
4.2.2. La Fundación Universitaria del Área Andina emitió respuesta a dicha reclamación
mediante el oficio identificado con radicado RECPE-DIAN2667-09597 del 17 de octubre
de 2025, en el que se pronunció sobre cada pregunta, o ítem, de la prueba escrita
cuestionado por el hoy accionante y concluyó lo siguiente:
Realizada la verificación, la Fundación Universitaria del Área Andina se permite
resolver lo siguiente:
1. De acuerdo con la evaluación técnica hecha, se NIEGAN las solicitudes de su
reclamación.
2. De conformidad con el numeral anterior, se mantiene la determinación inicial y
no se modifica su puntuación previamente publicada de 85.00 en la Prueba de
Competencias Funcionales.
3. Así mismo, se mantiene la determinación inicial y no se modifica la puntuación
previamente publicada de 96.72 en la Prueba de Competencias
Comportamentales.
4. De igual manera, se mantiene la determinación inicial y no se modifica la
puntuación previamente publicada de 91.25 en la Prueba de Integridad.
4.2.3. Con posterioridad, mediante el oficio con radicado RECPE-DIAN2667-09597-1 del
31 de octubre de 2025, la Fundación Universitaria del Área Andina complementó la
respuesta anterior en los siguientes términos:
A través del Sistema-SIMO el pasado 17 de octubre de 2025 la Fundación
Universitaria del Área Andina emitió respuesta a la reclamación interpuesta por
usted frente a los resultados preliminares de las Pruebas Escritas, pese a lo
anterior es preciso complementar lo siguiente:
• Respecto a las preguntas 43 y 148
(…)
Cabe aclarar que, durante la jornada de acceso al material de la prueba escrita
llevada a acabo el pasado 20 de septiembre del año en curso, usted pudo
corroborar que la clave correcta para la pregunta 43 era la “A”.
Ahora bien, en lo que respecta a la pregunta 148 de la prueba de integridad, se
evidencia que, se presentó un error de digitación en la opción marcada por usted,
sin embargo, a continuación, se aclara el puntaje obtenido en este ítem (…).
(…)
• Frente a las preguntas ambiguas
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
(…)
• Sobre los indicadores evaluados
(…)
• En cuanto a la validez y confiabilidad de la prueba
(…)
Finalmente se indica que el resultado obtenido en la Prueba Escrita sobre
Competencias Funcionales, Competencias Comportamentales y Prueba de
Integridad fue ratificado desde el pasado 17 de octubre de 2025 mediante
respuesta identificada bajo radicado RECPE-DIAN2667-09597, la cual puede ser
consultada a través del Sistema-SIMO ingresando con su usuario y contraseña.
4.2.4. El 12 de noviembre de 2025 el accionante presentó ante la CNSC, la Fundación
Universitaria del Área Andina y la DIAN, el siguiente escrito:
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07647 00
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
4.2.5. Mediante oficio identificado con el radicado DP-DIAN2667_CTO436_123 del 19 de
noviembre de 2025, la Fundación Universitaria del Área Andina le indicó al señor
Rodríguez Aponte lo siguiente:
4.2.6. El 24 de noviembre de 2025 el accionante remitió correo electrónico a la Fundación
Universitaria del Área Andina solicitando información sobre el estado del trámite del
recurso de insistencia presentado y obtener constancia de su remisión ante la autoridad
competente.
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
4.2.7. El 12 de diciembre de 2025, la Fundación Universitaria del Área Andina dio
respuesta a la anterior solicitud del señor Rodríguez Aponte, en los siguientes términos:
4.2.8. La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio 2025RS199469 del 15 de
diciembre de 2025, informó haber recibido el recurso de insistencia trasladado por la
Fundación Universitaria del Área Andina y procedió a trasladarlo al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para su trámite correspondiente.
4.2.9. El recurso de insistencia correspondió por reparto a la Subsección B, Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por auto del 3 de febrero de
2026, lo rechazó al considerar que en las respuestas otorgadas por la Fundación
Universitaria del Área Andina en los oficios del 17 y 31 de octubre de 2025, frente a la
petición elevada por el señor Rodríguez Aponte, “no se invocó reserva alguna respecto a
lo solicitado por éste”; razón por la cual, arguyó que “la solicitud presentada en el caso
de la referencia no cumple con los requisitos para ser tramitada como recurso de
insistencia”.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se debe resolver, es
necesario pronunciarse, por una parte, sobre la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN; y por otra, frente a la solicitud probatoria reiterada por el accionante
en el escrito del 10 de febrero de 2026.
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4.3.1. Frente a la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Acerca de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200618, señaló lo siguiente:
En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa
para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en
dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se
surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
En el caso en estudio, se observa que el accionante dirigió esta acción de tutela, entre
otros, en contra de la DIAN, por lo que la Sala considera que le asiste interés jurídico para
comparecer al trámite tutelar, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación
elevada, como se dispondrá en la parte resolutiva de la providencia.
4.3.2. Frente a la solicitud probatoria reiterada por el accionante en escrito del 10
de febrero de 2026
El señor Rodríguez Aponte solicitó que, “previo a resolver la instancia se reconsidere la
decisión de negativa del medio de prueba solicitado al interponer la acción de amparo, a
partir de los hechos sobrevinientes enunciados -rechazo del recurso de insistencia-”.
Al respecto, la Sala advierte que, tal como se le indicó al accionante en el auto admisorio
del 5 de diciembre de 2025, la solicitud de pruebas dirigida a que se le ordene a la CNSC,
a la DIAN y a la Fundación Universitaria del Área Andina que remita copia de las
preguntas “con sus respuestas posibles y marcación de la respuesta anunciada como
correcta, con la motivación de la selección e indicación de la actuación administrativa que
antecedió el diseño de la pregunta y su respuesta, respecto a la Prueba de Competencias
Funcionales practicada” en el proceso de selección DIAN 2667 – Ascenso, está
relacionada con el fondo del asunto a decidir en esta sede constitucional, comoquiera
que lo que ahora el accionante solicita como prueba, fue lo solicitado en el derecho de
petición (reclamación) presentado ante las entidades accionadas. En ese sentido, la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre dicha solicitud probatoria, atendiendo a que en la
presente providencia se resolverá el asunto de fondo.
18 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 del 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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4.4 ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido procedimiento administrativo, a la igualdad, al trabajo y al
acceso al empleo público, al considerar que las entidades accionadas incurrieron en
omisiones y actuaciones irregulares frente a la respuesta otorgada a su derecho de
petición.
Asimismo, solicitó que, de manera previa a decidir de fondo, se ordenara la remisión de
diversos documentos, entre ellos el expediente del recurso de insistencia que interpuso,
así como las preguntas, respuestas, motivaciones y actuaciones administrativas
relacionadas con determinados ítems de la prueba de competencias funcionales
practicada dentro del Proceso de Selección DIAN 2667 – Ascenso.
Finalmente, solicitó que se ordenara una nueva calificación de dicha prueba para todos
los concursantes y, de manera subsidiaria, que se dispusiera el agotamiento del trámite
del recurso de insistencia.
De la lectura integral de las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, se advierte
que los reproches del señor Rodríguez Aponte radican en (i) la falta de información sobre
el trámite impartido al recurso de insistencia presentado el 12 de noviembre de 2025 en
contra de las respuestas otorgadas por la Fundación Universitaria del Área Andina en los
oficios del 17 y 31 de octubre de 2025; y (ii) en la respuesta negativa recibida en el oficio
del 19 de noviembre de 2025, frente a la solicitud presentada sobre la copia íntegra de
algunas preguntas y respuestas de las pruebas escritas practicadas en el precitado
proceso de selección.
En ese sentido, la Sala abordará cada uno de los mencionados reproches de forma
individual.
(i) Frente al primer reproche, esto es la falta de información frente al trámite impartido al
recurso de insistencia presentado en contra de las respuestas otorgadas por la Fundación
Universitaria del Área Andina en los oficios del 17 y 31 de octubre de 2025, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que, en el curso19
de la presente acción de tutela, la Comisión Nacional del Servicio Civil remitió dicho
recurso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que imparta el trámite
correspondiente, tal como se evidencia a continuación:
19 La presente acción de tutela fue radicada el 1 de diciembre de 2025, admitida el 5 de diciembre de 2025
y notificada el 10 del mismo mes y anualidad.
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Al efecto, se recuerda que, la acción de tutela fue establecida por la Constitución Política
de 1991 con la finalidad de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y
sumario, solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que
dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de
amparo pierda su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial”20.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura “cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío” (…)”21 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado o (iii) una
situación sobreviniente.
En cuanto al hecho superado, ha señalado que se presenta cuando:
[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)
[…]”22 .
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que:
20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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[…] la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser” […]”23.
En consecuencia, como la situación fáctica que dio lugar a la presentación de la solicitud
de amparo, relacionada con el trámite al recurso de insistencia presentado, ya fue
atendida por la autoridad judicial accionada en el trámite de la tutela, la Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.
(ii) Ahora, frente a la inconformidad del actor ante la negativa de acceso a determinada
información relacionada con la obtención de copia íntegra de algunas preguntas y
respuestas de las pruebas escritas practicadas en el proceso de selección DIAN 2667 –
Ascenso, otorgada por la Fundación Universitaria del Área Andina en comunicación del
19 de noviembre de 2025, y la pretensión dirigida a obtener dicha información a través
de esta acción de tutela, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por
incumplir el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha señalado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial,
ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
En el asunto bajo examen, el accionante solicitó ante las entidades accionadas, entre
otras cosas, “copia íntegra de la pregunta y respuesta que se confirma, motivación de la
selección e indicación de la actuación administrativa que antecedió el diseño de la
pregunta y su respuesta”, petición frente a la cual, la Fundación Universitaria del Área
Andina, mediante oficio identificado con el radicado DP-DIAN2667_CTO436_123 del 19
de noviembre de 2025, dio respuesta negativa alegando que “la expedición de copia
íntegra de los ítems por usted objetados, se constituye en una reproducción parcial de la
prueba escrita”, razón por la cual le indicaron que “su solicitud es improcedente toda vez
que la información por usted reclamada goza de reserva legal”.
En ese sentido, y comoquiera que la discrepancia del accionante está relacionada con el
contenido de dicha respuesta recibida, la Sala advierte que, cuando una autoridad niega
total o parcialmente el acceso a determinada información, o condiciona su entrega con
fundamento en restricciones de carácter legal, el legislador estableció un trámite judicial
especial para definir la legalidad de dicha negativa, esto es, el recurso de insistencia, el
cual se surte en única instancia ante el juez competente. En ese sentido, no corresponde
23 Ibidem.
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al juez de tutela sustituir ni anticipar la decisión que debe adoptarse en el marco de ese
procedimiento específico.
En ese orden, la acción de tutela no puede ser utilizada para desplazar, anticipar o
sustituir los mecanismos previstos por el ordenamiento para la resolución de este tipo de
controversias, pues ello implicaría desconocer el principio de subsidiariedad que gobierna
el amparo constitucional y alterar el diseño institucional establecido por el legislador.
Conforme lo anterior, el accionante podía presentar recurso de insistencia en contra de
la respuesta recibida mediante el oficio DP-DIAN2667_CTO436_123 del 19 de noviembre
de 2025, en el que le negaron la información solicitada por estar sujeta a reserva legal.
Si bien el accionante promovió un recurso de insistencia el 12 de noviembre de 2025, el
cual, en virtud de la presente acción de tutela fue trasladado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por parte de la CNSC, dicho recurso se presentó en contras de los oficios
del 17 y 31 de octubre de 2025, respuestas en las cuales, tal como lo señaló la
Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del
3 de febrero de 2026, “no se invocó reserva alguna respecto a lo solicitado”.
Por lo tanto, el señor Rodríguez Aponte no agotó, dentro del término dispuesto para ello,
el medio idóneo que tenía a su alcance en contra de la respuesta negativa recibida
mediante oficio del 19 de noviembre de 2025, en el que la entidad accionada sí alegó la
reserva legal de la documentación solicitada.
Así las cosas, esta autoridad concluye que la acción de tutela resulta improcedente frente
a las pretensiones formuladas por el señor Rodríguez Aponte, en tanto estas se dirigen,
materialmente, a controvertir la negativa de acceso a determinada información asociada
con las preguntas y respuestas obtenidas en las pruebas escritas realizadas en el marco
del proceso de selección de la DIAN en el que participó el accionante, asunto para el
cual, el señor Rodríguez Aponte contaba con un mecanismo judicial específico. En
consecuencia, el amparo constitucional no puede erigirse en una vía paralela ni
sustitutiva de dicho procedimiento, que el accionante no agotó en tiempo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO frente al reproche relacionado con la falta de información y trámite del
recurso de insistencia presentado por el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte el 12 de
noviembre de 2025 en contra de las respuestas recibidas el 17 y 31 de octubre de 2025
por la Fundación Universitaria del Área Andina, conforme las razones indicadas en
precedencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Javier Orlando Rodríguez Aponte, respecto de la negativa de acceso a determinada
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Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
información asociada con las preguntas y respuestas obtenidas en las pruebas escritas
realizadas en el marco del proceso de selección de la DIAN en el que participó el
accionante, otorgada por la Fundación Universitaria del Área Andina mediante oficio DP-
DIAN2667_CTO436_123 del 19 de noviembre de 2025, y la pretensión dirigida a obtener
dicha información a través de esta acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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