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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07647-01

Objeto por hecho superado

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07647-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito, conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07647-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: JAVIER ORLANDO RODRÍGUEZ APONTE
Accionado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / IMPUGNACIÓN / CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / ACCESO A INFORMACIÓN SUJETA A
RESERVA LEGAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el accionante Javier
Orlando Rodríguez Aponte contra la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado1.

I. ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. El accionante participa en el proceso de selección DIAN 2667, modalidad
ascenso, correspondiente a la OPEC 225576.

2. El 22 de septiembre de 2025, a través del aplicativo SIMO, el tutelante presentó
reclamación contra el resultado de las pruebas escritas. En el mismo escrito solicitó
copia íntegra de las preguntas, de sus respuestas y de la motivación de su
calificación.

3. La Fundación Universitaria del Área Andina respondió los días 17 y 31 de octubre
de 2025. En esas comunicaciones mantuvo la calificación obtenida y negó la
entrega de la información solicitada, sin invocar reserva legal.

4. El 12 de noviembre de 2025, el accionante interpuso recurso de insistencia contra
esas dos respuestas. El 19 de noviembre de 2025, mediante el oficio
DPDIAN2667_CTO436_123, la Fundación ratificó la negativa de acceso a la
información. En esa oportunidad fundó su decisión en la reserva legal que, a su
juicio, ampara el material de la prueba.2

1
Que ingresó a despacho para fallo el 16 de julio de 2026.
2
Índice 00044, ver página 2 del documento 74_MemorialWeb_Otro-DPDIAN2667_CTO436_J(.pdf)
NroActua 44 con certificado: 6AABB45176537888 08B66687BA5A9359 B38E194228727A28
B3CAA9B5F8715957

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

5. El accionante afirmó que no recibió información sobre el trámite impartido al
recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6. La Comisión Nacional del Servicio Civil remitió el recurso de insistencia al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa autoridad avocó su conocimiento y
lo rechazó mediante auto del 3 de febrero de 2026, al advertir que las respuestas
del 17 y del 31 de octubre de 2025 no ampararon lo solicitado bajo reserva legal.

Pretensiones

7. La parte accionante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Se me TUTELE el derecho fundamental al debido procedimiento
administrativo, igualdad, trabajo, acceso al empleo público en condiciones
dignas y justas, respecto de las actuaciones y/u omisiones en que pudiesen
haber incurrido la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - C.N.S.C. - FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA - U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, en relación con la omisión de respuesta a
mi petición.

SEGUNDO: Que de forma previa a decidir de fondo la presente acción, se
ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y/o a la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA remitir copia íntegra del
expediente asociado al recurso de insistencia presentado el 20 de noviembre
de 2025 (…).

TERCERO: Que de forma previa a decidir de fondo la presente acción, se
ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C.,
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, y U.A.E. DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN remitir copia íntegra de las
preguntas e/o ítems cuestionados (…), con sus respuestas posibles y
marcación de la respuesta anunciada como correcta, con la motivación de la
selección (…), respecto de la Prueba de Competencias Funcionales practicada
en relación con la OPEC: 225576 dentro del PROCESO DE SELECCIÓN DIAN
2667 – ASCENSO (…).

CUARTO: Que en consecuencia se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – C.N.S.C., FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA
ANDINA, y U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN que, por conducto de la dependencia competente, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la decisión, emitir nueva calificación
respecto del puntaje asignado en la Prueba de Competencias Funcionales a
todos los concursantes inscritos en la OPEC: 225576 dentro del PROCESO DE
SELECCIÓN DIAN 2667 – ASCENSO, variando como criterio o referencia de
calificación respecto de la respuesta correcta en los siguientes ítem (…).

QUINTO: De forma subsidiaria a las anteriores peticiones de amparo, solicito
que se ordenen al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y/o a
la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA que, por conducto de la
dependencia competente, en el término de cuarenta y ocho (48) horas

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

siguientes a la decisión, surta la actuación pertinente para efectos de agotar el
trámite del recurso de insistencia interpuesto en la oportunidad legal pertinente”.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El accionante señaló que participó en el proceso de selección DIAN 2667,
modalidad ascenso, en la OPEC 225576. Indicó que, luego de conocer los
resultados de la Prueba de Competencias Funcionales, presentó reclamación frente
a varios ítems que estimó incorrectamente calificados o indebidamente eliminados.
En el mismo escrito solicitó copia íntegra de las preguntas cuestionadas, de las
opciones de respuesta y de la motivación técnica utilizada para definir la hoja clave.

9. El actor expuso que la Fundación Universitaria del Área Andina respondió su
reclamación, mantuvo la calificación inicialmente obtenida y no entregó la
información solicitada. Posteriormente, mediante comunicación del 19 de noviembre
de 2025, negó expresamente el acceso a las preguntas y respuestas requeridas con
fundamento en la reserva legal que ampara las pruebas de concurso de méritos.

10. El accionante afirmó que interpuso recurso de insistencia para controvertir dicha
negativa y que, al momento de promover el amparo, desconocía el trámite impartido
a esa actuación y no tenía certeza sobre su remisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Trámite de primera instancia

11. Por auto de 5 de diciembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela promovida por Javier Orlando Rodríguez Aponte contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC), la Fundación Universitaria del Área Andina y la DIAN. Asimismo, vinculó a
los aspirantes inscritos en la OPEC 225576 del Proceso de Selección DIAN 2667 -
Ascenso y Negó una solicitud probatoria y requirió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca información relacionada con el recurso de insistencia presentado por
el actor.

12. Durante el trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que no
encontró registro del recurso de insistencia referido por el accionante. La DIAN
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva; la
Fundación Universitaria del Área Andina sostuvo que respondió las reclamaciones
y negó el acceso a la información solicitada por existir reserva legal sobre el material
de las pruebas; y la CNSC solicitó declarar improcedente la tutela, al considerar que
el accionante pretendía controvertir aspectos técnicos del concurso mediante un
mecanismo inadecuado.3

La sentencia de primera instancia

13. Mediante sentencia de 19 de febrero de 2026, la Sección Primera negó la
desvinculación de la DIAN, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del trámite del recurso de insistencia y declaró improcedente la tutela frente

3
SAMAI Índices 00010, 00011, 00013, 00014 y 00016 en proceso: 11001031500020250764700

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

a la negativa de acceso a la información relacionada con las pruebas del concurso,
por existir un mecanismo judicial específico para controvertir dicha decisión.4

14. El accionante presentó solicitud de adición de la sentencia, al considerar que no
se resolvió expresamente la pretensión relacionada con la recalificación de la
prueba de competencias funcionales. No obstante, mediante auto del 7 de mayo de
2026, la Sección Primera negó la solicitud al concluir que dicha pretensión no era
autónoma, sino una consecuencia de la petición de acceso a la información, cuya
improcedencia ya había sido resuelta en la sentencia.5

15. Posteriormente, el actor impugnó la sentencia y alegó la nulidad del trámite por
presunta pretermisión de instancia. Mediante auto de 3 de julio de 2026, la Sección
Primera negó la nulidad, al establecer que no se omitió ninguna etapa procesal ni
existió falta de pronunciamiento sobre las pretensiones planteadas. En la misma
providencia concedió la impugnación y ordenó remitir el expediente para el trámite
de segunda instancia.6

La impugnación

16. Contra la providencia precitada, el accionante Javier Orlando Rodríguez Aponte
interpuso impugnación y solicitó su nulidad7; sostuvo que la decisión omitió
pronunciarse de fondo sobre la pretensión encaminada a obtener revisión judicial
de la calificación de la Prueba de Competencias Funcionales y limitó indebidamente
el estudio del caso a la controversia relacionada con el acceso a la información de
preguntas y respuesta de la prueba presentada.

17. El accionante argumentó que la Sección Primera desconoció el principio de
informalidad que gobierna la acción de tutela, pues interpretó de manera restrictiva
las pretensiones y afirmó que pasó por alto la finalidad principal del amparo que
consistía en cuestionar la legalidad constitucional de la calificación obtenida en el
concurso de méritos.

18. El actor afirmó que la providencia incurrió en una omisión decisoria respecto de
la pretensión de nueva calificación de la prueba, circunstancia que, según expuso,
desconoció las reglas de congruencia de la sentencia y afectó su derecho de acceso
a la administración de justicia. Además, manifestó que la negativa a una prueba no
autorizaba al juez constitucional para abstenerse de resolver una pretensión
expresamente formulada.

19. El accionante cuestionó la negativa a decretar la prueba consistente en remitir
al expediente copia íntegra de los ítems cuestionados, las opciones de respuesta,
la hoja de clave y los soportes técnicos de la elaboración de la prueba.

4
SAMAI Índices 00024 en proceso: 11001031500020250764700
5
SAMAI Índices 00029 y 00032 en proceso: 11001031500020250764700
6
SAMAI Índices 00037, 00039, 00044 y 00045 en proceso: 11001031500020250764700
7
SAMAI índice 00037 en proceso: 11001031500020250764700

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico y metodología

21. Corresponde a la Sala resolver dos problemas jurídicos. El primero consiste en
determinar si procede confirmar la carencia actual de objeto por hecho superado
frente al reproche por el trámite del recurso de insistencia. El segundo radica en
establecer si el amparo satisface el requisito de subsidiariedad respecto de la
negativa de acceso a la información amparada por reserva legal y frente a las
pretensiones de nueva calificación y de anulación de preguntas.

22. Para resolver, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) el examen
de la legitimación en la causa; (ii) las reglas de la carencia actual de objeto por
hecho superado; (iii) el requisito de subsidiariedad y la procedencia excepcional de
la acción de tutela frente a los actos de trámite de los concursos de méritos; y (iv) el
estudio del caso concreto.

Legitimación en la causa

23. El accionante está legitimado por activa, pues es el titular de los derechos
invocados y participa como concursante en el proceso de selección DIAN 2667. La
Comisión Nacional del Servicio Civil, la Fundación Universitaria del Área Andina, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca están legitimados por pasiva, porque a ellos se atribuyen las
actuaciones y omisiones que originaron el amparo.

De la carencia de objeto por hecho superado

24. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
y, excepcionalmente, por los particulares, en los casos específicamente previstos
por la ley.

25. La Corte Constitucional ha establecido que, si durante el trámite de la acción de
tutela la situación que le da origen es superada y desaparecen los hechos que
vulneraban los derechos reclamados, la acción pierde su objeto y debe declararse
el hecho superado. Sobre el particular precisó:

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

«(…) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación
de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela (…)».8

26. En estos eventos, la orden que eventualmente podría impartir el juez
constitucional pierde toda utilidad práctica. Entonces, el objeto de la acción de tutela
se extingue porque la situación que motivó la solicitud de amparo fue satisfecha de
manera espontánea o por la actuación posterior de la autoridad accionada. Por
tanto, no resulta procedente emitir órdenes dirigidas a obtener una protección que
ya fue alcanzada en el curso del proceso constitucional9.

27. Esta regla resulta aplicable cuando el reproche recae sobre una omisión de
trámite o expedición de una decisión, esto es, ante la mora judicial. Si durante el
proceso constitucional la autoridad adelanta la actuación reclamada, desaparece la
omisión que motivó el amparo y cualquier orden dirigida a obtener ese trámite se
torna inocua. Bajo este entendimiento, el examen del juez de tutela debe centrarse
en verificar si la conducta cuya omisión se reprocha subsiste al momento de decidir
o si, por el contrario, desapareció durante el trámite del proceso10.

Del requisito de subsidiariedad

28. El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo judicial residual y subsidiario. En consecuencia, su procedencia exige
que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, o
que concurra la necesidad de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

29. De igual forma, el legislador estableció un procedimiento específico para
resolver las controversias derivadas de la negativa de acceso a documentos o
información que una autoridad considere amparada por reserva legal. Ese
mecanismo corresponde al recurso de insistencia previsto actualmente en el artículo
26 de la Ley 1437 de 2011, cuya finalidad consiste precisamente en que el juez
administrativo determine si la reserva invocada resulta procedente y si la
información solicitada debe o no entregarse al peticionario.

30. La existencia de ese mecanismo especializado desplaza, en principio, la
intervención del juez constitucional, salvo que se demuestre su falta de idoneidad o
eficacia en el caso concreto.

8
Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en
la sentencia T-047 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-057 del 26 de febrero de 2024. M.P.: Vladimir Fernández
Andrade.
10
Corte Constitucional, sentencia T-521 de 2005. En esa oportunidad la Corte declaró superada la
situación que originó el amparo, al comprobar que la autoridad accionada profirió la providencia que
se echaba de menos durante el trámite constitucional.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

31. En materia de concursos de méritos la jurisprudencia constitucional fijó reglas
específicas de procedencia. En la Sentencia SU-067 de 2022, la Sala Plena unificó
las subreglas aplicables a los actos administrativos dictados en esas actuaciones.
Precisó que la acción de tutela procede de manera excepcional cuando: i) no existe
un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental
invocado; ii) se configura un perjuicio irremediable; o iii) el asunto plantea un
problema constitucional que desborda el marco de competencias del juez
administrativo.11

32. Frente a los actos de trámite, esa misma providencia exigió que: i) la actuación
administrativa de la que hace parte el acto no haya concluido; ii) el acto defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y iii) el acto
ocasione la vulneración o la amenaza real de un derecho fundamental. La sentencia
T-008 de 2026 reiteró esas subreglas y precisó que el amparo procede frente al acto
que modifica, altera o suprime una etapa del concurso con efectos sobre la totalidad
de los concursantes.12

33. Esas reglas no desplazan el cauce propio del acceso a la información sujeta a
reserva legal. La controversia sobre la entrega de documentos amparados por
reserva se tramita mediante el recurso de insistencia y debe dirigirse contra el acto
que invoca esa reserva. Por esa razón, el examen de procedencia exige diferenciar
la solicitud de remisión de información de las pretensiones dirigidas a obtener una
nueva calificación o la anulación de preguntas.

Análisis del caso concreto
34. Sobre el hecho superado en la solicitud del recurso de insistencia: El primer
reproche recae sobre la falta de información y el trámite del recurso de insistencia
que el accionante interpuso el 12 de noviembre de 2025, cuya ausencia de
información del proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constituyó
el origen de su inconformidad.

35. La ausencia de trámite del recurso de insistencia desapareció durante el curso
de la acción, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil remitió el recurso al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca13, autoridad que lo avocó y lo resolvió
mediante auto de 3 de febrero de 202614. Como la pretensión quedó satisfecha,
cualquier orden del juez constitucional sobre este punto carecería de objeto. Por
tanto, la Sala confirmará la carencia actual de objeto por hecho superado declarado
por el juez de primera instancia.

36. Sobre la subsidiariedad de la acción de tutela: frente a la negativa fundada en
la reserva legal de acceso a la copia íntegra de las preguntas, de sus respuestas y
de la motivación técnica, el accionante disponía del recurso de insistencia contra el

11
Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
12
Corte Constitucional, sentencia T-008 del 30 de enero de 2026. M.P. Juan Carlos Cortés González.
13
SAMAI índice 00017 proceso 11001031500020250764700
14
SAMAI - 25000234100020250209100 - INDICE 00014 - Certificado: DAADCA1FDED25605
F024068E6D95E2F7 DC079EB4FB37E57C FB2B7E6F8E586513

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

oficio del 19 de noviembre de 2025, único acto que fundó la negativa en la reserva
legal; no obstante, no lo dirigió contra esa decisión, sino contra los oficios del 17 y
31 de octubre de 2025, que no invocaron reserva alguna. Por esa razón, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso mediante auto de 3 de febrero
de 2026, al advertir que aquellas respuestas no ampararon bajo reserva lo
solicitado.

37. De lo anterior se sigue que el accionante no agotó, dentro de la oportunidad
debida, el mecanismo idóneo previsto contra la negativa por reserva legal. Además,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la reserva invocada en el oficio del 19 de noviembre de 2025.
Ese mecanismo debe agotarse antes de acudir al juez constitucional, de modo que
el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad.

38. Las pretensiones del amparo comprenden dos grupos distintos. El primero se
dirige a obtener la remisión de las preguntas, de las opciones de respuesta y de la
hoja clave. Al respecto, la Sala advierte que la controversia cuenta con un cauce
propio, que es el recurso de insistencia contra el oficio del 19 de noviembre de 2025,
único acto que fundó la negativa en la reserva legal y que no se ha utilizado.

39. El segundo persigue que se ordene una nueva calificación de la Prueba de
Competencias Funcionales para todos los concursantes y, de manera subsidiaria,
que se disponga el agotamiento del trámite del recurso de insistencia. En este
aspecto, la Subsección reitera que el precedente sobre la idoneidad excepcional de
la tutela ante los actos de trámite del concurso15 refuerza la conclusión de
improcedencia del amparo. Ese precedente regula el control de los actos que
definen una situación sustancial con efectos sobre la totalidad de los concursantes,
mientras que la pretensión de nueva calificación se apoya en la información cuya
entrega aún se debate por la vía especial.

40. Aun con independencia de lo anterior, la pretensión dirigida a obtener una nueva
calificación tampoco habilita, por sí misma, la intervención del juez de tutela. En
efecto, acceder a ella exigiría determinar la corrección técnica de los ítems
cuestionados, establecer cuáles respuestas debían tenerse como válidas y, a partir
de ello, modificar el puntaje asignado no solo al accionante, sino también a los
demás aspirantes inscritos en la OPEC 225576, con efectos que excederían su
situación jurídica individual. Si bien, de conformidad con la Sentencia SU-067 de
2022, la acción de tutela puede proceder excepcionalmente frente a actuaciones
adoptadas durante el desarrollo de un concurso de méritos cuando no exista un
medio judicial idóneo, se configure un perjuicio irremediable o el asunto plantee un
problema constitucional que desborde las competencias del juez administrativo,
tales circunstancias no se acreditaron en este caso. En particular, como fue
reiterado en la Sentencia T-008 de 2026, la procedencia excepcional frente a actos
de trámite exige que la actuación defina una situación especial y sustancial con

15
Corte Constitucional. Sentencia T-008 del 30 de enero de 2026. M.P.: Juan Carlos Cortés
González.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

incidencia en la decisión final y produzca una amenaza o vulneración cierta de
derechos fundamentales. En este asunto, por el contrario, los reparos del actor se
concentran en controvertir la corrección técnica y jurídica de determinados ítems,
las respuestas fijadas en la hoja clave y la decisión de eliminar algunas preguntas,
sin demostrar la existencia de un perjuicio irremediable ni de un problema
constitucional autónomo que justifique que el juez de tutela sustituya a las
autoridades responsables del concurso en la valoración y calificación de la prueba.

41. Por su parte, la pretensión subsidiaria, dirigida a que se surta el trámite del
recurso de insistencia, quedó satisfecha con el auto del 3 de febrero de 2026, según
se expuso al examinar el hecho superado.

42. Finalmente, el actor solicitó en la impugnación la revocatoria del auto que
resolvió la adición de la sentencia de tutela. Esa petición no está llamada a
prosperar. La impugnación procede contra la sentencia de tutela, en los términos
del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, y no contra el auto que resuelve una
solicitud de adición. Esa decisión corresponde al juez que profirió la providencia y
contra ella no procede recurso alguno.16 Por lo expuesto, la Sala confirmará la
improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

II. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito,
conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

16
Código General del Proceso, artículos 285 y 287, aplicables al trámite de tutela por la remisión
prevista en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015. Sobre la improcedencia de recursos
contra la providencia que resuelve estas solicitudes, ver Corte Constitucional, Auto 025 de 2014,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07647-01
Accionante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

10

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