Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07651-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07651-00
Accionante: Ingred María Montero Salgado
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Tema: Derechos: debido proceso y petición. Presunta mora judicial por
no resolver solicitudes de corrección de sentencia y sucesión
procesal. NIEGA AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ingred María Montero
Salgado, en nombre propio, en contra del Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo, del Tribunal Administrativo de Sucre y de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR).
ANTECEDENTES
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y
de petición, que considera vulnerados por las autoridades accionadas.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Expresa que su mamá, la señora Gloria Isabel Salgado de Montero, quien falleció
el 27 de agosto de 2013, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Oficio GRUSO-UNPEN E0611-186554 del 14 de diciembre
de 2006, que le negó la reliquidación de la sustitución de la asignación de retiro.
Que le correspondió al Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo con
radicado 2007-00055-00, quien dictó sentencia de primera instancia el 30 de junio
de 2010 y el Tribunal Administrativo de Sucre el 29 de noviembre de 2012.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07651-00
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• Archivo Central.
Afirma que:
«el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE ordeno (sic) un reajuste
desde el año 1997 hasta el año 2004 de la mesada devengada por mi
finada madre GLORIA ISABEL SALGADO DE MONTERO y a
continuación para efectos del pago de las diferencias resultantes de esa
nueva instrucción sustraer del mismo las diferencias causadas en
relación con las mesadas anteriores a la fecha del 14 de noviembre del
2002, la prescripción que se declara solo se refiere al pago de las
diferencias resultantes del reajuste correspondiente a mesadas
anteriores al 14 de noviembre del 2002; no se ha dado cumplimiento por
parte de la entidad demandada».
Que radicó solicitud de corrección de la sentencia en el sentido de indicar que la
entidad demandada es la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional y no la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), el Juzgado en auto del
4 de agosto de 2015 «considero (sic) que carece de competencia para conocer de
la solicitud de corrección gramatical de la sentencia presentada por el apoderado de
la parte actora».
Alega que a la fecha de interposición de la acción de tutela las autoridades judiciales
y la entidad demandada no han dado cumplimiento a la sentencia y «tampoco he
sido notificada de la existencia de la sucesión procesal por la muerte de mi madre».
PRETENSIONES
La accionante pide que se amparen los derechos invocados, «realizar el respectivo
control de legalidad respecto al proceso 2007-00055-00» y, en consecuencia,
ordenar: 1) a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dar cumplimiento
a las sentencias proferidas dentro del proceso 2007-00055-00 y «a las entidades
accionadas liquidar los valores que le correspondan a mi finada madre de 1997 al
2004 debidamente indexados».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 4 de diciembre de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a las
autoridades accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento
de que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que alude el actor fue
contra la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional y no de esa entidad.
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El Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y -elArchivo Central.
Tribunal
Administrativo de Sucre, fueron debidamente notificados de la acción de tutela;
sin embargo, guardaron silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III)
análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Mora judicial
Ha establecido la Corte que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre como consecuencia de las
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios que tienen a su cargo la solución de los procesos.
De igual forma, ha considerado que hay mora en los siguientes casos:
«(…) Si el incumplimiento del término procesal “(i) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”
(…)
Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el
incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al
conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia
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• Archivo Central.
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii)
se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley (…)».1
Frente a la mora judicial ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al
sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir
el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables
de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; o
(iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma
definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está
ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser
subsanados2.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Ingred María Montero Salgado considera que el Juzgado 1º
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, el Tribunal Administrativo de Sucre y
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le transgreden sus derechos
fundamentales al debido proceso y de petición, por no corregir la parte demandada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-
001-2007-00055-00 y tampoco resolver sobre la sucesión procesal.
La Sala evidencia que la transgresión de derechos que se alega es por una supuesta
mora judicial dentro del proceso citado, debido a la no resolución de una solicitud
de corrección de sentencia y porque afirma la actora que no se le ha notificado una
sucesión procesal por la muerte de su madre; sin embargo, la accionante no aportó
constancia de radicación, ni el contenido de esas solicitudes.
Tampoco en la página de SAMAI existe prueba de ello, pues las últimas actuaciones
que aparecen en el proceso ante el Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo son, constancia de ejecutoria y una petición de copias de las siguientes
piezas procesales:
«[…] 1. Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de junio de 2010,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo.
2. Sentencia de Segunda Instancia de fecha 29 de noviembre de 2012,
emanada por el Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, con
1 Corte Constitucional. Sentencia SU 179 de 2021
2 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018
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constancia de ejecutoria. - Archivo Central.
3. Auto de fecha 19 de mayo del 2021, con constancia de ejecutoria.
4. Auto de fecha 5 de agosto de 2022, con constancia de ejecutoria.
5. Fotocopia autenticada del poder con certificación que se encuentra
vigente y no ha sido revocado. Así mismo, pido que certifiquen que es
primera copia que se expiden, que están en firme y prestan merito
ejecutivo».
Téngase en cuenta que la Corte Constitucional en la Sentencia T 702 de 2000
estableció que el juez constitucional no puede conceder una tutela si en el proceso
no existe prueba siquiera sumaria que acredite la presunta violación de un derecho
fundamental. En providencia T 131 de 2017 la Corte se pronunció sobre el principio
«onus probandi incumbit actori» según el cual la carga de la prueba en tutela le
incumbe a quien pretenda el amparo de un derecho fundamental.
No obstante, la Corte también manifestó que existen situaciones excepcionales en
las cuales se invierte dicha carga, dadas las circunstancias especiales de
indefensión en las que se encuentra el peticionario3.
Así las cosas, no es posible realizar un estudio de la presunta violación de derechos
a la accionante por parte del Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
y del Tribunal Administrativo de Sucre, por mora judicial; debido a que la parte actora
no aportó documento alguno que permita realizar dicho análisis y tampoco las
autoridades judiciales accionadas rindieron informe sobre el asunto.
Por otro lado, la Sala observa que le asiste razón a CASUR al proponer la falta de
legitimación en la causa por pasiva y ni siquiera tiene interés en el asunto, pues la
parte demandada en ese medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
fue la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional.
En consecuencia, se declarará 1) la falta de legitimación en la causa por pasiva de
CASUR y 2) Se negará la tutela en relación con las demás autoridades accionadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía- CASUR.
3 Corte Constitucional, sentencia T 571 de 2015
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07651-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Segundo: NEGAR la tutela interpuesta por Ingred María Montero Salgado en contra
del Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y del Tribunal
Administrativo de Sucre, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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