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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01102-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01102-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo de la referencia, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01102-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01102-00
Demandante: INGRED MARÍA MONTERO SALGADO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA
DE DECISIÓN Y OTROS

Temas: Temeridad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ingred María Montero Salgado, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo
y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y a la
seguridad social.

Lo anterior, con ocasión de la omisión en la resolución de la solicitud de corrección
de sentencia elevada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
de derecho identificado con radicado 7000133-33-001-2007-00055-00/01, así como
la falta de notificación de sucesión procesal y de cumplimiento, por parte de las
demás autoridades a la orden judicial proferida en dicho asunto por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 29 de noviembre de 2012.

1.2. Pretensiones

Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

1 El mecanismo constitucional fue presentado el 13 de febrero de 2026 con secuencia: 1712.

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Demandante: Ingred María Montero Salgado
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre
Sala Tercera de Decisión y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01102-00

1) […] se ordene al tribunal administrativo de sucre, juzgado primero administrativo
oral del circuito de Sincelejo realizar el respectivo control de legalidad respecto al
proceso 2007-00055-00.

2) para que se ordene a la Nación – Mindefesa - policía nacional dar cumplimiento a
las sentencias proferidas dentro del proceso 2007-00055-00.

3) para que se ordene a las entidades accionadas liquidar los valores que le
correspondan a mi finada madre de 1997 al 2004 debidamente indexados.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Gloria Isabel Salgado de Montero, actuando en calidad de sustituta de la
asignación de retiro que le fue reconocida al señor Enrique Rafael Montero
Guerrero, AG ® (F)3, instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, a efectos de que se declarara la nulidad del Oficio No. 20785
GRUSO-UNPEN E0611-186554 del 14 noviembre de 2006, por medio del cual, se
negó el reajuste de su asignación de retiro, en la proporción correspondiente a la
diferencia existente entre lo pagado por la referida entidad y la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor (en adelante, IPC), para los años 1997 hasta
el 2006.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo que, mediante sentencia del 30 de junio de 2010, accedió de
manera parcial a las pretensiones y como consecuencia ordenó:

1º. - Declarar la nulidad del Oficio No. 20785 GRUSO-UNPEN E0611-186554 del 14
de noviembre de 2006, expedido por el Jefe del Grupo de Pensionados de la
Secretaría General de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reajuste de la
sustitución de la asignación de retiro a la señora Gloria Isabel Salgado de Montero,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.171.274.

2º.- A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, a reconocer y pagar a la señora Gloria Isabel Salgado
de Montero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33'171.274, la diferencia en
el reajuste anual de su asignación de retiro, teniendo en cuenta el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, a partir del 14 de noviembre de 2002, y hasta el reajuste” pensional
dispuesto por el decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.

Como fundamento, manifestó que, de acuerdo con las disposiciones previstas en el
ordenamiento jurídico, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los miembros
de la Policía Nacional que disfruten de una asignación de retiro tienen derecho a
que se les reajuste de acuerdo con el incremento anual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, de la misma manera como lo establece el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Ello, hasta la entrada en vigencia del Decreto

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 Agente retirado

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4433 del 31 de diciembre de 2004, fecha a partir de la cual se volvió a establecer la
aplicación del sistema de oscilación a la prestación social pretendida.

Por lo anterior, declaró la nulidad del acto administrativo aludido, y ordenó a la
entidad demandada a reconocer y pagar en favor de la actora la diferencia en el
reajuste anual de su asignación de retiro, conforme a lo previsto en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993; desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 30 de diciembre de
2004, declarando prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 14 de
noviembre de 2002.

Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Tercera de Decisión, modificó los numerales 2º y 4º del fallo aludido,
estableciendo en su parte resolutiva lo siguiente:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la Sentencia de junio 30 del 2010,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el sentido
de precisar que el reajuste reconocido al demandante deberá aplicarse desde el año
1997, hasta el año 2004, y a continuación, para efectos del pago de las diferencias
resultantes de esa nueva instrucción, sustraer del mismo las diferencias causadas en
relación con las mesadas anteriores a la fecha del 14 de noviembre de 2002.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la Sentencia de 30 de junio de al 2010,
en el sentido de que la prescripción que se declara, sólo se refiere pago de las
diferencias resultantes del reajuste, correspondiente a mesadas anteriores al 14 de
noviembre de 2002.

Ello, al considerar que, si bien el a quo ordenó el reajuste de la asignación de retiro
conforme al IPC certificado por el DANE, a partir del 14 de noviembre de 2002; lo
procedente era efectuar el reconocimiento desde el año 1997, toda vez que el
derecho al reajuste de las mesadas pensionales no prescribe.

La citada providencia fue notificada a las partes mediante edicto fijado el 14 de
diciembre de 2012, desfijado el 19 del mismo mes y año.

Con posterioridad, el apoderado judicial de la parte actora allegó solicitud de
corrección de la sentencia de primera instancia, al considerar que el trámite judicial,
comprendiendo la demanda, su admisión y la contestación, se surtió frente a la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y no contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Dicha solicitud fue resuelta por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Sincelejo mediante proveído del 4 de agosto de 2015, en el que
consideró que dicha autoridad carecía de competencia para resolver lo peticionado,
por cuanto el proceso ya había concluido con la sentencia de segunda instancia en
la que se confirmó con algunas modificaciones, la de primera.

Por lo expuesto, el expediente fue remitido nuevamente a su superior jerárquico
que, mediante autos del 18 de agosto de 2016, 23 de marzo de 2018 y 19 de
diciembre de 2019, resolvió de manera negativa la solicitud de corrección elevada

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por considerar que los argumentos expuestos no se edificaban en ninguno de los
supuestos contemplados en el artículo 286 de Código General del Proceso.

Contra la providencia del 23 de marzo de 2018 la parte actora formuló recurso de
reposición, el cual fue rechazado mediante auto del 19 de mayo de 2021, en el que
se ordenó remitir la solicitud al Juzgado de primera instancia para que, en su calidad
de autoridad competente, resolviera la corrección pretendida.

Finalmente, mediante proveído del 5 de agosto de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo corrigió la parte resolutiva de la sentencia
del 30 de junio de 2010, precisando que la entidad condenada en el medio de control
controvertido era la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Decisión que
fue notificada por estado electrónico el 8 de agosto de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Revisado el acápite correspondiente, se evidencia que la parte actora no determina
de manera precisa los fundamentos de la vulneración que le son atribuibles a las
autoridades accionadas, sin embargo, se evidencia que sus inconformidades giran
en torno a la presunta mora en la que incurrieron las autoridades judiciales
accionadas, por no haber resuelto la solicitud de corrección del fallo proferido el 30
de junio de 2010 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo, no haberse dado cumplimiento a la orden impartida en la sentencia de
segunda instancia; y la ausencia de notificación de la sucesión procesal por el
fallecimiento de la señora Gloria Isabel Salgado de Montero.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 20 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados
Eduardo Javier Torralvo Negrete, Silvia Rosa Escudero Barbosa y Tulia Isabel
Jarava Cárdenas del Tribunal Administrativo de Sucre4, así como al Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo5 y la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional6, en calidad de accionados.

Así mismo, vinculó como tercero con interés jurídico legítimo, a la Caja de Sueldo
de Retiro de la Policía Nacional7 [extremo pasivo del proceso contencioso]

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

4 Notificación efectuada al correo: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

des01tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co des03tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
des04tadmsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 Notificación efectuada al correo: adm01sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 Notificación efectuada al correo: segen.consejo@policia.gov.co
7 Notificación efectuada al correo: judiciales@casur.gov.co radicacion@casur.gov.co

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1.6.1. Policía Nacional

Mediante documento recibido el 26 de febrero de 2026, manifestó que dicha
autoridad no cuenta con la facultad para atender lo pretendido por la parte actora,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la vulneración
alegada por la tutelante recae en las autoridades judiciales que conocieron del
proceso contencioso administrativo en ambas instancias.

Aunado a lo anterior, precisó que dicha entidad no tiene la facultad para corregir la
sentencia aducida, por cuanto tal función le es atribuible al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión, autoridades judiciales que no se encuentran dentro de la
estructura orgánica de la Institución policial, circunstancias por la cual solicitó que
se declare su falta de legitimación de la presente acción.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión

Allegó escrito en el que realizó un recuento general de las actuaciones surtidas al
interior del medio de control objeto de controversia, para concluir que las mismas
se encuentran ajustadas a derecho, y que por tal razón no se videncia vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Ello, al considerar que la competencia de la citada autoridad se agotó con la
sentencia del 29 de noviembre de 2012, que modificó parcialmente y confirmó en lo
demás la decisión apelada; así como con el auto que resolvió la reposición
presentada contra la providencia del 23 de marzo de 2018.

Lo que significa que, una vez cumplidas tales actuaciones, dicha corporación ya no
tenía atribución para revisar, corregir o complementar la sentencia de primera
instancia, razón por la cual dispuso que fuera el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Sincelejo, como autor de la decisión del 30 de junio de 2010, quien
estudiara la corrección solicitada.

En relación con la afirmación de que la entidad demandada al interior del proceso
ordinario no ha dado cumplimiento al aludido fallo, precisó que tal circunstancia no
le es imputable; máxime cuando no obra constancia de que la parte accionante haya
requerido formalmente a la entidad el cumplimiento del fallo, ni de que haya
promovido demanda ejecutiva ante el juez de primera instancia

Situación que de igual forma ocurre respecto a la falta de notificación de la sucesión
procesal por el fallecimiento de la señora Gloria Isabel Salgado de Montero, ya que
el referido asunto no ha sido sometido a su consideración, ni mediante petición
formal ni mediante trámite incidental, por lo que solicitó que, se denieguen las
pretensiones del amparo.

1.6.3. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo

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Mediante documento del 27 de febrero de 2026, remitió copia íntegra del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7000133-33-001-
2007-00055-00/01, sin pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la
presente acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración a los derechos
fundamentales de la accionante.

1.6.4. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Manifestó que, analizando el escrito tutelar se evidencia que dicha entidad carece
de legitimación en la causa por pasiva para soportar lo pretendido por la tutelante,
toda vez que, las presuntas vulneraciones son ajenas a su accionar y se encuentran
dirigidas de manera directa al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo y al Tribunal Administrativo De Sucre.

De otro lado, manifestó que en el presente asunto se evidencia un actuar temerario
por parte de la señora Ingred María Montero Salgado, por cuanto en días pasados
presentó una acción de tutela contra las mismas autoridades que fungen como
accionadas al interior del presente trámite, con fundamento en los mismos hechos;
y que correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-07651-00, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Conforme a lo expuesto, solicitó que se decrete la temeridad al observase que en
el presente asunto se configuran los presupuestos para tal fin, y se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión.

2.2. Cuestión previa

La Nación, Policía Nacional, y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
manifestaron que carecen de legitimación para soportar las pretensiones invocadas
por la parte actora, al no tener injerencia alguna en la vulneración de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca.

Sin embargo, la Sala no accederá a tales solicitudes, comoquiera que su vinculación
al proceso obedeció a que conformaron el extremo pasivo de la litis al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora

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Gloria Isabel Salgado de Montero, por lo que les asiste interés en las resultas de
este mecanismo.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala verificar en primer lugar, si la señora Ingred María Montero
Salgado actuó de manera temeraria en atención a que con anterioridad promovió
otra acción de tutela con identidad fáctica a la que se debate en el presente
asunto, y en la que también consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de petición y a la seguridad social.

De no encontrarse configurada la mencionada figura, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas, incurrieron en mora judicial injustificada por no haber resuelto
la solicitud de corrección de la sentencia dictada el 30 de junio de 2010 por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 7000133-
33-001-2007-00055-00/01.

De igual forma, se determinaría si ante la ausencia de notificación de la sucesión
procesal por el fallecimiento de la señora Gloria Isabel Salgado de Montero, el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante.

Por último, se analizará si al no haberse dado cumplimiento por parte de la Policía
Nacional a la orden impartida en la sentencia de segunda instancia proferida al
interior del proceso ordinario aludido, se trasgredieron las garantías constitucionales
que se aducen desconocidas.

2.4. Sobre la temeridad

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que existe temeridad cuando «sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura entonces, cuando
concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad en la causa
petendi; (iii) identidad de objeto, y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción8.

La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de
la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. La Corte

8 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.

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Constitucional, ha señalado que cuando se obra temerariamente se vulnera este
principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura
deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción constitucional y como la
buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia
mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos
y de los derechos en que éstas se fundan9. En el evento en que se demuestre esa
identidad se debe rechazar la solicitud de amparo. Al respecto, indicó:

La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida
para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia
que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda
y del acervo probatorio que repose en el proceso10.

Esta Corporación señaló al respecto11: «De conformidad con el artículo transcrito,
se tiene que la acción temeraria se configura por la presentación simultánea o
sucesiva de acciones de tutela, sin que exista un motivo razonable y válido. Este
ejercicio arbitrario e injustificado de la acción de tutela materializa la actuación
temeraria, al desconocerse el fin para el cual fue creado dicho instrumento»12.

2.5. Caso concreto

La señora Ingred María Montero Salgado, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la seguridad social, al considerar
que los mismos fueron conculcados por las autoridades accionadas, toda vez que,
a la fecha no ha sido resuelta la solicitud de corrección del fallo proferido el 30 de
junio de 2010 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho
con radicado 7000133-33-001-2007-00055-00/01, como tampoco se ha dado
cumplimiento a la orden impartida en la sentencia de segunda instancia de la
referida causa; ni le ha sido notificada la sucesión procesal por el fallecimiento de la
señora Gloria Isabel Salgado de Montero, quien en vida fuera su madre.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2020.
10 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 y T-145 de

1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003, entre otras.
11 Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Radicado: 11001-03-15-000-

2012-01318-00 (AC).
12Esta Sección se ha manifestado sobre el particular, en sentencia de 30 de mayo de 2014, C.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 25000-23-42-000-2014-00675-01 (AT).
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Demandante: Ingred María Montero Salgado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01102-00

Con ocasión de la notificación efectuada por la Secretaría General de esta
Corporación, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional rindió informe en
el que indicó que, analizando el escrito tutelar se evidencia un actuar temerario por
parte de la señora Ingred María Montero Salgado, por cuanto en días pasados
presentó una acción de tutela contra las mismas autoridades que fungen como
accionadas al interior del presente asunto, con fundamento en los mismos hechos;
y que correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-07651-00, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Por consiguiente, corresponde a esta Sala decidir si en el referido mecanismo se
presenta la (i) identidad de partes, (ii) identidad en la causa petendi, e (iii) identidad
de objeto.

De confluir los tres elementos se analizará si existe alguna justificación para
interponer la presente acción o si por el contrario se presentó de forma temeraria,
por lo que se pasa a estudiar cada uno de los aspectos enunciados:

Radicado Tutela con radicación Tutela con radicación ¿Cumple
identidad?
11001-03-15-000-2025-07651-00 11001-03-15-000-2026-01102-00

Accionados TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Si
DE SUCRE, JUZGADO DE SUCRE,
PRIMERO ADMINISTRATIVO JUZGADO PRIMERO
ORAL DEL CIRCUITO DE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
SINCELEJO y la CAJA DE CIRCUITO DE SINCELEJO y la
SUELDOS DE RETIRO DE LA NACION-MINDEFENSA-POLICIA
POLICIA NACIONAL NACIONAL.

Derechos Debido proceso y petición Debido proceso y petición Si
vulnerados

1) mi finada madre GLORIA 1) mi finada madre GLORIA Si
ISABEL SALGADO DE ISABEL SALGADO DE
MONTERO (quien falleció el 27 MONTERO (quien falleció el 27 de
de agosto del 2013) presento un
agosto del 2013) presento un medio de control de nulidad y
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
restablecimiento del derecho. contra el oficio GRUSO-UNPEN
contra el oficio GRUSO-UNPEN E0611-186554 de fecha 14 de
E0611-186554 de fecha 14 de diciembre del 2006 que
diciembre del 2006 que negó la reliquidación de la
negó la reliquidación de la sustitución de la asignación de
Situación
sustitución de la asignación de retiro la cual correspondió al
fáctica retiro la cual correspondió al juzgado primero administrativo
juzgado primero administrativo oral del circuito de Sincelejo bajo
oral del circuito de Sincelejo bajo el radicado: 2007-00055-00
el radicado: 2007-00055-00 quien dicto sentencia de primera
quien dicto sentencia de primera instancia de fecha 30 de junio del
instancia de fecha 30 de junio del 2010 y de segunda
2010 y de segunda instancia la profirió el TRIBUNAL
instancia la profirió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE el
ADMINISTRATIVO DE SUCRE el 29 de noviembre del
29 de noviembre del 2012.
2012.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre
Sala Tercera de Decisión y otros
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2) se solicitó una corrección de 2) se solicitó una corrección de
sentencia en el sentido de indicar sentencia en el sentido de indicar
que la entidad que la entidad
demandada dentro de este demandada dentro de este asunto
asunto es la nación-ministerio es la nación-ministerio defensa
defensa nacional-policía nacional nacional-policía nacional
y no la caja de sueldos de retiro y no la caja de sueldos de retiro de
de la policía nacional y el A quo la policía nacional y el A quo
mediante auto de fecha 4 mediante auto de fecha 4
de agosto de 2015 considero que de agosto de 2015 considero que
carece de competencia para carece de competencia para
conocer de la solicitud de conocer de la solicitud de
corrección gramatical de la corrección gramatical de la
sentencia presentada por el sentencia presentada por el
apoderado de la parte actora. apoderado de la parte actora.
3) a pesar de que el TRIBUNAL 3) a pesar de que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE ADMINISTRATIVO DE SUCRE
ordeno un reajuste ordeno un reajuste
desde el año 1997 hasta el año desde el año 1997 hasta el año
2004 de la mesada devengada 2004 de la mesada devengada por
por mi finada madre mi finada madre
GLORIA ISABEL SALGADO DE GLORIA ISABEL SALGADO DE
MONTERO y a continuación para MONTERO y a continuación para
efectos del pago de las efectos del pago de las
diferencias resultantes de esa diferencias resultantes de esa
nueva instrucción sustraer del nueva instrucción sustraer del
mismo las diferencias mismo las diferencias
causadas en relación con las causadas en relación con las
mesadas anteriores a la fecha del mesadas anteriores a la fecha del
14 de noviembre del 2002, 14 de noviembre del 2002,
la prescripción que se declara la prescripción que se declara solo
solo se refiere al pago de las se refiere al pago de las
diferencias resultantes del diferencias resultantes del
reajuste correspondiente a reajuste correspondiente a
mesadas anteriores al 14 de mesadas anteriores al 14 de
noviembre del 2002; no se ha noviembre del 2002; no se ha
dado dado
cumplimiento por parte de la cumplimiento por parte de la
entidad demandada. entidad demandada.
4) presento esta acción 4) presento esta acción
constitucional porque a la fecha constitucional porque a la fecha
actual no se ha solucionado actual no se ha solucionado
nada por parte de las autoridades nada por parte de las autoridades
judiciales y la entidad demandada judiciales y la entidad demandada
quien no ha dado quien no ha dado
cumplimiento a la sentencia, cumplimiento a la sentencia,
tampoco he sido notificada de la tampoco he sido notificada de la
existencia de la sucesión. existencia de la sucesión.
procesal por la muerte de mi procesal por la muerte de mi
madre. madre.

1) para que se tutele mi derecho 1) para que se tutele mi derecho al
al debido proceso y petición, en debido proceso y petición, en Si
consecuencia, se consecuencia, se
ordene al tribunal administrativo ordene al tribunal administrativo
de sucre, juzgado primero de sucre, juzgado primero
administrativo oral del circuito de administrativo oral del circuito de
Sincelejo realizar el respectivo Sincelejo realizar el respectivo
control de legalidad respecto al control de legalidad respecto al
proceso 2007-00055-00 proceso 2007-00055-00
2) para que se ordene a la caja de 2) para que se ordene a la Nacion-
sueldos de retiro de la policía Mindefesa- policía nacional dar
nacional dar cumplimiento a las
sentencias proferidas dentro del
proceso 2007-00055-00
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Pretensiones cumplimiento a las sentencias 3) para que se ordene a las
proferidas dentro del proceso entidades accionadas liquidar los
2007-00055-00 valores que le
3) para que se ordene a las correspondan a mi finada madre
entidades accionadas liquidar los de 1997 al 2004 debidamente
valores que le indexados.
correspondan a mi finada madre
de 1997 al 2004 debidamente
indexados.

De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las acciones de tutela se
interpusieron con el mismo objeto, esto es, (i) cuestionar la presunta mora judicial
en la que incurrieron las autoridades judiciales accionadas, por no haber resuelto la
solicitud de corrección elevada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho al que se ha hecho referencia, (ii) la falta de
cumplimiento a la orden judicial impartida en la sentencia de segunda instancia
dictada al interior de dicho trámite, y (iii) la ausencia de notificación de la sucesión
procesal por el fallecimiento de la señora Gloria Isabel Salgado de Montero.

Conforme a lo analizado, se observa que la accionante pretende con la acción
constitucional, reabrir la discusión planteada de manera previa y que fue resuelta
por el juez constitucional de conocimiento mediante sentencia del 15 de enero de
2026, en la que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados por no haberse demostrado
su trasgresión; circunstancia que denota que la señora Montero Salgado incurrió en
una actuación temeraria al presentar una acción de tutela con identidad de partes,
causa y objeto, y sin justificación alguna.

Lo precisado adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la providencia
del 15 de enero a la que se ha hecho referencia no fue impugnada por la accionante,
pese a que la decisión adoptada le resultó desfavorable.

Acorde con lo analizado, y si bien la Corte Constitucional ha establecido la
posibilidad de interponer varias acciones de tutela, lo cierto es que, dicha situación
no se puede alegar como un hecho nuevo, por cuanto deben presentarse supuestos
fácticos posteriores a la decisión tomada por el juez constitucional que no hayan
sido conocidos y debatidos en el proceso, y que tengan incidencia en la decisión
reprochada. Se reitera que esta situación no se presenta en el caso concreto, por
cuanto, la tutelante expone nuevamente los fundamentos de hecho y de derecho
que de manera previa fueron resueltos por el juez constitucional conforme al análisis
efectuado en la providencia correspondiente, además de haberse formulado las
mismas pretensiones.

Asimismo, se avizora que la accionante ejerce de forma ilimitada y desbordada el
uso de este mecanismo constitucional, a fin de pretender una decisión acorde a sus
intereses, siendo ésta, una conducta reiterativa e incoherente, lo que demuestra la
temeridad y la mala fe.

En ese sentido, se le recuerda a la señora Ingred María Montero Salgado que no es
posible tramitar y resolver sucesivas e indefinidas acciones de tutela con identidad
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de partes, supuestos fácticos y objeto, ya que ello significa un abuso del derecho y
afecta el buen funcionamiento de la administración de justicia, razón por la cual, en
el sub judice se declarará configurada la temeridad, con fundamento en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la
Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a
las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo
de la referencia, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva Voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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