Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07661-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
12 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07661-00
Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07661-00
Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial – incidente de desacato de tutela
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Álvaro Gabriel Ahumada
Cárdenas, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, el Juzgado
Sexto Administrativo de Cartagena y el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
1. Que se declare la vulneración de mis derechos fundamentales por parte del Juzgado
Sexto Administrativo de Cartagena, al negarse a abrir el incidente de desacato, pese a
la existencia de una resolución viciada.
2. Que se ordene la apertura inmediata del incidente de desacato contra Colpensiones,
garantizando mi participación activa, notificación personal y oportunidad probatoria por
encontrarse vigente y sin fallo ejecutoriado.
3. Que se declare la ilegitimidad del uso de la Resolución SUB-98151 como prueba de
cumplimiento, por haber sido emitida sin mi conocimiento ni participación, ni notificación.
Por tanto, no está ejecutoriada y en contravención de los principios constitucionales de
publicidad, contradicción y debido proceso.
4. Que se oficie al Juzgado 12 Administrativo para que reconsidere su fallo, en tanto
se basó en una resolución que no cumple con los requisitos constitucionales de validez.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Del reconocimiento de la pensión de sobreviviente
En Resolución 1456 de 28 de abril de 1988, el extinto Instituto de Seguros Sociales
(ISS) reconoció pensión de vejez al señor Gabriel Ahumada Trujillo, padre del
tutelante. Posteriormente, como consecuencia del fallecimiento del señor Ahumada
Trujillo (†), en Resolución 1732 de 24 de mayo de 1991, el ISS reconoció pensión de
sobrevivientes a la señora Adalgiza Cárdenas de Ahumada, en calidad de esposa, y
al hijo menor Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas, representado por su madre,
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
reconocida como curadora. En 1992, por sentencia judicial el citado menor fue
declarado interdicto.
Más tarde, el 7 de octubre de 2015, la señora Cárdenas de Ahumada (†) también
murió, por lo que, mediante Resolución 1034 de 21 de junio de 2016, el señor Isaac
Eduardo Ahumada comenzó a recibir el 100 % de la prestación.
Por Resolución GNR 133614 de 5 de mayo de 2016, la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) reconoció como nueva curadora a la señora Jackelin
Ahumada Cárdenas, hermana del beneficiario de la totalidad de la pensión.
Por Dictamen 10415 de 30 de agosto de 2016, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bolívar calificó al actor con pérdida de la capacidad laboral del 51.70%,
por amputación del miembro inferior derecho, como consecuencia de un accidente.
Teniendo en cuenta esa calificación y con fundamento en el numeral 2 del artículo 27
del Decreto 758 de 1990, el actor pidió a Colpensiones le reconociera una cuota parte
(50%) de la pensión de sobreviviente de la cual era beneficiario su hermano en un
100%.
Por Resolución SUB-58868 de 11 de mayo de 2017, Colpensiones negó el
reconocimiento pensional solicitado porque se otorgó a los beneficiarios que en su
momento acreditaron tener derecho.
El señor Ahumada Cárdenas interpuso recurso de apelación. En Resolución DIR 9023
de 23 de junio de 2017, Colpensiones confirmó. Se sostuvo que al momento del
reconocimiento pensional no aparecieron más beneficiarios ni oposiciones. Que para
la fecha en la que falleció el pensionado principal (padre), el señor Ahumada Cárdenas
tenía 27 años con plena capacidad para representarse. No es posible modificar la
decisión sin el consentimiento expreso de los beneficiarios o sin orden judicial.
De la acción de tutela rad. 13001-33-33-006-2018-00010-00/01
En enero de 2018, el señor Álvaro Ahumada Cárdenas promovió acción de tutela
contra Colpensiones para que lo incluyera como beneficiario del 50 % de la pensión
de sobrevivientes que recibía su hermano Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas. Invocó
como vulnerados los derechos al mínimo vital y seguridad social y solicitó que para
evitar un perjuicio irremediable se concediera el amparo como mecanismo transitorio,
mientras se surtía el proceso ordinario. Pidió que se tuviera en cuenta su condición de
hijo del pensionado fallecido Gabriel Ahumada Trujillo (†), su incapacidad física y su
dependencia económica con la pensión.
La solicitud de tutela la sustentó, entre otros hechos, en su estado de discapacidad
por la amputación que sufrió, en la dependencia económica de lo que su madre y
hermano recibían como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Con el dinero
que recibían se cubrían las necesidades básicas del hogar, como alimentación,
servicios públicos, atención médica y empleada. Sin embargo, como consecuencia de
la muerte de la señora Cárdenas de Ahumada (†), su hermana Jackelin Ahumada
Cárdenas se llevó a su hermano a vivir con ella y él quedó solo. Su hermana era quien
recibía la totalidad de la pensión de sobreviviente y lo dejó en grave estado de
necesidad ante la falta de los ingresos mínimos para su subsistencia.
En primera instancia, conoció el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena que, en
sentencia de 2 de febrero de 2018, tuteló los derechos invocados y ordenó a
Colpensiones que «dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, con fundamento en la ley y en los lineamientos jurisprudenciales trazados por la
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
Corte Constitucional para casos similares y atendiendo el carácter imprescriptible de los
derechos pensionales, revise la situación del demandante señor Álvaro Ahumada Cárdenas,
[…] de cara a su solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente, actuación
administrativa que garantizará el debido proceso tanto del actor como del actual titular del
derecho pensional, señor Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas y que deberá concluir con el
correspondiente acto administrativo definitivo, el cual dentro del mismo término, deberá
notificarse en debida forma al mencionado accionante.»
La anterior decisión se sustentó de la siguiente manera:
Que estaban cumplidos los supuestos para el estudio excepcional del reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes porque el actor es sujeto de especial protección
constitucional por la discapacidad que sufre.
Además, la autoridad judicial encontró acreditada la afectación del mínimo vital ante
la falta de recursos suficientes para sufragar las necesidades básicas. En ese orden,
encontró demostrado el perjuicio irremediable, lo que lo habilitó, como juez
constitucional, para verificar si el actor probó, siquiera sumariamente, que reunía los
requisitos para obtener el reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
En efecto, se acreditó la condición de discapacidad y el parentesco con el acreedor
de la pensión cuya sustitución se reclamaba. En relación con los argumentos de
Colpensiones para negar la pensión, se advirtió que los derechos pensionales son
imprescriptibles e irrenunciables, por lo que la persona que se crea con derecho a la
pensión de sobreviviente puede solicitarla en cualquier momento.
Empero, en sede de tutela no se cuenta con todos los elementos de prueba suficientes
para determinar el derecho pensional del actor, por lo que correspondía a
Colpensiones estudiar nuevamente la solicitud, conforme con los lineamientos legales
y jurisprudenciales.
Por último, advirtió que al revisar la plataforma SISPRO- Sistema Integral de la
Protección Social arrojó que el actor tenía servicios médicos porque está afiliado como
beneficiario del régimen contributivo de Coomeva EPS, es decir que su necesidad en
salud estaba cubierta.
La señora Jackelin Ahumada Cárdenas, en calidad de tutora de su hermano Isaac
Ahumada Cárdenas, impugnó la anterior decisión de amparo.
Remitido el expediente, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 3 de
mayo de 2018, revocó la decisión impugnada y, en su lugar, rechazó por
improcedente la acción de tutela.
El fallador de segunda instancia sostuvo que no era procedente ordenarle nuevamente
a Colpensiones que estudiara la situación del actor. Lo que correspondía era que el
interesado demandara ante el juez laboral ordinario el reconocimiento y pago de la
prestación solicitada y acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
para acceder a la pensión.
Del primer incidente de desacato en la acción de tutela rad. 13001-33-33-006-
2018-00010-00
El 27 de febrero de 2018, el actor promovió incidente de desacato contra
Colpensiones, con el fin de que cumpliera el fallo de 2 de febrero de 2018.
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En auto de 28 de febrero de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena abrió
incidente de desacato contra la presidenta encargada de Colpensiones y corrió
traslado de dos días.
Por escrito de 8 de marzo de 2018, Colpensiones informó al juez constitucional que
en auto de prueba APSUB 698 del 19 de febrero de 2017, advirtió que para hacer el
estudio de la prestación del actor requería que este allegara los documentos que
acreditaran si fue declarado interdicto y en qué casos necesita un curador. En
consecuencia, solicitó la suspensión del trámite incidental hasta que el actor allegara
los documentos pedidos.
En memorial de 12 de marzo de 2018, Colpensiones informó al juzgado que comunicó
al titular del derecho pensional sobre la redistribución de la prestación, con el fin de
que en un término de cinco días interviniera.
En auto de 12 de marzo de 2018, el juzgado resolvió: (i) declarar que la incidentada
no incurrió en conducta de desacato sancionable; (ii) advirtió que la no imposición de
sanción no exonera del cumplimiento de las órdenes judiciales y (iii) requirió a la
incidentada para que acreditara con soportes que estudió nuevamente las normas que
invocó para pedir documentos al actor y de la relación de la discapacidad física
evidenciada con la mental sobre la que requirió pruebas.
El actor interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia. Sostuvo que
Colpensiones no le comunicó el auto de pruebas y que él no ha alegado incapacidad
mental.
Por auto de 16 de marzo de 2018, se requirió a Colpensiones para que acreditara la
ejecución de las órdenes dadas en el fallo que accedió al amparo y se le puso en
conocimiento el memorial del actor. Posteriormente, en providencia de 2 de abril de
2018, se conminó a la entidad incidentada para que acreditara el cumplimiento del
fallo.
El 12 de abril de 2018, el actor informó que Colpensiones lo visitó para conocer cómo
vive y contactó a su hermana Jackelin Ahumada Cárdenas.
En auto de 13 de abril de 2018, se requirió a la presidenta encargada de Colpensiones
para que informara las razones por las que no atendió el requerimiento y conminación
dispuestos con anterioridad.
En escrito de 27 de abril de 2018, Colpensiones solicitó que se declarara el
cumplimiento de la orden de tutela, la carencia actual de objeto y el archivo. Como
soporte aportó la Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018, por la cual negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Álvaro Gabriel Ahumada
Cárdenas.
En esa resolución se sostuvo que, aunque existía dictamen por pérdida de capacidad
laboral, se constató que el actor no presentaba compromiso cognitivo y/o mental. Y,
que valoradas las pruebas obrantes en el cuaderno administrativo no se pudo
determinar la dependencia económica con el causante, que es el requisito
indispensable para el reconocimiento de la prestación. En concreto, advirtió que los
testimonios son contradictorios y el peticionario omitió que era abogado y que tenía
tres hijos mayores de edad.
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Por auto de 4 de mayo de 2018, el juzgado requirió a Colpensiones para que
acreditara la notificación al actor del anterior acto administrativo. Y, se abstuvo de
continuar con el trámite sancionatorio.
En respuesta, Colpensiones informó que el 9 de mayo de 2018 notificó personalmente
al actor de la resolución que negó la pensión solicitada. Aportó el respectivo soporte.
En providencia de 17 de mayo de 2018, se requirió a Colpensiones para que acreditara
la notificación de la Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018 al titular del derecho
pensional.
El actor solicitó al juzgado que oficiara a Colpensiones para que allegara copia de las
declaraciones extra-juicio que aportó con la solicitud de pensión.
El 31 de mayo de 2018, Colpensiones informó que notificó al señor Álvaro Gabriel
Ahumada Cárdenas.
Por auto de 5 de junio de 2018, requirió nuevamente a Colpensiones para que
acreditara la notificación de la Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018 al titular
de la pensión. Y, negó la solicitud del actor por improcedente.
En respuesta al requerimiento, el 12 de junio de 2018, Colpensiones aportó la
Resolución SUB-98151 de 8 de junio de 2018, por la que aclaró la Resolución SUB-
98151 de 12 de abril de 2018 en el sentido de ordenar la notificación de esta a la
señora Jackelin Ahumada Cárdenas, en calidad de curadora legítima del interdicto
Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas. La entidad informó que estaba en trámite la
notificación.
En escrito de 27 de junio de 2018, Colpensiones informó que estaba en trámite la
notificación al actor de la resolución de 8 de junio de 2018.
Por auto de 28 de junio de 2018, el juzgado requirió a Colpensiones para que
acreditara la notificación de las Resoluciones SUB-98151 de 12 de abril y SUB-98151
de 8 de junio, ambas de 2018 a la señora Jackelin Ahumada Cárdenas, de manera
que se tenga por superado el incidente iniciado.
El 6 de julio de 2018, Colpensiones informó que el 27 de junio del mismo año notificó
a la señora Jackelin Ahumada Cárdenas y aportó el soporte.
Por auto de 19 de julio de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena
resolvió: «declarar el cumplimiento del fallo materia de la presente verificación de
cumplimiento. En consecuencia, se dispone la TERMINACIÓN de dicha actuación […]».
Del proceso ordinario laboral 13001-31-05-003-2018-00474-00/01/021
El señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas presentó demanda ordinaria laboral
contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con el fin
de que le reconociera, liquidara y pagara la pensión de sobrevivientes en un 50 %, en
su calidad de hijo discapacitado del fallecido Gabriel Ahumada Trujillo (†), así como el
retroactivo causado por las mesadas no recibidas.
Por reparto correspondió conocer al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cartagena que en auto de 8 de marzo de 2019 admitió la demanda y vinculó como
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Consultado el expediente digital allegado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena. Samai, índices 16 y 19.
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litisconsorte necesario pasivo al señor Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas, a través
de su curadora Jackelin Ahumada Cárdenas. Posteriormente, en auto de 4 de
septiembre de 2019, vinculó, entre otros, a Colpensiones y a la UGPP como sucesor
procesal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
El juzgado, en audiencia de trámite y juzgamiento de 29 de agosto de 2023, decidió
absolver de las pretensiones a la UGPP, a Colpensiones y al litis consorte necesario
pasivo, señor Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas (†). La razón en esencia fue que el
demandante no acreditó los requisitos legales para ser beneficiario del causante.
La parte demandante apeló la decisión. La segunda instancia la resolvió el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Laboral Fija No. 1,
mediante sentencia de 27 de junio de 2025, en el sentido de confirmar y condenar al
actor en costas.
La decisión de negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Álvaro
Gabriel Ahumada Cárdenas se sustentó en que el demandante no alegó la condición
de dependencia económica como hijo menor o hijo invalido dependiente del causante,
al momento de la muerte (5/09/1990), como lo hicieron su madre y su hermano. Y es
solo en 2017 que reclama tal prestación.
De la acción de tutela rad. 13001-33-33-012-2025-00064-00/01
En abril de 2025, el señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas instauró acción de tutela
contra Colpensiones para que revisara la solicitud de pensión de sobrevivientes, en
cumplimiento del fallo de tutela de 2 de febrero de 2018 y «que informara de forma legal
la razón de la negación».
Invocó como vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a
la seguridad social, a la vida digna, a la salud, al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva.
Indicó que la revisión ordenada por el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena,
«nunca se ha realizado y he esperado todo el tiempo y hasta mi hermano, Isaac
Ahumada Cárdenas, que era el titular murió y aún Colpensiones no ha realizado la orden
expresa.» (Resaltado del texto original)
El señor Ahumada Cárdenas informó que en diciembre de 2018 inició proceso
ordinario laboral, pero no había sido decidido por el Tribunal Superior de Cartagena.
Y, entre otros hechos, que se encontraba en condiciones de pobreza extrema en zona
rural con su hija de 10 años.
En primera instancia, el trámite de la acción de tutela lo adelantó el Juzgado Sexto
Administrativo de Cartagena que, en sentencia de 30 de abril de 2025, declaró
improcedente el amparo. Se advirtió que no es el mecanismo para lograr el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y excepcionalmente es posible
estudiarlo, siempre que se cumplan los requisitos dispuestos en la sentencia SU-005
de 2008, entre ellos la dependencia económica con el causante.
En este caso, Colpensiones cumplió el fallo de 2 de febrero de 2018, así lo declaró el
Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena en auto de 19 de julio de 2018.
Frente a las razones legales para negar la pensión, Colpensiones en la Resolución
SUB-98151 de 12 de abril de 2018 expuso los argumentos fácticos y jurídicos que
sustentaron ese acto, que conoció el actor.
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
Finalmente, se indicó que el proceso en la jurisdicción ordinaria laboral, con radicado
13001-31-050-03-2018-00474-02, estaba en trámite de segunda instancia.
El actor impugnó la anterior decisión porque no se pronunció sobre la ineficacia de la
Rama Judicial frente a las acciones promovidas para obtener la pensión de
sobrevivientes ni tuvo en cuenta el riesgo inminente que enfrentaba él y su menor hija.
Agregó que «La demora en la resolución del proceso ha impedido la fijación de una fecha
para la declaración de los testigos dentro del proceso ordinario, lo cual es consecuencia de
los errores cometidos por el juez de primera instancia».
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en providencia de 10 de
junio de 2025, confirmó la decisión de primer grado, con fundamento en que es
improcedente la acción de tutela para el reconocimiento pensional. Al respecto,
explicó que el proceso ordinario laboral que está en curso es el mecanismo idóneo y
eficaz para la protección de los derechos del actor.
Del segundo incidente de desacato en la acción de tutela rad. 13001-33-33-006-
2018-00010-00
El 22 de septiembre de 2025, el señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas presentó
dos escritos con los que solicitó abrir incidente de desacato contra Colpensiones por
incumplimiento del fallo de tutela del 2 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado
Sexto Administrativo de Cartagena, rad. 13001-33-33-006-2018-00010-00. Insistió en
su condición de vulnerabilidad, discapacidad y dependencia económica. Indicó que su
hija dependía de él y que no había podido cubrir sus necesidades básicas. Que su
hermana Jackelin Ahumada Cárdenas y su tío Edy Cárdenas Pamett eran los que lo
apoyaban económicamente.
Informó que su hermano Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas, titular del derecho
pensional, falleció. Así que desapareció cualquier conflicto de intereses entre los dos
y se activa la solicitud de pensión de sobreviviente, cuya revisión fue ordenada por
ese juzgado.
Sostuvo que la omisión de Colpensiones constituía una falta grave que exige
respuesta urgente y efectiva, por lo que solicitó el cumplimiento inmediato de la
decisión judicial y garantizar el reconocimiento y pago de la prestación que le
corresponde.
El actor aportó testimonios extra-juicio, constancias de gestiones realizadas ante
Colpensiones, copia de la sentencia de tutela y declaración de la Cooperativa de
Trabajadores de Álcalis de Colombia para acreditar que él era quien administraba la
pensión.
En auto de 30 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena
no abrió incidente de desacato. Explicó que, por auto de 19 de julio de 2018, ese
despacho declaró el cumplimiento del fallo.
En esa providencia, se precisó que, aunque se ampararon los derechos
fundamentales del señor Ahumada Cárdenas, la orden judicial se limitó a que
Colpensiones revisara la situación del actor, lo que se materializó con la Resolución
SUB-98151 del 12 de abril de 2018, por la cual negó el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente. La orden judicial no se extendió en el tiempo, sino que se cumplió
con dicho acto administrativo.
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
En escritos de 30 de septiembre, de 2, 3 y 6 de octubre de 2025, el señor Ahumada
Cárdenas insistió en el cumplimiento del fallo de tutela ante la precaria situación
económica que padece que lo obligó a trasladarse a zona urbana.
Por auto de 14 de octubre de 2025, el juzgado se estuvo a lo dispuesto en el auto de
30 de septiembre de 2025.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Advirtió que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, en fallo de tutela de 2 de
febrero de 2018, amparó los derechos al mínimo vital y a la seguridad social y ordenó
a Colpensiones que: «[…] revise la situación del demandante señor Alvaro Ahumada
Cárdenas […] de cara a su solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente […] y que
deberá concluir con el correspondiente acto administrativo definitivo […]»
El tutelante informó que, el 30 de junio de 2019, abandonó la casa de su mamá porque
no pudo pagar los servicios públicos ni los demás gastos que requería ese inmueble.
Se trasladó al «monte» sin conocer que Colpensiones había dictado alguna decisión.
En 2025, «en vista de tanta esperar por parte de Colpensiones», solicitó al Juzgado Sexto
Administrativo de Cartagena la apertura de incidente de desacato contra
Colpensiones, con el fin de que se le garantizara una decisión legal, con su
intervención y la oportunidad de aportar pruebas. Sin embargo, ese juzgado no abrió
el incidente porque la situación se definió por la Resolución SUB-98151 de 12 de abril
de 2018, lo que resulta equivocado porque ese acto estaba viciado y no podía tenerse
por cumplida la orden de tutela de 2 de febrero de 2018.
Afirmó que, con la referida Resolución SUB-98151, Colpensiones negó la pensión de
sobreviviente. Que dicho acto fue expedido en contravía de lo ordenado en el fallo de
tutela, dado que Colpensiones no estudió su situación, no le permitió intervenir ni le
dio la oportunidad de aportar pruebas de la dependencia económica con su padre y
tampoco fue notificado personalmente.
Además, mencionó que la notificación de la anterior resolución se dirigió a su hermana
Jackelin Ahumada Cárdenas, quien no representa sus intereses ni hizo parte de la
solicitud.
Insistió en que «Colpensiones expidió la Resolución SUB-98151 sin participación del
accionante y sin notificación alguna, lo que constituye un cumplimiento aparente,
excluyente y contrario al debido proceso.»
Entonces, el fallo de 2 de febrero de 2018 permanece vigente y no se ha cumplido en
los términos allí ordenados ni se protegió el mínimo vital.
Las irregularidades presentadas en la expedición del acto administrativo que dictó
Colpensiones no fueron conocidas por el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena,
quien decidió desfavorablemente una acción de tutela que interpuso.
Al decidir debe tenerse en cuenta que pertenece a un grupo de especial protección
constitucional porque tiene una discapacidad, es de edad avanzada (63 años), está
en condición de pobreza, debió desplazarse a zona rural, es padre cabeza de familia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07661-00
Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
de una menor2, con la que convive y depende de él. La falta de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes afecta la satisfacción de las necesidades básicas y
compromete el mínimo vital y una vida en condiciones dignas, lo que se traduce en un
perjuicio grave e inminente.
Para demostrar las condiciones en las que vive, el actor solicitó la práctica de
inspección judicial.
3. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 4 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de Bolívar, a
los Juzgados Sexto y Doce Administrativos de Cartagena, en calidad de demandados,
y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena y a la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en condición de terceros con interés.
En la misma providencia, se negó la prueba de inspección judicial solicitada al
considerar que los hechos narrados, los expedientes solicitados y los documentos
allegados, serán suficientes para resolver el asunto.
En escrito de 9 de diciembre de 2025, con el fin de suplir la inspección judicial
solicitada, el actor aportó soportes documentales como declaración extra-juicio de su
hermana Jackelin Ahumada Cárdenas, registro de defunción de su padre Gabriel
Ahumada Trujillo (†), registro de nacimiento de su hija menor, pronunciamiento de la
Comisaria de Familia de San Estanislao de Kostka (Bol.) sobre la situación de los
derechos de la menor y el registro en el Sisbén.
Además, el señor Ahumada Cárdenas advirtió que los testimonios de su hermana
Jackelin Ahumada Cárdenas y de su prima Baziliza Cárdenas Castro eran esenciales
para demostrar la dependencia económica de la pensión de sobrevivientes y que era
él quien la administraba.
Sin embargo, esos testimonios fueron excluidos del trámite en el proceso ordinario
laboral, tanto en primera como en segunda instancia. En consecuencia, formuló la
siguiente solicitud:
Que este Honorable Consejo de Estado tenga en cuenta la exclusión indebida de los
testimonios mencionados y, en ejercicio de su función de protección constitucional,
valore la pertinencia de las declaraciones de Jaqueline (sic) Ahumada Cárdenas como
litisconsorcio necesario y Basilisa (sic) Cárdenas Castro como parte del acervo
probatorio, en aras de garantizar la verdad material y la justicia efectiva. Asimismo, se
solicita que, de ser posible, se valoren los testimonios rendidos en el proceso
ordinario, en los cuales consta:
1. La dependencia de la pensión ya reconocida en cabeza de mi madre.
2. Que fue mi persona quien administró dicha pensión durante la vida de mi madre.
3. Que mi padre había fallecido hace más de treinta y seis (36) años.
En escrito de 27 de enero de 2025, el tutelante aportó declaraciones extra-juicio de
las señoras Baziliza Isabel Cárdenas Castro, Josefa Cárdenas Paternina y Nery Berrio
Padilla con las que busca demostrar la difícil situación económica que atraviesa.
2
En la providencia se omite el nombre de la menor hija del actor para resguardar su derecho a la intimidad, de conformidad con
lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Circular Interna 10 de 2022.
9
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
4. Oposiciones
El Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena pidió negar el amparo solicitado
porque no incurrió en vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
actor, en los siguientes términos:
Las actuaciones surtidas en la acción de tutela con radicado 13001-33-33-006-2018-
00010-00 se dictaron en los términos legales, estuvieron debidamente motivadas y
fueron notificadas, de manera que al actor se le garantizó el derecho de defensa. En
concreto se refirió al fallo de 2 de febrero de 2018 y al trámite del primer incidente de
desacato promovido por el actor, en el que, por auto de 19 de julio de 2018, se declaró
el cumplimiento del referido fallo, al advertir que Colpensiones notificó personalmente
a la señora Jackeline Ahumada Cárdenas en calidad de curadora del señor Isaac
Eduardo Ahumada, la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018.
Frente al segundo incidente de desacato planteado por el actor, el juzgado informó
que no dio apertura de este.
Precisó que la orden judicial se limitó a la revisión de la situación del actor frente a la
solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente, pero no se dispuso el
reconocimiento de esta. Que el fallo de 2 de febrero de 2018 se tuvo por cumplido por
la entidad demandada con la expedición de la Resolución SUB-98151 del 12 de abril
de 2018.
En virtud del cumplimiento, no es posible que proceda con la apertura del incidente de
desacato.
El Juzgado Doce Administrativo de Cartagena informó que en ese despacho cursó
la acción de tutela con radicado 13001-33-33-012-2025-00064-00, cuyo trámite se
adelantó en forma diligente. En sentencia de 30 de abril de 2025, ese juzgado la
declaró improcedente. Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar
en fallo de 10 de junio de 2025.
Advirtió que las pretensiones de la presente acción de tutela no se dirigen a ese
juzgado, por lo que solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
El Tribunal Administrativo de Bolívar sostuvo que en el escrito de tutela no se
censura el trámite o la decisión adoptada en segunda instancia en el proceso con
radicado 13001-33-33-012-2025-00064-01.
Aunado a lo anterior, la solicitud de tutela es improcedente porque no se cumplen los
requisitos adjetivos y específicos que, de manera excepcional, permiten el estudio de
una acción de tutela contra sentencias de tutela, como la acreditación de fraude
procesal.
Tampoco es procedente frente a las actuaciones previas y posteriores a la sentencia
de tutela, pues ese tribunal no ignoró el deber de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían haber sido afectados.
No existe relevancia constitucional en relación con la sentencia dictada en segunda
instancia. De todas formas, esa decisión es razonable al estar debidamente motivada.
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
5. Intervención de los terceros con interés
Colpensiones solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela. Decidir de fondo
las pretensiones del actor y acceder al amparo invade la órbita del juez ordinario y su
autodominio. También excede las competencias del juez constitucional porque no está
probada la vulneración de los derechos fundamentales invocados, ni la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable el estudio por esta vía.
Además, existe cosa juzgada porque este asunto ya había sido objeto de estudio por
otro juez, que no accedió a las pretensiones solicitadas por el actor.
De la actuación de la entidad no es posible acreditar vulneración alguna de los
derechos del actor.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena envió el expediente digital
del proceso ordinario laboral 13001-31-05-003-2018-00474-00/01, promovido por el
señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas.
También envió expediente digital de otras acciones de tutelas presentadas por el
señor Ahumada Cárdenas contra las autoridades de primera y segunda instancia en
el proceso ordinario laboral y que fueron decididas por la Corte Suprema de Justicia.
Radicados 11001-02-05-000-2025-02046-00/01; 11001-02-05-000-2025-00039-00/01
y 11001-02-05-000-2025-01705-01.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
El señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas invoca como vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al mínimo vital, a la seguridad social
y a la igualdad y pretende que en el proceso de acción de tutela con radicado 13001-
33-33-006-2018-00010-00 se le ordene al Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena
abrir incidente de desacato contra Colpensiones para que dé pleno cumplimiento al
fallo de 2 de febrero de 2018, que amparó sus derechos y ordenó revisar su situación
en relación con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que reclamó ante
esa entidad.
En ese orden, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia que habilitan el estudio en este caso de la acción de tutela
dirigida contra decisiones dictadas en el curso de un incidente de desacato.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07661-00
Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional.
Cuestión previa. Desvinculación de uno de los accionados.
El Juzgado Doce Administrativo de Cartagena solicitó la desvinculación del presente
trámite porque la solicitud de tutela no se dirige contra esa autoridad judicial. Frente a
esa solicitud, la Sala no accederá porque una de las pretensiones de la demanda de
tutela va dirigida a que ese juzgado reconsidere el fallo de tutela dictado en el proceso
13001-33-33-012-2025-00064-00.
Solución del caso.
Ahora bien, para abordar el estudio del caso la Sala se referirá a: i) la procedencia de
la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato; ii)
sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales y; iii) la falta de relevancia constitucional
en el caso concreto.
i) De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato
A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la
procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, se ha
reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que la acción de
tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se cumplan
estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que deben analizarse
con sumo rigor.
Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea una
decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez
se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un asunto,
en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es absoluta. En la
Sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia, en el sentido de
señalar cuándo es procedente la acción de tutela contra sentencias de tutela. Uno de
los supuestos que analizó es la posibilidad de que mediante una tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato. Sobre este evento señaló
que la acción es procedente «si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional» 3.
Por su parte, en la Sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre
las condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró
que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo
menos, uno de los defectos especiales.
A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela solo
podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté debidamente
3
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
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ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión diferente a la que
finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el ordenamiento jurídico
consagra el grado jurisdiccional de consulta como «la instancia obligatoria donde la
sanción por desacato cobra firmeza»4.
Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó
que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite incidental y que
tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del
desacato.
En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela está
restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró el
derecho al debido proceso.
En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en
incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se controvierta la
decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos argumentos o pruebas no
alegadas previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales, se sustente la
configuración de un defecto especial, que se busque la protección del debido proceso
y que su trasgresión se haya originado en el curso del desacato o cumplimiento de
fallo.
(ii) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
13
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Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(iii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
Se hará un breve recuento del trámite de la acción de tutela 13001-33-33-006-2018-
00010-00/01, para poner en contexto la discusión que ocupa la atención de la Sala.
Como quedó narrado en el capítulo de hechos de esta providencia, en el 2018, el
señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas promovió acción de tutela contra
Colpensiones, radicada bajo el número 13001-33-33-006-2018-00010-00/01.
Es cierto, como lo advierte el actor, que en ese proceso el Juzgado Sexto
Administrativo de Cartagena, en fallo de 2 de febrero de 2018, le tuteló los derechos
al mínimo vital y seguridad social y ordenó a Colpensiones que revisara la situación
respecto al reconocimiento de pensión de sobreviviente, para lo que debía garantizar
el debido proceso tanto del peticionario como del titular del derecho pensional. Según
la orden de amparo, la entidad accionada debía expedir el correspondiente acto
administrativo definitivo, el cual tenía que notificarse a los interesados.
La anterior decisión la impugnó la señora Jackelin Ahumada Cárdenas, como
curadora de su hermano interdicto Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas, quien era el
beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 3 de
mayo de 2018, revocó la decisión impugnada y, en su lugar, rechazó por
improcedente la acción de tutela. Esta decisión se notificó por correo electrónico a
las partes.
Se observa que mientras se surtió la impugnación, el juzgado que conoció en primera
instancia adelantó incidente de desacato contra Colpensiones, cuyo trámite terminó
con auto de 19 de julio de 2018, en el que se declaró el cumplimiento del fallo al
verificar que Colpensiones expidió la Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018,
con la que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Álvaro
Gabriel Ahumada Cárdenas y la Resolución SUB-98151 de 8 de junio de 2018,
aclaratoria de la primera. La notificación de esos actos al actor y al titular del derecho
pensional fue verificada por el juzgado.
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
La referida providencia se notificó el 19 de julio de 2018 al correo electrónico informado
por el actor (alvaroahumadacardenas@hotmail.com), sin que se advierta del
expediente que hubiera manifestado inconformidad alguna.
Llama la atención de la Sala que 7 años después (22/09/2025), el señor Ahumada
Cárdenas acuda por segunda vez al Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena para
abrir incidente de desacato contra Colpensiones y alegue el incumplimiento del fallo
de tutela de 2 de febrero de 2018, del que, como se indicó, el citado juzgado ya había
verificado su cumplimiento. Y que, de todas formas, la orden de amparo que contenía
fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Es relevante leer los escritos de 22 de septiembre de 20257, con los que el actor pidió
la apertura del incidente de desacato ante el incumplimiento prolongado de la orden
de amparo. Allí sostuvo que «La entidad Colpensiones, a pesar del tiempo transcurrido
desde la emisión de la sentencia, no ha dado cumplimiento a lo ordenado». También, que
«La providencia es clara, expresa y ejecutable. No fue objeto de impugnación ni suspensión,
y, por tanto, se encuentra plenamente vigente.»
E insistió en la condición de vulnerabilidad que afrontaba y como hechos nuevos, entre
otros, informó que vive con una hija menor que depende de él y que falleció su
hermano Isaac Eduardo Ahumada Cárdenas (†), por lo que desapareció el conflicto
de intereses y se habilitaba la revisión ordenada a Colpensiones para que le
reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes.
El Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, por auto de 30 de septiembre de 2025,
no abrió incidente de desacato porque en providencia de 19 de julio de 2018, se
declaró el cumplimiento del fallo. Sostuvo que la orden de amparo se dirigió a la
revisión de la situación del actor, lo que se materializó con la Resolución SUB-98151
de 12 de abril de 2018 de Colpensiones. Y que esa orden no se extendió en el tiempo.
En memoriales de 30 de septiembre, de 2, 3 y 6 de octubre de 2025, se insistió en el
cumplimiento del fallo.
El juzgado en providencia de 14 de octubre de 2025 se estuvo a lo dispuesto en el
auto de 30 de septiembre de 2025.
Son precisamente las providencias de 30 de septiembre y de 14 de octubre de 2025
contra las que se dirige la presente acción de tutela, empero se observa que los
motivos que el actor expuso ante el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena para
la apertura del incidente de desacato son distintos a los traídos ante este juez
constitucional.
En el caso objeto de estudio, el señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas advirtió que
el fallo de tutela de 2 de febrero de 2018 dictado por el Juzgado Sexto Administrativo
de Cartagena (rad. 13001-33-33-006-2018-00010-00) se cumplió de forma «aparente,
excluyente y contrario al debido proceso». Alegó la vulneración del debido proceso
porque Colpensiones no le dio la oportunidad de intervenir ni aportar pruebas en el
trámite administrativo que inició para estudiar si tenía derecho a la pensión de
sobrevivientes que reclamó. Además, el acto que decidió sobre su derecho no se le
notificó.
7
Pueden consultarse en el expediente digital del segundo incidente de desacato, aportado por el Juzgado Tercero Administrativo
de Cartagena. Samai, índice 20.
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Demandante: Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas
En ese entendido, el actor advierte que no puede tenerse por cumplida la orden de
tutela con fundamento en un acto administrativo que está viciado. Entonces, es
procedente ordenar a la autoridad judicial que abra incidente de desacato, de manera
que se requiera a Colpensiones para que retrotraiga la actuación administrativa que
adelantó y se le garantice su intervención y la oportunidad para aportar pruebas y la
debida notificación del acto que decida.
Los anteriores argumentos resultan novedosos y en esencia no atacan la ratio
decidendi de las providencias judiciales cuestionadas sino el acto que expidió
Colpensiones, en cumplimiento de una orden de tutela.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que el actor en el escrito de tutela demuestra
una actitud poco transparente que busca confundir al juez constitucional. Esta
apreciación obedece a que el actor en el escrito de tutela al relatar los hechos omitió
información relevante para entender el contexto de su caso.
Entre la información que omitió está el hecho de que en 2018 él ya había formulado
incidente de desacato dirigido al cumplimiento del fallo de 2 de febrero de 2018, el
cual se adelantó en debida forma y se verificó el cumplimiento de la orden de tutela
sin que advirtiera las irregularidades que ahora aduce.
Se infiere que el actor no alegó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena
irregularidad alguna porque precisamente ese despacho en el trámite del primer
incidente de desacato requirió en dos oportunidades a Colpensiones para que
acreditara la notificación de la Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018. Y la
entidad incidentada aportó las actas de notificación personal tanto del actor como de
su hermana Jackelin Ahumada Cárdenas, que actuaba como curadora de su hermano
interdicto8.
La Sala encuentra que el actor en la demanda de tutela hace afirmaciones alejadas
de la realidad con el único propósito de prolongar y habilitar el estudio de un derecho
prestacional que ya está resuelto en sede administrativa (ante Colpensiones) y judicial
(en el proceso ordinario laboral), como quedó evidenciado en los antecedentes de
esta providencia.
Las afirmaciones a las que esta Sala se refiere son la falta de notificación de la
Resolución SUB-98151 de 12 de abril de 2018 y que no tuvo la oportunidad de
intervenir en el trámite administrativo adelantado por Colpensiones. En efecto, de un
escrito presentado por el actor en el trámite del primer incidente de desacato se
advierte que conoció esa decisión e incluso hace referencia a unos documentos que
aportó como pruebas. Se porta captura de pantalla del escrito9:
8
Folio 165 del expediente digital del primer incidente de desacato, aportado por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena.
Samai, índice 20.
9
Pueden consultarse en los folios 132, 191 y 205 del expediente digital del primer incidente de desacato, aportado por el Juzgado
Tercero Administrativo de Cartagena. Samai, índice 20.
16
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De todas formas, valga precisar, que pierde sentido cualquier argumentación
tendiente a abrir un incidente de desacato para el cumplimiento de un fallo de amparo
que fue revocado por el juez de segunda instancia.
Así que tanto del escrito con el que pretendió la apertura de un segundo incidente de
desacato como de la demanda de tutela, se deduce que el actor pretende esconder
hechos ciertos y debidamente conocidos por él, como lo son la sentencia de 3 de mayo
de 2018, por la cual quedó sin valor y efectos el amparo ordenado en la sentencia de
2 de febrero de 2018.
El actuar del actor es reprochable, aún más por la profesión de abogado que nunca
informa, pero que ha quedado debidamente acreditada10 en otros trámites de tutela e
incluso en el proceso ordinario laboral.
En ese orden, aunque el señor Ahumada Cárdenas alega la vulneración de derechos
fundamentales, ese solo supuesto no es suficiente para otorgarle relevancia
constitucional a los argumentos que expone en la demanda de tutela. Y menos para
reabrir la discusión sobre el derecho a una prestación pensional que ya quedó resuelto
por los jueces de instancia de la jurisdicción ordinaria laboral y que el actor se ha
negado a aceptar, precisamente al interponer varias acciones de tutela que en el fondo
buscan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Se releva la Sala de pronunciarse sobre los documentos aportados por el actor con
posterioridad a la admisión de la demanda de tutela porque con ellos pretende
demostrar su difícil condición económica, empero, esa circunstancia no puede
10
En la página del sirna.ramajudicial.gov.co se verificó que el señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas está incrito en el Registro
Nacional de Abogados desde el 9 de agosto de 1995 y que su inscripción se encuentra vigente.
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predicarse por la acción u omisión de las autoridades judiciales accionadas y
vinculadas ni de Colpensiones.
En relación con pretensión de oficiar al Juzgado Doce Administrativo de Cartagena
para que reconsidere su fallo, es abiertamente improcedente porque se refiere a la
decisión dictada en otro proceso de la misma naturaleza constitucional de este con
radicado 13001-33-33-012-2025-00064-00/01.
Por lo considerado, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas y lo prevendrá para que evite promover
acciones de tutela sucesivas y repetitivas frente a los mismos hechos puestos en
conocimiento en las acciones de tutela con radicados 13001-33-33-012-2017-00208-
00/01, 13001-33-33-006-2018-00010-00/01 y 13001-33-33-012-2025-00064-00/01 y
de la presente acción de tutela (11001-03-15-000-2025-07661-00), pues su actuar
genera un desgaste de la administración de justicia frente a un asunto que ya está
resuelto. La Sala tuvo conocimiento solo de estas acciones de tutela, pero puede que
el actor haya promovido más.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la desvinculación del Juzgado Doce Administrativo de Cartagena, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro Gabriel
Ahumada Cárdenas contra los Juzgados Sexto y Doce Administrativos de Cartagena,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Prevenir al señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas para que evite promover
acciones de tutela sucesivas y repetitivas frente a los mismos hechos puestos en
conocimiento en las acciones de tutela con radicados 13001-33-33-012-2017-00208-
00/01, 13001-33-33-006-2018-00010-00/01, 13001-33-33-012-2025-00064-00/01 y
11001-03-15-000-2025-07661-00.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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