Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07661-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: ÁLVARO AHUMADA CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTOS PROFERIDOS EN
UN TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO Y CONTRA
UNA SENTENCIA PROFERIDA EN OTRO PROCESO DE
ACCIÓN DE TUTELA. SE DECLARA IMPROCEDENTE EL
AMPARO.
Síntesis del caso: el actor cuestionó los autos de un juzgado que se abstuvieron de abrir un
segundo incidente de desacato, así como una sentencia proferida dentro de otro proceso de
acción de tutela. La Sala concluyó que no se acreditaron las exigencias excepcionales que
habilitan su control por esta vía, razón por la cual se confirmará la improcedencia del amparo,
pero, por las razones contenidas en esta providencia.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la que se decidió:
“(...) 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas contra los Juzgados Sexto y Doce
Administrativos de Cartagena, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
3. Prevenir al señor Álvaro Gabriel Ahumada Cárdenas para que evite
promover acciones de tutela sucesivas y repetitivas frente a los mismos hechos
puestos en conocimiento en las acciones de tutela con radicados 13001-33-33-
012-2017-00208-00/01, 13001-33-33-006-2018-00010-00/01, 13001-33-33-
012-2025-00064-00/01 y 11001-03-15-000-2025-07661-00 (...)”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00030 del aplicativo SAMAI -
negrillas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 2025 (índice 00001 del aplicativo
SAMAI), la parte actora promovió proceso de acción de tutela en contra del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de
que se protegieran sus derechos fundamentales del debido proceso, seguridad social,
igualdad y mínimo vital, consagrados en los artículos 29, 48 y 13 de la Constitución
Política1, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas en el
trámite de un incidente de desacato derivado del fallo de tutela proferido en el proceso
no. 13001-33-33-006-2018-00010-00 el 2 de febrero de 2018 y de la sentencia de tutela
del 10 de junio de 2025, proferida en el proceso de acción de tutela no. 13001-33-33-012-
2025-00064-01.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) En el año 2018, promovió acción de tutela contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
2) Mediante sentencia del 2 de febrero de 2018, el juzgado amparó sus derechos
fundamentales y ordenó a dicha autoridad revisar su situación pensional frente a la
solicitud de reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, actuación que debía
culminar con la expedición y notificación de un acto administrativo definitivo.
3) En cumplimiento de dicha orden, Colpensiones expidió la Resolución no. SUB-98151
del 12 de abril de 2018, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, decisión que, a juicio de la parte demandante, se adoptó sin su
participación, sin permitirle aportar pruebas y sin que se surtiera una notificación personal
efectiva, en la medida en que la comunicación se habría dirigido a un tercero.
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Sobre el mínimo vital como derecho fundamental ver la sentencia T-780 de 2010, entre otras.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) Con ocasión de lo anterior, promovió incidente de desacato dentro del mismo proceso
de acción de tutela; no obstante, mediante auto del 19 de julio de 2018 el juzgado declaró
cumplido el fallo, con fundamento en la expedición y notificación del referido acto
administrativo.
5) En el año 2025, nuevamente solicitó que se abriera un incidente de desacato por
considerar que la orden de amparo no había sido cumplida de manera real y efectiva; sin
embargo, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante
auto del 30 de septiembre de 2025, se abstuvo de abrir el nuevo incidente tras estimar
que el fallo ya había sido declarado cumplido en el 2018.
6) Frente a dicha decisión, presentó diversos memoriales entre el 30 de septiembre y el
6 de octubre de 2025, en los cuales insistió en su solicitud dirigida que se sancione por
desacato a Colpensiones; no obstante, mediante auto del 14 de octubre de 2025, la
autoridad judicial demandada se estuvo a lo resuelto en el auto del 30 de septiembre de
2025 y reiteró la negativa.
7) De manera paralela, promovió una nueva acción de tutela contra Colpensiones con el
fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 30 de abril
de 2025, la declaró improcedente con fundamento en que no era el mecanismo idóneo
para obtener el reconocimiento de dicha prestación, en la medida en que existía un medio
de defensa judicial ordinario, y que, además, la autoridad ya había cumplido el fallo de
tutela de 2018 mediante la expedición de la Resolución no. SUB-98151 del 12 de abril de
2018; decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 10 de junio de 2025.
2. Fundamentos de la vulneración
La parte activa enfiló sus cargos contra los autos del 30 de septiembre y 14 de octubre
de 2025 proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
en el trámite del incidente de desacato adelantado en el proceso de acción de tutela no.
13001-33-33-006-2018-00010-00 y contra la sentencia de tutela del 10 de junio de 2025,
proferida en el proceso de acción de tutela no. 13001-33-33-012-2025-00064-01 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por cuanto, a su juicio, dichas providencias avalaron
un cumplimiento meramente formal del fallo de tutela proferido el 2 de febrero de 2018.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
En términos generales, reprochó el fundamento de esas decisiones en cuanto tuvieron
por cumplida la orden de la sentencia de tutela del 2 de febrero de 2018 con la sola
expedición de la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018, pese a que dicha
actuación se adelantó sin su participación, sin permitirle aportar pruebas y sin que se
surtiera una notificación personal efectiva.
La expedición de dicho acto administrativo no podía considerarse como un cumplimiento
real y efectivo de la orden impartida en la sentencia, en tanto no se garantizó el debido
proceso en la actuación administrativa ordenada, circunstancia que, en su criterio,
impedía declarar satisfechas las órdenes judiciales.
La negativa de abrir un nuevo incidente de desacato desconoció las circunstancias que,
a su juicio, evidenciaban la falta de cumplimiento material del fallo de tutela, lo cual
condujo a validar una actuación que no se ajustaba con las condiciones fijadas en la
decisión de amparo.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se declare la vulneración de mis derechos fundamentales por parte del
Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, al negarse a abrir el incidente de
desacato, pese a la existencia de una resolución viciada.
2. Que se ordene la apertura inmediata del incidente de desacato contra
Colpensiones, garantizando mi participación activa, notificación personal y
oportunidad probatoria por encontrarse vigente y sin fallo ejecutoriado.
3. Que se declare la ilegitimidad del uso de la Resolución SUB-98151 como
prueba de cumplimiento, por haber sido emitida sin mi conocimiento ni
participación, ni notificación. Por tanto, no está ejecutoriada y en contravención
de los principios constitucionales de publicidad, contradicción y debido proceso.
4. Que se oficie al Juzgado 12 Administrativo para que reconsidere su fallo, en
tanto se basó en una resolución que no cumple con los requisitos
constitucionales de validez. (negrillas y mayúsculas del original – archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación de primer grado
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Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto del 4 de diciembre de 2025 admitió la
acción de tutela, notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, a los
titulares de los juzgados Sexto y Doce Administrativos del Circuito Judicial de Cartagena
y vinculó al director de Colpensiones, con el fin de que presentaran un informe sobre los
hechos que dieron lugar a la presente acción. (índice 0004 del aplicativo SAMAI)
5. Sentencia de primera instancia
El 12 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional (índice 00030 del aplicativo SAMAI).
Los argumentos expuestos por el actor no se acompasan con las razones de las
providencias cuestionadas y no cuestionó la ratio decidendi de las decisiones de las
autoridades judiciales demandadas, sino que edificó la inconformidad sobre la supuesta
irregularidad de la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018, en tanto se afirmó que
fue expedida sin su participación y sin notificación, de modo que los reproches formulados
se dirigían realmente contra el acto administrativo expedido por Colpensiones y no contra
las decisiones judiciales adoptadas en el trámite del desacato.
Tales argumentos son novedosos porque no corresponden con los motivos que el actor
expuso al solicitar, en septiembre de 2025, la apertura del segundo incidente de desacato,
oportunidad en la cual alegó el supuesto incumplimiento prolongado del fallo de tutela,
pero no estructuró el cargo que formuló en esta acción constitucional en torno a un
supuesto cumplimiento aparente por falta de participación y notificación.
El a quo puso de presente que el actor omitió información relevante para comprender el
contexto del caso, pues no expuso con claridad que en 2018 ya había promovido un
primer incidente de desacato en cuyo trámite se verificó el cumplimiento del fallo y se
declaró terminada la actuación.
En ese primer incidente el juzgado requirió en varias oportunidades a Colpensiones para
acreditar la notificación de la Resolución SUB-98151 y la entidad aportó las respectivas
actas de notificación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, pues no estaba dirigida a demostrar una vulneración autónoma de
derechos fundamentales imputable a las providencias judiciales cuestionadas, sino que
buscaba prolongar y reabrir una controversia prestacional ya ventilada en sede
administrativa y judicial, razón por la cual la declaró improcedente y previno al actor para
que se abstuviera de promover demandas sucesivas y repetitivas frente a los mismos
hechos.
6. Impugnación
El actor presentó impugnación (índice 00038 del aplicativo SAMAI) y le fue concedida
con auto del 4 de marzo de 2026 (índice 00040 del aplicativo SAMAI).
En términos generales, sostuvo que la decisión impugnada desconoció las
irregularidades en que incurrió Colpensiones pues el cumplimiento al fallo de tutela que
amparó sus derechos fundamentales fue meramente aparente, en tanto esa autoridad
sustentó la negativa del reconocimiento pensional en afirmaciones carentes de soporte
probatorio.
Asimismo, reiteró que en la actuación administrativa adelantada por Colpensiones no se
le garantizó su participación ni la posibilidad de aportar pruebas, ni se surtió una
notificación adecuada del acto administrativo que resolvió su solicitud, lo cual, en su
criterio, desvirtúa que la orden de tutela hubiera sido cumplida en debida forma.
Cuestionó las actuaciones surtidas en el proceso de tutela y señaló la presunta existencia
de omisiones probatorias y decisiones que, a su juicio, desconocieron elementos
relevantes para acreditar su derecho a la pensión de sobrevivientes.
Con fundamento en lo anterior, insistió en que resultaba procedente que se diera inicio a
un nuevo trámite incidental de desacato, con el fin de retrotraer la actuación administrativa
adelantada por Colpensiones y garantizar la efectividad material de sus derechos
fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. Delimitación del asunto
La Sala advierte que, si bien la acción de tutela se presentó contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, lo cierto es que los
cargos de la parte actora se estructuraron, de una parte, contra los autos del 30 de
septiembre y 14 de octubre de 2025 proferidos por el primero de tales despachos dentro
del incidente de desacato adelantado en el proceso de tutela no. 13001-33-33-006-2018-
00010-00 y, de otra, contra la sentencia del 10 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar dentro del proceso de tutela no. 13001-33-33-012-2025-00064-
00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
En efecto, aunque dentro de las pretensiones de la demanda se solicitó que se oficiara
al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena para que reconsiderara
el fallo emitido el 30 de abril de 2025, lo cierto es que no formuló cargos autónomos,
específicos y diferenciados contra esa providencia de primera instancia; por el contrario,
en lo concerniente a los reproches dirigidos contra las decisiones adoptadas en el trámite
de la acción de tutela no. 13001-33-33-012-2025-00064-00/01, la argumentación del
demandante se orientó a cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto esta confirmó la improcedencia del amparo
y avaló la tesis según la cual el fallo de tutela de 2 de febrero de 2018 ya había sido
cumplido con la expedición de la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018.
Ahora bien, la Sala se aparta de las consideraciones adoptadas por la Sección Cuarta en
la sentencia de primera instancia, según las cuales los cargos formulados por el actor se
dirigían en realidad contra la actuación administrativa desplegada por Colpensiones y,
por ende, constituían argumentos novedosos ajenos al trámite incidental de desacato; en
criterio de esta Subsección, si bien el actor menciona presuntas irregularidades en la
expedición y notificación de la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018, lo cierto
es que tales planteamientos se formulan con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales que, en sede de desacato, tuvieron por cumplida la orden de amparo con
fundamento en dicho acto administrativo.
En esa medida, no se trata de una impugnación directa del acto administrativo en sí
mismo considerado, sino de un cuestionamiento dirigido a la validez de las providencias
que concluyeron que la orden de tutela había sido satisfecha, de modo que el análisis
debe centrarse en determinar si, en el marco del trámite incidental, se vulneró el debido
proceso en la adopción de tales decisiones y no en la legalidad de la actuación
administrativa adelantada por Colpensiones.
A ello se suma que la sentencia del 10 de junio de 2025 fue la providencia que definió de
manera definitiva el trámite constitucional adelantado en el proceso no. 13001-33-33-012-
2025-00064-00/01, de suerte que, ante la eventualidad de prosperar el amparo solicitado,
sería esa autoridad judicial la llamada a cumplir la orden y adoptar la decisión de
reemplazo correspondiente.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá: i) respecto del trámite incidental, a los
autos del 30 de septiembre y 14 de octubre de 2025 proferidos por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena; y ii) en lo relativo al trámite de tutela
adelantado bajo el radicado no. 13001-33-33-012-2025-00064-00/01, a la sentencia del
10 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia, la parte actora acude a esta vía constitucional con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital y seguridad
social, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos del 30 de septiembre y 14 de
octubre de 2025, proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena en el trámite del incidente de desacato adelantado en el proceso de acción de
tutela no. 13001-33-33-006-2018-00010-00, así como por la sentencia del 10 de junio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de acción de tutela
no. 13001-33-33-012-2025-00064-00/01.
En los términos en que fue planteada a la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero, por las razones que
pasan a exponerse:
3.1 La procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas en un trámite
de desacato de un fallo de tutela
1) En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte Constitucional
precisó que la procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales proferidas
en el curso de un incidente de desacato es excepcional y que depende de si está
configurada la vulneración del debido proceso de las partes.
2) De lo anterior, la Corte dispuso que el juez constitucional que asuma el conocimiento
de una acción de tutela enfilada contra una providencia dictada en el curso de un
incidente de desacato solo está autorizado para examinar la observancia del debido
proceso al interior del trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo,
mas no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, o mucho menos el
alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela
primigenia, pues se trata de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
cosa juzgada, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite
incidental objeto de estudio.
3) Asimismo, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó las condiciones
de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato y reiteró que i) deben
cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial;
además, exigió que ii) la parte actora debe alegar, por lo menos, la configuración de uno
de los defectos especiales.
4) A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad iii) la acción
de tutela solo puede interponerse contra la decisión que ponga fin al trámite, una vez esté
debidamente ejecutoriada.
5) Finalmente, enfatizó que iv) los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato, por ende, no result a
admisible invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite incidental y tampoco
solicitar nuevas pruebas.
6) De conformidad con lo anterior, en suma, se advierte que la procedencia de la acción
de tutela contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a los siguientes presupuestos: i) que la decisión dictada en el trámite de desacato
se encuentre ejecutoriada y en firme, ii) que se controvierta la decisión que finaliza el
trámite, iii) que no se aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del
desacato, iv) que se cumpla con los requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencias judiciales y que se sustente la configuración de un defecto especial.
3.2 La improcedencia de la acción de tutela contra los autos del 30 de septiembre
y 14 de octubre de 2025, proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena
1) En el caso concreto, se advierte que únicamente se satisface el segundo de los
presupuestos señalados y ello exclusivamente respecto del auto del 30 de septiembre de
2025, en la medida en que dicha providencia corresponde a la decisión mediante la cual
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena resolvió no abrir el
trámite incidental de desacato frente al fallo de tutela proferido el 2 de febrero de 2018.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
2) Por el contrario, en lo que respecta al auto del 14 de octubre de 2025, dicho
presupuesto no se cumple, en tanto esa providencia se limitó a estarse a lo resuelto en
el auto del 30 de septiembre de 2025 para atender solicitudes reiterativas del actor, de
modo que no constituye una decisión autónoma que ponga fin a un trámite incidental ni
habilita, por sí misma, el control excepcional en sede de la acción de tutela.
3) De otra parte, la Sala advierte que tampoco se cumple con la exigencia de alegar un
defecto específico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pues el actor no los invocó de manera expresa, aunque en términos generales alegó que
sus cargos se dirigen formalmente contra las decisiones adoptadas en el trámite
incidental de desacato porque avalaron las presuntas irregularidades en la expedición de
la Resolución SUB-98151 del 12 de abril de 2018.
4) No obstante, tales cuestionamientos no evidencian, por sí mismos, una irregularidad
en el trámite incidental ni un desconocimiento del debido proceso en la adopción de las
providencias cuestionadas, sino que se orientan a controvertir el juicio realizado por el
juez natural respecto del cumplimiento de la orden de tutela, lo cual desborda el ámbito
propio del incidente de desacato y del control excepcional en sede de tutela contra
providencias judiciales.
5) Adicionalmente, se observa que la controversia planteada en la presente acción de
tutela no guarda correspondencia con los argumentos expuestos por el actor al solicitar
la apertura del segundo incidente de desacato, pues en esa oportunidad sustentó su
petición en un supuesto incumplimiento prolongado del fallo de tutela y en su situación
de vulnerabilidad, mientras que en esta sede constitucional estructuró su reproche en
torno a la existencia de un cumplimiento aparente por irregularidades en la expedición y
notificación del acto administrativo, lo cual configura la introducción de cargos nuevos no
planteados ante el juez natural.
6) En ese contexto, se advierte que el actor pretende reabrir, a través de la acción de
tutela, la discusión sobre el cumplimiento de la orden de amparo y, de manera indirecta,
cuestionar la legalidad de la actuación administrativa adelantada por Colpensiones, lo
cual desborda el ámbito del incidente de desacato y la competencia del juez
constitucional.
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Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
7) En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela no satisface el presupuesto
de relevancia constitucional frente a los autos cuestionados, en tanto los argumentos
propuestos no evidencian una vulneración autónoma del debido proceso en el trámite
incidental, sino que buscan convertir este mecanismo en una instancia adicional para
controvertir decisiones ya adoptadas.
8) En ese orden de ideas, se declarará improcedente el amparo frente a los autos del 30
de septiembre y 14 de octubre de 2025, por las razones expuestas en la presente
providencia.
3.2 Improcedencia de la acción de tutela contra fallos proferidos en procesos de
idéntica naturaleza
La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 indicó que se ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran
en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los
derechos fundamentales de las partes.
No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.
Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que
opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.
Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan por
superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la
posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el requisito
de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que
resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera
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Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no
corresponda, a su vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.
Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela pues los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.
Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de tutela, en
sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del
recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:
“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general
es la de que no procede”.
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).
En esos términos, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T -039 de
2019, “un comportamiento puede considerarse como fraudulento cuando la actuación,
que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una
situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este
modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos
razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida
aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación
que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento
de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener
el resultado no deseado por el legislador.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
3.3 La improcedencia de la acción de tutela contra la sentencia de tutela del 10 de
junio de 2025
1) Tratándose de acciones de tutela dirigidas contra sentencias de igual naturaleza, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015 estableció que para determinar la
viabilidad o no del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:
“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
general es la de que no procede”.
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).
2) De manera complementaria, la sentencia T-039 de 2019 de la Corte Constitucional
reiteró que “un comportamiento puede considerarse como fraudulento cuando la
actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva
una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este
modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos
razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida
aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación
que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento
de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener
el resultado no deseado por el legislador.”.
3) En el asunto de la referencia, la parte actora cuestiona la sentencia de tutela del 10 de
junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se
confirmó la decisión del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
que declaró improcedente una acción de tutela dirigida a obtener el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) No obstante, la parte actora no alegó ni demostró que dicha providencia hubiese sido
producto de un fraude procesal, ni que en su expedición hubiera mediado actuación
artificiosa o engañosa destinada a alterar el sentido de la justicia o a obtener una decisión
contraria al orden constitucional.
5) Por el contrario, sus reproches se limitan a expresar su inconformidad con las
conclusiones a las cuales arribó el juez de tutela, en particular, en cuanto consideró
improcedente el amparo por existir otros mecanismos judiciales y por haberse verificado
el cumplimiento del fallo de tutela de 2018, lo cual constituye un cuestionamiento dirigido
al contenido de la decisión y no a su validez constitucional en los estrictos términos
exigidos por la jurisprudencia.
6) En ese contexto, la Sala constató que la acción de tutela de la referencia no satisface
los presupuestos excepcionales que habilitan el control de una sentencia de tutela por
esta vía, pues no se configura ni siquiera de manera indiciaria el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta y la pretensión del actor se orientó, en realidad, a reabrir la discusión
ya resuelta sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de una
prestación.
7) Así, la pretensión del actor se orienta, en realidad, a reabrir la discusión ya resuelta en
el proceso de tutela anterior, lo cual desnaturaliza el carácter subsidiario y excepcional
de este mecanismo y desconoce los límites fijados por la jurisprudencia constitucional.
8) En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela resulta improcedente frente
a la sentencia del 10 de junio de 2025, por no acreditarse los requisitos excepcionales
que permitirían su examen, razón por la cual se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero, por las razones expuestas
en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07661-01
Demandante: Álvaro Ahumada Cárdenas
Acción de tutela – Impugnación fallo
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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