RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07663-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07663-00

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07663-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Herman Martínez Gómez, quien actúa a través de apoderada judicial, por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07663-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 2 de diciembre de 2025 1 por el
señor Herman Martínez Gómez, quien actúa a través de apoderada judicial, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C. A su
juicio, dicha autoridad judicial vulneró su derecho fundamental de audiencia y
defensa.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. El 24 de enero de 2011, la Contraloría de Bogotá profirió el auto de apertura del
Proceso de Responsabilidad Fiscal número 170100-0011-11 contra el señor
Herman Martínez Gómez, por presuntas irregularidades relacionadas con el control
y seguimiento del contrato de prestación de servicios de transporte número 741 de
2009.

2. Posteriormente, el 26 de mayo de 2015, la Contraloría emitió el fallo con
responsabilidad fiscal número 016, mediante el cual declaró responsable
fiscalmente al señor Martínez Gómez y le impuso una condena por la suma de
$66.838.183.00 de pesos.

3. Contra dicha decisión, el 16 de junio de 2015, el apoderado del señor Herman
Martínez Gómez interpuso oportunamente los recursos de reposición y, en subsidio,
apelación. No obstante, el poder que acreditaba la representación judicial fue

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 2 de diciembre de 2025 con secuencia: 12362 - Cuad.:1”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

allegado al expediente el 19 de junio de 2015, esto es, antes de que la Contraloría
resolviera los recursos interpuestos.

4. Pese a ello, a través de auto del 9 de julio de 2015, la Contraloría rechazó los
recursos bajo el argumento de que no se había aportado el poder correspondiente
dentro del término establecido para la apelación. En un auto separado de la misma
fecha, la entidad reconoció personería jurídica al abogado Juan José Gómez
Urueña, a pesar de que el poder ya obraba en el expediente.

5. Ante esa situación, el 29 de enero de 2016, el apoderado del tutelante presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicitó la nulidad del
fallo con responsabilidad fiscal del 26 de mayo de 2015 y del auto del 9 de julio de
2015 que rechazó los recursos de reposición y apelación.

6. Mediante providencia del 13 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá2 accedió a las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que conforme al contenido del fallo de primera instancia número
016 del 26 de mayo de 2015, el señor Herman Martínez Gómez actuó en nombre
propio durante la actuación administrativa, situación que se mantuvo hasta el 9 de
julio de 2015, fecha en la cual se reconoció formalmente la personería de su
apoderado judicial. En criterio del juzgado, ello evidenciaba que el fallo con
responsabilidad fiscal fue expedido con desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, en particular, del derecho a la defensa técnica, entendido como el nivel
más elevado del derecho de defensa.

7. Agregó que, de haber advertido y subsanado oportunamente dicha irregularidad,
la Contraloría habría garantizado el adecuado agotamiento de los recursos, pues el
señor Martínez habría contado con representación técnico-jurídica desde el auto de
imputación de responsabilidad. En consecuencia, concluyó que la administración no
le brindó una oportunidad real para interponer los recursos procedentes, razón por
la cual, en aplicación del artículo 138, inciso segundo, de la Ley 1437 de 2011, no
le era exigible el agotamiento del recurso obligatorio de apelación como requisito de
procedibilidad para acudir a la jurisdicción.

8. En contra de esta decisión, el 7 de octubre de 2024, la Contraloría de Bogotá
interpuso recurso de apelación, al argumentar que el rechazo de los recursos fue
ajustado a derecho y que el actor no agotó debidamente el procedimiento
administrativo.

9. El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, profirió sentencia de segunda instancia, mediante
la cual revocó la decisión de primera instancia. Dicha autoridad judicial sostuvo que
conforme a los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, el legislador estableció requisitos formales obligatorios
para la interposición válida de los recursos administrativos, entre ellos, que estos

2 Proceso identificado bajo el radicado: 11001334104520160004800/01.
3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sean presentados por el interesado o por su apoderado debidamente constituido.
En ese sentido, consideró que la exigencia de aportar el poder no resultó
desproporcionada ni constituye una carga excesiva para el administrado, sino un
deber jurídico de obligatorio cumplimiento.

10. Así, concluyó que la autoridad administrativa estaba legalmente obligada a
rechazar los recursos interpuestos sin el cumplimiento de tales requisitos y que
dicha exigencia no vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa ni al acceso
a la administración de justicia. Adicionalmente, precisó que no era aplicable la
excepción prevista en el artículo 161 del CPACA, relativa a la falta de oportunidad
para interponer recursos, puesto que la entidad no impidió su presentación, sino
que el investigado incumplió los requisitos legales exigidos, sin que pueda alegarse
la propia culpa en su favor.

11. En consecuencia, el Tribunal determinó que, al no haberse cumplido el requisito
obligatorio de procedibilidad, los actos demandados no eran susceptibles de control
judicial y que el proceso no debía haberse iniciado. Por ello, revocó la sentencia
apelada y declaró la terminación del proceso ante el incumplimiento insubsanable
de los requisitos de procedibilidad.

Pretensiones

12. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“En mérito de las consideraciones expuestas, solicito al honorable Consejo
de Estado, dejar sin efectos la sentencia proferida el 24 de septiembre de
2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera,
Subsección C, dentro del proceso No. 11001334104520160004801,
promovido por Herman Martínez Gómez. Providencia que revocó la
sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024, por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Bogotá, que había declarado la nulidad parcial del
fallo con responsabilidad fiscal.”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. El peticionario esbozó que la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia contra providencias judiciales. Indicó que la Contraloría
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al aplicar de manera rígida el derecho
de postulación del apoderado, pese a que el poder debidamente conferido ya
obraba en el expediente antes de resolverse los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación contra el fallo con responsabilidad fiscal.

14. A juicio del accionante, esa interpretación formalista impidió el estudio de fondo
de los argumentos y pruebas aportados en el proceso, lo que afectó de manera

4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_Tutelacontraproviden(.pdf) NroActua
2.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

directa su derecho de audiencia y defensa, al anular toda posibilidad real de
contradicción del fallo fiscal. La exigencia procedimental fue aplicada sin atender a
su finalidad constitucional, privilegiando la forma sobre el derecho sustancial
comprometido.

15. Indicó, además, que la Corte Constitucional ha precisado que el exceso ritual
manifiesto se configura cuando el juez renuncia al análisis de fondo del asunto por
una aplicación irreflexiva de las normas procesales, en contravía de los artículos 29
y 228 de la Constitución y del principio de prevalencia del derecho sustancial, como
lo reiteró en la Sentencia SU-061 de 2018.

16. En ese contexto, afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en exceso ritual manifiesto al considerar ajustado a derecho el rechazo de los
recursos por la supuesta ausencia de poder, aun cuando este había sido aportado
oportunamente. En criterio del actor, invocar el “efecto útil de las normas” no podía
justificar una decisión que sacrificó el derecho de defensa y eliminó toda posibilidad
de contradicción, lo que desconoció que el requisito formal ya se encontraba
satisfecho antes de decidir los recursos.

17. En consecuencia, el accionante concluyó que la autoridad judicial accionada
subordinó sus derechos sustanciales a una exigencia procedimental carente de
justificación constitucional, vulnerando de manera directa sus derechos
fundamentales de audiencia y defensa.

Trámite en primera instancia

18. Mediante auto del 4 de diciembre de 20255, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia ordenó notificar a la
parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como
vincular al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Contraloría
de Bogotá D. C., al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 11001-33-41-
045-2016-00048-00/01, en calidad de terceros con interés en las resultas del
proceso. Finalmente, reconoció la personería adjetiva a la abogada María Juanita
Moreno Silva.

Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección
C6 solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, al estimar que no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, pues el accionante pretende reabrir
un debate ya resuelto en la sentencia de segunda instancia, a partir de su
desacuerdo con el análisis jurídico efectuado.

5 Índice electrónico 06 de SAMAI. 7Autoqueadmite_20250766300ADMITEHER(.pdf) NroActua 6.
6 Índice electrónico 010 de SAMAI. 9_MemorialWeb_Respuesta-20250766300RtaTu(.pdf) NroActua
10.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

20. Explicó que, en la sentencia del 24 de septiembre de 2025, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Herman
Martínez Gómez contra la Contraloría de Bogotá D. C., se analizó de manera
integral la normatividad aplicable y el acervo probatorio, concluyéndose que no se
configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el rechazo de
los recursos administrativos ni en la decisión de fondo.

21. En consecuencia, sostuvo que no se acreditó vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, toda vez que los requisitos para la interposición
de los recursos son claros y su exigencia, en el caso concreto, no implicó sacrificio
del derecho sustancial, razón por la cual los argumentos del accionante no están
llamados a prosperar.

22. La Contraloría de Bogotá D.C.7 pidió declarar improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional, al considerar que el accionante pretende
convertir este mecanismo excepcional en una tercera instancia, al reabrir un debate
ya resuelto en sede judicial sobre la aplicación de los requisitos legales para la
interposición de recursos contra actos administrativos.

23. Indicó que dicho asunto fue analizado y decidido de manera razonada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como última instancia dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el reproche del
accionante se limita a una mera inconformidad con el criterio adoptado por el juez
natural, quien concluyó que no se agotó debidamente la vía administrativa.

24. En consecuencia, manifestó que no se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, pues la decisión cuestionada respondió a la aplicación de
una norma procesal cuyo incumplimiento fue atribuible al accionante y a su
apoderado, sin que sea posible predicar vulneración alguna de los derechos al
debido proceso y a la defensa, máxime cuando el asunto ya fue decidido mediante
sentencia ejecutoriada.

25. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá8 solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que la
inconformidad planteada por la parte actora se dirige exclusivamente contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
Adicionalmente, sostuvo que no transgredió los derechos fundamentales del
tutelante.

CONSIDERACIONES
Competencia

26. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del

7Índice electrónico 011 de SAMAI.10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela20(.pdf) NroActua 11.
8 Índice electrónico 014 de SAMAI.14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutelap(.pdf) NroActua 12.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20199.

Problema jurídico y metodología de la decisión

27. Herman Martínez Gómez promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. El actor
manifestó que fue declarado responsable fiscalmente por $66.838.183.00 de pesos.
Aunque interpuso oportunamente los recursos de reposición y apelación, aportó el
poder tres días después, razón por la cual mediante auto del 9 de julio de 2015 se
rechazaron los recursos por falta del mandato.

28. Posteriormente, el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante
providencia del 13 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones. Consideró
que el actor actuó en nombre propio durante la actuación administrativa hasta el 9
de julio de 2015, cuando se reconoció formalmente a su apoderado, lo que
evidenciaba desconocimiento del derecho de defensa, especialmente de la defensa
técnica.

29. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 24
de septiembre de 2025, revocó la decisión. Indicó que, conforme a los artículos 77
y 78 del CPACA, los recursos administrativos deben presentarse por el interesado
o por apoderado debidamente constituido, por lo cual la exigencia de allegar el
poder constituye un requisito formal obligatorio y no una carga desproporcionada.

30. En esa medida, concluyó que el rechazo de los recursos por incumplimiento de
dichos requisitos no vulneró el debido proceso, la defensa ni el acceso a la justicia.
Además, sostuvo que no aplicaba la excepción del artículo 161 del CPACA, pues la
entidad no impidió recurrir, sino que el investigado incumplió los requisitos exigidos,
sin que pueda alegar su propia culpa.

31. Finalmente, determinó que, al no agotarse debidamente el requisito de
procedibilidad, los actos demandados no eran susceptibles de control judicial; por
ello, revocó la sentencia apelada y declaró la terminación del proceso por
incumplimiento insubsanable de tales requisitos.

32. En este escenario, la Sala debe determinar si la acción de tutela satisface el
requisito de relevancia constitucional. Ello resulta necesario, en tanto el actor ya
contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario,
lo que permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate
previamente resuelto por el juez natural de la controversia. En caso de superar el
dicho examen preliminar, la Sala estudiará si ¿incurrió el Tribunal Administrativo de

9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Cundinamarca Sección Primera Subsección C, en un defecto por exceso ritual
manifiesto?

33. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; y (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del
caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

34. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 2005,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

35. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

El requisito de relevancia constitucional

36. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

37. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

38. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate17: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

39. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.

Análisis del caso concreto

40. El señor Herman Martínez Gómez interpuso acción de tutela contra la sentencia
del 24 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, al considerar que dicha autoridad incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al privilegiar una exigencia formal
relativa a la presentación del poder judicial y, con ello, impedir el estudio de fondo
de la controversia, vulnerando sus derechos de audiencia y defensa. No obstante,
el Tribunal sostuvo que el rechazo de los recursos de reposición y apelación
obedeció al incumplimiento de requisitos formales legalmente exigidos y no afectó
los derechos al debido proceso, la defensa ni el acceso a la justicia. Precisó,

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

además, que no era aplicable la excepción del artículo 161 del CPACA, pues la
administración no impidió recurrir, sino que el propio interesado incumplió sus
deberes procesales. En consecuencia, concluyó que no se agotó el requisito de
procedibilidad, razón por la cual los actos demandados no eran susceptibles de
control judicial, revocó la sentencia de primera instancia y declaró la terminación del
proceso por tratarse de un incumplimiento insubsanable.

41. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

42. En primer lugar, Herman Martínez Gómez cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Primera Subsección C, providencia que, según afirma, transgredió sus garantías
constitucionales.

43. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C, autoridad judicial
que emitió la providencia a la que se le atribuye la trasgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el accionante.

44. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela. Al respecto, la Sala advierte que
funge como juez de primera instancia dentro del proceso ordinario, de ahí que se
mantendrá vinculado dentro del presente trámite constitucional.

Relevancia Constitucional

45. El defecto por exceso ritual manifiesto no supera el requisito general de
relevancia constitucional, dado que el debate planteado se circunscribe en un
asunto legal y la acción de tutela es utilizada para reiterar argumentos que ya fueron
analizados y resueltos en las dos instancias del proceso ordinario19.

46. En primer lugar, la Sala advierte que la controversia sometida a examen no
reviste entidad constitucional, razón por la cual la acción de tutela deviene
improcedente. En efecto, el reproche formulado por el accionante se contrae,
esencialmente, a cuestionar la legalidad del rechazo de los recursos de reposición
y apelación interpuestos en sede administrativa, debido a la supuesta
extemporaneidad en la presentación del poder conferido al apoderado judicial, esto,
en el marco de una decisión que lo declaró responsable fiscalmente. Bajo este
contexto, el debate se circunscribe a un problema de interpretación y aplicación de
normas procesales y procedimentales —en particular, las relativas a los requisitos

19 Proceso identificado bajo el radicado: 11001334104520160004800/01.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

formales para recurrir y a las consecuencias derivadas del incumplimiento de tales
exigencias—, asunto que corresponde al ámbito propio del derecho ordinario.

47. En ese sentido, la Sala constata que el cuestionamiento del accionante no
involucra, de manera directa, la protección inmediata del núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados, por el contrario, se trata de una discrepancia
frente a la forma en que se aplicaron determinadas normas procesales,
circunstancia que —por regla general— debe ser resuelta a través de los
mecanismos ordinarios de control y no mediante tutela.

48. En consecuencia, el asunto bajo examen no se configura un problema de
relevancia constitucional, pues el actor no acreditó una afectación real, concreta y
trascendente del orden constitucional, sino un desacuerdo con la decisión adoptada
en torno a un requisito formal de procedibilidad, discusión que se ubica en el plano
estrictamente legal y que, por tanto, resulta ajena a la finalidad propia de la acción
de tutela.

49. En segundo lugar, en criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia
constitucional implica que el accionante no solo identifique un derecho fundamental
presuntamente afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y
suficiente la forma en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha
garantía. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión
la forma en que estos han sido afectados, evitando que la tutela se convierta en un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.

50. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la luz del acervo
probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar que la
tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables,
especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro
del proceso ordinario.

51. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En concreto, no se acredita la relevancia constitucional, pues el solicitante pretende
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido
en el proceso ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07663-00
Accionante: Herman Martínez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Herman Martínez Gómez, quien actúa a través de apoderada judicial, por no
satisfacer el requisito general de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.