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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01713-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01713-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Herman Martínez Gómez, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Reconocer personería a la abogada Ginna Paola Rincón Alvarado como apoderada de la Contraloría de Bogotá, en los términos del poder allegado con la contestación de la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01713-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01713-00
Accionante: HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de declarar la nulidad
de acto administrativo sancionatorio. Defectos sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto. Duplicidad de acciones

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Herman Martínez Gómez, quien actúa en nombre propio,
contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de marzo de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y “a una defensa técnica”, presuntamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Declarar que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, de fecha 24 de septiembre de 2025, vulneró los derechos
fundamentales del señor Herman Martínez Gómez al omitir el análisis y aplicación de la
doctrina constitucional que hace obligatoria la defensa técnica desde el auto de
imputación.
2. Ordenar las medidas de reparación necesarias, en los siguientes términos alternativos
y subsidiarios:
a) Dejar sin efectos la parte de la sentencia de segunda instancia que impide el control
judicial del fallo fiscal y ordenar que se pronuncie de nuevo, con expresa valoración del
defecto constitucional relativo a la defensa técnica; o, subsidiariamente,
b) Declarar la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal No. 016 de 26 de mayo de 2015
por vulneración del derecho a la defensa técnica desde el Auto de Imputación y ordenar
el restablecimiento del derecho (devolución de sumas pagadas, levantamiento de
medidas cautelares, etc.).
3. Ordenar las demás medidas necesarias para garantizar la efectividad del derecho
vulnerado, incluida la práctica de las actuaciones que permitan la valoración técnica del
caso con la debida representación del accionante.
4. Notificar la presente decisión a las partes y a las autoridades intervinientes”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01713-00
Accionante: Herman Martínez Gómez

2. Hechos

El demandante relató que la Contraloría de Bogotá profirió el auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal núm. 170100-0011-11 de 24 de enero de 2011
en su contra, en calidad de director general del Jardín Botánico José Celestino
Mutis, por presuntas irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del
contrato de prestación de servicios de transporte núm. 741 de 2009 suscrito con la
Unión Temporal Especiales JR-FSG, por un detrimento inicial al patrimonio distrital
por valor de $56.475.600.

Afirmó que la Contraloría de Bogotá en fallo con responsabilidad fiscal núm. 016 de
26 de mayo de 2015, lo declaró responsable fiscalmente y lo sancionó con una
multa de $66.838.183.00, decisión contra la cual, mediante apoderado, interpuso
los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Sin embargo, por auto de 9
de julio de 2015, la Contraloría rechazó los recursos bajo el argumento de que no
se había aportado el poder correspondiente dentro del término establecido para la
apelación.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Contraloría de Bogotá, con la pretensión de
que se anulara el fallo con responsabilidad fiscal de 26 de mayo de 2015 y el auto
del 9 de julio de 2015 que rechazó los recursos de reposición y apelación.

Sostuvo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia
de 13 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que del fallo núm. 016 de 26 de mayo de 2015 constató que el señor
Herman Martínez Gómez actuó en nombre propio durante la actuación
administrativa, situación que se mantuvo hasta el 9 de julio de 2015, fecha en la
cual se reconoció formalmente la personería de su apoderado, lo que demostraba
que la decisión sancionatoria fue expedida con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, en particular del derecho a la defensa técnica, entendido como
el nivel más elevado del derecho de defensa.

Señaló que contra la anterior decisión la Contraloría de Bogotá interpuso recurso
de apelación. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en fallo de 24 de septiembre de 2025 la revocó y, en su lugar,
declaró que los actos demandados no eran susceptibles de control judicial, pues
los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establecen los requisitos formales obligatorios para la
interposición válida de los recursos administrativos, entre ellos, que estos sean
presentados por el interesado o por su apoderado debidamente constituido, razón
por la cual consideró que la exigencia de aportar el poder no resultó
desproporcionada ni constituye una carga excesiva para el administrado, sino un
deber jurídico de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, al no haberse
cumplido el requisito obligatorio de procedibilidad, los actos demandados no eran
susceptibles de control judicial y que el proceso no debía haberse iniciado.

Finalmente, manifestó que presentó acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado núm.
11001-03-15-000-2025-07663-00), por supuestamente incurrir en un defecto
procedimental por un exceso ritual manifiesto, sin embargo, la Subsección A de la
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Accionante: Herman Martínez Gómez

Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 30 de enero de 2026, la
declaró improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional,
decisión que no fue impugnada por el demandante.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que interpone una nueva acción de tutela en la que plantea
un problema jurídico distinto y autónomo, consistente en que “la vulneración del
derecho a la defensa técnica desde el auto de imputación, cuestión que, si fue
reconocida por la sentencia de primera instancia por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Bogotá, pero no fue analizada de fondo por la segunda
instancia por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C”.

Afirmó que no se configuró la cosa juzgada constitucional “sobre la cuestión de la
defensa técnica, porque la decisión de segunda instancia no resolvió ese núcleo
constitucional; se limitó a un análisis de procedibilidad formal”. Además, que la
solicitud de amparo se declaró improcedente por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad. Agregó que, si bien existe identidad parcial de partes y del fallo
cuestionado, no se configura identidad de causa ni de pretensiones
constitucionales, pues el objeto de protección en la presente acción es distinto,
autónomo y no examinado previamente.

Indicó que en el presente asunto no se configuró la temeridad, por lo que el juez de
tutela puede pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la solicitud de
amparo.

De otro lado, sostuvo que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en tanto que el
Tribunal incurrió en el defecto procedimental y en desconocimiento del precedente
judicial relacionada con la defensa técnica, ii) no cuenta con otro medio de defensa
eficaz que me permita proteger sus derechos fundamentales, iii) se presentó en un
plazo razonable y iv) se identificaron los hechos generadores de la vulneración
alegada.

Sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, toda vez que “se centró en
el requisito de procedibilidad formal (art. 77 CPACA) y en la exigencia del poder,
sin valorar la afectación constitucional autónoma derivada de la ausencia de
defensa técnica desde la imputación, pese a que la primera instancia sí lo
reconoció. Esa omisión configura desconocimiento del precedente constitucional
aplicable y un defecto material con efecto decisivo”.

Aseguró que no contó con una defensa técnica desde el auto de imputación, lo que
vulneró gravemente su derecho de defensa y que el Tribunal “omitió aplicar y/o
valorar la doctrina constitucional que hace obligatoria la defensa técnica desde la
imputación (C-131/02; T-549/10), pese a que la primera instancia sí lo hizo”.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto se le impidió tener un
examen de fondo de los argumentos y pruebas del fallo de responsabilidad fiscal,

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en el cual resultó sancionado, pues no contó con la posibilidad de ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
4. Trámite procesal

Por auto de 13 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Contraloría de Bogotá.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios núm. 48872 a 48876 de
16 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

El magistrado ponente de la sentencia atacada pidió que se negaran las
pretensiones o que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez
que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, a lo que agregó
que la utiliza como una tercera instancia con la intención de reabrir el debate.

5.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho pidió que se desvinculara del trámite constitucional, porque
los reproches del demandante se dirigen a la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5.3. Respuesta de la Contraloría de Bogotá

La apoderada de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, al considerar que no cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto
el asunto que se plantea es de naturaleza legal, además que la solicitud de amparo
es temeraria.

Afirmó que el demandante había presentado otra acción de tutela con las mismas
partes, hechos y pretensiones y que, contrario a lo manifestado por el accionante,
la tutela sí fue presentada por los mismos motivos, esto es considerar vulnerado el
derecho a la defensa técnica, pese a que en el presente escrito de tutela se intenta
plantear de forma diferente el problema jurídico, lo cierto es que el contenido
material de la solicitud de amparo es el mismo porque cuestiona las mismas
decisiones judiciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
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Accionante: Herman Martínez Gómez

2. Cuestión preliminar

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que se
desvinculara de la acción de tutela, al considerar que las pretensiones no se dirigen
contra dicha autoridad judicial.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará la solicitud de
1

desvinculación de la autoridad judicial, porque tiene interés directo en el asunto,
más aún cuando fue la autoridad judicial que conoció el proceso ordinario en primera
instancia.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y “a una defensa técnica” del
demandante.

4. Improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o por
conducta temeraria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 “cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo
de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así
como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”.

De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde
al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de
hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda.

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Sentencia T-005 de 2022.
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Accionante: Herman Martínez Gómez

En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se
derivan del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma
simultánea o sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la
improcedencia sin que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos
“la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de
derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta
frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos
a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones”.

Sobre este aspecto, resulta importante señalar que la improcedencia por duplicidad
de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el
primero escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de
protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.

En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-057 de 20152, se refirió a los
eventos en los que aun existiendo duplicidad de acciones de tutela no hay lugar a
imponer sanción al actor. Al respecto, expresó:

“No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para determinar que efectivamente se actuó con
temeridad. Es necesario, tal y como lo ha previsto la jurisprudencia constitucional, distinguir aquellos
eventos en los que pese a que se configura la temeridad, no es preciso imponer sanción al accionante,
en tanto “el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por
la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria
de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera
“temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante”.

Con todo, en cada caso concreto se debe establecer con base en las pruebas
aportadas, si la actuación fue temeraria o se presentó duplicidad de acciones.

5. Estudio y solución del caso concreto

La Sala advierte que, en el presente asunto, declarará la improcedencia de la acción
de tutela por configurarse la duplicidad de acciones, con sustento en los argumentos
que a continuación se exponen.

El demandante en el escrito de tutela manifestó que había radicado otra solicitud de
amparo contra la misma providencia judicial, con la precisión de que el problema
jurídico en el trámite constitucional actual es diferente.

La Contraloría de Bogotá alegó la configuración de la temeridad porque, a su juicio,
el demandante, ya había presentado otra acción de tutela con las mismas partes,
hechos y pretensiones.

Ahora bien, al verificar el escrito de tutela del demandante y la contestación de la
Contraloría de Bogotá se pudo constatar que, en esta oportunidad, concurren los
tres elementos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se
trata de las mismas partes, hechos y pretensiones, lo que se observa de manera
clara a continuación:

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M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver también, sentencia T-1103 de 2005, M. P. Jaime Araujo Rentería.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01713-00
Accionante: Herman Martínez Gómez

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11001-03-15-000-2026-01713-00
Herman Martínez Gómez Herman Martínez Gómez
Accionante
Accionado Subsección C de la Sección Primera Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Cundinamarca
Hechos “1.1 El 24 de enero de 2011, la Contraloría “1. El día 24 de enero de 2011 la
de Bogotá profirió auto de apertura del Contraloría de Bogotá abre Proceso de
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. Responsabilidad Fiscal No. 170100-
170100-0011-11 en contra del señor 0011/11, por presunto detrimento
Herman Martínez Gómez por presuntas patrimonial “originado por las
irregularidades en el control y seguimiento irregularidades en el control y seguimiento
del contrato de prestación de servicios de del contrato de prestación de servicios No.
transporte No. 741 de 2009. 741 de 2009, suscrito entre el Jardín
Botánico de Bogotá, en adelante -JBB- y
1.2 El 26 de mayo de 2015, la Contraloría la Unión Temporal Especiales JR-FSG”,
profirió el fallo con responsabilidad fiscal vinculando como presuntos responsables
No. 016, declarando responsable al señor a HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ y a
Herman Martínez Gómez por valor de Federico Bula Gutiérrez.
$66’838.183. 2. El día 5 de diciembre de 2014 mediante
1.3 El 16 de junio de 2015, el apoderado Auto 019 IMPUTA Responsabilidad Fiscal
del señor Martínez interpuso los recursos a los implicados por presunto detrimento
de reposición y en subsidio apelación patrimonial. A partir de ese acto, conforme
contra el fallo de primera instancia; sin a la jurisprudencia constitucional, la
embargo, allegó el poder el 19 de junio de defensa técnica se torna obligatoria. 2015, antes de que la Contraloría
resolviera los recursos. 3. El 02 de enero de 2015, presenté los
Argumentos de Defensa contra el Auto
1.4 El 9 de julio de 2015, la Contraloría No.019 del 05-12-14, que IMPUTA
rechazó los recursos bajo el argumento de Responsabilidad Fiscal a los implicados
que no fue allegado el poder, y en auto por presunto detrimento patrimonial, el
separado de la misma fecha reconoció cual me fue enviado junto con una
personería al apoderado, pese a que el NOTIFICACIÓN POR ESTADO a mi
poder ya obraba en el expediente. residencia, sin contar con una defensa
técnica obligatoria, tal y como lo expresa
1.5 El apoderado del señor Martínez el inciso segundo del artículo 42 de la Ley
presentó demanda de nulidad y 610 de 2000 y las Sentencias de la Corte
restablecimiento del derecho el 29 de Constitucional C-131 de 2002 y T-549 de
enero de 2016, mediante la cual solicitó la 2010. Esta notificación no me advertía
nulidad del fallo con responsabilidad fiscal que, a partir de ese momento, debería
del 26 de mayo de 2015 y del auto del 9 de contar con una defensa técnica o en su
julio de 2015 que rechazó los recursos de defecto renunciar a ella, hecho que no
reposición y en subsidio apelación. realicé, circunstancia que determina una
evidente violación al derecho de contar
1.6 El 13 de septiembre de 2024, el con una defensa técnica a partir del Auto
Juzgado Primero Administrativo Oral de de Imputación. Bogotá profirió sentencia de primera
instancia en la que declaró la nulidad 4. El 26 de mayo de 2015 la Contraloría
parcial del fallo con responsabilidad fiscal, profirió el fallo con responsabilidad fiscal
al advertir la vulneración del derecho de No. 016, declarando responsables a
defensa de mi representado. En particular, HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ y a
el despacho concluyó que la Federico Bula por valor de $66.838.183.
administración incurrió en un exceso ritual
manifiesto al rechazar los recursos 5.

El 16 de junio de 2015 se radicaron los
interpuestos, pese a que el poder otorgado recursos de reposición y, en subsidio,
al apoderado había sido allegado al apelación; el poder fue allegado al
expediente antes de que la Contraloría expediente el 19 de junio de 2015, antes
resolviera los recursos interpuestos contra de que la Contraloría resolviera los
el fallo. recursos.

3
Se pudo constatar en el Sistema de Gestión Judicial Samai que el demandante no impugnó el fallo de la otra acción de tutela
y que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión el 23 de febrero de 2026, sin embargo, al
verificar si el expediente se encontraba en estudio de ante la Corte Constitucional, se evidenció que la solicitud de amparo
del demandante todavía no aparece en el sistema de secretaría del alto tribunal constitucional, por lo que no estamos ante
un escenario de cosa juzgada constitucional
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1.7 El 7 de octubre de 2024, la Contraloría 6. El 9 de julio de 2015 la Contraloría
de Bogotá interpuso recurso de apelación rechazó los recursos por considerar que
alegando que el rechazo de los recursos no se había acreditado la representación
fue ajustado a derecho y que el actor no al momento de su presentación; en auto
agotó debidamente la vía gubernativa. separado de la misma fecha reconoció
personería al apoderado.
1.8 El 24 de septiembre de 2025, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 7. El 29 de enero de 2016 se interpuso
Sección Primera, Subsección C, profirió demanda de nulidad y restablecimiento
sentencia de segunda instancia mediante del derecho contra el fallo del 26 de mayo
la cual revocó la decisión de primera de 2015 y contra el auto del 9 de julio de
instancia pues consideró que no se 2015.
satisfizo el requisito de procedibilidad por
indebido agotamiento de la vía 8. El 13 de septiembre de 2024 el Juzgado
gubernativa”. Primero Administrativo Oral de Bogotá, en
sentencia de primera instancia, declaró la
nulidad parcial del fallo por vulneración del
derecho de defensa técnica, como se
muestra en el siguiente extracto.

Extracto de la sentencia de primera
instancia: “el fallo con responsabilidad
fiscal de primera instancia fue expedido
por la Contraloría de Bogotá, D.C., con
desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa del señor Herman
Martínez Gómez y, en concreto, su
derecho a la defensa técnica.”.

9. El 24 de septiembre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, revocó la decisión
de Primera Instancia y declaró la
terminación del proceso por
incumplimiento del requisito de
procedibilidad, sin fallar de fondo sobre la
vulneración del derecho a la defensa
técnica, declarado en Sentencia de
Primera Instancia del Juzgado Primero
Administrativo Oral de Bogotá, como se
muestra en el siguiente extracto.

Extracto de la sentencia de segunda
instancia: “PRIMERO. REVOCAR la
sentencia de primera instancia, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de
Bogotá, el 13 de septiembre de 2024. En
su lugar, DECLARAR que los actos
demandados no son susceptibles de
control judicial, en consecuencia,
ORDENAR la terminación del proceso y
negar las pretensiones de la demanda.
(…)”.

Pretensiones Dejar sin efecto la sentencia de 24 de Dejar sin efecto la sentencia de 24 de
septiembre de 2025 proferido por la septiembre de 2025 proferido por la
Subsección C de la Sección Primera Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Cundinamarca. Además que se
declare la nulidad del fallo de
responsabilidad fiscal.

De lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que el actor en reciente ocasión
promovió otra acción de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, en
la que pretendía dejar sin efectos la sentencia del 24 de septiembre de 2025 de la
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Accionante: Herman Martínez Gómez

Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el
actor con el fin de anular el fallo con responsabilidad fiscal núm. 016 de 26 de mayo
de 2015 de la Contraloría de Bogotá, lo que permite concluir que se cumplen los
requisitos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, a pesar de que en
el presente asunto pretendiera mejor la argumentación y la extensión del escrito de
tutela, lo que no resulta suficiente para que esta nueva solicitud de amparo se torne
procedente.

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias T-254 de 2023 y SU-027 de
2021, recordó que el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura
de la temeridad, la cual se configura cuando una misma acción de tutela es
presentada varias veces por la misma persona o por su representante ante
diferentes jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado4. Sin embargo,
también precisó que la mala fe es el elemento esencial para diferenciar la temeridad
de la duplicidad de acciones, “de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones”.

Ahora bien, la Sala evidencia que en esta oportunidad se presentó duplicidad de
acciones de tutela, no una actuación temeraria. Ello, en tanto que el señor Herman
Martínez Gómez informó sobre la anterior solicitud de amparo, cuestión diferente es
que el demandante considerara que el hecho de que mejorara y extendiera los
argumentos de la acción tutela resultara suficiente para considerar que esto
habilitaba al juez de tutela para que dictara una decisión de fondo, lo que, como se
indicó anteriormente, no torna procedente el trámite constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional5 ha reiterado que “cuando a pesar de existir
dicha duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción se funda i) en la ignorancia del
accionante, ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o iii) por
el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de
improcedencia de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación
no se considera temeraria y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción
alguna en contra del tutelante”.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

4
“1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o
sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma
solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación
temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una
solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo
diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las
mismas razones y solicitud”.
5
Sentencias T-184 de 2005, T-298 de 2018 y SU-027 de 2021.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01713-00
Accionante: Herman Martínez Gómez

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Bogotá.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Herman Martínez Gómez, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
aquí expuestas.

Tercero.- Reconocer personería a la abogada Ginna Paola Rincón Alvarado como
apoderada de la Contraloría de Bogotá, en los términos del poder allegado con la
contestación de la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del
Proceso.

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10

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