Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07667-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07667-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07667-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Orlando Munar Garzón
en contra del Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 2 de diciembre de 20252 la parte tutelante promovió la presente acción
constitucional con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la
igualdad, los cuales estima vulnerados como consecuencia de las sentencias
proferidas el 28 de noviembre de 2024 y el 8 de agosto de 2025, dictadas,
respectivamente, por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, esta última confirmatoria de la decisión de primera
instancia, dentro del proceso identificado con el radicado 11001-33-35-026-2022-
00500-00, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda.
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E20CCBB70DAAEA6F.
2
Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2BEDD64F5B84EAFA
3BC878134BF725CF D0C184021BDA6003 74F8535ABB357BF7.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Asunto: Sentencia de primera instancia
2.- Hechos
2.1.- El señor Orlando Munar Garzón se vinculó como docente al Magisterio el 19
de septiembre de 2000 y, una vez acreditó los requisitos previstos en la Ley 91 de
1989, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Mediante Resolución No. 8289
del 8 de noviembre de 2021, se reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, con
efectos a partir del 19 de septiembre de 2020, con inclusión exclusiva, como factores
salariales, de la asignación básica, la bonificación pedagógica y la bonificación
mensual.
2.2.- Con posterioridad, el 17 de febrero de 2022, bajo el radicado 2022-PENS-
003505, el accionante presentó solicitud de revisión y ajuste de la pensión vitalicia
de jubilación, con el propósito de que se incluyera el factor salarial correspondiente
a la prima de vacaciones. Esta petición fue resuelta mediante la Resolución No.
1764 del 25 de febrero de 2022, acto administrativo por medio del cual se negó el
ajuste solicitado.
2.3.- Como consecuencia de lo anterior, el demandante promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó el
ajuste pensional, la cual fue repartida al Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, bajo el radicado 11001-
33-35-026-2022-00500-00, en la que solicitó la revisión y ajuste de la pensión de
jubilación, con inclusión del factor salarial de la prima de vacaciones, respecto del
cual constan aportes al sistema de seguridad social.
2.4.- Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. negó las
pretensiones de la demanda, al estimar que no procedía la reliquidación solicitada
y que la pensión se había liquidado con base en los factores salariales reconocidos.
2.5.- Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección E, que,
mediante sentencia del 8 de agosto de 2025, confirmó la providencia dictada el 28
de noviembre de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Asunto: Sentencia de primera instancia
3.- Fundamentos de la acción de tutela
3.1.- La parte actora expone que la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección E,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-
33-35-026-2022-00500-01, presenta falencias en la aplicación normativa y en la
motivación, al confirmar la providencia del 28 de noviembre de 2024, dictada por el
Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. Indica que en dichas
decisiones no se aplicó lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual
la liquidación pensional debe considerar únicamente los factores sobre los que se
efectuaron cotizaciones al sistema de seguridad social.
3.2.- De igual manera, la parte actora sostiene que las autoridades judiciales
omitieron valorar que, por medio de la Resolución No. 8289 del 8 de noviembre de
2021, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
reconoció la pensión vitalicia de jubilación del señor Orlando Munar Garzón, con
efectos a partir del 19 de septiembre de 2020, e incluyó solo los factores de
asignación básica, bonificación pedagógica y bonificación mensual. Posteriormente,
mediante la Resolución No. 1764 del 25 de febrero de 2022, se negó el ajuste
solicitado bajo el radicado 2022-PENS-003505 del 17 de febrero de 2022, con
exclusión expresa del factor salarial correspondiente a la prima de vacaciones.
3.3.- Afirma, además, que en el trámite judicial quedó acreditado que sobre el factor
salarial de prima de vacaciones se realizaron descuentos a seguridad social durante
el período comprendido entre el 18 de septiembre de 2019 y el 18 de septiembre de
2020, esto es, en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus
pensional. No obstante, ni el juzgado de primera instancia ni el tribunal de segunda
instancia incorporaron dicho factor en el ingreso base de liquidación, pese a que el
inciso sexto del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 establece que la
liquidación pensional debe efectuarse con base en los factores efectivamente
cotizados.
3.4.- Adicionalmente, la parte actora manifiesta que el Tribunal sustentó la negativa
del ajuste pensional en la aplicación de la Ley 62 de 1985 y de la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, sin atender que dicha
providencia reiteró que las pensiones reconocidas a docentes del magisterio oficial
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Asunto: Sentencia de primera instancia
deben liquidarse conforme a los factores que sirvieron de base para los aportes al
sistema. Señala que la sentencia desconoció que la prima de vacaciones fue
devengada y cotizada con anterioridad a la vigencia de la citada sentencia de
unificación y que no existe orden judicial que haya revocado su reconocimiento.
3.5.- Finalmente, la parte actora indica que, al confirmar la sentencia de primera
instancia, el Tribunal mantuvo la exclusión del factor salarial de prima de
vacaciones, a pesar de que la documental obrante en el expediente acredita
cotizaciones efectivas sobre dicho emolumento.
4.- Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias
emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E”, en la providencia de fecha 08 de agosto de 2025
que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
VEINTISÉIS (26) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 28 de noviembre de 2024 mediante
la cual NEGÓ las suplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
11001333502620220050000.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a revisar y ajustar la pensión jubilación del docente , incluyendo
además de los factores reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA
DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social.”3
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 4 de diciembre del 20254 el despacho ponente admitió la
acción de tutela promovida contra el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E. Asimismo, dispuso la vinculación del Ministerio de
Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A. y de la Secretaría de Educación de Bogotá, en calidad de sujetos
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Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado 688389B3CDF50B7D701B56365554DF8036FB9D859B57E8F9
E20CCBB70DAAEA6F, folio 27.
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Índice 4 de SAMAI, certificado 162D0E92698A8200 6DB7C033F23EF54A E64A0C68993BBCC1 C204BA7B1386B8B9.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
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Asunto: Sentencia de primera instancia
pasivos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-026-2022-00500-00/01.
5.2.- El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá5 indicó que las
decisiones adoptadas se fundamentaron en los referentes normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso y que fueron notificadas a las partes en debida
forma. Finalmente, sostuvo que el despacho no ha incurrido en vulneración de los
derechos fundamentales alegados y anexó el enlace de acceso al expediente.
5.3.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección
E6, indicó que la sentencia de segunda instancia dictada el 8 de agosto de 2025,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-35-026-2022-00500-01, cuenta con motivación suficiente, pues en ella se
expusieron de forma completa los fundamentos que condujeron a confirmar la
sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones relativas
a la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Orlando Munar Garzón.
5.3.1.- Precisó que en la providencia cuestionada se desarrolló la normatividad
aplicable, el régimen pensional correspondiente y las reglas fijadas en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, junto con el estudio
del caso concreto y la determinación expresa de los factores salariales incluidos y
excluidos de la base de liquidación. En ese contexto, afirmó que no se presentó
vulneración de derechos fundamentales ni irregularidad procesal alguna y que la
acción de tutela resulta improcedente.
5.4.- La Secretaría de Educación del Distrito7 señaló que carece de legitimación en
la causa por pasiva frente a la acción de tutela promovida por el señor Orlando
Munar Garzón, dado que los hechos en los que se sustenta la presunta vulneración
de derechos fundamentales se originan exclusivamente en providencias judiciales
dictadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado
con el ajuste de la pensión vitalicia de jubilación, reconocida mediante la Resolución
No. 8289 del 8 de noviembre de 2021, expedida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con efectos a partir del 19 de
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Índice 9 de SAMAI, certificado A6253A1D5FB68B84 AA0BCB3309BFD0C1 85A2D2BB249B23CF 2EB32EA8FB3D6FA8.
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Índice 12 de SAMAI, certificado 52033472BC2EA5E5 12BD2CA34E5B8EEF 10DBDB53B400801A 5127E2B5256713CC.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Asunto: Sentencia de primera instancia
septiembre de 2020, sin que esta entidad hubiera intervenido en la adopción de
tales decisiones.
5.5.- El Ministerio de Educación Nacional8 manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva frente a la acción de tutela promovida por el señor Orlando
Munar Garzón, en la medida en que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados se origina exclusivamente en las decisiones judiciales
adoptadas dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-33-026-2022-00500-00/01, tramitado en primera instancia
por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá D.C. – Sección Segunda, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024,
y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección E, que confirmó el fallo a través de providencia del 8 de
agosto de 2025 .
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el señor
Orlando Munar Garzón en contra del Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Cuestión previa
La Secretaría de Educación del Distrito y el Ministerio de Educación Nacional
plantearon la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al afirmar
que no les asiste responsabilidad frente a la satisfacción de las pretensiones
elevadas por el accionante, toda vez que la supuesta vulneración alegada tiene
origen en actuaciones imputables exclusivamente a autoridades judiciales.
La Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20229 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de
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Índice 14 de SAMAI, certificado 7DAAF39B4AEBC20C EA2E4C33B469A3DF C2203E7B13429094 47E40C25D913F959.
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
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Asunto: Sentencia de primera instancia
ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación de la Secretaría de
Educación del Distrito y del Ministerio de Educación Nacional, en la medida en que
dichas entidades intervinieron como sujetos pasivos dentro del proceso ordinario,
razón por la cual conservan un interés legítimo en el resultado del presente trámite.
3.- Problema jurídico
En primer término, se examinará si la solicitud de amparo constitucional satisface
los requisitos generales de procedibilidad. De cumplirse tales exigencias, se
procederá a establecer si, en el caso concreto, se produjo la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En segundo lugar, la Sala adelantará el estudio de la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
tratarse de la autoridad judicial que decidió el recurso de alzada y profirió la última
actuación dentro del proceso, frente a la cual se atribuye la presunta afectación de
los derechos fundamentales del accionante.
4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
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Asunto: Sentencia de primera instancia
5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”12.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
5.2.- En el caso concreto, el señor Orlando Munar Garzón expone, en esencia, que:
(i) se vinculó como docente al Magisterio desde el 19 de septiembre de 2000 y, una
vez cumplidos los requisitos previstos en la Ley 91 de 1989, solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG);
(ii) mediante la Resolución No. 8289 del 8 de noviembre de 2021, el FOMAG
reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación, con efectos a partir
del 19 de septiembre de 2020, la cual fue liquidada únicamente con los factores
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
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Asunto: Sentencia de primera instancia
salariales de asignación básica, bonificación pedagógica y bonificación mensual,
con exclusión de la prima de vacaciones;
(iii) bajo el radicado 2022-PENS-003505 del 17 de febrero de 2022, solicitó la
revisión y ajuste de la pensión, petición resuelta mediante la Resolución No. 1764
del 25 de febrero de 2022, a través de la cual se negó el ajuste solicitado y se
mantuvo la exclusión del factor salarial correspondiente a la prima de vacaciones;
(iv) como consecuencia de lo anterior, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 1764 del 25 de febrero de
2022, dentro del proceso radicado 11001-33-35-026-2022-00500-00, en la que
solicitó la revisión y ajuste de la pensión de jubilación con inclusión del factor de
prima de vacaciones, al considerar que sobre dicho emolumento se realizaron
cotizaciones al sistema de seguridad social durante el año inmediatamente anterior
al cumplimiento del estatus pensional;
(v) el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá – Sección Segunda, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024, negó
las súplicas de la demanda al concluir que no había lugar a la reliquidación
pretendida, por estimar que la prima de vacaciones no constituía un factor salarial
computable para efectos pensionales;
(vi) interpuesto el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 8 de agosto de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia.
5.3.- Ab initio, para la Sala resulta claro que los reproches formulados por el
accionante se circunscriben a la inconformidad frente a la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 8 de agosto de 2025, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-026-2022-00500-00/01. En
efecto, los argumentos expuestos se dirigen a controvertir la valoración jurídica
efectuada por dicha autoridad judicial en relación con los factores salariales
considerados para la liquidación de la pensión de jubilación, con la finalidad de
replantear un debate ya resuelto en sede ordinaria, sin que se advierta una
afectación distinta a la previamente examinada por el juez natural en segunda
instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
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Sección Segunda, Subsección E y otro
Asunto: Sentencia de primera instancia
5.4.- Al revisar los argumentos expuestos en la providencia dictada dentro del medio
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001-33-35-026-2022-00500-
01, se advierte el siguiente análisis textual:
“En este sentido se aclara a la parte actora que el solo hecho de que sobre un factor
se realicen descuentos para aportes en seguridad social, no se convierte
automáticamente en base de liquidación de la pensión, pues el que sea o no incluido
en el cálculo de la prestación según los lineamientos vigentes a la fecha, depende
única y exclusivamente de que se encuentren establecidos por disposición legal
como factor de liquidación, que en este caso corresponde a la Ley 62 de 1985 como
ya se señaló o de alguna otra norma que así lo señale como se verá más adelante.
Lo anterior, debido a que el máximo tribunal en lo Contencioso Administrativo en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 indicó de forma clara la forma en
que debía ser liquidada la pensión de jubilación de los docentes vinculados con
anterioridad al 23 de junio de 2003, siendo aplicable dicha postura al caso en estudio
y no ninguna otra, pues de forma clara en la providencia se advirtió que las
consideraciones expuestas constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011. Por ello, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, los efectos de la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019 son retrospectivos, y solo resultan inmodificables en virtud
del principio de la seguridad jurídica, a aquellos casos frente a los cuales operó la
cosa juzgada.
Dentro del expediente reposa la certificación proferida por la Secretaría de
Educación de Bogotá, en la que reposan los factores devengados por el demandante
Orlando Munar Garzón del 19 de septiembre de 2019 al 18 de septiembre de 2020,
de la siguiente forma: asignación básica, prima especial, bonificación pedagógica,
prima de servicios, bonificación mensual, prima de navidad y prima de vacaciones,
por lo que se emitirá un pronunciamiento expreso sobre dichos emolumentos
salariales.
La Ley 62 de 1985 señaló que constituyen factores para liquidar la pensión de
jubilación: asignación básica, gastos representación, prima de antigüedad, prima
técnica, prima ascensional, prima de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
En cuanto a los factores de prima especial, prima de vacaciones y prima de navidad
se tiene que no es procedente ordenar su inclusión en la base de liquidación de la
pensión de jubilación, en tanto no están enlistados como factores salariales en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985, tal y como lo señaló el fallador de primera instancia,
y respecto a la prima de servicios establecida en el Decreto 1545 de 2013 se precisa
que es un factor salarial que sirve únicamente para liquidar la prima de vacaciones,
las cesantías y la prima de navidad, con lo cual queda claro que no tiene efectos
pensionales, y por tanto, no es procedente su inclusión. Como se expuso
previamente el solo hecho de que la administración hubiere efectuado descuentos
con destino a aportes a seguridad social, teniendo en cuenta que se marcó la prima
de vacaciones con (***), esto no conlleva a la consecuencia de que dicho factor debe
ser incluido en la liquidación, pues no está contemplado como un factor base de
liquidación de la pensión de jubilación por exclusión legal.
Frente a la bonificación mensual decreto y la bonificación pedagógica, se tiene que
también son factores para tener en cuenta en la liquidación de la prestación, pues la
bonificación decreto es un factor salarial según dan cuenta los Decretos 1566 de
2014, 1272 de 2015, 123 de 2016, 938 de 2017 y 322 de 2018, y la bonificación
pedagógica fue creada por el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 que
estableció que la misma constituye factor salarial para todos los efectos legales.
Pese a que la bonificación mensual decreto y la bonificación pedagógica no se
encuentran incluidas de forma taxativa en la Ley 62 de 1985 por haber sido creadas
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
Accionante: Orlando Munar Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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tiempo después, estas deben ser considerada como factor base de liquidación de la
pensión de jubilación por disposición legal, como en efecto se realizó en el acto de
reconocimiento la Resolución N.° 8289 del 8 de noviembre de 2021
De conformidad con lo expuesto en precedencia, el demandante Orlando Munar
Garzón tiene derecho a que en la liquidación de su pensión de jubilación se le incluya
el 75 % de los factores que percibió durante el último año de servicio comprendido
del 19 de septiembre de 2019 al 18 de septiembre de 2020, es decir, la asignación
básica, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica, según dan cuenta los
Decretos 983 de 2017, 322 de 2018 y 2354 de 2018, la cual es efectiva a partir del
19 de septiembre de 2020, día siguiente a la fecha en la cual adquirió el estatus
jurídico de pensionado.
Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad en efectuar aportes a seguridad sobre los
factores devengados en actividad se tiene que la Ley 33 de 1985 señaló los factores
sobre los cuales se deben realizar (asignación básica; gastos de representación;
prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio), y aunque estipuló que la pensión se liquidará sobre los
factores señalados y sobre los cuales se realizaron aportes, esta Corporación ha
sostenido sin desconocer lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de marzo
de 2019 que inclusive si sobre ellos no se han realizado aportes, estos deberán ser
tenidos en cuenta al momento de realizar la liquidación de la prestación.
Adicionalmente, en el evento de que no se hayan realizado los aportes a pensión
frente a los factores sobre los cuales se determinó su procedencia en la inclusión en
la liquidación, esta Corporación ha sostenido que en no es procedente ordenar
descuento alguno a cargo del docente por concepto de los aportes no realizados por
el empleador, pues es claro que era responsabilidad de la entidad haber hecho esos
aportes en su momento oportuno, y por ello será la entidad empleadora quien deberá
asumirlos en su totalidad. Se precisa que al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio le corresponde adelantar las acciones de cobro coactivo en
el evento de que el empleador hubiere incumplido las obligaciones de realizar las
cotizaciones a pensiones, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia
T-502 de 2020, pues no es de recibo que eventualmente la entidad alegue a su favor
su propia negligencia en la implementación de las acciones de cobro.”15.
5.5.- En atención a lo anterior, la Sala observa que la autoridad judicial accionada
fue clara al precisar que el solo hecho de que determinados emolumentos hubieren
sido objeto de descuentos con destino a aportes al sistema de seguridad social no
implica, por sí mismo, que estos deban integrar la base de liquidación de la pensión
de jubilación. En efecto, a partir del análisis integral del marco normativo aplicable,
el Tribunal destacó que la inclusión de un factor en la liquidación pensional depende
de manera exclusiva de que este se encuentre expresamente consagrado por
disposición legal como factor de liquidación, en particular, conforme a lo previsto en
la Ley 62 de 1985 o en normas posteriores que así lo establezcan de forma
inequívoca.
5.6.- Bajo esta premisa, la providencia enjuiciada reiteró la obligatoriedad de aplicar
el precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, en la cual se definió de manera precisa la forma de liquidar la
15
En los folios 20 a 23 del archivo digital incorporado en SAMAI, identificado en el índice 11 y respaldado con el certificado
65AAC393D90C2CF5 E2DBEF8A7DE28717 DAD37601CE55F512 E96FAF0ECE86111F, dentro del expediente 11001-33-
35-026-2022-00500-01.
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pensión de jubilación de los docentes vinculados con anterioridad al 23 de junio de
2003. En dicha decisión se advirtió que las consideraciones allí expuestas
constituyen precedente obligatorio, en los términos de los artículos 10 y 102 de la
Ley 1437 de 2011, con efectos retrospectivos para todos los casos en discusión en
sede administrativa y judicial, salvo aquellos respecto de los cuales haya operado
la cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica.
5.7.- Así las cosas, la Sala concluyó que la exclusión de determinados factores no
obedeció a una decisión arbitraria o caprichosa, sino a la aplicación estricta del
marco legal y jurisprudencial vigente, en el entendido de que no es jurídicamente
viable extender los efectos pensionales a conceptos que el legislador no ha previsto
como base de liquidación, aun cuando respecto de ellos se hubieren efectuado
aportes durante la relación laboral.
5.8.- Resulta evidente, entonces, que la inconformidad de la parte actora se dirige
a controvertir la interpretación normativa y la aplicación del precedente judicial
efectuada por el juez natural, con el propósito de que, por vía de tutela, se adopte
una lectura distinta en torno a la inclusión de determinados factores salariales en la
liquidación pensional. Tal planteamiento desconoce que estas cuestiones fueron
ampliamente examinadas y resueltas en la instancia ordinaria, con fundamento en
las normas legales aplicables y en la jurisprudencia de unificación vigente, de modo
que no puede predicarse la existencia de una decisión inmotivada o carente de
sustento jurídico.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 201916, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17. (Negrilla y
resalta la Sala).
16
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
17
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07667-00
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5.9.- En ese sentido, la Sala resalta que la acción de tutela no puede erigirse en una
instancia adicional para reabrir debates de mera legalidad ya definidos, ni para
sustituir al juez ordinario en la interpretación y aplicación del régimen pensional
correspondiente. La sola discrepancia del accionante con la exclusión de ciertos
factores, fundada en el hecho de que sobre ellos se realizaron aportes al sistema
de seguridad social, no trasciende al plano constitucional, en tanto no se acredita
una vulneración autónoma y directa de derechos fundamentales.
18
En la sentencia SU-215 de 2022 , el máximo órgano de la jurisdicción constitucional
precisó que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional exige
“involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental”. Asimismo, enfatizó que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos
fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Por consiguiente, las pretensiones de la parte actora buscan reabrir un debate ya
resuelto, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la adoptada por la
autoridad judicial competente, lo cual desnaturaliza el carácter excepcional y
subsidiario de la acción de tutela y desconoce la autonomía judicial. En este orden
de ideas, la controversia planteada se circunscribe a aspectos de legalidad que no
habilitan la intervención del juez constitucional.
Al respecto, se reitera que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es de carácter excepcional y residual, de modo que no puede emplearse
para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni para quebrantar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En tal medida, dicho mecanismo ha
sido concebido como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la
decisión controvertida19, lo cual excluye su utilización indebida como una instancia
adicional orientada a reabrir debates relativos a la interpretación y aplicación del
derecho ya resueltos dentro del proceso ordinario20.
6.0.- En consecuencia, se declarará improcedente los cargos del amparo.
18
M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Accionante: Orlando Munar Garzón
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Asunto: Sentencia de primera instancia
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación del Distrito y el Ministerio de Educación Nacional, por cuanto ambas
entidades intervinieron como sujetos pasivos dentro del proceso ordinario de
referencia y, en tal condición, conservan un interés jurídico directo y actual en la
definición del presente trámite.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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