Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07667-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07667-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07667-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07667-01
Demandante ORLANDO MUNAR GARZÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Docente oficial. Factores salariales
para liquidar la pensión de jubilación. Prima de vacaciones.
Requisitos generales de procedibilidad: relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 30
de enero de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que dispuso:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de Educación
del Distrito y el Ministerio de Educación Nacional, por cuanto ambas entidades intervinieron
como sujetos pasivos dentro del proceso ordinario de referencia y, en tal condición, conservan
un interés jurídico directo y actual en la definición del presente trámite.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones ut supra. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de diciembre de 20251, el señor Orlando Munar Garzón, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, con las
sentencias de 28 de noviembre de 2024 y del 8 de agosto de 2025 proferidas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2022-
00500-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “E”, en la providencia de fecha 08 de agosto de 2025 que CONFIRMÓ la
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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Demandante: Orlando Munar Garzón
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO VEINTISÉIS (26)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 28 de noviembre de 2024 mediante la cual NEGÓ las suplicas (sic) de la
demanda, dentro del proceso con radicado No. 11001333502620220050000.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a revisar y ajustar la pensión
jubilación del docente , incluyendo además de los factores reconocidos, adicionalmente se
debe reconocer la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a
seguridad social.».
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Orlando Munar Garzón se vinculó como docente oficial el 19 de
septiembre de 2000. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley
91 de 1989 solicitó la pensión de jubilación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).
2.2. El 8 de noviembre de 2021 la Secretaría de Educación del Distrito, Dirección
de Talento Humano, expidió la resolución 8289, mediante la cual se reconoció
y ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación, con efectividad a partir
del 19 de septiembre de 2020 de acuerdo con la aprobación a la liquidación
impartida por la Fiduciaria la Previsora SA. (liquidada con los factores de
asignación básica, bonificación pedagógica y bonificación mensual, excluyendo la
prima de vacaciones).
2.3. El 5 de febrero de 2022 y el 17 de febrero de la misma anualidad el accionante
presentó ante el FOMAG y la Secretaría de Educación de Bogotá,
respectivamente, solicitud de revisión y ajuste de la pensión vitalicia de
jubilación, toda vez que no se incorporaron todos los factores salariales
devengados antes del cumplimiento del estatus pensional.
2.4. El 25 de febrero de 2022 la Secretaría de Educación de Bogotá, Dirección de
Talento Humano, expidió la resolución 1764 mediante la cual resolvió la
solicitud presentada el 17 de febrero de 2022 negando el ajuste de la pensión
vitalicia reconocida mediante resolución 8289 del 8 de noviembre de 2021.
2.5. Para el año 2022 el señor Orlando Munar Garzón haciendo uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra el
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación de Bogotá,
con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución 1764 del 25 de
febrero de 2022, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Bogotá
negó el reajuste de la pensión, y del acto administrativo S-2022-95444 del 2
de marzo de 2022, por medio del cual la autoridad distrital negó la solicitud de
realización de descuentos sobre la totalidad de emolumentos devengados por
el demandante durante su trayectoria laboral.
A título de restablecimiento del derecho se pidió que se revisara, reajustara y
se pagara la pensión de jubilación incluyendo la totalidad de factores
salariales.
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Demandante: Orlando Munar Garzón
2.6. En primera instancia el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá
(Expediente 11001-33-35-026-2022-00500-00) mediante sentencia del 28 de
noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
Señaló que no era posible acceder a la reliquidación pretendida, que implicaba
incorporar al cómputo de la pensión la prima de vacaciones, pues a la
liquidación de la pensión se incluyeron la asignación básica mensual, «por ser
el único emolumento que devengó en el año de servicios anterior al estatus pensional, que a
la luz de las Leyes 33 y 62 de 1985 tenía carácter salarial»,
A su vez explicó que, si bien las bonificaciones mensual y pedagógica
incorporadas en el IBL no estaban enumeradas en la Ley 33 y 62 de 1985 , lo
cierto era que «los Decretos (i) 2354 del 19 de diciembre de 2018, (ii) 1022 del 6 de junio
de 2019 y (iii) 298 del 27 de febrero de 2020, sí otorgaron virtualidad salarial a las
mencionadas prestaciones», de ahí que fuera viable que la Resolución 8289 del 8
de noviembre de 2021 las haya integrado, lo que no ocurre con la prima de
vacaciones que ni está en la norma ni en el Decreto Ley 1045 de 1978.
Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
con sentencia del 8 de agosto de 2025 confirmó la decisión del Juzgado
Veintiséis Administrativo de Bogotá.
Como fundamento indicó que no procedía ordenar la inclusión de los factores
de prima especial, prima de vacaciones y prima de navidad a la base de
liquidación de la pensión de jubilación, en tanto no están enlistados como
factores salariales en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, así pues, el solo
hecho de que la administración hubiere efectuado descuentos con destino a
aportes a seguridad social frente a la prima de vacaciones no conlleva a la
consecuencia de que dicho factor debe ser incluido en la liquidación, pues no
está contemplado como un factor base de liquidación de la pensión de
jubilación por exclusión legal.
3. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y explicó por qué consideraba que esta acción reviste
relevancia constitucional al indicar que no está encaminada a abrir una tercera
instancia sino a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y a la sostenibilidad financiera.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente.
3.1. Defecto sustantivo: Expuso que el FOMAG erró al negar el ajuste de la
pensión de jubilación solicitado por el señor Munar al omitir incluir el factor
salarial de la prima de vacaciones, de la cual se realizaron aportes a la
seguridad social en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional (18
de septiembre de 2019 a 18 de septiembre de 2020). Aseguró que no tener en
cuenta en el IBL la totalidad de los factores salariales sobre los cuales el
empleador efectuó los respectivos aportes al sistema de seguridad social
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Demandante: Orlando Munar Garzón
desconoce el artículo 48 de la Constitución Política y el acto legislativo 01 de
2005, normas que son de mayor rango que el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, que la Ley 62 de 1985 y las sentencias de unificación.
Indicó que se vulneró el derecho al debido proceso y al mínimo vital, pues la
autoridad accionada aplica de forma errada la interpretación de la norma, ya
que «cuando existe un rango constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que para
estos efectos es el Acto legislativo 01 de 2005, al indicar que para la liquidación de pensiones
deben de tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional,
pues el sustento jurídico que se ha venido dando es apartado del rango constitucional que
tiene el ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005» y se desconoce lo relativo a la seguridad
social como factores insustituibles para la preservación de la calidad de vida.
Mencionó también que se afecta el derecho al mínimo vital «toda vez que al no
haber proferido una sentencia conforme a derecho le ha generado no solo inconvenientes
económicos sino emocionales y familiares que han desmejorado su calidad de vida»;
también se afectó el derecho a la propiedad privada y a los derechos
adquiridos pues esta no puede ser objeto de restricciones irrazonables o
desproporcionadas que se traduzcan en desconocer el interés legítimo.
Explicó los principios de sostenibilidad financiera del sistema, de seguridad
jurídica, protección del erario público y de favorabilidad en materia laboral.
Añadió cómo se debe dar la aplicación del bloque de constitucionalidad y al
acto legislativo 01 de 2005.
Luego, mencionó como es el régimen pensional de los docentes oficiales, trajo
a colación la Ley 91 de 1989, la Ley 33 de 1985, la Ley 812 de 2003; de la
jurisprudencia citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de
abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado, de esta indicó que «las
pensiones de jubilación reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para los docentes vinculados al magisterio oficial hasta el 26 de junio de 2003, por
remisión de la Ley 91 de 1989 se deben liquidar con un ingreso base de liquidación (IBL)
calculado de conformidad con la Ley 33 de 1985, norma a su vez modificada por la Ley 62 de
1985, que determinó los factores salariales a tener en cuenta para calcular el IBL de las
pensiones de jubilación de los servidores públicos. Precepto que también dispuso que las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden serán liquidadas sobre los mismos
factores que sirvieron de base para calcular los aportes.».
Por último, citó también como fundamento las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015 y SU-395 de 2017, para indicar que independientemente del
régimen las pensiones deben liquidarse conforme a los factores salariales
frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes al sistema
pensional.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Afirmó que las providencias
cuestionadas vulneraron su derecho a la igualdad ya que en casos similares
se ha aplicado en debida forma el precedente del Consejo de Estado, en virtud
de la Ley 91 de 1989 y sin pasar por alto el acto legislativo 01 de 2005.
Como fundamento de su argumento mencionó las siguientes: (i) Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, expediente
11001-33-35-029-2021-00343-01, fallo del 11 de julio de 2023; (ii) Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
«EXPEDIENTE 11001-33-35-013-2021-00251-01», «FALLO DEL 04 DE OCTUBRE DE
2023»; (iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07667-01
Demandante: Orlando Munar Garzón
Subsección C, «EXPEDIENTE 11001-33-35-013-2021-00251-01», «FALLO DEL 11 DE
OCTUBRE DE 2023»; (iv) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, expediente 11001-33-35-030-2022-00086-01, fallo del
22 de septiembre de 2023; (v) Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, expediente 11001-33-35-021-2022-00042-01;
(vi) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, expediente 11001-33-42-050-2022-00445-01, fallo del 15 de noviembre de
2023.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 4 de diciembre de 2025 el despacho del magistrado ponente de
la Sección Tercera, Subsección C admitió2 la acción de tutela presentada por
el señor Orlando Munar Garzón contra el Juzgado Veintiséis Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación de Bogotá;
se ofició a las autoridades accionadas para que allegaran copia digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2022-
00500-00/01; se reconoció personería al abogado de la parte actora; y ordenó
las notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá3 indicó que a
ese despacho le fue asignado en primera instancia el proceso 11001-33-35-
026-2022-00500-00, del cual se dictó sentencia el 28 de noviembre de 2024.
Decisión que fue apelada, y conocida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que dictó sentencia el 8 de
agosto de 2025.
Mencionó que las decisiones adoptadas tuvieron como fundamento las normas
y jurisprudencia aplicable al caso y que fueron notificadas a las partes en
debida forma.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E4, indicó que la sentencia de segunda instancia dictada el 8 de
agosto de 2025 se plasmaron todos y cada uno de los argumentos acerca de
los motivos por los cuales se confirmó la decisión contenida en la sentencia
del 28 de noviembre de 2024.
Realizó un recuento de los ítems tratados en la providencia censurada, precisó
que la decisión que se adoptó fue acogida de forma mayoritaria por la Sala en
especial «la negativa de incluir la prima de vacaciones como factor computable para la
liquidación de la pensión de jubilación», e indicó que en cuanto a la prima de
vacaciones no era procedente incluirla por no estar enlistada como factor
salarial en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Y mencionó que no se puede
utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para discutir
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Samai, índice 4. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
3
Samai, índice 9. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Demandante: Orlando Munar Garzón
los planteamientos que ya fueron definidos en el proceso ordinario. Finalmente
solicitó que se negaran las pretensiones de esta acción.
4.4. La Secretaría de Educación del Distrito5 rindió informe en el que manifestó
que carece de legitimación en la causa por pasiva frente a la acción de tutela,
por lo que solicitó su desvinculación. Resaltó que la autoridad accionada en
este caso es el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al haber
proferido las sentencias que se cuestionan, luego son esas las autoridades
llamadas a rendir informe en esta acción constitucional.
4.5. El Ministerio de Educación Nacional6 manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva dado que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados se origina exclusivamente en las decisiones
judiciales adoptadas dentro del medio de control 11001-33-35-026-2022-00500-
00/01. Explicó que les corresponde a las autoridades accionadas probar si
existe una transgresión de los derechos fundamentales.
A su vez, dijo que esta es una discusión de naturaleza estrictamente
económica lo que hace que esta acción de tutela resulta improcedente.
4.6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y la
Fiduprevisora S.A. guardaron silencio a pesar de haber sido notificados7.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante sentencia del 30
de enero de 20268 declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, y negó la solicitud de
desvinculación presentada por la Secretaría de Educación del Distrito y el Ministerio
de Educación Nacional.
Como primer aspecto realizó un recuento del caso concreto mencionando que el
señor Orlando Munar Garzón se vinculó como docente del magisterio el 19 de
septiembre de 2000 y una vez cumplidos los requisitos de la Ley 91 de 1989 solicitó
el reconocimiento de la pensión de jubilación ante el FOMAG; con resolución 8289
del 8 de noviembre de 2021 se le reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia
de jubilación, con efectos a partir del 19 de septiembre de 2020 (liquidada con los
factores de asignación básica, bonificación pedagógica y bonificación mensual, excluyendo
la prima de vacaciones); el 17 de febrero de 2022 solicitó revisión y ajuste de la
pensión, petición que le fue negada manteniéndose la exclusión del factor salarial
correspondiente a la prima de vacaciones.
Continuó explicando que ante esta situación el señor Munar demandó en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo el
ajuste de la pensión de jubilación con inclusión del factor prima de vacaciones, al
considerar que sobre dicho emolumento se realizaron cotizaciones al sistema de
seguridad social durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional. En
primera instancia conoció el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, que
mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024 negó las súplicas ya que la prima
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Samai, índice 11 y 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Samai, índice 14 y 16. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Samai, índice 7. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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Samai, índice 19. Expediente 11001-03-15-000-2025-07667-00.
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de vacaciones no constituía un factor salarial computable para efectos pensionales;
contra esta decisión se presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
autoridad que con sentencia del 8 de agosto de 2025 confirmó la decisión de primera
instancia.
Luego del recuento, la Subsección C dijo que los argumentos propuestos por el
actor en esta acción constitucional se dirigen a controvertir la valoración jurídica
efectuada por el tribunal en relación con los factores salariales considerados para
la liquidación de la pensión de jubilación.
Expuso que el actor intenta replantear un debate que ya fue resuelto por el juez de
segunda instancia, pues el tribunal accionado mencionó que el «hecho de que
determinados emolumentos hubieren sido objeto de descuentos con destino a aportes al sistema de
seguridad social no implica, por sí mismo, que estos deban integrar la base de liquidación de la
pensión de jubilación» y esta misma autoridad judicial destacó que la inclusión de un
factor en la liquidación pensional depende de que se encuentre expresamente
consagrado en disposición legal como factor de liquidación (conforme a la Ley 62 de
1985 o en normas posteriores).
Explicó que la providencia que se cuestiona reiteró la obligatoriedad de aplicar el
precedente de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en donde se fijó
la forma de liquidar la pensión de jubilación de los docentes vinculados con
anterioridad al 23 de junio de 2003, salvo cuando hubiere operado la cosa juzgada.
Lo que significaba que la exclusión de determinados factores no fue una decisión
arbitraria sino la aplicación estricta del marco legal y jurisprudencial ya que «no es
jurídicamente viable extender los efectos pensionales a conceptos que el legislador no ha previsto
como base de liquidación, aun cuando respecto de ellos se hubieren efectuado aportes durante la
relación laboral».
En consecuencia, concluyó que el accionante estaba desconociendo las cuestiones
que fueron ampliamente estudiadas y resueltas por el tribunal, luego la acción de
tutela no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado.
Consideró que este debate gira en torno a la negativa de las entidades accionadas
de reconocer el derecho al reajuste pensional con la inclusión de los factores
salariales sobre los cuales efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social
durante el año de cumplimiento del estatus pensional, específicamente el
emolumento correspondiente a la prima de vacaciones. Asegura que esa decisión
vulnera el acto legislativo 01 de 2005 «norma que establece que las pensiones deben
liquidarse con base en todos los factores sobre los cuales se hubieren realizado cotizaciones».
Añadió que, este asunto reviste relevancia constitucional «toda vez que se encuentra
comprometida de manera directa la protección efectiva de derechos fundamentales, entre ellos el
debido proceso, el mínimo vital y la seguridad social», adujo que al expedirse el acto
administrativo que reconoció la pensión se incurrió en un error pues no se estudió
lo efectivamente devengado y cotizado, para que fueran incluidos los emolumentos
a los que se le realizaron las correspondientes cotizaciones.
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Demandante: Orlando Munar Garzón
Señaló que si bien es cierto que el Consejo de Estado con sentencia SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 2019, fijó las reglas relativas a los factores que deben
incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al
FOMAG, no es menos cierto que por principio de jerarquía normativa debe
prevalecer lo establecido en el acto legislativo 01 de 2005, en donde se fijó que las
pensiones deben liquidarse con inclusión de todos los factores sobre los cuales se
hubieran realizado cotizaciones.
Mencionó que se vulnera el derecho a la igualdad del señor Munar ya que en casos
similares en primera y segunda instancia se ha aplicado en debida forma el
precedente del Consejo de Estado, en virtud de la Ley 91 de 1989 y sin pasar por
alto el acto legislativo 01 de 2005, como ejemplo mencionó:
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
expediente 11001-33-35-029-2021-00343-01, fallo del 11 de julio de 2023.
(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01, fallo del 11 de octubre de 2023.
(iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01, fallo del 4 de octubre de 2023.
(iv) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo de tutela del 19 de
diciembre de 2025.
A su vez, se vulneró el derecho al debido proceso y al mínimo vital, pues la autoridad
accionada aplica de forma errada la interpretación de la norma y se desconoce lo
relativo a la seguridad social como factores insustituibles para la preservación de la
calidad de vida.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
9
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
8
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generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta el escrito de impugnación y por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al
juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la acción, para ello se
estudiará si la acción supera el requisito de relevancia constitucional.
De superar dicho análisis, la Sala pasará a analizar si al proferir las sentencias de
primera y segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 11001-33-35-026-2022-00500-00/01 las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
10
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
11
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores13.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Para la verificación de este requisito, le corresponde al juez constitucional verificar
que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso
en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde
estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron
resueltos integralmente por el juez natural.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una tercera instancia para reabrir
el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente, entre otras condiciones.
Para verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional, al juez le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito
de tutela son iguales o semejantes. Justamente, la Sala encuentra que en el
caso la acción constitucional se está empleando como una tercera instancia,
en tanto que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela relacionados
con la reliquidación de la pensión ya fueron objeto de debate ante el juez
natural.
13
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
10
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5.2. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de tutela y de
impugnación, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Como se analizará a continuación.
5.3. Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia 28 de noviembre de 2024 proferida
por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá coinciden con los
fundamentos del escrito de tutela y la impugnación (información tomada de la
sentencia de segunda instancia del medio de control), pues manifestó que no se
tuvieron en cuenta las cotizaciones efectuadas sobre los factores devengados
en el año anterior a la adquisición de estatus pensional, ya que en el certificado
laboral se advierte que sobre la prima de vacaciones se efectuaron los
mencionados descuentos.
Cuestionó que el juez de primera instancia argumentara que la prima de
vacaciones no se encuentra enlistada en la Ley 62 de 1985 por referencia de
la sentencia de unificación.
Explicó que contrario al anterior planteamiento el artículo 48 de la Constitución
Política y el acto legislativo 01 de 2005 «indicó de forma clara que se deben tener en
cuenta todos los factores sobre los cuales se hubiere realizado las correspondientes
cotizaciones».
Adujo que el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010
realizó un estudio en donde se determinó que todo lo que remunera el servicio
personal debe ser incluido en la liquidación de la prestación «así como también
ser susceptible de descuentos para aportes en seguridad social». Y añadió que las
sentencias «C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017» hicieron referencia a
que las pensiones se deben liquidar sobre los aportes sobre los cuales se
efectuaron los descuentos.
5.4. Mediante sentencia del 8 de agosto de 2025, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó la sentencia
del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.
Precisó que el demandante pretendió la reliquidación de la pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 75% de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, en virtud de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, como quiera que
cuenta con una vinculación como docente oficial con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, específicamente la prima de vacaciones,
respecto de la cual se hicieron descuentos a la seguridad social y sobre los
demás factores devengados que se realizaran los respectivos descuentos.
Como primer aspecto a resolver analizó si era procedente incluir la totalidad
de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior
a la adquisición del estatus de pensionado. Para ello determinó que la norma
aplicable al caso era la Ley 91 de 1989 y por ende la Ley 33 de 1985, de ahí
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que la pensión le fue reconocida al señor Munar en virtud de lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985 la cual liquidó la mesada pensional con el 75% del promedio
de lo devengado en el año anterior, teniendo como factores para la liquidación
la asignación básica, la bonificación pedagógica y la bonificación mensual a
partir del 19 de septiembre de 2020.
Explicó que, si bien en el expediente reposa una certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Bogotá, en donde se identifican los factores
devengados por el demandante de la siguiente forma: «asignación básica, prima
especial, bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de navidad
y prima de vacaciones», lo cierto es que la Ley 62 de 1985 estipuló que constituyen
factores salariales para liquidar la pensión de jubilación la «asignación básica,
gastos representación, prima de antigüedad, prima técnica, prima ascensional, prima de
capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio», luego la
prima especial, de vacaciones y de navidad se tiene que no es procedente
ordenar su inclusión en la base de liquidación, sumado a que la prima de
servicios establecida en el Decreto 1545 de 2013 es un factor salarial para
liquidar únicamente la prima de vacaciones, cesantías y prima de navidad.
A su vez, explicó que el hecho de que se hubieran realizado descuentos con
destino a aportes a seguridad social a partir de la prima de vacaciones, eso
no conllevaba a que ese factor debiera ser incluido en la liquidación «pues no
está contemplado como un factor base de liquidación de la pensión de jubilación por exclusión
legal.». De igual forma explicó lo que sucedía con la bonificación mensual y la
pedagógica, indicando que estos sí son factores a tener en cuenta para la
liquidación de la prestación conforme «los Decretos 1566 de 2014, 1272 de 2015, 123
de 2016, 938 de 2017 y 322 de 2018» y «el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018»
Frente a la obligatoriedad de efectuar aportes a seguridad sobre los factores
devengados en actividad expuso que la Ley 33 de 1985 señaló sobre cuáles
se debe realizar, sumado a lo estipulado en la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019 que indica que «inclusive si sobre ellos no se han realizado aportes,
estos deberán ser tenidos en cuenta al momento de realizar la liquidación de la prestación.»,
y añadió que en el evento de no haberse realizado los aportes frente a esos
factores que fueron incluidos en la liquidación no procede ordenar descuento
alguno a cargo del docente «pues es claro que era responsabilidad de la entidad haber
hecho esos aportes en su momento oportuno, y por ello será la entidad empleadora quien
deberá asumirlos en su totalidad».
Precisó que al FOMAG le corresponde adelantar acciones de cobro coactivo
en el evento de que el empleador hubiere incumplido la obligación de realizar
cotizaciones a pensiones, conforme lo indica la sentencia T-502 de 2020.
En este sentido el tribunal concluyó que «el demandante Orlando Munar Garzón tiene
derecho a que en la liquidación de su pensión de jubilación se le incluya el 75 % de los factores
que percibió durante el último año de servicio comprendido del 19 de septiembre de 2019 al
18 de septiembre de 2020, es decir, la asignación básica, la bonificación mensual y la
bonificación pedagógica, según dan cuenta los Decretos 983 de 2017, 322 de 2018 y 2354 de
2018, la cual es efectiva a partir del 19 de septiembre de 2020, día siguiente a la fecha en la
cual adquirió el estatus jurídico de pensionado», lo que confirma la decisión del
juzgado. Por último, no se condenó en costas.
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5.5. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde
la presunta configuración de un defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente.
Expuso que el FOMAG erró al negar el ajuste de la pensión de jubilación
solicitado por el señor Munar al omitir incluir el factor salarial de la prima de
vacaciones, de la cual se realizaron aportes a la seguridad social en el año
anterior al cumplimiento del estatus pensional (18 de septiembre de 2019 a 18 de
septiembre de 2020).
Aseguró que no tener en cuenta en el IBL la totalidad de los factores salariales
sobre los cuales el empleador efectuó los respectivos aportes al sistema de
seguridad social desconoce el artículo 48 de la Constitución Política y el acto
legislativo 01 de 2005, normas que son de mayor rango constitucional que el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que la Ley 62 de 1985 y las sentencias
de Unificación.
Afirmó que las providencias cuestionadas vulneraron su derecho a la igualdad
ya que en casos similares se ha aplicado en debida forma el precedente del
Consejo de Estado, en virtud de la Ley 91 de 1989 y sin pasar por alto el acto
legislativo 01 de 2005. Como fundamento de su argumento mencionó las
siguientes:
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
expediente 11001-33-35-029-2021-00343-01, fallo del 11 de julio de 2023.
(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
«EXPEDIENTE 11001-33-35-013-2021-00251-01», «FALLO DEL 04 DE OCTUBRE DE
2023».
(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
«EXPEDIENTE 11001-33-35-013-2021-00251-01», «FALLO DEL 11 DE OCTUBRE
DE 2023».
(iv) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
expediente 11001-33-35-030-2022-00086-01, fallo del 22 de septiembre de
2023.
(v) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
expediente 11001-33-35-021-2022-00042-01.
(vi) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
expediente 11001-33-42-050-2022-00445-01, fallo del 15 de noviembre de
2023.
Indicó que también se vulneró el derecho al debido proceso y al mínimo vital,
pues la autoridad accionada aplica de forma errada la interpretación de la
norma, ya que se desconoce lo relativo a la seguridad social como factores
insustituibles para la preservación de la calidad de vida. Mencionó que
adicionalmente se afecta el derecho al mínimo vital y el derecho a la propiedad
privada y a los derechos adquiridos.
Explicó los principios de sostenibilidad financiera del sistema, de seguridad
jurídica, protección de erario y de favorabilidad en materia laboral. Añadió
como se debe dar la aplicación del bloque de constitucionalidad y del acto
legislativo 01 de 2005.
13
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Mencionó como es el régimen pensional de los docentes oficiales, trajo a
colación la Ley 91 de 1989, la Ley 33 de 1985, la Ley 812 de 2003; de la
jurisprudencia citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de
abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado, y citó como fundamento las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, para indicar
que independientemente del régimen las pensiones deben liquidarse conforme
a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los
aportes al sistema pensional.
5.6. En el escrito de impugnación el accionante insistió en los planteamientos
realizados en el escrito de tutela y en el recurso de apelación contra la
sentencia del 28 de noviembre de 2024, pues mencionó nuevamente que el
debate gira en torno a la negativa de las entidades accionadas de reconocer
el derecho al reajuste pensional con la inclusión de los factores salariales
sobre los cuales efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social durante
el año de cumplimiento del estatus pensional, específicamente el emolumento
correspondiente a la prima de vacaciones.
Aseguró que esa decisión vulnera el acto legislativo 01 de 2005 «norma que
establece que las pensiones deben liquidarse con base en todos los factores sobre los
cuales se hubieren realizado cotizaciones», adujo que al expedirse el acto
administrativo que reconoció la pensión se incurrió en un error pues no se
estudió lo efectivamente devengado y cotizado, para que fueran incluidos los
emolumentos a los que se le realizaron las correspondientes cotizaciones.
Señaló que si bien es cierto que el Consejo de Estado con sentencia SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, fijó las reglas relativas a los factores que
deben incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al FOMAG, no es menos cierto que por principio de jerarquía
normativa debe prevalecer lo establecido en el acto legislativo 01 de 2005, en
donde se fijó que las pensiones deben liquidarse con inclusión de todos los
factores sobre los cuales se hubieran realizado cotizaciones.
Mencionó que se vulnera el derecho a la igualdad del señor Munar ya que en
casos similares en primera y segunda instancia se ha aplicado en debida forma
el precedente del Consejo de Estado, en virtud de la Ley 91 de 1989 y sin
pasar por alto el acto legislativo 01 de 2005, como ejemplo mencionó:
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
expediente 11001-33-35-029-2021-00343-01, fallo del 11 de julio de 2023;
(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01, fallo del 11 de octubre de 2023;
(iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01, fallo del 4 de octubre de 2023;
(iv) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo de tutela del 19 de
diciembre de 2025.
A su vez, se vulneró el derecho al debido proceso y al mínimo vital, pues la
autoridad accionada aplica de forma errada la interpretación de la norma y se
desconoce lo relativo a la seguridad social como factores insustituibles para la
preservación de la calidad de vida.
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5.7. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir en los planteamientos que ya fueron propuestos ante el juez
natural lo que no permite que se supere el requisito general de la relevancia
constitucional.
Se advierte que los argumentos de esta acción buscan reabrir el debate judicial
ya que se pretende cuestionar la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E al insistir en que se erró al
negar el ajuste de la pensión de jubilación solicitado al omitir incluir el factor
salarial de la prima de vacaciones, de la cual se realizaron aportes a la
seguridad social en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional (18
de septiembre de 2019 a 18 de septiembre de 2020), pues ha venido reiterando en
el proceso ordinario y ahora en esta acción constitucional, que no tener en
cuenta en el IBL la totalidad de los factores salariales sobre los cuales el
empleador efectuó los respectivos aportes al sistema de seguridad social
desconoce el artículo 48 de la Constitución Política y el acto legislativo 01 de
2005, normas que son de mayor rango constitucional que el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, que la Ley 62 de 1985 y las sentencias de Unificación.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente, lo cierto es que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional para reiterar los mismos planteamientos que ya fueron
debatidos y resueltos en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho. Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no
solo los desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones
jurídicas y técnicas que sustentan la legalidad y razonabilidad de la decisión
adoptada. Aspectos que de antemano suponen para esta colegiatura, que el
asunto versa sobre una situación que resultó desfavorable a la parte
accionante y que se limita a poner de presente su inconformidad con la
decisión.
De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como juez natural ya
resolvió los planteamientos de la parte actora dentro del trámite ordinario
11001-33-35-026-2022-00500-00/01, al resolver el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales»14.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se procederá a confirmar la decisión de
primera instancia, por no encontrar acreditado el requisito de la relevancia
constitucional.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Orlando Munar Garzón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 30 de enero de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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