Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07677-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07677-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07677-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
19 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07677-00
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07677-00
Demandante: GABRIEL VANEGAS LARA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Excepción de caducidad. Procedencia de la acción de tutela. Defecto
fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Vanegas Lara contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 2 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Gabriel Vanegas Lara pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, propiedad privada y acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que revocó la decisión de primera instancia y declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-
2016-00766-00/02
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, al debido proceso, a la propiedad
privada, acceso a la administración de justicia, establecidos en los artículos 13,29,58 y 209 de la
Constitución Política de Colombia los cuales deben ser reparados integralmente.
2. DECLARAR que la sentencia de Segunda Instancia, emitida por el Consejo de Estado - sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B de fecha 3 de junio de 2025, dentro
del proceso de Acción de Reparación Directa con radicado N°.25001233600020160076602, siendo
DEMANDANTE Gabriel Vanegas Lara y DEMANDADO el Municipio de Lenguazaque
Cundinamarca, VIOLÓ abiertamente los artículos 13, 29, 58 y 229 de la Constitución Política de
Colombia.
3. ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que dicte un nuevo fallo
ajustado a derecho garantizando la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la propiedad
privada y el acceso a la administración de Justicia vulnerados con la indebida interpretación del
fenómeno de la caducidad que se dio al proferir el fallo de segunda instancia y que causó un
perjuicio irremediable a mi poderdante dejándolo en estado de indefensión jurídica al no tener ahora
ningún otro mecanismo de defensa jurídica ante el Estado que evite una expropiación administrativa
ilegal de un inmueble de su propiedad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07677-00
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Mediante el acuerdo 008 de 18 de diciembre de 2000, el Concejo Municipal de
Lenguazaque (Cundinamarca) adoptó el esquema de ordenamiento territorial (EOT), en
virtud del cual, afectó el predio <<San Antonio>> con un uso de suelo <<institucional>>,
acto administrativo que se publicó hasta el día 20 de diciembre de 2000.
El 6 de diciembre de 2002, a los señores Gabriel Vanegas Lara y Hedilberto Vanegas
Lara, se les adjudicó a título de sucesión el inmueble No. 172-22413, correspondiente al
predio << San Antonio>> en un 50% para cada uno.
El 14 de diciembre de 2012, la secretaria de Planeación del Municipio de Lenguazaque
expidió un certificado del uso del suelo del referido inmueble, señalando que corresponde
a suelo de uso <<institucional>>.
Los días 14 y 23 de agosto de 2014, el demandante elevó derechos de petición ante el
municipio de Lenguazaque, solicitando el cambio de uso de suelo, de institucional al lote
denominado <<San Antonio>>, ubicado en la carrera 3 No. 6-29 de Lenguazaque.
En respuestas adiadas el 21 de agosto de 2014, 2 y 7 de octubre de 2014, el Municipio
de Lenguazaque reiteró la vigencia del EOT y la afectación del uso del predio como
institucional.
3.2. Actuación judicial
El 11 de abril de 2016, el señor Gabriel Vanegas Lara promovió demanda de reparación
directa contra el municipio de Lenguazaque para que se le declarara administrativamente
responsable por el daño especial que se le causó al imponer una afectación que
considera arbitraria y sin fundamento del uso del suelo del predio << San Antonio>> de
su propiedad, destinando exclusivamente su uso como institucional a través del
ordenamiento territorial y sacándolo así del comercio. Solicitó que se condenara al
municipio a pagar a título de indemnización los daños y perjuicios patrimoniales
causados, así como el reconocimiento del daño moral.
La demanda se adelantó bajo el radicado 25001-23-36-000-2016-00766-01 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, que, en sentencia de 28 de febrero de 2019, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que en el folio de matrícula inmobiliaria no aparece ninguna inscripción
relacionada con el <<uso institucional>> de donde se podía inferir que el demandante
estaba en la facultad de disponer del inmueble sin ninguna limitación.
En ese sentido, afirmó que no se demostró que la asignación del suelo como de <<uso
institucional>> limitó al demandante en el uso de propiedad, pues ello requería de algún
acto definitivo en el que se negara algún permiso o licencia, lo que no se acreditó.
Destacó que la afectación del predio como de uso institucional se efectuó con el Acuerdo
08 del 18 de diciembre de 2000, esto es, con anterioridad a que el demandante adquiriera
la copropiedad del inmueble por adjudicación en un proceso de sucesión. Por último,
condenó a la actora al pago de 8 millones de pesos a favor de la demandada, por
concepto de agencias en derecho.
Inconforme, el demandante apeló y solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia en atención a que el municipio había cometido múltiples atropellos en su contra,
tales como (i) el inicio de un proceso de pertenencia sobre el predio, (ii) la ocupación del
inmueble para la celebración de ferias y fiestas del pueblo y (iii) la concesión de un
permiso para pasar una red de gas domiciliario por el predio.
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Demandante: Gabriel Vanegas Lara
Afirmó que es una persona de la tercera edad con expectativas para el uso del inmueble,
pero no ha podido aprovecharlo económicamente por un acto injusto de la administración,
por lo que debe ser indemnizado.
Señaló que inició la operación de un parqueadero público en el predio, pero tuvo que
cerrarlo dada la afectación del inmueble, pues de manera verbal le negaron las solicitudes
para el funcionamiento del parqueadero en atención a la calificación del uso del suelo y
que el 21 de junio de 2018 le entregaron una contestación por escrito que anexaba al
recurso.
En sentencia dictada el 3 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, toda vez que no se tuvieron en cuenta
las pruebas aportadas con la demanda, dado que el fallo de segunda instancia se limitó
a tener en cuenta la fecha de la expedición del EOT de Lenguazaque, lo que afirma,
constituye una violación al debido proceso en la medida que no solo no te tuvieron en
cuenta todas las pruebas allegadas con la demanda sino que tampoco se estudiaron los
alegatos de conclusión presentados en primera instancia ni el recurso de apelación, que
podría dar claridad respecto del modo y tiempo en que se materializó el daño por la
ocupación jurídica del inmueble.
Afirmó que es posible que la redacción de la demanda <<se haya planteado mal los
términos de ocurrencia del daño reclamado>>; no obstante, no hacer una valoración
probatoria integral de las pruebas aportadas con la demanda constituye una violación al
debido proceso.
En ese sentido, sostuvo que hay suficiente material probatorio dentro del expediente para
concluir que la ocupación jurídica del predio no fue inmediata y no se materializó con la
sanción del acuerdo 008 por parte del alcalde municipal, sino que el daño es continuado
y presente a pesar de que no se ha cumplido con el requisito legal y jurisprudencial
consistente en el registro en la oficina de instrumentos públicos.
Señaló que tal como lo expuso en la demanda de reparación directa, intentó darle uso al
predio con el funcionamiento de un parqueadero público pero fue objeto de una acción
policiva que culminó con el cierre del parqueadero por no ser compatible esa actividad
económica con el uso de suelo institucional establecido para el predio <<San Antonio>>,
configurándose así, no solo la materialización del daño jurídico sino una prueba de la
ocupación jurídica de facto del inmueble por parte del municipio de Lenguazaque.
Defecto procedimental absoluto porque respecto de la caducidad ya se había
pronunciado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia de 21 de febrero
de 2018, que declaró no probada la excepción, decisión que fue recurrida en apelación y
resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Doctora Stella
Conto Díaz del Castillo, quien confirmó el auto que declaró no probada la caducidad del
medio de control de reparación directa al considerar que <<de los hechos y las
pretensiones incoadas se colige que el asunto trata de una afectación permanente que
no ha concluido, generada por el Plan de Ordenamiento Territorial.>>; en consecuencia,
afirmó que, retomar el estudio de caducidad en el fallo de segunda instancia, que la
declaró probada, no solo dejó de lado el estudio de fondo sino que dejó en el limbo la
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Demandante: Gabriel Vanegas Lara
situación jurídica del predio, toda vez que el accionante no cuenta con otro mecanismo
de defensa frente a lo que se podría llamar <<expropiación jurídica >> del predio.
Desconocimiento del precedente fijado en:
i) La sentencia del 29 de abril de 2015, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B1, que se refirió a la ocupación de un inmueble por entidad pública.
ii) La sentencia C-864 de 20042, que se analiza al derecho de propiedad privada.
(iii) El auto de unificación de jurisprudencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado3, que se refirió a la caducidad en los eventos de ocupación de
predios.
(iv) La sentencia del 9 de mayo de 2014, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B4, que se refirió a la ocupación de predios.
Causación de un perjuicio irremediable porque la sentencia cuestionada legitimó la
expropiación jurídica del predio; pues la afectación con el uso del suelo institucional
vulnera su derecho a la propiedad privada y la decisión de mantenerlo con dicho uso
transgrede los derechos l debido proceso, igualdad y el acceso a la administración de
justicia.
5. Trámite procesal
El 5 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y en calidad de terceros con interés, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, y al alcalde del municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 10 de diciembre
de 2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora dada
la improcedencia de la tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional dado que pretende crear indebidamente una tercera instancia frente a una
decisión en la que ya se realizó un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico en tanto
la providencia cuestionada fue sustentada de conformidad con la normatividad y la
jurisprudencia aplicable y con base en los medios de prueba que fueron valorados de
manera razonada e integral.
Señaló que, la sentencia del 3 de junio de 2025 revocó la decisión de primera instancia y
en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad porque: i) la decisión
interlocutoria que rechazó la excepción de caducidad no fue definitiva y la Sala podía
volver sobre el punto al resolver de fondo, ii) el daño invocado, clasificación de uso
<<institucional>> se concretó con la expedición del Acuerdo 008 de 18 de diciembre de
2000, por lo que trató de un daño instantáneo y no continuado, iii) el cómputo del término
de caducidad debe iniciarse desde la publicación del acto administrativo.
Afirmó que la acción de tutela también resulta improcedente porque no cumple con la
carga argumentativa exigida por la Corte Constitucional y, además, el accionante no
1 Radicado 25000232600020020070800 (29175), CP. Danilo Rojas Betancourth
2 M.P. Jaime Araujo Rentería
3 Expediente 38271, CP. Danilo Rojas Betancourth
4 Radicado 25000232600020020000007601 (24679), CP. Ramiro Pazos Guerrero
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atribuyó ninguna vulneración a la sentencia cuestionada, sino a las actuaciones del
municipio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, se
limitó a compartir el enlace del expediente con radicado 25000-23-36-000-2016-00766
00; sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.
El municipio de Lenguazaque, Cundinamarca, no se pronunció, pese a que, fue
debidamente notificado al correo electrónico notificacionjuridica@lenguazaque-
cundinamarca.gov.co.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Gabriel Vanegas Lara para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 3 de
junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 25000-23-
36-000-2016-0076602.
La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, el
asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y
segunda instancia fueron adoptadas en sentidos diferentes, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existiera
los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales
al debido proceso, la propiedad privada y acceso a la administración de justicia, pues la
declaratoria de caducidad del medio de control pudo, eventualmente, haber impedido que
el demandante obtuviera una decisión de fondo en una controversia de reparación
directa.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente del proceso de reparación directa, la sentencia acusada
fue comunicada el 17 de junio de 2025, de modo que quedó efectivamente notificada el
23 del mismo mes y año; por su parte, la demanda de tutela fue radicada el 2 de
diciembre de 2025, esto es, dentro de un término que no supera los seis meses fijados
por la sala plena de esta Corporación como plazo razonable.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del
recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece
que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 250 del CPACA, así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión cuestionada
contrarié o se oponga a una sentencia de unificación.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente al proferir la sentencia del 3 de junio de 2025.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en defecto fáctico, defecto
procedimental absoluto y desconocimiento del precedente al decretar probada la
excepción de caducidad del medio de reparación directa.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente con 25000-26-36-000-2016-00766-00/02.
En el expediente del proceso de reparación directa obran, entre otras, las siguientes
pruebas:
• El concejo Municipal de Lenguazaque expidió el Acuerdo No. 008 de 5 de diciembre de
2000, frente al uso administrativo; dicho acuerdo, señaló:
“ARTICULO 56. USO INSTITUCIONAL: Las áreas de uso institucional corresponden a las de uso
público, en las cuales se llevan a cabo las actuaciones institucionales de diversa índole, entre las cuales
están las de tipo religioso, cultural, de mercadeo, etc.
PARAGRAFO 1. Las áreas institucionales están conformadas por la plaza de mercado, el colegio
departamental Nuestra Señora del Carmen (que aunque se encuentra ubicado en zona rural, ejerce
gran influencia en el ámbito urbana y se encuentra en cercanías del área urbana), el cementerio, la
escuela urbana General Santander, el estadio municipal con la unidad deportiva aledaña, la Casa
Municipal, la Estación de Policía de Lenguazaque, el edificio de TELECOM, la casa parroquial, la casa
de la cultura, la sala de velación, el salón de cómputo, el taller de talla de carbón y todos aquellos que
tengan como característica común el de ser únicos dentro del casco urbano generando un área de
actividad específica.
[…] ARTICULO 97. Son aquellos destinados a prestar diferentes niveles de servicios sociales y
administrativos requeridos por la población. Se clasifican de acuerdo a su magnitud, impacto ambiental,
social y urbanístico, así:
GRUPO I: Son aquellos compatibles con el uso residencial. en razón a su bajo impacto ambiental,
urbanístico y social, tales como:
1. Servicios culturales: bibliotecas, salones culturales, hemerotecas.
2. Servicios educacionales: jardines infantiles, colegios privados, sala
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cunas y otros.
3. Establecimientos de educación formal y no formal.
4. Servicios de culto, centros de oración y similares.
5. Servicios Político Administrativos: Alcaldía, Juzgado, Concejo
Municipal y similares.
GRUPO Il: Son aquellos compatibles con el uso residencial en razón a su bajo impacto ambiental
urbanístico y social, aunque tienen restricciones diferenciales de localización según su impacto
urbanístico derivado. Tales servicios son: Hospitales, centros de salud, puestos de salud.
GRUPO III: Aquellos no compatibles con el uso residencial, dado el alto impacto social que producen y
que generan restricciones en su localización. Son los servicios de seguridad (instalaciones policíacas o
militares. […]."
• De conformidad con el certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria
No. 172-22413, el 6 de diciembre de 2002, a los señores Gabriel Vanegas Lara y
Hedilberto Vanegas Lara, se le adjudicó a título de sucesión, el inmueble No. 172-22413,
el 50% para cada uno.
• El 14 de diciembre de 2012, la secretaria de Planeación del Municipio de Lenguazaque
expidió un certificado del uso del suelo frente al inmueble objeto de controversia, que
señaló:
<< […] El predio identificado con numero catastral 010000330003000 ubicado en el área
urbana carrera 3 entre calles 6 y 7, corresponde a SUELO DE USO INSTITUCIONAL […].
• Los días 14 y 23 de agosto de 2014, el demandante elevó derechos de petición ante el
municipio de Lenguazaque, solicitando el cambio de uso de suelo, de institucional al lote
denominado <<San Antonio>>, ubicado en la carrera 3 No. 6-29 de Lenguazaque.
• En respuestas adiadas el 21 de agosto de 2014 y 2 y 7 de octubre de 2014, el Municipio
de Lenguazaque reiteró la vigencia del EOT y la afectación del uso del predio como
institucional.
-La Corporación Autónoma Regional – CAR, en respuesta a un derecho de petición
elevado por el demandante, afirmó que no existe ninguna modificación, revisión o ajuste
al EOT del Municipio de Lenguazaque, expedido en el año 2000.
Defecto Fáctico
En la solicitud de amparo el accionante sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ya que se limitó a tener en cuenta la
fecha de la expedición del EOT de Lenguazaque, pero no se valoraron todas las pruebas
allegadas al proceso respecto del modo y tiempo en que se ocasionó el daño jurídico por
la ocupación del inmueble, que daban cuenta que la misma no fue inmediata ni se
materializó con la sanción del acuerdo 008 por parte del alcalde municipal, sino que el
daño es continuado y, por tanto, no operó la caducidad del medio de control.
Con el fin de establecer si los anteriores argumentos tienen asidero jurídico, resulta
oportuno advertir que la caducidad es un presupuesto procesal instituido con la finalidad
de garantizar que se cumplan los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para que
las personas acudan a la administración de justicia, con lo que se salvaguarda el principio
de seguridad jurídica, ya que se evita que las controversias permanezcan sin solución
indefinidamente. En ese orden de ideas, acontece la caducidad cuando no se promueve
la respectiva acción dentro del término previsto en el sistema normativo, cuya
configuración impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre el litigio.
Ahora bien, el ordenamiento jurídico establece diferentes plazos dentro de los cuales se
deben promover las demandas, dentro del que se encuentra el estipulado para la de
reparación directa en el literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPCA, que prevé:
La demanda deberá ser presentada: [...]
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2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: [...]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Cabe advertir que, en los casos en los que la conciliación constituya un requisito de
procedibilidad, la presentación de la respectiva solicitud interrumpe el término de
caducidad por 3 meses o hasta que se decida ese trámite, lo que ocurra primero,
conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001 (vigente al momento de presentarse la
demanda de reparación directa 25000-26-36-000-2016-00766-00).
Es de anotar que los 2 años previstos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, para las demandas de reparación directa por el daño que se reclama proveniente
de la limitación del suelo introducida con los planes de ordenamiento territorial, se
cuentan a partir de la expedición del acto administrativo que limitó el uso de suelo y, en
gracia de discusión, a partir de su publicación. Así lo dijo la Sección Tercera, Subsección
B de esta corporación7:
[…] en este caso concreto es evidente que no se trató de un daño continuado o de tracto sucesivo, tal
como se aduce en el recurso de apelación, pues la afectación invocada en la demanda se materializó
en un solo momento (daño instantáneo) con la expedición del Decreto no. 0154 del 6 de septiembre de
2000 y el Decreto no. 0212 del 28 de febrero de 2014, actos administrativos a través de los cuales se
expidieron los planes de ordenamiento territorial del distrito especial que afectaron los dos mencionados
predios de propiedad de la demandante.
3) Del análisis del texto de la demanda se advierte, de manera inequívoca, que el daño que se reclama
proviene de la limitación al uso del suelo introducida con los planes de ordenamiento territorial (POT)
expedidos por las autoridades distritales de Barranquilla, esto es, los Decretos nos. 0154 del 6 de
septiembre de 2000 y 0212 del 28 de febrero de 2014, tanto así que en el hecho décimo de la demanda
se reconoció, expresa e inequívocamente, que la señora Sofía Cristina Amaya Gutiérrez a partir del 28
de febrero de 2014 “realizó todo tipo de acciones, solicitudes, impetró diferentes mecanismos, en aras
de obtener del DEIP de Barranquilla que levantara el veto, restricción o afectación impuesto por vías
de hecho, sin resultados”, actuaciones que detalló en el mismo texto del libelo petitorio (f. 9 índice 22
SAMAI primera instancia). 4) En ese orden, el plazo para presentar la demanda de reparación directa
inició su cómputo con la expedición del Decreto 0154 del 6 de septiembre de 2000 y, en gracia de
discusión, el 29 de febrero de 2014 -con la publicación del Decreto 0212 de 2014- en la correspondiente
gaceta distrital y, por lo tanto, el plazo máximo para su radicación vencía el 29 de febrero de 2016; por
consiguiente, es totalmente claro que la solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la parte
demandante el 22 de octubre de 2019 y la presentación de la demanda de reparación directa el 31 de
octubre de 2019 resultaron abiertamente extemporáneas, pues, ya había operado el término de
caducidad[…].
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta razonable que en la sentencia objeto
de la acción de tutela, la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación haya
contado el término de caducidad a partir del día siguiente a la finalización de la
publicación del Acuerdo 008 de 5 de diciembre de 2000, mediante el cual se adoptó el
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lenguazaque, estableciendo una
limitación al uso del suelo de propiedad del accionante con un uso de suelo
<<institucional>>, pues fue con la expedición de este decreto que se materializó el daño,
sin que sea de recibo que el accionante afirme que no se le notificó personalmente dicho
acto, pues por tratarse de un acto administrativo de contenido general, no es objeto de
notificación sino de publicación para garantizar su oponibilidad y publicidad frente a la
comunidad en general.
Así como tampoco es de recibo que el accionante afirme que la ocupación jurídica del
predio no fue inmediata y no se materializó con la sanción del acuerdo 008 de 2000, sino
que se trata de un daño continuado, pues fue el mismo accionante quien en las
pretensiones de la demanda señaló que la afectación del uso del suelo del predio <<san
Antonio>> se materializó con la expedición del Esquema de Ordenamiento Territorial
EOT; al respecto, solicitó
7 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B; C.P. FREDY
IBARRA, Rad. No.08001-23-33-000-2019-00697-01, Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07677-00
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
<<1. Que se declare que la Nación Colombiana – Municipio de Lenguazaque es administrativamente
responsable por el daño especial causado al imponer la afectación permanente, arbitraria y sin
fundamento del uso del suelo del predio “SAN ANTONIO” de propiedad del señor GABRIEL VANEGAS
LARA, destinando exclusivamente su uso como institucional mediante el Esquema de Ordenamiento
Territorial EOT y con ello sacándolo del comercio. […].>>
En ese sentido, la Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración
probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que permitió arribar a la conclusión razonable de
que la parte actora presentó la demanda de reparación directa por fuera del término
previsto para el efecto8.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección9, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Defecto procedimental absoluto
Afirmó el accionante que la sentencia cuestionada incurrió en defecto procedimental
absoluto porque respecto de la caducidad ya se había pronunciado el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en providencia de 21 de febrero de 2018, que declaró
no probada la excepción, decisión que fue recurrida en apelación y resuelta por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Doctora Stella Conto Díaz del
Castillo, quien confirmó el auto que declaró no probada la caducidad del medio de control
de reparación directa.
Sobre el tema, es preciso señalar que la caducidad es un presupuesto procesal que, de
acontecer, impide emitir un pronunciamiento de fondo dentro del proceso contencioso-
administrativo, motivo por el cual debe ser decretada de manera oficiosa cuando el juez
de conocimiento advierta su configuración, así́ sea en segunda instancia, tal como lo ha
dicho el Consejo de Estado 10, en los siguientes términos:
[...] el fallador de segundo grado podrá́ hacer uso de la facultad oficiosa del juez para pronunciarse
sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, evento en el cual se abordarán
de oficio los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar el respectivo fallo [...].
La caducidad, por ser de orden público, es indisponible e irrenunciable y el juez, cuando encuentre
probados los respectivos supuestos fácticos, debe declararla aún de oficio y en contra de la voluntad
de las partes, dado que aquella opera por el sólo transcurso del tiempo [...].
En virtud de lo anterior, el juez de segunda instancia tiene la potestad de declarar la
caducidad del medio de control cuando evidencie que no se promovió́ en el plazo previsto
por el ordenamiento jurídico.
En el sub lite al Sala evidencia que si bien, la decisión de declarar no probada la
excepción de caducidad adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
providencia de 21 de febrero de 2018, fue recurrida en apelación y resuelta por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en auto de 20 de diciembre de 2018, que
confirmó la decisión, en dicha providencia se determinó que el análisis de caducidad se
realizaba <<sin perjuicio de advertir que se podrá volver sobre el punto de resolver de
fondo>>, circunstancia que advirtió la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación en la sentencia objeto de la presente acción.
8 Con mayor razón si se considera que la situación del inmueble varió incluso antes de que les fuera adjudicado, de
modo que era el propietario de esa fecha a quien correspondía ejercer la acción.
9 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
10 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024, expediente 08001-23-31-005-2022-00493-
01 M-P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandante: Gabriel Vanegas Lara
Así las cosas, en el sub lite la Sala evidencia que al declarar la caducidad del medio de
control 25000-26-36-000-2016-00766-00/02 la sentencia cuestionada no incurrió́ en
defecto procedimental absoluto, pues el hecho, no le impedía al juzgador de segunda
instancia declararla de oficio, pues, tal como se analizó́ en precedencia, el juez cuenta
con la potestad de declarar la caducidad si la encuentra probada, tal como ocurrió en la
sentencia objeto de reproche en sede de tutela.
Desconocimiento del precedente
En la solicitud de amparo, la accionante sostiene que la sentencia cuestionada
desconoce, el precedente fijado en:
i) La sentencia del 29 de abril de 2015, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B11, que se refirió a la ocupación de un inmueble por entidad pública.
ii) La sentencia C-864 de 200412, que se analiza al derecho de propiedad privada.
(iii) El auto de unificación de jurisprudencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado13, que se refirió a la caducidad en los eventos de ocupación de
predios.
(iv) La sentencia del 9 de mayo de 2014, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B14, que se refirió a la ocupación de predios.
Al respecto, la Sala pone de presente que tales decisiones judiciales no pueden
predicarse como un desconocimiento del precedente, toda vez que no resultan aplicables
para el caso concreto porque se trata de supuestos fácticos diferentes al estudiado en la
presente tutela.
En efecto, la sentencia del 29 de abril de 2015, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, resolvió una demanda de reparación directa relacionada con la
ocupación jurídica de un predio por estar ubicado cerca de un humedal y señaló que para
efectos del conteo de la caducidad, el interesado cuenta con dos años contados desde
que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación
temporal del inmueble, siempre que sea temporal, o en los casos especiales, desde que
ha tenido conocimiento de la ocupación del bien.
En el auto de unificación de jurisprudencia dictado el 9 de febrero de 2011, corresponde
al análisis de una demanda de reparación directa que fue interpuesta para obtener la
indemnización de los daños sufridos por la ocupación de un predio con la construcción
de unas torres destinadas a la conducción de energía eléctrica. Al respecto, señaló que
el término de caducidad comienza a correr a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo
público o por cualquier otra causa y dicha regla se exceptúa cuando el conocimiento del
hecho solo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia de este, siempre y cuando
se observe que le interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior.
En la sentencia C-864 de 2004, al estudiar la constitucionalidad de la expresión “o
permanente” del numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el
artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 220 del mismo ordenamiento. La Corte
declaró exequibles (i) La expresión “o permanente” contenida en el inciso 1º del Art. 86
del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984), modificado por el Art.
31 de la Ley 446 de 1998, y en el Num. 8 del Art. 136 del mismo código, modificado por
el Art. 44 de dicha ley y. (ii) El inciso 2º del Art. 219 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto ley 01 de 1984), subrogado por el Art. 56 del Decreto ley 2304 de 1989, y el Art.
220 del mismo código.
11 Radicado 25000232600020020070800 (29175), CP. Danilo Rojas Betancourth
12 M.P. Jaime Araujo Rentería
13 Expediente 38271, CP. Danilo Rojas Betancourth
14 Radicado 25000232600020020000007601 (24679), CP. Ramiro Pazos Guerrero
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07677-00
Demandante: Gabriel Vanegas Lara
Finalmente, la sentencia dictada el 9 de mayo de 2014, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B,15 corresponde al análisis de una demanda de reparación
directa para obtener la indemnización de los perjuicios causados por la tardanza del IDU
en adquirir el terreno de propiedad de los accionantes para la construcción de una obra
pública y señaló que la caducidad del medio de control es de dos años contados desde
el día siguiente al de la finalización de la obra pública, si la ocupación es permanente, o
desde que cesa la ocupación temporal del inmueble, o desde que el actor tenga
conocimiento de los hechos, siempre que demuestre que no pudo enterarse de los
mismos con anterioridad.
En ese orden de ideas, la Sala constata que la sentencia cuestionada por la tutelante no
incurre en desconocimiento del precedente, porque las providencias invocadas por el
accionante desataron supuestos fácticos diferentes al debatido en el expediente 25000-
26-36-000-2016-00766-00/02.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que la sentencia cuestionada no incurre en
defecto fáctico, defecto procedimental absoluto ni en desconocimiento del precedente,
además, tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable para el
accionante.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Gabriel
Vanegas Lara, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15 Radicado 25000232600020020000007601 (24679), CP. Ramiro Pazos Guerrero
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