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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00766-02

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00766-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y, en su lugar, declárase probada la excepción de caducidad de la acción. 2)° Condénase a la parte demandante en costas y agencias en derecho, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-00766-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25001-23-36-000-2016-00766-02(65.997)
Demandante: GABRIEL VANEGAS LARA
Demandado: MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CAMBIO DE USO
DE SUELO DE INMUEBLE

Síntesis del caso: la demanda está dirigida a que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) porque mediante el Acuerdo 008
del 18 de diciembre de 2000 declaró que el predio “San Antonio” se encontraba en una zona con uso
de suelo “institucional” y dicha declaratoria le causó un daño especial al demandante, pues, le fue
adjudicado el 50% del inmueble con posterioridad y debido al uso del suelo establecido le ha sido
imposible explotarlo económicamente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 28 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en la que decidió lo siguiente:

“PRIMERO: Se niegan las pretensiones de la demanda conforme a la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se fijan como agencias en derecho a favor del MUNICIPIO DE
LENGUAZAQUE —CUNDINAMARCA—, en la suma de OCHO MILLONES
DE PESOS MCTE ($8.000.000.00), las cuales deberá pagar el señor
GABRIEL VANEGAS LARA, una vez quede ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría
de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes
devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por
los artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.”. (fl. 108 cdno. ppal - mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 11 de abril de 2016 (fls. 1 a 11 cdno. no. 1), el señor
Gabriel Vanegas Lara, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en

2
Expediente: 25001-23-36-000-2016-00766-02 (65.997)
Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

contra del Municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) en la que formuló las
siguientes súplicas1:

“1.- Que se declare que la Nación Colombiana – Municipio de
Lenguazaque es administrativamente responsable por el daño especial
causado al imponer la afectación permanente, arbitraria y sin fundamento
del uso del suelo del predio “SAN ANTONIO” de propiedad del señor
GABRIEL VANEGAS LARA, destinando exclusivamente su uso como
institucional mediante el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y con
ello sacándolo del comercio.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación
Colombiana - Municipio de Lenguazaque a pagar a título de indemnización
de perjuicios económicos y morales subjetivos las sumas de dinero que
equivalgan en la fecha de esta sentencia.

3.- Condénese a la Nación Colombiana - Municipio de Lenguazaque; a pagar
a título de indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales (lucro
cesante y daño emergente) en favor del señor GABRIEL VANEGAS LARA
en cuantía que se demuestre en el proceso y actualizándolos o
compensándolos con el índice de desvalorización que sufra la moneda,
entre el día de la afectación del inmueble y la fecha en que esta
desaparezca; cuyo monto fue tasado en el peritaje realizado por JOSÉ
ANGELO OLMOS CASTIBLANCO, perito avaluador del Consejo Superior
de la Judicatura, como daño emergente, más el valor del lucro cesante que
resultare y mediante el cual justificamos la cuantía de la indemnización
solicitada como daños y perjuicios patrimoniales, en el presente proceso .

4.- Que la providencia que acoja los términos de la sentencia, ordene que
se dé cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1437 de 2011 o C.P.A.C.A”. (fls.
2 a 3 cdno. no. 1. - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

1) El Concejo Municipal de Lenguazaque (Cundinamarca) adoptó el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio mediante el Acuerdo 008 del 18 de
diciembre de 2000, en virtud del cual afectó de forma arbitraria el predio “San
Antonio” ubicado en la carrera 3 no. 6-29 con un uso de suelo “institucional”.

2) En el año 2001, es decir, luego de que fuera expedido el EOT se le adjudicó al
señor Gabriel Vanegas Lara el 50% del predio “San Antonio” en el proceso de
sucesión del señor Julio Vanegas Cabra.

1 Pretensiones transcritas del escrito de subsanación de la demanda (fls. 20 a 23 cdno. no. 1).

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Expediente: 25001-23-36-000-2016-00766-02 (65.997)
Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

3) La afectación dispuesta en el EOT sacó del comercio el predio “San Antonio”,
anuló su valor comercial y ha impedido que el señor Vanegas Lara lo explote
económicamente.

4) Han transcurrido más de dieciséis (16) años desde la adopción del EOT del año
2000 sin que el municipio hubiese efectuado oferta de compra del inmueble ni
desarrollado algún proyecto institucional en el mismo; además, aunque en el año
2007 se adelantaron unos trámites para la revisión y ajuste del EOT estos no
llegaron “a feliz término” (fl. 4 cdno. no. 1).

5) El predio solo ha sido utilizado por el municipio anualmente como plaza de toros
durante las fiestas del pueblo a finales de los meses de enero y comienzos de
febrero, entidad que, además, autorizó a la empresa de gas domiciliario a instalar
en él unas redes y adelantó un proceso de declaración de pertenencia sobre el
mismo, proceso fallado en su contra en el año 2011.

6) El Municipio de Lenguazaque debe responder patrimonialmente porque se
causó un daño especial al demandante, toda vez que “la administración de
Lenguazaque expidió en su momento un acto administrativo (Acuerdo EOT)
cumpliendo con los requisitos legales, con un fin que no cumplió en 16 años, pero
que con su expedición se causó un daño al señor Gabriel Vanegas, daño que superó
la igualdad de los ciudadanos del municipio frente a las cargas públicas obligados
a asumir. Ese daño causado es antijurídico a título de daño especial y por lo tanto
ha de repararse al particular afectado” (fl. 7 cdno. no. 1).

7) La demanda es oportuna y no ha operado la caducidad porque “a la fecha
persiste la afectación del predio con uso de suelo institucional” (fl. 5 cdno. no. 1).

3. Contestación de la demandada

El Municipio de Lenguazaque se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 40 a
49 cdno. no. 1) por considerar que i) el uso del suelo institucional del inmueble se
estableció con anterioridad a que al demandante le fuera adjudicado el 50% del
mismo; ii) al señor Vargas Lara no se le ha negado alguna licencia o permiso para
el uso comercial del inmueble, además, que explotaba el mismo “de facto” como un
parqueadero público, y iii) las pretensiones son temerarias y se efectúan respecto

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Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

de la totalidad del predio “San Antonio”, pese a que el demandante solo es
propietario del 50%.

Por lo anterior, propuso las excepciones de “inexistencia del derecho demandado”,
“no disposición del derecho que dice tener el demandante”, “temeridad y mala fe en
la demanda”, “uso comercial de facto del bien” y, “caducidad la acción”, la cual
fundamentó en que transcurrieron dieciséis (16) años entre la afectación establecida
en el Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2000 y la presentación de la demanda.

4. Trámite relevante en primera instancia

El tribunal, en el trámite de la audiencia inicial rechazó la excepción de caducidad
de la acción porque se deprecaba la indemnización de perjuicios por la ocupación
jurídica permanente de un inmueble y en dichos casos el término de caducidad se
contabiliza desde que la ocupación cesa, lo cual no había ocurrido (fls. 58 a 62 cdno.
no. 1).

El Municipio de Lenguazaque interpuso recurso de apelación (fl. 60 cdno. no. 1), el
cual fue resuelto por esta Corporación en auto del 20 de diciembre de 2018 (fls. 66
a 70 cdno. no. 1) en el que se confirmó la decisión, toda vez la afectación
permanente dispuesta en el EOT del municipio no había cesado y, por ende, que
era un daño continuado, pero, advirtió que “se podrá volver sobre el punto al tiempo
de resolver de fondo” (fl. 70 cdno. no. 1).

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 28 de febrero de 2019 (fls. 102 a 108 cdno. ppal.), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A denegó las
pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

1) El Esquema de Ordenamiento Territorial es un acto administrativo de contenido
programático, por lo que la determinación sobre el uso del suelo ordenada en aquel
no es suficiente para acreditar la afectación al predio o la ocupación jurídica del
mismo.

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Apelación de sentencia

2) En el folio de matrícula inmobiliaria del predio no aparece ninguna inscripción
relacionada con su uso “institucional” y, en consecuencia, se puede sostener que el
demandante estaba en la facultad de disponer del inmueble sin limitación.

3) Debía demostrarse que la asignación del suelo “institucional” limitó al
demandante el uso de la propiedad, lo cual requería un acto definitivo en el que se
negara alguna gestión, permiso o licencia, lo cual no se probó.

4) La afectación del predio con uso de suelo institucional se efectuó por el Acuerdo
08 del 18 de diciembre de 2000, esto es, con anterioridad a que el demandante
adquiriera la copropiedad del inmueble por adjudicación en un proceso de sucesión.

5) Finalmente, no hay lugar a condenar en costas a la parte actora porque no se
advirtió que se hubiese causado y demostrado alguna expensa, pero, condenó por
concepto de agencias en derecho al pago ocho millones de pesos ($8.000.000) a
favor de la parte demandada.

6. Recurso de apelación

La parte demandante en escrito radicado el 19 de marzo de 2019 interpuso recurso
de apelación (fls. 112 a 119 cdno. ppal.) en el que solicitó la revocatoria de la
decisión de primera instancia, por las siguientes razones:

1) El municipio realizó múltiples atropellos en contra del demandante: inició un
proceso de pertenencia sobre el predio, ocupó el inmueble para la celebración de
las ferias y fiestas del pueblo, y concedió permiso para pasar una red de gas
domiciliario por el predio.

2) El señor Vanegas Lara, quien es una persona de la tercera edad, tenía
“expectativas” para el aprovechamiento y uso del inmueble; sin embargo, no ha
podido disfrutarlo plenamente ni ha podido explotarlo económicamente por un acto
injusto de la administración, por el cual no ha sido indemnizado; además, el
municipio no ha mostrado interés en desarrollar algún proyecto en el inmueble.

3) El demandante inició la operación de un parqueadero público, pero, tuvo que
cerrarlo debido a la afectación del inmueble: verbalmente se le negaron solicitudes

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para el funcionamiento del parqueadero debido a la calificación del uso del suelo
del inmueble y, finalmente, le entregaron una contestación por escrito en oficio del
21 de junio de 2018, el cual anexó con el recurso.

4) En el evento de que se confirme la decisión de primera instancia, se le debe
exonerar de la condena en costas y agencias en derecho porque no ha actuado con
temeridad o mala fe.

7. Actuación surtida en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de julio de 2020 (fl. 130
cdno. ppal.) y el 7 de julio de 2021 se corrió traslado a las partes para que
presentaran las alegaciones de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto (fl. 139 cdno. ppal.).

En dicha oportunidad procesal la parte demandante solicitó la revocatoria de la
sentencia, mientras que el Municipio de Lenguazaque pidió su confirmación (índices
no. 22 y 23 Samai Consejo de Estado); el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado2, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control judicial ejercido con la
demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

2 La Sala pone de presente que el demandante allegó con el recurso de apelación un documento

para que fuera considerado como prueba en segunda instancia, pero, esa solicitud no fue resuelta
en esta instancia; lo anterior constituye simplemente una irregularidad procesal, que, en cualquier
caso, se encuentra subsanada debido a que el demandante no recurrió el auto con el que se corrió
traslado para alegar de conclusión, como lo dispone el parágrafo del artículo 133 del CGP y ha
considerado esta Sala en otras oportunidades (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 25 de mayo de 2023, expediente
51.132, MP Martín Bermúdez Muñoz).

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Expediente: 25001-23-36-000-2016-00766-02 (65.997)
Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) porque declaró,
mediante el Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2000, que el predio “San Antonio”
situado en esa municipalidad se encontraba en una zona con uso de suelo
“institucional” y que dicha declaración le causó un daño especial al demandante,
pues le fue adjudicado el 50% del predio con posterioridad y debido al uso del suelo
establecido le ha sido imposible explotarlo económicamente.

2) El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda, para lo cual
consideró que no se demostró la limitación del derecho de propiedad del
demandante, pues, el EOT solo era un acto de contenido programático que no había
sido inscrito en el folio de matrícula del inmueble y tampoco se demostró que,
mediante un acto administrativo definitivo, se le hubiese negado alguna gestión o
licencia para su uso aunado al hecho de que la afectación ocurrió con antelación a
que el demandante adquiriera la copropiedad del inmueble por adjudicación en
proceso de sucesión.

3) La parte demandante sostiene que no ha podido disfrutar el predio “San
Antonio” plenamente ni ha podido explotarlo económicamente conforme a sus
“expectativas”, además, que sí tuvo que detener la operación de un parqueadero
público en el inmueble debido a la calificación del uso del suelo.

4) La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará
probada la excepción de caducidad del medio de control judicial ejercido con la
demanda por la entidad demandada, motivo por el cual no hay lugar a analizar y
decidir el fondo del asunto.

2. Análisis de la caducidad del medio de control judicial ejercido con la
demanda

1) La Sala pone de presente que el tribunal, en la audiencia inicial, rechazó la
excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y dicha

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decisión fue confirmada por esta Corporación en auto del 20 de diciembre de 2018
al resolver el recurso de apelación.

2) No obstante, en este caso, es posible analizar nuevamente la figura procesal de
la caducidad de la acción, porque esta Corporación en el referido auto del 20 de
diciembre de 2018 no adoptó una decisión definitiva en relación con la caducidad,
pues, en dicha providencia expresa e inequívocamente determinó que el análisis de
la caducidad se realizaba “sin perjuicio de advertir que se podrá volver sobre el
punto al tiempo de resolver el fondo” (fl. 70 cdno. no. 1).

3) Ahora bien, según el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio
de control judicial de reparación directa caduca “al término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo”.

4) En este caso, según las propias afirmaciones de la demanda, el daño se
materializó con la expedición del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del
Municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) mediante el Acuerdo 008 del 18 de
diciembre de 2000 con el que se declaró el predio “San Antonio” como de uso
“institucional”3, sin que el hecho de que la limitación se mantenga implique que se
trate de un daño continuado.

5) Esta Sala en un asunto similar en el que se solicitaba la indemnización de
perjuicios como consecuencia de la declaración de dos inmuebles como de uso
público con la expedición de los planes de ordenamiento territorial (POT) del Distrito
Industrial y Portuario de Barranquilla, descartó la configuración de un daño
continuado y contabilizó el término de caducidad desde la expedición de los actos
administrativos que establecieron la limitación, con fundamento en el siguiente
razonamiento:

“De igual manera, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
diferenciado entre daño instantáneo o inmediato y el daño continuado

3 La Sala advierte que de la lectura del EOT no es evidente la afectación con uso “institucional” al

predio del demandante, sin embargo, este hecho fue planteado en la demanda y aceptado en la
contestación, además, que con la demanda se allegó un concepto de uso de suelo expedido el 14
de agosto de 2012 por la Secretaría de Planeación Municipal, en el que certifica la afectación del
inmueble con fundamento en el EOT del año 2000 (fls. 4 a 5 cdno. no. 2).

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Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

o de tracto sucesivo; respecto del primero se ha precisado que es
aquel que resulta susceptible de identificarse y consumarse en un
momento preciso de tiempo que, si bien produce perjuicios que se
pueden proyectar hacia el futuro, únicamente existe como tal en el
momento en que se produce, en contraposición al segundo, esto es,
aquel que no cesa o se prolonga en el tiempo, extensión temporal que
no se predica de los efectos de este o si se quiere de los perjuicios
causados, sino, del daño como tal. (…).

En este caso concreto es evidente que no se trató de un daño
continuado o de tracto sucesivo, tal como se aduce en el recurso de
apelación, pues, la afectación invocada en la demanda se materializó
en un solo momento (daño instantáneo) con la expedición del Decreto
no. 0154 del 6 de septiembre de 2000 y el Decreto no. 0212 del 28 de
febrero de 2014, actos administrativos a través de los cuales se
expidieron los planes de ordenamiento territoriales del distrito especial
que afectaron los dos mencionados predios de propiedad de la
demandante.

Del análisis del texto de la demanda se advierte, de manera inequívoca,
que el daño que se reclama proviene de la limitación al uso del suelo
introducida con los planes de ordenamiento territorial (POT) expedidos
por las autoridades distritales de Barranquilla, esto es, los Decretos nos.
0154 del 6 de septiembre de 2000 y 0212 del 28 de febrero de 2014, tanto
así que en el hecho décimo de la demanda se reconoció, expresa e
inequívocamente, que la señora Sofía Cristina Amaya Gutiérrez a partir del
28 de febrero de 2014 “realizó todo tipo de acciones, solicitudes, impetró
diferentes mecanismos, en aras de obtener del DEIP de Barranquilla que
levantara el veto, restricción o afectación impuesto por vías de hecho, sin
resultados”, actuaciones que detalló en el mismo texto del libelo petitorio (f.
9 índice 22 SAMAI primera instancia).

En ese orden, el plazo para presentar la demanda de reparación directa
inició su cómputo con la expedición del Decreto 0154 del 6 de septiembre
de 2000 y, en gracia de discusión, el 29 de febrero de 2014 -con la
publicación del Decreto 0212 de 2014- en la correspondiente gaceta distrital
y, por lo tanto, el plazo máximo para su radicación vencía el 29 de febrero
de 2016; por consiguiente, es totalmente claro que la solicitud de conciliación
extrajudicial elevada por la parte demandante el 22 de octubre de 2019 y la
presentación de la demanda de reparación directa el 31 de octubre de 2019
resultaron abiertamente extemporáneas, pues, ya había operado el término
de caducidad”4 (resalta la Sala).

6) En este proceso, en la demanda se precisó que el daño del demandante
consistió en haberse “afectado el inmueble de su propiedad, denominado “San
Antonio” con un uso de suelo “institucional” (fl. 5 cdno. no. 1.), limitación establecida
mediante EOT del año 2000 del municipio, por lo que el término de caducidad se
contabiliza desde el 21 de diciembre de 2000, día siguiente al último día de

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 10 de octubre de 2024, expediente 70368 MP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración
de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien señaló que en dicho caso la limitación en el
uso del suelo había sido levantada por la administración, por lo que, a su juicio, el término de
caducidad debió contabilizarse desde el levantamiento.

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Actor: Gabriel Vanegas Lara
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Apelación de sentencia

publicación del Acuerdo 008 de 2000 (fl. 50 cdno. no. 1)5, por lo tanto, como la
demanda fue presentada el 16 de abril de 2016 es extemporánea, inclusive si se
contabiliza el lapso durante el cual se adelantó el trámite de la conciliación
prejudicial —24 de noviembre de 2015 a 2 de febrero de 2016 (fl. 77 a 78 cdno. no.
2)—.

7) Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que en las afirmaciones de la
demanda se indica que el municipio ha usado el predio “San Antonio” para uso oficial
como plaza de toros durante las fiestas del pueblo a finales de los meses de enero
y comienzos de febrero, sin embargo, lo cierto es que el contenido y alcance de las
pretensiones de la demanda se dirigen puntual y exclusivamente a que se declare
la responsabilidad por el cambio de uso del bien y no por su ocupación temporal o
permanente.

En consecuencia, la Sala no puede trastocar ni el fundamento ni el alcance de las
súplicas de la demanda y, por ende, la caducidad del medio de control ejercido con
la demanda hay que contabilizarla desde que se modificó el uso del suelo, tal y
como se precisó con anterioridad.

3. Conclusión

La demanda es abiertamente extemporánea porque el daño, consistente en la
declaración de uso de suelo institucional del inmueble, se materializó con la
expedición del Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2000 constitutivo del Esquema
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lenguazaque, pero, la demanda se
propuso tan solo el 16 de abril de 2016.

4. Condena en costas

Como el recurso de apelación no prosperó, el apelante debe ser condenado en
costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en el artículo 188
del CPACA, las cuales serán tasadas y liquidadas de manera concentrada por el
tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

5 En dicho folio obra el Cd allegado por el Municipio con la contestación de la demanda, el cual

contiene el EOT del Municipio (EOT LENGUAZAQUE.pdf).

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Expediente: 25001-23-36-000-2016-00766-02 (65.997)
Actor: Gabriel Vanegas Lara
Reparación directa
Apelación de sentencia

Se pone de presente que, a diferencia de la regulación dispuesta en el artículo 171
del CCA, el CPACA no condiciona la condena en costas y agencias en derecho a la
actuación temeraria de alguna de las partes procesales, por lo que no prospera el
argumento del demandante para que sea exonerado de esta condena.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Revócase el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
28 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y, en su lugar, declárase probada la excepción de caducidad
de la acción.

2)° Condénase a la parte demandante en costas y agencias en derecho, las cuales
se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de
conformidad con la parte motiva de esta providencia

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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