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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por el C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca. SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres. TERCERO: MANTENER la medida de suspensión provisional del Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025, mediante la cual, el C.S.J. Seccional de Norte de Santander y Arauca ordenó al accionante retornar a la sede física del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Arauca, hasta tanto la U.N.P. resuelva el recurso contra la Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre de 2025. CUARTO: Una vez quedé ejecutoriado el acto administrativo expedido por la UNP, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección del señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Néstor Eduardo Cárdenas Torres Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00 QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela. SEXTO NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07695-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

29 de enero de 2026

Demandante: Néstor Eduardo Cárdenas Torres
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-00
Demandante: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la vida y otros. Ampara debido proceso administrativo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura -en adelante C.S.J.- y
el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca -en adelante
C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca-, en la que solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad, a la
integridad personal, al debido proceso y a la intimidad.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales por
las decisiones administrativas adoptadas por las autoridades accionadas, en torno
al Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Arauca, en el que funge como
juez, que desconocen la situación de seguridad personal que actualmente
atraviesa, al ser víctima de amenazas por personas que operan al margen de la
ley.

1

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Demandante: Néstor Eduardo Cárdenas Torres
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDO: Suspender definitivamente la orden de retorno al municipio de Cravo
Norte, hasta que el riesgo descienda a nivel mínimo y exista una decisión
debidamente motivada.

TERCERO: Ordenar a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial y la UNP
realizar una reevaluación urgente del riesgo, teniendo en cuenta la exposición de
la información sensible que realizó el Consejo Seccional de la Judicatura,
colocándome ahora en una posición de enemigo de la comunidad de Cravo Norte
y sus autoridades.

CUARTO: Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura tomar medidas
efectivas y que se proteja mi derecho a la vida e integridad personal, a quienes
hago responsables desde ya de cualquier cosa que me llegase a suceder.

QUINTO: Disponer que el Juzgado Promiscuo Municipal continúe operando de
manera temporal desde Arauca, hasta que existan garantías reales de seguridad.

SEXTO: Las demás que sean pertinentes para garantizar mis derechos y los de mi
familia.1

Además, elevó solicitud de que se adopte medida provisional consistente en: «la
SUSPENSIÓN inmediata del Oficio CSJNSOP25-1267 del 12 de noviembre de 2025, en
virtud del cual se ordena mi retorno al municipio de Cravo Norte».

1.3. Hechos

El señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres fue designado en provisionalidad como
juez promiscuo municipal de Cravo Norte, Arauca, desde el 5 de abril de 2021,
fecha desde la cual, ha recibido amenazas en su contra.

Indicó que, el 8 de abril de 2025 recibió mensajes de amenaza en la aplicación de
mensajería instantánea whatsapp por parte de «disidencias de las FARC»,
además, refirió que el vidrio del despacho judicial del cual es titular fue
vandalizado.

Por lo anterior, el 21 de abril del mismo año pidió al C.S.J. Seccional Norte de
Santander y Arauca: (i) traslado transitorio de juzgado, o; (ii) trabajo en casa. Esta
solicitud se atendió al día siguiente por la misma entidad, mediante el oficio No.
CSJNSOP25-587 del 22 de abril de 2025 en la que le permitió al tutelante laborar

1
Transcripción literal que puede contener errores.

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en la modalidad virtual, mientras se adelantaban las verificaciones del caso y la
Unidad Nacional de Protección -en adelante U.N.P.- realiza el estudio de seguridad
respectivo.

El C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca, el 2 de mayo de 2025, a través
del oficio CSJNSOP25-633 convocó a las autoridades locales a una reunión de
seguridad para definir la situación del actor, la cual se llevó a cabo el día 16 del
mismo mes y año, en la que se levantó el acta número 0092.

Posteriormente, el 17 de junio de 2025 el C.S.J. Seccional Norte de Santander y
Arauca expidió el oficio CSJNSOP25-788 en el que ordenó al actor reintegrarse
de forma presencial al despacho judicial. Lo anterior, sin que hubiera culminado el
trámite de la U.N.P. respecto de la nueva solicitud de estudio de seguridad elevada
por el actor.

A causa de la referida decisión, radicó una acción de tutela3 contra el C.S.J., el
C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca, y otros, con el fin de que se
ordenara a la U.N.P. realizar una nueva evaluación de riesgo y se dejara sin
efectos el oficio CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4, mediante providencia del
31 de julio de 2025 amparó los derechos fundamentales a la vida y seguridad
personal del tutelante, y ordenó:

[…]
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que
culmine el estudio de riesgo que inició sobre la situación de seguridad del
accionante en los términos dispuestos en el Decreto 1139 de 2021 y con la mayor
celeridad posible.

TERCERO. SUSPENDER el Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025,
mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca ordenó al accionante retornar a la sede del Juzgado Promiscuo Municipal
de Cravo Norte (Arauca), hasta tanto se resuelva el procedimiento administrativo
mencionado.

CUARTO. EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca adoptar las medidas que considera necesarias para garantizar
la prestación del servicio de justicia

2
A la reunión asistieron, el alcalde municipal, la Fiscal 11 Local, el personero municipal, el
comandante de la Estación de Policía, el inspector de Policía, el comandante del Ejército, el
director de seguridad de la Rama Judicial y dos magistrados de Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca, quiénes consideraron que el territorio de Arauca era tranquilo,
por lo la sede del juzgado debía permanecer en el mismo lugar.
3
La acción de tutela se tramitó con el radicado número 11001-03-15-000-2025-04098-00.
4
Providencia suscrita por los magistrados: Juan Camilo Morales Trujillo, Jorge Iván Duque
Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves.

3

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El fallo se impugnó por ambos extremos procesales, y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B5, en sentencia del 26 de septiembre de 2025
confirmó el amparo y modificó la orden, en los siguientes términos:

1°) Concédese el amparo de los derechos fundamentales invocados y ratificase la
suspensión del acto administrativo que ordenó el retorno presencial del actor a la
sede del juzgado ordenada en primera instancia, hasta tanto la UNP culmine la
reevaluación de su nivel de riesgo, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

2º) Ordénase a la Unidad Nacional de Protección que, en el término perentorio
máximo de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
culmine el estudio de riesgo del actor y en el mismo término notifique dicha decisión
al actor, al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.

3º) Una vez la UNP expida los resultados de dicho estudio, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca deberán, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
proceder de conformidad con las conclusiones allí contenidas y adoptar las
medidas que estimen pertinentes con el fin de garantizar la seguridad del
demandante y, al mismo tiempo, asegurar la prestación continua y efectiva del
servicio de justicia.
[…]

En cumplimiento de la orden de tutela, la U.N.P. profirió la Resolución DGRP
008621 del 12 de septiembre de 20256 en la que calificó el riesgo del actor como
extraordinario nivel 1; contra este acto administrativo el accionante interpuso
recurso de reposición, el que, a la fecha, no ha sido resuelto.

Por lo que, el C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca expidió el oficio
CSJNSOP25-1267 de fecha 12 de noviembre de 2025 en el que «se deja sin efectos
la suspensión provisional del Oficio CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025[…]» y en
consecuencia ordenó el retorno al despacho judicial en el municipio de Cravo
Norte, Arauca. Este fue recurrido por el accionante, sin embargo, la autoridad
mencionada, en el oficio CSJNSOP25-1287 del 21 de noviembre de 2025 refirió
que este oficio y el anterior, esto es, el CSJNSOP25-1267 eran actos de trámite
contra los que no procedían recursos.

5
Sentencia suscrita por los magistrados, Fredy Ibarra Martínez, Alberto Montaña Plata y Diego
Enrique Franco Victoria.
6
«Artículo 1°. Dar a conocer al señor NESTOR EDUARDO CARDENAS TORRES […] la validación
del nivel de riesgo como EXTRAORDINARIO, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de
Cravo, Norte, Arauca, emitida por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de
Medidas – CERREM de Servidores y Exservidores Públicos y las medidas de protección
recomendadas para su caso consistentes en:
[…]
Ratificar esquema tipo 1 conformado por un (1) vehículo convencional y dos (2) personas de
protección. Ratificar un (1) chaleco blindado.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que, la negativa del C.S.J. Seccional Norte de Santander y
Arauca, a darle trámite al recurso de reposición y en subsidio apelación,
interpuesto contra el CSJNSOP25-1267 de fecha 12 de noviembre de 2025
constituye una vía de hecho administrativa y vulnera sus derechos fundamentales.

Explicó que, el C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca no podía proferir el
referido oficio porque constituye una ejecución forzada de una orden de tutela no
ejecutoriada. Esto, por cuanto, si bien la U.N.P. expidió la Resolución DGRP
008621 del 12 de septiembre de 2025, este acto administrativo fue controvertido y
aún se encuentra pendiente de resolver lo que deviene su falta de ejecutoria.

Por otro lado, indicó que, el C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca
transgredió su derecho a la intimidad, porque «divulgó indebidamente mis informes
reservados de riesgo» ocasionando reacciones negativas por parte de las
autoridades del municipio de Arauca. Actuaciones que, a su juicio, lo convirtieron
en un enemigo público del territorio de Cravo Norte.

Como consecuencia de lo expuesto, consideró que su retorno presencial al
juzgado pone en riesgo su vida e integridad personal.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 16 de diciembre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte accionada,
al C.S.J.8 y al C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca9.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso a la U.N.P.10

Por otro lado, se accedió a la solicitud provisional elevada por el accionante y se
dispuso: «PRIMERO: DECRETAR la medida provisional solicitada, en el entendido que
se deberán mantener las medidas administrativas y de seguridad adoptadas por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, en el Oficio

7
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: nestoreduardoabogado@hotmail.com y
ncardent@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
9
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: consecnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co
sedsecuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mblancot@cendoj.ramajudicial.gov.co
mecsjnortesantander@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesjudiciales@unp.gov.co.

5

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CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025».

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca11

La presidenta de esta seccional puso de presente que, hechos similares a los que
debaten en esta acción ya fueron tramitados por el Consejo de Estado en el
proceso identificado con el radicado 2025-04098, cuya decisión fue favorable al
actor ya que se resolvió amparar sus derechos fundamentales.

Como consecuencia de esa orden de tutela, la U.N.P. realizó un nuevo estudio de
seguridad al accionante, en el que otorgó las medidas de protección que consideró
necesarias para su situación, y acto seguido, la oficina para la Seguridad de la
Rama Judicial ateniendo a la situación del actor, profirió el oficio CSJNSOP25-
1267 del 12 de noviembre de 2025, en el que dispuso el retorno presencial al
juzgado con las medidas de protección determinadas por la U.N.P.

Refirió que, el señor Cárdenas Torres recurrió el referido oficio, cuyas
inconformidades se resolvieron mediante los oficios CSJNSOP25-1287 del 21 de
noviembre de 2025 y CSJNSOP25-1354 del 3 de diciembre de 2025.

Aclaró que, las decisiones que emite esta dependencia se sustentan en un estudio
técnico, jurídico, y mancomunado con las autoridades territoriales
correspondientes, tales como, la Alcaldía, Personería y Policía de Cravo Norte, y
se concluyó que, en comparación con las condiciones de seguridad que vive
actualmente el país, dentro del territorio existen medidas para garantizar la
prestación del servicio de justicia de manera presencial.

Señaló que, si bien al actor se le permitió laborar por fuera de la sede debido a su
situación de riesgo anterior, ya lleva 2 años fuera del despacho, término dentro del
cual, además, se han mitigado las condiciones desfavorables. Además, consideró
que, un permiso que se le concedió de forma temporal no puede volverse
permanente, máxime cuando ya se le otorgaron las medidas de seguridad
requeridas.

Finalmente pidió que se vincule a la litis a la oficina de Seguridad de la Rama
Judicial, a la Alcaldía, a la Personería Municipal y a la Comandancia de Policía de

11
Índice 008 de Samai.

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Cravo Norte, con el fin de que reafirmen lo referente a las condiciones de seguridad
del territorio.

1.6.2. C.S.J.12

La directora de la oficina de Asesoría para la Seguridad de esta entidad pidió que
se niegue el amparo porque no ha incurrido en ninguna actuación que vulnere los
derechos fundamentales invocados por el tutelante.

Explicó que, en cumplimiento de los Decretos 1249 de 2011, 1066 de 2015 y 1139
de 2021, así como la Ley 270 de 1996 y con el fin de determinar las medidas de
protección requeridas por el señor Néstor Cárdenas, pidió al Comando del
Departamento de Policía de Arauca verificar los mecanismos de seguridad
adoptados, cuya autoridad le informó que, desde el año 2023 acogió un plan de
protección para el togado.

Sin embargo, dados los hechos de violencia ocurridos en 2025 solicitó a la U.N.P
un nuevo estudio de seguridad y la adopción de medidas de emergencia para el
juez. Asimismo, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Departamental
y pidió al Comando de Policía Departamental informes sobre la situación de orden
público. No obstante, realizadas las anteriores diligencias se reafirmó que existen
las condiciones de protección necesarias para garantizar el retorno presencial del
actor a la sede judicial.

1.6.3. U.N.P.13

La jefe de la oficina Asesora Jurídica pidió que se declare improcedente esta
acción y, a su vez, ser desvinculado de este mecanismo, por cuanto, las
pretensiones elevadas por el actor están dirigidas contra el C.S.J y el C.S.J.
Seccional Norte de Santander y Arauca, pues la actuación de esta entidad
concluyó con la expedición de la Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre
de 2025 en la que se conceptuó sobre la situación de riesgo del accionante, dada
la orden de tutela del Consejo de Estado.

Por otro lado, refirió que, el señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres ha sido
evaluado desde el año 2022, y pese a que se han efectuado varios estudios, su
nivel de riesgo siempre ha sido el mismo, por lo cual, se ha mantenido su esquema
de seguridad vigente.

Finalmente, frente a la presunta transgresión al derecho a la intimidad, indicó que,
si bien la reserva de la información sobre las amenazas al señor accionante no es

12
Índice 009 de Samai.
13
Índice 010 de Samai.

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de acceso público, ello no incluye al Procurador General de la Nación, al Defensor
del Pueblo o las autoridades judiciales, legislativas, y administrativas que requieran
conocer la situación debido al ejercicio de sus funciones. Lo anterior tiene sustento
en el artículo 284 de la Constitución Política de 1991, y en el artículo 27 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres contra el C.S.J. y el
C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333
de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión previa

El C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca pidió que se vincule a la oficina
de Seguridad de la Rama Judicial, a la Alcaldía y Personería municipal y a la
Estación de Policía de Cravo Norte, Arauca, con el fin de que reafirmen lo referente
a las condiciones de seguridad del territorio.

La anterior solicitud se negará, debido a que las pretensiones no están dirigidas
en contra de las referidas autoridades, aunado a que no ostentan alguna
competencia para definir la situación de riesgo de un funcionario judicial, como lo
es el actor. Además, no se advierte que tengan un interés directo en el resultado
del proceso.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el actor al levantar la suspensión provisional del oficio
CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025 y ordenarle el retorno presencial
a la sede judicial de Cravo Norte, Arauca, sin que se finalizara el respectivo
estudio de seguridad?

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Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el debido proceso
administrativo, y; (iii) el análisis del caso concreto

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o excepcionalmente, de
particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4.1. Subsidiariedad

El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial».
Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991.

En el presente caso, en principio, se podría sostener que, contra la orden de
retornar al juzgado de forma presencial proferida por el C.S.J. Seccional Norte de
Santander y Arauca en el oficio CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025 reiterada

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en los oficios CSJNSOP25-1267 del 12 de noviembre de 202514 y CSJNSOP25-
1287 del 21 de noviembre de 2025 podrían interponerse los medios de control
establecidos en el CPACA. No obstante, salta a la vista que lo pretendido a través
de este mecanismo constitucional es la protección de garantías constitucionales
que le asisten al accionante, quien aduce encontrarse en una situación de riesgo
e inminente urgencia.

Esto, con ocasión de la imposibilidad de reintegrarse de forma presencial a la sede
judicial, dadas las amenazas y ataques que ha percibido por parte de grupos al
margen de la ley, y porque aún no existe una decisión de fondo sobre su situación
de riesgo, dado que la U.N.P no ha resuelto el recurso de reposición contra la
Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre del 2025.

En efecto, advierte esta Sala de Decisión que aun cuando existe un mecanismo
ordinario este no es eficaz dadas las circunstancias de riesgo en las que se
encuentra el accionante quien al verse obligado a retornar de forma física a la sede
del despacho ubicada el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca,
puede poner en riesgo su vida e integridad personal. Esto amerita la urgente
intervención del juez de tutela a fin de evitar un perjuicio irremediable contra el
señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres.

Al respecto, conviene recordar que la Corte Constitucional ha establecido la
procedencia de la acción de tutela «cuando se evidencia que las condiciones de
vulnerabilidad y de sujeto de especial protección constitucional del accionante
requieren la necesaria e inminente intervención del juez constitucional para
salvaguardar con medidas de ejecución inmediata la ocurrencia de un perjuicio
irremediable»15.

En este caso, cabe advertir que, si bien al señor Cárdenas Torres se le ampararon
sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en la acción de tutela
identificada con el radicado 2025-04098, lo que en principio lo habilitaría promover
un incidente de desacato, lo cierto es que, la finalidad de esta herramienta es
persuadir al sujeto obligado a cumplir con la orden de tutela, sin embargo, lo que
se debate en esta acción no es el incumplimiento al fallo por parte del C.S.J.
Seccional Norte de Santander y Arauca, sino que este se acató de forma
prematura, motivo por el cual, es menester emitir una nueva orden tendiente a
suspender las actuaciones que desplegó la referida autoridad administrativa
precisamente para atender un mandato judicial.

14
Por medio de este oficio se resolvió levantar la suspensión provisional del oficio CSJNSOP25-
788 del 17 de junio de 2025 y se dispuso el retorno presencial del funcionario público a la sede del
juzgado.
15
Corte Constitucional, sentencia T-087 de 2018.

10

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Demandante: Néstor Eduardo Cárdenas Torres
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00

Así las cosas, la Sala concluye que, en el presente caso, este mecanismo es
procedente para proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
física y a la seguridad personal del funcionario, los que se ven amenazados si se
le obliga a retornar a la sede judicial de forma presencial, sin que, de forma previa,
la U.N.P., realice un estudio cuidadoso de las situaciones de riesgo y amenazas
que, según el actor, se han perpetrado en su contra, con el fin de que, una vez
identificado el riesgo real al que se vería sometido, se adopten las medidas
necesarias para que pueda ejercer las funciones propias de su cargo sin tener que
exponer por ello su vida.

Maxime, si se tiene en cuenta que «el Estado tiene la obligación de proteger la
vida e integridad física de quienes sufren un riesgo extraordinario o extremo,
mediante medidas de protección» como ocurre en este caso, dado que el tutelante
ha sido víctima de amenazas y violencia por parte de grupos armados al margen
de la ley en las mismas instalaciones de su despacho.

2.4.2. Inmediatez

La Sala considera que la solicitud de amparo constitucional fue presentada en un
plazo razonable. Al respecto, se advierte que la tutela fue radicada el 3 de
diciembre de 2025, mientras que, los oficios CSJNSOP25-1267 y CSJNSOP25-
1287 proferidos por la C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca datan del 12
y 21 de noviembre de 2025, respectivamente.

2.5. Del debido proceso administrativo

La Constitución Política de 1991 estableció en el artículo 29 el derecho
fundamental al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. De conformidad con esta disposición, nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Ello como una manifestación expresa del principio de legalidad, según el cual
todos los funcionarios del Estado actúan de la mano con los procedimientos
previamente estipulados por el ordenamiento jurídico.

En esa misma línea, la jurisprudencia del alto tribunal constitucional y del Consejo
de Estado dieron luz al concepto del debido proceso administrativo, para referirse
a «[…]la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las
entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito
de garantizar los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por las
decisiones de la administración»16.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2014-02189-01(1171-18). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

11

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En consecuencia, el debido proceso administrativo se instituye como una garantía
de las personas a: «1) conocer las actuaciones de la administración; 2) acceder ante la
administración y ser oído por ella; 3) solicitar el decreto y la práctica de pruebas y
controvertir las que otros soliciten y las que se practiquen; 4) ejercer el derecho de
defensa; 5) impugnar los actos administrativos; y, 6) gozar de las demás garantías
establecidas en su beneficio. Estas garantías deben respetarse en todo el procedimiento
administrativo, desde el inicio de la actuación, la formación y expedición de los actos
administrativos, su notificación o comunicación, su impugnación y resolución, su
ejecutoriedad y hasta su ejecución»17.

2.6. Caso concreto

El actor consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana, a la seguridad, a la integridad personal, al debido proceso administrativo
y a la intimidad por las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas, en
torno al retorno presencial a la sede del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo
Norte, Arauca, que desconocen su situación de seguridad personal dadas las
amenazas de las que fue víctima, por parte de grupos que operan al margen de la
ley.

Ahora bien, aunque el mismo actor puso de presente que anteriormente radicó otra
tutela pidiendo que no se hiciera efectiva la orden de retornar de forma presencial
al despacho, la Sala considera necesario examinar si se configura una posible
cosa juzgada constitucional respecto de lo resuelto en la tutela identificada con
radicado 11001-03-15-000-2025-04098-00.

En consecuencia, en el cuadro que se anexa a continuación se efectúa un paralelo
entre las tutelas radicadas por el actor a fin de establecer si entre una y otra se
presenta la concurrencia de elementos para configurarse la cosa juzgada, o si, por
el contrario, se advierte la existencia de un nuevo contexto de valoración que
habilitaba al accionante para interponer este mecanismo:

Tutela 2025-07695 Tutela 2025-04098
Partes Partes

Accionante: Néstor Eduardo Cárdenas Accionante: Néstor Eduardo Cárdenas
Torres Torres

Accionados: C.S.J. y C.S.J. Seccional Accionados: C.S.J., C.S.J. Seccional
Norte de Santander y Arauca. Norte de Santander y Arauca, la U.N.P., el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Arauca y la Administradora de Riesgos
Laborales Positiva.

17
Corte Constitucional, sentencia C-162 de 2021.

12

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00

Hechos: Hechos

El actor fue designado como juez El actor fue designado como juez
promiscuo municipal de Cravo Norte, promiscuo municipal de Cravo Norte,
Arauca desde el 5 de abril de 2021. Arauca desde el 5 de abril de 2021.

Señaló que fue víctima de amenazas por Señaló que fue víctima de amenazas por
parte de grupos armados al margen de la parte de grupos armados al margen de la
ley, lo que lo llevó a solicitar al C.S.J. y ley, lo que lo llevó a solicitar al C.S.J. y
C.S.J. Seccional Norte de Santander y C.S.J. Seccional Norte de Santander y
Arauca que se le permita laborar bajo la Arauca que se le permita laborar bajo la
modalidad de trabajo en casa o el traslado modalidad de trabajo en casa o el traslado
del juzgado. del juzgado.

Explicó que, pese a que a través del oficio Explicó que, pese a que a través del oficio
CSJNSOP25-587 del 22 de abril de 2025 CSJNSOP25-587 del 22 de abril de 2025
el C.S.J. Seccional Norte de Santander le el C.S.J. Seccional Norte de Santander le
permitió trabajar de forma virtual, mediante permitió trabajar de forma virtual, mediante
el oficio CSJNSOP25-788 del 17 de junio el oficio CSJNSOP25-788 del 17 de junio
de 2025 la misma autoridad le ordenó al de 2025 la misma autoridad le ordenó al
actor retornar a la sede del juzgado, sin actor retornar a la sede del juzgado, sin
que la U.N.P. hubiera culminado el estudio que la U.N.P. hubiera culminado el estudio
de seguridad elevada por el accionante. de seguridad elevada por el accionante.

El actor promovió una acción de tutela
pidiendo que se suspenda la orden de
reintegrarse de forma presencial al
despacho, cuyas pretensiones se
concedieron por el juez de tutela en el
proceso 2025-04098.

En cumplimiento de la orden del juez
constitucional, la U.N.P. expidió la
Resolución DGRP 008621 del 12 de
septiembre de 2025, contra este acto
administrativo el accionante presentó
recurso de reposición, que aún no se ha
resuelto.

Por su parte, el C.S.J. Seccional Norte de
Santander y Arauca, a través de los oficios
CSJNSOP25-1267 de fecha 12 de
noviembre de 2025 y CSJNSOP25-1287
del 21 de noviembre de 2025 en el que
dispuso el retorno del tutelante al juzgado.

Pretensiones Pretensiones

PRIMERO: Amparar mis derechos PRIMERO: Tutelar los derechos
fundamentales a la vida, la seguridad, la fundamentales a la vida, la seguridad, la
integridad, la dignidad humana, el debido integridad y la dignidad humana, que me
proceso administrativo, intimidad y están siendo vulnerados.
reserva. SEGUNDO: Ordenar se realice la
reevaluación de riesgo por parte de la UNP

13

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SEGUNDO: Suspender definitivamente la que actualmente se encuentra pendiente
orden de retorno al municipio de Cravo atendiendo a las amenazas recibidas y
Norte, hasta que el riesgo descienda a hechos de violencia con las instalaciones
nivel mínimo y exista una decisión del despacho los días (08 y 11 de abril
debidamente motivada. 2025) en el municipio de de Cravo Norte.
TERCERO: Ordenar a la Oficina de TERCERO: Ordenar al Consejo Superior
Seguridad de la Rama Judicial y la UNP de la Judicatura / Consejo Seccional de la
realizar una reevaluación urgente del Judicatura de Norte de Santander y
riesgo, teniendo en cuenta la exposición Arauca se revoque, deje sin efectos o
de la información sensible que realizó el suspenda la decisión del “Retorno
Consejo Seccional de la Judicatura, presencial a la sede del Juzgado (…)”, tal
colocándome ahora en una posición de como lo han indicado en oficio del
enemigo de la comunidad de Cravo Norte diecisiete (17) de junio de 2025, con
y sus autoridades. radicado No. CSJNSOP25-788.
CUARTO: Que se ordene al Consejo CUARTO: Que se adopten las medidas de
Superior de la Judicatura tomar medidas protección necesarias que permitan
efectivas y que se proteja mi derecho a la garantizar mis derechos fundamentales,
vida e integridad personal, a quienes hago en aras de no aumentar el riesgo
responsables desde ya de cualquier cosa advertido.
que me llegase a suceder. QUINTO: Las demás que sean pertinentes
QUINTO: Disponer que el Juzgado para garantizar mis derechos y los de mi
Promiscuo Municipal continúe operando familia.
de manera temporal desde Arauca, hasta
que existan garantías reales de seguridad.
SEXTO: Las demás que sean pertinentes
para garantizar mis derechos y los de mi
familia.

De lo expuesto ut supra se advierte claramente que no se configura la triple
identidad de partes, objeto y causa, pues si bien algunos de los requisitos
confluyen en ambas acciones, lo cierto es que, la presente tutela se radicó al
margen de la ocurrencia de nuevas razones significativas que hacen procedente
este mecanismo, tal como la expedición de la Resolución DGRP 008621 del 12 de
septiembre del 2025, por parte de la U.N.P., en la que calificó el riesgo del actor
como extraordinario nivel 1, y le proporcionó como esquema de protección: «1)
vehículo convencional y dos (2) personas de protección. Ratificar un (1) chaleco
blindado».

Ahora bien, cabe advertir que, si bien la U.N.P. profirió el mentado acto
administrativo en cumplimiento a la orden de tutela dentro del proceso 2025-
04098, lo cierto es que, como este fue recurrido por el actor, y no se ha emitido
decisión que resuelva las inconformidades expuestas en el recurso, no ha cobrado
ejecutoria.

Sin embargo, el C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca expidió el oficio
CSJNSOP25-1267 del 12 de noviembre de 2025 en el que suspendió los efectos
de la comunicación CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025 y ordenó al tutelante
retornar a la sede judicial de manera presencial «[…] a partir del día martes

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dieciocho (18) de noviembre de 2025 […]». Contra dicha decisión, el actor
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

El C.S.J. Seccional Norte de Santander y Arauca despachó desfavorablemente los
planteamientos del recurrente a través del oficio CSJNSOP25-1287 del 21 de
noviembre de 2025 al considerar que «el oficio CSJNSOP25-1267 se limitó a
comunicar que la condición de suspensión había cesado y que debía reanudarse el
cumplimiento del Acuerdo de 2024, sin adoptar decisión nueva ni autónoma», por lo que,
nada resuelve de fondo, sino que se trata de un acto de trámite contra el cual no
proceden recursos.

Lo anterior sin tener en cuenta que la U.N.P. no había resuelto el recurso contra la
Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre del 2025, circunstancia que le
impedía a las autoridades judiciales accionadas emitir cualquier orden con
sustento en dicho acto administrativo.

En ese sentido, como el C.S.J. Seccional de Norte de Santander y Arauca al
expedir los oficios CSJNSOP25-1267 del 12 de noviembre de 2025 y
CSJNSOP25-1287 del 21 de noviembre de 2025 privó al actor de la oportunidad
de ejercer en debida forma sus derechos de contradicción y defensa, ya que, se
adelantó a emitir la orden de retorno con base en un estudio de seguridad que no
se encontraba en firme y sin tener en cuenta que el accionante había sido víctima
de amenazas y actos violentos por parte de grupos al margen de la ley,
circunstancias que le impidieron regresar a su despacho.

Por tanto, exigirle que se reintegre de forma presencial al juzgado desconociendo
el peligro real al que se vería sometido pone en riesgo sus derechos fundamentales
a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal, lo que hace necesario que
este juez de tutela, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, aplace el retorno
a la sede judicial del funcionario hasta que la U.N.P. estudie si en efecto existen
otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad del tutelante y en
consecuencia disponga el debido esquema de protección.

En esa medida se hace imperante mantener la suspensión provisional del Oficio
No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025, mediante la cual, el C.S.J. Seccional
de Norte de Santander y Arauca ordenó al accionante retornar a la sede del
Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Arauca, dado que dicha orden no
puede materializarse hasta tanto la U.N.P. examine los argumentos planteados en
el recurso de reposición mencionado y determine si existe alguna alteración que
modifique el nivel de riesgo del funcionario y si es necesario fortalecer el esquema
brindado.

15

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En ese sentido, como actualmente persiste la incertidumbre sobre el entorno de
seguridad al que el accionante se vería sometido a retornar, se torna evidente la
amenaza a la vida e integridad personal del tutelante, pues se trata de un operador
judicial que, por razón de su función, se encuentra en una situación de particular
vulnerabilidad frente a presuntos actores armados ilegales o estructuras
delincuenciales.

Por lo que se ampararán las garantías constitucionales a la vida, a la integridad
física y al debido proceso administrativo del señor Néstor Eduardo Cárdenas
Torres y se ordenará al C.S.J. Seccional de Norte de Santander y Arauca, que
mantenga la suspensión del Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025
y de los oficios posteriores que ordenan el retorno presencial del actor a la sede
del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Arauca, hasta tanto la U.N.P.
resuelva el recurso contra la Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre de
2025.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por el C.S.J. Seccional
Norte de Santander y Arauca.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del señor Néstor
Eduardo Cárdenas Torres.

TERCERO: MANTENER la medida de suspensión provisional del Oficio No.
CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025, mediante la cual, el C.S.J. Seccional de
Norte de Santander y Arauca ordenó al accionante retornar a la sede física del
Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Arauca, hasta tanto la U.N.P.
resuelva el recurso contra la Resolución DGRP 008621 del 12 de septiembre de
2025.

CUARTO: Una vez quedé ejecutoriado el acto administrativo expedido por la UNP,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca deberá
adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección del
señor Néstor Eduardo Cárdenas Torres.

16

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Demandante: Néstor Eduardo Cárdenas Torres
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07695-00

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.

SEXTO NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva el voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17

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