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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04098-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04098-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales fundamentales a la vida y seguridad personal de CTNE. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que culmine el estudio de riesgo que inició sobre la situación de seguridad del accionante en los términos dispuestos en el Decreto 1139 de 2021 y con la mayor celeridad posible. TERCERO. SUSPENDER el Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca ordenó al accionante retornar a la sede del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte (Arauca), hasta tanto se resuelva el procedimiento administrativo mencionado. CUARTO. EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca adoptar las medidas que considera necesarias para garantizar la prestación del servicio de justicia. QUINTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04098-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04098-00
Demandante: CTNE1
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Medidas de
seguridad de funcionario judicial.
Decisión: Accede al amparo solicitado.

Decide la Sala la acción de tutela formulada por CTNE contra el Consejo Superior
de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte Santander y
Arauca, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Administradora de Riesgos
Laborales Positiva y el Tribunal Superior de Arauca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 20 de junio de 2025, CTNE presentó acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, seguridad
e integridad personal.

2. En consecuencia, solicitó ordenar (i) una reevaluación del riesgo por parte
de la UNP, la cual actualmente se encuentra pendiente atendiendo las amenazas
recibidas y los hechos de violencia en las instalaciones del despacho judicial el 8 y
11 de abril 2025 en el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca; (ii) a los
Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca que revoque, deje sin efectos o suspenda la decisión de
retornar de forma presencial a la sede del juzgado y (iii) que se adopten las medidas
de protección necesarias para no aumentar el riesgo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que desde el 5 de abril de 2021 se desempeña como juez promiscuo
municipal en el Cravo Norte (Arauca).

4. El 21 de abril de 2025, solicitó trasladar de manera transitoria el Juzgado
del municipio de Cravo Norte a Arauca o, en su defecto, concederle trabajo en casa,

1
Mediante Auto de 4 de julio de 2025, el despacho ponente ordenó «a la Secretaría General de esta corporación que, de
manera inmediata, limite el acceso al público del expediente digitalizado de la acción de tutela con radicado No. 11001-03-
15-000-2025-04098-00 y, adicionalmente, reemplace el nombre de la parte accionante por las letras CTNE, en los sistemas
de gestión procesal donde obre el proceso de la referencia y su expediente digitalizado», por razones de seguridad personal
del accionante.

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Demandante: CTNE

por los hechos ocurridos el 8 de abril de 2025, puesto que recibió un mensaje, a
través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, en el cual fue víctima
de una amenaza extorsiva por parte de las «disidencias de las FARC», a través del
envío de un panfleto y, posteriormente, el 11 de abril del mismo año, fue vandalizada
la puerta de vidrio del despacho judicial en el que labora.

5. El 22 de abril de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca, mediante el Oficio No. CSJNSOP25-587, mientras se adelanta
la verificación correspondiente, «le informó que debía continuar prestando sus
funciones desde la ciudad de Arauca en la modalidad virtual bajo el uso de las
tecnologías de la información, entre tanto la secretaria del despacho deberá
permanecer atendiendo las labores de manera presencial desde la sede del
Juzgado en el municipio de Cravo Norte».

6. Se encuentra a la espera del estudio de seguridad por parte de la UNP en
atención a los nuevos hechos, en el cual luego del análisis por parte del Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), se emitirá un acto
administrativo en el que se indicará si se mantiene el esquema de protección, se
refuerza o, por el contrario, se finaliza la medida de protección.

7. El 17 de junio de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
Santander y de Arauca, mediante el Oficio No. CSJNSOP25-788, ordenó su retorno
definitivo a la sede judicial del juzgado.

8. Como fundamentos de derecho, la parte accionante consideró vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, seguridad e integridad
personal. Para el efecto, afirmó que se encuentra a la espera de un estudio de riesgo
actualizado por parte de la UNP para que se reconozcan y actúen las nuevas
amenazas que enfrenta.

9. Adicionalmente, señaló que el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
Santander y Arauca ordenó su retorno al municipio, sin tener en cuenta la realidad
ni la gravedad de la situación, dada la presencia continua de grupos armados
ilegales y la violencia en la región.

10. Manifestó en atención a los riesgos presentado su esposa se vio obligada a
renunciar a su trabajo y trasladarse con sus hijas a otra ciudad. Además, sostuvo
que su estado se salud se ha visto afectado, debido a que padece de estrés,
claustrofobia y obesidad.
Intervenciones2

11. El Tribunal Superior de Arauca indicó que con base en el Concepto No.
TSA SG O – 309 del 15 de agosto de 2024 y los Oficios No. CSJNSOP25-784 y
CSJNSOP25-788 del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y

2
El 4 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte Santander y Arauca, la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Administradora de Riesgos Laborales
Positiva y al Tribunal Superior de Arauca y se vinculó a Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte
Suprema de Justicia y a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial. Adicionalmente, se concedió como medida cautelar la
suspensión provisional de los efectos del Oficio núm. CSJNSOP25-788, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y Arauca.

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Demandante: CTNE

Arauca, ambos del 17 de junio de 2025, la situación de seguridad actual permite
que el funcionario retome sus labores en el municipio de Cravo Norte (Arauca).

12. Adicionalmente, señaló que el actor cuenta con un esquema de seguridad
asignado por la UNP, diseñado para mitigar los riesgos inherentes al contexto
regional, por lo que no existen impedimentos materiales para que cumpla sus
funciones de forma presencial.

13. Resaltó que los jueces primero y segundo promiscuos municipales de
Saravena (Arauca), quienes también cuentan con esquema de seguridad de la UNP,
ejercen sus funciones de manera presencial pese a que ese municipio presenta una
situación de seguridad más compleja que Cravo Norte, evidenciando que es viable
garantizar la prestación del servicio judicial desde la sede local.

14. Por otra parte, respecto a las dificultades alegadas por el funcionario
relacionadas con los servicios de internet, energía, agua y telefonía celular, aseveró
que esa corporación no ha recibido reportes oficiales que confirmen dichas
problemáticas. Añadió que la falta de información que valide estos inconvenientes
refuerza la necesidad de la presencia física del funcionario en la sede.

15. Afirmó que la comunidad carece de medios adecuados para acceder al
servicio de justicia digitalmente, por lo que es fundamental la permanencia del juez
en el municipio para garantizar una correcta y efectiva prestación del servicio
judicial.

16. Ahora, en cuanto a las citas médicas o consultas que el funcionario requiera,
la normativa vigente contempla permisos laborales remunerados para estos fines,
los cuales son aplicables a todos los jueces del Distrito Judicial de Arauca,
asegurando que no existe trato desigual ni limitación que impida al accionante
acceder a atención médica adecuada.

17. Finalmente, aclaró que no ha resuelto algunas solicitudes de trabajo en casa
presentadas por el demandante, ante la falta de certeza sobre el estado de
seguridad alegado, o que algunas de ellas son de competencia de otras
autoridades.

18. Henry Walter Medina Ulloa, secretario del Tribunal Superior de Arauca,
solicitó intervenir como coadyuvante de la parte demandada. Para el efecto, expuso
que ante el Tribunal Administrativo de Arauca está en trámite un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, radicado bajo el número 81001-23-39-000-2021-
00088-00, en el que se cuestiona la legalidad del nombramiento provisional del
accionante y que está pendiente la resolución de una medida cautelar relacionada
con el prolongado traslado transitorio del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo
Norte.

19. En relación con la seguridad del accionante, sostuvo que las autoridades
competentes cuentan con las opciones de brindar un esquema de seguridad

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personal a través de la UNP o de ordenar traslados provisionales conforme al
Acuerdo PCSJA-17-10754 de 2017.

20. Por otra parte, solicitó la vinculación del municipio de Cravo Norte y la
Personería Municipal para que intervengan en defensa de los habitantes y del
derecho a la administración de justicia, tal como lo establece el artículo 229 de la
Constitución Política.

21. La Corte Suprema de Justicia expuso que el accionante presentó el Oficio
No. 100 de 21 de abril de 2025, en el cual solicitó el traslado transitorio del Juzgado
Promiscuo de Cravo Norte a la ciudad de Arauca o, alternativamente, la autorización
para trabajar desde casa o de forma remota, argumentando amenazas y riesgos
para su seguridad y la de su secretaria. Indicó que, debido a la importancia de esta
solicitud, la Sala de Gobierno de esa corporación asumió su conocimiento y, por
razón de competencia, dispuso su traslado al Consejo Superior de la Judicatura.
Agregó que el asunto que se discute ya había sido presentado por el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, el 21 de octubre de 2024, ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial.

22. La Unidad Nacional de Protección (UNP) afirmó que no vulneró los
derechos fundamentales del accionante. Explicó que su caso fue evaluado en 2024
bajo la Orden de Trabajo No. 627518 de ese año y se adoptaron las
recomendaciones del Comité CERREM mediante la Resolución No. DGRP 7535,
estableciendo un esquema de seguridad tipo 1, que incluye 1 vehículo convencional,
2 personas de protección y 1 chaleco blindado.

23. Ahora, en cuanto al estudio de nivel de riesgo iniciado en 2025 bajo la Orden
de Trabajo No. 707175, indicó que el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR)
logró contacto con el demandante el 9 de julio de 2025, por lo que fue a partir de
esa fecha que comenzó formalmente la evaluación de riesgo, ya que esta se
encuentra supeditada al consentimiento del accionante, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1139 de
2021, iniciando así el plazo de 30 días hábiles para la entrega del estudio técnico.

24. Señaló que la Oficina de Asuntos Jurídicos solicitó el 11 de julio de 2025
que se agilice la finalización del estudio y se presente ante el Comité CERREM,
para expedir el acto administrativo pertinente y proteger los derechos fundamentales
del accionante.

25. Así las cosas, aseguró que esa Unidad está realizando una evaluación
rigurosa, detallada e imparcial conforme a sus funciones en el Programa de
Prevención y Protección, evidenciando diligencia y cumplimiento de los parámetros
legales y jurisprudenciales aplicables.

26. De otra parte, manifestó que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, ya que el actor, con la radicación de la acción de tutela, intenta eludir
el procedimiento legal establecido para ser beneficiario del programa de protección
dispuesto en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, buscando crear una

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nueva vía judicial o recurso administrativo para saltarse los procesos ordinarios y
desconocer a esa autoridad administrativa. Agregó que la solicitud de amparo no
era el mecanismo adecuado para resolver controversias legales o reglamentarias,
las cuales deben dirimirse por otros medios previstos en la ley.

27. Finalmente, precisó que, conforme a los artículos 24 de la Ley 1755 de 2015
y 2.4.1.2.2 y 2.4.1.2.47 del Decreto 1066 de 2015, la información contenida en el
informe era confidencial y debe mantenerse bajo reserva legal, por lo que no debe
incluirse en archivos o registros públicos. Por ello, se solicitó declarar improcedente
la acción o, en su defecto, negar el amparo solicitado.

28. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
informó que el Juzgado Promiscuo de Cravo Norte estuvo trasladado de manera
temporal a la cabecera municipal de Arauca por razones de seguridad. Sin embargo,
tras diligencias realizadas por ese Consejo y solicitudes de las autoridades
municipales de Cravo Norte, dispuso el retorno del juzgado a dicha localidad a partir
de enero de 2025.

29. Señaló que las decisiones del Consejo Seccional de la Judicatura no son
arbitrarias, sino que responden a estudios jurídicos y consultas previas con las
autoridades territoriales competentes. En este caso, se tuvieron en cuenta las
opiniones de las autoridades municipales de Cravo Norte, la Policía y la Oficina de
Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, lo que sustentó la orden de retorno
del juzgado a su sede.

30. Aunado a ello, comunicó que el Consejo de Seguridad local, conformado
por autoridades como el alcalde y el comandante de Policía, concluyó que existen
las condiciones adecuadas para prestar el servicio de justicia de manera presencial,
por lo que resulta incomprensible la negativa del juez a regresar.

31. Adujo que, aunque el juez permaneció trasladado por 2 años, las
circunstancias actuales han cambiado y ese traslado temporal no puede
prolongarse indefinidamente, pues ello contravendría las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura.

32. Además, resaltó que el juez cuenta con un esquema de seguridad
garantizado por la UNP y a pesar del contexto general de inseguridad en el país, las
autoridades locales de Cravo Norte aseguran que el casco urbano es seguro para
la prestación presencial del servicio de justicia. Respecto a las amenazas señaladas
por el accionante, afirmó que estas están bajo investigación por parte de las
autoridades competentes y, mientras no se esclarezcan, no pueden adoptarse otras
medidas.

33. Consideró necesario vincular a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial,
a la Alcaldía Municipal de Cravo Norte, a la Personería Municipal en representación
del Ministerio Público y a la Estación de Policía de Cravo Norte, con el fin de que
reafirmen sus manifestaciones sobre las condiciones de seguridad existentes para
la prestación presencial del servicio de justicia en el municipio.

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34. Finalmente, explicó que las figuras solicitadas por el accionante (trabajo en
casa y teletrabajo) no son competencia de revisión ni aprobación del Consejo
Seccional, pues el trabajo en casa debe ser autorizado por el Tribunal Superior de
Arauca, que en este caso negó dicha autorización mediante la Resolución TSAR25-
109. Por su parte, el teletrabajo se reguló bajo el Acuerdo PCSJA22-12024 y es
concedido por la Dirección Seccional de Administración Judicial. Por todo lo anterior,
solicitó denegar la acción de tutela.

35. La Defensoría del Pueblo informó que realizó consultas en el Sistema de
Información Misional Visión Web ATQ, encontrando 3 registros relacionados con el
accionante, evidenciando que desde la Defensoría Regional de Arauca se llevaron
a cabo diversas gestiones para proteger la integridad personal de CTNE, tras la
queja presentada en abril de 2025, las cuales incluyen solicitudes dirigidas a la
Oficina de Asesoría para la Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura, al
Comandante del Departamento de Policía y a la UNP, solicitando la implementación
y revaluación de medidas de protección y emergencia a su favor. Agregó que la
regional, en el marco de la Ley 1448 de 2011, tomó declaración al accionante en
relación con las amenazas y el desplazamiento sufridos.

36. El Consejo Superior de la Judicatura afirmó que la acción de tutela era
improcedente, toda vez que la parte accionante pretende controvertir la legalidad
del Oficio CSJNSOP25-788 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y que ordenó el retorno definitivo a la sede judicial del Juzgado
Promiscuo Municipal de Cravo Norte para lo cual el legislador previó los medios de
control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.

37. La parte accionante, mediante memorial, manifestó que la difícil situación
de seguridad que enfrenta en Cravo Norte (Arauca), por su cargo, afecta también a
su familia. Adicionalmente, señaló que se «encuentra trabajando desde casa,
amparado por una medida provisional y que tanto él como su familia solo salen por
razones estrictamente necesarias debido a riesgos de seguridad».

II. CONSIDERACIONES

Competencia

38. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

39. Una vez verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La Unidad Nacional de Protección ya finalizó el estudio de riesgo que
inició sobre la situación de seguridad del accionante?

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(ii) ¿La acción de tutela procede para suspender de manera transitoria la
orden de retorno del actor a la sede judicial, en el evento de que la Unidad
precitada no haya resuelto el procedimiento administrativo mencionado?

Procedibilidad de la acción de tutela

40. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana,
seguridad e integridad personal; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, porque CTNE es el titular de los derechos cuya protección se invoca,
y la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca son las entidades que adelantan el procedimiento
para determinar el riesgo del accionante y que expidieron el acto administrativo que
ordenó el reintegro definitivo del actor; (3) en el presente asunto, se discute la
vulneración de derechos fundamentales esenciales, tales como el derecho a la vida,
la seguridad y la integridad personal del accionante, pues el actor ha sido objeto de
amenazas por parte de grupos armados ilegales que operan en el municipio de
Cravo Norte, lo que configura una situación de riesgo real y actual para su integridad
física y emocional. Sin embargo, la UNP no ha culminado el procedimiento de
evaluación de riesgo que, en condiciones normales, permitiría ajustar o reforzar el
esquema de protección asignado al accionante, por lo que la intervención del juez
constitucional se torna indispensable para garantizar que no se exponga al
accionante a situaciones de peligro mientras se completa el estudio de riesgo, de
manera que la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo para proteger
los derechos fundamentales ante la demora o insuficiencia de las medidas
administrativas que deberían salvaguardar su seguridad y bienestar; y (4) hubo un
plazo razonable en la presentación de la acción de tutela comoquiera que los
hechos que dieron lugar al nuevo estudio de riesgo ocurrieron el 8 y 11 de abril de
2025 y el acto que ordenó el retorno del accionante es del 17 de junio de 2025.

Marco legal de las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección

41. La Corte Constitucional ha reconocido la seguridad personal como un
derecho fundamental, que implica la protección por parte de las autoridades
públicas frente a situaciones excepcionales que ponen en riesgo la vida, integridad
o la seguridad de las personas y sus núcleos familiares. Para garantizar la
efectividad de este derecho, se han establecido diversos programas que
implementan medidas de protección dirigidas a quienes enfrentan dichas
circunstancias. En este contexto, destaca el Programa de la Unidad Nacional de
Protección, cuya regulación y funcionamiento serán objeto del presente análisis.

42. La UNP fue creada como una unidad administrativa especial de nivel
nacional, con el propósito principal de articular, coordinar y ejecutar la prestación
del servicio de protección a personas designadas por el Gobierno Nacional, que se
encuentren expuestas a riesgos extraordinarios o extremos que amenacen su vida,
integridad, libertad y seguridad personal. Esta protección abarca a quienes, por sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias,

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culturales, étnicas, de género, o por su calidad de víctimas de violencia,
desplazamiento, activismo en derechos humanos, ejercicio de cargos públicos u
otras circunstancias, requieran resguardo especial.

43. En desarrollo de esta función, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4912
de 2011, modificado por el Decreto 1225 de 2012, con el fin de organizar el
Programa de Prevención y Protección, garantizando la defensa de los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y comunidades en
riesgo extraordinario o extremo, vinculados directa o indirectamente con el ejercicio
de actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias (artículo 1).

44. Posteriormente, mediante el Decreto 1066 de 2015, modificado por el
Decreto 1139 de 2021, se reorganizó el Programa, asignando su gestión conjunta
a la UNP, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. En este decreto se
estableció, entre otros aspectos, que la inclusión en el Programa debe basarse en
la demostración, al menos preliminar, del nexo directo entre el riesgo sufrido y el
ejercicio de dichas actividades o funciones y, adicionalmente, para efectos de la
inclusión en el Programa de Prevención y Protección, se requiere el consentimiento
libre, previo, expreso e informa por parte del solicitante o protegido respecto de la
aceptación o no de su vinculación (artículo 2.4.1.2.2).

45. El procedimiento para determinar el nivel de riesgo y las medidas de
seguridad correspondientes se encuentra regulado en el artículo 2.4.1.2.40 del
mencionado decreto, y consta de los siguientes pasos: (i) recibir la solicitud de
protección y diligenciamiento del formulario de solicitud de inscripción; (ii) estudio
de la pertenencia del solicitante a la población objeto del programa de protección y
existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla, (iii)
inicio del procedimiento de evaluación del riesgo por parte del CTAR; (iv)
presentación del resultado de la evaluación del riesgo al CERREM en un plazo no
mayor de 30 días hábiles, contados a partir del momento en que el solicitante
expresó su consentimiento para la vinculación al programa; (v) análisis del caso y
recomendación de medidas por parte del respectivo comité; (vi) adopción de la
recomendación del respectivo comité por parte del director de la UNP y
comunicación de este al protegido; (vi) implementación de las medidas de
protección, para lo cual, la entidad competente suscribirá un acta en donde conste
su entrega al protegido; (vii) seguimiento a la implementación y uso de las medidas
de protección y (viii) reevaluación del nivel de riesgo, para lo cual la UNP
establecerá un procedimiento abreviado, en tanto es un procedimiento técnico.

46. Como se ve, existe un procedimiento administrativo especial para ingresar
al Programa de Protección al que deben someterse las personas que consideren
que están en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia del
ejercicio de actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.

Análisis de la vulneración de los derechos fundamentales alegados

47. La Sala accederá al amparo solicitado por la parte accionante, con
fundamento en las razones que a continuación se exponen:

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Demandante: CTNE

48. En el marco de la acción de tutela, el accionante, quien funge como juez
promiscuo municipal de Cravo Norte (Arauca) pretende que se ordene a la Unidad
Nacional de Protección (UNP) culminar el procedimiento de evaluación del riesgo
iniciado a raíz de las amenazas recibidas y los hechos de violencia ocurridos los
días 8 y 11 de abril de 2025 en las instalaciones del despacho judicial.

49. Frente a esta situación, es pertinente señalar que la UNP, mediante la
Resolución DGRP 007535 del 5 de agosto de 2024, reconoció la existencia de un
nivel de riesgo extraordinario para el accionante y, en consecuencia, ratificó un
esquema de protección tipo 1. No obstante, con posterioridad a los hechos
ocurridos en abril de 2025, se dio inicio formal a una nueva evaluación de riesgo el
9 de julio del mismo año, conforme a lo estipulado por el artículo 2.4.1.2.2 del
Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1139 de 2021, norma que exige
el consentimiento libre, previo y voluntario del beneficiario para proceder con dicha
valoración.

50. Conforme al procedimiento legal establecido para la adopción de medidas
de protección, la UNP cuenta con un término de 30 días hábiles para emitir el
resultado de la evaluación de riesgo. Sin embargo, dicho procedimiento
administrativo no ha sido culminado, situación que si bien no denota un
incumplimiento de los plazos legales, lo cierto es que en el caso del actor, dado que
existe una orden de volver a la sede del despacho judicial, la tardanza en su
resolución configura una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales
del accionante, pues se trata de un operador judicial que, por razón de su función,
se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad frente a presuntos
actores armados ilegales o estructuras delincuenciales.

51. Ahora, se observa que el accionante pretende, con la presente acción de
tutela, que se revoque, deje sin efectos o se suspenda el Oficio No. CSJNSOP25-
788 del 17 de junio de 2025, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca le ordenó retornar a la sede del Juzgado Promiscuo
Municipal de Cravo Norte (Arauca).

52. Al respecto, se encuentra que la corporación accionada fundamentó su
decisión en consideraciones relacionadas con la necesidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en todos los territorios del país, señalando
que la presencia de los funcionarios judiciales en las sedes asignadas es un pilar
del Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y la confianza
institucional.

53. Con base en las verificaciones realizadas ante autoridades locales como la
Alcaldía Municipal, Personería y Gobernación de Cravo Norte, dentro del marco de
un consejo de seguridad previamente realizado, se concluyó que las condiciones
de seguridad actuales no se encuentran comprometidas por la investidura del
accionante como juez. Adicionalmente, se indicó que el funcionario cuenta con
medidas de protección activas por parte de la UNP.

54. No obstante, esta Sala considera que los elementos probatorios allegados

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Demandante: CTNE

por la entidad accionada, tales como los informes de la Alcaldía, Fiscalía y el acta
del Consejo de Seguridad, si bien ilustran una aparente situación de normalidad en
el municipio de Cravo Norte en términos de orden público, no son suficientes ni
detallados para acreditar de forma concluyente que las condiciones de seguridad
del accionante no se encuentran en riesgo.

55. En particular, no obra en el expediente evidencia que acredite el contenido
integral de los estudios técnicos y de seguridad realizados para sustentar dicha
conclusión. A ello se suma el hecho de que, pese a contar el actor con un esquema
de seguridad, fue en el marco de dicho esquema que ocurrieron los hechos de
violencia denunciados los días 8 y 11 de abril de 2025, lo que motivó la solicitud de
una nueva evaluación de riesgo aún sin resolver.

56. Por tanto, mientras persista la incertidumbre sobre el entorno de seguridad
del accionante y hasta tanto la UNP finalice el análisis del nuevo estudio de riesgo,
esta Sala considera que no resulta viable exigir su retorno presencial al despacho
judicial, por cuanto se encuentra comprometido su derecho fundamental a la vida e
integridad personal.

57. Adicionalmente, es necesario recalcar que la existencia de un esquema de
seguridad no es, por sí sola, garantía absoluta de protección eficaz si los hechos
recientes sugieren una eventual insuficiencia de este. La nueva evaluación en curso
pretende precisamente determinar si es necesario fortalecer dicho esquema ante
los eventos ocurridos.

58. En esos términos, la Sala amparará los derechos fundamentales a la vida
y seguridad personal de CTNE y, en consecuencia, ordenará, de un lado, a la
Unidad Nacional de Protección que culmine el estudio de riesgo sobre la situación
de seguridad en los términos dispuestos en el Decreto 1139 de 2021 y con la mayor
celeridad posible; y, del otro, suspenderá el Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de
junio de 2025, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca ordenó al accionante retornar a la sede del Juzgado Promiscuo
Municipal de Cravo Norte (Arauca), hasta tanto resuelva el procedimiento
administrativo.

59. Adicionalmente, aunque se reconoce la importancia de asegurar la
prestación efectiva del servicio de justicia en zonas apartadas del país, se considera
que ese interés general no puede imponerse de forma automática y sin un análisis
riguroso del contexto de riesgo individual, pues ello comprometería gravemente los
derechos fundamentales del funcionario. Por consiguiente, exhortara al Consejo
Seccional precitado para que adopte las medidas que considera necesarias para
garantizar la prestación del servicio de justicia.

Cuestión final

60. La Sala aclara se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de
coadyuvancia de Henry Walter Medina Ulloa, secretario del Tribunal Superior de
Arauca, comoquiera que aquel centra sus reparos en la controversia que se
presenta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se discute

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Demandante: CTNE

la legalidad del acto administrativo que nombró en provisionalidad al accionante,
situación que difiere plenamente con respecto a lo discutido en esta sede.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales fundamentales a la vida y
seguridad personal de CTNE.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que
culmine el estudio de riesgo que inició sobre la situación de seguridad del
accionante en los términos dispuestos en el Decreto 1139 de 2021 y con la mayor
celeridad posible.

TERCERO. SUSPENDER el Oficio No. CSJNSOP25-788 del 17 de junio de 2025,
mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca ordenó al accionante retornar a la sede del Juzgado Promiscuo Municipal
de Cravo Norte (Arauca), hasta tanto se resuelva el procedimiento administrativo
mencionado.

CUARTO. EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca adoptar las medidas que considera necesarias para garantizar
la prestación del servicio de justicia.

QUINTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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