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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01 Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES NACIONAL DE PROTECCIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,
SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR
CARECER DEL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN
DE TUTELA NO ES EL MECANISMO IDÓNEO PARA ORDENAR
TRASLADOS DEFINITIVOS. EL ACTOR DEBE ACUDIR A LA VÍA
ADMINISTRATIVA Y, EN CASO DE QUE PERSISTA SU
INCONFORMIDAD, CUENTA CON EL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN SU SOLICITUD DE
TRASLADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA, SEGURIDAD, INTEGRIDAD,
DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, INTIMIDAD Y RESERVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el actor y el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE

SANTANDER Y ARAUCA1 contra la sentencia de 29 de enero de

2026, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE

1
En adelante CONSEJO SECCIONAL.

2

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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

ESTADO2 amparó los derechos fundamentales al debido proceso

administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del

accionante.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad,

a la dignidad humana, al debido proceso y a la intimidad y reserva,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA3 y el CONSEJO SECCIONAL

por las decisiones administrativas adoptadas frente al JUZGADO

PROMISCUO MUNICIPAL DE CRAVO NORTE (ARAUCA) en el

que funge como juez, por cuanto desconocen la situación de

seguridad personal que actualmente atraviesa, al ser víctima de

amenazas por personas que operan al margen de la ley.

I.2 Hechos

2
En adelante SECCIÓN QUINTA.
3
En adelante CONSEJO SUPERIOR.

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Indicó que, desde el 5 de abril de 2021, fue designado en

provisionalidad como juez promiscuo municipal de Cravo Norte,

fecha desde la cual ha recibido amenazas en su contra, las cuales

ha puesto de presente ante las autoridades pertinentes.

Refirió que los últimos hechos tuvieron lugar el 8 de abril de 2025,

cuando recibió mensajes extorsivos de amenaza a través de la

aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” por parte de las

“disidencias de las FARC” y el 11 de abril siguiente el vidrio del

despacho judicial del cual es titular fue vandalizado.

Señaló que el 21 de abril de 2025 le solicitó al CONSEJO

SECCIONAL el traslado transitorio de juzgado o trabajo en casa,

petición que fue resuelta mediante Oficio núm. CSJNSOP25-587

de 22 de abril de ese año, a través del cual se le permitió laborar

en la modalidad virtual mientras se adelantaban las verificaciones

del caso y la Unidad Nacional de Protección4 realizara el estudio

de seguridad respectivo.

Precisó que el CONSEJO SUPERIOR convocó a las autoridades

locales a una reunión de seguridad para definir su situación5, en

4
En adelante UNP.
5
Del expediente se advierte que a la reunión asistieron, el alcalde municipal, la Fiscal 11 Local, el
personero municipal, el comandante de la Estación de Policía, el inspector de Policía, el comandante
del Ejército, el director de seguridad de la Rama Judicial y dos magistrados del CONSEJO
SECCIONAL.

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la cual se determinó que el territorio de Arauca era tranquilo por

lo que la sede del juzgado debía permanecer en el mismo lugar,

razón por la que, aún cuando no se había culminado el nuevo

estudio de seguridad solicitado a la UNP, mediante Oficio núm.

CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025, se ordenó su retorno

definitivo al despacho judicial.

Afirmó que debido al riesgo que corría él y su familia, instauró una

primera acción de tutela6 contra el CONSEJO SUPERIOR, el

CONSEJO SECCIONAL y otros, con el fin de que se ordenara a la

UNP realizar una nueva evaluación de riesgo y se dejara sin

efectos el Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025, la

cual le correspondió en primera y segunda instancia a la

SECCIONES SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” y TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante

sentencias de 31 de julio y 26 de septiembre de 2025,

respectivamente, ampararon su derecho fundamental a la vida y

ordenaron a la UNP culminar el estudio de riesgo con celeridad,

suspendiendo la orden de retorno a la sede judicial de Cravo Norte

hasta que el procedimiento administrativo de riesgo fuera

resuelto.

6
La cual fue identificada con el número de radicación 11001-03-15-000-2025-04098-00.

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Relató que, en cumplimiento de la orden de tutela, la UNP expidió

la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025,

mediante la cual calificó su riesgo como extraordinario nivel 1 y

ratificó su esquema de seguridad consistente en un vehículo

convencional, dos personas de protección y un chaleco blindado;

decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, pero a la

fecha no ha sido resuelto.

Sostuvo que, debido a lo anterior, el CONSEJO SECCIONAL

emitió el Oficio núm. CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de

2025 en el que “[…] se deja sin efectos la suspensión provisional

del Oficio CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025 […]” y, en

consecuencia, ordenó el retorno al despacho judicial en el

municipio de Cravo Norte, decisión contra la cual interpuso

recursos. Sin embargo, mediante Oficio núm. CSJNSOP25-1287

de 21 de noviembre de 2025, la autoridad accionada se abstuvo

de tramitarlos al considerar que no eran procedentes al tratarse

de actos de trámite.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la decisión de no tramitar los recursos de

reposición y, en subsidio apelación, vulnera sus derechos

fundamentales y constituye una vía de hecho administrativa, por

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cuanto no se aplicaron los artículos 74, 77, 79 y 80 del CPACA,

que prevén la procedencia de los recursos contra los actos que

afectan situaciones jurídicas, el artículo 29 de la Constitución

Política, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el

precedente jurisprudencial que exige motivación reforzada cuando

está comprometida la vida o seguridad de un servidor judicial

establecido en las sentencias T-1027 de 2012, T-590 de 2014 y

SU-406 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.

Adujo que el CONSEJO SECCIONAL no podía expedir el Oficio

núm. CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de 2025 porque

constituye una ejecución forzada de una orden de tutela no

ejecutoriada, toda vez que, si bien la UNP expidió la Resolución

núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025, este fue

controvertido y aún se encuentra pendiente de resolver, razón por

la que aún no se encuentra ejecutoriado.

Por último, aseveró que el CONSEJO SUPERIOR transgredió su

derecho a la intimidad al divulgar indebidamente toda la

información que aportó y los informes reservados del riesgo que

padece, lo que ocasionó reacciones negativas por parte de las

autoridades del municipio de Arauca y lo convirtieron, a su juicio,

en un enemigo público del territorio de Cravo Norte. Situación que,

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además, incrementó su riesgo al momento de retornar a la

presencialidad en el despacho judicial.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales a LA
VIDA, LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD, LA DIGNIDAD HUMANA,
EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, INTIMIDAD Y RESERVA

SEGUNDO: Suspender definitivamente la orden de retorno al
municipio de Cravo Norte, hasta que el riesgo descienda a nivel
mínimo y exista una decisión debidamente motivada.

TERCERO: Ordenar a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial
y la UNP realizar una reevaluación urgente del riesgo, teniendo
en cuenta la exposición de la información sensible que realizó el
Consejo Seccional de la Judicatura, colocándome ahora en una
posición de enemigo de la comunidad de Cravo Norte y sus
autoridades.

CUARTO: Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
tomar medidas efectivas y que se proteja mi derecho a la vida e
integridad personal, a quienes hago responsables desde ya de
cualquier cosa que me llegase a suceder.

QUINTO: Disponer que el Juzgado Promiscuo Municipal continúe
operando de manera temporal desde Arauca, hasta que existan
garantías reales de seguridad.

SEXTO: Las demás que sean pertinentes para garantizar mis
derechos y los de mi familia. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL afirmó que sus decisiones no

son producto del azar ni improvisaciones, por lo que se realizó el

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Consejo de Seguridad que se adelantó con las autoridades

locales de Cravo Norte, tales como el alcalde, el personero y el

comandante de Policía, quienes concluyeron de manera categórica

que se encuentran dadas las condiciones para la prestación del

servicio de justicia de manera presencial y, además, se puso de

manifiesto que la comunidad en general solicita que el servicio de

administración de justicia se preste y garantice desde el territorio,

situación a la que se ha negado el actor.

Manifestó que si bien el juzgado estuvo trasladado durante dos

años, lo cierto es que las condiciones han cambiado y no se puede

volver permanente un traslado que fue concedido

transitoriamente, máxime si se tiene en cuenta que está sujeto a

las directrices que emite el CONSEJO SUPERIOR y, por ende, se

debe procurar como premisa que todos los despachos judiciales

hagan presencia en sus sedes naturales, es decir, en el territorio

para el cual fueron creados, lógicamente con la observancia de las

condiciones que permitan la prestación del servicio judicial sin

ningún inconveniente para la integridad de los servidores

judiciales.

Resaltó que, precisamente, en el presente caso las autoridades

municipales determinaron que el casco urbano del municipio

cuenta con las condiciones de seguridad para que se preste el

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servicio de justicia de manera presencial y, además, el actor

cuenta con un esquema de seguridad asignado por la UNP, por lo

que su seguridad personal se encuentra garantizada.

Advirtió que todo lo solicitado por el accionante ya fue objeto de

estudio y de decisión en la acción de tutela radicada bajo el

número 2025-04098-01, lo cual hace que la presente acción

constitucional se torne improcedente y lo que se evidencia es que

nos encontramos frente a una maniobra para dilatar la orden de

retorno tantas veces mencionada.

Respecto de las presuntas amenazas que alega el actor, señaló

que las mismas se encuentran en conocimiento de la autoridad

competente de aclarar los hechos y, mientras ello no suceda, en

su sentir, no se puede determinar la veracidad o no de estas.

Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la demanda y

vincular al presente trámite a la Oficina de Seguridad de la Rama

Judicial, a la Alcaldía y a la Personería Municipal de Cravo Norte

en representación del Ministerio Publico y a la Comandancia de

Policía de dicho ente territorial, con el fin de que reafirmen lo que

han manifestado en cuanto a las condiciones de seguridad en el

municipio y la necesidad de la prestación del servicio de justicia

de manera presencial.

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I.5.2.- La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama

Judicial del CONSEJO SUPERIOR solicitó denegar las

pretensiones frente a la entidad, toda vez que no ha vulnerado los

derechos fundamentales deprecados, puesto que se han surtido

las acciones y trámites legales tendientes a que los organismos de

seguridad provean las medidas de protección en favor del actor.

Señaló que el Estado, por conducto de la UNP, la Policía Nacional

y el Ministerio del Interior, tiene a cargo el análisis, la coordinación

y la articulación para la protección integral de los derechos a la

vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas que

se encuentran en situación de riesgo extraordinario, por lo que su

competencia se resume en recibir los escritos del actor; surtir el

trámite correspondiente ante las autoridades competentes; y,

garantizar la existencia de un canal de comunicación eficiente

entre ellos, lo cual ha cumplido, pues mediante Oficio núm.

OSO25-1453 le solicitó a la UNP atender el requerimiento del

señor CÁRDENAS TORRES y reevaluar las medidas de protección

asignadas para que pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales

libre de presiones e intimidaciones.

Concluyó que, en todo caso, la autoridad competente para tomar

las medidas administrativas de reubicación o traslado de un

despacho judicial le corresponde al CONSEJO SECCIONAL.

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I.5.3.- La UNP solicitó declarar improcedente la acción de la

referencia y su desvinculación del presente trámite por falta de

legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones

del actor van dirigidas al CONSEJO SUPERIOR y al CONSEJO

SECCIONAL quienes son los competentes de definir su condición

laboral.

Afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales

reclamados y su actuación en el caso objeto de estudio concluyó

con la expedición de la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de

septiembre de 2025, en la que, en cumplimiento de una orden de

tutela, se conceptuó sobre la situación de riesgo del accionante,

quien ha sido evaluado desde el año 2022, y pese a que se han

efectuado varios estudios, su nivel de riesgo siempre ha sido el

mismo, razón por la que se ha mantenido su esquema de

seguridad vigente.

Frente a la presunta transgresión al derecho a la intimidad

invocada por el accionante, indicó que, si bien la reserva de la

información sobre las amenazas al señor CÁRDENAS TORRES no

es de acceso público, ello no incluye a las autoridades

competentes que requieran conocer la situación debido al ejercicio

de sus funciones.

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II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 29 de enero de 2026, la SECCIÓN

QUINTA amparó los derechos fundamentales al debido proceso

administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del

actor y, en consecuencia, ordenó mantener la medida de

suspensión provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de

junio de 2025, mediante la cual el CONSEJO SECCIONAL ordenó

al accionante retornar a la sede física del JUZGADO PROMISCUO

MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, hasta tanto la UNP resuelva el

recurso interpuesto contra la Resolución núm. DGRP 008621 de

12 de septiembre de 2025.

Asimismo, ordenó que una vez quede ejecutoriado el acto

administrativo expedido por la UNP, el CONSEJO SECCIONAL

deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para

garantizar la protección del actor.

Además de lo anterior, denegó la solicitud del CONSEJO

SECCIONAL relativa a que se vinculara a la presente acción a la

oficina de Seguridad de la Rama Judicial, a la Alcaldía y a la

Personería Municipal y a la Estación de Policía de Cravo Norte,

Arauca, por considerar que las pretensiones del actor no se dirigen

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contra dichas autoridades y no se advierte que las mismas tengan

un interés directo en el presente asunto.

Para el efecto, expuso que frente a la primera acción de tutela

identificada con el número 2025-04098-01 no se configuraba la

triple identidad de partes, objeto y causa, por la ocurrencia de un

nuevo hecho que hace procedente el presente mecanismo, esto

es, la expedición de la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de

septiembre de 2025, a través de la cual la UNP calificó el riesgo

del actor como extraordinario nivel 1 y le proporcionó como

esquema de protección un vehículo convencional, dos personas de

protección y ratificó un chaleco blindado.

Señaló que el CONSEJO SECCIONAL expidió el Oficio núm.

CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de 2025 en el que

suspendió los efectos de la comunicación CSJNSOP25-788 de 17

de junio de 2025 y ordenó al accionante retornar a la sede judicial

de manera presencial, sin tener en cuenta que la UNP no había

resuelto el recurso interpuesto contra la Resolución núm. DGRP

008621 de 12 de septiembre de 2025, circunstancia que, a su

juicio, le impedía a las autoridades judiciales accionadas emitir

cualquier orden con sustento en dicho acto administrativo por no

encontrarse ejecutoriado.

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Aseguró que el CONSEJO SECCIONAL al expedir los oficios de

12 y 21 de noviembre de 2025 privó al actor de la oportunidad de

ejercer en debida forma sus derechos de contradicción y defensa,

debido a que el estudio de seguridad no se encontraba en firme y,

además, no tuvo en cuenta que había sido víctima de amenazas y

actos violentos por parte de grupos al margen de la ley,

circunstancias que le impidieron regresar a su despacho, por lo

que exigirle al señor CÁRDENAS TORRES el reintegro de forma

presencial, desconociendo el peligro real al que se vería sometido,

pone en riesgo sus derechos fundamentales a la vida, a la

integridad física y a la seguridad personal

Precisó que, con el fin de evitar un perjuicio irremediable,

resultaba necesario suspender el retorno a la sede judicial del

funcionario hasta que la UNP estudie si, en efecto, existen otras

circunstancias que puedan comprometer la seguridad del actor y

disponga el debido esquema de protección.

Finalmente, consideró que: “[…] actualmente persiste la

incertidumbre sobre el entorno de seguridad al que el accionante

se vería sometido a retornar, se torna evidente la amenaza a la

vida e integridad personal del tutelante, pues se trata de un

operador judicial que, por razón de su función, se encuentra en

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una situación de particular vulnerabilidad frente a presuntos

actores armados ilegales o estructuras delincuenciales […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES

III.1. El actor impugnó la sentencia proferida en primera

instancia y solicitó revocar parcialmente su numeral quinto y, en

su lugar:

“[…] 1. SUSPENDER DE MANERA DEFINITIVA la orden de
retorno presencial al municipio de Cravo Norte contenida en los
oficios CSJNSOP25-1267 y CSJNSOP25-1287, hasta tanto
cesen las condiciones de riesgo que dieron origen a esta acción.

2. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca, y al Consejo Superior de la Judicatura,
la adopción de medidas efectivas y permanentes de protección,
que incluyan de manera prioritaria el TRASLADO POR RAZONES
DE SEGURIDAD a una sede judicial donde se garantice mi
integridad física.

3. AUTORIZAR, mientras se concreta el traslado, la prestación
del servicio bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo virtual,
toda vez que se ha demostrado que la función judicial se ha
seguido cumpliendo sin solución de continuidad bajo este
esquema. […]”.

Manifestó que el a quo no realizó una reevaluación integral y

actualizada de su situación de riesgo, pues mediante Resolución

DGRP 011483 de 23 de diciembre de 2025, la UNP resolvió no

reponer la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de

2025, lo que lo deja en situación de vulnerabilidad e inseguridad,

al exigirse el retorno al cumplimiento de sus funciones de manera

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presencial, sin que se hubieran adoptado medidas adecuadas,

proporcionales y razonables para la protección de sus derechos

fundamentales.

Señaló que, debido a la persistencia del riesgo y la naturaleza de

su cargo, la administración cuenta con herramientas legales para

disponer el traslado como medida de protección definitiva por

razones de seguridad, la cual sería la única solución efectiva para

garantizar la continuidad del servicio de justicia sin arriesgar su

vida, pues, a su juicio, ha existido una falta de ponderación entre

la “necesidad del servicio” y el “derecho a la vida”.

Resaltó que ha aumentado la presencia de los grupos armados

ilegales -disidencias de las FARC y ELN- en la zona, como se puede

advertir de la Circular Operativa de 5 de febrero de 2026 realizada

por el enlace de la Unidad Nacional de Protección de Arauca y

Sevicol Zona 7 Arauca, la que refiere las medidas preventivas de

seguridad que se deben tomar por los acontecimientos de orden

público presentados en los últimos días en dicho departamento,

con el fin de salvaguardar la vida e integridad del personal de

protección y de los beneficiarios de los esquemas de seguridad

asignados, donde se impartieron directrices.

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Por último, aportó soporte de todas sus citas y tratamientos

médicos relacionados con todas las “patologías laborales” que

padece como consecuencia de las amenazas en su contra.

III.2. El CONSEJO SECCIONAL impugnó la decisión de primera

instancia solicitando que se revoque.

Afirmó que la presente acción constitucional es improcedente por

existir otro medio de defensa judicial, toda vez que el recurso

interpuesto por el actor contra la Resolución núm. DGRP 008621

de 12 de septiembre de 2025 expedida por la UNP, es una

extensión de la decisión adoptada dentro de la acción de tutela de

radicado 2025-04098-00, de manera que, si no se había resuelto

el recurso, no procedía otra acción de tutela sino un incidente de

desacato.

Adujo que, si bien entiende la necesidad del estudio de la situación

del actor por parte de la UNP, no se puede dejar de lado el

derecho al acceso a la justicia que aclama la comunidad del

municipio de Cravo Norte, quien ha venido exigiendo a través de

su personero la presencia del juzgado en esa localidad, por lo que

se debe recordar que los intereses particulares no están por

encima de los intereses generales y la decisión impugnada afecta

el servicio de justicia y el derecho de los usuarios.

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Advirtió que, de conformidad con las manifestaciones del actor con

relación al tema de seguridad, se tendrían que trasladar todos los

despachos judiciales del País desde los municipios hacia las

ciudades, lo que impediría el acceso a la administración de justicia

de la comunidad.

Reiteró que sus decisiones no son producto del azar ni de

imaginarios, ni mucho menos de improvisaciones y, por el

contrario, corresponden a un estudio jurídico y validaciones

previas con las autoridades territoriales competentes, tal como

ocurrió en el presente asunto, en el que se tuvo en cuenta el

último concepto emitido por la Oficina de Seguridad de la Rama

Judicial que determinó que están dadas las condiciones para el

retorno del Juzgado hacia su sede natural, por lo que, a su juicio,

lo que pretende el actor es dilatar el retorno, olvidándose de que,

cuando tomó juramento como titular del Despacho a su cargo, se

comprometió a prestar el servicio en el territorio, quien además

tiene garantizada su seguridad personal, comoquiera que cuenta

con un esquema de seguridad asignado por la UNP.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Mediante auto de 19 de marzo de 2026, la Sala declaró infundado

el impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN

EDUARDO OSORIO CIFUENTES.

Ahora, la Sala advierte que la UNP solicitó ser desvinculada de la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla
fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

Comoquiera que las actuaciones realizadas por la UNP tienen

incidencia directa en los hechos y pretensiones expuestos en la

presente acción de tutela, le asiste interés directo como tercera

en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón

por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 7. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".

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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor presentó la

acción de tutela de la referencia contra el CONSEJO SUPERIOR

y el CONSEJO SECCIONAL, por estimar que vulneraron sus

derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad,

a la dignidad humana, al debido proceso administrativo y a la

intimidad y reserva, por las decisiones administrativas adoptadas

frente al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CRAVO

NORTE, en el que funge como juez, por cuanto desconocen la

situación de seguridad personal que actualmente atraviesa, al ser

víctima de amenazas por personas que operan al margen de la

ley.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por

la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 29 de enero de

2026, amparó los derechos fundamentales al debido proceso

administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del

actor y, en consecuencia, ordenó mantener la medida de

suspensión provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de

junio de 2025, mediante la cual el CONSEJO SECCIONAL ordenó

al accionante retornar a la sede física del despacho judicial, hasta

tanto la UNP resuelva el recurso interpuesto contra la Resolución

núm DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

Contra la anterior decisión tanto el actor como el CONSEJO

SECCIONAL interpusieron recurso de impugnación.

El actor sostuvo que el a quo no realizó una reevaluación integral

y actualizada de su situación de riesgo, pues mediante Resolución

DGRP 011483 de 23 de diciembre de 2025, la UNP resolvió no

reponer la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de

2025, lo que lo deja en situación de vulnerabilidad e inseguridad,

al exigirse el retorno al cumplimiento de sus funciones de manera

presencial, sin que se hubieran adoptado medidas adecuadas,

proporcionales y razonables para la protección de sus derechos

fundamentales.

Asimismo, reiteró sus pretensiones relativas a que se le ordene a

las autoridades accionadas suspender el retorno presencial al

municipio de Cravo Norte y su traslado por razones de seguridad,

de manera definitiva, y, además, que se autorice mientras se

concreta el traslado, la prestación del servicio bajo la modalidad

de teletrabajo o trabajo virtual.

Por su parte, el CONSEJO SECCIONAL manifestó que, contrario

a lo afirmado por el a quo, la presente acción constitucional es

improcedente por existir otro medio de defensa judicial, toda vez

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

que el recurso interpuesto por el actor contra la Resolución núm.

DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025 expedida por la UNP,

es una extensión de la decisión adoptada dentro de la acción de

tutela de radicado 2025-04098-00, de manera que, si no se había

resuelto el recurso, no procedía otra acción de tutela sino un

incidente de desacato.

Adujo que tuvo en cuenta el último concepto emitido por la Oficina

de Seguridad de la Rama Judicial que determinó que están dadas

las condiciones para el retorno del Juzgado hacia su sede natural,

por lo que lo que pretende el actor es dilatar el retorno, pese a

que tiene garantizada su seguridad personal, comoquiera que

cuenta con un esquema de seguridad asignado por la UNP.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual

se verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, se establecerá

si las autoridades accionadas vulneraron los derechos

fundamentales invocados por el actor.

Sea lo primero advertir que, antes de abordar el estudio del

problema jurídico, para la Sala resulta necesario analizar si en el

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

presente caso se observa identidad de partes, hechos y

pretensiones en relación con la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2025-04098-

01.

Acción de tutela 2025-07695-01 Acción de tutela 2025-04098-01

Partes Partes

Accionante: NÉSTOR EDUARDO Accionante: NÉSTOR EDUARDO
CÁRDENAS TORRES. CÁRDENAS TORRES.

Accionados: CONSEJO SUPERIOR y Accionados: CONSEJO SUPERIOR,
CONSEJO SECCIONAL. CONSEJO SECCIONAL, UNP,
TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
y la ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES POSITIVA.
Hechos: Hechos:

El actor fue designado como juez El actor fue designado como juez
promiscuo municipal de Cravo Norte, promiscuo municipal de Cravo Norte,
Arauca desde el 5 de abril de 2021, Arauca desde el 5 de abril de 2021,
fecha a partir de la cual, señaló que fecha a partir de la cual, señaló que
fue víctima de amenazas por parte de fue víctima de amenazas por parte de
grupos armados al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley,
lo que lo llevó a solicitar al CONSEJO lo que lo llevó a solicitar al CONSEJO
SUPERIOR y el CONSEJO SUPERIOR y el CONSEJO
SECCIONAL que se le permita SECCIONAL que se le permita
laborar bajo la modalidad de trabajo laborar bajo la modalidad de trabajo
en casa o el traslado del juzgado. en casa o el traslado del juzgado.

A través del oficio CSJNSOP25-587 A través del oficio CSJNSOP25-587
de 22 de abril de 2025 el CONSEJO de 22 de abril de 2025 el CONSEJO
SECCIONAL le permitió trabajar de SECCIONAL le permitió trabajar de
forma virtual; no obstante, mediante forma virtual; no obstante, mediante
el oficio CSJNSOP25-788 de 17 de el oficio CSJNSOP25-788 de 17 de
junio de 2025 la misma autoridad le junio de 2025 la misma autoridad le
ordenó al actor retornar a la sede del ordenó al actor retornar a la sede del
juzgado, sin que la UNP hubiera juzgado, sin que la UNP hubiera
culminado el estudio de seguridad culminado el estudio de seguridad
elevado por el accionante. elevado por el accionante.

El actor promovió una acción de
tutela pidiendo que se suspenda la
orden de reintegrarse de forma
presencial al despacho, cuyas
pretensiones se concedieron por el
juez de tutela en el proceso 2025-
04098-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

En cumplimiento de la orden de
amparo la UNP expidió la Resolución
DGRP 008621 de 12 de septiembre
de 2025, contra este acto
administrativo el accionante presentó
recurso de reposición, que a la fecha
de presentación de la tutela no se
había resuelto.

Por su parte, el CONSEJO
SECCIONAL a través de los oficios
CSJNSOP25-1267 de 12 de
noviembre de 2025 y CSJNSOP25-
1287 de 21 de noviembre de 2025,
dispuso el retorno del actor al
Juzgado.
Pretensiones: Pretensiones:

PRIMERO: Amparar mis derechos PRIMERO: Tutelar los derechos
fundamentales a LA VIDA, LA fundamentales a LA VIDA, LA
SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD, LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA
DIGNIDAD HUMANA, EL DEBIDO DIGNIDAD HUMANA, que me están
PROCESO ADMINISTRATIVO, siendo vulnerados.
INTIMIDAD Y RESERVA
SEGUNDO: Ordenar se realice la
SEGUNDO: Suspender reevaluación de riesgo por parte de la
definitivamente la orden de retorno al UNP que actualmente se encuentra
municipio de Cravo Norte, hasta que pendiente atendiendo a las amenazas
el riesgo descienda a nivel mínimo y recibidas y hechos de violencia con
exista una decisión debidamente las instalaciones del despacho los
motivada. días (08 y 11 de abril 2025) en el
municipio de Cravo Norte,
TERCERO: Ordenar a la Oficina de departamento de Arauca.
Seguridad de la Rama Judicial y la
UNP realizar una reevaluación TERCERO: Ordenar al Consejo
urgente del riesgo, teniendo en Superior de la Judicatura / Consejo
cuenta la exposición de la Seccional de la Judicatura de Norte
información sensible que realizó el de Santander y Arauca se revoque,
Consejo Seccional de la Judicatura, deje sin efectos o suspenda la
colocándome ahora en una posición decisión del “Retorno presencial a la
de enemigo de la comunidad de sede del Juzgado (…)”, tal como lo
Cravo Norte y sus autoridades. han indicado en oficio del diecisiete
(17) de junio de 2025, con radicado
CUARTO: Que se ordene al Consejo No. CSJNSOP25-788.
Superior de la Judicatura tomar
medidas efectivas y que se proteja mi CUARTO: Que se adopten las
derecho a la vida e integridad medidas de protección necesarias
personal, a quienes hago que permitan garantizar mis
responsables desde ya de cualquier derechos fundamentales, en aras de
cosa que me llegase a suceder. no aumentar el riesgo advertido.

QUINTO: Disponer que el Juzgado QUINTO: Las demás que sean
Promiscuo Municipal continúe pertinentes para garantizar mis
operando de manera temporal desde derechos y los de mi familia.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

Arauca, hasta que existan garantías
reales de seguridad.

SEXTO: Las demás que sean
pertinentes para garantizar mis
derechos y los de mi familia.

Del recuento anterior, la Sala advierte que, tal como lo consideró

el a quo, no se advierte la triple identidad entre la acción de tutela

de la referencia y la identificada con el número 2025-04098-01,

pero no por las razones expuestas en primera instancia, esto es,

que existía un hecho nuevo al haberse expedido la Resolución

núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025, por parte de la

UNP, toda vez que este fue emitido, precisamente, en

cumplimiento de la orden de tutela dada en el expediente 2025-

04098-01.

Por el contrario, lo que se observa es que en ambas acciones de

tutela las pretensiones son distintas, por cuanto mientras en la

primera solicitud presentada lo que perseguía el actor era la

suspensión de la orden de retorno hasta tanto la UNP realizara la

reevaluación del riesgo de su seguridad, tanto en el escrito inicial

de la acción de la referencia como en la impugnación interpuesta

por el accionante, lo que se busca es que se ordene de forma

definitiva la suspensión del retorno al despacho judicial de manera

presencial y el traslado del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

DE CRAVO NORTE por razones de seguridad.

Cabe señalar que, si bien en la sentencia de primera instancia, la

SECCIÓN QUINTA concedió el amparo de los derechos

fundamentales del actor y ordenó la medida de suspensión

provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de junio de

2025, mediante el cual el CONSEJO SECCIONAL le ordenó al

accionante retornar a la sede física del despacho judicial hasta que

la UNP resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025 y la

actuación se encontrara ejecutoriada, la Sala resalta que ello ya

ocurrió, incluso antes de proferirse la decisión del a quo, habida

cuenta que mediante Resolución núm. DGRP 011483 de 23 de

diciembre de 2025, la UNP decidió no reponer el acto recurrido.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el amparo otorgado al

accionante estaba condicionado a que culminara el trámite de su

estudio de seguridad por parte de la UNP, lo cual se reitera, ya

ocurrió y, además, que sus pretensiones van dirigidas a que se

ordene la suspensión del reintegro a la presencialidad y el traslado

definitivo por razones de seguridad del JUZGADO PROMISCUO

MUNICIPAL DE CRAVO NORTE del que es titular, la Sala

advierte que el presente mecanismo constitucional no es el medio

judicial idóneo.

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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad.

.- De la improcedencia de la acción de tutela por carencia

del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,

existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma

transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata

de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez

natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo

con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción

de tutela es improcedente por carencia del requisito

general de subsidiariedad, debido a que si el actor lo que

persigue es el traslado definitivo debe acudir a la vía

administrativa y elevar su nueva solicitud ante el CONSEJO

SUPERIOR y el CONSEJO SECCIONAL, quienes son los

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.

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competentes de evaluar su situación a la luz del nuevo estudio de

seguridad realizado por la UNP y determinar bajo criterios

objetivos, concretos y razonados si emiten concepto favorable o

no, cuya competencia no puede ser suplantada por el juez de

tutela.

En efecto, la Sala precisa que la decisión de autorizar o negar

traslados es competencia exclusiva de la respectiva autoridad

nominadora, previa la realización del trámite previsto para tal

efecto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la

correspondiente aceptación de la solicitud por parte del CONSEJO

SUPERIOR o CONSEJO SECCIONAL, según corresponda.

Asimismo, una vez se surta el trámite administrativo en debida

forma y en caso de no resultar favorables a sus pretensiones, el

actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho para controvertir la legalidad de los actos

administrativos que resulten expedidos, dentro del cual, además,

puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de

sus efectos.

Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia

de la acción de tutela para controvertir actos

administrativos relativos a traslados de personal, en

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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES

sentencia de 7 de julio de 20239, esta Sección reiteró la posición

sobre el tema y señaló lo siguiente:

“[…] 34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte
que la parte actora aduce que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la
expedición del Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022,
elaborado por la funcionaria Claudia María Granados
Rodríguez, proferido por Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca, y de la Resolución CJR23-0087 1° de
marzo de 2023, proferida por Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Mediante los actos administrativos citados con antelación, las
accionadas emitieron concepto desfavorable a la solicitud de
traslado elevada por la señora Cardona Vega.

35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se
puso de presente que no era posible emitir concepto
favorable de la solicitud de traslado elevada teniendo
en cuenta que el ahora accionante no allegó la última
calificación de servicios del cargo y despacho del que
solicita el traslado, tal como lo exige el artículo 13 del
Acuerdo PCSJA17- 10754 de 2017.

36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite
VIII.3. de esta providencia, la acción de tutela, por regla
general, resulta improcedente cuando pretenda controvertir
la legalidad de los actos administrativos de contenido
particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio
de defensa ordinario como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual es el
mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la suspensión
de los actos de la administración que lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se
ha pronunciado esta Sala de Decisión, tal y como
ocurrió en recientes decisiones de fecha 12 de mayo de
2022, del 21 de octubre de 2022 y del 20 de enero de
2023; en donde se planteó que los actos
administrativos de carácter particular que emiten
concepto desfavorable a la solicitud de traslado son
susceptibles de demandarse y/o cuestionarse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, vía

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
junio de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1001-03-15-000-
2023-01317-01.

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medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta
con un medio de defensa judicial, como lo es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad de los actos
administrativos en cuestión, en el que, además, podrá
solicitar medidas cautelares.

39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe
resaltarse que la jurisprudencia tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional han sido enfáticas en
sostener que las medidas cautelares previstas en los artículos
229 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 resultan ser un medio de
defensa idóneo y eficaz para obtener la suspensión
provisional de los actos administrativos que se cuestionen
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo
que ya no es de recibo el argumento según el cual los medios
de control no son eficaces ni oportunos para la salvaguarda
de las garantías fundamentales.

40. Adicionalmente, debe resaltarse que en el presente caso
no se observa la vulneración de los derechos fundamentales
del extremo actor, porque el concepto desfavorable de la
solicitud de traslado estuvo fundamentado en que no se
aportó el formato de calificación. A ello se agrega que dicha
exigencia se encuentra prevista en el artículo 13 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, disposición que se encuentra
vigente y goza de presunción de legalidad, porque no ha sido
declarada nula ni suspendida provisionalmente por esta
jurisdicción.

41. De allí que la decisión de la entidad accionada no se
aprecia arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no se evidencia
por parte del juez constitucional la afectación de las garantías
que se aducen transgredidas […]” (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela no es

el mecanismo idóneo para perseguir las pretensiones del actor,

toda vez que este debe solicitar su traslado permanente a través

de la vía administrativa y, en caso de que persista su

inconformidad, cuenta con otro medio de defensa judicial, esto es,

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a

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través del cual puede cuestionar la legalidad de los actos

administrativos que resuelvan su solicitud.

Ahora, en el caso bajo estudio, frente al perjuicio irremediable, la

Sala resalta que, aunque no desconoce la situación manifestada

por el actor, la seguridad del mismo no se encuentra desprotegida,

pues cuenta con un esquema de protección asignado por la UNP,

consistente en un vehículo convencional, dos personas de

protección y un chaleco blindado, por lo que no se advierte que

esas medidas desconozcan sus derechos fundamentales.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo

y, en su lugar, declarará improcedente el amparo solicitado por no

cumplir el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD

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NACIONAL DE PROTECCIÓN, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por no

cumplir el requisito de la subsidiariedad, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de

2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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