Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07695-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,
SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR
CARECER DEL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN
DE TUTELA NO ES EL MECANISMO IDÓNEO PARA ORDENAR
TRASLADOS DEFINITIVOS. EL ACTOR DEBE ACUDIR A LA VÍA
ADMINISTRATIVA Y, EN CASO DE QUE PERSISTA SU
INCONFORMIDAD, CUENTA CON EL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN SU SOLICITUD DE
TRASLADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA, SEGURIDAD, INTEGRIDAD,
DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, INTIMIDAD Y RESERVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el actor y el
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER Y ARAUCA1 contra la sentencia de 29 de enero de
2026, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
1
En adelante CONSEJO SECCIONAL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
ESTADO2 amparó los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del
accionante.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad,
a la dignidad humana, al debido proceso y a la intimidad y reserva,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA3 y el CONSEJO SECCIONAL
por las decisiones administrativas adoptadas frente al JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CRAVO NORTE (ARAUCA) en el
que funge como juez, por cuanto desconocen la situación de
seguridad personal que actualmente atraviesa, al ser víctima de
amenazas por personas que operan al margen de la ley.
I.2 Hechos
2
En adelante SECCIÓN QUINTA.
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En adelante CONSEJO SUPERIOR.
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Indicó que, desde el 5 de abril de 2021, fue designado en
provisionalidad como juez promiscuo municipal de Cravo Norte,
fecha desde la cual ha recibido amenazas en su contra, las cuales
ha puesto de presente ante las autoridades pertinentes.
Refirió que los últimos hechos tuvieron lugar el 8 de abril de 2025,
cuando recibió mensajes extorsivos de amenaza a través de la
aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” por parte de las
“disidencias de las FARC” y el 11 de abril siguiente el vidrio del
despacho judicial del cual es titular fue vandalizado.
Señaló que el 21 de abril de 2025 le solicitó al CONSEJO
SECCIONAL el traslado transitorio de juzgado o trabajo en casa,
petición que fue resuelta mediante Oficio núm. CSJNSOP25-587
de 22 de abril de ese año, a través del cual se le permitió laborar
en la modalidad virtual mientras se adelantaban las verificaciones
del caso y la Unidad Nacional de Protección4 realizara el estudio
de seguridad respectivo.
Precisó que el CONSEJO SUPERIOR convocó a las autoridades
locales a una reunión de seguridad para definir su situación5, en
4
En adelante UNP.
5
Del expediente se advierte que a la reunión asistieron, el alcalde municipal, la Fiscal 11 Local, el
personero municipal, el comandante de la Estación de Policía, el inspector de Policía, el comandante
del Ejército, el director de seguridad de la Rama Judicial y dos magistrados del CONSEJO
SECCIONAL.
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
la cual se determinó que el territorio de Arauca era tranquilo por
lo que la sede del juzgado debía permanecer en el mismo lugar,
razón por la que, aún cuando no se había culminado el nuevo
estudio de seguridad solicitado a la UNP, mediante Oficio núm.
CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025, se ordenó su retorno
definitivo al despacho judicial.
Afirmó que debido al riesgo que corría él y su familia, instauró una
primera acción de tutela6 contra el CONSEJO SUPERIOR, el
CONSEJO SECCIONAL y otros, con el fin de que se ordenara a la
UNP realizar una nueva evaluación de riesgo y se dejara sin
efectos el Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025, la
cual le correspondió en primera y segunda instancia a la
SECCIONES SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” y TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante
sentencias de 31 de julio y 26 de septiembre de 2025,
respectivamente, ampararon su derecho fundamental a la vida y
ordenaron a la UNP culminar el estudio de riesgo con celeridad,
suspendiendo la orden de retorno a la sede judicial de Cravo Norte
hasta que el procedimiento administrativo de riesgo fuera
resuelto.
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La cual fue identificada con el número de radicación 11001-03-15-000-2025-04098-00.
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Relató que, en cumplimiento de la orden de tutela, la UNP expidió
la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025,
mediante la cual calificó su riesgo como extraordinario nivel 1 y
ratificó su esquema de seguridad consistente en un vehículo
convencional, dos personas de protección y un chaleco blindado;
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, pero a la
fecha no ha sido resuelto.
Sostuvo que, debido a lo anterior, el CONSEJO SECCIONAL
emitió el Oficio núm. CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de
2025 en el que “[…] se deja sin efectos la suspensión provisional
del Oficio CSJNSOP25-788 de 17 de junio de 2025 […]” y, en
consecuencia, ordenó el retorno al despacho judicial en el
municipio de Cravo Norte, decisión contra la cual interpuso
recursos. Sin embargo, mediante Oficio núm. CSJNSOP25-1287
de 21 de noviembre de 2025, la autoridad accionada se abstuvo
de tramitarlos al considerar que no eran procedentes al tratarse
de actos de trámite.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la decisión de no tramitar los recursos de
reposición y, en subsidio apelación, vulnera sus derechos
fundamentales y constituye una vía de hecho administrativa, por
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
cuanto no se aplicaron los artículos 74, 77, 79 y 80 del CPACA,
que prevén la procedencia de los recursos contra los actos que
afectan situaciones jurídicas, el artículo 29 de la Constitución
Política, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el
precedente jurisprudencial que exige motivación reforzada cuando
está comprometida la vida o seguridad de un servidor judicial
establecido en las sentencias T-1027 de 2012, T-590 de 2014 y
SU-406 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.
Adujo que el CONSEJO SECCIONAL no podía expedir el Oficio
núm. CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de 2025 porque
constituye una ejecución forzada de una orden de tutela no
ejecutoriada, toda vez que, si bien la UNP expidió la Resolución
núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025, este fue
controvertido y aún se encuentra pendiente de resolver, razón por
la que aún no se encuentra ejecutoriado.
Por último, aseveró que el CONSEJO SUPERIOR transgredió su
derecho a la intimidad al divulgar indebidamente toda la
información que aportó y los informes reservados del riesgo que
padece, lo que ocasionó reacciones negativas por parte de las
autoridades del municipio de Arauca y lo convirtieron, a su juicio,
en un enemigo público del territorio de Cravo Norte. Situación que,
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además, incrementó su riesgo al momento de retornar a la
presencialidad en el despacho judicial.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales a LA
VIDA, LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD, LA DIGNIDAD HUMANA,
EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, INTIMIDAD Y RESERVA
SEGUNDO: Suspender definitivamente la orden de retorno al
municipio de Cravo Norte, hasta que el riesgo descienda a nivel
mínimo y exista una decisión debidamente motivada.
TERCERO: Ordenar a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial
y la UNP realizar una reevaluación urgente del riesgo, teniendo
en cuenta la exposición de la información sensible que realizó el
Consejo Seccional de la Judicatura, colocándome ahora en una
posición de enemigo de la comunidad de Cravo Norte y sus
autoridades.
CUARTO: Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
tomar medidas efectivas y que se proteja mi derecho a la vida e
integridad personal, a quienes hago responsables desde ya de
cualquier cosa que me llegase a suceder.
QUINTO: Disponer que el Juzgado Promiscuo Municipal continúe
operando de manera temporal desde Arauca, hasta que existan
garantías reales de seguridad.
SEXTO: Las demás que sean pertinentes para garantizar mis
derechos y los de mi familia. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL afirmó que sus decisiones no
son producto del azar ni improvisaciones, por lo que se realizó el
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Consejo de Seguridad que se adelantó con las autoridades
locales de Cravo Norte, tales como el alcalde, el personero y el
comandante de Policía, quienes concluyeron de manera categórica
que se encuentran dadas las condiciones para la prestación del
servicio de justicia de manera presencial y, además, se puso de
manifiesto que la comunidad en general solicita que el servicio de
administración de justicia se preste y garantice desde el territorio,
situación a la que se ha negado el actor.
Manifestó que si bien el juzgado estuvo trasladado durante dos
años, lo cierto es que las condiciones han cambiado y no se puede
volver permanente un traslado que fue concedido
transitoriamente, máxime si se tiene en cuenta que está sujeto a
las directrices que emite el CONSEJO SUPERIOR y, por ende, se
debe procurar como premisa que todos los despachos judiciales
hagan presencia en sus sedes naturales, es decir, en el territorio
para el cual fueron creados, lógicamente con la observancia de las
condiciones que permitan la prestación del servicio judicial sin
ningún inconveniente para la integridad de los servidores
judiciales.
Resaltó que, precisamente, en el presente caso las autoridades
municipales determinaron que el casco urbano del municipio
cuenta con las condiciones de seguridad para que se preste el
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servicio de justicia de manera presencial y, además, el actor
cuenta con un esquema de seguridad asignado por la UNP, por lo
que su seguridad personal se encuentra garantizada.
Advirtió que todo lo solicitado por el accionante ya fue objeto de
estudio y de decisión en la acción de tutela radicada bajo el
número 2025-04098-01, lo cual hace que la presente acción
constitucional se torne improcedente y lo que se evidencia es que
nos encontramos frente a una maniobra para dilatar la orden de
retorno tantas veces mencionada.
Respecto de las presuntas amenazas que alega el actor, señaló
que las mismas se encuentran en conocimiento de la autoridad
competente de aclarar los hechos y, mientras ello no suceda, en
su sentir, no se puede determinar la veracidad o no de estas.
Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la demanda y
vincular al presente trámite a la Oficina de Seguridad de la Rama
Judicial, a la Alcaldía y a la Personería Municipal de Cravo Norte
en representación del Ministerio Publico y a la Comandancia de
Policía de dicho ente territorial, con el fin de que reafirmen lo que
han manifestado en cuanto a las condiciones de seguridad en el
municipio y la necesidad de la prestación del servicio de justicia
de manera presencial.
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I.5.2.- La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama
Judicial del CONSEJO SUPERIOR solicitó denegar las
pretensiones frente a la entidad, toda vez que no ha vulnerado los
derechos fundamentales deprecados, puesto que se han surtido
las acciones y trámites legales tendientes a que los organismos de
seguridad provean las medidas de protección en favor del actor.
Señaló que el Estado, por conducto de la UNP, la Policía Nacional
y el Ministerio del Interior, tiene a cargo el análisis, la coordinación
y la articulación para la protección integral de los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas que
se encuentran en situación de riesgo extraordinario, por lo que su
competencia se resume en recibir los escritos del actor; surtir el
trámite correspondiente ante las autoridades competentes; y,
garantizar la existencia de un canal de comunicación eficiente
entre ellos, lo cual ha cumplido, pues mediante Oficio núm.
OSO25-1453 le solicitó a la UNP atender el requerimiento del
señor CÁRDENAS TORRES y reevaluar las medidas de protección
asignadas para que pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales
libre de presiones e intimidaciones.
Concluyó que, en todo caso, la autoridad competente para tomar
las medidas administrativas de reubicación o traslado de un
despacho judicial le corresponde al CONSEJO SECCIONAL.
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I.5.3.- La UNP solicitó declarar improcedente la acción de la
referencia y su desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones
del actor van dirigidas al CONSEJO SUPERIOR y al CONSEJO
SECCIONAL quienes son los competentes de definir su condición
laboral.
Afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
reclamados y su actuación en el caso objeto de estudio concluyó
con la expedición de la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de
septiembre de 2025, en la que, en cumplimiento de una orden de
tutela, se conceptuó sobre la situación de riesgo del accionante,
quien ha sido evaluado desde el año 2022, y pese a que se han
efectuado varios estudios, su nivel de riesgo siempre ha sido el
mismo, razón por la que se ha mantenido su esquema de
seguridad vigente.
Frente a la presunta transgresión al derecho a la intimidad
invocada por el accionante, indicó que, si bien la reserva de la
información sobre las amenazas al señor CÁRDENAS TORRES no
es de acceso público, ello no incluye a las autoridades
competentes que requieran conocer la situación debido al ejercicio
de sus funciones.
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II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 29 de enero de 2026, la SECCIÓN
QUINTA amparó los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del
actor y, en consecuencia, ordenó mantener la medida de
suspensión provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de
junio de 2025, mediante la cual el CONSEJO SECCIONAL ordenó
al accionante retornar a la sede física del JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, hasta tanto la UNP resuelva el
recurso interpuesto contra la Resolución núm. DGRP 008621 de
12 de septiembre de 2025.
Asimismo, ordenó que una vez quede ejecutoriado el acto
administrativo expedido por la UNP, el CONSEJO SECCIONAL
deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la protección del actor.
Además de lo anterior, denegó la solicitud del CONSEJO
SECCIONAL relativa a que se vinculara a la presente acción a la
oficina de Seguridad de la Rama Judicial, a la Alcaldía y a la
Personería Municipal y a la Estación de Policía de Cravo Norte,
Arauca, por considerar que las pretensiones del actor no se dirigen
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contra dichas autoridades y no se advierte que las mismas tengan
un interés directo en el presente asunto.
Para el efecto, expuso que frente a la primera acción de tutela
identificada con el número 2025-04098-01 no se configuraba la
triple identidad de partes, objeto y causa, por la ocurrencia de un
nuevo hecho que hace procedente el presente mecanismo, esto
es, la expedición de la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de
septiembre de 2025, a través de la cual la UNP calificó el riesgo
del actor como extraordinario nivel 1 y le proporcionó como
esquema de protección un vehículo convencional, dos personas de
protección y ratificó un chaleco blindado.
Señaló que el CONSEJO SECCIONAL expidió el Oficio núm.
CSJNSOP25-1267 de 12 de noviembre de 2025 en el que
suspendió los efectos de la comunicación CSJNSOP25-788 de 17
de junio de 2025 y ordenó al accionante retornar a la sede judicial
de manera presencial, sin tener en cuenta que la UNP no había
resuelto el recurso interpuesto contra la Resolución núm. DGRP
008621 de 12 de septiembre de 2025, circunstancia que, a su
juicio, le impedía a las autoridades judiciales accionadas emitir
cualquier orden con sustento en dicho acto administrativo por no
encontrarse ejecutoriado.
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Aseguró que el CONSEJO SECCIONAL al expedir los oficios de
12 y 21 de noviembre de 2025 privó al actor de la oportunidad de
ejercer en debida forma sus derechos de contradicción y defensa,
debido a que el estudio de seguridad no se encontraba en firme y,
además, no tuvo en cuenta que había sido víctima de amenazas y
actos violentos por parte de grupos al margen de la ley,
circunstancias que le impidieron regresar a su despacho, por lo
que exigirle al señor CÁRDENAS TORRES el reintegro de forma
presencial, desconociendo el peligro real al que se vería sometido,
pone en riesgo sus derechos fundamentales a la vida, a la
integridad física y a la seguridad personal
Precisó que, con el fin de evitar un perjuicio irremediable,
resultaba necesario suspender el retorno a la sede judicial del
funcionario hasta que la UNP estudie si, en efecto, existen otras
circunstancias que puedan comprometer la seguridad del actor y
disponga el debido esquema de protección.
Finalmente, consideró que: “[…] actualmente persiste la
incertidumbre sobre el entorno de seguridad al que el accionante
se vería sometido a retornar, se torna evidente la amenaza a la
vida e integridad personal del tutelante, pues se trata de un
operador judicial que, por razón de su función, se encuentra en
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una situación de particular vulnerabilidad frente a presuntos
actores armados ilegales o estructuras delincuenciales […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES
III.1. El actor impugnó la sentencia proferida en primera
instancia y solicitó revocar parcialmente su numeral quinto y, en
su lugar:
“[…] 1. SUSPENDER DE MANERA DEFINITIVA la orden de
retorno presencial al municipio de Cravo Norte contenida en los
oficios CSJNSOP25-1267 y CSJNSOP25-1287, hasta tanto
cesen las condiciones de riesgo que dieron origen a esta acción.
2. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca, y al Consejo Superior de la Judicatura,
la adopción de medidas efectivas y permanentes de protección,
que incluyan de manera prioritaria el TRASLADO POR RAZONES
DE SEGURIDAD a una sede judicial donde se garantice mi
integridad física.
3. AUTORIZAR, mientras se concreta el traslado, la prestación
del servicio bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo virtual,
toda vez que se ha demostrado que la función judicial se ha
seguido cumpliendo sin solución de continuidad bajo este
esquema. […]”.
Manifestó que el a quo no realizó una reevaluación integral y
actualizada de su situación de riesgo, pues mediante Resolución
DGRP 011483 de 23 de diciembre de 2025, la UNP resolvió no
reponer la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de
2025, lo que lo deja en situación de vulnerabilidad e inseguridad,
al exigirse el retorno al cumplimiento de sus funciones de manera
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presencial, sin que se hubieran adoptado medidas adecuadas,
proporcionales y razonables para la protección de sus derechos
fundamentales.
Señaló que, debido a la persistencia del riesgo y la naturaleza de
su cargo, la administración cuenta con herramientas legales para
disponer el traslado como medida de protección definitiva por
razones de seguridad, la cual sería la única solución efectiva para
garantizar la continuidad del servicio de justicia sin arriesgar su
vida, pues, a su juicio, ha existido una falta de ponderación entre
la “necesidad del servicio” y el “derecho a la vida”.
Resaltó que ha aumentado la presencia de los grupos armados
ilegales -disidencias de las FARC y ELN- en la zona, como se puede
advertir de la Circular Operativa de 5 de febrero de 2026 realizada
por el enlace de la Unidad Nacional de Protección de Arauca y
Sevicol Zona 7 Arauca, la que refiere las medidas preventivas de
seguridad que se deben tomar por los acontecimientos de orden
público presentados en los últimos días en dicho departamento,
con el fin de salvaguardar la vida e integridad del personal de
protección y de los beneficiarios de los esquemas de seguridad
asignados, donde se impartieron directrices.
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Por último, aportó soporte de todas sus citas y tratamientos
médicos relacionados con todas las “patologías laborales” que
padece como consecuencia de las amenazas en su contra.
III.2. El CONSEJO SECCIONAL impugnó la decisión de primera
instancia solicitando que se revoque.
Afirmó que la presente acción constitucional es improcedente por
existir otro medio de defensa judicial, toda vez que el recurso
interpuesto por el actor contra la Resolución núm. DGRP 008621
de 12 de septiembre de 2025 expedida por la UNP, es una
extensión de la decisión adoptada dentro de la acción de tutela de
radicado 2025-04098-00, de manera que, si no se había resuelto
el recurso, no procedía otra acción de tutela sino un incidente de
desacato.
Adujo que, si bien entiende la necesidad del estudio de la situación
del actor por parte de la UNP, no se puede dejar de lado el
derecho al acceso a la justicia que aclama la comunidad del
municipio de Cravo Norte, quien ha venido exigiendo a través de
su personero la presencia del juzgado en esa localidad, por lo que
se debe recordar que los intereses particulares no están por
encima de los intereses generales y la decisión impugnada afecta
el servicio de justicia y el derecho de los usuarios.
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Advirtió que, de conformidad con las manifestaciones del actor con
relación al tema de seguridad, se tendrían que trasladar todos los
despachos judiciales del País desde los municipios hacia las
ciudades, lo que impediría el acceso a la administración de justicia
de la comunidad.
Reiteró que sus decisiones no son producto del azar ni de
imaginarios, ni mucho menos de improvisaciones y, por el
contrario, corresponden a un estudio jurídico y validaciones
previas con las autoridades territoriales competentes, tal como
ocurrió en el presente asunto, en el que se tuvo en cuenta el
último concepto emitido por la Oficina de Seguridad de la Rama
Judicial que determinó que están dadas las condiciones para el
retorno del Juzgado hacia su sede natural, por lo que, a su juicio,
lo que pretende el actor es dilatar el retorno, olvidándose de que,
cuando tomó juramento como titular del Despacho a su cargo, se
comprometió a prestar el servicio en el territorio, quien además
tiene garantizada su seguridad personal, comoquiera que cuenta
con un esquema de seguridad asignado por la UNP.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Mediante auto de 19 de marzo de 2026, la Sala declaró infundado
el impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES.
Ahora, la Sala advierte que la UNP solicitó ser desvinculada de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla
fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Comoquiera que las actuaciones realizadas por la UNP tienen
incidencia directa en los hechos y pretensiones expuestos en la
presente acción de tutela, le asiste interés directo como tercera
en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón
por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 7. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor presentó la
acción de tutela de la referencia contra el CONSEJO SUPERIOR
y el CONSEJO SECCIONAL, por estimar que vulneraron sus
derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad,
a la dignidad humana, al debido proceso administrativo y a la
intimidad y reserva, por las decisiones administrativas adoptadas
frente al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CRAVO
NORTE, en el que funge como juez, por cuanto desconocen la
situación de seguridad personal que actualmente atraviesa, al ser
víctima de amenazas por personas que operan al margen de la
ley.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por
la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 29 de enero de
2026, amparó los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida del
actor y, en consecuencia, ordenó mantener la medida de
suspensión provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de
junio de 2025, mediante la cual el CONSEJO SECCIONAL ordenó
al accionante retornar a la sede física del despacho judicial, hasta
tanto la UNP resuelva el recurso interpuesto contra la Resolución
núm DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025.
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
Contra la anterior decisión tanto el actor como el CONSEJO
SECCIONAL interpusieron recurso de impugnación.
El actor sostuvo que el a quo no realizó una reevaluación integral
y actualizada de su situación de riesgo, pues mediante Resolución
DGRP 011483 de 23 de diciembre de 2025, la UNP resolvió no
reponer la Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de
2025, lo que lo deja en situación de vulnerabilidad e inseguridad,
al exigirse el retorno al cumplimiento de sus funciones de manera
presencial, sin que se hubieran adoptado medidas adecuadas,
proporcionales y razonables para la protección de sus derechos
fundamentales.
Asimismo, reiteró sus pretensiones relativas a que se le ordene a
las autoridades accionadas suspender el retorno presencial al
municipio de Cravo Norte y su traslado por razones de seguridad,
de manera definitiva, y, además, que se autorice mientras se
concreta el traslado, la prestación del servicio bajo la modalidad
de teletrabajo o trabajo virtual.
Por su parte, el CONSEJO SECCIONAL manifestó que, contrario
a lo afirmado por el a quo, la presente acción constitucional es
improcedente por existir otro medio de defensa judicial, toda vez
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
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que el recurso interpuesto por el actor contra la Resolución núm.
DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025 expedida por la UNP,
es una extensión de la decisión adoptada dentro de la acción de
tutela de radicado 2025-04098-00, de manera que, si no se había
resuelto el recurso, no procedía otra acción de tutela sino un
incidente de desacato.
Adujo que tuvo en cuenta el último concepto emitido por la Oficina
de Seguridad de la Rama Judicial que determinó que están dadas
las condiciones para el retorno del Juzgado hacia su sede natural,
por lo que lo que pretende el actor es dilatar el retorno, pese a
que tiene garantizada su seguridad personal, comoquiera que
cuenta con un esquema de seguridad asignado por la UNP.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual
se verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, se establecerá
si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el actor.
Sea lo primero advertir que, antes de abordar el estudio del
problema jurídico, para la Sala resulta necesario analizar si en el
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
presente caso se observa identidad de partes, hechos y
pretensiones en relación con la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2025-04098-
01.
Acción de tutela 2025-07695-01 Acción de tutela 2025-04098-01
Partes Partes
Accionante: NÉSTOR EDUARDO Accionante: NÉSTOR EDUARDO
CÁRDENAS TORRES. CÁRDENAS TORRES.
Accionados: CONSEJO SUPERIOR y Accionados: CONSEJO SUPERIOR,
CONSEJO SECCIONAL. CONSEJO SECCIONAL, UNP,
TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
y la ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES POSITIVA.
Hechos: Hechos:
El actor fue designado como juez El actor fue designado como juez
promiscuo municipal de Cravo Norte, promiscuo municipal de Cravo Norte,
Arauca desde el 5 de abril de 2021, Arauca desde el 5 de abril de 2021,
fecha a partir de la cual, señaló que fecha a partir de la cual, señaló que
fue víctima de amenazas por parte de fue víctima de amenazas por parte de
grupos armados al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley,
lo que lo llevó a solicitar al CONSEJO lo que lo llevó a solicitar al CONSEJO
SUPERIOR y el CONSEJO SUPERIOR y el CONSEJO
SECCIONAL que se le permita SECCIONAL que se le permita
laborar bajo la modalidad de trabajo laborar bajo la modalidad de trabajo
en casa o el traslado del juzgado. en casa o el traslado del juzgado.
A través del oficio CSJNSOP25-587 A través del oficio CSJNSOP25-587
de 22 de abril de 2025 el CONSEJO de 22 de abril de 2025 el CONSEJO
SECCIONAL le permitió trabajar de SECCIONAL le permitió trabajar de
forma virtual; no obstante, mediante forma virtual; no obstante, mediante
el oficio CSJNSOP25-788 de 17 de el oficio CSJNSOP25-788 de 17 de
junio de 2025 la misma autoridad le junio de 2025 la misma autoridad le
ordenó al actor retornar a la sede del ordenó al actor retornar a la sede del
juzgado, sin que la UNP hubiera juzgado, sin que la UNP hubiera
culminado el estudio de seguridad culminado el estudio de seguridad
elevado por el accionante. elevado por el accionante.
El actor promovió una acción de
tutela pidiendo que se suspenda la
orden de reintegrarse de forma
presencial al despacho, cuyas
pretensiones se concedieron por el
juez de tutela en el proceso 2025-
04098-01.
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Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
En cumplimiento de la orden de
amparo la UNP expidió la Resolución
DGRP 008621 de 12 de septiembre
de 2025, contra este acto
administrativo el accionante presentó
recurso de reposición, que a la fecha
de presentación de la tutela no se
había resuelto.
Por su parte, el CONSEJO
SECCIONAL a través de los oficios
CSJNSOP25-1267 de 12 de
noviembre de 2025 y CSJNSOP25-
1287 de 21 de noviembre de 2025,
dispuso el retorno del actor al
Juzgado.
Pretensiones: Pretensiones:
PRIMERO: Amparar mis derechos PRIMERO: Tutelar los derechos
fundamentales a LA VIDA, LA fundamentales a LA VIDA, LA
SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD, LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA
DIGNIDAD HUMANA, EL DEBIDO DIGNIDAD HUMANA, que me están
PROCESO ADMINISTRATIVO, siendo vulnerados.
INTIMIDAD Y RESERVA
SEGUNDO: Ordenar se realice la
SEGUNDO: Suspender reevaluación de riesgo por parte de la
definitivamente la orden de retorno al UNP que actualmente se encuentra
municipio de Cravo Norte, hasta que pendiente atendiendo a las amenazas
el riesgo descienda a nivel mínimo y recibidas y hechos de violencia con
exista una decisión debidamente las instalaciones del despacho los
motivada. días (08 y 11 de abril 2025) en el
municipio de Cravo Norte,
TERCERO: Ordenar a la Oficina de departamento de Arauca.
Seguridad de la Rama Judicial y la
UNP realizar una reevaluación TERCERO: Ordenar al Consejo
urgente del riesgo, teniendo en Superior de la Judicatura / Consejo
cuenta la exposición de la Seccional de la Judicatura de Norte
información sensible que realizó el de Santander y Arauca se revoque,
Consejo Seccional de la Judicatura, deje sin efectos o suspenda la
colocándome ahora en una posición decisión del “Retorno presencial a la
de enemigo de la comunidad de sede del Juzgado (…)”, tal como lo
Cravo Norte y sus autoridades. han indicado en oficio del diecisiete
(17) de junio de 2025, con radicado
CUARTO: Que se ordene al Consejo No. CSJNSOP25-788.
Superior de la Judicatura tomar
medidas efectivas y que se proteja mi CUARTO: Que se adopten las
derecho a la vida e integridad medidas de protección necesarias
personal, a quienes hago que permitan garantizar mis
responsables desde ya de cualquier derechos fundamentales, en aras de
cosa que me llegase a suceder. no aumentar el riesgo advertido.
QUINTO: Disponer que el Juzgado QUINTO: Las demás que sean
Promiscuo Municipal continúe pertinentes para garantizar mis
operando de manera temporal desde derechos y los de mi familia.
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Arauca, hasta que existan garantías
reales de seguridad.
SEXTO: Las demás que sean
pertinentes para garantizar mis
derechos y los de mi familia.
Del recuento anterior, la Sala advierte que, tal como lo consideró
el a quo, no se advierte la triple identidad entre la acción de tutela
de la referencia y la identificada con el número 2025-04098-01,
pero no por las razones expuestas en primera instancia, esto es,
que existía un hecho nuevo al haberse expedido la Resolución
núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025, por parte de la
UNP, toda vez que este fue emitido, precisamente, en
cumplimiento de la orden de tutela dada en el expediente 2025-
04098-01.
Por el contrario, lo que se observa es que en ambas acciones de
tutela las pretensiones son distintas, por cuanto mientras en la
primera solicitud presentada lo que perseguía el actor era la
suspensión de la orden de retorno hasta tanto la UNP realizara la
reevaluación del riesgo de su seguridad, tanto en el escrito inicial
de la acción de la referencia como en la impugnación interpuesta
por el accionante, lo que se busca es que se ordene de forma
definitiva la suspensión del retorno al despacho judicial de manera
presencial y el traslado del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
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DE CRAVO NORTE por razones de seguridad.
Cabe señalar que, si bien en la sentencia de primera instancia, la
SECCIÓN QUINTA concedió el amparo de los derechos
fundamentales del actor y ordenó la medida de suspensión
provisional del Oficio núm. CSJNSOP25-788 de 17 de junio de
2025, mediante el cual el CONSEJO SECCIONAL le ordenó al
accionante retornar a la sede física del despacho judicial hasta que
la UNP resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. DGRP 008621 de 12 de septiembre de 2025 y la
actuación se encontrara ejecutoriada, la Sala resalta que ello ya
ocurrió, incluso antes de proferirse la decisión del a quo, habida
cuenta que mediante Resolución núm. DGRP 011483 de 23 de
diciembre de 2025, la UNP decidió no reponer el acto recurrido.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el amparo otorgado al
accionante estaba condicionado a que culminara el trámite de su
estudio de seguridad por parte de la UNP, lo cual se reitera, ya
ocurrió y, además, que sus pretensiones van dirigidas a que se
ordene la suspensión del reintegro a la presencialidad y el traslado
definitivo por razones de seguridad del JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CRAVO NORTE del que es titular, la Sala
advierte que el presente mecanismo constitucional no es el medio
judicial idóneo.
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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
.- De la improcedencia de la acción de tutela por carencia
del requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata
de sus derechos.
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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción
de tutela es improcedente por carencia del requisito
general de subsidiariedad, debido a que si el actor lo que
persigue es el traslado definitivo debe acudir a la vía
administrativa y elevar su nueva solicitud ante el CONSEJO
SUPERIOR y el CONSEJO SECCIONAL, quienes son los
8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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competentes de evaluar su situación a la luz del nuevo estudio de
seguridad realizado por la UNP y determinar bajo criterios
objetivos, concretos y razonados si emiten concepto favorable o
no, cuya competencia no puede ser suplantada por el juez de
tutela.
En efecto, la Sala precisa que la decisión de autorizar o negar
traslados es competencia exclusiva de la respectiva autoridad
nominadora, previa la realización del trámite previsto para tal
efecto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la
correspondiente aceptación de la solicitud por parte del CONSEJO
SUPERIOR o CONSEJO SECCIONAL, según corresponda.
Asimismo, una vez se surta el trámite administrativo en debida
forma y en caso de no resultar favorables a sus pretensiones, el
actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir la legalidad de los actos
administrativos que resulten expedidos, dentro del cual, además,
puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de
sus efectos.
Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia
de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos relativos a traslados de personal, en
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sentencia de 7 de julio de 20239, esta Sección reiteró la posición
sobre el tema y señaló lo siguiente:
“[…] 34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte
que la parte actora aduce que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la
expedición del Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022,
elaborado por la funcionaria Claudia María Granados
Rodríguez, proferido por Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca, y de la Resolución CJR23-0087 1° de
marzo de 2023, proferida por Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Mediante los actos administrativos citados con antelación, las
accionadas emitieron concepto desfavorable a la solicitud de
traslado elevada por la señora Cardona Vega.
35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se
puso de presente que no era posible emitir concepto
favorable de la solicitud de traslado elevada teniendo
en cuenta que el ahora accionante no allegó la última
calificación de servicios del cargo y despacho del que
solicita el traslado, tal como lo exige el artículo 13 del
Acuerdo PCSJA17- 10754 de 2017.
36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite
VIII.3. de esta providencia, la acción de tutela, por regla
general, resulta improcedente cuando pretenda controvertir
la legalidad de los actos administrativos de contenido
particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio
de defensa ordinario como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual es el
mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la suspensión
de los actos de la administración que lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.
37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se
ha pronunciado esta Sala de Decisión, tal y como
ocurrió en recientes decisiones de fecha 12 de mayo de
2022, del 21 de octubre de 2022 y del 20 de enero de
2023; en donde se planteó que los actos
administrativos de carácter particular que emiten
concepto desfavorable a la solicitud de traslado son
susceptibles de demandarse y/o cuestionarse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, vía
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
junio de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1001-03-15-000-
2023-01317-01.
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medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta
con un medio de defensa judicial, como lo es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad de los actos
administrativos en cuestión, en el que, además, podrá
solicitar medidas cautelares.
39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe
resaltarse que la jurisprudencia tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional han sido enfáticas en
sostener que las medidas cautelares previstas en los artículos
229 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 resultan ser un medio de
defensa idóneo y eficaz para obtener la suspensión
provisional de los actos administrativos que se cuestionen
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo
que ya no es de recibo el argumento según el cual los medios
de control no son eficaces ni oportunos para la salvaguarda
de las garantías fundamentales.
40. Adicionalmente, debe resaltarse que en el presente caso
no se observa la vulneración de los derechos fundamentales
del extremo actor, porque el concepto desfavorable de la
solicitud de traslado estuvo fundamentado en que no se
aportó el formato de calificación. A ello se agrega que dicha
exigencia se encuentra prevista en el artículo 13 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, disposición que se encuentra
vigente y goza de presunción de legalidad, porque no ha sido
declarada nula ni suspendida provisionalmente por esta
jurisdicción.
41. De allí que la decisión de la entidad accionada no se
aprecia arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no se evidencia
por parte del juez constitucional la afectación de las garantías
que se aducen transgredidas […]” (Destacado fuera de texto).
En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para perseguir las pretensiones del actor,
toda vez que este debe solicitar su traslado permanente a través
de la vía administrativa y, en caso de que persista su
inconformidad, cuenta con otro medio de defensa judicial, esto es,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
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través del cual puede cuestionar la legalidad de los actos
administrativos que resuelvan su solicitud.
Ahora, en el caso bajo estudio, frente al perjuicio irremediable, la
Sala resalta que, aunque no desconoce la situación manifestada
por el actor, la seguridad del mismo no se encuentra desprotegida,
pues cuenta con un esquema de protección asignado por la UNP,
consistente en un vehículo convencional, dos personas de
protección y un chaleco blindado, por lo que no se advierte que
esas medidas desconozcan sus derechos fundamentales.
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo
y, en su lugar, declarará improcedente el amparo solicitado por no
cumplir el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD
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35
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07695-01
Actor: NÉSTOR EDUARDO CÁRDENAS TORRES
NACIONAL DE PROTECCIÓN, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por no
cumplir el requisito de la subsidiariedad, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de
2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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