Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07739-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07739-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07739-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07739-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP
Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Acción de
cumplimiento. Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Satisfacción del requisito
de relevancia constitucional. Defecto sustantivo.
Decisión: Revoca improcedencia y niega el amparo.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 29 de enero de 2026 por la Sección Quinta de esta corporación,
mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 4 de diciembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira SAS ESP, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, «a la supremacía de la Constitución, y
al acatamiento del precedente constitucional y judicial»; así como los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima, y cosa juzgada constitucional. En
consecuencia, solicitó lo siguiente:
(I) Dejar sin efectos las providencias emitidas el 7 de julio de 2025 y 19 de agosto
de esa anualidad por el Juzgado 3 Administrativo de Pereira y el Tribunal
Administrativo de Risaralda en la acción de cumplimiento con radicado 66001-33-
33-003-2025-00153-00/01, en lo que concierne, exclusivamente, a la declaración de
desobedecimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
53 de la Ley 2195 de 2022, y a la orden impartida a la empresa accionante, en el
sentido de publicar de manera integral su actividad contractual en la plataforma
SECOP II.
(II) Ordenar al tribunal mencionado que profiera una nueva decisión, en la que se
resuelva la acción de cumplimiento, en observancia del régimen constitucional y
legal especial de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994, la Ley
estatutaria 1712 de 2014 y el precedente constitucional y judicial aplicable; que
disponga la no obligación de la publicación de la actividad contractual; se abstenga
de extender «de manera inconstitucional» el ámbito de aplicación del artículo 53 de
la Ley 2195 de 2022 a entidades sometidas a un régimen constitucional especial; y
se garantice la aplicación del principio de especialidad normativa, la prohibición de
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interpretación extensiva en perjuicio de la actora, y el respeto por la autonomía
constitucional del régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios.
(iv) De forma subsidiaria, solicitó declarar el desconocimiento del régimen
constitucional especial de servicios públicos, de la Ley Estatutaria 1712 de 2014,
del precedente judicial, del régimen contractual y de actos privados de las ESP; que
existió confusión entre el «régimen exceptuado» y «régimen especial» por parte de
las accionadas; y que esa sociedad, en su condición de Empresa de Servicios
Públicos Mixta, por vía general solo está obligada a cumplir los principios de la
función administrativa, en los eventos en que ejerce funciones públicas, y por regla
general en su actividad contractual no desarrolla ese tipo de funciones.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro instauró acción de
cumplimiento en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
SAS ESP, al considerar que debía publicar su actividad contractual en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (en adelante SECOP II), inclusive, los
procesos exceptuados del régimen de contratación pública, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 20071, modificado y adicionado por el artículo
532 de la Ley 2195 de 20223.
3. El 7 de julio de 2025, el Juzgado 3 Administrativo de Pereira declaró que la
entidad demandada incumplió las normas mencionadas y, en ese sentido, le ordenó
publicar en la plataforma de SECOP II la totalidad de la actividad contractual
adelantada desde el 18 de julio de 2022, inclusive todos los documentos, contratos,
actos e información generada por oferentes, contratistas, contratantes, supervisores
o interventores, correspondientes a las etapas precontractual, contractual y
poscontractual, y de toda la que se ejecute a partir de la notificación de esa
sentencia.
4. La parte demandada impugnó la anterior decisión, puesto que, en su
criterio, en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, que hace parte del régimen jurídico
especial de los servicios públicos, se excluye de manera expresa la aplicación del
Estatuto General de la Contratación Pública, que en la actualidad se integra
fundamentalmente por las leyes 80, 1150, 1474 y 2195; de manera que las dos
leyes que son el fundamento de la pretensión de la demanda son inaplicables a las
entidades estatales que prestan servicios públicos, por hacer parte del Estatuto
General de la Contratación Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de
1
«Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos».
2
Que en su tenor literal indica: «Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los
efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por
oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
poscontractual.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se establecerá un periodo de transición de seis (6) meses, para que
las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido».
3
«Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones».
2
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la Ley 142 de 1994, cuyo contenido fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-066 de 1997.
5. El 19 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó
la decisión de primera instancia, tras concluir que el artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por la Ley 2195 de 2022, estableció el mandato de publicar toda
la actividad contractual sin hacer alguna distinción entre las entidades exceptuadas
del Estatuto General de la Contratación de Administración Pública y las especiales,
por lo que sí le era aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios
mixtas.
6. Como fundamentos de derecho, la entidad accionante afirmó que el
Juzgado 3 Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, con
ocasión a la expedición de las sentencias del 7 de julio de 2025 y 19 de agosto de
2025, incurrió en defecto sustantivo, por la indebida interpretación del artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022, puesto que desconocieron la condición de norma especial que tiene la Ley
142 de 1994, de acuerdo con los artículos 365 y 367 de la Constitución Política, ya
que el artículo 13 mencionado no hizo referencia a «entidades con régimen
constitucional especial», como lo es el Banco de la República, las universidades y
las empresas de servicios públicos, sino a empresas con régimen «legal
exceptuado» es decir, las sociedades industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta, como serían, por ejemplo, Ecopetrol y Satena.
7. Manifestó que esa empresa no hace uso de dineros públicos, sus contratos
no son financiados con recursos estatales, como impuestos o contribuciones, sino
con ingresos propios, lo que la exime de la obligación de publicación en el SECOP
II, según la Ley 2195 de 2022. Además, señaló que los documentos contractuales
están protegidos por el artículo 61 del Código de Comercio y la Ley 142 de 1994,
que permiten la reserva en empresas de servicios públicos domiciliarios, lo cual se
ratifica mediante la «Circular No. 02 de la Presidencia».
8. Asimismo, sostuvo que en aplicación de las Leyes 142 de 1994, Ley 689 de
2001 y 1712 de 2014, artículo 5, literal C, «se estableció como regla la reserva en
los actos propios de la actividad empresarial o gestión del servicio»; y solo estarían
obligadas a publicar la información relacionada en forma directa con los servicios
que presta, pues en este último caso dichas empresas actúan como verdaderas
autoridades. Agregó que la última Ley al ser estatutaria no puede modificarse por
una de inferior jerarquía como lo sería la Ley 2195 de 2022.
9. Indicó que los servicios públicos están en competencia entre operadores
oficiales, mixtos y privados, siendo la finalidad de la Ley 142 de 1994 que todos los
prestadores se sometan a un mismo régimen para poder competir en condiciones
de igualdad. Precisó que, debido a que los actos y contratos vinculados a la gestión
empresarial de los servicios son actividades estratégicas, las empresas estatales
no están «legalmente» obligadas a hacer pública su información contractual, ya que
hacerlo podría destruir valor, afectar su know-how y ponerlas en desventaja frente
a la competencia. Resaltó que esta situación implicaría poner en manos de terceros
información que es exclusiva de la empresa, la cual mantiene sus contratos en
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reserva para proteger su competitividad y autonomía, en cumplimiento con de su
régimen especial.
10. En concordancia con lo anterior, la entidad actora consideró que se
desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-736-
07, C-483-96, C-389 de 2002, C-338-11, C-263-13, C-179-05, C-066-97 y T-181-
14, según el cual, es inconstitucional que a una empresa de servicios públicos mixta
se le otorgue el mismo tratamiento que a las sociedades de economía mixta de que
trata la Ley 489 de 1998, así como que predomina lo contemplado en la Ley 142 de
1994.
11. De otra parte, aclaró que esa empresa no ejerce funciones públicas, toda
vez que sus regímenes de derecho privado y, por lo tanto, no pueden ser
consideradas autoridades para instaurar contra ellas acciones de cumplimiento, en
los términos del artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997. Para sustentar
lo anterior, afirmó que no se tuvieron en cuenta las providencias de 31 de mayo de
2023 y 26 de junio del mismo año dictadas por el Juzgado 2 Administrativo de
Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en las cuales se indicó que la
acción de cumplimiento no procede frente a las empresas de servicios públicos
domiciliarios mixtas, ya que no son autoridades públicas, sino empresas con
régimen jurídico especial.
12. Por último, invocó la violación directa de la Constitución, en particular los
artículos 29, 87, 209, 365 y 367, dado que la acción de cumplimento es
improcedente cuando involucra a las empresas estatales que se rigen por el
derecho privado.
Intervenciones4
13. El Tribunal Administrativo de Risaralda afirmó que el presente asunto no
goza de relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por la parte accionante
es utilizar este mecanismo de amparo como una instancia adicional a la acción de
cumplimiento, ya que, a pesar de que propuso una indebida interpretación de los
principios que rigen el régimen jurídico especial de los servicios públicos, lo cierto
es que en la decisión cuestionada se realizaron los razonamientos que sustentan lo
decidido y aquellos no resultan arbitrarios, pues se fundamentaron en el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado. Aunado a ello, indicó que la acción de tutela
tiene un carácter residual, por lo que para su procedencia la parte actora debía
demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
14. En todo caso, precisó que la sentencia acusada no incurrió en defecto
material o sustantivo, dado que esta abordó el estudio de los presupuestos
requeridos para la configuración de un mandato claro y expreso para la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado S.A E.P.S mixta, toda vez que lo que se dispuso fue el
deber de publicar en la plataforma SECOP ll, a cargo de las entidades estatales que
por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, de acuerdo con el régimen
4
El 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 3
Administrativo de Pereira y del Tribunal Administrativo de Risaralda y vinculó a Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.
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aplicable y sin perjuicio de que, de manera paralela, continuaran adelantando la
gestión de sus procesos mediante las plataformas electrónicas que tengan
dispuestas para el efecto. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción
de la referencia.
15. El Juzgado 3 Administrativo de Pereira remitió copia del expediente de la
acción de cumplimiento; sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento frente a los
hechos expuestos en el escrito de tutela.
16. Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro guardó silencio, a pesar de haber sido
notificado en debida forma del auto admisorio de la acción de la referencia.
Sentencia impugnada
17. El 29 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante no cumplió con la carga
iusfundamental, dado que sus reproches buscan modificar el raciocinio de la
corporación enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir
alguna discusión que a primera vista justifique razonablemente una afectación
desmedida de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
18. Aclaró que si bien la entidad actora invocó la posible configuración del
defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que
pretende revivir un debate que fue zanjado por los jueces naturales de la causa,
pese a haberse expuesto las razones del por qué la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. debía publicar toda su actividad contractual
en el SECOP II, según el análisis interpretativo que realizó el tribunal del artículo 13
de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022.
19. Por tanto, estimó que la demandante no expuso algún cuestionamiento que
permitan inferir, siquiera de manera preliminar, la vulneración de alguna garantía
constitucional, pues lo que se observa es una discrepancia frente al razonamiento
que condujo a la autoridad judicial cuestionada a confirmar la decisión de primera
instancia.
20. Ahora, en lo que concierne al desconocimiento del precedente judicial,
indicó que la entidad accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida para
abordar de fondo el presente asunto, pues a pesar de que identificó las providencias
de la Corte Constitucional que, en su sentir, fueron desatendidas, no precisó la
incidencia que podría tener lo allí resuelto en la sentencia hoy controvertida.
Adicionalmente, precisó que la actora se limitó a mencionar las providencias de 31
de mayo de 2023 y 26 de junio del mismo año dictadas por el Juzgado 2
Administrativo de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, sin
proporcionar alguna información adicional, por lo que tampoco se justificó
adecuadamente ese planteamiento.
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Impugnación
21. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
afirmó que el debate planteado es esencialmente constitucional, ya que es con base
en los artículos 365 y 367 de la Constitución Política que se predica que los servicios
públicos y las entidades que los prestan tienen un régimen especial. Agregó que
para poder cumplir los fines constitucionales la Ley 142 de 1994, en sus artículos
30, 31 y 32 estableció que todos los prestadores de servicios públicos en materia
de acto y contratos se someten al derecho privado, y en el caso de los contratos
estableció que no es aplicable el Estatuto General de la Contratación pública. Para
sustentar jurisprudencialmente lo anterior, citó las Sentencias C-483 de 1996, C-
736 de 2007, C-338, C-539 y C-634 todas del 2011, C-263-13 y T-181 de 2014.
22. Adicionalmente, expuso que uno de los efectos del régimen jurídico especial
de los servicios públicos, es que el mismo solo es modificable por leyes especiales,
y por lo tanto no puede modificarse por leyes generales, como se ha hecho en este
caso, pues se ha asumido que la Ley especial 142 de 1994, fue modificada por la
ley general y ordinaria 2195 de 2022. Señaló que fue la Constitución Política, en el
artículo 365, la que dispuso que los servicios públicos no son función pública, sino
una actividad en competencia con los particulares que debe desarrollarse en
condiciones de igualdad.
23. Indicó que la reserva de la información de las Empresas de servicios
públicos está contenida en el literal C del artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, que
hace parte del bloque de constitucionalidad y además explicada en la sentencia C-
274 de 2013 que no solo declaró exequible la norma citada, sino que estableció
como regla que las empresas del Estado en escenario de competencia no están
obligadas a publicar informaciones que sus competidores no publican.
24. Finalmente, sostuvo que las decisiones censuradas desconocieron el
derecho al debido proceso y los principios de supremacía constitucional,
acatamiento del precedente constitucional, seguridad jurídica, confianza legítima y
cosa juzgada constitucional.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
26. Antes de plantear el problema jurídico que se desarrollará en esta instancia,
la Sala aclara que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al ser la autoridad
judicial que puso fin a la acción de cumplimiento, en tanto que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 3 Administrativo de Pereira.
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27. Adicionalmente, resulta preciso indicar que el argumento relativo al
desconocimiento de los pronunciamientos de constitucionalidad mencionados se
realizará a la luz de la causal de defecto sustantivo, por cuanto en ellos se define el
alcance de las normas analizadas.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Risaralda se
pronunció sobre las normas invocadas relativas a la reserva de documentos
relacionados con la actividad contractual en el SECOP II que, en criterio del actor,
deben tener las empresas de servicios públicos.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
29. En la presente acción de tutela (1) se encuentra satisfecho el requisito de
legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP es la titular de las
garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el Tribunal
Administrativo de Risaralda fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona
en el escrito de amparo; (2) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (3) se cumple el principio de inmediatez, ya
que la solicitud de amparo se presentó el 4 de diciembre de 2025, es decir, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 19 de agosto de esa
anualidad5; (4) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (5)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
30. En relación con la relevancia constitucional, contrario a la tesis adoptada
por el juez de primer grado, logró advertirse que esta exigencia se encuentra
satisfecha, toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión del
derecho fundamental al debido proceso; se argumentaron los reparos alegados, los
cuales se encuadraron en las causales de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, y (c) se trata de una discusión que trasciende la esfera legal,
por el posible impacto en el sector de los servicios públicos en general al ordenarse
la publicación total de la actividad contractual de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira SAS ESP que, a juicio del accionante, permitiría que los
competidores tengan acceso a información estratégica, empresarial y de gestión.
31. Así las cosas, la Subsección concluye que la acción de tutela cumplió con
todos los requisitos generales de procedencia, por lo que revocará la decisión de
primera instancia y, en ese sentido, estudiará el fondo de la controversia.
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Notificada por mensaje de datos el 20 de agosto de 2025.
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Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos
32. La Sala negará el amparo solicitado, con fundamento en las razones que a
continuación se exponen:
33. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, así como de los principios
de seguridad jurídica, confianza legítima, y cosa juzgada constitucional, los cuales
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al expedir la
Sentencia del 19 de agosto de 2025, comoquiera que incurrió en defecto sustantivo,
entre otras cosas, porque dicha empresa no financia sus contratos con recursos
estatales, sino con ingresos propios, lo que la exime de publicar su actividad
contractual en el SECOP II, según la Ley 2195 de 2022.
34. Además, señaló que el artículo 61 del Código de Comercio y la Ley 142 de
1994, permiten mantener en reserva los documentos contractuales en empresas de
servicios públicos domiciliarios, lo cual se ratifica mediante la Circular No. 02 de la
Presidencia, y que, en aplicación de la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y Ley
1712 de 2014, artículo 5, literal C, «se estableció como regla la reserva en los actos
propios de la actividad empresarial o gestión del servicio», por lo que solo deberían
publicarse aquellos vinculados directamente con los servicios que prestan. Resaltó
que hacer públicos los detalles de su gestión podría poner en riesgo su
competitividad y autonomía, al revelar información estratégica que debe
mantenerse en reserva para proteger su know-how frente a la competencia.
35. En la sentencia cuestionada en esta sede, el Tribunal Administrativo de
Risaralda confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 3 Administrativo de Pereira,
en el sentido de ordenar a la empresa mencionada acatar lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, y
en ese sentido, publicar toda la actividad contractual adelantada desde el 18 de julio
de 2022 en la plataforma SECOP II.
36. Para arribar a esta conclusión, la corporación accionada, en primer lugar,
transcribió el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022:
«[…] Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de
que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.
En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados
con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP
11- o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este Artículo, se
entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada
por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa
precontractual, como en la contractual y la postcontractual.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de transición
de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido
[…]».
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP
37. Posteriormente, el tribunal señaló que las empresas de servicios públicos
mixtas, al constituirse con capital público, también integran la estructura de la
administración. Precisó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A.S. E.S.P está constituida por capital público al menos en un 98.74% de sus
acciones y al mismo tiempo por capital privado, son una tipología especial de
entidades públicas, por lo que se concluye que en principio la redacción del artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 se
extiende también a ellas.
38. La autoridad accionada indicó que, a partir de la redacción de la norma
mencionada, debía determinarse si existía un mandato expreso para que la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado SA EPS mixta cumpla con la obligación de
publicar en la plataforma SECOP II, dado que se dispuso el deber de publicar los
contratos de las entidades estatales que cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
de acuerdo con el régimen aplicable y sin perjuicio de que, de manera paralela,
continúen adelantando la gestión de sus procesos mediante las plataformas
electrónicas que tengan dispuestas para el efecto.
39. En relación con el régimen de contratación, expuso que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, se expidió la Ley 142 de
1994 que establece todo un sistema de gestión y control interno para las empresas
de servicios públicos domiciliarios y, en su artículo 31, modificado por el artículo 3°
de la Ley 689 de 2001, previó que los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
salvo en lo que la ley disponga otra cosa. Por su parte, señaló que el artículo 32 de
la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de derecho privado para las empresas de
servicios públicos domiciliarios, indicando que, sus actos se rigen por los principios
y reglas aplicables a los particulares.
40. Precisó que, en atención a las finalidades de interés general que deben
perseguir todas las entidades públicas en sus actuaciones, independientemente del
régimen contractual aplicable y la exigencia de proteger el patrimonio público que
estas administran, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2011 positivizó una regla que se
venía decantando por vía doctrinal y jurisprudencial, esto es: «que la actividad
contractual de las entidades sometidas a un régimen exceptuado de derecho
privado u otro régimen especial previsto en la respectiva ley, por regla general, está
sujeta a los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, así como al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en el Estatuto General de
la Administración Pública».
41. Resaltó que, en atención al pronunciamiento emitido el 21 de marzo de
2025 por la Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado6, la Ley
2195 de 2022 estableció el deber de las entidades exceptuadas de publicar su
información contractual, sin hacer salvedades entre exceptuadas y/o especiales, o
por su régimen o naturaleza de los recursos, en la medida que corresponden a
reglas generales dirigidas a las entidades obligadas a publicar en el SECOP.
6 Proceso de nulidad simple con radicado 11001-03-26-000-2022-00190-00 (69162).
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42. Asimismo, explicó que si bien SATENA y Ecopetrol son sociedades de
economía mixta, su régimen de contratación es similar al de las empresas de
servicios públicos mixtas. La Ley 142 establece que el régimen de contratación de
estas empresas es de derecho privado, al igual que lo señala el artículo 6 de la Ley
118 de 2006 respecto a Ecopetrol. En este sentido, el Consejo de Estado ha
sostenido que las entidades públicas que contratan exclusivamente bajo las reglas
del derecho privado deben cumplir con la obligación de publicar su contratación en
el SECOP.
43. Por tanto, frente al debate acerca de la distinción que hace la accionante en
cuanto a que el régimen de la empresa de servicios públicos domiciliarios no tiene
un régimen exceptuado sino especial, consideró que ese planteamiento carece de
vocación de prosperidad, ya que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 no hizo la
distinción que hace la entidad accionada entre entidades exceptuadas del Estatuto
General de la Contratación de Administración Pública y especiales, y por ende, la
disposición normativa cuyo cumplimiento se pretende, sí le resulta exigible a los
regímenes que están regulados por normas legales propias y especiales.
44. Ahora, la Sala resalta que el accionante, en la impugnación formulada en
contra de la Sentencia proferida por el Juzgado 3 Administrativo de Pereira, discutió
el hecho de publicar en SECOP II toda su actividad contractual, en virtud de su
régimen de derecho privado y la protección de su información estratégica y
reservada. Para soportar lo anterior, citó el literal C del artículo 5 de la Ley 1712 de
2014, el artículo 61 del Código de Comercio, la Circular No. 02 de la Presidencia, y
la Sentencia C-274 de 2013 de la Corte Constitucional, en la que precisó que «no
toda la información contractual es pública ni debe ser divulgada de manera
irrestricta» y la Sentencia T-181 de 2014, que indicó que las empresas de servicios
públicos domiciliarios cuentan con un régimen jurídico y naturaleza especial, que
justifica condiciones diferenciadas de publicidad y confidencialidad.
45. No obstante, al estudiar juiciosamente el razonamiento efectuado por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, la Subsección advierte que el análisis
efectuado no puede calificarse como irrazonable, arbitrario o desproporcionado, en
la medida en que se funda en una interpretación plausible del artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. En efecto, el
precepto legal dispone que las entidades estatales deberán publicar su actividad
contractual en el SECOP II, sin introducir diferenciación alguna en atención al
régimen jurídico que les resulte aplicable, razón por la cual no le es dado al
intérprete establecer distinciones donde el legislador no las previó.
46. Bajo ese entendimiento, la conclusión del Tribunal en el sentido de imponer
dicha obligación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP
no solo resulta jurídicamente razonable, sino que se enmarca en una lectura
sistemática orientada a maximizar los principios de transparencia y publicidad de la
función administrativa.
47. En el mismo sentido, el hecho de que el juez de cumplimiento haya
ordenado la observancia de un mandato legal expreso no implica, por sí mismo, el
desconocimiento del régimen constitucional y legal especial que gobierna a las
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empresas de servicios públicos domiciliarios. Conviene recordar que la acción de
cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por
la Ley 393 de 1997, tiene como finalidad hacer efectivo el cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o actos administrativos que contengan un mandato claro,
expreso y exigible, como lo es el contenido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
48. Ahora bien, el hecho de que el Tribunal haya confirmado la orden impartida
en primera instancia, en el sentido de publicar la actividad contractual en el SECOP
II, no puede interpretarse en términos de que haya dispuesto la inobservancia de
otros mandatos legales vigentes, en particular aquellos relacionados con la reserva
de la información. En efecto, las decisiones judiciales deben ser comprendidas en
el marco del ordenamiento jurídico en su integridad, lo que impone una
interpretación sistemática y no aislada de los mandatos que en ellas se contienen.
Así, la orden de publicidad contractual no excluye ni desplaza la aplicación de las
disposiciones que consagran hipótesis de reserva o confidencialidad, las cuales
conservan plena vigencia y operatividad.
49. En esa medida, el deber de publicación previsto en el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022 debe interpretarse de manera sistemática y teleológica con el régimen
de acceso a la información pública. Así, aunque la norma impone la publicación de
la actividad contractual, ello no implica la divulgación de información sometida a
reserva legal, respecto de la cual subsisten restricciones legítimas de acceso.
50. Corresponde a las entidades, en el marco de sus competencias y bajo los
parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, identificar aquellos
documentos o contenidos que se encuentren amparados por reserva legal, así como
adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuada protección. En efecto,
la normativa vigente exige que la restricción de acceso a la información esté
debidamente justificada, de manera que la autoridad que invoque la reserva debe
acreditar su procedencia y alcance, conforme a los criterios legales aplicables. De
este modo, las obligaciones de publicidad y las reglas de reserva no se excluyen
entre sí, sino que coexisten y deben ser aplicadas de manera armónica,
garantizando tanto la transparencia de la gestión pública como la protección de la
información.
51. En ese orden de ideas, a partir de las consideraciones expuestas, la Sala
concluye que no se configura el yerro alegado por la parte actora, en tanto las
providencias cuestionadas se sustentan en una interpretación razonable y
jurídicamente defendible del marco normativo aplicable, sin que resulte posible
predicar de ellas arbitrariedad, irrazonabilidad o desconocimiento del ordenamiento
superior.
52. Por otro lado, en relación con el desconocimiento del precedente señalado
por la parte actora, es preciso advertir que las sentencias referidas reconocen que
las empresas de servicios públicos tienen fundamento constitucional, se rigen por
un régimen especial y que su actividad contractual se somete al derecho privado;
sin embargo, ninguna de dichas decisiones establece que estas entidades estén
exentas de cumplir mandatos legales en materia de transparencia o publicidad, ni
que el legislador tenga prohibido imponerles cargas en ese ámbito. De esta manera,
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las decisiones invocadas por la parte actora —incluidas aquellas relativas a la fuerza
vinculante del precedente constitucional— no contienen una regla sustantiva
específica sobre el alcance del deber de publicidad contractual de las empresas de
servicios públicos, por lo que no resultan pertinentes para estructurar el cargo
propuesto.
53. En ese contexto, la Sala advierte que las providencias cuestionadas no
desconocieron el precedente jurisprudencial invocado por la parte actora, en tanto
las decisiones de la Corte Constitucional citadas se limitan a reconocer la existencia
de un régimen jurídico especial para las empresas de servicios públicos
domiciliarios, sin fijar una regla que excluya la aplicación de mandatos legales en
materia de publicidad contractual. Así, ante la ausencia de una regla jurisprudencial
específica y directamente aplicable al problema jurídico objeto de análisis, no es
posible predicar la configuración de la causal de defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional. En consecuencia, el desacuerdo de
la parte actora con la interpretación adoptada por el Tribunal no se traduce en un
error en la providencia analizada, sino en una divergencia hermenéutica que no
tiene la entidad suficiente para estructurar el defecto alegado.
54. Por lo expuesto, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurrió
en la causal específica invocada por la parte actora. En consecuencia, al no
evidenciarse vulneración de derechos fundamentales, se negará el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el veintinueve
(29) de enero de dos mil veintiséis (2026) por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y, en su lugar, NEGAR
el amparo solicitado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS
ESP.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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