Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00190-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00190-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00190-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00190-00 (69162)
Actora: CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Demandada: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Asunto: NULIDAD
Temas: Los recursos públicos como un concepto amplio para determinar la
obligación de publicación en el SECOP de las entidades estatales exceptuadas del
Estatuto General de Contratación Pública.
Sin que se observe nulidad de lo actuado y teniendo en cuenta que fue derrotada
la ponencia del Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, motivo por el
hubo cambio de ponente1, la Sala procede a dictar sentencia de única instancia
dentro del presente asunto.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En la demanda se pretende la nulidad parcial de los artículos 1.1, 1.3 y 11.2 de la
circular externa única proferida el 15 de julio de 2022 por la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en adelante, CCE, con base en
los cargos que más adelante se detallarán.
II. ANTECEDENTES
A. La demanda
1. El 1 de noviembre de 2022, la sociedad Centrales Eléctricas del Norte de
Santander, en lo sucesivo CENS, presentó demanda a través del medio de control
de nulidad simple, contra la CCE, en los siguientes términos:
1. Que se declare la nulidad parcial de la Circular Externa Única de 2022
proferida por CCE en cuanto a los apartes que se subrayan a continuación
Parte final del inciso final del artículo 1.1:
1
Sala del 7 de febrero de 2025.
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
1.1. Quiénes deben publicar la actividad contractual en el SECOP (…)
Las Entidades Estatales que contratan con cargo a recursos públicos están
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin
que sea relevante, para la exigencia de esta obligación, su régimen jurídico,
naturaleza de pública o privada o la pertenencia a una u otra rama del poder
público. Esta obligación deberá cumplirse, inclusive, si la ejecución del contrato
no implica erogación presupuestal.
Inciso final del artículo 1.3.:
1.3. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP (…)
Respecto a los documentos que no son generados en línea, el SECOP II y la
TVEC permiten su publicidad. Para ello, se aplicará la misma regla de los tres
(3) días hábiles siguientes a la expedición, conforme con lo previsto en el
artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
Inciso inicial y final del artículo 11.2.:
11.2. Publicación de las ofertas
Con fundamento en el principio de transparencia y publicidad de las actuaciones
públicas, las Entidades Estatales, después de ocurrido el cierre del Proceso,
deben entregar las copias que se soliciten de las ofertas recibidas o publicar las
ofertas en el SECOP II, salvo aquella información sujeta a reserva legal. (…)
En los Procesos de Contratación que se adelanten en el SECOP II, la Entidad
Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación,
haciendo clic en la opción «publicar ofertas» para que sean visibles a todos los
proponentes. En los eventos en los que se presenten documentos con
información reservada, el SECOP II, antes de publicar las ofertas, brinda a las
entidades la opción de calificar dicha información como confidencial, lo cual
impide que los documentos se publiquen.
2. En el concepto de la violación se plantearon los siguientes cargos, cuyo
desarrollo, por fines metodológicos, se hará en el estudio puntual de la Sala:
2.1. Falta de competencia por: (i) “violación de la disposición constitucional que
reserva al legislador la función de interpretar, reformar y derogar las leyes”; y (ii)
“violación de la disposición constitucional que reserva al Presidente de la República
la función indelegable de reglamentar las leyes”.
2.2. “Falsa motivación de la Circular Externa Única de 2022 para regular situaciones
sin habilitación legal e indebida interpretación de sus facultades”.
2.3. “Infracción de las normas en que debería fundarse - violación de las
disposiciones legales que exceptúan a las empresas de servicios públicos
domiciliarios del estatuto general de contratación”.
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
B. La contestación de la demanda
3. La CCE contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y señaló los
fundamentos que sostienen la legalidad de las disposiciones censuradas.
3.1. Refirió que la Ley 1712 de 2014 definió como sujetos obligados a publicar la
información relacionada con su contratación, a todas las entidades que ejerzan
funciones públicas o que ejecuten recursos públicos, así como las empresas del
Estado y sociedades en las que éste tenga participación, sin importar su monto -
norma desarrollada por el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015-. Precisó
que el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 ya había señalado que el SECOP debía
contar con la información oficial de toda la contratación realizada con dineros
públicos, y que con la Ley 2195 de 2022 se estableció el deber de las entidades
exceptuadas de publicar su información contractual, sin hacer salvedades por su
régimen o naturaleza de los recursos.
3.2. Como medios exceptivos, planteó los siguientes:
3.2.1. “Cumplimiento de los deberes propios”, ya que la ley le asignó competencia
para difundir las mejores prácticas en contratación pública, en calidad de ente rector
en materia de contratación estatal y administrador del SECOP.
3.2.2. “Inexistencia de violación de la disposición constitucional que reserva al
legislador la función de interpretar, reformar y derogar las leyes”, dado que le
compete definir operativamente cómo se debe cumplir la obligación de publicidad
fijada en el art. 53 de la Ley 2195 de 2022.
3.2.3. “Inexistencia de violación de la disposición constitucional que reserva al
Presidente de la República la función indelegable de reglamentar las leyes”, al
sostener que la circular demandada no reglamenta el art. 53 de la Ley 2195 de 2022,
sino que el actor la interpreta y agrega salvedades que la ley no fijó.
3.2.4. “Inexistencia de falsa motivación de la Circular Externa Única de 2022 para
regular situaciones sin habilitación legal e indebida interpretación de sus
facultades”, al afirmar que el actor hizo transcripción de apartes jurisprudenciales
sin indicar el fundamento de esta censura; además, sólo reiteró los cargos
anteriores.
3.2.5. “Inexistencia de infracción de las normas en que debería fundarse - violación
de las disposiciones legales que exceptúan a las empresas de servicios públicos
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
domiciliarios del estatuto general de contratación”, pues la circular demandada no
desconoce que el régimen de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el
derecho privado, y la herramienta del SECOP sólo ofrece la forma de cumplir con la
publicidad que ordenó el legislador. El término de tres (3) días para publicar en el
SECOP está fijado por ley.
C. Coadyuvancia
4. Como coadyuvantes del actor intervinieron: (i) Aguas de Malambo S.A. ESP; (ii)
Empresas Públicas de Medellín S.A. ESP; (iii) Aguas Regionales EPM S.A. ESP;
(iv) Electrificadora de Santander S.A. ESP; (v) Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
ESP BIC; (vi) Caribemar de la Costa S.A.S. ESP; (vii) Empresas Varias de Medellín
S.A. ESP; y (viii) Aguas Nacionales EPM S.A. ESP, insistiendo todas ellas en las
pretensiones y cargos formulados por el actor.
D. Adecuación del trámite procesal
5. Mediante proveído del 20 de junio de 2023 se dispuso adecuar el presente trámite
al de sentencia anticipada. No hubo solicitudes probatorias de las partes ni de los
coadyuvantes, salvo la circular demandada que fue aportada al proceso; se efectuó
la fijación del litigio y se ordenó prescindir de la audiencia inicial.
E. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
6. En sus alegatos, el actor, los coadyuvantes y CCE reiteraron sustancialmente los
argumentos esgrimidos en sus intervenciones.
7. El Ministerio Público pidió declarar la nulidad de la expresión contenida en el
inciso final del numeral 1.1. de la circular demandada, que indica: “Esta obligación
deberá cumplirse, inclusive, si la ejecución del contrato no implica erogación
presupuestal”, pues el artículo 53 de la citada Ley 2195 adicionó la Ley 1150 de
2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con Recursos Públicos” (resaltado del texto), de modo que trata
aspectos contractuales únicamente vinculados con la ejecución de recursos de esta
naturaleza.
7.1. Puntualizó que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 está ubicado en el Título
II que establece “DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN CON
RECURSOS PÚBLICOS”, de modo que corresponde a una disposición dirigida a
4
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
regular la actividad contractual en la que se ejecuten tales recursos; tesis
concordante con la interpretación del literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
7.2. Pidió negar las pretensiones de nulidad parcial de los numerales 1.3 y 11.2
demandados, en el entendido que la publicación en el SECOP se contrae a la
actividad contractual con recursos públicos, de modo que las disposiciones
acusadas no adolecen de vicios, pues se adecúan al art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto
1082 de 2015.
7.3. En cuanto atañe a las empresas de servicios públicos domiciliarios, señaló que
cuando los recursos ejecutados en sus procesos contractuales no tengan el carácter
de públicos, los presupuestos demandados de los artículos 1.3. y 11.2 de la circular
externa no le son aplicables, pues su régimen de contratación estipula que no están
sujetos a las disposiciones del EGCAP.
III. CONSIDERACIONES
F. De la jurisdicción, competencia y medio de control
8. Atendiendo a la naturaleza pública de CCE, esta controversia es de conocimiento
de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA.
9. Corresponde a la Sala conocer en única instancia la presente demanda de
nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
10. Lo anterior por tratarse de un acto expedido por una entidad del orden nacional,
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- que, de
acuerdo con el artículo 1º del Decreto Ley 4170 de 2011, es una Unidad
Administrativa especial, descentralizada, perteneciente a la rama ejecutiva y
adscrita al Departamento Nacional de Planeación, así que esta Corporación está
habilitada para avanzar en el juicio de legalidad propuesto.
11. Vale precisar que, aunque el acto enjuiciado perdió vigencia al ser sustituido en
su integridad por la circular externa única expedida el 27 de diciembre de 20232, ello
2
Circular identificada con el Código CCE-EICP-MA-06, publicada por CCE, en la que expresamente
se indicó: “esta sustituye íntegramente la anterior Circular Externa Única que incluía las
actualizaciones de la versión 02 de 15 de julio de 2022, la cual queda sin efectos” (pág. 5). Disponible
en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_unica_ve
rsion_3_vf49.pdf.
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
no impide adelantar el examen de que trata el medio control promovido, pues ante
los efectos que el mismo produjo, tal escrutinio no está condicionado a la
pervivencia del acto sino que se remonta a la verificación de sus elementos de
origen en contraste con el ordenamiento jurídico en un examen de legalidad
objetiva, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones esta Corporación3.
12. El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) regula el medio de control
jurisdiccional de simple nulidad; el inciso tercero de la disposición establece que
“también puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de
los actos de certificación y registro”.
13. Las circulares de servicio son manifestaciones de la voluntad de la
administración que contienen instrucciones o indicaciones dirigidas a la colectividad
o a un grupo específico de entidades, servidores públicos o de ciudadanos en
relación con un asunto o situaciones concretas de diversa índole como situaciones
administrativas, sociales, económicas, laborales, jurídicas, metodológicas, entre
muchas otras.
14. Las circulares de servicio se clasifican, según sus efectos, en externas o
internas, las primeras son las que desbordan el ámbito interno de la administración
y, por consiguiente, afectan situaciones de los particulares o de los ciudadanos;
contrario sensu, las segundas, contienen meras orientaciones o instrucciones para
los servidores y agentes estatales vinculados con la correspondiente entidad
pública.
15. Se ha entendido que las circulares externas, dado su alcance, son objeto de
control judicial, mientras que la internas lo serán en la medida que produzcan
efectos jurídicos.
16. La Sección Primera de esta Corporación, en vigencia del CPACA, se ha movido
entre un entendimiento amplio y uno restrictivo sobre el alcance del control judicial
de tales actos. Efectivamente, ha dicho que todas las circulares son objeto de
control judicial4; sin embargo, su postura se ha decantado por exigir la existencia de
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, exp. 56.307,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de
noviembre de 2014, expediente no. 2012-00533, MP Guillermo Vargas Ayala.
6
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
efectos jurídicos, es decir, que se trate de verdaderos actos administrativos5,
entendimiento por el que aquí se decanta la Subsección6.
17. En ese marco normativo y jurisprudencial, se tiene que la circular del 15 de julio
de 2022 proferida por CCE constituye, formal y materialmente un acto administrativo
pasible de control jurisdiccional, puesto que, además que reiteró la carga de publicar
en el SECOP a las entidades estatales exceptuadas (1.1), es posible predicar de
ella efectos jurídicos frente a terceros al señalar la oportunidad para publicar (1.3),
las reglas para casos especiales o particulares (1.8), el uso del SECOP para
auditorías, veedurías ciudadanas y órganos de control (1.9), los lineamientos para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (5.3), la acreditación de la situación
militar (9), la acreditación de la formación académica (10), la forma de publicación
de las ofertas (11.2), la obligatoriedad del uso de documentos tipo (13) y las reglas
para la contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación (15), entre
otras.
G. Análisis de los cargos objeto de la litis
18. La Sala emprenderá el análisis de los cargos formulados de la siguiente forma:
H. Frente al numeral 1.1. de la circular del 15 de julio de 2022
19. El numeral 1.1. de la circular demandada precisa quiénes deben publicar la
actividad contractual en el SECOP. Para lo que aquí interesa, dispuso (lo
demandado se resalta):
Las Entidades Estatales que contratan con cargo a recursos públicos están
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que
sea relevante, para la exigencia de esta obligación, su régimen jurídico, naturaleza
de pública o privada o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Esta
obligación deberá cumplirse, inclusive, si la ejecución del contrato no implica
erogación presupuestal (se destaca).
20. Son dos los cuestionamientos que configuran este cargo de ilegalidad, los
cuales serán analizados de manera conjunta al compartir lazos conceptuales de
cara a los contenidos normativos a los que se atribuyen los vicios aducidos:
a. “violación de la disposición constitucional que reserva al legislador la función de
interpretar, reformar y derogar las leyes” y
b. “violación de la disposición constitucional que reserva al Presidente de la República
la función indelegable de reglamentar las leyes”
5
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 22 de octubre de 2021, exp. 2017-00142, M.P.
Oswaldo Giraldo López y del 6 de agosto de 2021, exp. 2018-00113, M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
6
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 4 de octubre
de 2024, exp. 70713, M.P. Fredy Ibarra Martínez. Confirmado por auto del 17 de enero de 2025.
7
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
21. Con argumentos similares a los que pasan a exponerse también se adujo la
falsa motivación de los actos demandados.
22. La parte actora señala que el acto demandado transgredió el numeral primero y
el inciso final del artículo 150.1 de la Constitución Política, por cuanto la circular
cuestionada amplió el alcance del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, al señalar que la obligación de las
entidades con régimen especial de publicar su actividad contractual en el SECOP
debía cumplirse, inclusive si la ejecución del contrato no implica erogación
presupuestal, invadiendo así la órbita del legislador.
22.1. A su juicio, las únicas normas de la Ley 1150 de 2007 aplicables a las
entidades con régimen de contratación diferente del EGCAP, como las Empresas
de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD), son las contenidas en su título II. Así
que la interpretación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 no puede exceder dicho
marco.
22.2. Agregó que ello es consistente con la interpretación del Consejo de Estado 7
respecto del literal c) del artículo 3 de la citada Ley 1150, que al definir el ámbito de
aplicación del SECOP indicó que en dicho sistema se incluiría sólo la “información
oficial de la contratación realizada con dineros públicos”, de modo que al vicio de
falta de competencia materia de esta censura se suma el de infracción a las normas
en que debía fundarse. Interpretación que adujo que incluso CCE ha acompañado
en sus propios conceptos.
22.3. Con igual perspectiva, pero en función reglamentaria, adujo que el precepto
demandado viola las competencias asignadas por la Constitución Política al
Presidente de la República para reglamentar las leyes –núm. 11 del art. 189
superior–, puesto que a través de la circular sub examine CCE reglamentó
directamente los contratos que deben publicarse en el SECOP, extralimitando el
postulado del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, al señalar que tal obligación se
extendía a los contratos que celebren las entidades públicas excluidas del régimen
de contratación estatal, aun cuando no ejecuten recursos públicos.
23. La Agencia demandada se opuso a tal reproche. Sostuvo que la obligación de
las entidades estatales no sometidas al EGCAP de publicar los documentos de su
7
Aunque no se identifica de manera completa, con los datos y la transcripción de la demanda se
concluye que se refiere al auto del 14 de agosto de 2017, exp. 58.820 de la Subsección C de esta
Corporación, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
8
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
actividad contractual en el SECOP, con o sin erogación de recursos públicos, surgió
expresamente del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 que fijó tal deber de publicidad
y al hacerlo no introdujo las distinciones que pretende el actor; la única excepción
autorizada se refiere a los documentos que por expresa disposición legal están
sujetos a reserva.
23.1. Así que CCE, como administrador del SECOP II, únicamente dictó los
lineamientos para que las entidades no sometidas al EGCAP dieran cumplimiento
al referido artículo 53, sin que en esa tarea pudiera establecer una excepción al
deber de publicidad que la misma ley no previó; insistió en que la circular
demandada no reglamenta el citado artículo sino que el actor, al interpretarlo, le
agrega salvedades que la norma no fijó.
23.2. Indicó que la jurisprudencia y los conceptos emitidos por CCE citados en la
demanda son anteriores a la Ley 2195 de 2022 y que el alcance del artículo 3 de la
Ley 1150 de 2007, que reglamenta el deber de publicidad en el SECOP cuando la
contratación se ejecute con cargo a recursos públicos, no impide que el legislador
hubiera establecido con posterioridad tal deber en cabeza de las entidades estatales
con régimen de contratación especial.
24. Para decidir, la Sala iniciará por citar el texto del artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en su parte pertinente,
que la parte actora aduce como desbordado, así:
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (…)
En desarrollo de los anteriores principios [se refiere a los de la función
administrativa y gestión fiscal], deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual
los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes,
contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa
precontractual, como en la contractual y la poscontractual (se destaca).
25. La obligación que impuso el aparte en cita tiene unos destinatarios claros que
son las “entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública” (inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007).
26. Al tiempo, dicha carga se concretó en el deber de “publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual”, entendida esta última como “los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la
contractual y la poscontractual”, en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.
27. Prima facie, la Sala no observa la limitación que alega la parte actora.
Efectivamente, los destinatarios de dicha obligación deben publicar su actividad
contractual, sin que, en ningún momento, se excluya aquella que no implique
erogación presupuestal. Siendo así, donde la ley no distingue, tampoco le es posible
hacerlo al intérprete -ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus-.
28. De tal forma que resulta contradictorio que la parte actora sostenga que las
entidades reguladas en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 sólo están sometidas
al Título II de esta ley, cuando precisamente el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022
adicionó un artículo que hace parte de dicho Título y que las sometió, sin
distinciones, al deber de publicación en la plataforma transaccional que allí se
indica.
29. Entonces, de existir un exceso en dicha carga, tal defecto no está en la circular
demandada, toda vez que esta se limitó a reproducir la ley. Entonces, el destino real
del ataque sería esta última, cuestión que no se podría revisar aquí, por cuanto
desborda la jurisdicción de esta Corporación.
30. Así, resultarían excesivas las elucubraciones alrededor del concepto de
recursos públicos, que bien pudieran corresponder a lo que entiende la parte actora,
puesto que si así fuera, lo cierto es que fue el propio legislador, a través del artículo
53 de la Ley 2195 de 2022, el que decidió ampliar el alcance del concepto, siguiendo
la línea argumentativa de la demanda, por lo que tal ejercicio, en esta sede,
desembocaría en una limitación al propio legislador y no al acto administrativo
demandado, que es lo corresponde a esta instancia.
31. La Sección, al anular otras circulares de 2013 y 2015 de CCE, en las que se
amplió la obligación de publicación en el SECOP a toda la actividad contractual de
las entidades estatales exceptuadas, precisó que es evidente que, al momento de
expedirse los actos administrativos demandados (del año 2013 y 2015), el artículo
3º de la Ley 1150 no establecía el deber de publicar toda la actividad contractual de
las entidades estatales exceptuadas, pero que ello sí se habilitó con la Ley 2195 de
20228. Aunque se define el contenido del mandato de publicar, no del concepto de
recursos públicos, como aquí se estudia, lo cierto es que se ponen de presente los
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 octubre de 2023, exp. 56151,
acumulado, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
cambios que sobre el tema introdujo el legislador y su línea amplificadora frente a
su cumplimiento en relación con dichas entidades.
32. Además, tampoco en una interpretación finalística y sistemática es posible
concluir que la carga que impuso el legislador de 2022 fue sólo para los contratos
en que median recursos públicos, entendidos como erogación presupuestal y, en
esa medida, que la circular, en el aparte del artículo en revisión, desbordaría el
espíritu de la Ley 2195. La Sala se aparta de dicho entendimiento, por lo que pasa
a exponerse:
33. La Ley 2195 de 2022 tuvo como objeto “adoptar disposiciones tendientes a
prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las
entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el
fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la
confianza ciudadana y el respeto por lo público” (artículo 1º).
34. Como se observa, el ámbito de la norma se dirigió a todas las entidades del
Estado, sin que se circunscribiera a los recursos públicos como apropiaciones
presupuestales, sino al respeto “por lo público”, es decir, una finalidad más amplia
que la meramente presupuestal o una simple erogación de dineros con el carácter
referido. Fue así, como en el Capítulo VIII, artículo 53, sobre las disposiciones en
materia contractual para la moralización y la transparencia, nuevamente, con
sentido holístico, que no restrictivo, dispuso la adición del artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, en los términos ya citados.
35. La Ley 1150 de 2007, en su Título II, al regular las disposiciones generales para
la contratación con recursos públicos, tampoco adoptó una concepción cerrada o
técnica presupuestal del concepto de “recursos públicos”, sino que más bien lo
empleó como una forma de ampliar el criterio subjetivo de aplicación del del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, tal como lo ha entendido esta
Corporación, así9:
11.7.- (…) Considera este Despacho que una razón de peso que debe ser
abonada en este caso es el hecho de que con la Ley 1150 de 2007 se inauguró
en el sistema jurídico colombiano un concepto de contrato estatal que ya no
gravita, por entero, alrededor del criterio orgánico recogido en la Ley 80 de 1993
en los artículos 1° (…), 2°(…) y 32 (…); pues desde el mismo título de la Ley y
a lo largo de diversos apartes de su articulado se advierte el afán del legislador
de vincular el recurso público como uno de los ejes definitorios del contrato
estatal, que no el único, como se lo puede ver con lo preceptuado, por caso, en
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de agosto de 2017, exp. 58.820,
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Mediante sentencia del 29 de octubre de 2024, M.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, se declaró la cosa juzgada respecto de la sentencia de la Subsección B
del 19 octubre de 2023, exp. 56151, acumulado, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
11
Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
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Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
el título de la Ley “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, lo que se repite en el
artículo 1°, así: “La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en la
Ley 80 de 1993, así como dictar disposiciones generales aplicables a toda
contratación con recursos públicos” y encuentra clara relación de concordancia
con el artículo 13° cuando vincula, inclusive, a las Entidades con régimen
contractual excepcional al Estatuto General a la observancia de los principios
constitucionales de la función administrativa, la gestión fiscal y al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades10.
11.8.- Tal cuestión denota, entonces, la preocupación del legislador por
concretar conceptualmente la noción de la contratación estatal más allá de la
identificación subjetiva del órgano que ejerce tal actividad e, inclusive, del
régimen jurídico que aplique, pues, en suma, en nada se ve alterado el concepto
de contrato estatal porque resulte aplicable el régimen del derecho privado,
pues la noción determinante no proviene de esa fuente, sino que está
concretada por la vía instrumental que quiso recalcar la Ley 1150 de 2007: la
presencia del recurso público en la actividad contractual. Así, allí donde
se advierta la intervención de recurso público se estará en presencia de
un contrato estatal, sin perjuicio de la sustantividad del derecho que le
resulte aplicable.
11.9.- Por ende, si se vincula este razonamiento con el objeto de discusión de
la medida cautelar, se sigue que (i) el deber de dar cuenta de la información
contractual oficial no se determina en razón a la naturaleza de la entidad
ejecutora (pública o privada), (ii) tampoco se desprende del régimen sustantivo
contractual que aplique, sea el del Estatuto General de Contratación o los
regímenes exceptuados y (iii) sí se establece en razón a la presencia de
recursos públicos involucrados en la contratación que maneje la Entidad, sin
consideración ulterior. Por consiguiente, otra conclusión natural de lo que se
viene de decir es que la exigibilidad prevista en el literal c) del artículo 3° de la
Ley 1150 de 2007 y aquella reflejada en la Circular Externa sobre deber de
informar no alteran ni trastocan el régimen jurídico contractual, por la potísima
razón que lo único que impone o carga a cuenta de los sujetos obligados es
hacer público, publicitar, reportar, informar ciertos asuntos específicos: la
completa actividad contractual que hayan ejecutado con cargo a tales
recursos públicos, de donde se desprende que no se estructura ese deber
informativo en relación a los negocios que celebren con cargo a recursos de
otra índole (se destaca).
36. Además, la providencia en cita destacó el alcance del deber de información
contenido en la Ley 1150 de 2007, en línea con el derecho convencional, así11:
11.10.- Y agrega este Despacho la razonabilidad del deber de informar
establecido en la Ley 1150 de 2007, pues como se advirtió en el acápite sobre
el derecho de acceso a la información pública, los estándares convencionales
sobre esta materia dan cuenta que el objeto de ese derecho no se agota en la
información que está en poder, es producida o controlada por cualquier
autoridad estatal sino que también se extiende a la de otros sujetos, sin
distinción de su naturaleza y/o régimen, que desempeñan funciones o servicios
públicos o manejan recursos públicos; lo que ya se tenía bien averiguado en el
sistema interamericano como se expuso anteriormente cuando se anotó: “Se
entiende por aquella la información (…) que está en poder de quienes
10
Cita original: Ley 1150 de 2007. Artículo 13. Principios Generales de la Actividad Contractual para
entidades no sometidas al Estatuto General de la Contratación Estatal de la Administración
Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
11
Ibíd.
12
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administran servicios12 y fondos públicos13-14, únicamente respecto de esos
servicios o fondos” y que vino a ser reiterado acertadamente en el artículo 5° de
la Ley 1712 de 2014 en su literal f) al identificar como sujetos obligados a “f) las
entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de
naturaleza u origen público” quienes, inter alia, deben brindar como información
mínima obligatoria “Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de
adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución
de contratos, incluidos concursos y licitaciones”, como lo prevé el literal g) del
artículo 11 de esa misma obra legislativa. En pocas palabras, la carga
informativa a ser sufragada por los sujetos obligados es de profundo calado y,
de momento, aparece bien lejana a la postura minimalista que ha argumentado
la Fundación demandante en sus intervenciones escritas y orales.
11.11.- Agrega el Despacho que ello es ajustado al ordenamiento jurídico
convencional en tanto que el tener noticia sobre la suerte y la buena
administración que se haga del recurso y los bienes públicos es una legítima
inquietud de toda persona interesada por los asuntos públicos, en tanto sujeto
democrático activo, que contribuye a la creación de un espacio de rendición de
cuentas y aúna esfuerzos para luchar contra la corrupción y otras prácticas
malsanas que atentan contra los principios de la buena gobernanza pública15.
11.12.- Además, no puede dejar de traerse a la memoria a esta altura que en
todo asunto donde se debate sobre la información pública el principio de
máxima divulgación o publicidad opera como criterio rector que garantiza, en
línea de principio, la presunción según la cual toda información en posesión o
bajo control o custodia de un sujeto obligado (y ya se sabe que quienes manejan
recursos públicos y/o hacen contrataciones con recursos públicos son obligados
a tenor de la Ley 1150 de 2007 y 1712 de 2014) está llamada a ser pública y no
habrá lugar a ello solo cuando se configure alguna de las precisas y
excepcionales razones que el ordenamiento jurídico prevé para considerarla
reservada o limitada, las que, prima facie, este juez no encuentra configuradas,
a lo que habrá de agregarse, por lo demás, que la formulación de tales
12
Cita original: Cfr. Principios de Lima. 16 de noviembre de 2000. 2. El acceso a la información en
una sociedad democrática. “Todas las personas tienen derecho a fiscalizar de manera efectiva la
labor de la administración estatal, de los poderes del Estado en general y de las empresas que
prestan servicios públicos (…)”.
13
Cita Original: “2. El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos
en todos los niveles de gobierno, (…) y organizaciones que operan con fondos públicos o que
desarrollan funciones públicas.” Comité Jurídico Interamericano. CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08) 7 de
agosto de 2008.
14
Cita original: “19. El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las
autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles
de gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten
servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. Respecto de estos
últimos, el derecho de acceso obliga a suministrar información exclusivamente respecto al manejo
de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones
públicas mencionadas.”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de acceso a
la información en el Marco Jurídico Interamericano. 2° Ed., OEA/Ser.L/V/II, 2012, párr. 19.
15
Cita original: “4.8.- Así afirmado, resulta que no se trata de un enunciado meramente programático
o aspiracional, pues el mismo trata, antes que nada, de la adscripción de un verdadero derecho
fundamental a la Buena Administración o, lo que es lo mismo, la manifestación de una suerte de
posiciones jurídicas, protegidas por el ordenamiento, de defensa, prestación positiva e igualdad cuya
titularidad recae sobre los administrados. 4.9.- Así, los contornos de este derecho no implican cosa
diferente a la garantía material o efectiva de ejercer una función administrativa volcada, de manera
decidida, hacía la satisfacción de los derechos e intereses de los administrados, a la concreción de
los principios convencionales y constitucionales en el proceder de la administración acorde al
estándar de la debida diligencia, en la revaloración del principio de legalidad comprendido éste desde
una perspectiva sustancial y garantística por oposición a estrechas lecturas formalistas, en la
ponderada y suficiente motivación de las decisiones que se adopten, en el despliegue de una gestión
oportuna y eficaz, en la realización del principio de economía como criterio rector de la acción
administrativa, en la transparencia de su obrar y todas aquellas otras circunstancia que se tornan
esenciales para satisfacer un postulado básico y axial en el marco del Estado Social y Democrático
de Derecho cual es el de reconocer el empoderamiento de los ciudadanos como titulares de
derechos y, por consiguiente, merecedores de una gestión administrativa de calidad.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de
octubre de 2016, Exp. 55813.
13
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excepciones de un caso concreto impone una fuerte carga argumentativa sobre
quien así plantea la cuestión.
11.13.- Las razones expuestas, que apenas constituyen un juicio preliminar
sobre la medida cautelar, llevan a este Despacho a considerar que, a esta altura
de la actuación procesal, no se reúnen elementos suficientes para configurar
una violación a la potestad legislativa prevista en el artículo 150.1 de inciso final
de la Constitución Política, pues entiende como argumento razonable afirmar
que el deber de información a quienes contratan con recursos públicos ya se
encontraba previsto en el ordenamiento jurídico interno desde la Ley 1150 de
2007, sin perjuicio de su existencia, también, en el escenarios de los estándares
convencionales sobre el derecho humano fundamental al acceso a la
información pública.
37. En efecto, la expedición de la Ley 1150 estuvo en el centro de una álgida
discusión sobre si las entidades estatales que desarrollan su actividad en
competencia, como lo son, entre otras, las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta, tienen un régimen jurídico contractual
propio o se integran a la universalidad pretendida por la Ley 80 de 1993. Esta última
posición fue defendida por el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la
Nación en las discusiones del proyecto de ley respectivo16.
38. En tal dirección, la doctrina advierte que uno “de los puntos de mayor
controversia fue justamente el régimen para las empresas del Estado y, finalmente,
se llegó a una transacción entre los partidarios de la homogeneidad y quienes
abogaban por las diversidad de regímenes”17. Así, “ya que el Estado seguirá
actuando como empresario, y ya que se insistió en que dentro de la ley se hiciera
mención de este tipo de empresas, se dispuso como regla general la sujeción al
estatuto (vale decir Leyes 80 y 1150)”18.
39. En el marco de dicha discusión, el concepto de recursos públicos fue el eje
fundamental para justificar la aplicación del derecho público, hasta el punto de que
su presencia habilitaba una interacción, una mixtura, entre el régimen jurídico
contractual privado de las empresas del Estado y los principios de la función pública
y el gasto público, así como las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de
1993.
40. Entonces, el objeto de la Ley 1150 de 2007 (artículo 1º) “trasciende el aspecto
de la contratación estatal para abarcar “toda la contratación con recursos públicos”19
16
Varios autores. La Ley 1150 de 2007 ¿Una respuesta a la eficacia y transparencia de la
contratación estatal? Rocío Araújo Oñate (Editora Académica). Editorial Universidad del Rosario,
2011. Bogotá. Actos y contratos con objeto directo de empresas y sociedades en la Ley 1150 de
2007, Luis Ignacio Betancur Escobar, p. 373.
17
Ibíd, p. 373.
18
Ibíd. p. 374.
19
Ob. cit. Una aproximación a la Ley 1150 desde el derecho económico, Fernando Álvarez Rojas, p.
46.
14
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y, por lo tanto, es “la proveniencia pública del recurso la que determina los sujetos
regulados”20. En todo caso, esta norma fue modificada por la Ley 2195 y debe
entenderse en función de ella.
41. Por consiguiente, se trata de un concepto más allá de lo presupuestal o del gasto
de los dineros públicos o de su concepción eminentemente técnica, puesto que
corresponde a la existencia misma de recursos con origen público que justifican la
determinación del régimen jurídico de las empresas del Estado.
42. Por su parte, el SECOP integra “el Registro Único Empresarial de las Cámaras
de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que
involucren la gestión contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley
598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a
la contratación pública” (literal d) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007), lo que
confirma una tendencia unificadora alrededor del concepto de recursos públicos .
43. Ahora, la referencia desarticulada que hace la parte actora del literal c) del
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, que señala que el SECOP contará “con la
información oficial de la contratación realizada con dineros públicos”, tampoco
justifica un entendimiento cerrado como el propuesto, toda vez que debe entenderse
como uno de los elementos que integran dicha herramienta, pero no el único.
Además, dicha ley fue modificada por la Ley 2195 de 2022 y debe entenderse en el
marco de esta.
44. En efecto, el literal b) del artículo 3 de la Ley 1150 señala que el SECOP
contendrá las funcionalidades tecnológicas para realizar los procesos de
contratación electrónicos bajo los métodos de selección del artículo 2 de dicha ley,
entre los que está la enajenación de bienes del Estado (literal e) del artículo numeral
2 del artículo 2 ejusdem), que no supone erogación presupuestal, pero que, sin lugar
a dudas, involucra un recurso de origen público y, por lo tanto, el cumplimiento de
la obligación de utilizar la herramienta de contratación digital referida. Aún cuando
lo expuesto no resulta aplicable a las entidades estatales exceptuadas, ilustra que
el concepto de recursos públicos, es multicomprensivo.
45. Esta Corporación tampoco ha acogido la interpretación que propone la parte
actora sobre el concepto “recursos públicos”. La providencia que se cita en la
20
Ibíd, p. 46.
15
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demanda21 se produjo en el marco de una nulidad simple en contra de unos apartes
de la circular externa n.° 01 del 21 de junio de 2013, proferida por CCE, que, en su
parte pertinente, decía:
Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a
publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza
de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público.
Las instituciones que ejecutan recursos públicos sin ser entidades del Estado
están obligadas a publicar en el SECOP su actividad contractual que se ejecute
con cargo a recursos públicos.
46. En esa oportunidad, la demanda se concretó en vicios por falta de competencia.
En punto sobre lo que aquí interesa, se alegó la violación del numeral 1 del artículo
150 Superior, puesto que se invadía la competencia del legislador, si se tenía en
cuenta que el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 obligaba a publicar la
“información contractual”, que la parte actora reducía al plan de adquisiciones,
mientras que la circular la extendía a toda la “actividad contractual”; se adujo que
así se amplió la aplicación del SECOP a las entidades exceptuadas; en los demás
cargos se señaló la violación de la competencia reglamentaria, de inspección y
vigilancia del presidente de la República, para lo cual se refirió a los numerales 11
y 25 del artículo 189 Superior; finalmente, se estimó violado el objeto de la CCE
definido en el Decreto Ley 4170 de 2011.
47. Como se observa, lo planteado en aquella ocasión dista de la que aquí ocupa a
la Sala, en la medida que gira en torno a las expresiones “información contractual”
y “actividad contractual” y la extensión a las entidades estatales exceptuadas,
además de la violación de las competencias del presidente de la República, como
del objeto para el cual fue creada CCE, pero no así sobre el alcance del concepto
de “recursos públicos”. Lo mismo habría que decir sobre las providencias que
definieron dichos asuntos y que ya fueron citadas.
48. La falta de competencia se centró en la “violación de la disposición constitucional
que reserva al legislador la función de interpretar, reformar y derogar las leyes”, la
“violación de la disposición constitucional que reserva al Presidente de la República
la función indelegable de reglamentar las leyes” y, con argumentos similares, la falsa
motivación, toda vez que se impuso una carga por fuera de lo dispuesto en la ley,
que, como quedó visto, no está demostrada, sino que CCE se limitó a la divulgación
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de agosto de 2017, exp. 58.820,
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Este proceso finalizó con la sentencia que declaró la cosa
juzgada en relación con la sentencia de la Subsección B del 19 octubre de 2023, exp. 56151,
acumulado, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
16
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de las normas sobre contratación pública, en los términos del Decreto 4170 de 2011
y, por lo tanto, se impone negar las pretensiones de la demanda.
I. La nulidad del inciso final del numeral 1.3 y los incisos primero y último del
numeral 11.222
49. Para empezar, la Sala estima necesario reproducir en este punto el texto de las
dos disposiciones atacadas (se subraya el objeto del reproche):
1.3 Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP (…)
Respecto a los documentos que no son generados en línea, el SECOP II y la
TVEC permiten su publicidad. Para ello, se aplicará la misma regla de los tres
(3) días hábiles siguientes a la expedición, conforme con lo previsto en el
artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015”.
11.2. Publicación de las ofertas
Con fundamento en el principio de transparencia y publicidad de las actuaciones
públicas, las Entidades Estatales, después de ocurrido el cierre del Proceso,
deben entregar las copias que se soliciten de las ofertas recibidas o publicar las
ofertas en el SECOP II, salvo aquella información sujeta a reserva legal. (…)
En los Procesos de Contratación que se adelanten en el SECOP II, la Entidad
Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación,
haciendo clic en la opción «publicar ofertas» para que sean visibles a todos los
proponentes. En los eventos en los que se presenten documentos con
información reservada, el SECOP II, antes de publicar las ofertas, brinda a las
entidades la opción de calificar dicha información como confidencial, lo cual
impide que los documentos se publiquen.
50. El actor cuestionó el inciso final del numeral 1.3, y los incisos primero y último
del numeral 11.2, al considerar que a través de tales disposiciones se equipara a
las entidades con régimen exceptuado, como las empresas de servicios públicos
domiciliarios, con aquellas que sí están regidas por el EGCAP. Enfatiza que el
artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispuso expresamente que los contratos de las
ESP no están sometidos al régimen de contratación público, salvo lo que en esa
misma ley se dispusiera.
51. Con ese sustento, objetó la remisión que el numeral 1.3 de la circular sub
examine hace a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, el cual no es aplicable
a las entidades con un régimen de contratación especial y que se encuentran en
competencia; de forma que ni directamente ni por analogía es admisible que
establezca el término de 3 días para la publicación de los documentos del proceso.
Reclama en cabeza del legislador la función de definir el régimen aplicable a los
prestadores de servicios públicos.
22
Para el desarrollo de este punto, la Sala se valió de las consideraciones del proyecto del Consejero
de Estado José Roberto Sáchica Méndez, en la medida que fue un punto compartido y no fue el
motivo del disenso que llevaría al cambio de ponente.
17
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Referencia: Nulidad
52. Lo propio ocurre con el artículo 11.2 en los fragmentos controvertidos, acusados
de vulnerar la Ley 142 de 1994 en la medida que fijan la obligación a cargo de todas
las entidades estatales de publicar las ofertas recibidas desconociendo que su
régimen contractual es el derecho privado y que sus actividades las desarrolla en
un sector en competencia, lo que pone en peligro este tipo de información; además,
deja de considerar que la Ley 1712 de 2014 estableció excepciones al deber de
publicación de los contratos.
53. La Agencia demandada negó la configuración del vicio formulado, y planteó: (i)
la ausencia de sustento fáctico y jurídico en el cargo, ya que las disposiciones
acusadas no contradicen el régimen de las ESP; (ii) los lineamientos de la circular
se limitan a determinar la forma de cumplir el principio de publicidad ordenado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, previendo herramientas que reconocen su
régimen especial y limitan el acceso a la información de carácter reservada, y (iii)
que el término para publicar documentos en el SECOP se encuentra regulado en la
Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.
54. El análisis de los cargos aducidos contra los numerales 1.3 y 11.2 del acto
demandado impone tener como punto de partida las consideraciones atinentes a la
interpretación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, habida cuenta de que el deber
de publicidad que fue integrado al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 está referido
únicamente a la contratación de las entidades que cuentan con un régimen especial
o exceptuado del EGCAP que ejecuten recursos públicos.
55. La Subsección observa que las disposiciones cuestionadas no reportan en sí
mismas una censura en que se vea comprometida su legalidad por los cargos
aducidos, en la medida que corresponden a reglas generales dirigidas a las
entidades obligadas a publicar en el SECOP y, en tal contexto, no exhiben una
infracción a las normas en que debían fundarse. Ello, en tanto los sujetos obligados,
aun sin la circular, están compelidos a publicar la información pertinente en los
términos del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, al que justamente
remite el numeral 1.3. del acto demandado, sin que dicha pauta general aluda
puntualmente a las ESPD.
56. De manera que el reparo aducido por el demandante realmente se sitúa en el
marco de una omisión, pues lo que reprocha es que CCE hubiera señalado una
regla general que fija un término de tres (3) días para realizar el deber de publicidad,
sin haber indicado que frente a las ESPD tal premisa no aplica de cara al régimen
de derecho privado que las regenta, según se deduce del artículo 31 de la Ley 142
de 1994.
18
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Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
57. La Sala reflexiona si verdaderamente existe un interés del actor en que se retire
del ordenamiento jurídico la aserción contenida en el numeral 1.3. cuestionado. La
respuesta es negativa bajo la fundamental razón de que lo pretendido es que a dicha
premisa se agregue una subregla que excluya de su aplicación (de tres días) a las
ESPD, en la medida que, como lo define el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las
entidades públicas no sometidas al EGCAP que conlleven recursos públicos en su
contratación están obligadas a publicar su actividad contractual en el SECOP.
58. Lo propio acontece en relación con el inciso primero y final del numeral 11.2
“publicación de las ofertas”, en tanto se trata de pautas que obran como criterio
preponderante de la actividad contractual sometida al EGCAP, sin que el contenido
de los apartes acusados friccione o riña con normas superiores, ni necesariamente
se implanten de forma directa y pura en el modelo normativo de los servicios
públicos.
59. Los ataques aducidos, nuevamente, se postulan contra disposiciones generales,
que por el hecho de no expresar una pauta referida sólo a las ESPD no las hace
merecedoras o destinatarias de la sanción de nulidad. Se insiste que el objeto de
reproche no puede anidar en aspectos de los que no se ocupan estas disposiciones.
Más bien, antes que un cargo de ilegalidad, la postura del actor entraña una crítica
que descansa en un ejercicio hermenéutico, del que no desemboca un efecto
anulatorio, de suerte que no se puede extraer por vicios de ilegalidad un segmento
del acto, cuando éste no desdice del sistema legal y de la especialidad que,
ciertamente, está atribuida al régimen de los servicios públicos.
60. El argumento planteado por el actor es contundente en torno a la omisión en la
que funda su descontento; ya que, luego de citar los fragmentos del numeral 11.2,
manifestó:
En este aparte de la norma, se omite que las entidades de SPD estatales, al
estar en competencia con el sector privado y tener por ende un régimen
especial, no deberían asimilarse a las entidades estatales que aplican un
régimen de contratación de Ley 80, de donde sí nace tal obligatoriedad de la
publicidad descrita en el estatuto general de la contratación pública (…) por lo
que la circular debió considerar las particularidades de las entidades, en
términos de los criterios antes señalados.
61. De manera que las disposiciones objeto del cargo que ahora examina la Sala,
no pueden ser expulsadas del ordenamiento jurídico por los vicios esgrimidos por el
actor.
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Radicación número: 11001032600020220019000 (69162)
Actora: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
Demandada: Agencia Nacional de Contratación Pública CCE
Referencia: Nulidad
62. Es preciso aclarar que para las entidades exceptuadas del EGCAP sólo es
obligatorio la publicación de documentos, pero no lo transaccional, tal como lo
ordenó el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Así, se observa que el numeral 1.3
demandado se refiere a la oportunidad de publicación de los documentos no
generados en línea, es decir, no es un tema transaccional. Por su parte, el numeral
11.2, en su primer inciso, se refiere a la publicidad de las ofertas, sin precisar que
se trate de actuaciones a través del SECOP. Ahora, para los procesos
transaccionales, precisa unas cuestiones de publicidad y de reserva, cuestión que
no resulta aplicable a las entidades exceptuadas.
J. Las costas
57. Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el control
abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, la Sala se
abstendrá de condenar en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del
CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría archívese el presente
proceso.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento parcial de voto
VF
20
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