Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06730-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06730-00
Demandante: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP
(EMPAS)
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial. Trámite de insistencia. Acceso
a información contractual de una empresa de servicios públicos
domiciliarios. Ausencia de los defectos invocados.
Decisión: Niega el amparo solicitado
La Sala decide la acción de tutela formulada por la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander SA ESP (EMPAS) en contra del Tribunal Administrativo
de Santander.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 24 de agosto de 2026, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
SA ESP (EMPAS), a través del secretario general, presentó acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad de empresa, a la intimidad (secreto empresarial) y al habeas data.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 6 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander en el
proceso de insistencia con radicado 68001-23-33-000-2026-00523-00, para, en su
lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique de manera integral el
régimen especial de la Ley 142 de 1994, la protección de los secretos empresariales
prevista en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y la Sentencia T-181 de 2014 de
la Corte Constitucional, de tal forma que se analice la naturaleza de cada documento
solicitado y se reconozca el carácter de reserva sobre la información privada de la
actividad empresarial.
3. En ese sentido, peticionó ordenar a la autoridad judicial mencionada no obligar
a esa empresa a entregar la información individualizada de los contratos y órdenes
de prestación de servicios, salvo que se acredite de manera concreta y específica
que dicha información no compromete secretos empresariales, estrategias
competitivas o datos personales protegidos.
4. En caso de no acceder a lo anterior, de forma subsidiaria, solicitó modificar la
orden de entrega contenida en la providencia cuestionada, limitándola a la
información agregada (número total de contratos y valor global por periodos) y
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excluyendo de la entrega la información individualizada de objeto y valor de cada
contrato, por tratarse de información privada y potencialmente protegida por el
secreto empresarial. En todo caso, pidió ordenar a esa entidad entregar versiones
públicas de los documentos, con supresión de los datos que revelen información
estratégica, comercial o personal sensible, previa verificación por parte del juez
constitucional.
5. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
el 12 de febrero de 2026, la Veeduría Oriente Santander (VOS) elevó una solicitud
identificada con el No. VOS–1658-26 ante la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander SA ESP (EMPAS), con el propósito de obtener información sobre los
contratos y órdenes de prestación de servicios celebrados por la empresa durante
los años 2023, 2024, 2025 y enero de 2026.
6. El 17 de febrero de 2026, la entidad mencionada, a través del Oficio No.
00000457, negó la totalidad de la información solicitada, debido a que su actividad
contractual se rige por el derecho privado, de acuerdo con los artículos 31 y 32 de
la Ley 142 de 1994, y que la información requerida no se relacionaba directamente
con la prestación del servicio público de alcantarillado, por lo que no estaba
comprendida dentro del deber de publicidad previsto en el literal c) del artículo 5 de
la Ley 1712 de 2014. Agregó que su contratación no se encontraba sometida de
forma general al SECOP II ni a las reglas propias de la contratación estatal.
7. El 10 de marzo de 2026, la Veeduría mencionada formuló recurso de
insistencia en contra de la anterior respuesta, al considerar que la información
solicitada tenía carácter de público y guardaba relación con el ejercicio de control
social sobre su contratación. Al respecto, en dicho escrito, aclaró que no solicitó
historias clínicas, información financiera ni otro documento relacionado con la esfera
privada de los contratistas, sino que su requerimiento se limitó a conocer los
contratos y órdenes de prestación de servicios celebrados por EMPAS, la identidad
de los contratistas, sus objetos, valores, plazos y registros en SECOP II.
8. El 23 de julio de 2026, luego de haberse adelantado una acción de tutela por
la ausencia de remisión de la insistencia,1 EMPAS envió al Tribunal Administrativo
de Santander dicho recurso, con sus respectivos anexos.
9. El 6 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander accedió al
recurso mencionado y, en consecuencia, le ordenó a EMPAS suministrar a la
Veeduría mencionada la siguiente información: i) el número total de contratos u
órdenes de prestación de servicios celebrados durante cada uno de los siguientes
periodos, junto con su respectivo valor total: del 1 de enero al 31 de diciembre de
los años 2023, 2024, 2025 y 2026; y ii) la relación individualizada de todos los
contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados entre el 1 de noviembre
y el 31 de diciembre de 2025, así como entre el 1º y el 31 de enero de 2026. Además,
indicó que cada contrato debía informar el nombre y número de identificación del
contratista, el número y objeto del contrato, su valor, el plazo de ejecución y el
número de registro en el SECOP II.
1
La Veeduría Oriente Santander promovió acción de tutela contra EMPAS por la falta de remisión del recurso de insistencia.
El 18 de junio de 2026, el Juzgado 10 Civil Municipal de Bucaramanga amparó el derecho fundamental al debido proceso y,
en consecuencia, ordenó a EMPAS remitir el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que
correspondía a la autoridad judicial, y no a EMPAS, decidir sobre la procedencia del recurso y la reserva de la información.
La anterior decisión fue confirmada por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bucaramanga el 17 de julio de 2026.
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10. Igualmente, aclaró que, si la información reposa en documentos que
contienen datos sensibles, privados o semiprivados distintos de los solicitados, la
empresa deberá entregar versiones públicas, con supresión exclusiva de los
apartes sometidos a reserva; y respecto de los contratos que no cuenten con
registro en el SECOP II, debía informar de forma expresa esa circunstancia, sin que
ello la releve de suministrar los demás datos requeridos.
11. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que la
sentencia dictada el 6 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en defecto sustantivo, al aplicar normas generales de
transparencia y de contratación pública a una empresa de servicios públicos
domiciliarios cuyo régimen especial, derivado directamente de los artículos 365 y
367 de la Constitución, la somete predominantemente al derecho privado.
12. Al respecto, expuso que la Sentencia C-736 de 2006 reconoció la naturaleza
y el régimen jurídico especial de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Sobre dicha especialidad, indicó que el régimen jurídico aplicable a los actos y
contratos de las empresas de servicios públicos es el derecho privado, salvo las
excepciones que la propia Ley 142 consagre, pues así lo reconoció la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-066 de 1997, al declarar exequibles los artículos
31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y precisar que el legislador, en ejercicio de las
competencias de los artículos 365 y 367 superiores, podía someter los actos y
contratos de estas empresas al derecho privado.
13. En ese sentido, sostuvo que, a pesar de que la autoridad accionada
reconoció que los actos y contratos de EMPAS se rigen por el derecho privado,
concluyó que ese régimen «no les atribuye reserva ni elimina las obligaciones de
transparencia de la entidad que los celebra», lo cual, a su juicio, revela una
equivocación al confundir el régimen sustantivo de los contratos con el régimen de
acceso a la información, pues la naturaleza privada de la actividad contractual
impide que la información derivada de ella sea considerada automáticamente
pública, en especial cuando contiene datos sobre costos, contratistas y condiciones
de competencia.
14. Aseveró que se desconoció el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el cual dispone que los contratos que
celebren las entidades estatales que prestan servicios públicos no estarán sujetos
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, salvo lo que la propia ley disponga. A su vez, señaló que el artículo 32 de
la misma ley establece que, salvo disposición constitucional o legal en contrario, los
actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para su
administración y el ejercicio de los derechos de los socios, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado.
15. Igualmente, manifestó que la providencia censurada omitió hacer un
análisis del artículo 186 de la Ley 142 de 1994, que forma parte del régimen especial
de los servicios públicos domiciliarios, ya que dicha disposición pertenece al título
relativo al régimen de las empresas prestadoras y debía ser interpretada de manera
sistemática con los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, pues regula aspectos
propios de la operación empresarial de dichas entidades.
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16. Adujo que el Tribunal interpretó de forma indebida el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022, al considerar que las empresas de servicios públicos domiciliarios
estaban obligadas a publicar en el SECOP II los documentos de su actividad
contractual. Agregó que dicha interpretación desconoce el límite previsto en la Ley
1712 de 2014 respecto de la información directamente relacionada con la prestación
del servicio público, así como los principios de libre competencia y protección de los
secretos empresariales.
17. Además, resaltó que el principio de especialidad normativa, consagrado
desde la Ley 57 de 1887 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional,
establece que la norma especial prevalece sobre la general. No obstante, indicó que
en el caso bajo estudio se otorgó a la Ley 2195 de 2022 un efecto derogatorio sobre
los artículos 31 y 32 de la Ley 142, sin que existiera una disposición legal expresa
que así lo disponga.
18. De otra parte, afirmó que se configuró la causal de desconocimiento del
precedente judicial, puesto que la Sentencia T-181 de 2014 constituye un
precedente constitucional claro y directamente aplicable al caso, pues en dicha
providencia la Corte Constitucional analizó una acción de tutela promovida por una
empresa de servicios públicos contra una decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, relacionada con la entrega de información documental sometida a
reserva.
19. Indicó que, en esa oportunidad, la Corte no circunscribió su análisis al caso
concreto de la ETB, sino que estableció como regla general que las empresas de
servicios públicos pueden contar con documentos de naturaleza privada, por lo que
el juez debe examinar materialmente la función y el contenido de cada documento
antes de determinar si tiene carácter público, cuyo lineamiento resulta plenamente
aplicable a su caso, comoquiera que en ambos asuntos se debate si la información
derivada de la actividad empresarial de una empresa de servicios públicos,
sometida al derecho privado, está amparada por reserva o debe ser considerada
información pública en virtud del artículo 74 superior.
20. Finalmente, aseguró que se incurrió en violación directa de la Constitución
Política, por no aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, en la interpretación que le otorgaba un efecto derogatorio
sobre los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, disposiciones que desarrollan los
artículos 365 y 367 superiores. Agregó que se desconoció el artículo 15
constitucional al imponer una divulgación masiva de información que la Constitución
protege de manera preferente y no aplicar la regla de reserva, y el artículo 74 al
tratar como públicos todos los documentos sin analizarlos de manera individual.
21. Alegó que se vulneró su derecho al debido proceso, puesto que el Tribunal:
(i) aplicó normas generales en lugar del régimen especial de la Ley 142 de 1994; (ii)
omitió justificar su apartamiento del precedente constitucional establecido en la
Sentencia T-181 de 2014; (iii) no decretó ni practicó pruebas para determinar la
naturaleza pública o privada de la información solicitada, afectando su derecho de
defensa y contradicción; y (iv) realizó una interpretación extensiva del artículo 53 de
la Ley 2195 de 2022 que, sin autorización constitucional, modificó el régimen
especial aplicable a las empresas de servicios públicos.
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22. Sostuvo que la providencia atacada desconoció los artículos 365 y 366 al
aplicar las normas generales de transparencia sin considerar su régimen especial y
equipararla a una entidad estatal sometida al régimen ordinario, lo cual frustra la
finalidad constitucional de permitir que estas empresas compitan en condiciones de
igualdad con los particulares.
Intervenciones2
23. El Tribunal Administrativo de Santander afirmó que la acción de tutela no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el asunto
no plantea un debate autónomo sobre el contenido o alcance de los derechos
fundamentales invocados, sino que cuestiona la interpretación de las normas que
regulan el acceso a la información, el régimen contractual de la Empas y los
documentos reservados, con el fin de que el juez de tutela examine nuevamente la
controversia ya resuelta.
24. Además, resaltó que la accionante expuso en el escrito de tutela los mismos
desacuerdos bajo la denominación de causales específicas, pero no demostró que
la decisión sea arbitraria ni que se hubiese apartado de las normas y precedentes
aplicables, de manera que su inconformidad recae sobre la conclusión adoptada por
esa corporación.
25. En todo caso, indicó que no se configuró ninguno de los defectos invocados
por la parte actora, puesto que aplicó correctamente el régimen de derecho privado
de los contratos de EMPAS, sin que ello implique que toda la información contractual
sea reservada; no le corresponde al juez decretar pruebas de oficio para demostrar
la existencia de secretos empresariales, dado que EMPAS tenía la carga de
identificar la información reservada y acreditar el daño concreto que produciría su
divulgación; la Sentencia T-181 de 2014 no resolvió un supuesto fáctico y jurídico
equiparable; y no se demostró una contradicción directa con una norma
constitucional.
26. Por otro lado, remitió copia del expediente digital de insistencia, en
cumplimiento del requerimiento realizado en el auto admisorio de la acción de la
referencia.
27. La Veeduría Oriente Santander (VOS) guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
2
El 27 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander; se vinculó a la
Veeduría Oriente Santander (VOS); y se negó la medida provisional solicitada por la parte actora, toda vez que la suspensión
de los efectos de la sentencia controvertida implicaría efectuar, de manera anticipada, un pronunciamiento sobre aspectos
que constituyen precisamente el núcleo del debate sometido a consideración del juez constitucional, desbordando la finalidad
excepcional de las medidas provisionales y comprometiendo el examen que deberá realizarse al momento de resolver
definitivamente la solicitud de amparo.
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80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la sentencia dictada el 6 de agosto de 2026
por el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la libertad de empresa, a la intimidad (secreto empresarial) y al
habeas data de la parte actora, al incurrir, presuntamente, en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
30. La presente acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales mencionados; se argumentaron de forma adecuada los reparos, los
cuales fueron encuadrados en las causales específicas mencionadas; y no se trata
de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que la empresa
accionante es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas, y el Tribunal Administrativo de Santander fue la autoridad judicial que
profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 24 de agosto de
2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia del
6 de agosto de 20263; (5) no se alegó una irregularidad procesal; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.
31. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos antes mencionados,
la Subsección procederá a efectuar un análisis de fondo frente a los reparos
formulados por la parte demandante.
Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos
32. La Sala negará el amparo solicitado, por no haberse estructurado ninguna
de las causales específicas invocadas por la parte actora, de acuerdo con los
argumentos que se exponen a continuación:
33. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS)
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad
de empresa, a la intimidad (secreto empresarial) y al habeas data, que estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander al proferir la sentencia del 6
de agosto de 2026, mediante la cual accedió al recurso de insistencia promovido
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La providencia fue notificada por mensaje de datos el 10 de agosto de 2026.
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Demandante: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP (EMPAS)
por la Veeduría Oriente Santander «VOS» y ordenó suministrar la información
requerida en los diez numerales de la petición formulada el 12 de febrero de 2026.
34. Al respecto, la parte actora indicó que se incurrió en defecto sustantivo al
aplicar normas generales de transparencia y contratación pública a EMPAS,
desconociendo su régimen especial de derecho privado previsto en los artículos 31
y 32 de la Ley 142 de 1994. Asimismo, afirmó que la autoridad judicial interpretó
indebidamente el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, al considerar que dicha
disposición imponía a EMPAS el deber de publicar en el SECOP II los documentos
relacionados con su actividad contractual. Agregó que dicha interpretación
desconoce el límite previsto en la Ley 1712 de 2014 respecto de la información
directamente relacionada con la prestación del servicio público, así como los
principios de libre competencia y protección de los secretos empresariales.
35. Igualmente, manifestó que la providencia censurada omitió hacer un
análisis del artículo 186 de la Ley 142 de 1994, que forma parte del régimen especial
de los servicios públicos domiciliarios, ya que si bien la información específica sobre
el contenido de este artículo no obra dentro de los insumos aportados y por lo tanto
no puede afirmarse con precisión, es claro que dicha disposición pertenece al título
relativo al régimen de las empresas prestadoras y debía ser interpretada de manera
sistemática con los artículos 31 y 32 de esa misma disposición, pues regula
aspectos propios de la operación empresarial de dichas entidades.
36. En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Santander
accedió al recurso de insistencia y, en consecuencia, ordenó a EMPAS suministrar
a la Veeduría Oriente Santander VOS la información requerida en los diez
numerales de la petición del 12 de febrero de 2026. Además, precisó que en el caso
de que el cumplimiento de la orden conllevara la entrega de documentos que
contengan datos sensibles, privados o semiprivados distintos de los solicitados,
debería elaborar versiones públicas y suprimir únicamente los apartes sometidos a
una reserva constitucional o legal expresa, sin que la restricción pueda extenderse
a la totalidad del documento o a la información contractual cuyo carácter público
quedó establecido.
37. Para soportar lo anterior, la autoridad judicial, en primer lugar, examinó la
procedencia del recurso de insistencia frente a EMPAS y concluyó que dicho
mecanismo resultaba aplicable, pese a que sus actos y contratos se rigen por el
derecho privado. Para ello, tuvo en cuenta que EMPAS es una empresa de servicios
públicos mixta y que, de conformidad con el parágrafo del artículo 104 del CPACA,
las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o
superior al 50 % tienen la condición de entidades públicas para los efectos previstos
en dicha disposición.
38. Diferenció entre el régimen jurídico que gobierna la formación y ejecución
de los contratos y la naturaleza jurídica de la entidad que los celebra. Así, explicó
que el hecho de que EMPAS adelante su actividad contractual bajo normas civiles
y comerciales no modifica su composición pública ni la convierte en una
organización privada. Además, precisó que en el asunto sometido a su conocimiento
no se discutía la validez de un contrato ni la naturaleza de los actos expedidos
durante su celebración o ejecución, sino la negativa de una entidad pública a
suministrar información con fundamento en una reserva legal.
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39. Bajo ese entendimiento, señaló que las normas civiles y comerciales que
rigen los negocios de EMPAS no la excluyen del trámite previsto en el artículo 26
del CPACA para que el juez administrativo examine si la información solicitada se
encuentra sometida a reserva. De igual manera, indicó que la circunstancia de que
la petición no proviniera de un usuario o suscriptor del servicio público no impedía
el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues la solicitud no estaba
relacionada con la prestación, facturación, suspensión, corte o terminación del
servicio, sino con la actividad contractual de la empresa.
40. Al estudiar el contenido de la petición, distinguió dos grupos de información.
El primero comprendía el número y valor total de los contratos u órdenes de
prestación de servicios celebrados durante los periodos indicados por la veeduría;
y, el segundo, se refería al nombre e identificación de los contratistas, así como al
número, objeto, valor, plazo de ejecución y registro en el SECOP II de determinados
contratos. A partir de esa diferenciación, examinó de manera particular las reservas
invocadas por EMPAS.
41. Respecto del primer grupo, el Tribunal concluyó que el número de contratos
y su valor total correspondían a cifras generales que no identificaban a una persona
natural, no revelaban aspectos de su vida privada ni permitían conocer decisiones
comerciales futuras, métodos operativos o datos susceptibles de otorgar una
ventaja competitiva a otro prestador. Por lo anterior, coligió que EMPAS no había
explicado de qué manera la divulgación de esos datos podía afectar la intimidad,
revelar un secreto empresarial o comprometer sus planes estratégicos.
42. Frente a los numerales relativos a la identificación de los contratistas y a las
condiciones básicas de los negocios celebrados, precisó que se trataba de
información que permitía conocer las condiciones esenciales de contratos ya
perfeccionados, sin que ello implicara revelar aspectos propios de la vida privada
de los contratistas. Además, destacó que la solicitud no comprendía direcciones de
residencia, números telefónicos, cuentas bancarias, información familiar,
antecedentes médicos, datos biométricos u otros elementos pertenecientes a la
esfera privada.
43. En relación con el deber de publicidad, señaló que los contratos objeto de
la petición correspondían a los años 2023, 2024 y 2025 y a enero de 2026, periodos
en los cuales se encontraba vigente el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Esta
disposición adicionó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y estableció, para las
entidades estatales sometidas a regímenes contractuales especiales, el deber de
publicar en el SECOP II los documentos relacionados con su actividad contractual.
44. Además, consideró que EMPAS era sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014,
por su condición de entidad pública y sociedad con participación estatal, y que la
circunstancia de ser prestadora del servicio de alcantarillado no desplazaba las
obligaciones de publicidad derivadas de esos títulos. En esa medida, concluyó que
el deber de publicidad no podía reducirse exclusivamente a los contratos
directamente vinculados con la prestación del servicio, como pretendía la empresa
45. Analizado el razonamiento efectuado por el Tribunal Administrativo de
Santander, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la
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Demandante: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP (EMPAS)
sentencia cuestionada sí reconoció que los contratos de EMPAS se rigen, por regla
general, por el derecho privado, pero explicó que esa circunstancia regula la
formación y ejecución de los negocios y no atribuye, por sí misma, carácter
reservado a la existencia del contrato, su objeto, valor, plazo o la identidad del
contratista.
46. Al respecto, se advierte que el Tribunal precisó que el régimen privado
aplicable a los contratos de las empresas de servicios públicos no equivale a una
regla general de reserva sobre toda la información relacionada con su actividad
contractual, dado que la restricción del derecho de acceso exige identificar una
norma constitucional o legal que establezca la reserva y demostrar que esta resulta
aplicable al dato concreto cuya divulgación se pretende impedir. Así, señaló que la
sola invocación de una reserva no era suficiente y que correspondía a EMPAS
explicar la relación entre la información solicitada, el interés jurídicamente protegido
y el daño que produciría su divulgación.
47. Por tanto, no se advierte que el Tribunal hubiese desconocido los artículos
31 y 32 de la Ley 142 de 1994, pues la providencia no sometió los contratos de
EMPAS al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ni sostuvo
que el derecho privado hubiera dejado de regir su actividad contractual, lo que
estableció fue que ese régimen contractual coexistía con las obligaciones de
transparencia y acceso a la información que recaen sobre la entidad debido a su
naturaleza pública.
48. Asimismo, no se observa que el Tribunal le hubiese dado un alcance
irrazonable al artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, ya que esta disposición fue
entendida como una norma que impone un deber de publicidad respecto de la
actividad contractual de las entidades estatales sometidas a regímenes especiales,
sin modificar las reglas sustantivas que gobiernan la formación y ejecución de sus
contratos.
49. Además, se resalta que la interpretación otorgada por la autoridad
accionada se encuentra respaldada en la sentencia del 21 de marzo de 2025, rad.
11001-03-26-000-2022-00190-00 (69162), en la que la Sección Tercera del Consejo
de Estado precisó que la disposición mencionada amplió la obligación de publicidad
de las entidades estatales sometidas a regímenes especiales y no estableció una
excepción para las empresas de servicios públicos.
50. Sumado a lo expuesto, se observa que la corporación accionada explicó
que no puede concluirse que la información tiene carácter reservado porque los
contratos se rijan por el derecho privado, dado que las normas civiles y comerciales
regulan la formación y ejecución del negocio, pero no cambian la naturaleza de la
Empas ni eliminan sus obligaciones de transparencia. Bajo ese entendido, aclaró
que la sola invocación de una reserva no basta para restringir el acceso, en la
medida en que la entidad debe identificar la disposición constitucional o legal que
protege el dato concreto y explicar la relación entre la información solicitada, el
interés jurídicamente protegido y el daño que produciría su divulgación.
51. En esa medida, determinó que EMPAS no acreditó que los datos solicitados
permitieran conocer una estrategia futura, una fórmula de costos, un método
operativo o una condición de negociación reservada. Al respecto, el Tribunal
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06730-00
Demandante: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP (EMPAS)
diferenció la información relativa a negocios futuros o estrategias comerciales de
aquella correspondiente a contratos ya perfeccionados, lo cual le permitió concluir
que la divulgación de datos básicos sobre negocios celebrados no tenía, por sí
misma, la capacidad de afectar la posición competitiva de EMPAS; de ahí que la
decisión no hubiese desconocido la libertad de empresa, la libre competencia o la
protección de los secretos empresariales, sino que hubiera exigido la demostración
concreta de la afectación que justificaría la restricción del acceso.
52. Así las cosas, los argumentos formulados por el accionante no permiten
estructurar el defecto sustantivo invocado, pues la decisión del Tribunal no obedece
a una interpretación caprichosa de las normas, sino que se enmarca en una lectura
sistemática orientada a maximizar los principios de transparencia y publicidad.
53. A igual determinación llega la Sala frente al cargo de desconocimiento del
precedente judicial, pues la sentencia T-181 de 2014 examinó una controversia
relacionada con la solicitud de actas de órganos societarios de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá y analizó el alcance de la información sometida a
reglas propias de la legislación comercial, en el contexto del control político ejercido
por una concejal. Sin embargo, la providencia cuestionada resolvió una solicitud de
información relacionada con el número, objeto, valor y plazo de contratos ya
celebrados, así como con la identidad de los contratistas y su registro en el SECOP
II.
54. En esa medida, la diferencia entre ambos asuntos resulta determinante,
pues la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander no ordenó la entrega
indiscriminada de las actas societarias, deliberaciones de los órganos directivos,
documentos internos, información bancaria o demás elementos propios de la
actividad empresarial de EMPAS, sino que la orden se circunscribió a determinados
datos objetivos y básicos de negocios ya perfeccionados, respecto de los cuales no
encontró acredita una reserva, pero, en todo caso, precisó si el cumplimiento de la
orden conllevaba la entrega de documentos que contengan datos sensibles,
privados o semiprivados distintos de los solicitados, debería elaborarse versiones
públicas y suprimirse únicamente los apartes sometidos a una reserva constitucional
o legal expresa.
55. En todo caso, dicha decisión citada reconoce la existencia de un régimen
jurídico especial para las empresas de servicios públicos y la posibilidad de que
estas cuenten con información sometida a reserva, pero no establecen una regla
conforme a la cual dichas entidades se encuentren excluidas de cualquier obligación
legal de publicidad o transparencia. En consecuencia, al no concurrir los mismos
supuestos fácticos la autoridad accionada no se encontraba obligada a acoger la
tesis allí asumida.
56. De otra parte, frente a la causal violación directa de la Constitución Política
se repara que este cargo parte de la misma premisa que sustenta los demás
defectos alegados. En ese sentido, para la Sala no se evidencia una contradicción
directa entre la providencia cuestionada y los artículos 365 y 367 de la Constitución
Política, no negó la especialidad constitucional de las empresas de servicios
públicos ni desconoció que estas puedan desarrollar su actividad contractual bajo
reglas de derecho privado, sino que lo que determinó fue que dicha circunstancia
no las sustrae de las obligaciones legales de transparencia que resulten aplicables.
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Demandante: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP (EMPAS)
57. En ese sentido, no se advierte transgresión del derecho fundamental al
debido proceso, dado que la discusión fue resuelta con fundamento en los
elementos obrantes en el expediente y, particularmente, a partir de la información
solicitada, la respuesta de EMPAS y las razones expuestas por la empresa para
sustentar las reservas invocadas. Además, la autoridad accionada constató que la
accionante no había demostrado que la entrega de los datos solicitados pudiera
afectar concretamente sus intereses empresariales.
58. Así las cosas, los argumentos expuestos por la accionante lo que
evidencian es un desacuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal
Administrativo de Santander sobre el régimen jurídico aplicable a la información
contractual de EMPAS, mas no acreditan la configuración de las causales
específicas aquí estudiadas, razón por la cual se negará el amparo solicitado por
esta última.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la Empresa Pública de Alcantarillado
de Santander SA ESP (EMPAS), a través de la acción de tutela instaurada en contra
del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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