Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07794-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07794-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07794-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de febrero de 2026
Demandantes: María Graciela Pinzón Riaño y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07794-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07794-00
Demandantes: MARÍA GRACIELA PINZÓN RIAÑO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedente por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Las señoras María Graciela Pinzón Riaño, en nombre propio, y Diana Patricia
Duque Cuesta, quien aduce actuar como agente oficiosa de su madre Elida Cuesta
de Duque (Q.E.P.D.), iniciaron acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C2, en la que solicitaron el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la «reparación integral», en conjunto
con el principio de legalidad.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2024 y el auto que resolvió la solicitud
1 Acción de tutela promovida el 4 de diciembre de 2025, por medio del buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2 La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Fernando Iregui Camelo y José Élver
Muñoz Barrera.
1
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Demandantes: María Graciela Pinzón Riaño y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
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de corrección y/o adición del 27 de marzo de 2025, dictados por la autoridad
judicial accionada en el medio de control de reparación directa, identificado con el
radicado 11001-33-43-064-2019-00069-00/01, iniciado por las actoras y otros3
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, las accionantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron:
[…]
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual, aun cuando accedió a las
pretensiones de la demanda, declaró de oficio probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa respecto de las señoras MARÍA GRACIELA
PINZÓN RIAÑO Y MARÍA ELIDA CUENTAS CUBILLOS, decisión que resultó
desproporcionada, incongruente y contraria a los criterios jurisprudenciales que
garantizan el acceso real y efectivo a la administración de justicia para las víctimas
y sus familiares.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que emita una nueva sentencia dentro del proceso de
reparación directa señalado, en la cual se analice de fondo la legitimación en la
causa por activa, conforme a los precedentes constitucionales y contenciosos
administrativos sobre la materia, garantizando la prevalencia del derecho
sustancial.
CUARTO: DISPONER que, en la nueva decisión que se profiera, se reconozca
plenamente la condición de víctimas indirectas de las accionantes, atendiendo la
estrecha relación de parentesco y afectiva con la víctima directa, así como el daño
moral y material demostrado dentro del proceso.
QUINTO: ADOPTAR cualquier otra medida necesaria para restablecer
integralmente los derechos fundamentales vulnerados y evitar la repetición de
actuaciones judiciales que desconozcan el precedente y sacrifiquen el derecho
sustancial por formalismos excesivos4.
1.3. Hechos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
Las señoras María Graciela Pinzón Riaño, Diana Patricia Duque Cuesta y su
3 Rovinson Mahecha Perdomo; Leidy Johana Pinzón Duque; Willington Pinzón Duque; Edith
Villarreal Prieto, actuando en representación de su hijo Oscar Pinzón Villarreal y, Elida Cuestas.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandantes: María Graciela Pinzón Riaño y otro
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núcleo familiar5 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con ocasión del fallecimiento del señor Óscar David Pinzón Duque
mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio.
En primera instancia, el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá, Sección Tercera en sentencia del 17 de noviembre de 2022, accedió a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la responsabilidad
patrimonial de la entidad demandada y condenarla al pago de 50 SMLMV por
concepto de daños morales a las señoras Elida Cuesta Cubillos y María Graciela
Pinzón Riaño.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C en fallo del 28 de agosto de 2024, declaró la falta de legitimación en
la causa por activa de los señores María Graciela Pinzón Riaño, Elida Cuesta
Cubillos y Rovinson Mahecha Perdomo y, en consecuencia, modificó el numeral
segundo de la providencia de primer grado, excluyéndolas del reconocimiento de
los perjuicios.
Al respecto, explicó que la señora María Graciela Pinzón Riaño acudió al medio
de control en calidad de abuela paterna del señor Óscar David Pinzón Duque, hijo
del señor Óscar Pinzón Villareal, no obstante, en el registro civil de nacimiento del
último se indicó que era hijo de la señora Graciela Pinzón y no de María Graciela
Pinzón Riaño, de manera que no era posible determinar su parentesco y
legitimación.
La misma situación expuso acerca de la señora Elida Cuestas Cubillos, quien
compareció como abuela materna del señor Pinzón Duque, hijo de la señora Diana
Patricia Duque Cuestas, de la cual se evidenció en su registro civil de nacimiento
que era hija de la señora «Helida Cuestas» y no Elida Cuestas Cubillos6.
Dicho proveído fue notificado electrónicamente el 13 de enero de 2025.
Inconformes con lo resuelto, el 16 de enero de 2025 el extremo activo afectado por
la decisión solicitó la corrección y/o adición de la sentencia, sin embargo, por medio
de auto del 27 de marzo de 2025, la autoridad judicial negó la petición de las
5
Rovinson Mahecha Perdomo; Leidy Johana Pinzón Duque; Willington Pinzón Duque; Edith
Villarreal Prieto, actuando en representación de su hijo Oscar Pinzón Villarreal y, Elida Cuestas.
6 Si bien en el proceso ordinario se encuentra escrito el nombre de la señora Cuestas Cubillos con
«h», de la verificación de su cédula de ciudadanía, se evidencia que en realidad es Elida Cuesta
de Duque.
3
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mencionadas actoras7 reiterando que no era posible establecer el vínculo filial.
La notificación por estado fue realizada el 8 de septiembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C vulneró sus derechos fundamentales en las
providencias del 28 de agosto de 2024 y 27 de marzo de 2025, al incurrir en los
siguientes defectos:
Defecto sustantivo: se aplicó de manera errónea e irrazonable las normas que
hacen referencia a la legitimación en la causa por activa en los procesos de
reparación directa.
De manera precisa, señaló el artículo 228 de la Carta Política, frente al cual indicó
que la «[…] omisión parcial en la forma de consignar un nombre propio en el
registro civil no puede convertirse en un obstáculo absoluto para el reconocimiento
de un derecho, cuando existen otros elementos probatorios que permiten
establecer, con certeza razonable, la identidad de la persona y su vínculo familiar».
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: mencionó que, privilegiar una
diferencia nominal por encima de la verdad en el parentesco desconocía la
protección efectiva de las garantías fundamentales, pues un error en el nombre no
desvirtuaba por sí solo el vínculo filiar.
Defecto fáctico: sostuvo que, se omitió valorar integral y adecuadamente el acervo
probatorio obrante en el proceso ordinario, particularmente las pruebas que
acreditaban el parentesco, la relación afectiva y la condición de damnificadas de
las señoras Pinzón Riaño y Cuesta de Duque.
Además, resaltó que, en caso de duda, la autoridad judicial debió decretar un auto
de mejor proveer con el propósito de verificar el parentesco.
Asimismo, hizo énfasis en las escrituras públicas aportadas en la solicitud de
aclaración de la sentencia del 28 de agosto de 2024, en las cuales se corrigió el
registro civil de nacimiento del señor Óscar Pinzón Villareal para indicar que el
nombre completo de su madre era María Graciela Pinzón Riaño y el de la señora
7 En tanto en la providencia del 28 de agosto de 2024 el tribunal declaró la falta de legitimación en
la causa por activa del señor Mahecha Perdomo, pero dejó su nombre dentro de los demandantes
a favor de los cuales se ordenó el pago de los perjuicios, se solicitó la aclaración y/o corrección de
ello. No obstante, en el auto del 27 de marzo de 2025, se indicó que el referido carecía de
legitimación. Igualmente rechazó de plano la solicitud de incidente de nulidad.
4
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
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Diana Patricia Duque Cuesta en el que se acreditó que su madre era la señora
Elida Cuesta de Duque.
Desconocimiento del precedente, adujo que, se alejó por completo de la postura
del Consejo de Estado, en lo que respecta al grupo familiar ampliado y la
presunción de aflicción por la pérdida de un ser querido.
Al respecto, expuso la sentencia del 6 de marzo de 2022, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-
02936-01, en la cual se indicó que «Las inconsistencias menores en los nombres
no impiden la acreditación del parentesco cuando existen otros elementos
probatorios que permiten concluir razonablemente sobre la identidad de la
persona»8.
Con el conjunto de las providencias citadas manifestó que el operador jurídico
debió hacer uso de sus facultades oficiosas con el fin de solicitar a los
demandantes o a la Registraduría del Estado Civil que aportaran el registro
correspondiente para acreditar la legitimación en la causa por activa.
Violación directa de la Constitución: aseguró que, fueron desconocidos los
principios de igualdad, dignidad humana, acceso a la justicia, proporcionalidad y
razonabilidad, así como la obligación de interpretar las normas a la luz del principio
pro homine.
1.5. Admisión de la tutela
En auto del 16 de diciembre del 2025, la Magistrada Ponente admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como parte demandada, a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C10.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional11, Ejército
Nacional12 y al Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
8 Igualmente, citó apartes de las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de la
Sección Tercera. M.P. Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 22.03.12, Rad. 23001-23-31-000-
1997-08445-01; Subsección C, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia 12.11.14, Rad.
520012331000200101210 01 y sentencia 25.05.15, Rad. 73001-23-31-000-2002-02110-01.
9 Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones web:
duquecuestasdianapatricia@gmail.com y elitejuridica2018@gmail.com.
10 Índice 7 de Samai. Notificación realizada a los siguientes correos electrónicos:
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 7 de Samai. Notificación remitida a: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
12 Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada al buzón: ceoju@ejercito.mil.co.
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Bogotá, Sección Tercera13.
Posteriormente, en providencia del 26 de enero de 2026, se ordenó notificar de la
existencia de la acción a los señores Rovinson Mahecha Perdomo; Leidy Johana
Pinzón Duque; Willington Pinzón Duque, Edith Villarreal Prieto y Oscar Pinzón
Villarreal, en calidad de terceros con interés.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Tercera
Por medio de documento remitido el 19 de diciembre de 2025, la profesional
universitaria del Despacho, mencionó que, si bien la inconformidad de la parte
accionante derivaba de la decisión de segunda instancia, no era de recibo que se
acudiera en acción de tutela a fin de sacar avante las pretensiones que fueron
denegadas en el medio de control. Máxime cuando no se demostró que la
providencia enjuiciada incurriera en los yerros alegados.
En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia al no encontrarse
acreditados los requisitos de procedencia del mecanismo.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
En informe rendido el 19 de diciembre de 2025, el Magistrado Ponente de las
decisiones enjuiciadas refirió que no era cierto que se hubiera desconocido el
precedente del Consejo de Estado en relación con la acreditación del parentesco,
así como tampoco se hubiera incurrido en los demás defectos invocados.
A su vez, reiteró los argumentos con los que se fundamentaron las providencias.
1.6.3. Leidy Johana Pinzón Duque; Willington Pinzón Duque; Óscar Pinzón
Villareal y, Rovinson Mahecha Perdomo
En memorial del 9 de febrero del año en curso, los integrantes del extremo activo
del proceso ordinario aseguraron que la autoridad judicial accionada incurrió en
13 Índice 7 de Samai. Notificación realizada a: jadmin64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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todos los yerros alegados. Razón por la que señalaron que coadyuvaban de
manera expresa las súplicas de la tutela.
1.6.4. Pese a que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora María Graciela Pinzón Riaño y otro, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Legitimación en la causa por activa y agencia oficiosa
De acuerdo con el inciso 2 del artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
trámite de tutela es posible «[…] agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa».
Para que se encuentre procedente la agencia oficiosa, se deben acreditar dos
requisitos, en atención a su carácter excepcional. El primero, es la manifestación
de que el agente está actuando en tal calidad. La segunda, es que exista una
imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos.
El trámite de tutela fue instituido por el Constituyente de 1991 «[…] como un
mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato,
autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los
particulares, en los casos legalmente establecidos, y al cual puede acudirse,
exclusivamente, cuando no existan otros medios de defensa judicial, excepto ante
la eventualidad de un perjuicio irremediable que la haga indispensable en forma
transitoria»14.
Tales garantías fundamentales resultan ser inalienables, inherentes y esenciales
al ser humano, las cuales derivan de la condición de sujetos de derecho y
obligaciones que tienen las personas por mera circunstancia de la existencia física.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 1998.
7
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De manera que, como lo establece el artículo 94 del Código Civil Colombiano «La
existencia de las personas termina con la muerte», reflejando así dos aspectos,
tanto el físico como el jurídico, pues el fallecimiento pone fin a su personalidad y
la persona deja de ser sujeto de derechos.
Las anteriores afirmaciones adquieren relevancia en el asunto sub examine, pues
la señora Diana Patricia Duque Cuesta pretende hacer valer la legitimación en la
causa por activa respecto de su madre ya fallecida, en calidad de agente oficiosa
para poder discutir lo sucedido en el medio de control.
Al dar aplicación a los criterios expuestos, la Sala estima que, en el presente caso,
no se dan los presupuestos propios de la agencia oficiosa en materia de tutela,
pues la finalidad que persigue la acción de tutela es la de restablecer los derechos
constitucionales conculcados, recuperando para su titular el goce efectivo o, así
mismo, evitando que se produzca su vulneración cuando se trata de una amenaza,
cuya existencia física le permitirá al sujeto destinatario de las medidas de tutela, la
protección de los consiguientes derechos solicitados. Así pues, el fallecimiento de
la persona hace improcedente el amparo con relación a los derechos
fundamentales que por su naturaleza son esenciales e inherentes a su condición
humana.
Por consiguiente, no existe legitimación en la causa por activa para el trámite de
la presente acción de tutela en lo que atañe a la señora Diana Patricia Duque
Cuesta, dado que actúa únicamente como agente oficiosa de su madre
exclusivamente para proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
«reparación integral», en conjunto con el principio de legalidad, que son inherentes
a la esencia personal, o manifiestan las tendencias naturales o fundamentales del
sujeto de derecho15 y no, en nombre propio, por lo que no es dable estudiar de
fondo los yerros alegados frente a su situación. Máxime cuando se evidencia que
en el medio de control sí fue reconocida su legitimación en la causa, así como los
perjuicios pretendidos a su nombre.
No obstante, frente a la señora María Graciela Pinzón Riaño sí se encuentra
acreditado el requisito, en tanto participó como integrante del extremo activo de la
reparación directa, por lo que se continuará adelante con el análisis respecto de
ella.
15 Ver sentencia T-269 de 1993.
8
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2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C vulneró las garantías invocadas por la señora María Graciela Pinzón
Riaño con ocasión de la providencia del 27 de marzo de 202516, al no
reconocerle la legitimación en la causa por activa?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades del defecto por desconocimiento del precedente y, (iv) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
16 Si bien la parte actora dirige su inconformidad frente a la sentencia del 28 de agosto de 2024
como al auto del 27 de marzo de 2025, la Sala revisará solamente la última providencia, teniendo
en cuenta que en esta se discutió el tema de la legitimación en la causa por activa, mismo asunto
alegado en el presente trámite.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202220.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
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Sección Tercera, Subsección C
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solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
La señora María Graciela Pinzón Riaño presentó acción de tutela por considerar
vulneradas sus garantías fundamentales con ocasión del auto del 27 de marzo de
2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C mediante el cual se resolvió solicitud de aclaración de la sentencia
del 28 de agosto de 2024, en la que se discutió la falta de legitimación en la causa
por activa por falta de demostración del parentesco con la víctima directa.
En consecuencia, la actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución dirigidos a
cuestionar el estudio probatorio, normativo y jurisprudencial realizado por el
tribunal, al desvirtuar el vínculo filial únicamente por una diferencia nominal en un
registro civil de nacimiento.
Se advierte que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y
jurisprudencial y, soportó sus conclusiones en la valoración razonable del acervo
probatorio, como se observa a continuación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
estimó que no fue posible establecer el vínculo filial de la señora Pinzón Riaño
como abuela paterna de conscripto fallecido, en atención a que del estudio
realizado a los registros civiles de los señores Óscar Pinzón Villareal y Diana
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.
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Patricia Duque Cuestas aportados al plenario desde el 13 de marzo de 2019, no
se encontró coincidencia en los nombres suscritos en tales documentos.
Al respecto, advirtió que el asunto en discusión no se trataba de una simple
omisión por no allegar el registro civil correspondiente, si no que se aportaron unos
registros civiles de los cuales no fue posible identificar la calidad en la que
concurrían las demandadas y que, si bien se hubiera podido realizar un
requerimiento de este, ello representaba un trámite administrativo o judicial ajeno
a las pretensiones que se estudiaron en el medio de control.
Si bien en la solicitud de aclaración, la señora Pinzón Riaño allegó el registro civil
de nacimiento del señor Óscar Pinzón Villareal modificado el 14 de enero de 2025,
en el que se observaba que la ahora tutelante era su madre, la autoridad judicial
accionada adujo que no podía valorar la prueba, en tanto no había sido aportada
en la etapa procesal correspondiente.
Por lo tanto, ante la compleja diligencia que se requería para la modificación del
registro civil que en ocasiones exigía acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria,
el tribunal señaló que el asunto no era subsanable con un auto de mejor proveer,
pues se requería una actuación que no estaba al alcance del Despacho y, por el
contrario, se encontraba «[…] por fuera de lo permisible para un trámite que es
excepcional para subsanar omisiones o yerros probatorios de carácter sumario, no
para constituir pruebas que no estaban presentes al inicio del proceso».
En consecuencia, se reitera que la valoración de los medios de prueba o la
normativa que soporta la decisión es un ejercicio intelectivo en el que el juez,
aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina
el valor que asigna a cada prueba y escoge la norma que resulta aplicable al caso
concreto. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos, no es
viable su reproche en este trámite judicial.
Por lo tanto, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia, en tanto tuvo la oportunidad de discutirlo en la solicitud de aclaración,
bajo los mismos argumentos presentados en el presente trámite.
Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no expone con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
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observa, a primera vista, la vulneración de los derechos fundamentales por parte
de la autoridad judicial accionada.
De igual forma, no se evidencia el desconocimiento de las decisiones traídas como
inaplicadas en el caso concreto, pues si bien se realizó un recuento de las
situaciones fácticas y jurídicas acontecidas al interior de estos, la parte actora hizo
énfasis en las facultades oficiosas que podía desempeñar la autoridad judicial al
interior del medio de control con el fin de clarificar el asunto nominal dispuesto en
los registros civiles; circunstancia discutida y explicada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en sus
providencias, en las cuales señaló que, como ya fue comentado, el asunto no era
subsanable con un auto de mejor proveer.
Inclusive, la Sala de Decisión se permite destacar que en jurisprudencia reciente
de la Corte Constitucional28 se ha expuesto que, en casos excepcionales el juez
de lo contencioso administrativo tiene el deber de decretar pruebas de oficio y
flexibilizar la carga de la prueba del parentesco y el estado civil, sin embargo, ello
no es aplicable para suplir la carga propia de la parte de aportar los medios
probatorios en la oportunidad debida, sino cuando se está ante la imposibilidad de
allegar la prueba o se encuentre en una situación de vulnerabilidad que le impide
satisfacer la actividad probatoria; aspectos que no fueron referidos en el presente
caso.
En consecuencia, la controversia propuesta en el escrito de tutelar no es un debate
cuya solución sea competencia del presente juez constitucional. En efecto, la
problemática propuesta obedece a un asunto probatorio en el marco de una
inconformidad de la parte actora con respecto a la decisión adoptada por el juez
que conoció de la causa.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-204 de 2025.
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora
Diana Patricia Duque Cuesta, respecto de la señora Elida Cuesta de Duque.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
la señora María Graciela Pinzón Riaño, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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