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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02936-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02936-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, el cual quedará así: «3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que realice una nueva valoración del material probatorio obrante en el expediente en los términos expuestos en esta providencia y, de considerarlo necesario, decrete de oficio las pruebas idóneas, pertinentes y conducentes a efectos de establecer con certeza la relación de parentesco entre las señoras Solangel Reyes Isidro, Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y Evila Reyes Isidro y dicte sentencia complementaria en el proceso de reparación directa con radicado 68001-23-31-000-2010-00695- 01 (48574). Para ello, se le otorga un término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. En caso de considerar necesario decretar una prueba de oficio, se le otorgarán 15 días para dicho trámite y, a partir de su recaudo, 20 días para proferir el fallo». SEGUNDO.- CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de www.consejodeestado.gov.co 2 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-02936-01 Ac c i o n a n t e : E l s a R e y e s I s i d r o y o t r o s Estado que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por las señoras Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y Evila Reyes Isidro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02936-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

6 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02936-01
Accionante: ELSA REYES ISIDRO Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencias judiciales / Derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a
la administración de justicia / Medio de control de
reparación directa / Violación del principio de
congruencia / Defecto fáctico / Indebida valoración
probatoria / Acreditación del estado civil / Formas de
demostrar el parentesco

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
apoderada1 del municipio de Lebrija – Santander y por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, a través del consejero Fredy
Ibarra Martínez, en contra de la sentencia de 4 de agosto de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por

1
La abogada Emilse Pineda Quiroga.

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las señoras Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes
Isidro y Evila Reyes Isidro, por intermedio de apoderado2, en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia se fundamenta
en los siguientes:

1. HECHOS

Las accionantes presentaron medio de control de reparación directa en
contra del municipio de Lebrija – Santander con el fin que se le
declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados
con ocasión del fallecimiento de la señora Solangel Reyes Isidro,
mientras ejecutaba sus labores como auxiliar de construcción en las
«obras de estabilización de taludes Barrio Brisas de Campo Alegre y
Quebrada Chirili, sector calle 12 entre carreras 13A y 13B».

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que, a
través de sentencia de 14 de marzo de 2013, accedió a las pretensiones
de la demanda. Contra dicha decisión, la parte vencida interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B que, por medio de providencia de 26
de julio de 2021, modificó lo fallado en primera instancia y excluyó a
las señoras Catalina Isidro Molina, Evila Reyes Isidro, Elsa Reyes Isidro
y Gladys Reyes Isidro del reconocimiento de los perjuicios morales por
no haber acreditado el parentesco con la causante.

2
El abogado Luzbin Oviedo Reyes.

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2. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

«PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO, el
acceso a la justicia, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, CONTRADICCIÓN DE
LAS MISMAS de mis poderdantes.

SEGUNDA: En consecuencia se REVOQUE la sentencia de segunda Instancia
ejecutoriada, proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B – Consejero Ponente Dr. Alexander Jojoa Bolaños, de fecha veintiséis (26) de
julio de 2021, acción reparación directa, radicado 68001-23-31-000-2010-
0069501(48574), demandante Leidy Catalina Carreño Díaz y otros, demandado
Municipio de Lebrija, el cual modifica la sentencia proferida por la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, de fecha 14 de marzo del
2013». (sic en toda la cita).

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que con la sentencia de 26 de julio de
2021, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B incurrió
en un:

 Defecto fáctico: por la no valoración de (i) los testimonios
rendidos por las señoras Olinta Rondón Solano y Trinidad Murillo
Buenahora, los cuales señalaron que la señora Catalina Isidro
Molina era la madre de la señora Solangel Reyes Isidro, con quien
a su vez convivía al momento de su fallecimiento; y (ii) la partida
de bautismo en la cual se indica que la causante es hija de la
citada.

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De igual modo, también alega una valoración indebida de los
registros civiles de las señoras Evila Reyes Isidro, Elsa Reyes
Isidro y Gladys Reyes Isidro, en los que se consignan como hijas
del señora Ramón Onato Reyes y de la señora Gladys Isidro
Morales, y nietas de los abuelos maternos Saúl Isidro y
Alejandrina Molina, información que es exacta a los datos
consignados en la partida de bautismo de la señora Solangel
Reyes Isidro.

 Desconocimiento del principio de congruencia y de non
reformatio in pejus: porque el tema de las indemnizaciones
reconocidas a las accionantes no fueron materia del recurso de
apelación propuesto por el municipio de Lebrija, por lo que
modificarlas hace más gravosa la situación del apelante único.

Expuso que el municipio de Lebrija se limitó alegar dos
cuestiones: (i) que no se encontraba legitimado en la causa por
pasiva, puesto que el contrato de obra pública contenía una
cláusula de exoneración de responsabilidad; y (ii) que el acta de
bautizo no demostraba el parentesco entre Catalina Isidro Molina
y Solangel Reyes Isidro.

4. INFORMES

Mediante auto de 2 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección B como accionado y al
municipio de Lebrija – Santander y a la señora Leidy Catalina Carreño
y al señor Ferley Reyes Isidro como terceros interesados en las resultas
del proceso.

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Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, por cuanto
se encontraba pendiente de resolver un recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 26 de julio de 2021, bajo el radicado
2021-07354-00.

Asimismo, alegó un incumplimiento del requisito de inmediatez porque
la sentencia cuestionada fue notificada el 24 de agosto de 2021 y la
demanda de tutela se radicó el 31 de mayo de 2022, término que
sobrepasa los seis meses fijados por la jurisprudencia constitucional
para la procedencia de la acción.

Expuso que la sentencia cuestionada está debidamente justificada, toda
vez que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que la
partida o acta de bautizo no es idónea para acreditar el parentesco,
pues los asuntos relacionados con el estado civil ocurridos con
posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938 deben ser acreditados
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 92 de
1938 y 105 del Decreto Ley 1260 de 1970, normas que resultan
aplicables al caso de la señora Solangel Reyes Isidro por cuanto nació
el 1.° de abril de 1964.

4.2. El municipio de Lebrija – Santander solicitó que se rechace por
improcedente la acción de la referencia por no cumplir con los requisitos

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de subsidiariedad e inmediatez. El primero, por la existencia de un
recurso extraordinario de revisión en el cual se plantearon los mismos
argumentos que en esta tutela; y el segundo, porque transcurrieron
más de seis meses desde la notificación de la sentencia cuestionada.

4.3. Las demás partes guardaron silencio.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través de sentencia de 4 de
agosto de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la acción
de tutela y resolvió:

«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de las
señoras Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y Evila
Reyes Isidro, por las razones expuestas.

2. Dejar parcialmente sin efecto la sentencia del 26 de julio de 2021, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, únicamente en cuanto
desestimó la relación de parentesco entre las señoras Solangel Reyes Isidro, Elsa
Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro, Evila Reyes Isidro y Catalina Isidro Molina.

3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en el
término de 20 días, contado a partir de la notificación de la presente decisión, dicte
sentencia complementaria en el proceso de reparación directa con radicado 68001-
23-31-000-2010-00695-01 (48574), en la que deberá estudiar nuevamente la
relación de parentesco entre las señoras Solangel Reyes Isidro, Catalina Isidro
Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y Evila Reyes Isidro».

Precisó que, durante el trámite de la tutela de primera instancia, el
Consejo de Estado – Sala Veintisiete Especial de Decisión declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión radicado número
11001-03-15-000-2021-07354-00, por lo que identificó el problema
jurídico en dos cargos fundamentales: (i) el defecto fáctico derivado de
la valoración probatoria de la relación de parentesco; y (ii) el

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desconocimiento de los principios de non reformatio in pejus y
congruencia.

En cuanto al primer cargo, el a quo consideró que el tema del defecto
fáctico no era un aspecto a resolver por el juez de lo contencioso
administrativo, toda vez que el recurso extraordinario de revisión no
era procedente para cuestionar valoraciones probatorias, situación por
la cual sí debía realizarse en sede de tutela un estudio de fondo frente
a lo planteado.

En ese sentido, indicó que si bien a partir de la entrada en vigor del
Decreto Ley 1260 de 1970, las copias auténticas de los registros civiles
fueron fijadas como prueba única de nacimientos, matrimonios y
defunciones, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en múltiples
oportunidades, ha establecido que cuando es necesario acreditar el
parentesco, la ausencia por motivos de fuerza mayor del
correspondiente folio o partida del registro civil puede suplirse con otros
medios probatorios.

Así las cosas, expuso que la sentencia acusada se limitó a señalar que
la ausencia de registro civil era suficiente para desestimar la relación
de parentesco entre la fallecida Solangel Reyes Isidro y las señoras
Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y Evila
Reyes Isidro, desconociendo que, conforme con el precedente fijado
por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
el hecho de no aportar el registro civil no implica que automáticamente
quede desestimada la relación de parentesco, por lo que era necesario
hacer un estudio sobre las circunstancias que impidieron aportar el
respectivo registro civil y, eventualmente, acudir a otras pruebas, como
los testimonios y la partida de bautismo.

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Finalmente, en cuanto al segundo cargo, advirtió que la tutela no
cumple el requisito de subsidiariedad porque el Consejo de Estado
decidió de fondo sobre ese asunto, en el sentido de desestimarlo.
Precisó que ese argumento que también se presenta en la demanda de
tutela fue fallado de fondo en sede de revisión y, por tanto, el juez
constitucional no puede invadir las competencias del juez de revisión,
máxime cuando la demanda de tutela no está dirigida contra la
sentencia del recurso extraordinario.

6. IMPUGNACIÓN

6.1. El municipio de Lebrija – Santander, actuando por conducto
de apoderada, presentó impugnación en contra de la sentencia de
primera instancia y solicitó que se revoque lo decidido y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

En primer lugar, indicó que la parte accionante no cumplió con la carga
probatoria de explicar las razones por las cuales no aportó el registro
civil de nacimiento, lo cual era primordial a la hora de tomar la decisión
sobre si valorar otros medios de pruebas distintos al exigido por la Ley
para probar el estado civil, porque de considerarse la validez de otros
documentos se le estaría premiando a las demandantes por su
inactividad procesal a la hora de probar el estado civil.

En segundo lugar, alegó el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad por encontrarse pendiente de resolver el recurso
extraordinario de revisión instaurado el 29 octubre de 2021, el cual
cursa simultáneamente a este trámite de tutela bajo los mismos cargos
y con base en los mismos hechos. Asimismo, señala un
desconocimiento del requisito de inmediatez porque la sentencia objeto

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de estudio se expidió en junio de 2021 por lo que han transcurrido 11
meses desde su ejecutoria.

Finalmente, señaló que hay un desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad entre las partes ante
la administración de justicia, la cual se configura porque las pruebas
que a hoy pretende valorar la misma administración de justicia nunca
fueron sometidas a contradicción dentro del medio de control de
reparación directa.

6.2. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, a
través del consejero Fredy Ibarra Martínez, solicitó que se revoque el
fallo de primera instancia por el carácter infundado de la petición de
amparo y el desacierto en que incurrió la Sección Cuarta de esta
corporación.

Indicó que la acción de tutela bajo estudio no reviste relevancia
constitucional, porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
jurídico que era propio del proceso de reparación directa y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia, so pena de desconocer la estructura de la
administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica
y juez natural; además, no se evidencia prima facie que la parte
accionante haya presentado algún argumento de afectación o
vulneración a derechos fundamentales.

Por otro lado, indicó que no se satisface el requisito de subsidiariedad
porque las demandantes contaban con otro medio de defensa judicial
idóneo y eficaz para controvertir la decisión proferida el 26 de julio de
2021, como lo era el recurso extraordinario de revisión, el cual

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efectivamente ejercieron dentro de la oportunidad correspondiente y se
declaró infundado por la Sala Veintisiete Especial de Decisión del
Consejo de Estado el 8 de junio de 2022.

Al respecto, sostuvo que ya existe una decisión que se pronunció sobre
los mismos hechos y pretensiones contenidos en la solicitud de amparo
y que, de manera expresa, consideró que la providencia proferida en el
proceso de reparación directa aplicó las reglas normativas y
jurisprudenciales que regulaban la materia, sin que se advirtiera
irregularidad alguna capaz de invalidar el fallo por el no reconocimiento
de los perjuicios morales a las señoras Catalina Isidro Molina, Evila,
Elsa y Gladys Reyes Isidro.

Finalmente, insistió en que el registro civil de nacimiento es la prueba
conducente y pertinente para demostrar el estado civil y parentesco de
una persona, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1260
de 1970, pero este no fue aportado al proceso y tampoco se demostró
imposibilidad alguna de expedición del mismo.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo

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de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»3.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará,
conforme a los argumentos de impugnación formulados contra la
sentencia de primera instancia, si

 ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con la
expedición de la sentencia de 26 de julio de 2021, que resolvió el
medio de control de reparación directa radicado número 68001-
23-31-000-2010-00695-01, valoró adecuadamente las pruebas
para determinar el parentesco o, como lo afirmaron los
accionantes, incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los

3
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) la acreditación del
estado civil y v) el caso concreto.

3. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente4 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
política le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de

4
Corte Constitucional, sentencia C-590-05.
5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.

3.1.2. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la providencia cuestionada se notificó mediante edicto
electrónico radicado el 24 de agosto de 2021 y la acción de tutela se
presentó ante la Corte Constitucional el 2 de noviembre de 2021,
corporación que posteriormente la remitió al Consejo de Estado donde
fue radicada el 31 de mayo de 2022.

3.1.3 El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

3.1.4. Finalmente, se advierte que los accionantes agotaron todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa a su alcance.

Al respecto, el magistrado impugnante solicita que se rechacen por
improcedentes la totalidad de pretensiones de la demanda, aduciendo
que los reparos efectuados por los accionantes se ventilaron en el
recurso extraordinario de revisión que fue resuelto por la Sala
Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado el 8 de junio de
2022, argumento que, en criterio de la Sala, no tiene vocación de
prosperidad, en tanto la causal planteada en dicho recurso se limita a

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verificar la existencia de una nulidad originada en la sentencia por falta
de congruencia, la cual no comprende dentro de su órbita de análisis la
posible configuración de un defecto fáctico.

Por esta razón, no es dable rechazar por improcedente la acción de
tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que, para
el estudio de una presunta indebida valoración probatoria, a los
accionantes no les asistía otro medio de defensa judicial.

Finalmente, no se hará análisis de procedencia de la presente acción de
tutela frente a los demás defectos alegados en la demanda de tutela
(procedimental y violación del principio de non reformatio in pejus) toda
vez que dicho aspecto no fue objeto de la impugnación por lo que, por
esa razón, se confirmará, en ese aspecto, la providencia recurrida.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional6 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

6
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

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Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

3.3. DE LA ACREDITACIÓN DEL ESTADO CIVIL

El estado civil es considerado dentro del ordenamiento jurídico 9
colombiano como un atributo de la personalidad que tiene como
finalidad determinar la situación de una persona en la familia y en la
sociedad para efectos que de él se deriven derechos y obligaciones.
Asimismo, se entiende como su situación jurídica en la familia y la
sociedad determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y
contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e
imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.

La Constitución de 1886 en su artículo 5010 dispuso que el estado civil
sería regulado por el poder legislativo, por lo que el Congreso de la
República, a través de la Ley 57 de 1887, expidió el Código Civil el cual
en su artículo 2211 estableció como pruebas principales del estado civil,
respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas
bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las

8
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019.
10
Artículo 50.- Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes
derechos y deberes.
11
ARTICULO 22. FUNCION PROBATORIA DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS. En los casos en que los
códigos o las leyes de la Unión exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir
efecto en asuntos de la competencia de la unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la
fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

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certificaciones que con las formalidades legales expidieran los
respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas
existentes en los libros parroquiales.

Posteriormente, a partir de la Ley 92 de 1938 se determinó que los
documentos expedidos por la Iglesia Católica eran supletorios y sólo
tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil las copias
auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por
los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de
Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía,
quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de
las personas respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones,
reconocimientos y adopciones, efectuados con posterioridad a la
vigencia de la norma.

Finalmente, el Decreto Ley 1260 de 1970 estableció como prueba única
del estado civil para los nacimientos, matrimonios y defunciones
ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros
civiles, a saber:

«Art. 105.- Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas,
ocurridos con posteridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia
de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los
mismos.

En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos, y actos se probarán con las
actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción,
conforme a lo dispuesto en el artículo 100».

Así las cosas, dependiendo de la fecha de nacimiento de las personas,
la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá
hacerse con el documento que corresponda, según la norma vigente al
momento del nacimiento, «siendo el registro civil de nacimiento el

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medio idóneo para acreditar la relación de parentesco, comoquiera que
la información consignada en dicho documento público ha sido
previamente suministrada por las personas autorizadas y con el
procedimiento establecido para tal efecto»12.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado13 ha sostenido que existen razones
constitucionalmente imperiosas que justifican limitar el alcance del
artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 en consideración a que (i) la
exigencia de la prueba solemne de la defunción afectaría gravemente
el derecho de los demandantes a acceder a la administración de justicia
con el fin de que se les indemnice el daño causado debido a que está
plenamente acreditado que la parte actora intentó aportar el acta de
defunción pero no lo consiguió por razones que no le son imputables;
(ii) cualquier esfuerzo realizado con el fin de que este documento se
allegara al expediente mediante el ejercicio de las facultades oficiosas
que la ley atribuye al juez en materia probatoria, hubiera resultado
inútil y aún más dilatoria del proceso en razón a que el registro nunca
se realizó; y (iii) existen otras pruebas que acreditan el hecho del
fallecimiento, las cuales deben ser valoradas por el juez con el fin de
no vulnerar el derecho al debido proceso de los demandantes y de
asegurar la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se decide la impugnación presentada por la
apoderada del municipio de Lebrija – Santander y por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, a través del consejero Fredy
Ibarra Martínez, en contra de la sentencia de 4 de agosto de 2022,

12
Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019.
13
Sentencia del 22 de marzo de 2012. Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por
las señoras Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes
Isidro y Evila Reyes Isidro, por intermedio de apoderado, en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.

La parte accionante alega la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración
de justicia, ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia de 26
de julio de 2021, la cual concedió lo pedido en el medio de control de
reparación directa radicado número 68001-23-31-000-2010-00695-
01, pero excluyó a las señoras Catalina Isidro Molina, Evila Reyes
Isidro, Elsa Reyes Isidro y Gladys Reyes Isidro del reconocimiento de
los perjuicios morales por no haber acreditado el parentesco con la
causante.

Ahora bien, de conformidad con los fundamentos expuestos en la acción
de tutela, en el presente asunto las demandantes alegan la
configuración de un defecto fáctico porque consideran que en la
sentencia de 26 de julio de 2021 no se valoraron (i) los testimonios
rendidos por las señoras Olinta Rondón Solano y Trinidad Murillo
Buenahora, los cuales señalaron que la señora Catalina Isidro Molina
era la madre de la señora Solangel Reyes Isidro, con quien a su vez
convivía al momento de su fallecimiento; y (ii) la partida de bautismo
que la cual se indica que la causante es hija de la citada.

De igual modo, también se señala una valoración indebida de los
registros civiles de las señoras Evila Reyes Isidro, Elsa Reyes Isidro y
Gladys Reyes Isidro, en los que se consignan como hijas del señora
Ramón Onato Reyes y de la señora Gladys Isidro Morales, y nietas de

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los abuelos maternos Saúl Isidro y Alejandrina Molina, información que
es exacta a los datos consignados en la partida de bautismo de la
señora Solangel Reyes Isidro.

Ahora bien, revisado el material probatorio obrante en el expediente,
para efectos de la acreditación del parentesco se aportaron los
siguientes documentos:

• Partida de bautismo de la señora Solangel Reyes Isidro, suscrita
por el párroco Jesús Alfredo Rojas Hernández, donde consta que
nació el 1° de abril de 1974, es hija de Ramón Onato Reyes y
Catalina Isidro y nieta de Benito Reyes y Rosa Elvira Díaz, abuelos
paternos, y de Saúl Isidro y Alejandrina Molina, abuelos
maternos.

• Partidas de bautismo de la señora Catalina Isidro Molina, suscrita
por el párroco Alexander Pérez Flórez, donde consta que nació el
24 de octubre de 1936 y es hija de Saúl Isidro y Alejandrina
Molina.

• Cédula de ciudadanía de la señora Catalina Isidro Molina donde
se acredita que nació en el municipio de Surata – Santander.

• Registro civil de nacimiento de la señora Evila Reyes Isidro,
certificado por el señor Cristian Berney Barroso Plata en su
calidad de registrador municipal del estado civil, donde consta
que sus padres son Ramón Onato Reyes y Catalina Isidro y sus
abuelos paternos son Benito Reyes y Rosa Elvira Díaz y sus
abuelos maternos son Saúl Isidro y Alejandrina Molina.

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• Registro civil de nacimiento de la señora Elsa Reyes Isidro,
certificado por el señor Cristian Berney Barroso Plata en su
calidad de registrador municipal del estado civil, donde consta
que sus padres son Ramón Onato Reyes y Catalina Isidro y sus
abuelos paternos son Benito Reyes y Rosa Elvira Díaz y sus
abuelos maternos son Saúl Isidro y Alejandrina Molina.

• Registro civil de nacimiento de la señora Gladys Reyes Isidro,
certificado por el señor Cristian Berney Barroso Plata en su
calidad de registrador municipal del estado civil, donde consta
que sus padres son Ramón Onato Reyes y Catalina Isidro y sus
abuelos paternos son Benito Reyes y Rosa Elvira Díaz y sus
abuelos maternos son Saúl Isidro y Alejandrina Molina.

Asimismo, se tiene que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, en la sentencia de 26 de julio de 2021, precisó que el
Decreto 1260 de 1970 dispuso, entre otras cosas, que el registro civil
de nacimiento, matrimonio o defunción es el único documento que
posee la idoneidad legal para demostrar el parentesco y que la partida
de bautismo expedida por un párroco de la Iglesia Católica sólo es
válida para las personas nacidas antes de 1938, por lo que las pruebas
aportadas son inconducentes, toda vez que los hechos relacionados con
el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia
indicada.

Ese mismo criterio fue aplicado para las señoras Evila Reyes Isidro, Elsa
Reyes Isidro y Gladys Reyes Isidro, quienes no fueron consideradas
como hermanas de las señora Solangel Reyes Isidro porque de esta
última no se aportó registro civil de nacimiento que acreditara el

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parentesco sino únicamente la partida de bautismo y tampoco se
demostró la calidad de terceras damnificadas.

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado14 ha establecido que cuando los demandantes
no aportan prueba del estado civil a fin de acreditar el parentesco con
la víctima en los procesos de reparación directa o el daño causado, el
juez:

i. Debe hacer uso de sus facultades oficiosas con el fin de solicitar
a la Registraduría o a los demandantes que aporten el registro
para acreditar la legitimación en la causa por activa, cuando falta
el registro civil de nacimiento para probar el parentesco o el
registro civil de matrimonio para probar la relación.

ii. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de obtener el registro,
debe analizar si existen indicios que permitan dar por probada la
situación que se pretende acreditar (como la relación familiar
entre las personas o la muerte).

En ese sentido, es deber del juez evitar que el requisito del registro civil
de nacimiento para probar el parentesco sea un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y constituya una denegación de justicia
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la
vigencia de los derechos fundamentales.

En el presente asunto, si bien frente a la señora Solangel Reyes Isidro
no se aportó el registro civil de nacimiento, se adjuntó la partida de
bautismo y además obran en el expediente dos testimonios que dan

14
Véase: sentencia del 12 de noviembre de 2014 de la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado
y sentencia del 28 de mayo de 2015 de la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado.

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cuenta que la señora Catalina Isidro Molina es su madre y las señoras
Evila Reyes Isidro, Elsa Reyes Isidro y Gladys Reyes Isidro son sus
hermanas, a saber:

«Declaración de la señora Trinidad Murillo Buenahora:

PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho como era la relación familiar de la
señora SOLANGEL REYES ISIDRO con su madre (CATALINA ISIDRO
MOLINA), con sus hermanas (EVILA REYES ISIDRO, ELSA REYES ISIDRO Y
GLADYS REYES ISIDRO) y con sus hijas (LEIDY CATALINA CARREÑO REYES
y FERYE REYES ISIDRO). CONTESTO: Una relación muy bonita y muy especial,
en temporadas de diciembre, en los cumpleaños de cada cual de sus hermanas, su
mamá y las hijas. (…). PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho cuál fue el
dolor moral padecido que usted observó en la señora CATALINA ISIDRO
MOLINA, EVILA REYES ISIDRO, ELSA REYES ISIDRO, GLADYS REYES
ISIDRO, LEIDY CATALINA CARREÑO REYES Y FERYE REYES ISIDRO, por la
muerte de la señora SOLANGEL REYES ISIDRO. CONTESTO: Fue muy
doloroso, porque era una persona muy especial con ellas, con todas y al ver eso
las afectó (sic) muchisisimo a todos.

Declaración de la señora Olinta Rondón Solano:

PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho cuál fue el dolor moral padecido que
usted observó en la señora CATALINA ISIDRO MOLINA, EVILA REYES ISIDRO,
ELSA REYES ISIDRO, GLADYS REYES ISIDRO, LEIDY CATALINA CARREÑO
REYES Y FERYE REYES ISIDRO, por la muerte de la señora SOLANGEL REYES
ISIDRO. CONTESTO: Sí, pues todas están todavía con ese dolor de perder ese ser
querido porque imagínese».

Expuesto lo anterior, la Subsección estima que el presente asunto
encuadra dentro de los establecidos por la jurisprudencia constitucional
en los cuales se incurre en un defecto fáctico por desconocimiento de
las reglas de la sana crítica15, toda vez que el juez del medio de control

15
La línea jurisprudencial puede verse en la sentencia T-620 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio.

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de reparación directa pudo solicitar de oficio la prueba faltante y
permitir la contradicción de la misma a la parte contraria16.

Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando indicó que se debió hacer
un estudio sobre las circunstancias que impidieron aportar el respectivo
registro civil y, eventualmente, acudir a otras pruebas, como los
testimonios y la partida de bautismo, porque si bien en la sentencia
cuestionada se sostuvo que la parte actora «no adujo las razones por
las cuales no allegó el correspondiente registro civil de nacimiento de
Solangel Reyes Isidro», lo cierto es que esto no es suficiente para
abstenerse de analizar si se presentaron circunstancias excepcionales
que permitieran limitar los alcances del artículo 105 del Decreto 1260
de 1970.

Al respecto, esta Sala de Subsección considera necesario reiterar que
la Corte Constitucional ha establecido que en las actuaciones de la
administración de justicia debe prevalecer la aplicación del derecho
sustancial, lo que implica que al momento de interpretar la ley procesal
el juez está obligado a tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en las
normas sustanciales.

16
Esta situación fue advertida dentro del medio de control de reparación directa por el consejero Alberto
Montaña Plata, quien presentó salvamento parcial de voto frente a la sentencia de 26 de julio de 2021
señalando:

«En concordancia, la oficiosidad en materia registros civiles y reconocimiento de parentesco tiene
una (sic) estándar probatorio diferente, porque incide en la reparación integral de las víctimas. En
el caso concreto, existían indicios sobre esa relación, pues obraba en el expediente una partida
bautismo de la víctima directa y dos testimonios, que aludían a su parentesco y al vínculo familiar.

Por esta razón, la Sala estaba obligada a ejercer sus facultades oficiosas para no afectar los
derechos de los demandantes a acceder a una reparación integral e impedir que una prueba
solemne se convirtiera en un obstáculo para garantizar la justicia material. De esta manera, para
esclarecer las relaciones de parentesco se debía solicitar de oficio el registro civil de nacimiento
de la víctima directa a la autoridad de registro competente».

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Por consiguiente, las formas no deben convertirse en un obstáculo para
la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización, más aún cuando la exigencia documental refiere a asuntos
respecto de los que existe soporte probatorio en el respectivo trámite
judicial, pues el exceso ritual manifiesto en materia de exigencia
probatoria puede comportar un defecto fáctico, en aquellos casos en
que se omita la práctica de una prueba de oficio para aclarar un asunto
difuso del debate, a pesar de que de los otros medios de prueba puedan
inferirse los hechos que sustentan la pretensión correspondiente17.

Así las cosas, dado que es deber del juez tener en cuenta que el objeto
de los procedimientos es lograr la efectividad de los derechos
reconocidos por la ley sustancial y, en virtud de ello, puede emplear los
poderes que la ley procesal le concede en materia de pruebas siempre
que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las
partes con el fin de esclarecer la verdad del proceso, esta Sala de
Subsección modificará la orden dictada en el numeral tercero de la
sentencia de 4 de agosto de 2022, para ordenar al Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B que realice una nueva valoración del
material probatorio obrante en el expediente en los términos expuestos
en esta providencia y, de considerarlo necesario, decrete de oficio las
pruebas idóneas, pertinentes y conducentes a efectos de establecer con
certeza la relación de parentesco bajo estudio.

A su vez, por considerar que la sentencia de 26 de julio de 2021 incurrió
en la causal específica de procedibilidad del defecto fáctico, se
confirmarán los demás numerales de la sentencia de 4 de agosto de
2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por

17
Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019.

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las señoras Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes
Isidro y Evila Reyes Isidro, por intermedio de apoderado, en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, pero por las
razones previamente expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia de 4 de
agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Cuarta, el cual quedará así:

«3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que realice una nueva valoración del material probatorio obrante en
el expediente en los términos expuestos en esta providencia y, de
considerarlo necesario, decrete de oficio las pruebas idóneas,
pertinentes y conducentes a efectos de establecer con certeza la
relación de parentesco entre las señoras Solangel Reyes Isidro,
Catalina Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y
Evila Reyes Isidro y dicte sentencia complementaria en el proceso
de reparación directa con radicado 68001-23-31-000-2010-00695-
01 (48574).

Para ello, se le otorga un término de 20 días contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia. En caso de considerar
necesario decretar una prueba de oficio, se le otorgarán 15 días para
dicho trámite y, a partir de su recaudo, 20 días para proferir el fallo».

SEGUNDO.- CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia del 4 de agosto
de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

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Estado que accedió parcialmente a las pretensiones de la
acción de tutela interpuesta por las señoras Catalina
Isidro Molina, Elsa Reyes Isidro, Gladys Reyes Isidro y
Evila Reyes Isidro, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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