Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07806-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de abril de 2026
Demandante: John Jairo Téllez Ospina
Demandado: Comando del Ejército Nacional y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-00
Demandante: JOHN JAIRO TÉLLEZ OSPINA
Demandado: COMANDO EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
Tema: Tutela por recaudo probatorio en actuación administrativa y
judicial
TUTELA – SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por el ciudadano John
Jairo Téllez Ospina contra el Comando del Ejército Nacional - Jefatura de Estado
Mayor de Operaciones, la Inspección General de las Fuerzas Militares (IGFM), el
Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar y la Segunda División del Ejército
Nacional.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito recibido el 9 de diciembre de 20251 el señor John Jairo Téllez
Ospina solicitó el amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, presunción de inocencia, acceso a la información, trabajo, honra, buen
nombre y petición.
Las anteriores garantías fundamentales las consideró vulneradas por parte de las
autoridades accionadas, con ocasión de los descuentos que se vienen realizando
en su asignación de retiro, por cuenta de las decisiones administrativas y penales
que obran en su contra.
Como medida provisional, solicitó que se suspendan los referidos cobros mientras
se resuelve este mecanismo constitucional y que se ordene a la Inspección
General de las Fuerzas Militares y a la Segunda División del Ejército Nacional que
custodien los documentos obrantes en la inspección 2019-2020.
1.2. Pretensiones
1 El proceso fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en atención a que
el actor indicó, como una de las autoridades accionadas, al Juzgado 34 Penal Militar; no obstante,
con auto de 25 de febrero de 2026, la Corte Constitucional consideró que el caso debía ser
conocido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1
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Demandante: John Jairo Téllez Ospina
Demandado: Comando del Ejército Nacional y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-00
La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
presunción de inocencia, derecho de petición, acceso a la información
pública, trabajo, honra, buen nombre y mínimo vital, vulnerados por la
Inspección General de las Fuerzas Militares – IGFM, Jefatura de Estado
Mayor de Operaciones – Segundo Comandante del Ejército Nacional,
Juzgado IPM 34 y la Segunda División comprometidos en las investigaciones
administrativas y en el proceso penal 1928/2025.
2. Ordenar a la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones – Segundo
Comandante del Ejército Nacional que, dentro del término que el Despacho
fije (por ejemplo, 48 horas):
a) Suspenda la ejecución de todo descuento presente o futuro sobre mi
asignación de retiro derivado de las investigaciones administrativas 10202-
2024 y 10266-2024 SECEJ, así como de los fallos de primera instancia en
10200-2024, 10247-2024, 10255-2024 y 10265-2024 SECEJ, hasta tanto se
recaude y valore integralmente la prueba reservada (informes de inspección
2019-2020, libro foliado de la SIDEL-2 y auto INOPI 003-2025) y se adopte
una nueva decisión motivada.
b) Oficie BAJO RESERVA a la Inspección General de las Fuerzas
Militares y a la Segunda División del Ejército para que, dentro del plazo que
el Despacho señale, remitan:
o Los informes detallados de inspección, actas de inicio y
hallazgos, cronogramas, planes de mejoramiento, órdenes de marcha,
radiogramas y demás soportes de las órdenes de giro 2019-2020 que
dieron origen a las 13 investigaciones administrativas.
o Copia del libro foliado de registro de documentos salidos y
recibidos de la SIDEL-2 (2019-2020), al menos en lo que concierne a
los asientos donde figure el envío y recepción de informes de inspección
y solicitudes de pasajes y viáticos.
o El auto de archivo de la Indagación Disciplinaria INOPI 003-2025,
con sus antecedentes y anexos.
c) Una vez recibida esa documentación, disponga la incorporación y
valoración integral en los expedientes administrativos y, de considerarlo
procedente, revoque o modifique los fallos que me declaran responsable, o
reponga la actuación desde la etapa probatoria, garantizando mi derecho de
defensa.
3. Ordenar a la Inspección General de las Fuerzas Militares – IGFM que:
a) En cumplimiento de los principios de buena fe, colaboración armónica
y corrección de actuaciones derivadas de su propio informe, remita de
manera inmediata, bajo reserva, al Segundo Comandante del Ejército
Nacional y al Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar:
o El auto de archivo INOPI 003-2025 con todos sus anexos.
o Una comunicación técnica en la que se precise que, de acuerdo
con los hallazgos de la indagación disciplinaria y con la situación del
archivo institucional, el informe elaborado por el Sargento Cesar
Augusto Lamprea carece de soporte documental integral, fue
desestimado en sede disciplinaria y no puede seguir utilizándose como
único fundamento para imputar “pérdida de dineros” sin valorar el
acervo 2019- 2020.
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o Los informes detallados de inspección, actas, cronogramas,
libros foliados y demás soportes 2019-2020 en lo que resulte compatible
con la reserva, poniendo a disposición del Despacho la totalidad del
acervo para que sea decretado y valorado bajo las condiciones de
reserva que correspondan. b) Entregue al suscrito, en ejercicio de mi
derecho de petición y de acceso a la información, una copia legible del
libro foliado 2019-2020 de la SIDEL-2 en la parte que no se encuentre
amparada por reserva (por ejemplo, número de radicado, fecha,
remitente, destinatario, asunto genérico), o en su defecto, una versión
testada que proteja los contenidos sensibles pero permita acreditar la
trazabilidad de los documentos. c) Emita, en lo sucesivo, respuestas de
fondo, completas y congruentes a mis PQR, indicando con precisión
qué documentos se consideran reservados, con qué fundamento y ante
qué autoridad pueden ser solicitados para efectos de mi defensa,
adjuntando las constancias de remisión cuando se envíen a la autoridad
investigadora.
4. Ordenar al Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar, en calidad de autoridad
vinculada, que:
a) Tenga en cuenta el auto de archivo INOPI 003-2025, las respuestas
PQR de la IGFM y de la Segunda División, y el acervo 2019-2020 que se
recaude en virtud de esta tutela, como prueba trasladada en el proceso penal
1928/2025.
b) De considerarlo jurídicamente procedente, decrete el archivo o
preclusión de la investigación penal, o, subsidiariamente, disponga el recaudo
integral de la prueba reservada que reposa en la IGFM y en la Segunda
División (informes detallados de inspección, actas, cronogramas, órdenes de
marcha, radiogramas, libros foliados, etc.), garantizando mi derecho de defensa
y la igualdad de armas.
5. En subsidio, y si el Despacho estima que no es posible impartir órdenes
directas al Juzgado penal militar, solicito que se ordene a la IGFM y a la
Jefatura de Estado Mayor de Operaciones que informen y remitan de oficio al
Juzgado 34 IPM el auto INOPI 003-2025 y los demás documentos que
desvirtúan el informe del Sargento Cesar Augusto Lamprea, para que obren
como prueba en el proceso penal.
6. Ordenar a las entidades accionadas que se abstengan de adoptar nuevas
decisiones o ejecutar nuevos descuentos basados exclusivamente en el
“informe Lamprea” mientras no se haya valorado integralmente el acervo
probatorio 2019-2020 y el auto de archivo INOPI 003-2025.
7. Adoptar las demás medidas que el Despacho estime necesarias para
restablecer plenamente mis derechos fundamentales y prevenir la causación de
perjuicios irremediables.2
1.3. Hechos
Informó el actor que desde 2015 y hasta el 2020 se desempeñó como inspector
auxiliar de la Inspección General de las Fuerzas Militares en Bucaramanga ante la
Segunda División del Ejército Nacional. En virtud de aquello, entre 2019 y 2020,
tuvo como función, la inspección de la Segunda División y sus unidades
subordinadas, por lo cual le fueron otorgados pasajes y viáticos.
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
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El soporte documental de los pagos recibidos está conformado por informes
detallados y actas que, de acuerdo con las normas que regulan la gestión
documental interna y la Ley 594 de 2000, se encuentran bajo custodia de la
Inspección General y la Segunda División.
Aseguró que, a raíz del informe rendido por un sargento adscrito a la IGFM,
relacionado con los soportes de los mencionados viáticos y pasajes, se iniciaron
en su contra: 13 investigaciones administrativas (adelantadas por la Jefatura del
Estado Mayor), 1 indagación disciplinaria (INOPI 003-2025, adelantada por la
IGFM) y 1 investigación penal militar (en conocimiento por parte del Juzgado 34 de
Instrucción Penal Militar).
Resaltó que en la investigación disciplinaria INOPI 003-2025, la IGFM archivó la
causa, por cuanto no encontró méritos para continuar con la actuación y, por el
contrario, la falta de orden en los archivos administrativos restaba certeza sobre la
conducta que se pretendía endilgar al actor, adicionalmente, descartó el informe
presentado por el mencionado sargento, como soporte para la acusación.
Aun, con el resultado del expediente disciplinario, la Jefatura del Estado Mayor de
Operaciones continuó con los procesos administrativos, esto, según afirma el
accionante, sin recaudar los informes detallados y demás documentos de la
inspección realizada entre 2019 y 2020, que obran en la propia IGFM y la
Segunda División y, adicionalmente, ha sustentado sus decisiones en el reporte
que fue descartado en el proceso disciplinario.
Manifestó que en los procesos disciplinarios identificados como 10202-2024
SECEJ y 10266-2024 SECEJ fue declarado responsable administrativamente en
decisiones de segunda instancia de 28 de agosto de 2025 y 21 de noviembre de
2025, respectivamente, en consecuencia, se ordenaron descuentos a su
asignación de retiro
A su vez, narró que también fue hallado responsable en primera instancia, dentro
de los expedientes 10200-2024, 10247-2024, 10255-2024 y 10265-2024 SECEJ.
Afirmó que ha tenido que destinar alrededor de $ 50 000 000 en gastos para
asumir su defensa en los distintos procesos en su contra.
Informó que ha presentado varias solicitudes ante la IGFM, de las que resaltó la
de radicado 1254075 de 26 de septiembre de 2025, en la que requirió:
o La remisión BAJO RESERVA al Segundo Comandante del Ejército de los
informes detallados de inspección, actas, cronogramas, planes de
mejoramiento, radiogramas, órdenes de marcha y demás soportes
correspondientes a las órdenes de giro 2019-2020 que dieron origen a las 13
investigaciones.
o Copia legible del libro foliado de registro de documentos salida y llegada
2019- 2020 de la SIDEL-2, para acreditar la trazabilidad de los informes
enviados a la IGFM, a la Segunda División y a las unidades inspeccionadas.
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Como respuesta a ello, la IGFM le contestó que sí existen los informes detallados
y demás documental relacionada, pero que no pueden ser entregados
directamente al accionante por cuanto se trata de información reservada; no
obstante, de obrar orden judicial o administrativa serán remitidos a la autoridad
requirente.
Igualmente, aseguró que la Segunda División, en respuesta a una petición
presentada ante ella, también aceptó que existen los soportes de los documentos
exigidos para el pago de pasajes y viáticos. Del mismo modo, le informó que había
remitido copias de las respectivas órdenes de giro con destino a las
investigaciones administrativas que se adelantaban en su contra.
Sin embargo, ante una solicitud posterior, que identificó como 1261202 y en la que
pretendía que la Segunda División remtiera «los informes detallados de inspección
correspondientes a las órdenes de giro 2019–2020 y demás soportes asociados»,
la entidad le manifestó que no contaba con esa información y que debía reposar
en los archivos de la IGFM.
El actor expresó que, en otro requerimiento3, pidió a la Segunda División:
(i) copias escaneadas y legibles de los asientos del libro foliado de salida y
llegada de documentación de la SIDEL-2 correspondientes a los años 2019 y
2020, donde conste el envío de documentación a la Inspección General, a la
Segunda División y a las unidades inspeccionadas, incluyendo los soportes
utilizados para la solicitud de pasajes y viáticos; y (ii) el informe detallado de
inspección 2019–2020 correspondiente a la Orden de Giro No. 003 del 28 de
febrero de 2019, por valor de $535.537, vinculada a la investigación
administrativa 10200-2024 SECEJ, con constancia de su radicación y remisión
a la Segunda División y a la unidad inspeccionada, así como solicitudes
análogas para cada una de las demás órdenes de giro.
Frente a dichos elementos, adujo que se trata de documentos elaborados por él y
que remitió a la Segunda División, por lo que deben estar en esa entidad, siendo
así, de haber un mal manejo de los documentos, no le puede ser endilgada
responsabilidad en las investigaciones administrativas.
Comentó que el 1 de diciembre de 2025 la IGFM, respondió a una de sus
solicitudes, de la siguiente manera:
Indica que la solicitud también llegó por remisión del Segundo Comandante del
Ejército, mediante radicado 2025125002973741/MDN-COGFM-COEJC-
OADAS1.10, donde se requiere el envío de documentos de las inspecciones
2019-2020.
Reitera que la IGFM no adelanta procesos disciplinarios ni administrativos en
los cuales se requiera valorar el auto de archivo INOPI 003-2025, y que por ello
no lo incorpora a ningún expediente.
Señala que el auto INOPI 003-2025 será remitido como prueba trasladada solo
“si es requerido por autoridad respectiva”, y agrega que “a la fecha no ha sido
3 No da detalles sobre su fecha o número de radicación.
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solicitada la providencia de archivo por ninguna autoridad administrativa”. o
Concluye que “la emisión de los documentos tantas veces solicitados se
realizará únicamente a petición de las autoridades investigadoras que así lo
requieran”.
1.4. Fundamentos de la solicitud
A partir de lo expuesto en los hechos, el accionante consideró que se le están
vulnerando sus derechos fundamentales por cuanto se le ha negado la posibilidad
de contar con elementos probatorios que acreditan su inocencia.
Considera contradictorio que la IGFM reconozca que el comandante de la
Segunda División haya requerido la remisión de las inspecciones para el
periodo 2019-2020 pero que, a su vez, afirme que ninguna autoridad
administrativa haya solicitado la providencia de archivo de la causa
disciplinaria, por lo que concluye respecto de cada autoridad accionada que:
La IGFM se niega a remitir espontáneamente el auto INOPI 003-2025 y los
informes de inspección, pese a ser la misma entidad que generó el informe
que dio origen a las investigaciones.
El ente investigador no impulsa oficiosamente el recaudo de la prueba
reservada, a pesar de conocer su existencia y de que la IGFM dice estar
dispuesta a remitirla si se le solicita.
El Juzgado penal militar tampoco ha ordenado aún el recaudo integral del
acervo reservado.
Mientras tanto, se ejecutan o están por ejecutarse descuentos periódicos
sobre mi asignación de retiro, afectando mi mínimo vital, y se mantiene una
imputación penal que compromete mi honra, mi buen nombre y mi estabilidad
laboral.
1.5. Trámite de la acción
Tras la decisión de la Corte Constitucional que, con auto de 25 de febrero de 2026
resolvió un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta
corporación4, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela mediante
providencia de 12 de marzo de 2026 en la que ordenó notificar como autoridad
accionada al Comando del Ejército Nacional - Jefatura de Estado Mayor de
Operaciones, a la Inspección General de las Fuerzas Militares, al Juzgado 34 de
Instrucción Penal Militar y a la Segunda División del Ejército Nacional.
Adicionalmente, vinculó a como terceros interesados a las partes e intervinientes
del expediente 1928/2025, que cursa en el Juzgado 34 de Instrucción Penal
Militar.
Finalmente, se negó el decreto de la medida provisional solicitada, por cuanto se
consideró que el solo archivo de la investigación disciplinaria no implicaba,
necesariamente, que las causas administrativas y penales debieran terminarse, en
atención a que se regulan por regímenes de responsabilidad distintos, en ese
sentido, no se evidenció el fundamento que sustentara la suspensión de los
descuentos ordenados contra el accionante.
4 El expediente fue recibido en el Consejo de Estado el 11 de marzo de 2026.
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Con auto de 27 de marzo de 2026 y en atención al informe secretarial que le
antecede, el despacho sustanciador requirió al Juzgado 34 de Instrucción Penal
Militar para que comunicara a los terceros intervinientes sobre la existencia de
esta acción de tutela, con el fin de preservar la reserva del expediente penal.
A su vez, en atención a lo informado por la IGFM, se dispuso oficiar al Juzgado 30
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para que facilitara
copia digitalizada del proceso de tutela 2025-00302, a fin de verificar la posible
identidad de partes, objeto y causa con el asunto aquí conocido.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar
El secretario de este despacho confirmó que allí cursa el proceso penal
mencionado por el actor, y que, actualmente, se encuentra en etapa de práctica de
pruebas, por lo que no se ha proferido alguna decisión definitiva que afecte el
patrimonio o la libertad del señor Téllez Ospina.
Negó que se le hayan vulnerados los derechos fundamentales al accionante, por
cuanto se le han notificado las decisiones dentro del trámite penal militar, y el
procesado ha contado la asistencia de un profesional del derecho. A su vez, se le
ha puesto de presente que los proceso administrativos, disciplinarios y penales se
tramitan de manera independiente y se rigen por normas distintas.
Indicó que mediante auto de 18 de noviembre de 2025 se decretaron pruebas,
respecto del cual no se presentaron recursos.
En consecuencia, solicitó que se desvincule al despacho de esta acción de tutela.
1.6.2. IGFM
El inspector general de las fuerzas militares informó que el accionante ya había
interpuesto una acción de tutela, que conoció el Juzgado 30 Penal de
Conocimiento de Bogotá, identificada con el radicado 2025-00302, en donde
acusaba a la entidad de no resolver de fondo su solicitud de los documentos que
pretendía presentar como prueba en los procesos que cursan en su contra.
Narró que dicho mecanismo constitucional finalizó con sentencia en la que se
declaró la improcedencia del mecanismo por falta de subsidiariedad.
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Toda vez que el señor Téllez Ospina reiteró sus peticiones ante la IGFM, se
emitieron dos respuestas adicionales5, en las que se le entregaron los documentos
que no estaban sometidos a reserva y exhortándolo para que, respecto del resto
de la información, podía solicitarla a través de los despachos que conocieran las
causas en su contra.
Finalmente, solicitó que se declare de su parte la falta de legitimación en la causa
por pasiva y se le desvincule de la actuación, por cuanto no ha vulnerado los
derechos fundamentales del accionante.
1.6.3. Comando General de las Fuerzas Militares
Esta entidad consideró que la acción de tutela es improcedente, por cuanto no se
cumple con el requisito de la subsidiariedad, al respecto, señaló que el actor
cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo para cuestionar los actos administrativos que dispusieron sobre los
descuentos a su asignación de retiro. En ese sentido, solicitó su desvinculación
del mecanismo constitucional.
1.6.4. Segunda División del Ejército Nacional
El jefe del Estado Mayor de la Segunda División concurrió para proponer la falta
de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no se han vulnerado los
derechos fundamentales del actor.
Para ello, resaltó que el señor Téllez Ospina nunca laboró en dicha dependencia
del Ejército Nacional, sino que su labor se desempeñó como auxiliar del IGFM,
delegado ante la Segunda División, por lo que todos los documentos que ha
solicitado se encuentran en el archivo de la mencionada inspección.
Recalcó que la Segunda División no lleva alguna investigación contra el
accionante y que, por lo tanto, no tiene relación con las órdenes de descuento
sobre su asignación de retiro.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Jairo Téllez Ospina contra el Comando del Ejército Nacional -
Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, la IGFM, el Juzgado 34 de Instrucción
Penal Militar y la Segunda División del Ejército Nacional de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
5 Hace referencia a las comunicaciones 012500000874/MDN-COGFM-IGEFM de 2 de octubre de
2025 y 0125013339302/MDN-COGFM-IGEFM de 1 de diciembre de 2025.
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Todas las autoridades que intervinieron en el presente asunto solicitaron que se
declarara, de su parte, la falta de legitimación en la causa por pasiva, con
fundamento en que no vulneraron los derechos de la parte actora.
Sobre el particular, se tiene que en el escrito inicial el accionante expresamente
dirigió el mecanismo constitucional contra cada una de las entidades accionadas,
indicando las razones por las que consideró que se le vulneraban sus derechos
fundamentales.
En ese sentido, es clara la relación jurídico procesal entre las partes, mientras que
la eventual vulneración o no de las garantías superiores del señor Téllez Ospina
es un asunto de fondo que no conlleva a una desvinculación, sino a una decisión
sobre si debe concederse o negarse el amparo.
En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación del Juzgado 34 de
Instrucción Penal Militar, la IGFM y la Segunda División del Ejército Nacional.
Por otra parte, verificado el expediente del proceso 11001-31-09-030-2025-00302-
01, se evidencia que correspondió a una acción de tutela iniciada específicamente
contra lo resuelto en el proceso administrativo 10202-2024 SECEJ, que, si bien
guarda relación con la presente actuación, no cumple con las particularidades para
considerar que existe una actuación temeraria.
En aquella oportunidad el accionante atacó el fondo de una decisión administrativa
puntual por parte de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones en donde
cuestionó la caducidad de la actuación, los argumentos de fondo y alegó la fata de
respuesta a una petición de parte del IGFM.
En su lugar, en esta oportunidad, el actor pretende controvertir el hecho de que las
autoridades que manejan investigaciones en su contra no han requerido de oficio
los documentos que, a su juicio, acreditan su inocencia y están bajo custodia de la
IGFM, por lo que no se advierte la identidad de causa y objeto que puedan
sustentar la temeridad.
Por otra parte, se tiene que el accionante, mediante escrito de 17 de marzo de
2026 concurrió para reforzar los argumentos de su solicitud de amparo. Sobre el
particular, la Sala evidencia que, respecto del memorial de 17 de marzo de 2026,
se trata de un desarrollo de los argumentos que ya había presentado en su escrito
inicial, por lo que no se evidencia necesario ahondar respecto de lo presentado en
esa segunda intervención.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la presunta omisión
en la que incurrieron las autoridades administrativas y judiciales que investigan al
accionante, en el sentido de no requerir las pruebas que se encuentran en poder
de la IGFM.
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A su vez, debe resolverse sobre la presunta vulneración de parte de la IGFM, al
rehusarse a efectuar la remisión de los documentos requeridos por el señor Téllez
Ospina, con destino a las mencionadas actuaciones.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el
panorama general de la acción de tutela; (ii) el requisito de agotamiento de todos
los medios de defensa judicial, y (iii) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable6.
2.5. Del requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial
Ahora bien, en lo que se refiere al agotamiento de todos los mecanismos de
defensa judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra
este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
tutela.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que, la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los
mecanismos judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.
Al respecto, esta Colegiatura considera que la acción constitucional es
improcedente frente a este presupuesto, por cuanto los fundamentos de la
solicitud de tutela le correspondía resolverlos a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en el evento de que el recurso de apelación hubiera sido interpuesto en
6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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término, donde el presente mecanismo Constitucional no puede usarse para revivir
plazos que son perentorios, máxime cuando «la acción de tutela contra una
providencia judicial exige que, con anterioridad a su interposición, se acredite
el debido agotamiento de los mecanismos judiciales de defensa ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico».
En este punto conviene precisar que esta Sala no puede desconocer las acciones
defensa contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de
tutela adopte decisiones en reemplazo a las del funcionario que conoce de
un determinado asunto radicado bajo su competencia7.
Por su parte, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo expuesto, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces del alto tribunal constitucional
«[…] cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal
magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia,
requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]»8.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables9..
2.6. Caso concreto
En este caso se tiene que el señor John Jairo Téllez Ospina, quien laboró para el
Ejército Nacional como inspector auxiliar de la IGFM, es objeto de investigaciones
de distinta índole, entiéndase, disciplinaria, administrativa y penal.
7 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
8 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
9 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. (…)».
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A su vez, ante la terminación del proceso disciplinario, por falta de méritos para
seguir con el caso en su contra, ha insistido en que la autoridad que continúa con
la causa administrativa y el juzgado penal incorporen, como prueba a su favor, el
auto por el cual la IGFM cerró el caso INOPI 003-2025.
Igualmente, mostró su inconformidad ante el hecho de que la IGFM tenga
información pertinente, como los informes detallados y actas de entrega, respecto
de la actividad por la cual está siendo investigado, en donde se puede acreditar el
sustento relativo al pago de pasajes y honorarios, pero que esta no haya sido
allegada a la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones y al Juzgado 34 de
Instrucción Penal.
En este punto, sería del caso estudiar por separado las censuras dirigidas contra
las investigaciones administrativas y aquellas relacionadas con la actuación ante
la justicia penal militar, en tanto que las primeras implican un análisis contra actos
administrativos, mientras que las segundas entrañan un debate frente a una
actuación u omisión de una autoridad judicial.
No obstante, la Sala evidencia que ninguna de las acusaciones del accionante
supera el requisito de haberse agotado todos los mecanismos de defensa, previo
a acudir a la solicitud de amparo.
En primer lugar, como lo informó el actor en escrito de 7 de abril de 2024,
interpuso una demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificada con el radicado 11001-33-41-045-2026-00042-00, que se
encuentra siendo conocida por el Juzgado 45 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá.
En aquella, el señor Téllez Ospina solicitó la nulidad de todas las investigaciones
administrativas en su contra, incluso, desde la declaratoria de pruebas,
argumentando la falta del recaudo adecuado de los elementos necesarios para
resolverlas.
Ciertamente, las investigaciones de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones
se concretan en actos administrativos que son pasibles de control judicial, por lo
que el mecanismo idóneo para cuestionarlos es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
A través de dicha vía, los particulares pueden alegar no solo irregularidades
implícitas del acto administrativo, a través de la causal de falsa motivación10, sino
falencias en el procedimiento que llevó a la decisión, como ocurre con los cargos
de nulidad por expedición irregular11 y desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa12.
10 En la cual se puede cuestionar la veracidad de lo afirmado por la administración en contraste con
pruebas en contrario o las normas que rigen la materia.
11 Relativo a cuando se omiten procedimientos o requisitos necesarios para la formación del acto
administrativo.
12 En la cual se abarcan las vulneraciones al núcleo esencial al debido proceso.
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Así las cosas, para este caso específico, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no solo es el mecanismo por el cual debe debatirse
la legalidad de las decisiones de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones,
sino que, al existir ya un proceso en curso, el juez de tutela de abstenerse de
emitir cualquier pronunciamiento de fondo, en tanto que ello implicaría invadir la
órbita de conocimiento del funcionario que tiene el expediente declarativo.
Igualmente, no se evidencia la urgencia e inminencia que pueda justificar un
amparo transitorio, en tanto que, en el proceso contencioso – administrativo, se
puede solicitar la suspensión de los efectos de los actos que dispusieron los
descuentos a la asignación de retiro del señor Téllez Ospina.
En cuanto a lo que ocurre en el proceso penal militar, debe decirse se encuentra
en curso y que mediante auto de 18 de noviembre de 2025 se pronunció sobre el
decreto de pruebas, providencia en la que expresamente se estableció que
procedían los recursos de reposición y apelación.
Siendo así, si el accionante tenía algún cuestionamiento referente al recaudo
probatorio, era en aquella oportunidad que debió esgrimirlo ante el Juzgado 34 de
Instrucción Penal, pero ya que el actor no menciona que así lo haya hecho y en el
expediente tampoco obra el uso de dicha herramienta, esta Sala no puede superar
el requisito de la subsidiariedad de la acción de amparo.
Finalmente, sobre lo atinente a la IGFM, el actor no niega que la entidad haya
respondido sus peticiones relativas a que remitiera los documentos en su poder,
sino que está en desacuerdo con que no lo haga sin mediar solicitud de la Jefatura
de Estado de Operaciones o del Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar.
Al respecto, se trata justamente de la controversia referente al recaudo probatorio
que el actor planteó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para
lo que atañe a los procesos administrativos, y que pudo proponer respecto del
auto de 18 de noviembre de 2025, en lo que concierne al proceso penal.
Finalmente, si persistiera un señalamiento sobre esa entidad, sería el hecho que la
IGFM se negó a entregar los documentos directamente al señor Téllez Ospina,
respecto de lo cual no se desarrolló algún cuestionamiento puntual y, en todo
caso, en gracia de discusión, la vía adecuada sería el recurso de insistencia,
puesto que el mecanismo que ha dispuesto la ley para cuando una autoridad se
ampara en la reserva para no facilitar información a los particulares.
Así las cosas, no es posible dar por superado el requisito de la subsidiariedad y,
por lo tanto, se declarará la improcedencia de las pretensiones de tutela.
2.7. Cuestión accesoria
Teniendo en cuenta que la IGFM remitió en físico la documental que tiene sobre la
investigación disciplinaria al accionante, y que esta ya se encuentra digitalizada en
el sistema Samai, bajo la respetiva protección por tratarse de información
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reservada, se dispondrá que, por Secretaría, se realice la devolución de los
documentos obrantes en sobre sellado a la IGFM, para su disposición final.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de del Juzgado 34 de
Instrucción Penal Militar, la IGFM y la Segunda División del Ejército Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Jairo Téllez Ospina contra el Comando del Ejército Nacional - Jefatura de Estado
Mayor de Operaciones, la Inspección General de las Fuerzas Militares (IGFM), el
Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar y la Segunda División del Ejército
Nacional.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, los documentos obrantes en sobre
sellado a la IGFM, para su disposición final.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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