República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07806-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-01 (6073)
Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares, Comando del
Ejército Nacional, Jefatura del Estado Mayor de Operaciones
Tema: tutela para la defensa de los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y judicial, y de defensa y contradicción. Subtema 1: investigaciones
administrativas y de instrucción penal militar. Subtema 2: asuntos probatorios.
Subtema 3: requisito de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el señor John Jairo Téllez Ospina contra la sentencia
del 23 de abril de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor John Jairo Téllez Ospina presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia, a la información, al trabajo, a la honra, al buen nombre y
de petición, que consideró vulnerados por la Inspección General de las Fuerzas
Militares (IGFM) y el Comando del Ejército Nacional, Jefatura del Estado Mayor de
Operaciones, con ocasión de la gestión probatoria impartida en unos trámites
administrativos seguidos en su contra. También, por el Juzgado Treinta y Cuatro de
Instrucción Penal Militar.
2. Antecedentes
2.1. Hechos y argumentos de tutela
1. El señor John Jairo Téllez Ospina manifestó que se desempeñó como
inspector auxiliar de la Inspección General de las Fuerzas Militares, delegado ante
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-01 (6073)
Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
la Segunda División con puesto de mando en Bucaramanga. En 2019 y 2020 realizó
labores que generaron el reconocimiento de pasajes y viáticos de conformidad con
la normativa vigente y los oficios y órdenes de marcha emitidos por la IGFM, los
cuales estuvieron soportados en informes detallados, actas de inicio y cierre,
cronogramas, planes de mejoramiento, radiogramas y libros foliados, documentos
custodiados principalmente en la Inspección General.
2. Expuso que, con ocasión de un informe elaborado por un sargento orgánico
de la IGFM que cuestionó la existencia de los soportes del pago de los viáticos y
gastos de viajes, el Comando del Ejército adelantó en su contra 13 investigaciones
administrativas (radicados núms. 10200-2024, 10202-2024, 10205-2024, 10207-
2024, 10211-2024, 10212-2024, 10232-2024, 10234-2024, 10247-2024, 10252-
2024, 10255-2024, 10265-2024 y 10266-2024 SECEJ); la IGFM, una investigación
disciplinaria (INOPI 003-2025); y el Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal
Militar, un proceso penal militar (1928/2025).
3. Indicó que la investigación disciplinaria fue archivada por la Inspección
General en atención a que no existía mérito suficiente y a que había «desorden en
los archivos institucionales», al punto que desvirtuó la utilidad del informe rendido
por el sargento; pero que las 13 investigaciones administrativas continuaron sin la
incorporación de la mencionada providencia de archivo y sin que fueran
recaudados, bajo reserva, los informes detallados de las inspecciones y demás
soportes elaborados en 2019 y 2020, los cuales obraban en el IGFM y en la
Segunda División.
4. Agregó que en los expedientes con radicados núms. 10202-2024 y 10266-
2024 fueron proferidos fallos de segunda instancia que lo declararon responsable
administrativamente y ordenaron descuentos sobre su asignación de retiro; y que
en los expedientes con radicados núms. 10200-2024, 10247-2024, 10255-2024 y
10265-2024 fueron emitidos fallos de primera instancia en los mismos términos.
5. Adujo que, dado que los entes investigadores no recaudaron debidamente las
pruebas, solicitó en diferentes oportunidades la remisión de los informes detallados
de inspección, actas, cronogramas, planes de mejoramiento, radiogramas, órdenes
de marcha y demás soportes correspondientes al 2019 y 2020; sin embargo, le
respondieron que dichos documentos estaban clasificados como «secreto», motivo
por el que no le podían ser entregados directamente, pero sí a la autoridad judicial
o administrativa que los solicitara bajo reserva.
6. Además, que la Segunda División, con ocasión de otra petición, contestó que
había remitido 13 órdenes de giro que dieron origen a las investigaciones y que
contienen la observación de que el jefe de personal revisó y verificó los documentos
exigidos para el pago de los peajes y viáticos; no obstante, que, debido a una
solicitud posterior, la entidad manifestó que no contaba con esa información y que
debía estar resguardada en la IGFM.
7. Cuestionó que a pesar de la existencia de documentos que soportan el pago
de los viáticos, la jefatura del Estado Mayor de Operaciones, como ente
investigador, no ha oficiado a la IGFM o a la Segunda División para que remitan
2
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
dichos documentos y ha «preferido» sustentar sus decisiones sancionatorias en el
informe del sargento.
8. Por otra parte, destacó que el Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal
Militar profirió auto dentro de un proceso penal en el que se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento, decisión coherente con aquella que archivó la
investigación disciplinaria.
9. En ese orden, argumentó que no podía trasladársele la contradicción y el
posible incumplimiento de los deberes de conservación y gestión documental para
que se presuma la pérdida de dineros; y que ha asumido más de 50 millones de
pesos en gastos por representación jurídica. De lo expuesto, afirmó lo siguiente:
La propia IGFM reconoce que fue su informe (Informe Lamprea) el que dio origen a
las investigaciones, pero se niega a remitir automáticamente el auto de archivo INOPI
003-2025 y los soportes de inspección que desvirtúan ese informe.
A pesar de que el Segundo Comandante ya radicó un oficio solicitando documentos
de inspección 2019-2020, la IGFM sostiene que “ninguna autoridad ha solicitado la
providencia de archivo”, dejando en el limbo la prueba que me favorece.
Mientras tanto, las autoridades administrativas continúan ejecutando fallos que
ordenan descuentos de mi asignación de retiro, sin contar con la prueba esencial que
podría demostrar la inexistencia de pérdida de dineros.
[…]
La IGFM se niega a remitir espontáneamente el auto INOPI 003-2025 y los informes
de inspección, pese a ser la misma entidad que generó el informe que dio origen a
las investigaciones.
El ente investigador no impulsa oficiosamente el recaudo de la prueba reservada, a
pesar de conocer su existencia y de que la IGFM dice estar dispuesta a remitirla si se
le solicita.
El Juzgado penal militar tampoco ha ordenado aún el recaudo integral del acervo
reservado.
Mientras tanto, se ejecutan o están por ejecutarse descuentos periódicos sobre mi
asignación de retiro, afectando mi mínimo vital, y se mantiene una imputación penal
que compromete mi honra, mi buen nombre y mi estabilidad laboral1.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. El señor John Jairo Téllez Ospina solicitó en el escrito de tutela2 que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia, a la información, al trabajo, a la honra, al buen nombre y
de petición. En consecuencia, pidió que se ordenara lo siguiente:
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 2, certificado F2802F7A7C733169
2C643A1F9535161E FCCDC95F5864E614 4C276B1A887379FB.
3
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
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• A la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones – Segundo Comandante del
Ejército Nacional, que suspenda todo descuento de su asignación de retiro,
hasta tanto se recaude debidamente las pruebas para que se adopte una
nueva decisión; oficie a la IGFM y a la Segunda División para que remitan los
informes detallados, actas de inicio, cronogramas, planes de mejoramiento,
órdenes de marcha, radiogramas y demás soportes correspondientes a sus
labores desarrolladas en 2019 y 2020, así como el auto de archivo de la
investigación disciplinaria; y que incorpore y valore los referidos documentos y
revoque o modifique los fallos que lo declaran responsable.
• A la Inspección General de las Fuerzas Militares, que remita al Segundo
Comando del Ejército Nacional y al Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción
Penal Militar el auto de archivo de la investigación disciplinaria, una
«comunicación técnica» de que el informe del sargento carece de soportes; y
los informes detallados, actas, cronogramas y demás documentos. También,
que dé respuesta de fondo, completa y congruente, en la que precise qué
documentos son reservados, su fundamento y ante qué autoridad pueden ser
solicitados.
• Al Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal Militar, que tenga en cuenta
el auto emitido en el asunto disciplinario y las demás pruebas que se recauden
en el trámite de tutela, dentro del proceso penal 1928/2025; que decrete, de
considerarlo procedente, el archivo o la preclusión de la investigación penal;
o, subsidiariamente, que recopile las pruebas reservadas que tiene la IGFM y
la Segunda División de manera que garantice los derechos de defensa e
igualdad.
• De manera subsidiaria, a la IGFM y a la Jefatura del Estado Mayor de
Operaciones, que comuniquen y remitan al Juzgado los documentos antes
mencionados; y que se abstengan de adoptar nuevas decisiones basadas
exclusivamente en el informe del sargento.
11. Como medida provisional, el tutelante solicitó que se suspendiera la ejecución
de cualquier descuento de su asignación de retiro mientras se decide la presente
acción, y que se ordenara a la IGFM y a la Segunda División que custodien y
conserven todos los documentos relacionados con las inspecciones desarrolladas
en 2019 y 2020.
2.3. Trámite procesal
12. El asunto correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, a
través del despacho ponente, profirió auto el 15 de diciembre de 20253 en el que
ordenó remitir el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga
que, a su vez, planteó conflicto negativo de competencia. En ese orden, la Corte
Constitucional emitió auto A-236 de 20264 en el que dispuso dejar sin efectos la
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 5, certificado 616663F93AFCCA58
5C62557F719A8374 CE6275EECEB6C11D 85DFDD5804602402.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 14, certificado 133526F97841F2DF
9A944A145F8981EE D8F6BD862FD85F9B 421408EDA85CED3A.
4
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
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primera providencia y le ordenó a la referida sección que adelantara el trámite de la
tutela.
13. En consecuencia, el despacho ponente de la Sección Quinta de esta
corporación dictó auto el 12 de marzo de 20265 en el que admitió la tutela contra el
Comando del Ejército Nacional, Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, la
Inspección General de las Fuerzas Militares, la Segunda División del Ejército
Nacional y el Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal Militar; vinculó, como
terceros, a las partes e intervinientes del expediente penal con radicado núm.
1928/2025; tuvo como pruebas los documentos aportados, requirió el referido
proceso penal; negó la solicitud de medida cautelar y ordenó las notificaciones de
rigor.
2.4. Intervenciones
14. El Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal Militar6 contestó que, en
efecto, adelanta causa penal contra el señor John Jairo Téllez Ospina que se
encuentra en etapa de pruebas, razón por la que aún no ha sido emitida alguna
decisión que afecte su patrimonio. Indicó que no ha vulnerado derechos
fundamentales, pues sus providencias han sido debidamente notificadas y el
procesado cuenta con asistencia de un profesional del derecho.
15. Indicó que en auto del 18 de noviembre de 20257 decretó pruebas, decisión en
contra de la cual no fueron presentados recursos. Por tal motivo, pidió su
desvinculación del trámite constitucional.
16. El señor John Jairo Téllez Ospina presentó memorial8 en el que, además de
reiterar algunos argumentos de amparo, precisó el objeto de la tutela. En tal sentido,
expuso lo siguiente:
La acción de tutela fue promovida porque las autoridades accionadas han permitido
que avancen trece (13) investigaciones administrativas, así como actuaciones
conexas, sin recaudar de manera integral la prueba institucional que reposa en poder
exclusivo de la administración. En concreto, la pretensión principal no se limita a la
remisión del auto de archivo disciplinario INOPI 003-2025; comprende también la
remisión, bajo reserva, de los informes detallados de inspección, actas, cronogramas,
planes de mejoramiento, radiogramas, órdenes de marcha, libros foliados y demás
soportes asociados a las órdenes de giro 2019-2020, para que sean incorporados y
valorados por la autoridad administrativa y, en lo pertinente, por la autoridad penal
militar9.
17. En esa oportunidad pidió, entre otras cosas, que, si se consideraba pertinente,
se requiriera a la Jefatura del Estado Mayor para que informara si solicitó a la IGFM
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 17, certificado C8ED091E0AE08BC5
A52B1148B3BB8B2C 6A4CA76DE23F616D 5A60EF6A96E65C00.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 22, certificado BB2E492E35D0FDFE
B30E611DEEDE666C FBEA86640AD7C66D 9E8D171BF730B667.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 22, certificado 254A37ECCF831587
09F59053114BD98B 43A5F04407B57D56 1A5872DB780BE280.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 26, certificado 1F3309264C443C89
92282F8B0FFB8BBD 77EB871DCC84A486 A82565E351EA64D8.
9 Se transcribe incluso con errores de texto.
5
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y a la División Segunda del Ejército Nacional los soportes del trabajo que realizó en
2019 y 2020, y a esta última entidad, si custodió esos documentos. También, que
valorara si la reserva invocada impedía que las pruebas fueran remitidas a la
autoridad administrativa.
18. La Inspección General de las Fuerzas Militares manifestó que el tutelante
interpuso otra acción que correspondió al Juzgado Treinta Penal de Conocimiento
de Bogotá con radicado núm. 2025-00302, en la que se discutió que la entidad no
había dado respuesta de fondo a su petición de documentos para presentarlos como
prueba en procesos que cursaban en su contra. Informó que ese asunto finalizó con
sentencia que declaró improcedente las pretensiones de amparo10.
19. Adujo que el señor John Jairo Téllez Ospina ha reiterado su petición pese a
que fueron emitidas dos respuestas con las que se le entregaron los documentos
que no estaban sometidos a reserva, y que lo exhortó para que requiriera a las
autoridades que llevaban los procesos en su contra para que solicitaran el resto de
la información. Afirmó que no estaba legitimado en la causa por pasiva, motivo por
el que pidió su desvinculación.
20. El Comando General de las Fuerzas Militares11 consideró que la acción resulta
improcedente toda vez que no cumplió con el requisito de la subsidiariedad, pues el
tutelante puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para controvertir
los actos que lo declararon responsable. Por ende, pidió su desvinculación del
trámite constitucional.
21. El despacho ponente dictó auto el 27 de marzo de 202612 en el que requirió al
Juzgado Treinta y Cuatro de Instrucción Penal Militar para que informara quiénes
fueron las partes e intervinientes del proceso penal 1928/2025, y al Juzgado Treinta
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que remitiera copia
del expediente de tutela con radicado 2025-00302.
22. La Segunda División del Ejército Nacional13 alegó su falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues el señor John Jairo Téllez Ospina no trabajó en esa
dependencia sino como auxiliar del ICFM, y porque no lleva investigación alguna
contra este. Destacó que no tiene relación con las órdenes de descuento de la
asignación de retiro.
23. Por último, el accionante presentó memorial14 en el que alegó que en el caso
concreto no se presentó temeridad y que radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo de Bogotá.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 29, certificado 60980BA2065F0F1A
9F1709DDC0610083 58D32CB2CB5BF266 5E14C9068D962B47.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 30, certificado 3A651742CECA6E53
B9B8FE6A13EFE930 D4F5519B9AF5E6EF A07B1800C119667B.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 32, certificado A40F7B0B1D7C8225
485A2258C6A4E886 2B12284EBB6911EA 8A358C15EA5404C4.
13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 35, certificado 76077D7875167DDB
86E745F84AF780B8 311374C8ADB6056B E50C26319881ACB7.
14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 40, certificado A36D72B5DCF634E5
C6A5F0C9EC8890B4 4E2041EFAA51A9BF D5A5FEA6879637A6.
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Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
2.5. Sentencia de primera instancia
24. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de abril
de 202615, negó las solicitudes de desvinculación y declaró improcedente la tutela
al considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
25. Como cuestiones preliminares, el juez constitucional explicó que revisó el
expediente de tutela con radicado núm. 2025-00302, citado por la IGFM en su
escrito de contestación y encontró que fue iniciado contra el proceso administrativo
10202-2024 SEJE; sin embargo, en esta oportunidad se discute «el hecho de que
las autoridades que manejan investigaciones en su contra no han requerido de oficio
los documentos que, a su juicio, acreditan su inocencia y están bajo custodia de la
IGFM», por lo que no se cumplen con las requisitos necesarios para que se declare
la temeridad.
26. También, que no había lugar a aceptar las solicitudes de desvinculación, toda
vez que en los hechos de la tutela atribuyen la vulneración de los derechos
fundamentales a las autoridades accionadas.
27. Por otro lado, tuvo en cuenta que el señor John Jairo Téllez Ospina presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad de
todas las investigaciones administrativas en su contra, incluso desde la etapa de
pruebas, bajo el argumento de falta de recaudo de los elementos necesarios para
resolverlas.
28. En tal sentido, indicó que las investigaciones administrativas se «concretan»
en actos administrativos pasibles de control judicial, vía a través de la cual se
pueden alegar irregularidades en el procedimiento. Por tal motivo, en el caso
concreto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
mecanismo para debatir la legalidad de las decisiones de la Jefatura del Estado
Mayor de Operaciones.
29. Al respecto, adujo que no se evidenciaba la urgencia e inminencia para
justificar un amparo transitorio, pues en el proceso contencioso-administrativo se
podía solicitar la suspensión de los efectos de los actos que dispusieron los
descuentos de la asignación de retiro.
30. En relación con el proceso penal militar, explicó que se encuentra en curso y
que, en auto del 18 de noviembre de 2025, el Juzgado de Instrucción se pronunció
sobre el decreto de pruebas. Así, afirmó que, si el tutelante tenía cuestionamientos
al respecto, debió alegarlos ante el juez natural a través de los recursos
procedentes, pero no probó haberlo hecho.
31. En cuanto a la IGFM, destacó que el actor no negó que esa entidad
respondiera a sus peticiones de documentos, sino que estaba en desacuerdo con
que no los remitieran sin la mediación de la Jefatura del Estado de Operaciones o
del Juzgado de Instrucción. En ese punto aclaró que lo anterior precisamente se
15Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 46, certificado 491A3DC041130842
EA37D851473F71BD 726B2CD08E22AE1C EBAB89DD9343EC45.
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
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trataba de la controversia sobre el recaudo probatorio. Por último, consideró lo
siguiente:
Finalmente, si persistiera un señalamiento sobre esa entidad, sería el hecho que la
IGFM se negó a entregar los documentos directamente al señor Téllez Ospina,
respecto de lo cual no se desarrolló algún cuestionamiento puntual y, en todo caso,
en gracia de discusión, la vía adecuada sería el recurso de insistencia, puesto que el
mecanismo que ha dispuesto la ley para cuando una autoridad se ampara en la
reserva para no facilitar información a los particulares16.
2.6. Impugnación
32. La parte actora presentó impugnación17 contra la sentencia del 23 de abril de
2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su escrito, indicó
que el núcleo esencial de la tutela consistía en «denunciar una vulneración actual,
grave y continua» por la falta de «recaudo, incorporación, contradicción y
valoración» de pruebas parcialmente reservadas que se hayan en dependencias
del Ejército y que resultan determinantes para su defensa en las investigaciones
administrativas y en el proceso penal militar.
33. Afirmó que el fallo de primera instancia debía ser revocado porque aplicó el
requisito de subsidiariedad de manera «formalista», pues confundió los medios
ordinarios con su eficacia concreta, le trasladó las consecuencias de la reserva
documental y la desorganización del manejo del archivo y omitió resolver el defecto
«probatorio estructural».
34. Argumentó que la existencia formal del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se convirtió en una barrera automática de la tutela, ya
que no se identificó la idoneidad y la eficacia en el caso bajo estudio porque no
«remedia de forma inmediata la indefensión probatoria que se mantiene hoy», es
decir, no permite ordenar a las autoridades competentes que soliciten, recauden,
custodien, incorporen y valoren los documentos varias veces mencionados.
35. Reiteró la existencia de un vicio probatorio estructural por omisión de recaudo,
incorporación, contradicción y valoración de pruebas ante la construcción de
decisiones administrativas y penales sobre una base documental incompleta, pues
la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones continuó con las investigaciones. Así,
consideró que el vicio era estructural por lo siguiente:
El vicio es estructural por cuatro razones. Primero, afecta varias investigaciones
administrativas conectadas entre sí. Segundo, recae sobre el mismo núcleo
probatorio: soportes de inspecciones, informes detallados, actas, cronogramas,
órdenes de marcha, radiogramas, libros foliados y documentos de trazabilidad de
pasajes y viáticos. Tercero, fue parcialmente reconocido por la administración en
expedientes donde se decretaron nulidades parciales. Cuarto, persiste en otros
expedientes en los que se confirmaron sanciones o se mantienen efectos
16 Se transcribe incluso con errores de texto.
17 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07806-00, índice 51, certificado B59E344201143566
984734493D7BB291 F65F2B23C0C4D5F3 3AA560BFE30D5091.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07806-01 (6073)
Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
económicos, sin explicar por qué el mismo déficit probatorio era suficiente para
retrotraer unas actuaciones, pero irrelevante en otras18.
36. Por otra parte, manifestó que el fallo impugnado confundió el acceso directo
del particular a información reservada con el acceso funcional de autoridades
competentes. De esta manera, expuso que la discusión no consistía únicamente en
establecer si podía recibir copias de documentos reservados, sino en determinar si
las respectivas autoridades tenían el deber de requerirlos, recibirlos y valorarlos.
37. Alegó que el juez de primera instancia desconoció que en algunas
investigaciones administrativas se han declarado nulidades parciales debido a las
mismas inconsistencias advertidas en la tutela, lo que generaba una contradicción
grave dado que recaían en el ejercicio de labores en un solo marco temporal. Abordó
la dimensión del derecho al debido proceso y el alcance del defecto fáctico para lo
cual adujo la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional T-020 de 2018
y SU-056 de 2018.
38. También argumentó que la falta del ejercicio de recursos contra el auto del 18
de noviembre de 2025 no extingue la vulneración actual de un derecho fundamental,
toda vez que la tutela radicó en la necesidad de que el juez penal militar valore
documentos decisivos para analizar la hipótesis proveniente del sargento orgánico
de la IGFM, por lo que la intervención del juez constitucional no desconoce la
autonomía judicial.
39. Manifestó que la ejecución de decisiones basadas en acervo probatorio
incompleto ocasiona un perjuicio procesal y probatorio irreversible si las pruebas se
pierden, con mayor razón, cuando los efectos de dichas decisiones ya son
ejecutados y afectan el sustento del accionante. Por último, consideró la falta de
motivación por lo siguiente:
[…] En el presente caso, la ejecución futura de dichos descuentos, basada en
decisiones adoptadas sin el recaudo integral de la prueba esencial, constituye un
escenario de perjuicio inminente que compromete el mínimo vital, el debido proceso
y la presunción de inocencia.
Una motivación constitucional adecuada debía responder, al menos, las siguientes
preguntas: ¿por qué la existencia de la NRD era suficiente para proteger de forma
inmediata el acceso a prueba reservada? ¿Por qué la reserva podía justificar la falta
de incorporación al expediente si la misma IGFM dijo estar dispuesta a remitir
documentos a autoridad competente? ¿Por qué la desorganización archivística
institucional podía ser soportada por el investigado? ¿Por qué el archivo INOPI 003-
2025 no ameritaba una orden mínima de remisión y valoración? ¿Por qué la nulidad
parcial reconocida en algunas investigaciones no generaba un deber de revisión
homogénea en las conexas?19.
40. Con fundamento en lo expuesto, formuló como pretensiones que se revocara
la sentencia de primera instancia, que se concediera el amparo y que se ordenara
al Comando del Ejército Nacional, Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, a la
18 Se transcribe incluso con errores de texto.
19 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
IGFM y la División Segunda del Ejército Nacional que requieran formalmente el
acervo probatorio correspondiente a los documentos del periodo 2019 a 2020 para
que sea valorado dentro de las investigaciones administrativas y el proceso penal.
41. Además, que se ordene la suspensión transitoria y condicionada de los efectos
económicos derivados de las decisiones administrativas sancionatorias, incluidos
los descuentos de su asignación de retiro, hasta que se garantice el recaudo y la
valoración probatoria. Subsidiariamente, se disponga la preservación y custodia de
los documentos con reserva.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 23 de
abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
43. La legitimación en la causa por activa del señor John Jairo Téllez Ospina está
acreditada por cuanto es la persona investigada dentro de los procesos
administrativos y penal a los que les atribuye un vicio probatorio y quien ha solicitado
a las autoridades accionadas la remisión de documentos, motivo por el que es el
titular de los derechos fundamentales que consideró vulnerados.
44. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Comando del
Ejército Nacional, Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, la Segunda División
del Ejército Nacional, la Inspección General de las Fuerzas Militares y el Juzgado
Treinta y Cuatro de Instrucción Penal Militar debido a que son las autoridades que
tienen a su cargo el trámite de las investigaciones administrativas y el proceso penal
y a quienes el tutelante ha solicitado la remisión de información, es decir, a quienes
se les atribuye la vulneración de derechos fundamentales.
3.3. Problema jurídico
45. La Sala debe determinar si ¿la tutela supera el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad?
46. En caso afirmativo, hay lugar a resolver si ¿las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia, a la información, al trabajo, a la honra, al buen nombre y
de petición del accionante?
47. Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de la procedibilidad de la
acción de tutela; y (ii) el caso en concreto.
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
48. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley.
49. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado20 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional21.
50. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
51. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales22 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
52. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución23.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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53. Ahora bien, cuando el mecanismo constitucional no está dirigido en contra de
una providencia judicial solo son dos los requisitos de procedencia: la subsidiariedad
y la inmediatez24. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 25; y el segundo
consiste en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable,
pues de lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de
tutela queda en entredicho […]»26.
3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
54. En el asunto bajo estudio, de los escritos de tutela y de impugnación, se
observa que el señor John Jairo Téllez Ospina alegó que, pese a que ha solicitado
en diferentes oportunidades a la IGFM y a la Segunda División que remitan
determinados documentos que consideró decisivos para justificar el pago de
pasajes y viáticos correspondientes al periodo 2019 y 2020, el Comando del Ejército
Nacional, Jefatura del Estado Mayor de Operaciones y el Juzgado Treinta y Cuatro
de Instrucción Penal Militar han continuado las investigaciones administrativas y el
proceso penal, respectivamente, sin incorporar y valorar dichos documentos,
cuestión que vulnera sus derechos fundamentales, en especial, el debido proceso,
la defensa y la contradicción.
55. En particular, del recurso de impugnación, la Sala advierte que la
inconformidad del tutelante se reduce al «recaudo, incorporación, contradicción y
valoración» de pruebas dentro de investigaciones administrativas y un proceso
penal, pues la pretensión principal de amparo busca que se ordene a las
autoridades accionadas que remitan y tengan en cuenta, entre otros, los informes
detallados, actas de inicio y cierre, cronogramas, planes de mejoramiento,
radiogramas y libros foliados de las inspecciones efectuadas en 2019 y 2020.
56. De acuerdo con el escrito del recurso, es preciso descartar que el objeto de
discusión en esta oportunidad radique en la vulneración de los derechos
fundamentales de petición y de acceso a la información ante documentos
reservados, toda vez que la finalidad de la acción de tutela es que en las
investigaciones administrativas y el proceso penal obren las pruebas que el señor
John Jairo Téllez Ospina estima fundamentales para su defensa.
57. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199127
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
24 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
27 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
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de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso28.
58. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero no sean
idóneos o eficaces, procede la acción de tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables29.
59. Pues bien, en cuanto a las investigaciones administrativas, estas se rigen bajo
la Ley 1476 de 2011, por medio del cual «se expide el régimen de responsabilidad
administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio
de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública». En
ese estatuto están previstas las reglas para la práctica, recaudo y valoración
probatoria, así como los recursos procedentes, en particular, el de apelación que
procede contra el auto que niega la práctica de pruebas.
60. Según el artículo 104 ibidem, vencido el término para alegar de conclusión, se
debe proferir fallo de primera instancia. Contra esta decisión también procede
recurso de apelación. Cabe aclarar que esas providencias son de carácter
administrativo.
61. Por su parte, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 prevé el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo del cual dispone toda
persona para formular las pretensiones de nulidad de un acto administrativo
particular que considere lesionó un derecho subjetivo, y de restablecimiento del
derecho. Procede cuando la decisión de la autoridad haya sido expedida con
«infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
62. Además, según los artículos 229 ibidem, la parte actora puede solicitar en
cualquier estado del proceso, incluso con la demanda, las medidas cautelares que
considere necesarias para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, dentro de las que están las preventivas, conservativas,
anticipativas o de suspensión del acto administrativo. Asimismo, el artículo 234
dispone de las medidas cautelares de urgencia con el cumplimiento de los requisitos
exigidos para tal fin.
63. En cuanto a la causa penal, cabe recordar que el Código Penal Militar dispone
el régimen de pruebas para su recaudo y valoración y los recursos procedentes,
entre los que se encuentran la reposición y apelación.
64. De lo expuesto, la Sala coincide con el juez constitucional de primera instancia
acerca de que no está superado el requisito de subsidiariedad, puesto que las
28 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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discusiones de índole probatorio deben ser agotadas dentro de cada proceso
administrativo o penal ante las autoridades respectivas.
65. En ese orden, frente a las investigaciones administrativas, el señor John Jairo
Téllez Ospina puede solicitar las pruebas que considere pertinentes y, en caso de
que no sean concedidas, puede apelar dicha decisión. Además, en el evento de que
el fallo administrativo de primera instancia no sea favorable, puede agotar la
segunda instancia.
66. Por último, si considera que la actuación administrativa lesionó un derecho
subjetivo, puede demandar en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las causales de expedición irregular del acto
administrativo o con desconocimiento del derecho de defensa, particularmente.
67. En este punto, resulta oportuno tener en cuenta que, precisamente, el señor
John Jairo Téllez Ospina inició proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 11001-33-41-045-2026-00042-00, en el que solicitó la nulidad de
las actuaciones administrativas con radicados núms. 10200-2024, 10202-2024,
10205-2024, 10207-2024, 10211-2024, 10212-2024, 10232-2024, 10234-2024,
10247-2024, 10252-2024, 10255-2024, 10265-2024.
68. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser eficaz
e idóneo en el caso concreto, puesto que mediante su ejercicio el señor John Jairo
Téllez Ospina podrá controvertir la legalidad de las decisiones que lo sancionaron,
ya sea si en las actuaciones administrativas se le vulneró su derecho de defensa, o
si los fallos administrativos carecen de sustento probatorio [cargos que sustentan la
solicitud de amparo]. Además, ante la configuración de un perjuicio, podrá pedir las
medidas cautelares o de urgencia que considere necesarias y pertinentes.
69. Similar situación ocurre con los reparos relacionados con el proceso penal
militar, dado que se trata de un trámite judicial en curso que cuenta con los
mecanismos para el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, ya sea
mediante la solicitud de decreto y práctica de pruebas o la formulación de los
recursos de reposición y apelación de decisiones desfavorables.
70. En tal sentido, la Sala encuentra que corresponde a las autoridades que tienen
a su cargo las investigaciones administrativas y el proceso penal militar resolver
sobre el recaudo, la incorporación, la contradicción y la valoración de las pruebas,
así como tomar las medidas pertinentes en caso de que requieran documentos y
que las autoridades que los poseen se abstengan de hacerlos llegar al expediente.
71. Contrario a lo que manifestó el recurrente en su escrito de impugnación,
declarar la improcedencia de la tutela ante la falta de cumplimiento del requisito de
subsidiariedad no es un exceso de formalismo, dado que dicho presupuesto busca
garantizar pilares fundamentales del Estado de derecho como la autonomía de las
diferentes autoridades y el respeto de las competencias asignadas por el legislador.
72. Por los anteriores motivos, el juez constitucional de primera instancia no
desconoció los argumentos de amparo sobre la posible vulneración de derechos
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
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fundamentales por vicios en el recaudo de pruebas dentro de investigaciones
administrativas y del proceso penal; cuestión distinta es que la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la tutela impida, por un lado, que se emita un
pronunciamiento de fondo con suplantación de las competencias asignadas a otras
autoridades, y, por otro lado, subsanar errores o descuidos de las partes que no
recurrieron o demandaron decisiones pese a que contaban con el mecanismo para
hacerlo.
73. Así las cosas, la acción objeto de estudio, como bien lo indicó el juez de
primera instancia, es improcedente, en el entendido de que el agotamiento efectivo
de los mecanismos de defensa judicial no sólo es un acto de diligencia exigible a
los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario
para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa.
74. Por último, dado que los cargos del escrito de tutela resultan improcedentes,
no hay lugar a resolver sobre la solicitud de suspensión transitoria de los efectos de
las decisiones sancionatorias y de prevención y custodia de los documentos con
reserva, pues, además, son pretensiones formuladas en el recurso de impugnación
que no permite plantear nuevas solicitudes, y que su resolución vulnera los
derechos al debido proceso y defensa de la contraparte.
4. Conclusión
75. En consecuencia, dado que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, la Subsección confirmará la sentencia del 23 de abril de 2026
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela promovida por el señor John Jairo Téllez Ospina.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Accionante: John Jairo Téllez Ospina
Accionados: Inspección General de las Fuerzas Militares y otros
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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