Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07811-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07811-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: JOSÉ DEL CARMEN GARCÍA ORTEGA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: Improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
del 22 de enero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo constitucional1.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 2 de diciembre de 20252, José del Carmen García Ortega presentó demanda
de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad3.
Hechos relevantes4
2. El 10 de abril de 2012, el señor García Ortega instauró demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a fin de que esta
fuera declarada responsable por la destrucción de cultivos alimentarios ubicados en
un predio de su padre, localizado en El Playón, Santander, a causa de aspersiones
de glifosato ejecutadas el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010.
3. De ese modo, se originó el proceso 68001-23-31-000-2012-00477-01, cuya
sustanciación le correspondió a la magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez,
integrante del Tribunal Administrativo de Santander. Mediante auto del 14 de
septiembre de 2012, aquella rechazó la demanda con respecto a la aspersión del
14 de noviembre de 2009, debido a la configuración de la caducidad. Sin embargo,
la admitió en todo lo demás.
1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Anotación contenida en el índice 2 del expediente de primera instancia.
3 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«D21A20EE92225293 (…)».
4 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente del proceso 68001-23-31-000-2012-00477-01,
dentro del cual se profirió la sentencia relacionada con las pretensiones de amparo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
4. Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2021, el mencionado tribunal declaró
responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por la destrucción
de los cultivos alimentarios del demandante. Esa decisión se sustentó en lo
siguiente:
5. Primero, en que una declaración extrajudicial evidenció que el actor desarrollaba
labores agrícolas en el predio de su padre, así como en que (i) el expediente
administrativo originado en sus quejas contra la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional, (ii) una certificación de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA) de El Playón y (iii) un dictamen pericial demostraron que
sufrió un daño consistente en la destrucción de cultivos alimentarios.
6. Segundo, en que, a través de indicios, se probó que dicho daño se produjo por la
aspersión ejecutada el 25 de agosto de 2010. Tales indicios, según el tribunal,
estaban constituidos por los siguientes hechos indicadores: (i) la realización de la
mencionada aspersión en El Playón, acreditada con el expediente administrativo
referido, y (ii) la pérdida de cultivos por la misma aspersión, demostrada con la
certificación de la UMATA y con el dictamen pericial.
7. Tercero, en que tal aspersión correspondió a una actividad peligrosa creadora de
un riesgo excepcional, que se concretó en la pérdida de los cultivos del demandante,
motivo por el cual se configuró la responsabilidad del Estado.
8. La parte demandada apeló la anterior decisión y, mediante sentencia del 11 de
agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado la
revocó y, en su lugar, negó las pretensiones del actor. Esto, con fundamento en que
no se acreditó que la aspersión del 25 de agosto de 2010 hubiera sido la causa de
la pérdida de los cultivos, ni que la Policía Nacional hubiera incurrido en una falla
del servicio al ejecutarla.
9. Para llegar a tal conclusión, la Subsección C explicó que el dictamen pericial
carecía de la credibilidad suficiente para demostrar el nexo de causalidad entre la
aspersión y el daño, debido a lo siguiente:
10. En primer lugar, excluyó toda evaluación del estado de los cultivos antes y
después de la fumigación.
11. En segundo lugar, resultó de una visita realizada el 13 de abril de 2015, es decir,
más de cuatro años después de la fumigación, en contravía de lo explicado por el
Instituto Colombiano Agropecuario en un oficio obrante en el expediente, según el
cual las inspecciones visuales sobre plantaciones afectadas por glifosato deben
llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes a la rociadura.
12. En tercer lugar, incluyó una afirmación según la cual las características de la
maleza permitían deducir que los sembrados fueron fulminados «presumiblemente»
por la aplicación de glifosato, lo que, además de carecer de toda explicación técnica,
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Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
evidenciaba una falta de certeza sobre la relación entre la afectación de los cultivos
y la aspersión del herbicida.
13. Adicionalmente, advirtió que la certificación de la UMATA de El Playón tampoco
probaba el nexo de causalidad entre la fumigación y el daño, pues, si bien contenía
la aseveración de que los cultivos fueron perjudicados por las aspersiones
ejecutadas el 14 de noviembre de 2009 y el 25 de agosto de 2010, excluía toda
exposición de los motivos técnicos respectivos.
14. Por otro lado, señaló que en el expediente obraba el auto 7336 del 20 de
diciembre de 2010, mediante el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes de la
Policía Nacional negó la compensación solicitada por el demandante con ocasión
de las fumigaciones, que no fue tachado de falsedad y que se sustentó en el análisis
de un comité imparcial, integrado por entidades sin relaciones de subordinación o
de dependencia entre sí, así como en un concepto técnico que no fue rebatido,
según el cual aspersión se efectuó a una distancia adecuada.
15. Añadió que dicho auto demostraba que la aspersión fue ejecutada a 1384
metros del predio en el cual se encontraban los cultivos del demandante, es decir,
en cumplimiento del artículo 87 del Decreto 1843 de 1991, según el cual la
aplicación aérea de plaguicidas no puede efectuarse a menos de 100 metros de
«cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y
animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial». En consecuencia,
indicó que no podía considerarse que tales cultivos se hubieran afectado
directamente por la fumigación ni que esta hubiera sido irregular.
16. Finalmente explicó que, en tanto no se probó el nexo de causalidad entre el
daño y la aspersión de glifosato, tampoco podía atribuirse responsabilidad al Estado
bajo un título de imputación objetivo.
Pretensiones
17. El demandante solicitó (i) dejar sin efectos la sentencia del 11 de agosto
de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, y (ii) ordenar a
esa sala de decisión que expida un nuevo fallo, «respetando el derecho al
debido proceso» y valorando «de manera integral, idónea y conforme a los
principios de la responsabilidad objetiva por actividad riesgosa, el acervo
probatorio que obra en el expediente».
18. Además, señaló que dicha valoración habrá de incluir lo siguiente
(transcripción con posibles errores incluidos):
a) El dictamen pericial de Benjamín Medina Bernal.
b) La constancia o certificación emitida por la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria – UMATA.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
c) Las quejas y derechos de petición elevad[o]s inmediatamente después de
los hechos.
d) El acta del consejo de seguridad donde se reportaron las afectaciones.
19. Igualmente, indicó que la autoridad judicial demandada deberá llevar a
cabo lo señalado a continuación (transcripción con posibles errores incluidos):
e) Decretar de Oficio [una] Inspección judicial a la finca “La Negreña” con
fitopatólogo.
f) Requerir a la Policía Nacional bitácoras de vuelo del 25 de agosto de 2010
y del 14 de noviembre de 2009.
g) Requerir a la Policía Nacional para que suministr[e] datos meteorológicos
(velocidad del viento y humedad) de las zonas asperjadas el 14 de
noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010.
h) Requerir a la Policía Nacional modelo de deriva (AgDRIFT, GAUSSIANO o
similar).
i) Aplicar la presunción de causalidad (T-236/2017) si persiste la duda.
Fundamentos de la demanda
20. En criterio del señor García Ortega, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado desconoció que la aspersión de glifosato es una actividad
peligrosa y que, en consecuencia, el régimen de responsabilidad estatal aplicable
era el objetivo, motivo por el cual a la entidad demandada le correspondía demostrar
la ruptura del nexo de causalidad entre el daño y la fumigación.
21. En línea con lo anterior, el accionante adujo que la Subsección C incurrió en un
defecto fáctico, en tanto invirtió indebidamente la carga de la prueba, pues obvió
su calidad de campesino y le exigió aportar un medio de prueba técnico y científico
«materialmente imposible obtener», al tiempo que eximió al Estado de la obligación
de probar la ausencia de deriva de glifosato y de condiciones meteorológicas que
impidieran la aspersión.
22. Añadió que, por lo anterior, también se inaplicaron el principio de precaución y
el artículo 79 de la Constitución, en virtud de los cuales operaba una «presunción
de causalidad» en su favor.
23. Por otro lado, señaló que la autoridad judicial demandada le otorgó un valor
probatorio desproporcionado al auto 7336 del 20 de diciembre de 2010 y lo tomó
como una «prueba técnica o experticia», sin tener en cuenta lo siguiente:
24. Primero, que dicho auto es un acto administrativo de carácter unilateral.
25. Segundo, que aun cuando en ese mismo auto se indicó que la fumigación se
efectuó a más de cien metros del predio, de conformidad con lo establecido en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
disposición normativa pertinente, lo cierto es que existe evidencia de que la
aspersión de glifosato puede generar derivas en un área mucho mayor de esos cien
metros, por condiciones como el viento.
26. Tercero, que la entidad demandada no aportó el mapa de la deriva, ni datos de
la velocidad y la dirección del viento, ni análisis de residuos de glifosato en el suelo
y en el material vegetal.
27. Además, señaló que se otorgó «valor de cosa juzgada administrativa» al auto
aludido, con lo cual se desconoció el principio de contradicción.
28. Por otro lado, aseguró que la Subsección C desestimó arbitrariamente la prueba
indiciaria estructurada «de manera correcta» por el Tribunal Administrativo de
Santander, así como la certificación de la UMATA.
29. Concretamente, afirmó que se descartó el valor probatorio de dicha certificación
sin exponer «una razón jurídica sólida» ni decretar ninguna prueba complementaria
—como una inspección judicial o un nuevo peritaje—, y en desconocimiento del
carácter técnico de la UMATA y de un «indicio grave de afectación fitosanitaria».
30. Aparte, aseveró que la Subsección C desestimó el dictamen pericial sin
considerar el hallazgo de maleza de más de tres años, lo cual coincidía con el cese
de actividades agrícolas a causa de la aspersión ejecutada en 2010.
31. Por otro lado, indicó que se configuró un defecto sustantivo por
desconocimiento de los artículos 64 y 13 de la Constitución, pues se ignoró la
protección especial de la cual gozaba por ser campesino y, en cambio, se le
discriminó mediante el uso de tecnología militar en su contra y a través de la
exigencia de una prueba técnica y científica que no podía obtener debido a la falta
de recursos.
32. También señaló que se materializó un trato desigual porque, mientras a él se le
exigió «un estándar probatorio cuasi-científico», el Estado fue eximido de
responsabilidad con sustento en «informes técnicos internos y distancias
normativas que no reflejan la realidad del riesgo».
33. Finalmente, sostuvo que se desconoció el precedente contenido en la
sentencia T-236 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se
estableció que «la aspersión aérea con glifosato genera presunción de afectación
cuando hay proximidad temporal y espacial junto con síntomas fitotóxicos
documentados».
34. Explicó que, en el caso concreto, la proximidad temporal se materializó con la
queja interpuesta a los veinte días de la aspersión y, la espacial, con la ejecución
de la fumigación a 1384 metros, que «no es una distancia segura bajo condiciones
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Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
de vientos mayores a 5 metros por segundo». Además, afirmó que hubo síntomas
fitotóxicos documentados, pues la UMATA certificó la «muerte total de follaje».
Trámite en primera instancia
35. Mediante auto del 12 de diciembre de 20255, el magistrado sustanciador en
primera instancia admitió la demanda de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, en calidad de tercera con interés.
Intervenciones
36. La magistrada Adriana Polidura Castillo6, integrante de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo constitucional.
37. Al respecto, sostuvo que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional
del asunto, en tanto el actor no planteó un debate sobre el contenido, el alcance o
el goce efectivo de derechos fundamentales, sino que controvirtió la valoración
probatoria y el juicio de atribución del daño contenidos en la sentencia del 11 de
agosto de 2025, de modo que su propósito es acceder a una instancia adicional por
vía de tutela.
38. Añadió que tampoco se cumplió el requisito de subsidiariedad, pues, además
de la pérdida de efectos de la mencionada sentencia, el accionante pretende el
decreto y la práctica de pruebas que no solicitó en el proceso de reparación directa,
dentro de las oportunidades correspondientes.
39. Por otro lado, señaló que no se configuró un defecto fáctico porque, al contrario
de lo afirmado por el demandante, en la sentencia cuestionada se valoraron las
pruebas obrantes en el expediente de forma adecuada, congruente, coherente,
acuciosa y completa, así como con arreglo a las reglas de la sana crítica.
40. También indicó que, en virtud de lo establecido en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, aquel debía probar los elementos de la responsabilidad estatal,
incluyendo el nexo de causalidad entre el daño y la conducta de la entidad
demandada, lo cual no sucedió. Además, advirtió que ese deber no desaparece por
la aplicabilidad del régimen objetivo y que la «calificación de la aspersión con
glifosato como una actividad riesgosa para el ambiente no comporta, por sí misma,
la imputación automática de responsabilidad al Estado».
41. Aparte, aseguró que los alegatos relativos a la supuesta configuración de un
defecto sustantivo son una reiteración de aquellos referentes a la presunta
5 Índice 7 del expediente de primera instancia.
6 Índice 14 del expediente de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
concreción del fáctico. En consecuencia, insistió en que la valoración probatoria
contenida en la sentencia cuestionada fue adecuada.
42. Por otro lado, afirmó que dicha sentencia se ajustó al precedente de la Sección
Tercera de esta corporación, según el cual el análisis de daños ocasionados por el
uso del glifosato «debe orientarse, en primer lugar, desde la óptica de la falla del
servicio y, en segundo, desde una atribución objetiva, por el riesgo que dicha
actividad genera frente al medio ambiente».
43. Finalmente, indicó que el alegato relativo al desconocimiento del precedente
carece de vocación de prosperidad, por cuanto el actor no expuso cuáles de las
reglas contenidas en la sentencia T-236 de 2017 eran aplicables, ni explicó cómo
fueron ignoradas o aplicadas indebidamente.
44. La Policía Nacional7 se opuso a la solicitud de amparo constitucional, con
fundamento en que no hubo una vulneración de derechos fundamentales, pues la
autoridad judicial demandada garantizó un debido proceso y la igualdad entre las
partes, y no se probó un desconocimiento de disposiciones procesales ni
sustanciales.
45. Por otro lado, sostuvo que la demanda de tutela resulta improcedente, en tanto
el actor no demostró la posible configuración de un perjuicio irremediable.
Sentencia de primera instancia
46. Mediante sentencia del 22 de enero de 20268, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional.
47. Para sustentar esa decisión, en primer lugar, la mencionada subsección señaló
que se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En cuanto al de relevancia constitucional del asunto,
explicó que la controversia se centraba «en establecer si [con] la decisión judicial
controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección
por la incursión en los defectos alegados por la parte actora».
48. En segundo lugar, indicó que no se configuraron los defectos alegados por el
demandante y que, en realidad, este planteó un desacuerdo con la decisión de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo que no era suficiente
para habilitar la intervención del juez constitucional.
49. Concretamente, sostuvo que no se configuró un defecto fáctico, por cuanto esa
subsección efectuó una valoración probatoria integral y ajustada a las reglas de la
sana crítica.
7 Índice 13 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«ADC16BF81CBB8C9F (…)».
8 Índice 18 del expediente de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
50. Al respecto, explicó que no se desconoció que la aspersión con glifosato sea
una actividad riesgosa, pues el caso fue estudiado bajo el régimen de
responsabilidad estatal objetivo.
51. También expuso que, aunque el Estado tiene a su cargo la demostración de
causales de exoneración de responsabilidad, antes que nada, el demandante debe
probar los elementos de esta, incluyendo el nexo de causalidad entre el daño y la
acción u omisión de las autoridades, lo cual no sucedió en el presente caso. Añadió
que, por ello, no era de recibo el alegato relativo a la inversión indebida de la carga
de la prueba.
52. Igualmente, indicó que la autoridad judicial demandada no tomó el auto 7336
del 20 de diciembre de 2010 como una «prueba técnica o experticia», sino que lo
valoró junto con los documentos en los cuales se sustentó.
53. Además, sostuvo que dicha autoridad no desestimó arbitrariamente la
certificación de la UMATA, sino que la descartó por ausencia de soportes, lo cual
no fue «desacertado o alejado de las reglas de la sana crítica».
54. Aparte, señaló que la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación
no desechó el dictamen pericial sin haber analizado sus conclusiones, pues se
pronunció expresamente sobre «la metodología utilizada, el tiempo transcurrido y la
determinación de la visita al predio».
55. Por otro lado, estableció que no se desconocieron los artículos 13, 64 y 79 de la
Constitución, en tanto dicha subsección no exigió «una prueba imposible» al
demandante ni desconoció su condición ni la presencia de un indicio grave, sino
que, tras analizar los hechos acreditados en el caso, concluyó que no existía un
nexo de causalidad entre la aspersión de glifosato y el daño.
56. Finalmente, indicó que no se desconoció el precedente contenido en la
sentencia T-236 de 2017, porque en esta «no se fijó como regla o subregla
jurisprudencial una presunción de afectación en casos de aspersión aérea [de
glifosato]».
Impugnación
57. El accionante solicitó revocar la anterior decisión y «restablecer la eficacia» de
la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
58. Para sustentar lo anterior, afirmó que el a quo convalidó los defectos en los
cuales, a su juicio, incurrió la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación. Al respecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
59. En cuanto a la supuesta configuración del defecto fáctico, añadió que la
certificación de la UMATA y el dictamen pericial fueron descartados sin haber
considerado que su valor probatorio era «significativo», en virtud del «estándar
flexible» contemplado en la sentencia T-236 de 2017.
60. Adicionalmente, indicó que el auto 7336 del 20 de diciembre de 2010 no fue
contrastado con los medios de prueba aportados por él y que, pese a la
materialización de la proximidad temporal y espacial señalada en la sentencia T-
236 de 2017, «no se estructuró prueba indiciaria».
61. En relación con la supuesta configuración de un defecto sustantivo, añadió que
se desconoció que, en virtud del principio de precaución y del artículo 1° de la Ley
99 de 1993, existe «presunción de causalidad ante duda».
62. Con respecto al presunto desconocimiento del precedente, agregó que se
ignoró que en la sentencia T-236 de 2017 se estableció una «presunción de
afectación por aspersión aérea con proximidad temporal [y] espacial y [con]
síntomas fitotóxicos documentados», así como «un estándar probatorio flexible y
una carga probatoria dinámica para los casos de aspersión aérea, reconociendo la
vulnerabilidad del campesino y la asimetría probatoria extrema frente al Estado».
63. También afirmó que se «distorsionó» la razón de la decisión contenida en dicha
sentencia y que se le exigió una «motivación exhaustiva» en su condición de
vulnerabilidad, con todo lo cual se contravino lo establecido en la sentencia de
unificación 215 de 2022.
64. Por otro lado, aseguró que la autoridad judicial demandada incurrió en una
contradicción, pues reconoció que la aspersión de glifosato es una actividad
peligrosa y, consecuentemente, estudió el caso bajo el régimen de responsabilidad
objetivo, pero exigió a un campesino en condición de vulnerabilidad que acreditara
el nexo de causalidad «con pruebas técnicas y científicas rigurosas» y desestimó
los «indicios presentados». Añadió que, con esto último, desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual la actividad «de riesgo
excepcional» «genera una inversión de la carga de la prueba en lo relativo al nexo
causal».
65. Por último, aseveró que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso
porque no se motivó suficientemente «el rechazo de las pruebas solicitadas» en la
demanda de tutela y, en cambio, se tuvo en cuenta exclusivamente un acto
administrativo parcializado.
CONSIDERACIONES
Competencia
66. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
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Referencia: Acción de tutela
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
67. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 22 de enero
de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
68. Para ello, en primer lugar, verificará si la solicitud de amparo del señor García
Ortega cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Solo en caso afirmativo, también estudiará si la Subsección
C de la Sección Tercera de esta corporación incurrió en los defectos alegados por
aquel, vulnerando así sus derechos fundamentales.
69. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, esta
subsección reiterará el precedente constitucional sobre los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, posteriormente,
se pronunciará sobre el caso concreto.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
70. De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, reiterada de manera consistente
por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional y se encuentra sujeta a que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa, encaminada a demostrar el cumplimiento de los
requisitos generales para tal efecto, así como la configuración de al menos una
causal específica.
71. También de manera consistente, la Corte ha establecido que, para considerar
cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el juez constitucional debe verificar9 (i) que se acredite la
legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto Ley 2591 de 1991); (ii) que la
providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela10, ni una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional, ni aquella mediante la cual se resuelva una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el
requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable;
(iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que
amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la
9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-218 de 2012 y T-
373 de 2014.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con
el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que agotó todos
los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable11 o que los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
72. Debido a las particularidades del caso concreto, esta Subsección resalta que,
de conformidad con lo expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia del 5 de agosto de 201412, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional requiere lo siguiente:
73. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Dicho de otro modo, no
basta simplemente con invocar tales derechos, sino que es necesario que se
ofrezcan serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de
tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que
han sido invocadas y debidamente sustentadas.
74. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso
mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para
proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
75. Finalmente, se advierte que la mencionada sentencia de la Sala Plena se ajusta
al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y
consolidada13, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir
aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los
jueces naturales. Además, ha explicado que aquella es inidónea si lo pretendido es
que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de
interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.
Improcedencia de la solicitud de amparo por la falta de relevancia
constitucional del asunto
76. A juicio del accionante e impugnante, la Subsección C de la Sección Tercera de
esta corporación debía presumir el nexo de causalidad entre el daño y la aspersión
11 Ver, entre otras, la sentencia de unificación 659 de 2015.
12 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
de glifosato y, consecuentemente, exigir la acreditación de su ruptura a la parte
demandada, en virtud del régimen objetivo de responsabilidad estatal, del principio
de precaución, contemplado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, así
como de lo establecido en la sentencia T-236 de 2017 y en el artículo 79 de la
Constitución.
77. En criterio de aquel, al no haber procedido de la forma descrita, la sala de
decisión accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, así como en un
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.
78. De entrada, la Sala debe advertir que el nexo de causalidad entre el daño y la
acción u omisión de las autoridades es un elemento estructural de la
responsabilidad del Estado14. Por consiguiente, la parte demandante tiene la carga
de probarlo y no se exime de esta porque el título de imputación aplicable sea de
tipo objetivo.
79. Lo anterior, de hecho, fue advertido en la sentencia controvertida, como se
expone a continuación15:
(…) [E]s admisible analizar la imputación de los daños ocasionados por la
aspersión con glifosato bajo el régimen de responsabilidad objetiva, en la
medida que se trata de una actividad que comporta un riesgo para el medio
ambiente. Para ello, debe acreditarse la relación de causalidad entre el daño
(afectación de los cultivos) y el hecho de la administración (aspersión con
glifosato realizada el 25 de agosto de 2010), pues es necesario determinar
quién y qué circunstancia desencadenó el curso causal de la afectación por la
que se pretende una indemnización de perjuicios.
Es que para que la pretensión de responsabilidad extracontractual por actividad
riesgosa sea próspera, el demandante debe acreditar, además del daño cuyo
resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada
aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la
consecuencia lesiva, de lo cual se desprende que ausente la prueba de la
relación de causalidad, las pretensiones estarían destinadas al fracaso. Lo
anterior, por cuanto, si bien al Estado le asiste un deber de guarda material
sobre este tipo de sustancias, ello no exime al demandante de acreditar
tanto la existencia del daño como el vínculo entre este y la conducta activa
u omisiva que se atribuye al demandado, en tanto elementos esenciales
del juicio de imputación [Véase, entre otras, Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021. Rad. 52001-23-33-
000-2014-00209-01(AG); Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014,
Rad. 29028; Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 48494].
80. Es importante indicar que, en la sentencia del 13 de marzo de 202416,
referenciada en el fragmento citado y en la cual se reiteró el fallo del 23 de abril de
14 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 22 y del 24 de septiembre
de 2021, proferidas por las subsecciones C y A de la Sección Tercera de esta corporación,
respectivamente, en los procesos 25000-23-26-000-2011-00909-01 (50467) y 13001-23-31-000-
2012-00236-01 (50651).
15 Énfasis añadido.
16 Proceso identificado con la radicación 68001-23-31-000-2006-03139-01 (48494).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
2021, proferido por esta Subsección en el proceso 52001-23-33-000-2014-00209-
0117, la sala de decisión accionada explicó lo siguiente18:
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un
daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
(…)
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del
daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que
comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos
causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de
imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y
que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por
ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con
el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros.
(…)
Ahora bien, particularmente, sobre los daños ocasionados por la utilización del
herbicida glifosato, el Consejo de Estado ha sostenido que su estudio debe
realizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, en tanto es una
actividad que engendra un riesgo para el ambiente y, por ende, al Estado le
asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera,
aspecto que, en todo caso, no releva de la carga de acreditar el daño y el
nexo causal, como elementos basilares de un juicio de imputación de
responsabilidad.
81. Por lo expuesto, no es cierto que, en virtud del régimen objetivo de
responsabilidad, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación tuviera
que presumir el nexo de causalidad entre el daño y la aspersión de glifosato y,
consecuentemente, exigir la acreditación de su ruptura a la parte demandada.
82. Ahora, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución, el Estado tiene el deber
de proteger el ambiente frente a los riesgos que puedan afectar su integridad.
Además, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, las
autoridades deben aplicar el principio de precaución, según el cual, «cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente».
17 En dicha providencia, esta Subsección explicó lo siguiente: «(…) en oportunidades anteriores la
Corporación ha discurrido sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados
por la utilización del herbicida Glifosato en los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.
En tales casos, ha gobernado el estudio de estos asuntos bajo un régimen de responsabilidad
objetiva, en tanto la lesión ambiental no proviene de una infracción funcional, esto es, aquella que
comporta un juicio de valor por la acción u omisión de los servidores y funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones; por ende, el deber de indemnizar nace porque la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos con glifosato es considerada una actividad peligrosa, aspecto
que, en todo caso, no releva la carga de acreditar el daño y el nexo causal ya referenciados,
como elementos basilares de un juicio de imputación de responsabilidad al Estado» (énfasis
añadido).
18 Énfasis añadido.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
Accionante: José del Carmen García Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
83. En la sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional explicó que dicho
principio ha sido abordado en la jurisprudencia de esa corporación, entre otras
manifestaciones, como regla de apreciación probatoria y como norma aplicable por
los jueces para imponer deberes a las autoridades y a los particulares.
84. En cuanto a la primera de dichas manifestaciones, la Corte reiteró lo establecido
en su sentencia T-080 de 2015 y explicó que el principio de precaución permite al
juez adoptar una decisión ante un caso con incertidumbre, en tanto «produce una
inversión de la carga de la prueba en relación con el daño ambiental»19 y elimina
la necesidad de «tener certeza sobre [este] y el nexo de causalidad para ordenar
medidas de restauración y protección»20.
85. Cabe advertir que, en la sentencia T-080 de 2015, la Corte explicó que «por
contraposición a la teoría del daño cierto y verificable, vigente desde la tradición
romana, la precaución opera sobre el riesgo del desarrollo, el riesgo de la
demora, y produce una inversión de la carga de la prueba»21.
86. Dicho lo anterior, la Sala debe indicar que, de acuerdo con el artículo 90 de la
Constitución, la responsabilidad del Estado se predica respecto de un daño
antijurídico —que, como lo ha explicado esta corporación22, debe ser cierto y
determinado—, no de un riesgo, categoría sobre la cual, precisamente, opera la
inversión de la carga probatoria mencionada por la Corte en las sentencias T-236
de 2017 y T-080 de 2015.
87. En ese sentido, el principio de precaución, como regla de apreciación probatoria,
no es aplicable al juicio de atribución de responsabilidad al Estado, ni implica una
presunción del nexo de causalidad y una consecuente inversión de la carga de la
prueba que recae sobre la parte demandante.
88. En línea con lo anterior, el hecho de que los artículos 79 de la Constitución y 1
de la Ley 99 de 1993 impongan al Estado el deber de proteger el ambiente frente a
los riesgos que puedan afectar su integridad, incluyendo aquellos derivados del uso
de glifosato, no implica el surgimiento automático de responsabilidad por todos los
daños alegados en relación con la utilización de ese herbicida ni, mucho menos,
una presunción del nexo de causalidad entre esa actividad y tales daños.
89. Ahora, en la sentencia T-236 de 2017, como se anticipó, la Corte también se
refirió al principio de precaución como norma aplicable por los jueces para imponer
deberes a las autoridades y a los particulares. De hecho, hizo uso de ello para
resolver el caso concreto, en el cual se debatía si las autoridades accionadas habían
desconocido tal principio, «propio de la protección constitucional del derecho a la
19 Énfasis añadido.
20 Énfasis añadido.
21 Énfasis añadido.
22 Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 24 de septiembre de 2021 y del
24 de octubre de 2017, proferidas por esta subsección en los procesos identificados con la radicación
interna 50651 y 32985B.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
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Referencia: Acción de tutela
salud», al planear, ordenar e implementar el Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos con aspersión de glifosato, pese a que se alegaba la existencia de riesgos
de daños a la salud humana.
90. Concretamente, el máximo tribunal constitucional expuso lo siguiente 23:
(…) [E]n este caso es particularmente relevante la tercera línea jurisprudencial
reseñada en el apartado anterior, en la cual el principio de precaución sirve
para imponer medidas de origen judicial sobre una actividad humana. En
efecto, se trata de una controversia donde la parte accionante alega que una
actividad realizada por las autoridades estatales genera un riesgo impermisible
para la salud humana, y sobre la existencia de dicho riesgo no parece haber un
consenso científico.
(…)
(…) [S]e debe conceder la tutela del derecho a la salud y al ambiente sano de
todos los habitantes del municipio de Nóvita, Chocó. (…) [E]sta Sala encuentra
que los programas de aspersión con glifosato, debido a sus características
especiales, plantean riesgos significativos para la salud humana. Dichos
riesgos no han sido regulados razonablemente por las autoridades
administrativas, y la regulación existente no ha sido aplicada de manera
diligente. Por lo anterior, la Corte adoptará medidas dirigidas a reducir
provisionalmente los riesgos, las cuales tendrán vigencia hasta que se dicte
una nueva regulación que cumpla los parámetros constitucionales.
91. Es importante señalar que, tras exponer lo anterior, la Corte advirtió que su
análisis no constituía «una determinación de responsabilidad del Estado, ni
una constatación judicial de la ocurrencia de un daño antijurídico», debido a la
falta de competencia de esa corporación para adoptar decisiones de tal naturaleza,
así como a la inaptitud del trámite de tutela para tal fin. En consecuencia, agregó
que cualquier debate sobre la responsabilidad estatal debía efectuarse «ante la
jurisdicción competente, con base en pruebas legalmente producidas y de acuerdo
con las exigencias legales y jurisprudenciales» correspondientes.
92. Igualmente, indicó que su estudio constituía «una aplicación del principio de
precaución para efectos de dictar órdenes prospectivas, dirigidas a proteger los
derechos fundamentales contra vulneraciones futuras, no para establecer si el
Estado [era] responsable por hechos pasados»24.
93. También señaló que, aunque esa providencia podía ser tenida en cuenta por el
juez competente para determinar la responsabilidad del Estado por aspersiones con
glifosato, era «independiente de la decisión que en esa materia se [pudiera]
llegar a adoptar».
94. Lo expuesto frente a la sentencia T-236 de 2017, en síntesis, evidencia lo
siguiente:
23 Énfasis añadido.
24 Énfasis añadido.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
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95. Primero, que la decisión de amparar los derechos fundamentales a la salud y al
ambiente sano de los habitantes de Nóvita se sustentó en que los programas de
aspersión de glifosato planteaban riesgos significativos para la salud humana, que
no habían sido regulados razonablemente y cuya regulación existente no había sido
aplicada de forma diligente.
96. Segundo, que la decisión de adoptar medidas para la reducción de dichos
riesgos se basó en el principio de precaución como norma aplicable por los jueces
para imponer deberes a las autoridades y a los particulares.
97. Tercero, que el análisis efectuado por la Corte no constituyó un juicio de
responsabilidad del Estado.
98. En otras palabras, las razones de las decisiones contenidas en la sentencia
aludida fueron (i) el hallazgo de un riesgo ambiental por la utilización de glifosato,
no de un daño antijurídico —cierto y determinado—, así como (ii) la aplicación del
principio de precaución para imponer obligaciones a las autoridades. Tales razones
no son equiparables a un estudio sobre los elementos estructurales de la
responsabilidad del Estado, aspecto que, de hecho, fue advertido por la Corte
Constitucional.
99. En este punto, es importante indicar que, según el máximo tribunal
constitucional25, el precedente judicial corresponde a «una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que
contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos
similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el
juez»26. Además, advirtió que la única parte de esa sentencia previa que posee
«fuerza normativa de precedente» es su ratio decidendi.
100. Ahora, en el caso resuelto mediante la sentencia T-236 de 2017, como ya se
indicó, se debatía si las autoridades accionadas habían desconocido el principio de
precaución al planear, ordenar e implementar el Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos con aspersión de glifosato, pese a que se alegaba la existencia de
riesgos de daños a la salud humana.
101. Ese problema jurídico difiere abiertamente de aquel resuelto por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 11 de agosto de
2025, que consistía en determinar si una aspersión determinada, es decir, la
ejecutada el 25 de agosto de 2010, había sido la causa de la afectación de los
cultivos alimentarios del señor García Ortega27.
25 Sentencia de unificación 380 de 2021.
26 Énfasis añadido.
27 Textualmente, dicha subsección formuló el problema jurídico de la siguiente manera: «[d]e
conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la aspersión con
glifosato realizada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional el 25 de agosto de 2010 en el
municipio de El Playón, Santander, ocasionó un daño a los cultivos del demandante, sembrados en
la finca “La Negreña”».
16
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102. Lo anterior, de entrada, permite concluir que la sentencia T-236 de 2017 no
constituía precedente aplicable al caso en cuestión. Pero, además, no debe
perderse de vista que las razones de las decisiones contenidas en dicha sentencia,
reseñadas en precedencia, no son equiparables a un estudio sobre los elementos
estructurales de la responsabilidad del Estado, el cual, precisamente, era el que
debía ser efectuado en tal caso.
103. Lo expuesto, aunado a que en la sentencia aludida no se estableció que la
aspersión de glifosato genere una «presunción de afectación cuando hay
proximidad temporal y espacial junto con síntomas fitotóxicos documentados»,
como lo afirmó el señor García Ortega, permite concluir que ni siquiera hay lugar a
sospechar de un desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.
104. Así las cosas, el alegato relativo a que la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación debía presumir el nexo de causalidad entre el daño y la
aspersión de glifosato y, consecuentemente, exigir la acreditación de su ruptura a
la parte demandada, lejos de dar cuenta de un desconocimiento del precedente de
la Corte Constitucional o de la configuración de los defectos fáctico y sustantivo,
únicamente evidencia una inconformidad con la decisión de dicha subsección,
originada en un erróneo entendimiento del alcance del régimen objetivo, de los
artículos 79 de la Constitución y 1 de la Ley 99 de 1993, así como de las
manifestaciones del principio de precaución explicadas en la sentencia T-236 de
2017.
105. Dicho lo anterior, cabe advertir que el a quo no merece reproche alguno por
haber señalado que la regla de «presunción de afectación cuando hay proximidad
temporal y espacial junto con síntomas fitotóxicos documentados» no fue
establecida en la sentencia T-236 de 2017, pues ello simplemente constituyó una
descripción de la realidad, no una distorsión de las razones de las decisiones
contenidas en tal providencia, ni una exigencia indebida de una «motivación
exhaustiva» y un consecuente desconocimiento de la sentencia de unificación 215
de 2022, como lo alegó el impugnante.
106. Al respecto, debe añadirse que, en ese fallo de unificación, la Corte
Constitucional concluyó que una demanda de tutela encaminada a que se dejara
sin efectos una providencia de la Sección Cuarta de esta corporación era
improcedente, por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional del asunto.
107. Textualmente, la Corte explicó lo siguiente:
(…) [E]l requisito de subsidiariedad no se agotó con respecto al cargo quinto
formulado por [la sociedad accionante], pues se demostró que [esta] pudo
controvertir el alegado incumplimiento del quórum decisorio a través del recurso
extraordinario de revisión. En relación con los cuatro cargos restantes, la Sala
Plena constató que no cumplían con el requisito de relevancia constitucional.
Lo anterior, porque [dicha sociedad] planteó en la acción de tutela asuntos: (i)
que buscaban que el juez de tutela juzgara la corrección de la decisión de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
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Referencia: Acción de tutela
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo[,] en lugar de su
validez; (ii) que tenían una connotación preponderantemente económica y (iii)
que no demostraban una grave afectación a los derechos fundamentales o un
proceder que, prima facie, pareciera arbitrario por parte de la autoridad judicial
accionada.
108. Así, es evidente que en la sentencia de unificación 215 de 2022 no se abordó
el defecto de desconocimiento del precedente, motivo por el cual no infería en el
análisis efectuado por el a quo para descartar el cargo relativo a la inaplicación de
la sentencia T-236 de 2017.
109. Ahora, el demandante también adujo que la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación le exigió aportar un medio de prueba técnico y científico
imposible de obtener, debido a su condición de campesino y a su falta de recursos
económicos. Añadió que, de ese modo, dicha subsección incurrió en un defecto
fáctico, así como en uno sustantivo por inaplicación de los artículos 13 y 64 de la
Constitución, relativos al derecho fundamental a la igualdad y a la especial
protección en favor de los campesinos.
110. Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
fáctico, en tanto descartó arbitrariamente lo siguiente:
111. Primero, el dictamen pericial, al ignorar su valor «significativo» y el hallazgo de
maleza de más de tres años.
112. Segundo, la certificación de la UMATA de El Playón, también al desconocer su
valor «significativo», así como el carácter técnico de esa autoridad y el «indicio
grave de afectación fitosanitaria», y al no exponer «una razón jurídica sólida» ni
decretar una prueba complementaria.
113. Tercero, la prueba indiciaria estructurada «de manera correcta» por el Tribunal
Administrativo de Santander.
114. Además, aseveró que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación incurrió en el mencionado defecto (i) por haber otorgado un valor
probatorio desproporcionado al auto 7336 del 20 de diciembre de 2010, (ii) por no
haberlo contrastado con los medios de prueba aportados en su favor, (iii) por
haberle conferido «valor de cosa juzgada administrativa», en desconocimiento del
principio de contradicción, así como (iv) por haberlo tomado como una «prueba
técnica o experticia», sin tener en cuenta (a) su carácter unilateral, (b) la evidencia
de derivas de glifosato en áreas mayores de cien metros y (c) la ausencia del mapa
de la deriva, de los datos de la velocidad y la dirección del viento y del análisis de
residuos del mencionado herbicida en el suelo y en el material vegetal.
115. Para pronunciarse sobre todo lo anterior, la Sala debe recordar que la
autoridad judicial demandada concluyó que no se probó el nexo de causalidad entre
el daño y la aspersión de glifosato ni la configuración de una falla en el servicio, y
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
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Referencia: Acción de tutela
que la falta de acreditación de tal nexo impedía atribuir responsabilidad al Estado,
incluso, bajo un título de imputación objetivo.
116. Con el fin de sustentar esas conclusiones, la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación expuso lo siguiente (transcripción literal con posibles
errores incluidos):
(…) [N]o obstante que el modelo de responsabilidad extracontractual del Estado
colombiano no privilegió un título de imputación particular, lo cierto es que
actualmente la posición de la Corporación se orienta por analizar los daños
ocasionados por el uso del glifosato, en primer lugar, desde la óptica de la falla
del servicio y, en segundo, desde una de atribución objetiva, por el riesgo que
la actividad genera frente al medio ambiente.
En ese contexto, se procederá a establecer si la afectación de los cultivos del
demandante obedeció a una falla del servicio imputable a la entidad demandada
y, en caso de que ello no se acredite, se examinará la atribución del daño bajo
la égida de un título objetivo de imputación.
(…)
[O]bra en el plenario el dictamen pericial presentado el 22 de abril de 2015 por
el perito avaluador Benjamín Medina Bernal, que tuvo por objeto determinar el
“área de cultivo, cantidad de plantas sembradas, ubicación y localización de las
plantas de cultivo, (…) y la estimación de los perjuicios causados para los años
2009 y 2010”, en el predio “La Negreña”, ubicado en el municipio de El Playón.
En el dictamen el perito señaló que “[E]n cuanto al estado de los cultivos, de la
plantación no quedó ni rastro debido a la acción fulminante del herbicida
aplicado, presumiblemente Glifosato, el cual, una vez cae sobre el follaje verde
de cualquier planta, penetra (…) a todas las partes de la planta, causando la
muerte total a la misma. (…) Esto, de acuerdo con las características de
desarrollo que presentan las malezas que allí se encuentran, malezas de más
de tres (3) años de edad”.
Ahora bien, frente a la metodología empleada para la elaboración de la pericia,
el perito avaluador aplicó el “método directo”, lo que implicó una visita al predio
“La Negreña”, específicamente a las hectáreas donde se encontraban los
cultivos afectados, la cual fue llevada a cabo el 13 de abril de 2015. (…)
De acuerdo con lo expuesto, se advierte que en el caso de marras el dictamen
pericial emitido por Benjamín Medina Bernal carece de eficacia probatoria,
por cuanto no se desarrolló en los términos exigidos por el artículo 237 del CPC.
En efecto, sus conclusiones no resultan claras ni precisas, al no
sustentarse en una evaluación detallada del estado fitosanitario de las
plantaciones antes y después de la aspersión realizada el 25 de agosto de
2010.
Por el contrario, según lo manifestado por el ICA mediante Oficio No. 445 del
22 de septiembre de 2010 (hecho probado 3.6), las inspecciones visuales sobre
cultivos afectados por aspersiones con glifosato deben realizarse dentro de los
30 días siguientes a la aplicación del herbicida, plazo en el que es posible
identificar de forma confiable la sintomatología visible en las plantas
presuntamente afectadas. En ese sentido, la inspección visual que sirvió de
base al dictamen rendido por el perito Benjamín Medina Bernal —
practicada cuatro años y ocho meses después de la aspersión— carece
19
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07811-01
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Referencia: Acción de tutela
de valor técnico suficiente para establecer con certeza un vínculo causal
entre los daños observados en las plantaciones y la fumigación realizada
el 25 de agosto de 2010.
Asimismo, se desestima la afirmación según la cual la presencia de maleza con
“más de tres años de edad” permite inferir la aplicación de un herbicida, pues,
como se explicó, además de que la aspersión tuvo lugar más de cuatro años
antes de la visita del perito, no se identificaron con precisión las
características de la maleza, ni se aportaron análisis de carácter científico
que permitieran establecer su relación con la supuesta aplicación de
glifosato. Por lo tanto, su aparición pudo obedecer a múltiples factores
distintos a la aspersión, como lo son, las condiciones climáticas, el manejo
del suelo o la regeneración natural de la vegetación en la zona.
Finalmente, se enfatiza que los dictámenes periciales deben estar debidamente
fundamentados, ser claros, coherentes y sustentarse en razones técnicas y
lógicamente expuestas. Bajo esta perspectiva, calificar como ‘posible’ o
‘presumible’ la relación entre la aspersión de glifosato y la afectación de
las plantaciones de la finca “La Negreña” no resulta suficiente para
generar certeza sobre la causa del daño.
Adicionalmente, en el expediente obra la constancia expedida el 2 de agosto de
2011 por un ingeniero agrónomo de la UMATA, en la que certificó que la
producción de los cultivos de maracuyá, plátano, maíz, cacao, aguacate, cítricos
y yuca del demandante había sido afectada por las aspersiones aéreas
realizadas por la Dirección de Antinarcóticos del Ministerio de Defensa Nacional
los días 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010 (hecho probado
3.12.).
Ahora bien, aunque la UMATA, conforme al artículo 552 de la Resolución 0017
de 2001, puede participar en visitas de verificación dentro del trámite
administrativo de quejas por aspersión, y según el artículo 353 de la Ley 607 de
2000, tiene entre sus funciones la orientación agronómica a pequeños y
medianos productores, la constancia aportada carece de sustento técnico
que permita establecer cómo se identificaron los daños reportados, ni con
base en qué elementos se concluyó que su causa fue la aspersión con el
herbicida.
En efecto, el documento no incorpora anexos técnicos, registros de visita,
análisis fitosanitarios ni descripción metodológica alguna y, en general, no
expone los criterios utilizados para concluir que las afectaciones reportadas
fueron causadas por las aspersiones del 14 de noviembre de 2009 y del 25 de
agosto de 2010. Su contenido se reduce a una apreciación general, sin respaldo
verificable. De este modo, la constancia no cuenta con el rigor técnico ni la
idoneidad necesarios para ser considerada prueba suficiente del nexo
entre las aspersiones y los daños alegados en los cultivos.
Por otro lado, obra en el expediente la queja formulada por José del Carmen
García Ortega ante la Dirección Nacional de Estupefacientes de la Policía
Nacional (hecho probado 3.5.), frente a la cual la entidad demandada negó el
reconocimiento de la compensación económica por los daños a sus cultivos,
con base en la distancia existente entre el predio “La Negreña” y el área
fumigada el 25 de agosto de 2010. (hecho probado 3.11.).
Según lo expuesto en el auto expedido el 20 de diciembre de 2010 por dicha
entidad, que negó la compensación solicitada por el demandante (hecho
probado 3.11.), con base en las coordenadas suministradas por el actor se
conoció que la aspersión se llevó a cabo a una distancia de 1.384 metros del
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predio referido, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1053 de 2003,
según el cual “la aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá efectuarse
a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la aérea como
franja de seguridad, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras
troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que
requiera protección especial”[,] y conforme a las recomendaciones establecidas
en un concepto técnico elaborado por un miembro de la Comisión
Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD), así como en las
conclusiones del Comité Técnico Interinstitucional. Por consiguiente, la
Dirección Nacional de Estupefacientes advirtió que no existía un nexo de
causalidad entre el daño reportado y la operación efectuada.
(…)
[S]e acoge la conclusión adoptada por la Dirección Nacional de
Estupefacientes en el auto del 20 de diciembre de 2010, por cuanto se
sustentó en el análisis realizado por un comité integrado por diversas
entidades que actúan de manera autónoma, sin vínculos de subordinación o
dependencia entre sí, lo que garantiza su imparcialidad; así como en los
fundamentos de un concepto técnico que no fue rebatido dentro de este
proceso y que permitió establecer que la aspersión se efectuó a una
distancia superior al umbral técnico y normativo fijado como franja de
seguridad, esto es, a 1.384 metros.
En esa misma línea, es pertinente señalar que el auto mencionado se aprecia
como prueba válida, dado que fue expedido por la Dirección Nacional de
Antinarcóticos y constituye un documento público, que se entiende auténtico,
en los términos de los artículos 251 y 252 del CPC, por cuanto fue emitido por
un funcionario en ejercicio de sus funciones y existe certeza sobre la identidad
de la persona que lo profirió, no habiendo sido tachado de falso ni desconocido
durante el proceso.
En este contexto, dado que la aspersión con glifosato del 25 de agosto de 2010
se realizó a 1.384 metros del predio “La Negreña”, conforme a lo dispuesto en
la Resolución 1054 de 2003 y en el artículo 8762 del Decreto 1843 de 1979 —
que prohíbe la aspersión aérea de plaguicidas a menos de 100 metros de
cuerpos de agua, vías principales o zonas que requieren protección especial—,
se concluye que la actuación de la entidad demandada se ajustó a los
parámetros técnicos y normativos aplicables, sin que se advierta
irregularidad alguna en su ejecución.
Por lo tanto, aunque del auto No. 7336 del 20 de diciembre de 2010 (hecho
probado 3.11.) se puede inferir, de forma genérica, que la entidad demandada
admitió haber realizado la operación de aspersión con glifosato en el municipio
de El Playón, Santander, e incluso en zonas cercanas a la finca "La Negreña";
la prueba técnica aportada al proceso indica que dicha operación se efectuó a
una distancia de 1.384 metros de dicho predio. En consecuencia, dicha
inferencia no es suficiente para concluir que los cultivos de José del Carmen
García Ortega fueron directamente afectados por dicha operación ni que en su
ejecución se presentaron irregularidades. Por el contrario, el análisis conjunto
de las pruebas obrantes en el expediente permite concluir que la entidad
demandada cumplió con los requisitos exigidos para la realización de la
aspersión, lo que descarta la configuración de una falla del servicio imputable
al Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, es pertinente recordar que
también es admisible analizar la imputación de los daños ocasionados por la
aspersión con glifosato bajo el régimen de responsabilidad objetiva, en la
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medida que se trata de una actividad que comporta un riesgo para el medio
ambiente. Para ello, debe acreditarse la relación de causalidad entre el daño
(afectación de los cultivos) y el hecho de la administración (aspersión con
glifosato realizada el 25 de agosto de 2010) (…).
(…)
[E]n el expediente no reposan elementos probatorios idóneos,
concurrentes y pertinentes que permitan siquiera estructurar una prueba
indiciaria capaz de sustentar la imputación al Estado bajo un título objetivo
de atribución, pues los hechos acreditados en el proceso no resultan suficientes
para inferir que la afectación de los cultivos del demandante se debió a la
aspersión con glifosato realizada el 25 de agosto de 2010.
(…)
[E]n el caso de marras, persiste la incertidumbre acerca del estado de los
cultivos del demandante antes de la fumigación, lo que impide descartar
otras posibles causas del deterioro, como la existencia de enfermedades o
deficiencias en su mantenimiento.
(…)
[N]o se acreditó de manera suficiente que la aspersión con glifosato del
25 de agosto de 2010 haya generado la afectación en los cultivos de José
del Carmen García Ortega, ubicados en la finca “La Negreña”, pues, aunque el
demandante demostró que hubo una alteración en sus plantaciones, el proceso
quedó huérfano de prueba concluyente para vincular dicha afectación con la
actuación de la Administración.
117. Lo expuesto evidencia que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación únicamente exigió la prueba de un elemento estructural de la
responsabilidad del Estado: el nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la
autoridad —en este caso, la aspersión de glifosato—. Además, demuestra que el
dictamen pericial y la certificación de la UMATA fueron desestimadas, en síntesis,
por presentar falencias en su fundamentación.
118. Lo anterior, de ninguna manera, es equiparable a exigir la presentación de un
medio de prueba específico, de carácter técnico y científico, como pretendió
mostrarlo el accionante, ni a una consecuente discriminación de este por su
condición de campesino.
119. Sobre el particular, cabe advertir que una cosa es desestimar medios
probatorios por falencias en su fundamentación, y, otra muy distinta, exigir que esos
medios sean de una naturaleza determinada.
120. Además, esa desestimación, por sí sola, no implica una indebida valoración
probatoria, como también pretendió mostrarlo el demandante al afirmar que se
desconoció el valor «significativo» de los medios de prueba en cuestión.
121. Por otro lado, la sentencia citada evidencia que la autoridad judicial
demandada se pronunció expresamente sobre el hallazgo de maleza de más de
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tres años por parte del perito, señalando que ello no se acompañó de un análisis
que permitiera establecer su relación con la aspersión de glifosato. Así, no es cierto
que el dictamen pericial haya sido descartado sin tener en cuenta dicho hallazgo,
como lo aseguró el actor.
122. Adicionalmente, el fallo cuestionado demuestra que, antes de exponer la razón
para desestimar la certificación de la UMATA de El Playón, la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación reconoció que, entre las funciones de esa
autoridad, se encuentra la de brindar orientación agronómica, es decir, relacionada
con aspectos técnicos sobre el cultivo de la tierra. Así, tampoco es cierto que dicha
subsección haya ignorado el carácter técnico de la mencionada autoridad municipal.
123. Aparte, como ya se indicó, la certificación aludida fue descartada por presentar
falencias en su fundamentación, lo cual desvirtúa la afirmación de que la autoridad
judicial demandada no expuso «una razón jurídica sólida» frente a tal descarte.
124. En este punto, cabe advertir que dicha afirmación no se acompañó de un solo
argumento, motivo por el cual ni siquiera permite inferir que la desestimación de la
certificación de la UMATA de El Playón haya implicado una indebida valoración
probatoria.
125. Además, las falencias en la fundamentación de tal certificación, de ninguna
manera, son equivalentes a una falta de claridad sobre los hechos debatidos en el
proceso. Por consiguiente, no imponían a la autoridad judicial demandada el deber
de decretar pruebas oficiosamente, lo cual, de acuerdo con el artículo 213 del
CPACA28, únicamente procede para esclarecer la verdad.
126. De ese modo, al accionante no le asiste razón al sostener que la Subsección
C de la Sección Tercera de esta corporación erró al prescindir del decreto de una
prueba complementaria para desestimar la certificación de la UMATA de El Playón.
127. Adicionalmente, tal certificación se descartó con respecto a la acreditación del
nexo de causalidad, no frente a la demostración del daño, consistente en la pérdida
de los cultivos alimentarios del demandante. En consecuencia, el alegato relativo al
desconocimiento de un «indicio grave de afectación fitosanitaria» no guarda
relación con el objeto de la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial
demandada, que era el mencionado nexo. Por consiguiente, dicho alegato, de
ninguna manera, evidencia que esa valoración haya sido indebida.
128. Por otro lado, la providencia cuestionada demuestra que la mencionada
subsección concluyó que el daño no podía atribuirse a la entidad demandada con
fundamento en una prueba indiciaria, pues no había elementos idóneos,
concurrentes y pertinentes para estructurarla.
28 Según el primer inciso de dicho artículo, «en cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado
Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de
la verdad» (énfasis añadido).
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129. Lo anterior, por sí solo, no da cuenta de una decisión arbitraria o caprichosa.
Ello, aunado a que el actor se limitó a afirmar que se desconoció la prueba indiciaria
estructurada «de manera correcta» por el Tribunal Administrativo de Santander,
permite concluir que su intención es rescatar la decisión proferida por esa
corporación en primera instancia, que fue favorable a sus intereses.
130. Además, la sentencia cuestionada evidencia que, tras descartar el dictamen
pericial y la certificación de la UMATA de El Playón, la autoridad judicial demandada
estableció que el auto 7336 del 20 de diciembre de 2010 merecía credibilidad, en
tanto se sustentó en el análisis de un comité imparcial, integrado por entidades sin
relaciones de subordinación o de dependencia entre sí, así como en un concepto
técnico que no fue rebatido, según el cual la aspersión se efectuó a una distancia
superior «al umbral técnico y normativo».
131. Así, es claro que la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación
valoró conjunta y detalladamente el dictamen pericial, la certificación de la UMATA
de El Playón y el auto 7336 del 20 de diciembre de 2010, al cual otorgó credibilidad,
en parte, por haberse sustentado en un concepto técnico, aspecto frente al que,
precisamente, los demás medios de prueba presentaban falencias.
132. En consecuencia, no es cierto que a dicho auto se le haya otorgado un valor
probatorio desproporcionado en relación con el dictamen pericial y con la
certificación de la UMATA de El Playón, ni que no haya sido contrastado con estos,
los cuales fueron incorporados al expediente como pruebas en favor del
demandante29.
133. Por otro lado, al contrario de lo afirmado por el accionante, nada de lo expuesto
por la autoridad judicial frente al auto aludido evidencia que este haya sido tomado
como una «prueba técnica o experticia».
134. Además, en la medida en que ese auto fue producto de un procedimiento
administrativo, el principio de contradicción debía ser garantizado por la autoridad
administrativa correspondiente, no por la judicial en un proceso de reparación
directa —cuya finalidad no es la evaluación de la legalidad de actos
administrativos—. En consecuencia, no cabe ningún reproche en relación con tal
principio y la valoración del auto en cuestión.
135. Así las cosas, los alegatos relativos a la apreciación del auto 7336 del 20 de
diciembre de 2010, así como aquellos referentes a la exigencia de un medio de
prueba técnico y científico y a la desestimación arbitraria del dictamen pericial y de
la certificación de la UMATA de El Playón, lejos de dar cuenta de la configuración
29 La certificación de la UMATA de El Playón fue aportada con la demanda de reparación directa
(Samai, expediente 68001-23-31-000-2012-00477-01, índice 2, archivo identificado con el certificado
«91A5E61FA30FF080 (…)», página 51) y el dictamen pericial fue decretado a petición del actor
(Samai, expediente 68001-23-31-000-2012-00477-01, índice 2, archivo identificado con el certificado
«91A5E61FA30FF080 (…)», página 101).
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de algún defecto o causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, únicamente evidencian una inconformidad del accionante
con la valoración probatoria efectuada por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación, que resultó en una decisión desfavorable a sus pretensiones
de reparación directa.
136. Debido a lo anterior, así como a que los argumentos relacionados con el
supuesto deber de presumir el nexo de causalidad entre el daño y la aspersión de
glifosato también demuestran una simple inconformidad con la decisión de la
mencionada subsección, se concluye que el demandante utilizó la acción de tutela
para acceder a una instancia adicional, no para obtener la protección de derechos
fundamentales vulnerados a causa de la expedición de una providencia caprichosa
o arbitraria.
137. Por consiguiente, a diferencia del a quo, esta Sala encuentra incumplido el
requisito de relevancia constitucional del asunto. En consecuencia, modificará la
sentencia de primera instancia, declarando improcedente la solicitud de amparo
constitucional.
138. Finalmente, se advierte que las pruebas solicitadas en la demanda de tutela
se relacionan con las pretensiones de reparación directa del señor García Ortega,
por lo que debían ser pedidas en el proceso contencioso-administrativo, no en el
presente trámite constitucional, el cual, se insiste, no puede ser utilizado como una
instancia adicional. Así, el a quo no tenía por qué decretarlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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