RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-31-000-2012-00477-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00477-01

Con glifosato: la posición de la Corporación se ha orientado por analizar los daños

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00477-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda; y en su lugar se dispone: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2012-00477-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega
Demandado: Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Referencia: Reparación directa - CCA

TEMAS: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR ASPERSIÓN
CON GLIFOSATO - La posición de la Corporación se ha orientado por analizar los daños
ocasionados por el uso del glifosato, en primer lugar, desde la óptica de la falla del servicio
y, en segundo, desde una de atribución objetiva, por el riesgo que la actividad genera frente
al medio ambiente. NEXO CAUSAL – Necesidad de acreditar la relación entre el daño y la
actividad riesgosa para atribuir responsabilidad a la Administración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa-
Policía Nacional contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los días 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional llevó a cabo aspersiones aéreas con
glifosato en el municipio de El Playón, Santander, como parte del programa de
erradicación de cultivos ilícitos. Según la demanda, estas aspersiones afectaron
los cultivos de maracuyá, papaya, yuca, plátano, maíz, cítricos, tomate y
aguacate, de propiedad de José del Carmen García Ortega. Por esta razón, el
14 de diciembre de 2009 y el 14 de noviembre de 2010, el señor García Ortega
presentó quejas ante la Dirección de Antinarcóticos, en las que solicitó una
compensación económica por los daños que había sufrido. No obstante,
mediante autos del 17 y 20 de diciembre de 2010, la entidad declaró
improcedente las solicitudes y ordenó archivar las reclamaciones.

El demandante considera que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional es
patrimonialmente responsable por los daños causados a sus cultivos de
maracuyá, mandarina, cacao, plátano y aguacate, pues alega que dichas

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

plantaciones fueron destruidas como consecuencia de la fumigación aérea con
glifosato.

El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el daño era atribuible al Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, dado que en el expediente obraban medios de prueba que
permitían estructurar una prueba indiciaria, a partir de la cual era posible
establecer el nexo de causalidad entre la actividad desplegada por la
Administración y el daño sufrido por los accionantes. Esta decisión fue apelada
por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 10 de abril de 20121, José del Carmen García Ortega, mediante apoderado
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para que fuera
declarado patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a sus
cultivos de maracuyá, mandarina, cacao, plátano y aguacate, con ocasión de
aspersiones aéreas con glifosato en el municipio de El Playón, Santander.

En consecuencia, solicitó condenar a la entidad demandada a pagar: i) por daño
emergente, la suma de $23.787.500; y ii) por lucro cesante, la suma de
$754.441.685.

Como antecedentes fácticos, el demandante narró que, Lorenzo García Blanco,
era propietario de la finca “La Negreña”, ubicada en el municipio de El Playón,
Santander.

Señaló que en dicho predio cultivaba maracuyá, papaya, yuca, plátano, maíz,
cítricos, tomate y aguacate; productos que constituían el sustento económico
suyo y de su familia.

Afirmó que los días 14 de noviembre de 20092 y 25 de agosto de 2010, en el
marco del programa para la erradicación de cultivos ilícitos, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó aspersiones aéreas con glifosato en
el municipio de El Playón, las cuales, según indicó, afectaron sus cultivos.

Manifestó que el 14 de diciembre de 2009 y el 14 de noviembre de 2010 presentó
quejas ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el propósito

1 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 57 a 66.
2 Mediante auto del 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó

la demanda por caducidad en relación con los perjuicios derivados de la aspersión de glifosato
del 14 de noviembre de 2009 y la admitió respecto de los ocasionados por la aspersión del 25
de agosto de 2010. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 76 a 81.
2

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

de obtener una compensación económica por la afectación causada a sus
plantaciones.

Asimismo, sostuvo que, mediante autos del 17 y 20 de diciembre de 2010, la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional declaró improcedente las
compensaciones referidas y ordenó el archivo de los reclamos.

Por esta razón, la parte demandante considera que el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional es patrimonialmente responsable por los daños ocasionados a
sus cultivos de maracuyá, mandarina, cacao, plátano y aguacate, sembrados en
la finca “La Negreña”, pues alega que dichas plantaciones fueron destruidas
como consecuencia de la fumigación aérea con glifosato.

2. Contestación

2.1. El Ministerio de Defensa- Policía Nacional guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante3 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

3.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional4 se opuso a las pretensiones de
la demanda, argumentando que no se acreditó que las aspersiones con glifosato
hubieran afectado los cultivos del demandante y que, en todo caso, no obraba
en el expediente prueba alguna que demostrara los perjuicios reclamados.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de noviembre de 20215 el Tribunal Administrativo de
Santander accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien
no obraba prueba técnico-científica que confirmara que la afectación de los
cultivos del actor se hubiese producido por la aspersión con glifosato, el acervo
probatorio contenía medios “idóneos, concurrentes y pertinentes” que permitían
estructurar una prueba indiciaria, a partir de la cual era posible establecer el nexo
de causalidad entre la actividad peligrosa desplegada por la entidad demandada
para erradicar cultivos ilícitos y el daño antijurídico sufrido por el demandante.

En la parte resolutiva condenó al Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por lucro cesante, la suma de $171.678.947 a favor de José del Carmen
García Ortega.

3 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. PDF - Alegatos de conclusión aportados por el

apoderado de la parte demandante. Fl. 3 a 10.
4 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. PDF - Alegatos de conclusión aportados por el

apoderado de la Policía Nacional. Fl. 3 a 12.
5 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. PDF- Sentencia de primera instancia. Fl. 1 a 20.

3

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

5. Apelación

5.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional6 presentó recurso de apelación
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, solicitando negar
las pretensiones de la demanda. En la alzada adujo que el demandante carecía
de legitimación en la causa por activa, pues no acreditó la posesión sobre la finca
“La Negreña”.

Asimismo, indicó que el medio de control estaba caducado, dado que la
aspersión con glifosato se había realizado el 14 de noviembre de 2009 y la
demanda solo se había presentado hasta el 10 de abril de 2012.

Señaló que no obraba prueba alguna que acreditara que la afectación de los
cultivos del demandante se hubiese ocasionado por la aspersión con glifosato
realizada en el municipio de El Playón7.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. El Ministerio Público8 señaló que José del Carmen García Ortega no estaba
legitimado en la causa por activa, por cuanto no acreditó ser propietario de la
finca “La Negreña” ni demostró tener un interés legítimo que le permitiera ejercer
la acción de reparación directa.

6.2. La parte actora y la parte demandada guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional: (1) presupuestos
procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5)
conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el

6 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. PDF - Recurso de apelación presentado por la

entidad demandada. Fl. 3 a 16.
7
Es pertinente precisar que, aunque en el recurso se incluye un acápite cuyo título alude a la
falta de estructuración de los elementos del daño antijurídico, lo cierto es que en su contenido no
se desarrollan cuestionamientos específicos sobre la caracterización o existencia del daño
alegado. Por el contrario, los argumentos allí expuestos se enmarcan dentro de la discusión
sobre la inexistencia del nexo causal y la falta de responsabilidad del Estado. En ese contexto,
no se formula un reparo autónomo respecto del daño como elemento estructural de la
responsabilidad extracontractual, de modo que las afirmaciones incluidas en dicho apartado
deben entenderse como complementarias al reproche principal del recurrente frente a la
imputación del hecho dañoso.
8 Exp. 2012-00477-01, índice No. 15 de SAMAI.

4

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

conocimiento del presente asunto, según lo previsto en el artículo 829 del Código
Contencioso Administrativo (CCA), estatuto vigente a la fecha de presentación
del escrito introductorio, porque se demanda la responsabilidad extracontractual
de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional10. Igualmente, el Consejo
de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dada la vocación de doble instancia del proceso,
debido a que la cuantía excedió los 50011 SMLMV, en concordancia con los
artículos 12912 y 132, numeral 613, del CCA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo
para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando
el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación
administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier
otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los
términos del artículo 8614 del CCA.

En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido por la
parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daño por
hechos imputables al Ministerio de Defensa - Policía Nacional15.

9 “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las

controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de
las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos
de conformidad con la constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las
controversias que se originen en actos políticos o de gobierno. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente
por la ley Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias
del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán
control jurisdiccional.”
10 El Ministerio de Defensa- Policía Nacional es un organismo del sector central de la

administración pública nacional y pertenece a la Rama Ejecutiva (artículo 115 de la Constitución
Política). El Decreto 1686 de 1997 fusionó unas dependencias de la Policía Nacional del
Ministerio de Defensa Nacional.
11 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $754.441.685, por concepto de perjuicios

materiales, monto que supera los 500 SMLMV para el año 2012 —fecha de presentación de la
demanda—, cuando el SMLMV estaba fijado en $566.700.
12 “Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
13 Artículo 132.6 De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500)

salarios mínimos legales mensuales.”
14 “Artículo 86. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño

cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
[…]”.
15 Cabe anotar que una postura minoritaria en la Sección Tercera considera que el medio de

control procedente para reclamar este tipo de daños es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, encaminado a controvertir la legalidad del acto administrativo a través del cual se niega

5

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue
presentada dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 136 del
CCA16, para formular pretensiones en reparación directa, toda vez que: (i) en el
presente asunto la demanda se sustenta en los perjuicios que habría sufrido la
parte actora con la afectación de sus cultivos de maracuyá, mandarina, cacao,
plátano y aguacate, en el municipio de El Playón, como consecuencia de una
aspersión aérea con glifosato; (ii) la aspersión aérea con glifosato frente a la cual
se admitió la demanda se realizó el 25 de agosto de 2010 (hecho probado 3.3.);
(iii) el 9 de noviembre de 2011 los accionantes presentaron solicitud de
conciliación, la cual se declaró fallida el 31 de enero de 201217; y (iv) la demanda
se presentó el 10 de abril de 201218.

Aunque en la alzada se alegó la caducidad del medio de control con fundamento
en que la aspersión con glifosato se efectuó el 14 de noviembre de 2009, lo cierto
es que dicho aspecto fue resuelto en el auto admisorio del 14 de septiembre de
201219, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander rechazó las
pretensiones relacionadas con los perjuicios que pudieron ocasionarse con dicha
fumigación y sólo admitió aquellas que perseguían perjuicios por la que tuvo
lugar el 25 de agosto de 2010. Estudiar este aspecto en sede de apelación
vulneraría el derecho de defensa de los demandados, quienes desde que
comenzó el proceso comprendieron que dicho aspecto quedó excluido de la litis.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto
es, de un lado, José del Carmen García Ortega, y de otro, el Ministerio de
Defensa- Policía Nacional, se advierte lo siguiente:

(i) Contrario a lo afirmado en la alzada, José del Carmen García Ortega es la
persona sobre quien recae el interés jurídico que se debate en este proceso y
está legitimado en la causa por activa, pues demostró ser quien desarrollaba la
actividad agrícola en el predio "La Negreña" y, en consecuencia, ser el
directamente afectado con la aspersión con glifosato que, según se alega, afectó
los cultivos. Si bien el inmueble es de propiedad de Lorenzo García Blanco, se
acreditó que los cultivos que allí se encontraban fueron sembrados y cultivados
por el demandante (hechos probados 3.5., 3.6., 3.7., 3.10. y 3.11.), lo que le

la compensación económica reclamada por el afectado con la fumigación con glifosato (Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2021, Rad. 43590; sentencia
del 8 de noviembre de 2021, Rad. 66022; sentencia del 23 de abril de 2021, Rad. 52001-23-33-
000-2014-00209-01 AG). No obstante, la Sala no acoge este criterio, entre otras razones, por
cuanto: (i) el trámite administrativo no obedece a un juicio de responsabilidad; (ii) en ese evento
la fuente del daño estaría dada por el acto administrativo y no por el hecho de la Administración;
y (iii) la compensación excluiría la posibilidad de una reparación integral del daño.
16 “Artículo 136.8 La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años,

contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa
o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajo público o por cualquiera otra causa. […]”
17 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 52 a 56.
18 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 57 a 66.
19 Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 76 a 81.

6

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

otorga un interés legítimo para reclamar una indemnización por los daños que
estos sufrieron.

Así, fue él quien formuló la queja ante la Dirección Nacional de Estupefacientes
(hecho probado 3.5.), participó en los consejos de seguridad convocados por la
Alcaldía de El Playón con ocasión de las operaciones de aspersión con glifosato
desarrolladas en la zona (hecho probado 3.4.), y fue reconocido por la UMATA
como el titular de los cultivos ubicados en la finca “La Negreña” (hecho probado
3.12.).

De igual forma, en el marco del trámite administrativo adelantado ante la
Dirección Nacional de Estupefacientes, con el fin de obtener una compensación
económica por la aspersión con glifosato realizada el 25 de agosto de 2010, fue
el señor José del Carmen García Ortega quien identificó el predio “La Negreña”
y suministró las coordenadas geográficas necesarias para la verificación técnica
de la operación, según consta en el auto 7336 del 20 de diciembre de 2010
(hecho probado 3.11.). Además, todas las comunicaciones derivadas de dicho
trámite fueron dirigidas directamente a su nombre, sin que se advierta
controversia sobre su condición de explotador agrícola ni sobre la titularidad de
las plantaciones (hechos probados 3.7., 3.9., 3.10. y 3.11.).

En ese contexto, y dada la ausencia de elementos que permitan considerar que
se trataba de una actividad agrícola irregular, se concluye que José del Carmen
García Ortega ostenta un interés directo y legitimo en relación con las
pretensiones formuladas en el presente asunto, lo que lo habilita para solicitar el
reconocimiento indemnizatorio por los daños alegados con ocasión de la
aspersión aérea con glifosato del 25 de agosto de 2010.

(ii) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en tanto está
probado que el 25 de agosto de 2010 dicha entidad realizó operaciones de
aspersión con glifosato en el municipio de El Playón, Santander (hecho probado
3.3.).

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar
si la aspersión con glifosato realizada por el Ministerio de Defensa - Policía
Nacional el 25 de agosto de 2010 en el municipio de El Playón, Santander,
ocasionó un daño a los cultivos del demandante, sembrados en la finca “La
Negreña”.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

7

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

3.1. El 27 de diciembre de 199020, Lorenzo García Blanco adquirió el inmueble
“La Negreña”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 300-178794, con una
extensión de 37 hectáreas, ubicado en el municipio de El Playón, Santander.

3.2. En dicho predio, durante los años 2009 y 2010, José del Carmen García
Ortega cultivaba maracuyá, papaya, yuca, plátano, maíz, cítricos, tomate y
aguacate21.

3.3. El 25 de agosto de 2010, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional realizó una aspersión con glifosato en el municipio de El Playón,
Santander, en el marco del programa para la erradicación de cultivos ilícitos22.

3.4. Dos días después, se realizó un consejo de seguridad en el que participaron
el alcalde de El Playón, una delegada de la Secretaría de Agricultura, miembros
de la Policía Nacional y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del
municipio y de sus comunidades rurales. En dicha reunión varios agricultores del
municipio de El Playón y sus alrededores manifestaron que la aspersión con
glifosato, realizada el 25 de agosto de 2010, había afectado sus cultivos23-24.

3.5. El 14 de septiembre de 2010, se presentó una queja ante la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional por los daños ocasionados a los cultivos del
señor José del Carmen García Ortega, como consecuencia de la aspersión con
glifosato realizada el 25 de agosto del mismo año. La queja fue tramitada a través
del alcalde del municipio de El Playón, quien diligenció y firmó el formulario
correspondiente con los datos del señor García Ortega25.

3.6. Mediante Oficio No. 445 del 22 de septiembre de 2010, el Coordinador
Agrícola del ICA Seccional Santander respondió una solicitud presentada por la
Personería Municipal de El Playón en relación con los presuntos daños
ocasionados por aspersiones con glifosato en los cultivos de las fincas “San
Martín” y “La Negreña”. En dicho documento, el funcionario indicó que el ICA no
realizaba análisis de laboratorio para la detección de trazas de agroquímicos. No
obstante, precisó que ese instituto podía realizar una inspección visual del cultivo
afectado con el fin de emitir un concepto técnico, siempre que dicha visita se

20
Escritura pública No. 528 y certificado de tradición del inmueble con número de matrícula
inmobiliaria No. 300-178794. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 8 a
10.
21 La actividad agrícola de José del Carmen García Ortega es referida en la queja que presentó

el 14 de septiembre de 2010 ante la Dirección Nacional de Estupefacientes. Exp. 2012-00477-
01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 6 a 7. La constancia de la información fue emitida el
2 de agosto de 2011 por un ingeniero agrónomo de la UMATA, Ibidem. F. 51.
22 Acta del consejo de seguridad del 27 de agosto de 2010. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de

SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 47.
23 Ibidem.
24 Formato de control de asistencia. Reunión presencial de las juntas de acción comunal del

municipio de El Playón. Fl. 48, Cuaderno 1.
25 Formulario de recepción de quejas por presuntos daños causados en actividades

agropecuarias licitas generadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos con
el herbicida glifosato. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 6 a 7.
8

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

llevase a cabo dentro de los 30 días siguientes a la aplicación del herbicida, plazo
en el cual era posible observar la sintomatología o los daños visibles en la
planta26.

3.7. Por auto No. 6331 del 4 de octubre de 2010, la Dirección Nacional de
Antinarcóticos de la Policía Nacional admitió la queja radicada bajo el No. 13932,
presentada en representación de José del Carmen García Ortega por intermedio
del alcalde del municipio de El Playón, con el fin de evaluar la procedencia de
una compensación económica por la aspersión con glifosato realizada el 25 de
agosto de 2010 sobre el predio “La Negreña”27.

3.8. Posteriormente, el 9 de noviembre de 201028, José del Carmen García
Ortega radicó un derecho de petición ante la Dirección Nacional de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que reiteró su solicitud de ser
indemnizado por los daños causados a sus cultivos de maracuyá, plátano, yuca,
cacao, aguacate y mandarina, como consecuencia de la aspersión con glifosato
realizada el 25 de agosto de 2010 sobre el predio “La Negreña”.

3.9. Mediante auto No. 6759 del 11 de noviembre de 2010, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional decretó la apertura del período probatorio
en el trámite adelantado a solicitud de José del Carmen García Ortega para
evaluar la procedencia de una compensación económica por la aspersión con
glifosato realizada el 25 de agosto de 201029.

3.10. El 17 de noviembre de 2010, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional respondió el derecho de petición presentado el 9 de noviembre de
2010, señalando que las circunstancias de la aspersión con glifosato estaban
siendo analizadas por un Comité Técnico Interinstitucional30.

3.11. Mediante auto No. 7336 del 20 de diciembre de 2010, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional negó la compensación económica solicitada
por José del Carmen García Ortega31. Fundamentó su decisión en que, conforme
al concepto emitido por el Comité Técnico Interinstitucional y al estudio realizado
por un miembro de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de
Drogas (CICAD), no existía nexo de causalidad entre el daño reportado y la
operación de fumigación, pues la aspersión se había realizado a una distancia
superior a 1384 metros de la finca “La Negreña”.
26 Oficio No. 445 emitido por el ICA. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1,

Fl. 35.
27 Auto No. 6331 del 4 de octubre de 2010. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI.

Cuaderno 1, Fl. 27 a 28.
28 Derecho de petición presentado por José del Carmen García Ortega. Exp. 2012-00477-01,

índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 17.
29 Auto No. 6759 del 11 de noviembre de 2010. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI.

Cuaderno 1, Fl. 29 a 31.
30 Oficio No. 6805 emitido por la Dirección de Antinarcóticos. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2

de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 18.
31 Auto No. 7336 del 20 de diciembre de 2010. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI.

Cuaderno 1, Fl. 19 a 21.
9

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

Adicionalmente, precisó que, conforme a los parámetros del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos, establecidos en la Resolución No. 1054 de 2003
proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la
operación de aspersión no podía haber causado daños a la distancia reportada.
En efecto, el Plan de Manejo Ambiental establecía que la deriva de los
plaguicidas era de hasta 10 metros cuando se aplicaban por vía terrestre, y de
un máximo de 100 metros cuando la aplicación era aérea; distancia muy inferior
a los 1.384 metros que separaban la finca “La Negreña” del lugar de la
fumigación.

3.12. El 2 de agosto de 2011, un ingeniero agrónomo de la UMATA certificó que
la producción de los cultivos de maracuyá, plátano, maíz, cacao, aguacate,
cítricos y yuca de José del Carmen García Ortega habían sido afectados por la
aspersión aérea con glifosato realizada el 25 de agosto de 2010 por la Dirección
de Antinarcóticos de la Policía Nacional32.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 4 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a
las pretensiones de la demanda, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional
señaló que el demandante carecía de legitimación en la causa por activa, pues
no había acreditado la posesión sobre la finca “La Negreña”. Asimismo, indicó
que el medio de control estaba caducado, dado que la aspersión con herbicida
glifosato se realizó el 14 de noviembre de 2009 y la demanda se presentó el 10
de abril de 2012. Finalmente, señaló que no obraba prueba en el plenario para
acreditar que la afectación de los cultivos del demandante se había producido
por la aspersión con glifosato realizada en el municipio de El Playón.

Así pues, teniendo en cuenta que solo apeló la parte accionada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35733 del CPC, exclusivamente habrá lugar a
resolver el asunto en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso.
Por lo anterior, a continuación se analizará si el Ministerio de Defensa - Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la afectación de los cultivos de
José del Carmen García Ortega - sembrados en la finca “La Negreña” - como
consecuencia de la aspersión aérea con glifosato realizada el 25 de agosto de
2010.

32 Constancia emitida por un ingeniero agrónomo de la UMATA. Exp. 2012-00477-01, índice No.

2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 51.
33 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo

tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
10

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

No se revisará si el demandante está legitimado en la causa por activa ni si el
medio de control se ejerció en tiempo, pues ambos aspectos ya fueron resueltos
previamente al examinar los presupuestos procesales del medio de control.

Asimismo, en lo que respecta al daño alegado por el demandante, consistente
en la pérdida de los cultivos que estaba cosechando José del Carmen García
Ortega en la finca “La Negreña” como consecuencia de la aspersión de glifosato
que realizó la Policía Nacional el 25 de agosto de 2010, la Sala precisa que
tampoco se estudiará si se encuentra acreditado, pues ello no fue objeto de la
alzada, por lo que se estima que la accionada se encuentra conforme frente a lo
resuelto en este punto.

4.1. Análisis de la atribución de responsabilidad al Ministerio de Defensa -
Policía Nacional por la afectación de los cultivos de José del Carmen García
Ortega

4.1.1. Como el recurso de apelación se ciñó a controvertir la imputación del daño
formulada en contra del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, corresponde
establecer si la afectación de los cultivos de maracuyá, mandarina, cacao,
plátano y aguacate, sembrados en la finca “La Negreña”, puede ser atribuida a
la aspersión con glifosato que dicha entidad realizó el 25 de agosto de 2010.

Se anticipa que la conclusión a la que se arribará da cuenta de que el daño
reclamado no es atribuible al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues no
se demostró que dicha entidad hubiese incurrido en irregularidades al realizar la
aspersión con glifosato del 25 de agosto de 2010, ni se acreditó que la
fumigación hubiese sido la causa de la afectación de los cultivos del
demandante.

Para comenzar, es preciso señalar que, no obstante que el modelo de
responsabilidad extracontractual del Estado colombiano no privilegió un título de
imputación particular34, lo cierto es que actualmente la posición de la
Corporación se orienta por analizar los daños ocasionados por el uso del
glifosato, en primer lugar, desde la óptica de la falla del servicio35 y, en segundo,

34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993. Rad. 8163; Sentencia

del 10 de marzo de 2011. Rad. 17783; Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019. Rad.
50315.
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 20 de febrero de 2014,
Rad.: 29028; Sentencia del 9 de julio de 2021. Rad.: 43590; Subsección C, Sentencia del 3 de
febrero de 2025, Rad.: 70775.
11

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

desde una de atribución objetiva36, por el riesgo que la actividad genera frente al
medio ambiente37.

En ese contexto, se procederá a establecer si la afectación de los cultivos del
demandante obedeció a una falla del servicio imputable a la entidad demandada
y, en caso de que ello no se acredite, se examinará la atribución del daño bajo
la égida de un título objetivo de imputación.

4.1.2. Así pues, en primer lugar, debe señalarse que el literal g) del artículo 9138
de la Ley 30 de 198639 establece que es función del Consejo Nacional de
Estupefacientes la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás
plantaciones de las que puedan extraerse sustancias que generen dependencia,
previa emisión de concepto favorable por parte de los organismos encargados
de velar por la salud de la población. En desarrollo de esa función, la Resolución
001 de 199440, proferida por dicha entidad, extendió la aplicación del Programa
de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato
(PECIG) a cultivos distintos a la amapola, como la coca y el cannabis.

En esa misma línea, la Resolución 005 de 200041 asignó a la Policía Nacional, a
través de la Dirección de Antinarcóticos, la responsabilidad de adelantar la
erradicación de cultivos ilícitos. Para tal fin, y atendiendo las particularidades de
cada caso, debía elaborarse un plan específico, concretado en una orden de
servicio en la cual se definieran los lugares de aplicación, los recursos humanos
a emplear, los equipos a utilizar y la conformación de un equipo científico asesor

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad.: 16741.

“[E]n todo caso, la falla probada del servicio constituye el régimen de responsabilidad general, y
en los casos en que el asunto no pueda gobernarse bajo dicho título de imputación, se potenciará
uno de responsabilidad distinta, y como quiera que en este caso, estamos en presencia de una
actividad peligrosa (…) podría privilegiarse también la tesis del riesgo excepcional en caso de
ser procedente. En este marco de referencia, sin duda, será el juzgador en presencia de todos
los elementos existentes el que determinará si finalmente se dan o no los presupuestos para
resolver el asunto sometido a su conocimiento con fundamento en la teoría de la falla probada
del servicio, tal y como sucedió en el caso concreto, pues, las distintas pruebas incorporadas y
practicadas conducen a inferir la falla imputada a la administración”
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024. Rad.
63022; sentencia del 13 de marzo de 2024. Rad. 48494; sentencia del 13 de marzo de 2024.
Rad. 55437; Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014. Rad. 29028.
38 “Artículo 91. G. Disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y demás plantaciones

de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios
más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud
de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.”
39 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”
40
“Extender y precisar las autorizaciones concedidas para la destrucción y erradicación de
cultivos ilícitos en el País, a través de los medios idóneos prescritos al efecto (…)”
41 “Por medio de la cual se modifica la Resolución número 0001 del 11 de febrero de 1994.”

Mediante la Resolución 001 de 1994, el Consejo Nacional de Estupefacientes “extendió y precisó
las autorizaciones concedidas para la destrucción y erradicación de cultivos en el país, a través
de los medios idóneos prescritos al efecto”.
12

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

y coordinador de la misión42. En consonancia con lo anterior, el artículo 6°43 de
dicha resolución creó el Comité Técnico Interinstitucional como órgano asesor
de la Dirección Nacional de Estupefacientes para el desarrollo del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos44.

Adicionalmente, la Resolución No. 0017 de 200145 adoptó un procedimiento
administrativo para la atención de las quejas presentadas por personas
presuntamente afectadas por dicho programa, con el fin de garantizar la
protección de sus derechos fundamentales.

De manera complementaria, la Resolución 1054 de 200346 modificó la
Resolución 1065 de 2001, ajustando las fichas del Plan de Manejo Ambiental
presentadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes para el programa de
erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de glifosato47.

4.1.3. Descendiendo al caso concreto, se advierte que, además de los medios
probatorios arrimados al proceso, de los cuales ya se hizo un recuento en los
hechos probados, obra en el plenario el dictamen pericial 48 presentado el 22 de
abril de 2015 por el perito avaluador Benjamín Medina Bernal, que tuvo por
objeto determinar el “área de cultivo, cantidad de plantas sembradas, ubicación
y localización de las plantas de cultivo, (…) y la estimación de los perjuicios

42 Artículo 5°. Aclarar el numeral 3° de la Resolución 0001 de 1994, el cual quedará así:
Planeamiento operacional La erradicación de los cultivos ilícitos será responsabilidad de la
Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos. Para el cumplimiento de esta función,
empleará los recursos humanos y técnicos que permitan prevenir y minimizar los posibles daños
que se puedan derivar de dicha actividad. El cumplimiento de esta actividad obedecerá en cada
caso, a la elaboración de un plan específico concretado en una Orden de Servicio que deberá
contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: Definición de los lugares de aplicación.
Determinación de los recursos humanos a emplear (Policía Antinarcóticos). Determinación de
los equipos a utilizar. Composición del equipo científico asesor y coordinador de la misión.”
43 “Artículo 6°. El numeral 6° de la Resolución No. 0001 de 1994 quedará así: Créase el Comité

Técnico Interinstitucional, como órgano Asesor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para
el desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.”
44
Conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 0013 de 2003 —vigente para la época
de los hechos—, el Comité Técnico Interinstitucional estaba integrado por: i) el Director Nacional
de Estupefacientes o su delegado, y un representante de cada una de las siguientes entidades:
ii) Ministerio del Interior y de Justicia; iii) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
iv) Ministerio de Protección Social; v) Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos; vi)
Procuraduría General de la Nación; vii) Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y viii) ICA
45 “Por el cual se adopta un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos

daños causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato dentro del marco de programa
de erradicación de cultivos ilícitos.”
46 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”.
47
“Artículo 1. Modificar las Resoluciones 1065 del 26 de noviembre de 2001 y 108 del 31 de
enero de 2002 en el sentido de ajustar las fichas del Plan de Manejo Ambiental, presentadas por
la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, para la actividad denominada "Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato" en el territorio
nacional, en los términos y condiciones establecidos en los considerandos y en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.”
48 Dictamen pericial. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 361 a 365.

13

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

causados para los años 2009 y 2010”, en el predio “La Negreña”, ubicado en el
municipio de El Playón.

En el dictamen el perito señaló que “[E]n cuanto al estado de los cultivos, de la
plantación no quedó ni rastro debido a la acción fulminante del herbicida
aplicado, presumiblemente Glifosato, el cual, una vez cae sobre el follaje verde
de cualquier planta, penetra (…) a todas las partes de la planta, causando la
muerte total a la misma. (…) Esto, de acuerdo con las características de
desarrollo que presentan las malezas que allí se encuentran, malezas de más
de tres (3) años de edad ”.

Ahora bien, frente a la metodología empleada para la elaboración de la pericia,
el perito avaluador aplicó el “método directo”, lo que implicó una visita al predio
“La Negreña”, específicamente a las hectáreas donde se encontraban los
cultivos afectados, la cual fue llevada a cabo el 13 de abril de 2015. Según su
concepto, la afectación de los cultivos se debía “posiblemente” a la aplicación de
un herbicida o defoliante, conclusión que sustentó en las condiciones de
desarrollo de la maleza, la cual, según su análisis, tenía una antigüedad superior
a tres años.

De esta manera, el perito concluyó que, de los cultivos del demandante, “no
quedó ni rastro debido a la acción fulminante de un herbicida, presumiblemente
glifosato”.

De acuerdo con lo expuesto, se advierte que en el caso de marras el dictamen
pericial emitido por Benjamín Medina Bernal carece de eficacia probatoria, por
cuanto no se desarrolló en los términos exigidos por el artículo 23749 del CPC.
En efecto, sus conclusiones no resultan claras ni precisas, al no sustentarse en
una evaluación detallada del estado fitosanitario de las plantaciones antes y
después de la aspersión realizada el 25 de agosto de 2010.

Por el contrario, según lo manifestado por el ICA mediante Oficio No. 445 del 22
de septiembre de 2010 (hecho probado 3.6), las inspecciones visuales sobre
cultivos afectados por aspersiones con glifosato deben realizarse dentro de los
30 días siguientes a la aplicación del herbicida, plazo en el que es posible
identificar de forma confiable la sintomatología visible en las plantas
presuntamente afectadas. En ese sentido, la inspección visual que sirvió de base
al dictamen rendido por el perito Benjamín Medina Bernal —practicada cuatro
años y ocho meses después de la aspersión— carece de valor técnico suficiente
para establecer con certeza un vínculo causal entre los daños observados en las
plantaciones y la fumigación realizada el 25 de agosto de 2010.

Asimismo, se desestima la afirmación según la cual la presencia de maleza con
“más de tres años de edad” permite inferir la aplicación de un herbicida, pues,

49 “Artículo 237.6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de las conclusiones.”
14

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

como se explicó, además de que la aspersión tuvo lugar más de cuatro años
antes de la visita del perito, no se identificaron con precisión las características
de la maleza, ni se aportaron análisis de carácter científico que permitieran
establecer su relación con la supuesta aplicación de glifosato. Por lo tanto, su
aparición pudo obedecer a múltiples factores distintos a la aspersión, como lo
son, las condiciones climáticas, el manejo del suelo o la regeneración natural de
la vegetación en la zona.

Finalmente, se enfatiza que los dictámenes periciales deben estar debidamente
fundamentados, ser claros, coherentes y sustentarse en razones técnicas y
lógicamente expuestas50. Bajo esta perspectiva, calificar como ‘posible’ o
‘presumible’ la relación entre la aspersión de glifosato y la afectación de las
plantaciones de la finca “La Negreña” no resulta suficiente para generar certeza
sobre la causa del daño.

4.1.4. Adicionalmente, en el expediente obra la constancia expedida el 2 de
agosto de 2011 por un ingeniero agrónomo de la UMATA51, en la que certificó
que la producción de los cultivos de maracuyá, plátano, maíz, cacao, aguacate,
cítricos y yuca del demandante había sido afectada por las aspersiones aéreas
realizadas por la Dirección de Antinarcóticos del Ministerio de Defensa Nacional
los días 14 de noviembre de 2009 y 25 de agosto de 2010 (hecho probado 3.12.).

Ahora bien, aunque la UMATA, conforme al artículo 552 de la Resolución 0017
de 2001, puede participar en visitas de verificación dentro del trámite
administrativo de quejas por aspersión, y según el artículo 353 de la Ley 607 de

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de diciembre de 2024.

Rad. 68928.
51 Constancia expedida por ingeniero agrónomo de la UMATA, Fl. 50, Cuaderno 1.
52 “Artículo quinto. verificación preliminar de los hechos materia de la queja. Una vez recibida la

queja por el Personero Municipal, éste solicitará inmediatamente al ICA y/o UMATA de la
localidad, una visita de campo al lugar señalado en la queja, para realizar la verificación
preliminar de los hechos objeto de la misma. De esa visita de campo se levantará un acta la cual
se anexará a la queja para su remisión a la Dirección Nacional Estupefacientes”.
53 Artículo 3. Definiciones: a) Asistencia técnica directa rural: El servicio de asistencia técnica

directa rural comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios,
forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en
la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones; en la
aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva;
en las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; en el
mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de organización
de los productores. También se podrá expandir hacia la gestión de mercadeo y tecnologías de
procesos, así como a los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural, incluyendo la
orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva, promoción de formas de
organización de productores, servicios de información tecnológica, de precios y mercados que
garanticen la viabilidad de las Empresas de Desarrollo Rural de que trata el artículo 52 de la Ley
508 de 1999 de las Empresas Básicas Agropecuarias que se constituyan en desarrollo de los
programas de reforma agraria y en general, de los consorcios y proyectos productivos a escala
de los pequeños y medianos productores agropecuarios, dentro de una concepción integral de
la extensión rural. (…)”
15

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

200054, tiene entre sus funciones la orientación agronómica a pequeños y
medianos productores, la constancia aportada carece de sustento técnico que
permita establecer cómo se identificaron los daños reportados, ni con base en
qué elementos se concluyó que su causa fue la aspersión con el herbicida55.

En efecto, el documento no incorpora anexos técnicos, registros de visita,
análisis fitosanitarios ni descripción metodológica alguna y, en general, no
expone los criterios utilizados para concluir que las afectaciones reportadas
fueron causadas por las aspersiones del 14 de noviembre de 2009 y del 25 de
agosto de 2010. Su contenido se reduce a una apreciación general, sin respaldo
verificable. De este modo, la constancia no cuenta con el rigor técnico ni la
idoneidad necesarios para ser considerada prueba suficiente del nexo entre las
aspersiones y los daños alegados en los cultivos.

4.1.5. Por otro lado, obra en el expediente la queja formulada por José del
Carmen García Ortega ante la Dirección Nacional de Estupefacientes de la
Policía Nacional (hecho probado 3.5.), frente a la cual la entidad demandada
negó el reconocimiento de la compensación económica por los daños a sus
cultivos, con base en la distancia existente entre el predio “La Negreña” y el área
fumigada el 25 de agosto de 2010. (hecho probado 3.11.).

Según lo expuesto en el auto expedido el 20 de diciembre de 2010 por dicha
entidad, que negó la compensación solicitada por el demandante (hecho
probado 3.11.), con base en las coordenadas suministradas por el actor se
conoció que la aspersión se llevó a cabo a una distancia de 1.384 metros del
predio referido, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1053 de
200356, según el cual “la aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá
efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la
aérea como franja de seguridad, en relación con cuerpos o cursos de agua,
carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra
área que requiera protección especial” - y conforme a las recomendaciones
establecidas en un concepto técnico elaborado por un miembro de la Comisión
Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD), así como en las
conclusiones del Comité Técnico Interinstitucional. Por consiguiente, la Dirección

54 Ley 607 de 2000. “Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación

de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la
asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.”
55 Al respecto ha señalado esta Sección: “No obstante, como se vio, de acuerdo con la Ley 607

de 2000, la UMATA presta el servicio de asistencia técnica directa rural, sin que haga parte de
las funciones relacionadas con este encargo la expedición de certificaciones que versen sobre
la existencia, ocurrencia ni valoración de perjuicios que estén relacionadas con las afectaciones
ocasionadas por desastres naturales.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 22 de mayo de 2024, Rad. 64037.
56 “Considerando. (…) Que el Decreto 1843 de 1991; reglamentario de la Ley 9° de 1979 en su

artículo 87 consagra: “De franja de seguridad. La aplicación de plaguicidas en zonas rurales no
podrá efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la aérea como
franja de seguridad, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de
población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial (…).”
16

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

Nacional de Estupefacientes advirtió que no existía un nexo de causalidad entre
el daño reportado y la operación efectuada.

Al respecto, se destaca que dicha decisión se fundamentó en tres documentos,
a saber:

En primer lugar, en las conclusiones del “Comité Técnico Interinstitucional”, el
cual, conforme a lo previsto en el artículo 357 de la Resolución 0013 de 200358
—vigente para la época de los hechos—, estaba integrado por: i) el Director
Nacional de Estupefacientes o su delegado, y un representante de cada una de
las siguientes entidades: ii) Ministerio del Interior y de Justicia; iii) Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; iv) Ministerio de Protección Social; v)
Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos; vi) Procuraduría General de la
Nación; vii) Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y viii) ICA, y había señalado
que “con base en el protocolo aprobado para la realización de la visita de
verificación, se procedió a analizar (…) la ubicación del predio donde
presuntamente ocurrieron los hechos, encontrándose que las operaciones de
aspersión se realizaron a una distancia de 1384 metros de las coordenadas
suministradas por el señor José del Carmen García Ortega”.

En segundo lugar, en un concepto técnico elaborado por un miembro de la
Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD), que daba
cuenta que “en relación con los efectos colaterales que se puedan generar como
consecuencia de la deriva máxima permisible en la aplicación del producto, se
concluyó que en aquellos sitios donde la línea de aspersión se encuentra a una
distancia superior a los 120 metros, no se debe efectuar la visita por cuanto no
hay nexo de causalidad entre el daño reportado y las operaciones realizadas,
por consiguiente no se pudo ocasionar algún tipo de daño sobre plantaciones
legales en desarrollo de las operaciones de aspersión”.

Y, en tercer lugar, en lo dispuesto en la Resolución 1054 de 2003, que fijó el
contenido del Plan de Manejo Ambiental, sobre el Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos con el Herbicida Glifosato (PECIG), el cual establecía, entre otros
aspectos: i) la verificación y control de las operaciones de aspersión; ii) el
monitoreo ambiental, relativo al estudio de la regeneración y dinámica ecológica
de zonas asperjadas, así como la identificación de residuos de glifosato en el
suelo; y iii) el cumplimiento de la franja de seguridad establecida en el artículo
57 “Artículo 3. Créase el comité técnico interinstitucional para el desarrollo del PECING, como

órgano asesor del Consejo Nacional de Estupefacientes. El comité estará integrado por el
Director Nacional de Estupefacientes, o su delegado, quien lo presidirá, y un representante de
las siguientes entidades: Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, Procuraduría General de la Nación, Plan Colombia,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Laboratorio de Suelos, Instituto Colombiano Agropecuario
y un Subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Los representantes o delegados
de cada institución, deberán ser los responsables en cada una de las áreas cuyas funciones se
relacionan con el desarrollo del PECING. A las sesiones del comité podrán ser invitados
representantes del sector público y privado”.
58 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”.

17

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

8759 del Decreto 1843 de 1991, según el cual la aplicación de plaguicidas por vía
aérea no podrá efectuarse a menos de 100 metros de cuerpos o cursos de agua,
núcleos de población humana o animal, o zonas que requieran protección
especial.

Con base en estas consideraciones, se acoge la conclusión adoptada por la
Dirección Nacional de Estupefacientes en el auto del 20 de diciembre de 2010,
por cuanto se sustentó en el análisis realizado por un comité integrado por
diversas entidades que actúan de manera autónoma, sin vínculos de
subordinación o dependencia entre sí, lo que garantiza su imparcialidad; así
como en los fundamentos de un concepto técnico que no fue rebatido dentro de
este proceso y que permitió establecer que la aspersión se efectuó a una
distancia superior al umbral técnico y normativo fijado como franja de seguridad,
esto es, a 1.384 metros.

En esa misma línea, es pertinente señalar que el auto mencionado se aprecia
como prueba válida, dado que fue expedido por la Dirección Nacional de
Antinarcóticos y constituye un documento público, que se entiende auténtico, en
los términos de los artículos 25160 y 25261 del CPC, por cuanto fue emitido por
un funcionario en ejercicio de sus funciones y existe certeza sobre la identidad
de la persona que lo profirió, no habiendo sido tachado de falso ni desconocido
durante el proceso.

En este contexto, dado que la aspersión con glifosato del 25 de agosto de 2010
se realizó a 1.384 metros del predio “La Negreña”, conforme a lo dispuesto en la
Resolución 1054 de 2003 y en el artículo 8762 del Decreto 1843 de 1979 — que
59 “Artículo 87. De la franja de seguridad. La aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá

efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la aérea como franja
de seguridad, en relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población
humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial (…)”.
60 “Artículo 251. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías,

cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones,
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados.
Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su
intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario,
es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido
incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.
Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documentos públicos.”
61 “Artículo 252. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha

elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. (…).”
62 “Artículo 87. De la franja de seguridad. La aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá

efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para el aérea como franja
de seguridad, en relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población
humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial. Por recomendación
de los Consejos Asesores Seccional, Regional o específico y previa adopción de las autoridades
de Salud, podrán incrementarse las dimensiones de la franja de seguridad teniendo en cuenta
criterios técnicos tales como los siguientes: a) Características del plaguicida. Presentación,

18

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

prohíbe la aspersión aérea de plaguicidas a menos de 100 metros de cuerpos
de agua, vías principales o zonas que requieren protección especial —, se
concluye que la actuación de la entidad demandada se ajustó a los parámetros
técnicos y normativos aplicables, sin que se advierta irregularidad alguna en su
ejecución.

Por lo tanto, aunque del auto No. 7336 del 20 de diciembre de 2010 (hecho
probado 3.11.) se puede inferir, de forma genérica, que la entidad demandada
admitió haber realizado la operación de aspersión con glifosato en el municipio
de El Playón, Santander, e incluso en zonas cercanas a la finca "La Negreña"; la
prueba técnica aportada al proceso indica que dicha operación se efectuó a una
distancia de 1.384 metros de dicho predio. En consecuencia, dicha inferencia no
es suficiente para concluir que los cultivos de José del Carmen García Ortega
fueron directamente afectados por dicha operación ni que en su ejecución se
presentaron irregularidades. Por el contrario, el análisis conjunto de las pruebas
obrantes en el expediente permite concluir que la entidad demandada cumplió
con los requisitos exigidos para la realización de la aspersión, lo que descarta la
configuración de una falla del servicio imputable al Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.

4.1.6. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, es pertinente recordar que
también es admisible analizar la imputación de los daños ocasionados por la
aspersión con glifosato bajo el régimen de responsabilidad objetiva, en la medida
que se trata de una actividad que comporta un riesgo para el medio ambiente63.
Para ello, debe acreditarse la relación de causalidad entre el daño (afectación de
los cultivos) y el hecho de la administración (aspersión con glifosato realizada el
25 de agosto de 2010)64, pues es necesario determinar quién y qué circunstancia
desencadenó el curso causal de la afectación por la que se pretende una
indemnización de perjuicios65.

Es que para que la pretensión de responsabilidad extracontractual por actividad
riesgosa sea próspera, el demandante debe acreditar, además del daño cuyo
resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada
aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia
lesiva, de lo cual se desprende que ausente la prueba de la relación de
causalidad, las pretensiones estarían destinadas al fracaso. Lo anterior, por
cuanto, si bien al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de

dosis, categoría toxicológica, modalidad de aplicación, formulación; y b) Clase de cultivo o
explotación, lugar de aplicación y condiciones ambientales de la zona.”
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de febrero de 2014.

Rad. 29028; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ver entre otras: i) Sentencia
del 17 de diciembre de 2018, Rad: 54756; ii) Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad: 48494;
iii) Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad: 55437; iv) Sentencia del 22 de mayo de 2024, Rad:
63230; y v) Sentencia del 3 febrero de 2025, Rad: 70775.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 23 de abril de 2021. Exp.

52001-23-33-000-2014-00209-01 (AG).
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 20 de febrero de 2014, Exp.

29028.
19

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

sustancias, ello no exime al demandante de acreditar tanto la existencia del daño
como el vínculo entre este y la conducta activa u omisiva que se atribuye al
demandado, en tanto elementos esenciales del juicio de imputación 66.

De acuerdo con lo anterior, se reitera que en el presente caso se comprobó que,
el 25 de agosto de 2010, la Policía Nacional llevó a cabo una operación de
aspersión con glifosato en el municipio de El Playón, Santander (hechos
probados 3.3. y 3.4.); que el demandante presentó una queja reclamando que
sus cultivos fueron afectados por el herbicida (hechos probados 3.5. y 3.8.); y
que la entidad demandada negó toda compensación, argumentando que los
cultivos de José del Carmen García Ortega no pudieron resultar afectados por la
fumigación, toda vez que la aspersión se realizó a 1.384 metros del predio “La
Negreña”, superando así el límite de 120 metros fijado en el estudio de la
Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD) y en la
Resolución 1054 de 200367 (hecho probado 3.11.).

Aunado a lo anterior, se advierte que en el plenario obra un dictamen pericial
presentado por el perito avaluador Benjamín Medina Bernal68, que concluyó que
los cultivos de José del Carmen García Ortega habrían sido afectados
“posiblemente por la aplicación de un herbicida o defoliante” y que este herbicida
era “presumiblemente glifosato”. No obstante, como se vio, dichas afirmaciones,
además de ser imprecisas por considerarse como una mera posibilidad, carecen
de un respaldo técnico riguroso que las convierta en determinantes. Además,
esta debilidad probatoria se ve acentuada por el hecho de que el dictamen fue
elaborado el 13 de abril de 2015, más de cuatro años después de la aspersión,
a pesar de que, conforme a lo manifestado por el ICA, este tipo de inspecciones
debía efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la aplicación del herbicida,
plazo en el que resulta técnicamente posible identificar de forma confiable la
sintomatología visible en los cultivos (hecho probado 3.6.).

Asimismo, se aportó al expediente la constancia expedida el 2 de agosto de 2011
por un ingeniero agrónomo de la UMATA (hecho probado 3.12), en la que se
señala que la aspersión con glifosato - del 25 de agosto de 2010 - causó una
afectación a las plantaciones del demandante. No obstante, esta constancia se
limita únicamente a dicha afirmación, sin incluir explicación, soporte ni sustento
alguno de ello, de modo que carece de un respaldo técnico que permita
corroborar objetivamente su dicho, pues el ingeniero agrónomo que la suscribió
no adjuntó documentación para acreditar aquello que aseveró.

Finalmente, se acreditó que el Comité Técnico Interinstitucional, basándose en
las coordenadas suministradas por el demandante, analizó la distancia entre el
predio “La Negreña” y las líneas de aspersión y concluyó que la operación del 25
66 Véase, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 23 de

abril de 2021. Rad. 52001-23-33-000-2014-00209-01(AG); Subsección B, sentencia del 20 de
febrero de 2014, Rad. 29028; Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 48494.
67 Resolución 1054 de 2003. “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman

otras determinaciones.”
68 Dictamen pericial. Exp. 2012-00477-01, índice No. 2 de SAMAI. Cuaderno 1, Fl. 361 a 365.

20

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

de agosto de 2010 se realizó a 1.384 metros de los cultivos del demandante. Así,
al encontrarse el predio a más de 120 metros del área fumigada, no era posible
sostener que los cultivos hubiesen sido afectados por el herbicida. Esta
conclusión fue acogida en el auto expedido el 20 de diciembre de 2010 por la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (hecho probado 3.11.) y su
contenido no fue desvirtuado mediante otros medios de convicción.

De tal suerte, se tiene que en el expediente no reposan elementos probatorios
idóneos, concurrentes y pertinentes que permitan siquiera estructurar una
prueba indiciaria capaz de sustentar la imputación al Estado bajo un título
objetivo de atribución, pues los hechos acreditados en el proceso no resultan
suficientes para inferir que la afectación de los cultivos del demandante se debió
a la aspersión con glifosato realizada el 25 de agosto de 2010.

Debe recordarse que la conducta imputable a la demandada y el efecto adverso
que de ella se deriva deben estar debidamente acreditados, porque el origen de
la responsabilidad gravita en la atribución del daño.

Entonces, para que la pretensión de responsabilidad extracontractual por una
actividad riesgosa tenga vocación de prosperidad, el demandante debe
acreditar, además del daño cuyo resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo
por causa directa y adecuada aquella actividad imputable a la demandada y de
la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo que se desprende que ausente la
prueba de la relación de causalidad, las pretensiones estarán destinadas al
fracaso, tal y como ocurren en el presente caso.

Por demás, en el caso de marras, persiste la incertidumbre acerca del estado de
los cultivos del demandante antes de la fumigación, lo que impide descartar otras
posibles causas del deterioro, como la existencia de enfermedades o
deficiencias en su mantenimiento.

Si bien no puede desconocerse que la aspersión con glifosato constituye una
actividad que conlleva riesgos para el ambiente y que los daños derivados de su
ejecución son atribuibles al Estado, en tanto es quien la ejecuta, ello no implica
prescindir de un análisis riguroso del nexo de causalidad, ni aceptar sin más que
el responsable de dicha actividad deba responder por cualquier afectación que
guarde una relación meramente remota con aquella, como se pretende en la
demanda69.

En consecuencia, se advierte que no se acreditó de manera suficiente que la
aspersión con glifosato del 25 de agosto de 2010 haya generado la afectación
en los cultivos de José del Carmen García Ortega, ubicados en la finca “La
Negreña”, pues, aunque el demandante demostró que hubo una alteración en
sus plantaciones, el proceso quedó huérfano de prueba concluyente para
vincular dicha afectación con la actuación de la Administración.

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad:

48494; Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad: 55437.
21

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

Así las cosas, al no estar acreditado que el daño antijurídico fue ocasionado por
el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, fuerza es, en la parte resolutiva de
esta sentencia, revocar la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda.

5. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, la Sala concluyó el daño reclamado no es
atribuible al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues no se demostró que
dicha entidad hubiese incurrido en una falla del servicio al realizar la aspersión
con glifosato del 25 de agosto de 2010, ni se acreditó que la fumigación hubiese
sido la causa de la afectación de los cultivos del demandante.

6. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 5570
de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan
probadas.

En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda; y
en su lugar se dispone:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

70“Artículo 55. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil.”
22

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00477-01 (69976)
Demandante: José del Carmen García Ortega

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

G2

23

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.