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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07820-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07820-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. AMPARAR el derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de Marco Tulio Mejía Vallejo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 5 de junio de 2025, Rad. 86001-33-33-002-2021-00055-01, del Tribunal Administrativo del Putumayo. En consecuencia, ORDENAR a esa misma autoridad que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte decisión de remplazo en la que tenga en cuenta la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07820-00 Demandante: Marco Tulio Mejía Vallejo Marco Tulio Mejía Vallejo, por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07820-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07820-00
Demandante: Marco Tulio Mejía Vallejo
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Régimen retroactivo. Cesantías parciales. Sanción
moratoria. Defecto sustantivo. Desconocimiento del precedente.
Decisión: Concede amparo frente al defecto sustantivo y declara
improcedente frente al desconocimiento del precedente

La Sala decide la acción de tutela formulada por Marco Tulio Mejía Vallejo contra el
Tribunal Administrativo del Putumayo.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 9 de diciembre de 2025, la parte actora, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a la igualdad, los cuales consideró transgredido por el Tribunal
Administrativo del Putumayo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 86001-33-33-002-2021-00055-01. A título de amparo, solicitó que se
dejara sin efectos la Sentencia de 5 de junio de 2025 y, en consecuencia, que se
profiriera una decisión de remplazo.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, indicó que, el 19
de octubre de 2017, radicó petición ante la Secretaría de Educación Departamental
de Putumayo, con el propósito de que se obtuviera el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales a las que tenía derecho en su condición de servidor público
adscrito a la planta de dicha entidad, financiada con recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP) del sector educativo.

3. El 19 de febrero de 2019, la Secretaría de Educación Departamental de
Putumayo, dentro del ámbito de sus competencias, expidió una resolución mediante
la cual reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a favor del hoy
accionante, conforme a lo solicitado el 19 de octubre de 2017.

4. El 8 de junio de 2020, la parte actora radicó nueva solicitud ante la
mencionada autoridad administrativa con el fin de que se le reconociera y pagara la
sanción por mora derivada del pago tardío de las cesantías parciales reconocidas.

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Demandante: Marco Tulio Mejía Vallejo

5. El 23 de julio de 2020, la Secretaría de Educación Departamental de
Putumayo negó dicha solicitud, tras considerar que esta no procedía de forma
automática, sino que dependía de la acreditación de la mala fe de la administración.
En ese sentido, sostuvo que dicha circunstancia debía ser probada por quien la
alegara en juicio para que pudiera generarse el reconocimiento de la sanción por el
pago inoportuno de la prestación, razón por la cual estimó que no era competente
para determinar el monto correspondiente por mora, por tratarse de una
controversia de definición exclusiva del juez.

6. El 4 de agosto de 2020, el hoy accionante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación contra el oficio que negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria. Al respecto, consideró que sí se había incurrido en mora en el
pago de las cesantías y el argumento de la Secretaría de Educación Departamental
de Putumayo, según el cual no había actuado de mala fe, no la eximía del pago de
la sanción, toda vez que el mero incumplimiento de los plazos legales generaba el
reconocimiento y pago de dicha prestación.

7. El 30 de septiembre de 2020, la Secretaría de Educación Departamental de
Putumayo confirmó en todas sus partes el Oficio de 23 de julio de 2020, por medio
del cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada.

8. El 5 de abril de 2021, la parte actora radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de 23 de julio y 30 de
septiembre de 2020, proferidos por la Secretaría de Educación Departamental de
Putumayo.

9. El 28 de febrero de 2023, el Juzgado 2 Administrativo de Mocoa declaró
infundadas las excepciones de inexistencia del derecho reclamado por
inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990, no aplicabilidad de la Ley 344 de 1996 y
prescripción de derechos laborales; asimismo, declaró la nulidad de los actos
administrativos de 23 de julio y 30 de septiembre de 2020, mediante los cuales la
Secretaría de Educación Departamental de Putumayo negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales, y,
finalmente, condenó a que reconociera, liquidara y pagara al hoy accionante la
sanción moratoria desde el 5 de febrero de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.

10. El 16 de marzo de 2023, el Departamento de Putumayo interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, tras considerar que no le
asistía al demandante el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
por cuanto dicha prerrogativa solo estaba prevista para los trabajadores vinculados
con posterioridad a la vigencia del Decreto 1582 de 1998, circunstancia que no se
configuraba en el caso concreto, dado que la parte actora se vinculó a partir del 1
de julio de 1993.

11. El 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Putumayo revocó la
Sentencia de 28 de febrero de 2023. Consideró que, si bien el juez de primera
instancia concluyó que al hoy accionante le asistía el derecho al reconocimiento de

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la sanción moratoria con fundamento en la Ley 1071 de 2006, la Sentencia de
Unificación de 18 de julio de 2018 y lo dispuesto en los Decretos 1252 de 2000 y
1919 de 2002, tal conclusión no resultaba admisible en el caso concreto, por cuanto
el accionante se vinculó a la entidad territorial con anterioridad al 31 de diciembre
de 1996, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y, además,
no se acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990, razón por la cual no tenía derecho al
reconocimiento de la sanción por mora derivada del pago tardío de las cesantías.

12. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en un defecto sustantivo, al haber
fundamentado su decisión en normas que consideró inaplicables al caso concreto y
al desconocer el precedente judicial relevante.

13. Al respecto, señaló que el Tribunal realizó un análisis normativo y
jurisprudencial a partir de una norma que no fue alegada a lo largo del proceso, en
la medida en que sustentó la decisión con base en la aplicación de la Ley 50 de
1990. Asimismo, afirmó que la corporación no efectuó un estudio de la Sentencia
de Unificación SUJ-032 de 11 de octubre de 2023, en la cual se precisó de manera
clara que la sanción por mora en el pago de las cesantías se predicaba con
independencia del régimen al que perteneciera el empleado, anualizado o
retroactivo, toda vez que dicha figura se configuraba como una garantía, destinada
a asegurar que el Estado, en su condición de empleador y con fundamento en la
Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, realizara el pago oportuno
del auxilio de cesantías. En ese sentido, manifestó que el Tribunal desconoció por
completo lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
al no haber tenido en cuenta tales postulados normativos para sustentar el sentido
de su decisión.

14. Finalmente, afirmó que la Sentencia de 5 de junio de 2025 desconoció la
Sentencia de Unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018, en la cual se fijó
como regla que, frente al pago de las cesantías parciales y definitivas, ambos
regímenes se encontraban amparados por la misma garantía representada en la
sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Intervenciones1

15. El Juzgado 2 Administrativo de Mocoa envió el enlace de acceso al
expediente digital del proceso ordinario.

16. El Tribunal Administrativo de Putumayo y Departamento del Putumayo –
Secretaría de Educación Departamental, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1
Mediante Auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo
del Putumayo y se vinculó al Juzgado 2 Administrativo de Mocoa y al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación
Departamental.

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Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente y, consecuencialmente, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a la igualdad al proferir la Sentencia de 5 de junio de 2025.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala advierte que declarará la improcedencia de la acción de tutela
frente al reparo relacionado con el desconocimiento del precedente, en la medida
en que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan a
explicarse:

20. El accionante alegó que el Tribunal desconoció las Sentencias de
Unificación SUJ-032 de 11 de octubre de 2023 y CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de
2018, pues, en su criterio, dicha autoridad judicial debió dar aplicación a las reglas
unificadas por el Consejo de Estado para la resolución del caso concreto y la
motivación de la Sentencia de 5 de junio de 2025. Señaló que dicha situación
vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad.

21. Frente a ello, la Sala advierte que el señor Mejía Vallejo contaba con un
mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos por el
desconocimiento de las sentencias de unificación invocadas como lo es el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, a la luz de la causal prevista en el
artículo 258 de la Ley 1437 de 20112. En ese sentido, si la parte actora consideraba
que el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en dicho defecto por haber
desconocido una sentencia de unificación del Consejo de Estado, debió interponer
dicho recurso con el propósito de que la autoridad competente se pronunciara sobre
los posibles errores u omisiones advertidos en el escrito de tutela. Sin embargo, en
el presente caso, tal circunstancia no ocurrió, comoquiera que dicho recurso no se
interpuso en momento alguno.

2
«Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.»

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22. En ese orden de ideas, la acción de tutela no está concebida como un
mecanismo para reabrir controversias que debieron ventilarse en sede judicial
ordinaria, ni como una vía para corregir errores u omisiones imputables a las partes.
Dada su naturaleza excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección
inmediata de derechos fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento
estricto de requisitos como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991.

23. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios ni como
una herramienta para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por
ello, al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la
ley, la Sala se ve en la obligación de declarar su improcedencia frente a dicho
reparo al advertirse que no se satisfizo con el requisito de subsidiariedad.

24. Por su parte, en lo que respecta al defecto sustantivo, la acción de tutela
cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, toda vez que (1) la
controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el debate gira en
torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; (2)
se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido
a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro, el Tribunal Administrativo del
Putumayo profirió la providencia que se cuestiona; (3) la acción de tutela se
presentó el 9 de diciembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la Sentencia de 5 de junio de 20253; (4) no se cuestionó una
irregularidad procesal, por cuanto los reparos van dirigidos a cuestionar que la
autoridad judicial decidió el caso concreto con base en una norma que no resultaba
aplicable; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

25. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto

26. La Sala concederá la solicitud de amparo interpuesta por Marco Tulio Mejía
Vallejo con relación al defecto sustantivo, por las razones que se exponen a
continuación:

27. En primer lugar, se observa que el Tribunal Administrativo del Putumayo,
mediante Sentencia de 5 de junio de 2025, revocó la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Mocoa, al considerar que el hoy
accionante no tenía derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, por tratarse

3
Mensaje de datos con fecha de 6 de junio de 2025.

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de una penalización prevista exclusivamente para el régimen anualizado de
cesantías, del cual aquel no hacía parte.

28. Para sustentar esa conclusión, el Tribunal sostuvo que, si bien el Juzgado
que conoció en primera instancia había determinado que al hoy accionante le
asistía el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria con fundamento en la
Ley 1071 de 2006, la Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018 y lo dispuesto
en los Decretos 1252 de 2000 y 1919 de 2002, dicha interpretación no resultaba
admisible en el caso concreto. Lo anterior, por cuanto el accionante se vinculó a la
entidad territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y no se había acogido de manera
expresa y voluntaria al régimen de liquidación anualizado de cesantías regulado en
la Ley 50 de 1990. Bajo ese entendido, afirmó que el análisis del asunto debía
efectuarse a la luz de las Leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946, y no con base
en las disposiciones normativas inicialmente citadas.

29. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora sostuvo que el Tribunal
omitió por completo el análisis de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, en la medida en que no realizó un estudio de fondo sobre
su aplicabilidad al caso concreto que soportara la decisión adoptada. Afirmó que,
de haberse efectuado un examen integral de los distintos regímenes de cesantías
vigentes y de la procedencia de la sanción por mora en cada uno de ellos, el sentido
y la motivación de la Sentencia de 5 de junio de 2025 habrían sido distintos.

30. A partir de lo expuesto, esta Sala advierte que el Tribunal fundamentó su
decisión en la premisa según la cual la sanción moratoria solo resultaba aplicable
a quienes se encontraban cobijados por el régimen anualizado de cesantías, dado
que las Leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946 no contemplaban dicha
penalización para los servidores públicos sometidos al régimen retroactivo. Sin
embargo, el hecho de que esa normatividad no hubiera previsto la sanción
moratoria no implicaba, por sí mismo, la imposibilidad de aplicar las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, que sí la consagraron. En efecto, dichas disposiciones no
establecieron distinción alguna en relación con el régimen de cesantías de sus
destinatarios ni circunscribieron su aplicación al régimen anualizado; por el
contrario, se limitaron a regular los términos para el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas o parciales, así como los supuestos en los que se causaba la
sanción moratoria. En consecuencia, el Tribunal estructuró su decisión sobre una
restricción normativa inexistente, al introducir una limitación que el legislador no
previó, lo que condujo a una aplicación incompleta e irrazonable del régimen
jurídico pertinente.

31. Dicha interpretación restrictiva incidió de manera directa en la resolución
del litigio, al excluir sin justificación normativa una regulación potencialmente
aplicable al caso concreto, con lo cual se afectó el derecho del accionante a obtener
una decisión fundada en una interpretación integral y razonada del ordenamiento
jurídico.

32. En consecuencia, la Sala concluye que únicamente se configuró el defecto

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sustantivo alegado, razón por la cual amparará los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
y a la igualdad. En tal virtud, dejará sin efectos la Sentencia de 5 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho (Rad. 2021-00055-01), y ordenará que, dentro de
los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, se profiera una nueva
decisión que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas en relación con
el posible reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, pese a que el accionante pertenezca al régimen retroactivo.

33. En todo caso, resulta necesario advertir que, el alcance de la protección
constitucional otorgado se limita a que se realice un nuevo análisis jurisprudencia,
normativo y probatorio en los términos expuestos y que, de conformidad a los
resultados del mismo, se profiera la decisión que en derecho corresponda bajo las
reglas de la sana crítica disponga la autoridad judicial demandada, como juez
natural de la causa. En otras palabras, la Sala no establece que se profiera la
sentencia en un sentido determinado, sino que se dé el valor que corresponda a los
argumentos de hecho y de derecho que echa de menos la parte actora de cara a la
normatividad citada por la misma en la presente acción de tutela.

Conclusión

34. Con los anteriores argumentos, la Sala amparará el derecho al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad de Marco Tulio Mejía Vallejo, por encontrar configurado el defecto
sustantivo invocado. En consecuencia, dejará sin efectos la providencia objeto de
análisis y ordenará que se dicte una de remplazo y; declarará la improcedencia de
la acción de tutela frente al desconocimiento del precedente al no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR el derecho al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de Marco Tulio
Mejía Vallejo, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 5 de junio de 2025, Rad.
86001-33-33-002-2021-00055-01, del Tribunal Administrativo del Putumayo. En
consecuencia, ORDENAR a esa misma autoridad que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, dicte decisión de remplazo en la que
tenga en cuenta la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Demandante: Marco Tulio Mejía Vallejo

Marco Tulio Mejía Vallejo, por las razones contenidas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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