Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00259-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-01
Accionante: Alba Isidora Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 19
de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 16 de enero de 20261, Alba Isidora Rodríguez, a través de apoderado, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Putumayo, debido a que,
mediante sentencia del 17 de julio de 2025, revocó la decisión de primera instancia
del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Mocoa, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para,
en su lugar, negarlas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 860013333002-2021-00050-00/01.
2. Hechos
2.1. La hoy accionante interpuso demanda3 contra el departamento del Putumayo –
Secretaría de Educación, en orden a que se declarara la nulidad del acto
administrativo PUT2020EE018529 del 23 de julio y de la Resolución 2364 del 30 de
septiembre del 2020. A título de restablecimiento del derecho solicitó, entre otras
cosas, ordenar el reconocimiento y pago, de manera indexada, de la sanción
moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8DE8917D71E10C42 A1A0D5D4285134B8
0CABC258ED5A0E0C 9D207E08929731A7.
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Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 420B5B4B327EDAD9 FE17C5DC05B97BAA
D57315C6E53E1172 FD15AEFB738DE70F.
3
Archivo denominado “01 Demanda”, visible a índice 18 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
2656F044C454A82F 2B20CD0AE2FD9F2D 12EEDAE17336EC64 BDE463D7634AB54F.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-01
Accionante: Alba Isidora Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
cada día de retardo, desde el 7 de febrero hasta el 23 de mayo de 2019, esto es,
105 días de mora.
2.2. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, en
sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:
“[…] SEGUNDO.- En consecuencia, DECLARAR la nulidad de los actos administrativos
contenidos en el oficio PUT2020EE018529 del 23 de julio de 2020 y la Resolución N°
2364 del 30 de septiembre del 2020, por medio de los cuales el Departamento del
Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales de que trata la Ley 244 de
1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, a la señora ALBA ISIDORA RODRIGUEZ, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a al
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL a que reconozca, liquide y pague a la señora ALBA ISIDORA
RODRIGUEZ, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en
que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 8 de febrero hasta el
23 de mayo de 2019. En consecuencia, la condena implica el reconocimiento y pago de
un día de salario -vigente para la época de causación, es decir para el año 2018 - por
cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.
[…] SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […].”4 (Resaltado original
del texto).
2.3. Inconforme con la decisión, el departamento del Putumayo interpuso recurso
de apelación.
2.4. Mediante providencia del 17 de julio de 20255, el Tribunal Administrativo del
Putumayo emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la
providencia apelada para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La sentencia censurada incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó los
artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006 en casos de sanción
por mora en el pago de cesantías parciales a servidores públicos del régimen
4
Archivo denominado “25 Sentencia NRD […]”, visible a índice 18 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
2656F044C454A82F 2B20CD0AE2FD9F2D 12EEDAE17336EC64 BDE463D7634AB54F.
5
Índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Putumayo, certificado 42ADA9C387BE600C B4F5E94571DA607C
5C9201C091213105 4F9E12A992914B0E, radicado 86001333300220210005001.
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Sentencia de segunda instancia
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retroactivo. Manifiesta que tiene derecho a la sanción moratoria, que inclusive
extiende la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018,
expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, N.I. 4961-2015, a los docentes
oficiales, pues, en su concepto, todo servidor público en Colombia tiene derecho a
dicha sanción si pertenece al régimen retroactivo.
3.2. El tribunal fundamentó erróneamente su decisión en la sanción moratoria
contenida en la Ley 50 de 1990, pues en la demanda no se pidió la aplicación de
ese régimen, sino de la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, ya que la accionante pertenece al régimen retroactivo.
3.3. El tribunal desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, contenido en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023,
del 11 de octubre de 2023, expediente 2022-00016-01, que precisa que “[…] la
sanción por mora en el pago de las cesantías se predica sin importar el régimen al
cual pertenezca el empleado (anualizado o retroactivo), toda vez que dicha figura
se constituye como garantía a favor de beneficiario […]”.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO. Se TUTELEN los Derechos fundamentales al Debido Proceso, el derecho a
la Administración de Justicia, y sus congruentes principios de Legalidad y de la
Seguridad Jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad que le asisten a la señora
ALBA ISIDORA RODRIGUEZ, y que se han vulnerado por parte del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO, mediante la Sentencia del 17 de julio de 2025,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicación 2021-
00050.
SEGUNDO. En consecuencia, se sirva dejar sin efecto la Sentencia de segunda
instancia del 17 de julio de 2025 proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
PUTUMAYO, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicación 2021-00050.
TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO a proferir sentencia de segunda instancia dentro
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicación 2021-00050,
mismo que se ajuste a derecho y respete la normatividad y jurisprudencia aplicable al
caso, tal como se expone en el presente escrito de tutela.”6 (Resaltado original del texto).
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 420B5B4B327EDAD9 FE17C5DC05B97BAA
D57315C6E53E1172 FD15AEFB738DE70F, folios 4 y 5.
4
Sentencia de segunda instancia
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 29 de enero de 20267, se admitió la acción de tutela, se
vinculó al departamento del Putumayo – Secretaría de Educación y al Juzgado
Segundo Administrativo de Mocoa. También se dispuso la notificación a las partes
y a los vinculados.
5.2. El departamento del Putumayo8 señaló que la acción de tutela es improcedente,
porque la accionante no la utiliza como mecanismo transitorio y subsidiario.
Asimismo, afirmó que el régimen retroactivo de cesantías no tiene reconocida la
sanción moratoria por el pago extemporáneo de dicha prestación.
5.3. El Tribunal Administrativo del Putumayo y el Juzgado Segundo Administrativo
de Mocoa no se pronunciaron9.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 19 de febrero de 202610, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
El a quo constitucional consideró que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
acreditan vulneración de derecho fundamental alguno, sino que corresponden a
inconformidades de mera legalidad.
Finalmente, advirtió que no se acreditó un desconocimiento del precedente judicial,
en la medida en que, en las sentencias invocadas como inobservadas, tales como
la del 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado unificó el asunto de los
educadores afiliados y no afiliados al FOMAG; sin embargo, ese pronunciamiento no
7
Índice 11 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 35612E614B03965C
602F06112097F35E 832E60AC2E6F97DD 48D38EBAF671EC00.
8
Índice 19 de SAMAI, certificado 8CD8E27526FC999E E9E74885CBCA8834 94518170EF453A80 39CF29FDB03DEF72,
ibid.
9
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del Putumayo y
el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, visible en
el índice 14 de SAMAI, ibid.
10
Índice 23 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 893A2EDDE93A8C47 22CC7A7913ECCF1B
CE5408FC4BC8BDE3 CA4F9550593BC5B7.
5
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Alba Isidora Rodríguez
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es aplicable a la actora, comoquiera que labora como auxiliar de servicios generales
en el departamento del Putumayo y no como docente.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación11,
en el que reiteró los argumentos de la acción de tutela y manifestó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí reviste relevancia
constitucional, pues se configura un defecto sustantivo al no abordar con suficiencia
el objeto del proceso y la aplicación de la normatividad procedente. Igualmente, se
vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
7.2. El tribunal, además, desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la
sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-
07820-00, emitida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, y
en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, del 11 de octubre de 2023,
expediente 2022-00016-01. En consecuencia, los dos regímenes, retroactivo y
anualizado, sí están amparados por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071
de 2006.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 9 de marzo de 202612, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
11
Índice 27 de SAMAI, ibid.
12
Índice 29 de SAMAI, certificado B0E9751F998C23DD 13D6D094736F61AE 9FAD6A53DA9BBB65 E60CC7932D4FDAF0,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Alba Isidora Rodríguez
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en contra del fallo proferido el 19 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad13 y de procedencia14 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.15
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber16: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
16
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Alba Isidora Rodríguez
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en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202217, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional del proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, la señora Rodríguez cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en defecto sustantivo al no aplicar los artículos
2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006, relativos a la sanción moratoria
por el pago tardío de cesantías parciales a servidores públicos vinculados al
régimen retroactivo. Sostiene que tiene derecho al reconocimiento de dicha sanción
moratoria, cuyo alcance, afirma, fue extendido a los docentes oficiales por la
sentencia de unificación CE SUJ SII 012 2018 del 18 de julio de 2018, expediente
73001 23 33 000 2014 00580 01, N.I. 4961 2015. En ese sentido, considera que
todo servidor público perteneciente al régimen retroactivo tiene derecho al
reconocimiento de la referida sanción.
También sostiene que el tribunal sustentó erróneamente su decisión en la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, pese a que en la demanda no se solicitó la
aplicación de dicho régimen, sino de la sanción contemplada en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, en atención a que la accionante pertenece al régimen
retroactivo.
17
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-01
Accionante: Alba Isidora Rodríguez
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4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 17 de julio
de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, se observa el
siguiente análisis textual:
“36. Con lo expuesto, la Sala examinará a continuación las pruebas del caso específico
para verificar si se cumplen las condiciones establecidas en los fundamentos jurídicos
de esta providencia.
• La señora Alba Isidora Rodríguez, se vinculó al servicio del Departamento del
Putumayo, en calidad de auxiliar de servicios generales, grado 2, código 470, a partir del
10 de abril de 1978.
[…] 37. Establecido lo anterior, y pese a que el a quo consideró que la señora Alba
Isidora Rodríguez tenía derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías, al considerar que hubo una mora entre el 8 de febrero y el 23
de mayo de 2019, lo que haría procedente el pago de un día de salario por cada día de
retraso conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, excluyendo la indexación de la sanción, esta
Sala estima que tal conclusión no se ajusta al régimen aplicable ni a las particularidades
del caso.
38. La demandante se vinculó laboralmente al Departamento del Putumayo el 10 de abril
de 1978, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, lo que la ubica
dentro del régimen retroactivo de cesantías. Además, en el expediente no consta prueba
de que se haya acogido expresa y voluntariamente al régimen de liquidación anual
previsto en la Ley 50 de 1990. En consecuencia, no le asiste el derecho al
reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías -consistente en un
día de salario por cada día de retraso-, toda vez que dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación anualizado,
conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, así18:
“(…) En el presente caso se debe determinar si al accionante le asiste o no el derecho
a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas al fondo
entre los años de 1995 al 2009.
Es de advertir que del material probatorio relacionado previamente se tiene que el
accionante pertenecía al régimen de retroactividad de cesantías, pues su vinculación
se surtió el 5 de junio de 1995, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344
de 1996, que prevé un sistema anualizado para los servidores públicos del orden
territorial vinculados con posterioridad al 30 de diciembre de 1996, aspecto que
además fue expuesto por el ente territorial en el acto administrativo que aquí se
discute y que con posteridad, fue certificado por el Secretario de Hacienda y Tesorero
del municipio.
En ese orden, se tiene que no se demostró dentro del plenario que el actor hubiese
manifestado a su empleador la intención de trasladarse de régimen de cesantías
anualizado, ello en atención a lo preceptuado en el artículo 3º El Decreto 1582 de 5
de agosto de 1998 (…)
Lo anterior, permite concluir que en el presente asunto no procede el reconocimiento
de la sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías deprecada por el
actor, por cuanto este no se encuentra en el régimen de liquidación anual, sino en el
18
El Tribunal Administrativo del Putumayo, en la sentencia censurada, cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 08001-23-33-000-2015-
00812-01 (5860-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández. Índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Putumayo,
certificado 42ADA9C387BE600CB4F5E94571DA607C5C9201C0912131054F9E12A992914B0E, radicado
86001333300220210005001, folios 10 y 11.
9
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Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
retroactivo.
Así las cosas, no le asiste la razón al a quo cuando aduce que el sistema de cesantías
del accionante es anualizado, pues se encuentra demostrado que es retroactivo, lo
que impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar negar
las súplicas de la demanda, por las consideraciones expuestas en el presente
proveído (…)”.
39. En conclusión, aunque el juez de primera instancia reconoció que la demandante
estaba amparada por el régimen retroactivo de cesantías, no fundamentó su análisis en
las normas que lo regulan -Ley 10 de 1934, Ley 6 de 1945 y Ley 65 de 1946-, aplicables
a servidores públicos y trabajadores particulares en general, como es su caso. Al
haberse acreditado que no pertenece al régimen anualizado, sino al retroactivo, resulta
improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria, reservada exclusivamente para
quienes se rigen por el sistema de liquidación anual de cesantías. En consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia.”19
4.5. Luego de lo expuesto, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que se valoren nuevamente los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Putumayo hizo un recuento de las normas
que regulan las cesantías, con el fin de precisar que coexisten dos regímenes: i) el
retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta el 30 de diciembre
de 1996, y ii) el anualizado, introducido por la Ley 50 de 1990 para el sector privado
y posteriormente extendido a los servidores públicos vinculados con posterioridad
al 31 de diciembre de 1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 344 de 1996.
Acto seguido, encontró acreditado que Alba Isidora Rodríguez se vinculó como
auxiliar de servicios generales en el departamento del Putumayo a partir del 10 de
abril de 1978, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Asimismo,
señaló que en el expediente no constaba que se hubiera acogido de manera
expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías establecido en la
Ley 50 de 1990.
En consecuencia, con fundamento en las sentencias del 17 de febrero de 2022,
radicado 08001-23-33-000-2015-00812-01 (5860-2019), y CE-SUJ2-004-16 del 25
de agosto de 2016, radicado 8001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14), que
expresamente trajo a colación, sostuvo que a la entonces demandante no le asistía
19
Índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Putumayo, certificado 42ADA9C387BE600C B4F5E94571DA607C
5C9201C091213105 4F9E12A992914B0E, radicado 86001333300220210005001.
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Accionante: Alba Isidora Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
el derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías,
consistente en un día de salario por cada día de retraso, porque dicha penalidad fue
prevista para quienes se encuentran sometidos al régimen de liquidación
anualizada, mientras que aquella pertenecía al régimen retroactivo.
Finalmente, precisó que, si bien el a quo aplicó la Ley 1071 de 2006 y la sentencia
de unificación del 18 de julio de 2018, lo cierto era que tal conclusión no resultaba
procedente en el caso concreto, de acuerdo con lo probado en el expediente.
4.6. Respecto al argumento orientado al desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable a su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.20
Ahora, en el sub lite, la accionante cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, proferida en el marco de la acción de tutela del 5 de febrero
de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07820-00, así como la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 2022-
00016-01, y precisa que “[…] la sanción por mora en el pago de las cesantías se
predica sin importar el régimen al cual pertenezca el empleado (anualizado o
retroactivo), toda vez que dicha figura se constituye como garantía a favor de
beneficiario […]”.
Sin embargo, no expuso las reglas jurisprudenciales que consideró indebidamente
aplicadas ni indicó la similitud fáctica y jurídica que permita concluir acertadamente
que, en efecto, se incurrió en la causal específica invocada, de manera que pudiera
establecerse un vínculo inescindible entre los fundamentos fácticos y una situación
potencialmente transgresora de los derechos fundamentales de los que es titular.
Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y releva a la Sala de efectuar un
estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado carece de
relevancia constitucional.
20
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-01
Accionante: Alba Isidora Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
surtido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo
del Putumayo en el proceso 860013333002 2021 00050 00/01. Cuestión distinta es
que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto
que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le
corresponde definir la forma en que el juez natural debe resolver el asunto sometido
a su consideración.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.22
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la
21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-01
Accionante: Alba Isidora Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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