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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07829-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07829-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de 12 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 19 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001- 03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 P.H. Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07829-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de abril de 2026

Demandante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 P.H.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés [23] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-01
Demandante: AGRUPACIÓN DE VIVIENDA URBANIZACIÓN MAZUREN
13 PROPIEDAD HORIZONTAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional. Confirma decisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Agrupación de Vivienda
Urbanización Mazuren 13 Propiedad Horizontal contra la sentencia de 12 de
febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 5 de diciembre de 2025, la Agrupación de Vivienda
Urbanización Mazuren 13 Propiedad Horizontal [en adelante urbanización Mazuren],
a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con
ocasión de las sentencias de 7 de mayo de 2024 y 30 de octubre de 2025
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 P.H.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-01

y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
respectivamente, mediante las cuales se accedió a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por la Sociedad
Constructora Fernando Mazuera S.A. [en adelante la constructora] contra la
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hábitat, Subdirección de
Investigaciones y Control de Vivienda. La referida causa se identificó con el
radicado 11001-33-34-001-2022-00353-00-01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso al
acceso a la administración de justicia e igualdad de la AGRUPACIÓN DE
VIVIENDA URBANIZACIÓN MAZUREN 13 – PROPIEDAD HORIZONTAL,
vulnerados por las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001-33-34- 001-2022-
00353-01, esto es:

a) Sentencia del 7 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Bogotá – Sección Primera.
b) Providencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección B.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 7 de mayo de 2024, emitida por el
Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá – Sección Primera,
por incurrir en:

a) defecto sustantivo,
b) defecto fáctico, y
c) desconocimiento del precedente vinculante.

[…]

3. Que se deje sin efectos la providencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección B, por reproducir y ratificar los mismos defectos en que incurrió el
juez de primera instancia, desconociendo el precedente del Consejo de Estado
sobre el silencio administrativo positivo y omitiendo valorar las pruebas relevantes
obrantes en el expediente.

4. Que en su lugar se ordene a la autoridad judicial competente emitir nueva
decisión, respetando el debido proceso y el precedente jurisprudencial, y
efectuando un análisis completo, integral y ajustado del artículo 52 del CPACA,
reconociendo que la Resolución 2423 del 26 de noviembre de 2021 fue
proferida dentro del año legal y que las suspensiones de términos debían
incidir en el cómputo de la notificación.

2

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5. Que se ordene proteger los efectos jurídicos de la actuación administrativa
sancionatoria, en especial la validez y legalidad de la multa impuesta a la Sociedad
Constructora Fernando Mazuera S.A., mientras se profiere la nueva decisión
judicial de fondo ajustada a la Constitución y la ley1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La urbanización Mazuren presentó una queja respecto de la constructora en la
que informó sobre algunas deficiencias «constructivas» en el predio de la
copropiedad ubicado en la calle 151 # 55- 68 en la ciudad de Bogotá.

Mediante resolución 1159 de 10 de diciembre de 2020, la cual fue notificada el
29 de enero de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat le impuso una multa a la
constructora por valor de $76.253.626, decisión frente a la cual no se repuso en
virtud de la resolución 898 del 27 de mayo de 2021, y se confirmó en sede de
apelación en la resolución 2423 del 26 de noviembre de 2021 expedida por la
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, acto que, a su vez,
fue notificado en 1. ° de febrero de 2022.

Inconforme, la constructora ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de lograr la nulidad de los referidos actos
y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se dejara sin efecto la
multa impuesta por la Secretaría en atención a que la resolución 2423 de 26 de
noviembre de 2021 fue notificada el 1. ° de febrero de 2022, pese a que el término
de 1 año con el que contaba la administración para resolver los recursos según
el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 transcurrió entre el «29 de enero de 2021 y
el 29 de enero de 2022», por lo tanto, a su juicio, había operado la caducidad de
la facultad sancionatoria administrativa.

La referida causa le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá2, autoridad que en sentencia de 7 de mayo de 2024 accedió
a las pretensiones de la demanda luego de considerar que había operado el
silencio administrativo positivo en tanto la notificación de la resolución 2423 de
26 de noviembre de 2021 debió realizarse, máximo, el 31 de enero de 2022, en

1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.

2 El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá vinculó en calidad de tercero
con interés en las resultas del medio de control ordinario a la Agrupación de Vivienda
Urbanización Mazuren 13 Propiedad Horizontal, de conformidad con lo previsto el numeral 3. °
del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.

3

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consecuencia, la entidad territorial perdió la competencia y se declaró la nulidad
de todo lo actuado. Ello, por cuanto aseguró que la decisión con la cual se resolvió
el recurso de apelación en sede administrativa tuvo que expedirse y notificarse
dentro del año siguiente pese a que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 solo
exige que se profiera la decisión.

Contra el fallo de primera instancia el extremo demandado promovió el recurso
de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en providencia de 30 de octubre
de 2025, a partir de la cual confirmó lo declarado por el a quo ordinario con
sustento en las siguientes conclusiones:

El criterio jurisprudencial de interpretación antes expuesto es igualmente
predicable en relación la norma contenida en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011,
en el sentido de que el año del que dispone la autoridad administrativa para
resolver los recursos de vía administrativa comprende no solo la emisión de la
respectiva decisión sino igualmente su notificación, porque, de no ser así se haría
nugatoria la aplicación de la figura del silencio administrativo que el legislador
estipuló en favor del ciudadano que recurre un acto administrativo en la medida en
que sin notificación el acto no existe para el ciudadano […] además se vaciaría de
contenido la norma legal que consagra ese medio jurídico de protección instituido
en favor del peticionario y del recurrente de la decisión inicialmente emitida por la
administración, sumado al hecho del derecho que le asiste al ciudadano de que
sus requerimientos, trámites o solicitudes le sean resueltos por las autoridades en
un término razonable como lo consagra la Declaración de Derechos del Pacto de
San José de Costa Rica18 del cual el Estado colombiano es parte firmante.

Y en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, resolviendo una consulta sobre la aplicación del silencio administrativo
positivo respecto de los recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio,
señaló que “Si bien la norma en comento utiliza la expresión “deberán ser
decididos” [los recursos], tal acepción no puede ser entendida en el sentido que
solo basta con expedir el acto administrativo que resuelve los recursos pues se
requiere además notificar dicha decisión al investigado. En efecto, el cumplimiento
del término para decidir los recursos no se agota con la sola expedición del acto
administrativo, sino que es necesario ponerlo en conocimiento del investigado, en
aras de cumplir con el principio de publicidad que rige las actuaciones de la
administración. (…) Por tanto, vencido el plazo de un año sin que se haya emitido
y notificado el acto administrativo que los resuelva, la administración pierde
competencia para decidirlos y se produce el silencio administrativo a favor del
recurrente, es decir, se genera a favor del investigado la resolución favorable de
los recursos3.

[…]

3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 11001030600020190011000, 13 de

diciembre de 2019 C.P. Oscar Darío Amaya Navas, concepto en el cual se itera lo indicado en
el concepto expedido por la misma corporación el 5 de marzo de 2019 dentro del radicado
«2403».

4

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Lo cual ha sido acogido por el Consejo de Estado al señalar que la Corporación no
ha desconocido el precedente jurisprudencial en las decisiones adoptadas frente
a la caducidad de la facultad sancionatoria, puesto que no existe una postura
uniforme sobre el criterio de interrupción de la caducidad o pérdida de competencia
y por tanto, el Tribunal podía separarse, de manera argumentada, del criterio
adoptado en otras decisiones del Consejo de Estado, relacionadas además con
procesos disciplinarios.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La urbanización Mazuren aseguró que las providencias demandadas vulneran
sus derechos fundamentales debido a que incurrieron en los siguientes yerros:

1.4.1. Defecto sustantivo, en síntesis, debido a que el decreto de la nulidad de
los actos administrativos demandados se sustentó en una indebida interpretación
del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, pese a que la referida
norma no lo estipula, los jueces ordinarios consideraron indispensable el acto de
la notificación de la decisión de la administración, omitiendo que únicamente se
exige «decidir» los recursos dentro del término de un año.

En ese sentido, precisó que se desconoció la diferencia que la ley establece
entre: (i) la caducidad de la facultad sancionatoria, contexto en el cual sí se
requiere notificación; y (ii) el silencio administrativo positivo, respecto del cual la
norma solo estipuló la resolución de los recursos. Esto, de conformidad con lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia de «22 de noviembre de
2011».

1.4.2. Defecto procedimental absoluto, porque no se tuvo en cuenta la
suspensión de términos judiciales los días 5 y 12 de mayo de 2021 por razón del
paro nacional que también afectó el servicio prestado por la Rama Judicial,
empero, de forma contradictoria, sí se consideraron los días de suspensión con
ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la enfermedad del
Covid-19.

Lo anterior, a su juicio, vulneró los principios de perentoriedad e improrrogabilidad
de los términos judiciales, puesto que la mora de un día no constituye fundamento
suficiente para decretar la nulidad de los actos administrativos, habida cuenta de
que se desestimaron las suspensiones de términos por fuerza mayor, lo que
conllevó la transgresión de los derechos fundamentales de la Agrupación.

1.4.3. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional contenido
en la sentencia C-875 de 2011, y del Consejo de Estado señalado en la
providencia de 21 de julio de 2016 dictada dentro del expediente identificado con

5

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el radicado «2015-0005», y en la sentencia de unificación «de 29 de septiembre
de 2009», pronunciamientos dentro de los cuales se han distinguido los verbos
aplicables a los dos supuestos contemplados en el artículo 52 de la Ley 1437 de
2011, así: (i) «[p]ara la caducidad de la facultad sancionatoria, precisó que la
administración debe “expedir” y “notificar” el acto dentro del término de tres (3)
años»; y (ii) «[p]ara el fenómeno del silencio administrativo positivo por
extemporaneidad en la resolución de recursos, únicamente estableció la
obligación de “decidir” los recursos dentro del término de un (1) año, sin exigir
notificación».

1.4.4. Finalmente, advirtió la violación directa de la Constitución con ocasión
de la aplicación «literal, hermética y desfavorable» del artículo 52 de la Ley 1437
de 2011, por cuanto se resolvió declarar la nulidad de lo actuado en vía
administrativa con fundamento en el retardo de un día de la entidad territorial en
notificar el acto administrativo sancionatorio, formalidad a la cual se le imprimió
mayor relevancia respecto al derecho de la urbanización Mazuren a que se
determine la responsabilidad y se sancione a la constructora por los defectos de
la construcción en la referida copropiedad, particularmente, cuando la resolución
que resolvió el recurso de apelación se profirió dentro del plazo legal de un año.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 11 de diciembre de 2025 el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar como demandados al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; y en calidad de
terceros con interés a la Secretaría Distrital del Hábitat y a la Sociedad
Constructora Fernando Mazuera S.A.

1.6. Contestaciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, en cuanto al fondo del debate, puso de presente que el
argumento de la tutela relacionado con la interpretación el deber de la
administración respecto de la resolución de los recursos y la notificación de las
decisiones no fue objeto del recurso de apelación dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho por parte de la agrupación Mazuren, no obstante,
debido a que sí fue planteado por la Secretaría del Hábitat, en la sentencia del
30 de octubre de 2025 se analizó y se resolvió con sustento en los lineamentos
jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado sobre la forma en que
se debe entender y aplicar el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

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De otro lado, solicitó que se deniegue el amparo deprecado por cuanto lo
pretendido a través de este mecanismo es la reapertura de un debate que ya fue
analizado y decidido por los jueces naturales, como si se tratara la acción de
tutela de una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.6.2. La Secretaría Distrital del Hábitat adujo que la decisión censurada de 30
de octubre de 2025 vulneró los derechos del extremo accionante en atención a
que, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la
administración, Mazuren no cuenta con una solución definitiva frente a las
irregularidades que afectan gravemente la construcción de la copropiedad.

Reprochó que, al caso objeto de atención se aplicó de manera estricta el derecho
procesal sobre el derecho sustancial, puesto que la decisión judicial, a su juicio,
fue desproporcionada al eliminar la posibilidad de la existencia de consecuencias
en cabeza de la constructora por las deficiencias presentadas en la construcción
del edificio que afecta a los residentes del proyecto inmobiliario.

En ese sentido, la secretaría solicitó el amparo de las garantías fundamentales
del extremo accionante, y que, en consecuencia, se deje sin efectos las
decisiones de primera y segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se expida una nueva sentencia en la cual
no se incurra en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

1.6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
solicitó la negativa de las pretensiones de la demanda tutela luego de afirmar que
la decisión que expidió se encuentra conforme a derecho, tuvo en consideración
la suspensión de términos por la emergencia sanitaria del Covid-19, la aplicación
del artículo 52 del CPACA, entre otros, por ello, indicó que no se configuró la
transgresión de derechos fundamentales del extremo actor.

1.7. Fallo impugnado4

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante fallo de 12 de
febrero de 2026 declaró la improcedencia de la acción de tutela de tutela luego
de concluir que no se superó el análisis del requisito general de relevancia
constitucional, habida cuenta de que la parte accionante pretende la reapertura
del debate que concluyó el proceso ordinario al plantear una discusión que gira
en torno a un análisis de mera legalidad.

4 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 24 de febrero de 2026.

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1.8. Impugnación5

Con escrito aportado oportunamente el 27 de febrero de 2026 por Mazuren, se
solicitó que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y, en su lugar, se
conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados por cuanto, en su
criterio, este caso goza de relevancia constitucional al dejar en evidencia que las
providencias dictadas en el medio de control ordinario le imprimieron un alcance
extendido al artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, al indicar que en vía
administrativa, en el marco de la resolución de los recursos, pese a que la referida
norma solo exige que la administración adopte una decisión dentro del término
de un año, las autoridades judiciales accionadas incluyeron otro requisito no
previsto, como lo es la realización de la notificación de lo resuelto dentro del
referido plazo. De conformidad con lo anterior, precisó lo siguiente:

La acción presentada no pretendía reabrir un debate de conveniencia jurídica ni
insistir en una mera discrepancia hermenéutica. Lo que se cuestionó fue que el
Tribunal administrativo de Cundinamarca incurrió en una serie de defectos graves
en su decisión que afectan los derechos fundamentales de la accionante, pues: (I)
Extendió el alcance literal del artículo 52 del CPACA. (II) Introdujo una carga no
prevista expresamente por el legislador como es la de notificar los recurso dentro
del año siguiente de la interposición del mismo, cuando la norma es clara que
durante ese periodo de tiempo únicamente debe decidirlos. (III) Alteró el régimen
legal de pérdida de competencia administrativa. (IV) Generó una consecuencia
jurídica automática, esto es, la nulidad de las resoluciones sancionatorias y declaró
la perdida de competencia de la Secretaria Distrital de Hábitat.

Ello no es un simple desacuerdo interpretativo, al contrario, se trata de un
cuestionamiento sobre la validez constitucional de las providencias objeto de esta
acción de tutela, pues cuando una autoridad judicial modifica el contenido
normativo de una disposición legal mediante una interpretación que extralimita su
tenor literal y altera el diseño legislativo, el asunto trasciende al plano de la
legalidad y se ubica en el ámbito del principio de legalidad y del debido proceso,
por lo tanto, el requisito de relevancia constitucional sí se encontraba satisfecho y
en consecuencia el fallo de tutela de primera instancia de fecha 12 de febrero de
2026, emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Tercera – Subsección B, debe ser revocado6.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

1.9.1. Con auto de 19 de marzo de 2026 se ordenó poner en conocimiento la
nulidad de carácter saneable ante la falta de vinculación formal de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y de la Subsecretaría/Subdirección de Inspección, Vigilancia y

5 Las citas incluidas en este numeral fueron extraídas del texto original y pueden contener errores.

6 Cita del texto original con posibles errores.

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Control de Vivienda, de conformidad con los artículos 133-8, 136 y 137 del Código
General del Proceso.

1.9.2. En virtud de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó un informe
en el cual solicitó la desvinculación de la entidad debido a que los reproches y
pretensiones de la acción de tutela se dirigen contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por expedir la sentencia de 30
de octubre de 2025, decisión judicial respecto de la cual explicó que no tiene
injerencia alguna. Además, aseguró que la alegada vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora no fue demostrada en este trámite tutelar.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 P.H. contra la sentencia 12 de
febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 20217, así como los Acuerdos 080 de 2019 y
434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. La Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó su desvinculación del trámite de la
referencia con sustento en que carece de legitimación en la causa por pasiva en
tanto los reproches y las pretensiones de la tutela se dirigen a las autoridades
judiciales que resolvieron las dos instancias del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Al respecto, la Sala anuncia que no accederá a la referida petición comoquiera
que la Alcaldía Mayor de Bogotá conformó el extremo pasivo del proceso
ordinario, razón por la cual, mediante providencia de 19 de marzo de 2026, se
dispuso su vinculación a este asunto constitucional en calidad de tercero con
interés en el resultado de esta acción constitucional.

2.2.2. De otro lado, esta colegiatura precisa que, si bien la agrupación accionante
demandó las dos sentencias dictadas dentro del proceso contencioso
administrativo, lo cierto es que, el análisis del caso se efectuará respecto del

7 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.

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Demandante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 P.H.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-01

proveído dictado el 30 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por ser la decisión que puso fin
a la causa ordinaria.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 12 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual
se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional.

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse
superados; (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta
el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. La Sala precisa que, en consonancia con lo señalado por el a quo
constitucional, el requisito de relevancia constitucional no se advierte
superado en el asunto de la referencia frente a la providencia de 30 de octubre
de 2025, marco en el cual los argumentos expuestos por la agrupación Mazuren
no cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 202212.

En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de
sus garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que
comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las
garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no
es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la
vulneración a los derechos fundamentales».

12 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.

11

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.13

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó
que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»15.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no

13 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-573 de 2019.

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representen un interés general16. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»17.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.

2.5.1.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades de la agrupación Mazuren
contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una tutela
contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además de
identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones
del por qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.

Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
a los derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia con la expedición de la sentencia de 22 de octubre de 2025, lo cierto
es que hasta este punto del debate no se advierte, a priori, que la decisión
censurada sea arbitraria, irrazonable o caprichosa, debido a que, en el marco de
su autonomía el tribunal que conoció la segunda instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho accedió a las pretensiones de la demanda luego
de concluir que se desvirtuó la legalidad de los actos demandados.

Ello es así, debido a que, tal como lo indicó el a quo constitucional, lo que se
pretende a través de este mecanismo subsidiario se circunscribe a recabar sobre
una discusión de interpretación legal que fue abordada y zanjada por los jueces

16 Ibídem.
17 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.

13

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naturales, en torno a si del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 se puede o no
entender que en sede administrativa se cuenta con el plazo de un año para
efectos de resolver y notificar los recursos interpuestos contra las decisiones de
la administración, pese a que la norma indica que el referido plazo es para decidir.

Se recuerda que ese planteamiento fue alegado por la constructora en la
demanda ordinaria y fue objeto del recurso de apelación ejercido por la Secretaría
Distrital del Hábitat, es decir, dicho aspecto que fue analizado tanto por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
autoridades que coincidieron en acceder las pretensiones del medio de control al
determinar que la administración perdió la competencia sancionatoria al no haber
expedido y notificado la decisión definitiva dentro del término de 1 año, puesto
que dar a conocer lo que se resuelve implica la materialización o no del silencio
administrativo positivo.

En ese contexto, queda en evidencia que el debate sí se concentra en un análisis
de mera interpretación legal al sugerir que sea el juez de tutela el funcionario que
determine si la autoridad judicial accionada le dio una lectura extensiva al artículo
52 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia, salta a la vista que la solicitud de
amparo no cuenta con un ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional
y de la violación de las garantías que la parte actora alegó como desatendidas,
que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.

No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron vías de
hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla
con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales,
que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial.

Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una
tercera instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través
de la cual se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto

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de la violación, lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le
permita a esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad
censurada, en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las
sentencias de unificación 215 y 103 de 202219.

Todo lo anterior, da lugar a que la Sala confirme la decisión de primer grado que
declaró la improcedencia del amparo solicitado.

2.6. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 12 de febrero
de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la tutela de la referencia promovida por la Agrupación de
Vivienda Urbanización Mazuren 13 Propiedad Horizontal contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y otro, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de 12 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

19 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-

03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii)
sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

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