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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07869-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07869-00
Accionante: Néstor Andrés Agudelo Sánchez quien dice actuar en
representación del señor William de Jesús Montoya López
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad

Tema: Derechos: debido proceso, mínimo vital e igualdad, entre otros.
Tutela contra providencia judicial que negó reconocimiento y pago
de pensión de sobreviviente. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Néstor Andrés Agudelo
Sánchez, quien dice actuar en representación del señor William de Jesús Montoya
López, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

ANTECEDENTES

Solicita se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna, a la dignidad humana y a la
«seguridad jurídica»; que considera vulnerados por la sentencia del 11 de junio de
2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-33-33-012-2021-00307-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Narra el tutelante que el 16 de diciembre de 2020 falleció el hijo del señor William
de Jesús Montoya López, señor Julio César Montoya Sánchez, por causas de una
enfermedad común (Covid 19).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07869-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Que el señor Julio Montoya alcanzó a cotizar a la Caja de Retiro de -las Archivo Central.
Fuerzas
Militares más de 50 semanas en los últimos 3 años antes de su deceso.

Que al momento del fallecimiento del señor Julio Montoya (Q.E.P.D) convivía bajo
el mismo techo con el señor William de Jesús Montoya López, pues este dependía
económicamente de él, era el que pagaba los servicios, alimentación y otros gastos
del hogar.

Que el señor William Montoya solicitó ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente y le fue negada mediante
Resolución núm. 2260 de 2021.

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL, le correspondió al Juzgado 12
Administrativo Oral de Medellín, quien en sentencia del 15 de julio de 2024 accedió
a las pretensiones.

Que CREMIL promovió recurso de apelación y el 11 de junio de 2025 el Tribunal
Administrativo de Antioquia decidió revocar la providencia de primera instancia y
negar las súplicas de la demanda, con fundamento en que no existe prueba que
permita inferir que los aportes que voluntariamente hacía el señor César no puedan
ser asumidos por el señor William.

Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:

• Sustantivo, citó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL2117- 2022
que «ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para
acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica
que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar
con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante, los mismos no les
permiten una autosuficiencia».

En criterio del actor, el Tribunal interpretó de manera errónea la norma, al precisar
que, la dependencia debía de ser total y absoluta y adicionalmente, por el hecho de
que el señor William «tenía una casa que era propiedad de su hijo, sin saber las
condiciones legales de esa casa, sin saber si debía o no, sin saber si existía crédito
en algún banco, entonces siempre pensando desfavorablemente a los intereses de
mi poderdante».

• Desconocimiento del precedente, el actor estima que la afirmación del Tribunal
«que porque mi prohijado percibía una pensión de “SALARIO MINIMO” con eso
bastaba para tener una vida digna», en primer lugar, se contradice con lo dispuesto
posteriormente en la sentencia objeto de discusión donde señaló que «… se
demostró que era el (sic) su hijo el que estaba a cargo de la economía del
hogar, que pagaba servicios, predial, mercaba» y, en segundo lugar, en su
criterio desconoció «lo establecido (sic) la Corte Constitucional en varias sentencias,

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entre ellas, la CSJ SL9640–2014, CSJ SL8928–2014, CSJ SL, 24 jul.- Archivo 2007, Central.
rad.
30790, CSJ SL, 11 may. 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 mar. 2005, rad. 24141, CSJ
SL, 1 feb. 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30348, y CSJ SL, 30 jul.
2007, rad. 31025, CSJ SL14923-2014» y la sentencia C 111 de 2006 que tratan
sobre la dependencia económica.

• Violación directa de la Constitución, «en el momento en que se deja de interpretar
y aplicar una disposición legal, contenida en el artículo 47 de la leu (sic) 100 de
1993, que inicialmente establecía “…la dependencia económica total y absoluta
como condición para que los padres accedan a la pensión de sobrevivientes de los
hijos fallecidos…», norma que ha tenido cambios relevantes.

PRETENSIONES

El abogado solicitó que se amparen los derechos invocados, dejando sin efectos la
sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad y, en consecuencia, sea confirmada la
providencia de primera instancia que emitió el Juzgado 12 Administrativo del Circuito
de Medellín el 15 de julio de 2024, por medio de la cual se reconoció la prestación
económica de la pensión de sobrevivencia con el respectivo retroactivo.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 18 de diciembre de 2025 se dispuso su admisión, se vinculó como tercero
interesado a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL y se ordenó notificar
a la autoridad judicial accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad manifestó
que la acción de tutela no cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, ya
que los argumentos planteados se limitan a discutir nuevamente la litis.

Refirió que el actor alega un defecto sustantivo por una indebida valoración
probatoria, a lo cual adujo que analizó las pruebas y evidenció que el demandante
tenía casa, devengaba una pensión equivalente al salario mínimo y además
laboraba en una chiva.

Indicó que la posición respecto del requisito de la dependencia económica en los
casos de pensión de sobreviviente o sustitución pensional se apoyó en
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela o se niegue el
amparo solicitado.

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POSICIÓN DEL VINCULADO - Archivo Central.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL expresó que no existe
violación del derecho fundamental al debido proceso, ya que el demandante tuvo a
su disposición los medios judiciales de defensa y participó en todas las etapas
procesales.

En cuanto al derecho a la igualdad dijo que no es competencia del juez de tutela
examinar las actuaciones procesales surtidas en otros juicios ordinarios y
determinar en cuál de ellos la decisión definitiva fue ajustada a la ley. Solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) legitimación en la
causa por activa y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela; la
norma indica que esta puede ser presentada: 1) directamente por la persona que
considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; 2) a través de
su representante legal; 3) por medio de apoderado judicial; 4) por agente oficioso
y 5) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.

En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien radica
la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá
declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del asunto. En cuanto
a la presentación de la tutela mediante apoderado judicial es preciso indicar que la

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Corte Constitucional1 estima que este debe aportar poder especial que- Archivo Central.
lo faculta
para actuar:

«[…] La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del
apoderamiento en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se
concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii)
tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que
aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses
en un determinado proceso no se entiende otorgado para la
promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii) el
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional.

Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la
demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo
poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional […]”
(negrilla fuera de texto original). «

En cuanto a las características del poder para actuar en tutela, dijo la
Corte Constitucional2:

«En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela debe
observar las siguientes reglas: (i) el poder debe constar por escrito y
éste se presume auténtico, (ii) el mandato puede constar en un acto de
apoderamiento especial o en uno de carácter general, (iii) quien
pretenda ejercer la acción de tutela mediante apoderado judicial debe
conferir facultades expresas para el ejercicio de esta acción
constitucional y (iv) el destinatario del acto de apoderamiento debe ser
un abogado con tarjeta profesional vigente.»

Análisis del caso concreto

En síntesis, el abogado Néstor Andrés Agudelo Sánchez interpuso acción de tutela,
diciendo actuar en representación del señor William de Jesús Montoya López, en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en
relación con la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-012-
2021-00307-00 [01].

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2025 se requirió a la parte accionante
para que allegara poder especial para actuar en acción de tutela a favor de quien
dice representar; no obstante, transcurrió el término otorgado sin que se recibiera
pronunciamiento alguno al respecto.

No puede perderse de vista que los derechos fundamentales son personalísimos,

1 Corte Constitucional. Sentencia T 194 de 2012
2 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2021

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por lo que, tratándose de una persona con plena capacidad3, su reclamo - Archivodebe
Central.
hacerse, directamente por el titular de los derechos o mediante apoderado judicial
debidamente constituido.

En este caso, el abogado dice ejercer la acción de tutela en nombre del señor
William de Jesús Montoya López, sin embargo, no acreditó el apoderamiento que lo
legitimara en la actuación; por lo que se declarará improcedente la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por activa, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

3 Recuérdese que la capacidad legal se presume de conformidad con el artículo 1503 del Código Civil.

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