Finalmente, frente a la dependencia económica que echa de menos el juez de instancia, y que precisó que debía acreditarse de manera absoluta, basta anotar que la subordinación económica no se predica respecto a un determinado quantum de ingresos al no tener que ser la dependencia total o absoluta como ya se dijo, sino que se tiene que analizar en cada caso particular por lo que en el presente asunto los demás hijos de los demandantes al no poder ayudar a sus padres económicamente para solventar los ingresos mensuales del hogar de manera permanente como si lo hacía la causante refuerza la dependencia económica de los padres aquí demandantes en relación al causante, pues los ingresos esporádicos resultan insuficientes para solventar las necesidades de alimentación de estos, además del pago de servicios públicos de vivienda donde residía con ellos, y mercado, entre otros, hecho que además se refuerza con la calidad de beneficiarios en el sistema de salud con la causante como se observa en el documento visible a folio 17.
En este orden, no evidenciándose la existencia de cónyuge o hijos de la causante con derecho a la pensión con fundamento en la prueba recaudada y aportada considera la Sala que contrario a lo sostenido por el juez de instancia, se encuentra demostrada la dependencia económica en los términos del artículo 74 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-111-2003, razón por la cual se revocará el fallo de primera instancia para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.
Condenó también al pago de los intereses moratorios con fundamento en las sentencias que identificó como 44526 y 45312 de esta Corporación, con base en las cuales dijo que era necesario morigerar la postura referente a la procedencia de éstos, por lo que su reconocimiento resultaba procedente en el caso concreto al vencer los dos meses con los que contaba la entidad para reconocer la prestación conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 717 de 2002, por lo que en atención a que la solicitud se elevó el 26 de septiembre de 2016, corren los intereses moratorios dos meses después, esto es, a partir del 26 de noviembre[sic] de esa misma anualidad.
Dijo que la excepción de prescripción no prosperaba dado que, entre la fecha de fallecimiento de la causante, la reclamación y la presentación de la demanda no transcurrió el término trienal previsto en el artículo 151 del CPTSS. No impuso costas en la alzada y las de primera quedaron a cargo de la demandada.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que con los dos primeros cargos la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado; y con el tercero, se case la decisión parcialmente en cuanto se condenó al pago de los intereses moratorios y, en su lugar, se confirme la decisión absolutoria de primera instancia sobre tal emolumento.
Se estudiarán conjuntamente los cargos primero y segundo por cuanto a pesar de dirigirse por diferente vía persiguen idéntico fin y denuncian similar elenco normativo.
VI. PRIMER CARGO
Por la vía directa se denuncia la interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, que condujo a la infracción directa de los artículos 76 y 78 de la Ley 100 de 1993.
Como fundamento aseveró que la decisión del Tribunal estribó en la sentencia CC C-111-2006 en cuanto al concepto de dependencia económica y también acudió a lo dispuesto en las providencias de esta Sala de Casación: CSJ SL650-2020 y CSJ SL5605-2019. Sostiene que la interpretación errónea obedeció a que el colegiado no tuvo en cuenta las reglas fijadas por la jurisprudencia sobre tal temática, entre las cuales menciona las siguientes:
Que para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna;
Que el ingreso mínimo no es determinante de la independencia económica;
Que la independencia económica no se configura por el simple hecho de que los beneficiarios estén percibiendo un ingreso por su propia labor o derivado de una pensión;
Que los ingresos no generan independencia económica, pues es necesario que sean suficientes y determinantes;
Que la supuesta entrega de dineros como ayuda a sus padres debe tener la suficiencia de representar un ingreso vital para los padres del causante.
Expone que cualquier ayuda brindada por el causante no es suficiente para derruir la autosuficiencia. En el caso concreto, la colaboración parcial dada por la hija a sus padres no es suficiente para acreditar el requisito de dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues es necesario que se haga un juicio de ponderación que debe basarse en lo que constituye el soporte económico, para concluir que éste era esencial para la subsistencia de los padres.
Sostiene que los jueces malinterpretan la normatividad que regula la pensión de sobrevivientes dado que, sin mayores argumentos probatorios cualquier ayuda la consideran vital, necesaria y suficiente para concluir la dependencia del hijo fallecido a pesar de tener ingresos propios generados por un empleo estable, provenientes de la actividad laboral independiente o informal que no deja de ser una fuente continua de ingresos, abriendo paso a toda clase de interpretaciones.
Se remite a la sentencia CSJ SL14923-2014, de la cual extrae las siguientes reglas:
Condiciones para determinar el grado de dependencia: i) Falta de autosuficiencia económica, y ii) Relación de subordinación económica respecto del causante:
Debe analizarse en momentos previos al fallecimiento y no después.
Elementos para determinar la dependencia: i) Debe ser cierta y no presunta, ii) La participación debe ser regular y periódica, iii) las contribuciones deben ser significativas respecto del total de ingresos del beneficiario.
Se presenta cuando el presunto beneficiario no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del causante.
Si bien no tiene que ser total y absoluta, no es cualquier aporte el que puede tenerse como prueba determinante para ser beneficiario de la prestación.
Considera que de haber tenido en cuenta lo anterior, el Tribunal hubiera confirmado la decisión de primera instancia, ya que los demandantes no dependían ni total ni parcialmente de la causante y la ayuda fragmentaria no pasaba de la colaboración de un buen hijo de familia, por lo que se incurrió en los quebrantos normativos denunciados, porque dio un menor realce al criterio de autosuficiencia de los demandantes con la necesidad de una simple ayuda.
VII. SEGUNDO CARGO
Por la vía indirecta se acusa la sentencia impugnada por aplicar indebidamente los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, «modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993[sic]».
Considera que la transgresión legal ocurrió como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
Dar por establecido, sin estarlo, que los demandantes dependían económicamente de la hija del causante.
No dar por probado, estándolo, que para la fecha de fallecimiento la causante obtenía ingresos apenas suficientes para atender sus propios gastos y los de su vestuario y recreación.
No dar por probado, estándolo, que la causante desde hacía cinco años antes del fallecimiento vivía aparte de sus padres y pagaba su propio arriendo, servicios y alimentación propios de una persona que vive en lugar diferente al de sus padres;
No dar por probado, estándolo, que los demandantes a la fecha del fallecimiento de la causante sostenían sus gastos propios de manutención, recreación y vestuario con los ingresos obtenidos por la señora Martha Cecilia Vega Castrillón, fruto de su trabajo en una empresa de cultivo de flores y en servicios de aseo en obras de construcción y en casas de familia.
Tales yerros ocurrieron por la errada apreciación y la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
PRUEBA DOCUMENTAL INAPRECIADA:
Carta de PORVENIR a los demandantes, de 2016-10-27, a folio 34 Cuaderno No. 2, expediente digital;
Carta de PORVENIR a los demandantes de 8 de agosto de 2016, folios 35 y 36, Cuaderno No. 2, expediente digital;
PRUEBAS EQUIVOCADAMENTE APRECIADAS:
Declaración de parte de la señora Martha Cecilia Vega Castrillón, CD: (MIN: 0:13:41 a 40:45:52) audiencia de primera instancia.
Testimonio de Ginna Marcela Villamor Vega, CD: (MIN: 0:45:52 a 0:1:10:00) audiencia primera instancia;
Declaración de parte del señor Ricardo Rodríguez Bonilla, CD: (MIN: 0:1:10:00 a 1:26:08) audiencia de primera instancia.
Testimonio de Luz Marina Guerrero Gómez, CD: (MIN: 0:1:27:10 a 1:36:00) audiencia primera instancia.
Testimonio de Adelina Lizeth Villamor Vega, CD (0:1:37:00 a 1:55:54) audiencia primera instancia.
Para su demostración sostiene que, desde la contestación de la demanda se afirma que Martha Cecilia Vega Castrillón trabajaba y con ello sufragaba los gastos del hogar conformado con su cónyuge, pues sus hijas vivían en hogares diferentes. Agrega que, en los documentos denunciados como no apreciados, se observa que en varias ocasiones requirió a los demandantes para localizar al señor Óscar Alexander Muñoz Osorio por cuanto había convivido con la causante hasta su muerte, lo cual no se logró y ello conllevó a que se le designara curador ad litem en el proceso. Estima que, con los interrogatorios y las declaraciones de las hermanas de la causante, se probó que la mencionada vivía fuera del hogar paterno desde hacía cinco años antes de su muerte.
Califica de contradictorias las declaraciones de parte rendidas por los demandantes; de Luz Marina Guerrero Gómez asevera que, a pesar de la amistad con la pareja, no pudo establecer cuál era la ayuda que brindaba la causante a sus padres. Igualmente, considera que las aseveraciones de sus hermanas fueron imprecisas, aunque confluyeron en que la afiliada dejó su hogar materno desde un lustro antes de morir, pero no pudieron precisar el monto de la ayuda, pues todo era de oídas y que, en todo caso, ellas solo colaboraban muy de vez en cuando.
Estima que de lo anterior se puede concluir que los actores no probaron que su hija les brindaba ayuda, sin que las solas declaraciones puedan derivar en una prueba al respecto, lo que deja sin soporte la decisión confutada y concluye «que el valor que le dio el Tribunal al acervo probatorio de los testimonios arriba enjuiciados y demás pruebas aportadas al proceso, se concluye que se equivocó el Tribunal al afirmar que esa ayuda era relevante para el sostenimiento del hogar paterno, cuando no se probó de qué monto era esa ayuda y si constituía suficiente para demostrar la dependencia […]».
VIII. RÉPLICA
Luego de que se remite a la sentencia CC C-111-2006 y CC T-456-2016, entre otras, y a una de esta Sala de Casación que transcribe parcialmente pero no identifica, señala que los demandantes son personas de escasos recursos económicos, necesitan elementos indispensables para mantener su vida bajo condiciones dignas que les proporcionaba Kimberly y que perdieron cuando esta fallece, por lo que considera que la decisión se encuentra ajustada a la legalidad.
Con respecto al análisis probatorio, acota que la estimación que hizo el Tribunal fue acertada pues los recurrentes eran dependientes económicamente de su hija, ya que su padre no puede ejercer su oficio como conductor por razones de salud y, el ingreso percibido por su señora madre, por días en casas de familia, no es suficiente para cubrir sus necesidades y es por esa razón que la afiliada estaba pendiente de cubrir esas necesidades desde que ingresó a laborar.
IX. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el Tribunal fundamentó su decisión en que, en casos como el presente, la dependencia económica que causa el derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de los padres, no debe ser total y absoluta, tal como lo ha señalado la jurisprudencia; que en el asunto concreto se demostró que, aun cuando la afiliada no vivía con sus padres, mantuvo un apoyo económico a ellos hasta que falleció, lo cual derivó principalmente de la prueba testimonial.
La censura radica su inconformidad en que la prueba denunciada no acredita la dependencia económica de los actores con la causante, ya que la afiliada no vivía con ellos, convivía con el señor Óscar Alexander Muñoz Osorio y no se demostró el monto de la ayuda económica que suministraba a sus progenitores pues las pruebas no dan cuenta de un valor exacto.
Pues bien, esta Corporación aborda el estudio de la acusación de la siguiente manera:
1º) Sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante
Finalidad de la pensión de sobrevivientes
La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se genera en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial al mantenimiento de dicho grupo familiar; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social.
1.2. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes
La protección de los padres dependientes ha tenido una evolución desde la creación de la Ley 100 de 1993. Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los padres eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado por exceder la potestad reglamentaria bajo el entendimiento de que:
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 (...) no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”. (Subrayado por fuera del texto original).
Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, la cual también fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional bajo el entendido que la exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, y la dignidad humana. En esa oportunidad dejó sentado dicho Tribunal constitucional:
(…) pues si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, despareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.
De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante, los mismos no les permiten una autosuficiencia (CSJ SL9640–2014, CSJ SL8928–2014, CSJ SL, 24 jul. 2007, rad. 30790, CSJ SL, 11 may. 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 mar. 2005, rad. 24141, CSJ SL, 1 feb. 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30348, y CSJ SL, 30 jul. 2007, rad. 31025).
En ese contexto, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; empero, no puede entenderse que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL14539-2016, CSJ SL4103-2016 y CSJ SL16184-2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia.
1.3 Calificación de la dependencia
El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su hijo, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.
La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.
Ha sido cristalino que la imposibilidad material de los padres de suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos para atender sus necesidades básicas que permitan su subsistencia.
Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, esta Sala ya ha establecido los parámetros que deben seguirse a efectos de determinar la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien, la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia, CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019. Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, y que se recuerdan:
La dependencia económica debe ser:
Cierta y no presunta:
se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.
Regular y periódica:
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.
Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:
se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia. En similar sentido pueden consultarse las sentencias CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021.
En consecuencia, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo.
Así, al momento de estudiarse por parte de las entidades de seguridad social y, el mismo juez, se deberá adelantar la calificación de la dependencia bajo el estudio de los parámetros fijados por esta Corte a efectos de determinar la existencia o no de la misma.
2º Análisis de las pruebas denunciadas como no apreciadas por el Tribunal
Oficios 104 de fecha 2016-10-27 y 536 del 8 de agosto de 2016 de Porvenir S.A.
Denuncia la recurrente la falta de apreciación de los documentos de folios 34 (expediente digital, 29 cuaderno físico), y el que obra a folios 354 y 36 del cuaderno 2 del expediente digital, (30 a 31 del cuaderno físico), dirigidos a la apoderada de los demandantes en las que se les requiere para localizar al señor Óscar Alexander Muñoz Osorio, pero no señala en qué sentido dichas pruebas hubieran conducido a una decisión diferente, concretamente en lo que hace relación a la dependencia económica.
En todo caso, objetivamente lo que dan cuenta estos documentos es que la demandada requirió a los actores para que aportaran declaración juramentada del señor Óscar Alexander Muñoz Osorio en donde manifestara los tiempos de convivencia con la afiliada fallecida, pero en manera alguna hacen referencia a la dependencia económica de éstos que es lo que cuestiona en los cargos de manera específica.
Nótese, además, que las restantes pruebas que considera que fueron equivocadamente apreciadas no son hábiles en casación, pues al efecto, la Sala ha señalado con persistencia que la sola declaración de parte no permite fundar un cargo en la medida en que no contenga una confesión, pues valga anotar que en los términos del artículo 7 de la Ley 16 de 1969 permite fundar el error de hecho en la casación del trabajo únicamente en la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección ocular (hoy judicial), de manera que únicamente en la medida en que se demuestre un yerro fundado en alguna de éstas, es posible acudir a los restantes medios de convicción.
En efecto, el discurso argumentativo del impugnante esta dirigido a demostrar una supuesta contradicción en las declaraciones de parte rendidas por los demandantes, en manera alguna derivar de ellas una confesión que hubiera dejado de apreciar el sentenciador de segunda instancia, y en todo caso, fluye evidente de la decisión confutada que el Tribunal no se apartó jurídicamente de la jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a que la dependencia económica del causante con respecto a sus padres no debe ser total y absoluta y que debe ser analizada en cada caso, sin que pueda la Sala adentrarse en el análisis probatorio por cuanto el planteamiento no lo permite conforme a lo anotado.
Siendo coherentes con lo discurrido los cargos no salen avantes.
X. TERCER CARGO
Denuncia la violación directa por interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 717 de 2001, en relación con lo dispuesto en los preceptos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, «modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993[sic]».
Sostiene la sociedad recurrente que la decisión del Tribunal se aparta del criterio de esta Sala de Casación, en el sentido de que se debe sustraer de la condena al pago de intereses moratorios cuando la negación del derecho deviene de su apego juicioso a la norma existente; cita como respaldo la sentencia CSJ SL508-2020. Estima que en el caso concreto se negó el derecho con una justificación seria y legal, como lo es la convivencia de la causante con un novio por algún tiempo «y los ingresos generados por la demandante para el sostenimiento de su hogar conformado con su marido y padre de la causante, forzosamente no pueden imponerse condena por intereses de mora en los términos ordenados por el Ad quem».
Asevera que no tuvo en cuenta el Colegiado que la solicitud fue contestada en término y que allí se le indicaron las razones de la negativa del derecho, esto es, la dependencia económica y la convivencia de la afiliada con un compañero en hogar diferente al paterno y, que la calidad de beneficiarios solamente vino a definirse en la sentencia, ya que había discusión sobre este aspecto, luego en su concepto se equivocó el juez de instancia al darle a los intereses moratorios una connotación automática ante el vencimiento del término para proceder a su pago. En respaldo cita las sentencias CSJ SL704-2013 y CSJ SL1681-2020, entre otras, en las que se ha morigerado la procedencia de los intereses moratorios.
XI. RÉPLICA
El opositor asevera que no hubo una interpretación errónea por parte del Tribunal para imponer la condena por intereses moratorios, toda vez que considera que los mismos son de carácter resarcitorio y no sancionatorio como lo ha dicho la Corte en la sentencia 43148 de 2011, sin que se haga necesario investigar la razón de la tardanza, con mayor razón si se tiene en cuenta que la entidad acudió a dilaciones, cuando estos lo que hicieron fue seguir las indicaciones de Porvenir S.A. en el sentido de constituir la sociedad marital de hecho para ser admitida su reclamación de sustitución pensional de su hija. Además, se citó al señor Óscar Alexander Muñoz Osorio quien no se hizo presente para acreditar su convivencia con la causante, por lo que fue necesario acudir a la acción judicial.
XII. CONSIDERACIONES
Esta Corte, en sentencia CSJ SL14528 - 2014, recordó que conforme a la doctrina tradicional de esta Sala, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en tanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones –dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio-.
También asentó que esta Corporación, en atención a situaciones excepcionales y particulares que la han llevado a reflexionar sobre la referida doctrina y a adoptar decisiones conducentes a atenuar sus alcances, ha estimado que los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.
En ese mismo sentido, baste traer a colación los siguientes argumentos expuestos en la providencia CSJ SL 3130-2020: i) su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. En la sentencia se razonó:
[…] como se dijo en la sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 2000, así como en la reciente sentencia de esta corporación CSJ SL1681-2020, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar «[…] el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones […]»
Por ello, esta corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en este caso los intereses moratorios, encuentran un importante fundamento en el hecho de que la «[…] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial […]» (CSJ SL1681-2020).
En paralelo a lo anterior, esta corporación ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios (CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras), de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación.
En la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892, se dijo también que los intereses moratorios tenían ese importante designio de hacer justicia a una parte vulnerable de la población cuyo sostenimiento dependía del pago de su pensión. Esto se dijo en la decisión:
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.
Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.
No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.
En esas condiciones, si los intereses moratorios tienen como finalidad reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensión, es imperioso reconocer que deben tener procedencia tanto en los casos de omisión en el pago de la prestación, como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado, que merece una compensación efectiva.
Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación.
Así las cosas, una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio, que merece reparación objetiva.
5. Finalmente, para la Corte una interpretación como la que se viene sosteniendo puede generar efectos inconvenientes para el derecho fundamental al mínimo vital de los pensionados, pues puede propiciar que, con la mera discusión de la cuantía del derecho o a partir de pagos simplemente parciales o insustanciales, las entidades administradoras de pensiones se liberen de sus responsabilidades, lo que resulta abiertamente contrario a las finalidades constitucionales de nuestro sistema de pensiones.
Así lo había previsto en algún momento esta corporación cuando, en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, señaló que:
[…] el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios.
En ese sentido, para la Corte es preciso subrayar que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
[…]
En primer lugar, que permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.
En segundo lugar, que los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas, pero no teniendo como referente la totalidad de la mesada pensional. En este punto es claro el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en cuanto dispone que la respectiva entidad debe pagar «la obligación a su cargo», que en este caso es el saldo debido, y «sobre el importe de ella», ese decir ese saldo, «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago.»
Así las cosas, trasladando las directrices doctrinales, hoy reiteradas, no se desprende que la entidad accionada demostrara la existencia de una razón atendible que la liberara de tal carga ante el pago tardío de las mesadas pensionales y, si bien es cierto en el trámite administrativo requirió a los reclamantes para que aportaran una declaración del señor Óscar Alexander Muñoz Osorio sobre su convivencia con la causante, lo cierto es que éste no elevó reclamación alguna al respecto, por lo que no se puede hacer referencia a un conflicto de beneficiarios en sede prejudicial que ameritara que la entidad hubiera dejado en suspenso la concesión del derecho, lo que tampoco hizo.
En el horizonte trazado, el cargo no se abre paso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
XIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 04 de marzo de 2020 por la Sala Dos de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTHA CECILIA VEGA CASTRILLÓN y RICARDO RODRÍGUEZ BONILLA contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Costas como se dijo arriba.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACION DE VOTO
Radicación n.° 90302
Recurso Extraordinario de Casación
Referencia: demanda promovida por MARTHA CECILIA VEGA CASTRILLÓN y RICARDO RODRÍGUEZ BONILLA contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar mi voto, pues si bien comparto la determinación de finalmente de adopto, de no casar el fallo de segundo grado, que revocó el absolutorio de primer nivel, en lo relativo a la condena por concepto intereses moratorios, me aparto de las motivaciones expuestas para el efecto, por las razones que paso a exponer:
Sobre el particular, la susodicha providencia sostuvo: «los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho».
Frente a dicha postura, debo señalar, que en mi criterio, los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sí proceden aún en aquellos casos, en el que la entidad negó su reconocimiento por un presunto o aparente conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión.
Lo anterior, por cuanto si se mira detenidamente su establecimiento en el derecho de la seguridad social, claramente se observa, que tales réditos no se supeditaron a la existencia de ciertas circunstancias para su otorgamiento, pues conforme lo establecido en Ley 100 de 1993, dichos emolumentos proceden cuando acaezca el fenómeno de la mora sin importar su causa.
En ese sentido, resulta pertinente recordar que la mora no solo constituye un simple retardo, una dilación o tardanza en el cumplimiento de una obligación, sino una conducta contraria al derecho social que trae como consecuencia la indemnización, que no es otra cosa, que la monetización de la garantía prestacional insatisfecha, y que en materia de pensiones, a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, fue graduada con severidad por el legislador en el artículo 141, al imponer el pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente, que surge de manera inmediata, sin miramientos o análisis de responsabilidad de buena fe, de las características de su cumplimiento o de alguna otra circunstancia extraña; y ello es así, porque no puede olvidarse que en casos como el presente, la obligación incumplida no es cualquiera, sino aquella relativa al pago de las sumas periódicas a las que tienen derecho los pensionados, quienes merece una especial protección como quedó visto en párrafos precedentes.
En los anteriores términos dejo consignado mi aclaración de voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado