Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07869-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL ABOGADO. NO ES VÁLIDO
PRESENTAR EL PODER EN LA IMPUGNACIÓN, PUES EN LOS TÉRMINOS
SEÑALADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA ACREDITACIÓN
DEBE EFECTUARSE AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN DEL
MECANISMO CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor NÉSTOR
ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ contra la sentencia de 29 de enero
de 2026, proferida en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró
improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por
activa.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07869-01
Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ, quien dice actuar
en representación del señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA
LÓPEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital, a la dignidad humana y a la “seguridad jurídica”, los
cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA2, al proferir la sentencia de 11 de junio de 2025 dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 05001-33-33-012-
2021-00307-01.
I.2.- Hechos
Indicó que el 16 de diciembre de 2020, falleció a causa de una
enfermedad común (Covid 19) el señor JULIO CESAR MONTOYA
SÁNCHEZ (q.e.p.d.), hijo de su representado, quien alcanzó a
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En adelante TRIBUNAL.
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cotizar a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES3 más
de 50 semanas en los últimos 3 años antes de su deceso.
Afirmó que al momento del fallecimiento del señor JULIO MONTOYA
(q.e.p.d.) convivía bajo el mismo techo con el señor WILLIAM DE
JESÚS MONTOYA LÓPEZ, pues este dependía económicamente de
él, era el que pagaba los servicios, alimentación y otros gastos del
hogar.
Señaló que el señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ solicitó
ante CREMIL el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, la cual le fue negada mediante Resolución núm. 2260
de 2021, razón por la que presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue
identificada con el número de radicación 2021-00307-00 y le
correspondió por reparto al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN4 que, mediante sentencia de
15 de julio de 2024, accedió a las pretensiones.
Sostuvo que CREMIL interpuso recurso de apelación contra la
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En adelante CREMIL.
4
En adelante JUZGADO.
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anterior decisión, la cual le correspondió al TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 11 de junio de 2025, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Precisó que el TRIBUNAL accionado incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación de la norma al precisar que la
dependencia debía ser total y absoluta, para lo cual citó la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL2117- 2022 que “[…] ha
precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres
para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado
de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u
otras fuentes de recursos, no obstante, los mismos no les permiten
una autosuficiencia […]”.
Manifestó que la autoridad judicial accionada al afirmar que: “[…]
porque mi prohijado percibía una pensión de “SALARIO MINIMO” con
eso bastaba para tener una vida digna […]”, incurrió en
desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en varias sentencias, entre ellas, la CSJ SL9640-2014,
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CSJ SL8928-2014, CSJ SL, 24 julio 2007, rad. 30790, CSJ SL, 11
mayo 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 marzo 2005, rad. 24141, CSJ SL,
1 febrero 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 mayo 2007, rad. 30348, y
CSJ SL, 30 julio 2007, rad. 31025, CSJ SL14923-2014 y la C-111 de
2006, que tratan sobre la dependencia económica.
Adujo que también se incurrió en violación directa de la
Constitución, por cuanto se aplicó indebidamente el contenido del
artículo 47 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19935, pues si bien
inicialmente establecía la dependencia económica total y absoluta
como condición para que los padres accedieran a la pensión de
sobrevivientes de los hijos fallecidos, dicha normatividad ha tenido
cambios jurisprudenciales relevantes que no fueron tenidos en
cuenta.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
“[…] Con base en los hechos narrados, así como en los
fundamentos de constitucionales expresados, solicito se
TUTELE los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido
Proceso, Seguridad Social, Seguridad Jurídica, Favorabilidad,
5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
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Mínimo Vital, Vida Digna y Dignidad Humana consagrados en
los artículos 13, 29, 48, 230, 53, Art. 1 y Preámbulo, y como
consecuencia de ello, se REVOQUE o se DEJE SIN EFECTOS
la decisión proferida por la Tribunal Administrativo de
Antioquia, sentencia en el radicado 05001-33-33-012-2021-
00307 del 11 de junio de 2025, en cuanto decidió Revocar la
sentencia de primera instancia, y como consecuencia, solicito
a través de esta acción de tutela que sea confirmada la
sentencia de primera instancia del Juzgado 12 Administrativo
del Circuito de Medellín del 15 de julio de 2024 dentro del
referido radicado, misma que reconoció la prestación
económica de pensión de sobrevivencia con el respectivo
retroactivo pensional […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción
constitucional de la referencia por no cumplir el requisito general de
la relevancia constitucional y al no encontrarse acreditados los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial
invocados.
Además, señaló que el accionante no acreditó que se encontrara en
circunstancias de debilidad manifiesta en las que se viera en riesgo
su mínimo vital o su vida en condiciones dignas y, por el contrario,
del material probatorio obrante en el expediente se logró evidenciar
que tenía casa, devengaba una pensión equivalente al salario mínimo
y además laboraba en una chiva.
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I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó a enviar el link del expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de estudio, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.6.2.- CREMIL solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por no cumplir los requisitos para su procedencia contra providencia
judicial, toda vez que no se han vulnerado los derechos
fundamentales invocados y la decisión cuestionada fue fallada
conforme a derecho y con sujeción al ordenamiento jurídico aplicable
al caso.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
29 de enero de 2026, declaró improcedente el amparo solicitado por
falta de legitimación en la causa por activa.
Para tal efecto, indicó que, mediante providencia de 18 de diciembre
de 2025, se requirió a la parte accionante para que allegara poder
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especial para actuar en acción de tutela a favor de quien dice
representar; no obstante, transcurrió el término otorgado sin que
recibiera pronunciamiento alguno al respecto.
Consideró que los derechos fundamentales son personalísimos, por
lo que al tratarse de una persona con plena capacidad según la
presunción prevista en el artículo 1503 del Código Civil, el reclamo
debe hacerse directamente por el titular de los derechos o mediante
apoderado judicial debidamente constituido y, en el presente caso,
el señor AGUDELO SÁNCHEZ no acreditó el poder que lo legitimara
para actuar como apoderado del señor WILLIAM DE JESÚS
MONTOYA LÓPEZ.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ presentó un
escrito en el que solicitó la nulidad de lo actuado6 y, como pretensión
subsidiaria, recurso de impugnación y anexó el poder otorgado por
el señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ, en los siguientes
términos:
6
La Sala advierte que, mediante auto de ponente de 17 de febrero de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA
rechazó la solicitud de nulidad presentada y concedió el recurso de impugnación.
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“[…] En caso de no prosperar dicha nulidad, de manera
SUBSIDIARIA, presento el recurso de apelación ante el
superior jerárquico para que resuelva lo aquí pretendido,
indicando que se anexa el poder requerido por el Despacho de
instancia, en el cual se prueba la representación judicial
apegado a la literalidad de la norma, pues se sobre entiende
que el suscrito es apoderado del señor WILLIAM DE JESÚS
MONTOYA, pues el Consejo de Estado conoció todas las
actuaciones desde el proceso de primera instancia, donde se
evidencia que este apoderado siempre fungió como tal, razón
por lo cual el otorgamiento de un poder, no puede ser
impedimento para que se le niegue el acceso a la justicia del
realmente afectado, pues en ultimas el perjudicado es el señor
WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO
SÁNCHEZ, quien dice actuar en representación del actor, pretende
que se deje sin efecto la sentencia de 11 de junio de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00307-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital, a la dignidad humana y a la “seguridad jurídica”, toda
vez que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución, al asegurar que para acceder
a la pensión de sobrevivientes de un hijo fallecido se debía probar la
dependencia económica total y absoluta.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 29 de enero de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que, pese a ser
requerido, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ no
acreditó el poder que lo legitimara para actuar como apoderado del
señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ.
Inconforme con lo anterior, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO
SÁNCHEZ impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que, si bien no había presentado el poder, resultaba
evidente que en todas las actuaciones del proceso ordinario había
fungido como apoderado del accionante, razón por la que, a su juicio,
el otorgamiento de un poder no puede ser impedimento para que se
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le niegue el acceso a la justicia del realmente afectado, que en este
caso es su poderdante.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ está
legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela
de la referencia en representación del actor.
De la legitimación en la causa por activa en las acciones de
tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19917 preceptúa:
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona8.
8
Sentencia T-086 de 2010; M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CALJUB.
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Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
Ahora bien, en el caso concreto se observa que la presente acción de
tutela fue incoada por el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO
SÁNCHEZ, quien manifestó actuar en representación del señor
WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ; no obstante, en el curso
de la primera instancia, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación
determinó la falta de legitimación en la causa por activa del señor
AGUDELO SÁNCHEZ, por cuanto no allegó el poder que lo facultaba
para actuar en calidad de apoderado judicial del actor, a pesar del
requerimiento efectuado en el auto admisorio de la tutela, frente al
cual guardó silencio.
Debido a lo anterior, el profesional del derecho junto con el escrito
de impugnación allegó el poder conferido por el señor WILLIAM DE
JESÚS MONTOYA LÓPEZ con el propósito de solventar la falencia
advertida en primera instancia, sin embargo, para el caso particular
la Sala estima que la legitimación en la causa por activa se configura
si quien presenta la demanda de tutela en representación de un
tercero, acredita la vigencia del poder al momento de la presentación
de la acción constitucional.
Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección en sentencia de
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Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
18 de marzo de 20219, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo
López, se pronunció acerca de la acreditación de la legitimidad en la
causa por activa de la siguiente manera:
“[…] Ahora bien, la legitimación en la causa por activa ha sido
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional
que, en sentencia T-552 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño,
sostuvo lo siguiente:
“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es
que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela
se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido
la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales
o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación
en la causa, por activa, en los procesos de tutela.
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por
medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii)
El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual
el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado
y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso, o en su defecto el poder general respectivo. Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso.” (Se resalta y destaca)
Así las cosas, en relación con la posibilidad de presentar acción de
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo
de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-004715-01.
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tutela por intermedio de la figura de apoderado judicial, se tiene que
la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita tener tal calidad, lo que significa que la acreditación
del poder de representación se debe realizar al momento de la
presentación de la acción de tutela.
Frente a este punto es importante traer a colación la sentencia de la
Corte Constitucional T-292 de 202110, en la cual se señaló lo
siguiente:
“[…] 32. La Corte también ha advertido que el ejercicio de la
representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto
de apoderamiento especial y concreto o en un poder de
carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de
poder especial para adelantar el proceso de tutela por
parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder
específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a
nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos,
la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los
apoderados judiciales en sede tutela tienen el deber de
acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a
subsanar irregularidades formales, con el fin de no
comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.
33. En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela
debe observar las siguientes reglas: (i) el poder debe
constar por escrito y éste se presume auténtico, (ii) el
mandato puede constar en un acto de apoderamiento especial
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Sentencia T-292 del 30 de agosto de 2021. M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA.
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o en uno de carácter general, (iii) quien pretenda ejercer
la acción de tutela mediante apoderado judicial debe
conferir facultades expresas para el ejercicio de esta
acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un abogado con tarjeta profesional
vigente […]” (Resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, comoquiera que el poder que faculta al señor
AGUDELO SÁNCHEZ para actuar como apoderado judicial del
ciudadano MONTOYA LÓPEZ fue allegado de manera
extemporánea, la Sala no tendrá en cuenta tal documento, por
cuanto la acreditación de la legitimidad en la causa por activa, en los
términos señalados por la Corte Constitucional, debe efectuarse al
momento de la radicación del mecanismo constitucional y no en sede
de impugnación, comoquiera que la segunda instancia está instituida
para estudiar los argumentos de inconformidad presentados en
contra del fallo impugnado de acuerdo con las circunstancias
probadas al momento de proferirse la decisión inicial.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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