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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07869-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07869-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL ABOGADO. NO ES VÁLIDO
PRESENTAR EL PODER EN LA IMPUGNACIÓN, PUES EN LOS TÉRMINOS
SEÑALADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA ACREDITACIÓN
DEBE EFECTUARSE AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN DEL
MECANISMO CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor NÉSTOR

ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ contra la sentencia de 29 de enero

de 2026, proferida en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA

-SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró

improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por

activa.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07869-01
Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ, quien dice actuar

en representación del señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA

LÓPEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,

al mínimo vital, a la dignidad humana y a la “seguridad jurídica”, los

cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA2, al proferir la sentencia de 11 de junio de 2025 dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 05001-33-33-012-

2021-00307-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 16 de diciembre de 2020, falleció a causa de una

enfermedad común (Covid 19) el señor JULIO CESAR MONTOYA

SÁNCHEZ (q.e.p.d.), hijo de su representado, quien alcanzó a

2
En adelante TRIBUNAL.

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cotizar a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES3 más

de 50 semanas en los últimos 3 años antes de su deceso.

Afirmó que al momento del fallecimiento del señor JULIO MONTOYA

(q.e.p.d.) convivía bajo el mismo techo con el señor WILLIAM DE

JESÚS MONTOYA LÓPEZ, pues este dependía económicamente de

él, era el que pagaba los servicios, alimentación y otros gastos del

hogar.

Señaló que el señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ solicitó

ante CREMIL el reconocimiento y pago de la pensión de

sobreviviente, la cual le fue negada mediante Resolución núm. 2260

de 2021, razón por la que presentó demanda en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue

identificada con el número de radicación 2021-00307-00 y le

correspondió por reparto al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN4 que, mediante sentencia de

15 de julio de 2024, accedió a las pretensiones.

Sostuvo que CREMIL interpuso recurso de apelación contra la

3
En adelante CREMIL.
4
En adelante JUZGADO.

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anterior decisión, la cual le correspondió al TRIBUNAL que,

mediante sentencia de 11 de junio de 2025, revocó la decisión del a

quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisó que el TRIBUNAL accionado incurrió en defecto sustantivo

por indebida interpretación de la norma al precisar que la

dependencia debía ser total y absoluta, para lo cual citó la sentencia

de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL2117- 2022 que “[…] ha

precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres

para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de

sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado

de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u

otras fuentes de recursos, no obstante, los mismos no les permiten

una autosuficiencia […]”.

Manifestó que la autoridad judicial accionada al afirmar que: “[…]

porque mi prohijado percibía una pensión de “SALARIO MINIMO” con

eso bastaba para tener una vida digna […]”, incurrió en

desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte

Constitucional en varias sentencias, entre ellas, la CSJ SL9640-2014,

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CSJ SL8928-2014, CSJ SL, 24 julio 2007, rad. 30790, CSJ SL, 11

mayo 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 marzo 2005, rad. 24141, CSJ SL,

1 febrero 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 mayo 2007, rad. 30348, y

CSJ SL, 30 julio 2007, rad. 31025, CSJ SL14923-2014 y la C-111 de

2006, que tratan sobre la dependencia económica.

Adujo que también se incurrió en violación directa de la

Constitución, por cuanto se aplicó indebidamente el contenido del

artículo 47 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19935, pues si bien

inicialmente establecía la dependencia económica total y absoluta

como condición para que los padres accedieran a la pensión de

sobrevivientes de los hijos fallecidos, dicha normatividad ha tenido

cambios jurisprudenciales relevantes que no fueron tenidos en

cuenta.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

“[…] Con base en los hechos narrados, así como en los
fundamentos de constitucionales expresados, solicito se
TUTELE los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido
Proceso, Seguridad Social, Seguridad Jurídica, Favorabilidad,

5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

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Mínimo Vital, Vida Digna y Dignidad Humana consagrados en
los artículos 13, 29, 48, 230, 53, Art. 1 y Preámbulo, y como
consecuencia de ello, se REVOQUE o se DEJE SIN EFECTOS
la decisión proferida por la Tribunal Administrativo de
Antioquia, sentencia en el radicado 05001-33-33-012-2021-
00307 del 11 de junio de 2025, en cuanto decidió Revocar la
sentencia de primera instancia, y como consecuencia, solicito
a través de esta acción de tutela que sea confirmada la
sentencia de primera instancia del Juzgado 12 Administrativo
del Circuito de Medellín del 15 de julio de 2024 dentro del
referido radicado, misma que reconoció la prestación
económica de pensión de sobrevivencia con el respectivo
retroactivo pensional […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción

constitucional de la referencia por no cumplir el requisito general de

la relevancia constitucional y al no encontrarse acreditados los

defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial

invocados.

Además, señaló que el accionante no acreditó que se encontrara en

circunstancias de debilidad manifiesta en las que se viera en riesgo

su mínimo vital o su vida en condiciones dignas y, por el contrario,

del material probatorio obrante en el expediente se logró evidenciar

que tenía casa, devengaba una pensión equivalente al salario mínimo

y además laboraba en una chiva.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO se limitó a enviar el link del expediente digital

contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho objeto de estudio, sin realizar pronunciamiento alguno frente

al fondo del asunto.

I.6.2.- CREMIL solicitó declarar improcedente la acción de tutela

por no cumplir los requisitos para su procedencia contra providencia

judicial, toda vez que no se han vulnerado los derechos

fundamentales invocados y la decisión cuestionada fue fallada

conforme a derecho y con sujeción al ordenamiento jurídico aplicable

al caso.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de

29 de enero de 2026, declaró improcedente el amparo solicitado por

falta de legitimación en la causa por activa.

Para tal efecto, indicó que, mediante providencia de 18 de diciembre

de 2025, se requirió a la parte accionante para que allegara poder

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especial para actuar en acción de tutela a favor de quien dice

representar; no obstante, transcurrió el término otorgado sin que

recibiera pronunciamiento alguno al respecto.

Consideró que los derechos fundamentales son personalísimos, por

lo que al tratarse de una persona con plena capacidad según la

presunción prevista en el artículo 1503 del Código Civil, el reclamo

debe hacerse directamente por el titular de los derechos o mediante

apoderado judicial debidamente constituido y, en el presente caso,

el señor AGUDELO SÁNCHEZ no acreditó el poder que lo legitimara

para actuar como apoderado del señor WILLIAM DE JESÚS

MONTOYA LÓPEZ.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ presentó un

escrito en el que solicitó la nulidad de lo actuado6 y, como pretensión

subsidiaria, recurso de impugnación y anexó el poder otorgado por

el señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ, en los siguientes

términos:

6
La Sala advierte que, mediante auto de ponente de 17 de febrero de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA
rechazó la solicitud de nulidad presentada y concedió el recurso de impugnación.

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“[…] En caso de no prosperar dicha nulidad, de manera
SUBSIDIARIA, presento el recurso de apelación ante el
superior jerárquico para que resuelva lo aquí pretendido,
indicando que se anexa el poder requerido por el Despacho de
instancia, en el cual se prueba la representación judicial
apegado a la literalidad de la norma, pues se sobre entiende
que el suscrito es apoderado del señor WILLIAM DE JESÚS
MONTOYA, pues el Consejo de Estado conoció todas las
actuaciones desde el proceso de primera instancia, donde se
evidencia que este apoderado siempre fungió como tal, razón
por lo cual el otorgamiento de un poder, no puede ser
impedimento para que se le niegue el acceso a la justicia del
realmente afectado, pues en ultimas el perjudicado es el señor
WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y

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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO

SÁNCHEZ, quien dice actuar en representación del actor, pretende

que se deje sin efecto la sentencia de 11 de junio de 2025,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00307-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,

al mínimo vital, a la dignidad humana y a la “seguridad jurídica”, toda

vez que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada

incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente

y violación directa de la Constitución, al asegurar que para acceder

a la pensión de sobrevivientes de un hijo fallecido se debía probar la

dependencia económica total y absoluta.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 29 de enero de

2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de

legitimación en la causa por pasiva, al considerar que, pese a ser

requerido, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ no

acreditó el poder que lo legitimara para actuar como apoderado del

señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ.

Inconforme con lo anterior, el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO

SÁNCHEZ impugnó la decisión proferida en primera instancia,

manifestando que, si bien no había presentado el poder, resultaba

evidente que en todas las actuaciones del proceso ordinario había

fungido como apoderado del accionante, razón por la que, a su juicio,

el otorgamiento de un poder no puede ser impedimento para que se

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le niegue el acceso a la justicia del realmente afectado, que en este

caso es su poderdante.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO SÁNCHEZ está

legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela

de la referencia en representación del actor.

De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19917 preceptúa:

7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia

oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal

circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el

agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona8.

8
Sentencia T-086 de 2010; M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CALJUB.

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Ahora bien, en el caso concreto se observa que la presente acción de

tutela fue incoada por el señor NÉSTOR ANDRÉS AGUDELO

SÁNCHEZ, quien manifestó actuar en representación del señor

WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ; no obstante, en el curso

de la primera instancia, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación

determinó la falta de legitimación en la causa por activa del señor

AGUDELO SÁNCHEZ, por cuanto no allegó el poder que lo facultaba

para actuar en calidad de apoderado judicial del actor, a pesar del

requerimiento efectuado en el auto admisorio de la tutela, frente al

cual guardó silencio.

Debido a lo anterior, el profesional del derecho junto con el escrito

de impugnación allegó el poder conferido por el señor WILLIAM DE

JESÚS MONTOYA LÓPEZ con el propósito de solventar la falencia

advertida en primera instancia, sin embargo, para el caso particular

la Sala estima que la legitimación en la causa por activa se configura

si quien presenta la demanda de tutela en representación de un

tercero, acredita la vigencia del poder al momento de la presentación

de la acción constitucional.

Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección en sentencia de

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Actor: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ

18 de marzo de 20219, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo

López, se pronunció acerca de la acreditación de la legitimidad en la

causa por activa de la siguiente manera:

“[…] Ahora bien, la legitimación en la causa por activa ha sido
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional
que, en sentencia T-552 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño,
sostuvo lo siguiente:

“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es
que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela
se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido
la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales
o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación
en la causa, por activa, en los procesos de tutela.

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por
medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii)
El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual
el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado
y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso, o en su defecto el poder general respectivo. Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso.” (Se resalta y destaca)

Así las cosas, en relación con la posibilidad de presentar acción de

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo
de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-004715-01.

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tutela por intermedio de la figura de apoderado judicial, se tiene que

la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda

de tutela acredita tener tal calidad, lo que significa que la acreditación

del poder de representación se debe realizar al momento de la

presentación de la acción de tutela.

Frente a este punto es importante traer a colación la sentencia de la

Corte Constitucional T-292 de 202110, en la cual se señaló lo

siguiente:

“[…] 32. La Corte también ha advertido que el ejercicio de la
representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto
de apoderamiento especial y concreto o en un poder de
carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de
poder especial para adelantar el proceso de tutela por
parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder
específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a
nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos,
la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los
apoderados judiciales en sede tutela tienen el deber de
acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a
subsanar irregularidades formales, con el fin de no
comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.

33. En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela
debe observar las siguientes reglas: (i) el poder debe
constar por escrito y éste se presume auténtico, (ii) el
mandato puede constar en un acto de apoderamiento especial

10
Sentencia T-292 del 30 de agosto de 2021. M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA.

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o en uno de carácter general, (iii) quien pretenda ejercer
la acción de tutela mediante apoderado judicial debe
conferir facultades expresas para el ejercicio de esta
acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un abogado con tarjeta profesional
vigente […]” (Resaltado fuera del texto original).

Así las cosas, comoquiera que el poder que faculta al señor

AGUDELO SÁNCHEZ para actuar como apoderado judicial del

ciudadano MONTOYA LÓPEZ fue allegado de manera

extemporánea, la Sala no tendrá en cuenta tal documento, por

cuanto la acreditación de la legitimidad en la causa por activa, en los

términos señalados por la Corte Constitucional, debe efectuarse al

momento de la radicación del mecanismo constitucional y no en sede

de impugnación, comoquiera que la segunda instancia está instituida

para estudiar los argumentos de inconformidad presentados en

contra del fallo impugnado de acuerdo con las circunstancias

probadas al momento de proferirse la decisión inicial.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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