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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02510-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02510-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor William de Jesús Montoya López. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-109 de 2022 que: «“Un adulto mayor es aquel que cuenta con sesenta (60) años de edad o más y, excepcionalmente, a la persona ‘mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen’, a efectos de acceder a determinados programas sociales”». 16 Según la información contenida en la historia clínica del actor, así: «Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA». 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: William de Jesús Montoya López Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-02510-00 TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02510-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

30 de abril de 2026

Demandante: William de Jesús Montoya López
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02510-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02510-00
Demandante: WILLIAM DE JESÚS MONTOYA LÓPEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Figuras jurídicas de
temeridad y cosa juzgada. Requisitos de relevancia
constitucional y de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor William de Jesús Montoya López, en nombre propio, presentó acción
de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social,
al mínimo vital, a la vida digna y a la dignidad humana, junto con los principios
de seguridad jurídica y favorabilidad.

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 11 de junio de 2025 proferida por
la autoridad judicial en mención, en la cual se revocó la sentencia del Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que había accedido a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas. Esto, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) con radicado 05001-33-33-
012-2021-00307-00/01.

1
El 27 de marzo de 2026.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: William de Jesús Montoya López
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02510-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:

Con base en los hechos narrados, así como en los fundamentos de
constitucionales expresados, solicito se me TUTELEN los derechos
fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Seguridad Social, Seguridad
Jurídica, Favorabilidad, Mínimo Vital, Vida Digna y Dignidad Humana
consagrados en los artículos 13, 29, 48, 230, 53, Art. 1 y Preámbulo, y como
consecuencia de ello, se REVOQUE o se DEJE SIN EFECTOS la decisión
proferida por la Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia en el radicado
05001-33-33-012-2021-00307-del 11 de junio de 2025, en cuanto decidió
Revocar la sentencia de primera instancia, y como consecuencia, solicito a
través de esta acción de tutela que sea confirmada la sentencia de primera
instancia del Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín del 15 de julio
de 2024 dentro del referido radicado, misma que reconoció la prestación
económica de pensión de sobrevivencia con el respectivo retroactivo pensional.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:

El accionante relató que el 16 de diciembre de 2020 falleció su hijo Julio César
Montoya Sánchez a causa del Covid-19, quien en vida percibía una asignación
de retiro reconocida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y
convivía con él en el mismo hogar, por lo que le brindaba el principal apoyo
económico y era el que pagaba los servicios, alimentación y otros gastos.

Narró que, mediante la Resolución 2260 de 2021, la entidad mencionada le
negó el reconocimiento de la sustitución de la aludida prestación, bajo el
argumento de que el uniformado no informó la dependencia económica que
tenía su padre. Además, sostuvo que la negativa se fundamentó en que el
señor Montoya López pertenecía al régimen contributivo y figuraba como
pensionado de Colpensiones.

Adujo que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), en el que
controvirtió la legalidad del aludido acto, cuyo conocimiento le correspondió al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, en
providencia de 5 de julio de 2024, accedió a las pretensiones al encontrar
demostrada la dependencia económica que tenía con su descendiente.

Señaló que la entidad demandada interpuso recurso de apelación y, mediante
sentencia de 11 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima, revocó el fallo del a quo para negar las súplicas de la demanda, tras
concluir que no existía alguna prueba que permitiera inferir que los aportes
económicos que voluntariamente hacía el señor Julio César no puedan ser
asumidos por el demandante.

Puso de presente que el 9 de diciembre de 2025 su abogado, el señor Néstor
Andrés Agudelo Sánchez, presentó acción de tutela por las mismas

2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

2
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circunstancias acá reseñadas, en la cual se declaró la falta de legitimación en
la causa por activa en ambas instancias, por cuanto no se allegó el respectivo
poder especial que facultara a su apoderado para representarlo, por lo que no
existía un pronunciamiento de fondo en cuanto a la controversia planteada.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, en la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima, se configuró un defecto sustantivo por desconocer el
precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia «CSJ
SL2117- 2022», relacionado con la dependencia económica exigida a los
padres para acceder a la sustitución pensional, toda vez que se exigió que el
apoyo fuera total.

Lo anterior, pese a que la jurisprudencia reiterada señala que no se requiere la
carencia absoluta de recursos. Sin embargo, la autoridad judicial accionada
concluyó erradamente que por el hecho de que el actor percibe una pensión,
continúa laborando y reside en un inmueble que pertenecía a su hijo, era
suficiente para demostrar independencia financiera, lo cual constituye una
interpretación restrictiva y equivocada de la norma.

En ese sentido, el accionante aseguró que la corporación enjuiciada se apartó
del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia3 y la Corte
Constitucional4, al concluir que el solo hecho de percibir una pensión
equivalente a un salario mínimo resultaba suficiente para garantizarle una vida
digna, pues tal razonamiento es contradictorio a la postura relativa a que la
ayuda económica no exige carencia absoluta de dinero, sino la falta de
autosuficiencia.

Igualmente, el señor Montoya López invocó la violación directa de la
Constitución, en particular, de los derechos fundamales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la dignidad
humana, junto con los principios de seguridad jurídica y favorabilidad, «al no
interpretarse la norma coma ha debido serlo, y no aplicarse dicha disposición
para juzgar la presente causa, con arreglo a la regla jurisprudencial fijada por la
Corte Constitucional».

Finalmente, se hizo mención a que el demandante actualmente tiene 74 años y
«padece múltiples enfermedades, que si bien percibe pensión por el salario
mínimo, la ayuda que [su] hijo le brindaba era indispensable para su
sostenimiento», circunstancias que flexibilizan el cumplimiento de los requisitos
previstos para la procedencia de la acción de tutela.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 13 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela y se
3
El actor hizo mención a las siguientes providencias: «CSJ SL9640–2014, CSJ SL8928–2014,
CSJ SL, 24 jul. 2007, rad. 30790, CSJ SL, 11 may. 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 mar. 2005, rad.
24141, CSJ SL, 1 feb. 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30348, y CSJ SL, 30 jul.
2007, rad. 31025, CSJ SL14923-2014».
4
Al respecto, se trajo a colación la sentencia C-111 de 2006.

3
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ordenó notificar esta decisión a la parte demandante y como demandados a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
y al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL.
Además, se vinculó al juez Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, en calidad de tercero con interés en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima

En el memorial allegado la corporación remitió el expediente digital del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) con radicado 05001-33-33-012-
2021-00307-01, sin que se hubiera realizado algún pronunciamiento en cuanto
al debate propuesto en el presente asunto.

1.5.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

En el informe rendido se efectuó un recuento de las actuaciones surtidas por
este despacho dentro del medio de control promovido por el señor Montoya
López, a partir del cual se destacó que su decisión tuvo respaldo en un análisis
de las pruebas aportadas, con pleno respeto por el debido proceso y las
garantías de las partes. No obstante, dicha providencia fue posteriormente
revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima.

Añadió que por los mismos hechos fue promovida una acción de tutela previa
por el señor Néstor Andrés Agudelo Sánchez, tramitada bajo el radicado
11001-03-15-000-2025-07869-01, dentro de la cual este despacho fue
vinculado. Dicho asunto fue resuelto en segunda instancia por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 12 de marzo de 2026.

1.5.3. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)

La entidad señaló que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, pues este mecanismo constitucional fue ejercido únicamente
porque sus pretensiones no fueron resueltas de manera favorable en el
proceso. Ello, sin tener en cuenta que el actor contó con todos los medios
judiciales de defensa, participó en cada una de las etapas procesales y tuvo
pleno acceso a la administración de justicia.

A continuación, puntualizó que no puede tomar partido en la controversia, ya
que su función se limita a cumplir y acatar las decisiones proferidas por los
jueces. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, dado que la sentencia en cuestión fue proferida conforme con el
ordenamiento jurídico y los actos administrativos de la institución gozan de
presunción de legalidad.

5
Mediante oficios enviados el 14 de abril de 2026.

4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la sala verificar si el accionante actuó de manera temeraria o si
se configuran los presupuestos de la cosa juzgada en el asunto en estudio, en
atención a que se promovió previamente una acción de tutela en la que se
plantearon las presuntas irregularidades en las que incurrió el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, con ocasión de la sentencia de la
sentencia 11 de junio de 2025 proferida en el proceso con radicado 05001-33-
33-012-2021-00307-00/01.

De superarse lo anterior, se analizará de acuerdo con los postulados
jurisprudenciales de la sección en materia de tutela contra providencias
judiciales, si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad y, si es del caso, estudiará si la mencionada autoridad judicial y
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) vulneraron los derechos
fundamentales del actor.

Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: i)
estudio de la temeridad y la cosa juzgada en el caso concreto; ii) análisis sobre
los requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados se
estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. De la temeridad y la cosa juzgada

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción».7

El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito

6
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
7
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.

5
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se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia
ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.

Es así, como en criterio de esta Sección8 la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
temerariamente se vulnera este principio, en la medida que para satisfacer un
interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una
nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las
actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al
juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las
pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas
se fundan.9

En cuanto a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa
juzgada la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales
señaló, lo siguiente:

La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada,
pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone
una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de
ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes
de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada.10

En el caso que ocupa a la sala, lo primero que resulta necesario verificar es si
el actor actuó de forma temeraria, debido a que anteriormente se promovió una
solicitud de tutela que giró en torno a los mismos hechos expuestos en esta
ocasión, la cual fue tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-07869-
01.

Según se tiene, la acción previa fue conocida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado que, en sentencia de 29 de enero de
2026, declaró la improcedencia de la tutela por falta de legitimación en la causa
por activa, toda vez que el abogado Néstor Andrés Agudelo Sánchez no allegó
el poder especial que lo facultaba para actuar en representación del señor
Montoya López, decisión que fue confirmada por la Sección Primera de esta
corporación, por medio de providencia de 12 de marzo de 2026.

8
Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-
00813-00.
9
Posición que fue adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y
T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
10
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.

6
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Al respecto, no se evidencia mala fe del señor Montoya López a efectos de
configurar la aludida figura jurídica, comoquiera que puso en conocimiento en
este trámite la existencia de la otra tutela que inició anteriormente el profesional
del derecho antes mencionado y manifestó las razones por las cuales
considera que su caso amerita un nuevo estudio, lo que permite concluir que
su intención no es la de engañar al juez constitucional.

Ahora bien, resulta necesario verificar si concurren los presupuestos exigidos
para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada en el asunto bajo
estudio, para lo cual resulta necesario revisar si existe similitud entre las
acciones de tutela presentadas, en los siguientes aspectos:

i) Identidad fáctica en relación con la acción de tutela presentada
previamente: se observa que los hechos en los que se respaldaron ambas
tutelas son idénticos, pues tuvieron origen en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Montoya López por
intermedio del abogado Néstor Andrés Agudelo Sánchez contra la la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), para controvertir el acto que le negó
el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro que percibía su
hijo fallecido.

Por esto, se controvirtió la sentencia de 11 de junio de 2025 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, en la cual se revocó la sentencia
del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que había
accedido a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas. Así
que en ambas tutelas se plantearon las siguientes pretensiones:

Acción de tutela anterior Acción de tutela actual

Con base en los hechos narrados, así Con base en los hechos narrados, así como
como en los fundamentos de en los fundamentos de constitucionales
constitucionales expresados, solicito se expresados, solicito se me TUTELEN los
TUTELE los derechos fundamentales a derechos fundamentales a la Igualdad,
la Igualdad, Debido Proceso, Seguridad Debido Proceso, Seguridad Social,
Social, Seguridad Jurídica, Seguridad Jurídica, Favorabilidad, Mínimo
Favorabilidad, Mínimo Vital, Vida Digna Vital, Vida Digna y Dignidad Humana
y Dignidad Humana consagrados en los consagrados en los artículos 13, 29, 48,
artículos 13, 29, 48, 230, 53, Art. 1 y 230, 53, Art. 1 y Preámbulo, y como
Preámbulo, y como consecuencia de consecuencia de ello, se REVOQUE o se
ello, se REVOQUE o se DEJE SIN DEJE SIN EFECTOS la decisión proferida
EFECTOS la decisión proferida por la por la Tribunal Administrativo de Antioquia,
Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia en el radicado 05001-33-33-012-
sentencia en el radicado 05001-33-33- 2021-00307-del 11 de junio de 2025, en
012-2021- 00307 del 11 de junio de cuanto decidió Revocar la sentencia de
2025, en cuanto decidió Revocar la primera instancia, y como consecuencia,
sentencia de primera instancia, y como solicito a través de esta acción de tutela que
consecuencia, solicito a través de esta sea confirmada la sentencia de primera
acción de tutela que sea confirmada la instancia del Juzgado 12 Administrativo del
sentencia de primera instancia del Circuito de Medellín del 15 de julio de 2024
Juzgado 12 Administrativo del Circuito dentro del referido radicado, misma que
de Medellín del 15 de julio de 2024 reconoció la prestación económica de
dentro del referido radicado, misma que pensión de sobrevivencia con el respectivo
reconoció la prestación económica de retroactivo pensional.
pensión de sobrevivencia con el
respectivo retroactivo pensional.

7
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ii) Identidad del demandante: se considera que no hay similitud respecto a
este punto, pues la anterior acción de tutela fue radicada por el señor Néstor
Andrés Agudelo Sánchez y en esta ocasión la promovió el señor Montoya
López en nompre propio.

iii) Identidad del sujeto accionado: si bien esta solicitud constitucional se
dirigió formalmente contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima, y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), mientras que la
tutela objeto de comparación únicamente contra la autoridad judicial
mencionada, en realidad existe coincidencia en ambos casos, dado que las
pretensiones se dirigen exclusivamente contra dicho tribunal.

Adicionalmente, se advierte que el señor Montoya López tiene un motivo que
justifica su proceder en el asunto de la referencia, teniendo en cuenta que en el
anterior trámite no se abordó el estudio de la discusión planteada tras no
encontrarse acreditado el cumplimiento del presupuesto de la legitimación en
la causa por activa.

Ello, obedeció a que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
advirtió que no se aportó con el escrito de la tutela el poder especial que
facultaba al abogado Néstor Andrés Agudelo Sánchez para actuar en
representación del señor Montoya López y, aunque esto se hizo en la
impugnación, la Sección Primera de esta corporación consideró que se allegó
dicho documento de manera extemporánea11 en la providencia de 12 de marzo
de 2026.

En este orden de ideas, se advierte que en el presente asunto no se configura
la cosa juzgada, toda vez que en las sentencias proferidas en la acción de
tutela previamente promovida no se efectuó un análisis frente a las
pretensiones dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima. Así que resulta dable que el señor Montoya López haya acudido a
este mecanismo constitucional, en aras de procurar la protección de sus
derechos fundamentales.

En tales condiciones, se procederá a verificar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia
constitucional para su estudio contra decisiones judiciales.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones

11
Al respecto, se indicó: «(...) comoquiera que el poder que faculta al señor AGUDELO
SÁNCHEZ para actuar como apoderado judicial del ciudadano MONTOYA LÓPEZ fue allegado
de manera extemporánea, la Sala no tendrá en cuenta tal documento (...) ».
12
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8
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que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. Según se tiene, el señor Montoya López ejerció la acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima y la Caja de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02510-00

Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), pues en su criterio, vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social,
al mínimo vital, a la vida digna y a la dignidad humana, junto con los principios
de seguridad jurídica y favorabilidad; razón por la que se efectuará un análisis
respecto a cada una de las autoridades accionadas.

2.4.1.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En criterio de la sala, este presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela
no se cumple en lo concerniente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL), por cuanto el actor se limitó a identificarlo como una de los
demandadas en el presente asunto, sin formular una pretensión respecto a
dicha entidad, ni exponer algún cuestionamiento en particular que permita
realizar un pronunciamiento en esta instancia constitucional.

De modo que, el accionante no cumplió con la carga iusfundamental requerida
para superar el requisito en estudio, pues no bastaba con atribuirle a dicha
entidad la presunta transgresión de sus garantías fundamentales invocadas,
sino que era necesario que propusiera reproches que permitieran evidenciar, a
priori, que incurrió en alguna actuación u omisión susceptible de ser
reprochada por el juez de tutela.

En consecuencia, se declarará improcedente la tutela en lo que atañe a dicha
institución en atención a que el tutelante no presentó algún cuestionamiento

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que tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución o
determinar el alcance de un derecho fundamental, que amerite la intervención
del juez constitucional.

2.4.1.2. Ahora bien, esta acción fue estatuida por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y
eficaz.13

De ahí que el requisito de inmediatez exija que la tutela se presente tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término
prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Es así, como esta sección consideró como plazo prudencial el de seis (6)
meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el
día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada–
que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y
cuando este es excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.14

En el presente caso, el actor considera que sus derechos fundamentales
también fueron vulnerados con ocasión de la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) con radicado 05001-33-33-012-2021-
00307-00/01.

De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso incoado por el señor
Montoya López, se constató que la sentencia cuestionada se profirió el 11 de
junio de 2025, decisión que fue notificada el 13 de junio de ese mismo año por
correo electrónico y quedó ejecutoriada el 20 de junio de 2025, mientras que el
accionante presentó la solicitud de tutela el 27 de marzo de 2026, es decir,

13
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
14
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.

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transcurridos nueve meses.

Esto quiere decir que no se cumple el presupuesto de procedibilidad objeto de
análisis, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir
al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir
que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Ahora, si bien el señor Montoya López argumentó que tiene 74 años y «padece
múltiples enfermedades», lo cierto es que no se evidencia que se encuentre en
algún escenario que lo ubique realmente en estado de especial vulnerabilidad,
de tal manera que sea viable flexibilizar este requisito.

Esto es así, por cuanto al revisar el material probatorio obrante en el
expediente se constató que, si bien el accionante pertenece al grupo de los
adultos mayores, al contar con más de 60 años de edad15, dicha circunstancia,
por sí sola, no resulta suficiente para justificar la presentación extemporánea
de la acción de tutela. Además, se constató con la historia clínica aportada que
el actor no presenta algún tipo de discapacidad16, ni limitación funcional.

Así las cosas, la sala advierte que no se acreditó la existencia de una condición
de especial vulnerabilidad que hubiese impedido al accionante el ejercicio
oportuno del mecanismo constitucional, así como que las patologías que tiene
hayan afectado de manera tal su capacidad para acudir de manera directa y
oportuna a este mecanismo constitucional.

En consecuencia, no hay alguna explicación válida para el ejercicio de la
acción constitucional por fuera del tiempo razonable señalado por la
corporación para controvertir la providencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima que, en criterio del actor, transgredió sus derechos
fundamentales, así que se declarará la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
William de Jesús Montoya López.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

15
Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-109 de 2022 que: «“Un adulto
mayor es aquel que cuenta con sesenta (60) años de edad o más y, excepcionalmente, a la
persona ‘mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo
determinen’, a efectos de acceder a determinados programas sociales”».
16
Según la información contenida en la historia clínica del actor, así: «Tipo Discapacidad:
NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA».

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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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