Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07887-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07887-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07887-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
16 de abril de 2026
Demandantes: Clara Ninfa Osorio Mesa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07887-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07887-01
Demandantes: CLARA NINFA OSORIO MESA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
TERCERA DE ORALIDAD
Temas: Tutela contra la providencia judicial – valoración flexible de la
prueba en el medio de control de reparación directa por
ejecución extrajudicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la sala la impugnación presentada por los accionantes contra la
sentencia de primera instancia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 10 de diciembre de 2025 los señores Clara Ninfa Osorio Mesa, Katherine
Sánchez Borda, Sharon Michell Osorio Sánchez, Giselle Alejandra Osorio
Sánchez, Luis Alejandro Castelblanco Osorio y Jhon Freddy Castelblanco
Osorio, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, con el
objetivo de solicitar la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la reparación integral, a la integridad personal y a la
verdad.
Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia
del 21 agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada mediante la
cual revocó la providencia del 2 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en cuanto declaró probada la
excepción de caducidad y confirmó la negativa de las pretensiones en el proceso
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Demandantes: Clara Ninfa Osorio Mesa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad
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de reparación directa con radicado 05001-33-33-030-2015-01050-00/01.
1.2. Petición de amparo constitucional
Con esta acción, la parte actora solicitó:
PRIMERA: Se amparen los derechos fundamentales en favor de las accionantes
al acceso a la justicia, reparación integral, integridad personal, derecho a la
verdad contenidos en la Constitución Nacional y en la Convención Americana
sobre DD.HH.
SERGUNDA: Que, en consecuencia,
i) Se ordene revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Tercera de Oralidad el 21 de agosto 2025, notificada el
26 agosto 2025 dentro del medio de control de Reparación Directa con
radicado 05001333303020150105001, respecto de su punto resolutivo
segundo que confirma negación de pretensiones de la demanda bajo el
argumento de incumplimiento de carga de la prueba por la parte
demandante, lo anterior según lo expresado en la presente acción de
tutela.
ii) Se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Oralidad en el asunto de la referencia, que emita una nueva sentencia
que declare que según la prueba del proceso y su interpretación
constitucional, los hechos demandados determinan una desaparición
forzada de personas que aún no ha cesado inscrita en el plan criminal de
los falsos positivos.1
1.3. Hechos
De la narración realizada por la parte actora y la sentencia cuestionada, se
extraen los siguientes eventos relevantes:
En el año 2007 el señor Gustavo Adolfo Osorio Mesa2 fue contactado por “un
conocido suyo” del Ejército Nacional para ofrecerle una oportunidad laboral en el
municipio de Anorí – Antioquia para realizar reparaciones eléctricas en varias
bases militares ubicadas en ese municipio. Así, el 6 de junio de 2007 el señor
Osorio Mesa viajó hacia ese municipio con el propósito mencionado.
Los accionantes señalaron que el 7 de junio de 2007 el señor Gustavo Osorio
Mesa se dirigió al lugar indicado y desde ese momento se perdió todo contacto
con este. Además, que el 8 de junio de 2007 fue entregado en estado de
indefensión a miembros del Batallón Bomboná del Ejército Nacional, quienes lo
1 Transcripción literal que puede contener errores.
2 Hijo de la señora Clara Ninfa Osorio Mesa, compañero permanente de Katherine Sánchez
Borda, padre de Sharon Michell Osorio Sánchez y Giselle Alejandra Osorio Sánchez; y hermano
de Luis Alejandro Castelblanco Osorio y Jhon Freddy Castelblanco Osorio.
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ejecutaron extrajudicialmente y posteriormente fue reportado como NN.
Expusieron que en el año 2013 la Fiscalía 74 Especializada de Derechos
Humanos le notificó la muerte de Gustavo Osorio Mesa a su familia y que para
esa fecha “no había sido posible ubicar su cuerpo3”.
Refirieron que esa fiscalía certificó que la muerte de Gustavo Osorio Mesa hizo
parte de una práctica sistemática del Batallón Bomboná y lo calificó como un
“falso positivo”.
Como consecuencia de los anteriores hechos, el 23 de septiembre de 2015 el
grupo familiar del señor Gustavo Osorio Mesa presentó demanda de reparación
directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la cual
correspondió en primera instancia al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, que en fallo del 2 de agosto de 2019 declaró probadas las
excepciones de inexistencia de la obligación y caducidad. En consecuencia negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en que la parte demandante no
demostró plenamente que los hechos que generaron la muerte del señor Osorio
Mesa fueran consecuencia del Ejército Nacional o se hubiese tratado de un “falso
positivo”.
Respecto a la caducidad, el juzgado refirió que el 26 de marzo de 2013 los
familiares de la víctima conocieron de los hechos, por lo que en principio tenían
hasta el 27 de marzo de 2015 para interponer la demanda. La conciliación
prejudicial se radicó el 24 de noviembre de 2014 ante los Agentes del Ministerio
Público. El acta de conciliación se expidió el 14 de enero de 2015, la demanda
se radicó el 23 de septiembre de 2015 y los términos vencieron el 16 de mayo de
2015.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Señalaron que el juzgado desconoció el delito de desaparición forzada y sus
consecuencias sobre el término de caducidad. Resaltaron que, en la desaparición
forzada, el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que aparezca
la víctima y en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal. Refirieron que no se aplicó el principio de flexibilización probatoria
y los principios pro homine y onus probandi.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 21 de agosto de
2025 revocó parcialmente la sentencia impugnada en cuanto declaró la
caducidad4 del medio de control de reparación directa y confirmó en lo demás.
3 Contrario a lo manifestado por los accionantes se advierte que sí existe cuerpo según se
desprende del dictamen médico legal de necropsia con radicado 2007-090 realizado por la E.S.E.
Hospital San Juan de Dios del municipio de Anorí el 9 de junio de 2007 en el que se dejó
constancia de las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo de un NN, pero que
presuntamente correspondía a Gustavo Osorio Mesa, así como la inspección técnica del cadáver;
pruebas que fueron aportadas al plenario y que no fueron controvertidas por las partes. Fl. 93 a
95; 139 expediente ordinario.
4 Consideró que la presentación de la demanda era oportuna porque para la fecha de
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Sostuvo que no existe prueba alguna que vincule al señor Gustavo Adolfo Osorio
Mesa con el Ejército Nacional, porque no se probó que este se encontrara en el
municipio de Anorí como consecuencia de la invitación de un amigo soldado que
lo llevó a trabajar a dicho municipio. Además, señaló que la parte demandante
no demostró que la muerte del señor Osorio Mesa correspondió a un “falso
positivo” del Ejército Nacional.
Finalmente, afirmó que, si bien es cierto, el Ejército Nacional ocasionó la muerte
del señor Gustavo Adolfo Osorio Mesa, también lo es que fue en ejercicio de la
función de preservar el orden público, pues ante el llamado de alto por parte de
uno de los soldados, quienes estaban prestando un servicio de seguridad, fueron
atacados con armas.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante indicó que el tribunal interpretó las pruebas a su acomodo,
de manera descontextualizada y anacrónica, privilegiando la versión militar sobre
cualquier otro medio de prueba. Además, omitió deliberadamente valorar la
prueba que indicaba con suficiencia que la desaparición y ejecución extrajudicial
de Gustavo Adolfo Osorio Mesa se inscribía en el plan criminal de los falsos
positivos.
En ese sentido, sostuvieron que se configura el defecto relativo a
desconocimiento del precedente y defecto fáctico. En cuanto al primero de ellos,
mencionaron que en un primer momento el estándar de valoración de la prueba
escogido por el fallador del daño fue errado al exigir una carga probatoria altísima
y exorbitante, desconociendo la unificación de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que ordena que en materia de graves violaciones a los
derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, la interpretación de la
prueba atiende al principio de la “flexibilización”, estándar que además se
compadece con el precedente interamericano.
Los actores consideran que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes
defectos:
1.4.1. Desconocimiento del precedente respecto de la “Flexibilización
probatoria”
Señalaron que el precedente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional
y de la Corte Interamericana de DD.HH. es pacifico al indicar que, en casos de
graves violaciones a los derechos humanos, como lo son los “falsos positivos”, el
estándar de interpretación de la prueba que debe aplicar el fallador del daño es
el de la “flexibilización”. Al respecto mencionó la SU del 28 de agosto de 2014
presentación de la demanda (2015), no se había expedido la sentencia de la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020.
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proferida por el Consejo de Estado y las SU-287-24, SU-035 de 2018, SU-062 de
2018, SU-060 de 2021, SU-016 de 2024 y SU-287 de 2024 dictadas por la Corte
Constitucional y el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras conocido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Consideraron que el desconocimiento de los precedentes citados, procede en la
medida en que: (i) Se trata de situaciones fácticas análogas donde se reprocha
que las sentencias de cierre de reparación directa no aplicaron el estándar de la
flexibilización probatoria para casos de falsos positivos; (ii) existe una natural
similitud de los problemas jurídicos que deben ser abordados; y, (iii) existe una
regla de decisión relevante para el nuevo caso y es que precisamente por tratarse
de un caso de falso positivo la prueba debe interpretarse de manera flexible.
1.4.2. Defecto fáctico por interpretación caprichosa y arbitraria de la prueba
Señaló que el tribunal valoró incorrectamente las pruebas, en tanto lo hizo
únicamente con 3 de ellas a saber: (i) La versión militar sobre presencia de la
unidad militar en el lugar de los hechos por la evacuación de un soldado herido;
(ii) El arma “incautada era apta”; y, (iii) La declaración de la señora Diana Marcela
Carvajal que “no vinculó al señor Gustavo Adolfo Osorio Mesa con el ejército
nacional”. Pasaron a desarrollar dichos argumentos de la siguiente manera:
(i) “La versión militar”. Declaraciones de los militares que participaron en los
hechos, quienes afirmaron que estaban en el lugar prestando seguridad a un
soldado herido por mina. Se otorgó plena credibilidad al testimonio de los
militares implicados, llegando a la conclusión que el combate no fue falso porque
los uniformados declararon que estaban en el lugar de los hechos prestando
seguridad a un soldado herido. Justificar la legalidad del combate bajo esa
consideración obedece a una interpretación grosera, incompleta y sesgada de la
prueba.
Deliberadamente se omitió valorar las siguientes contradicciones que se
desprenden de la versión militar:
• “La versión militar sobre su presencia en el lugar de los hechos es falsa,
no coincide con el reporte de accidente en mina consignado por el Ejército”. El
reporte de un soldado herido en el campo minado es contradictorio pues según
anexo de Inteligencia del Batallón de infantería No. 42, fue el 9 de junio de 2007
cuando en el sector “Lomitas” de Anorí se reportó un accidente con mina sufrido
por un soldado, pero según lo consignado por el comandante Nares en el informe
de patrullaje, desde el 8 de junio la tropa militar inició movimientos “por motivos
de desplazamiento de la ambulancia que transportaba a un soldado profesional
afectado por acción de un campo minado”. Entonces, Según esa versión, la tropa
inicio el desplazamiento para prestar seguridad a un soldado herido, cuando este
accidente aún no había sucedido.
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Asimismo, se repite la contradicción en la narración de los hechos del informe de
Policía judicial, en el que se indicó que a las 22 horas del 8 de junio de 2007 inició
el desplazamiento de la unidad militar “para poder trasladar a un soldado que
horas antes había caído en un campo minado”, lo que no coincide con la
declaración entregada por el comandante Nares a la Fiscalía, donde dijo que: “se
recibe orden de operaciones con el objetivo de prestar seguridad a la evacuación
de un soldado que el día 08 de junio a las 8:00 de la noche cayó en un campo
minado”.
• “La versión militar no coincide con la prueba técnica sobre el momento en
que se dio muerte a la víctima”. Según el informe de patrullaje del comandante
Nares, a las 5:40 del 9 de junio 2007 se tuvo el “combate de encuentro” que arrojó
el “positivo operacional”, lo cual se ratifica en otros documentos y declaraciones;
sin embargo, la prueba técnica dice que la víctima ya había muerto entre las 4:30
p.m. del 8 de junio y las 4:30 am del 9 de junio, es decir, que Gustavo Osorio
Mesa ya había sido asesinado antes del supuesto combate.
• “Los militares mienten a tal punto de que su comandante en cuestión de
días sostiene no haber participado del combate con disparos, pero luego dice sí
haberlo hecho”. El 22 de junio de 2007 –transcurridos tan solo 13 días desde la
ocurrencia de los hechos– en testimonio rendido para el proceso disciplinario, el
comandante Nares al ser cuestionado por si hizo uso de su arma de dotación
respondió con un tajante “NO”. Sin embargo, un par de semanas después, el 3
de julio de 2007, ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar al ser preguntado
por la misma cuestión manifestó que “SÍ” hizo uso de su arma de dotación y gastó
10 cartuchos.
• “Tampoco es coherente la versión militar respecto de la presencia de
autoridades en el lugar de los hechos a efectos de recoger el cadáver”. La
evidencia indica que como acto de ocultamiento los militares rompieron la cadena
de custodia y recogieron el cuerpo impidiendo que lo hicieran las autoridades
competentes. Así se anotó en la diligencia de actuación del primer respondiente
de policía judicial: “el occiso fue movido por las Unidades Militares para
trasladarlo a la morgue del municipio”. En ese mismo sentido el militar Gentil
Paloma Suaza testificó que para efectos del levantamiento del cadáver
informaron a la Policía pero “estos no quisieron ir”. Sin embargo, para el militar
Jhon Freddy Vargas, que declaró haber participado en los hechos y usado su
arma de dotación, al ser preguntado por la misma cuestión, testificó: “Sí, fue la
Policía”.
• “Los militares se contradicen en asuntos tan cruciales como la existencia
de un “segundo ataque” por parte de los “bandidos” después de haber encontrado
el cuerpo”. Según la versión sostenida por el comandante Nares, el desarrollo del
combate se dio cuando “el puntero fue hostigado … por lo que se reaccionó y
hubo un intercambio de disparos como de tres a cuatro minutos, hubo una
pequeña persecución por unos trillos, en eso se encontró el cuerpo sin vida de
un sujeto alzado en armas … se ordenó dejar quieto el cuerpo, y se procedió a
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informar al puesto de mando adelantado … y autorizaron el desplazamiento del
cuerpo … una vez se llegó al pueblo, la Policía realizó el levantamiento.”
En sentido similar lo relató en el informe de patrullaje, donde se da por sentado
que luego de encontrar el cuerpo, no hubo ningún tipo de contacto armado. Pero
el militar Gentil Paloma Suaza informó que luego del hostigamiento inicial tuvo
que utilizar una granada porque a los 15 minutos de haber encontrado el cuerpo,
nuevamente fueron atacados con disparos, esto lo declaró al preguntársele por
el tipo del armas que utilizó: “la granada de mano yo la disparé porque me dio
órdenes mi sargento después de que encontramos el muerto, la lancé hacia abajo
hacia un hueco porque de allá como a los 15 minutos después nos hacían unos
disparos, y como no se veía nada, mi sargento me dio la orden de lanzar una
granada hacía allá abajo”.
Incluso este militar, a diferencia de Nares, no habló de ningún tipo de
persecución: “ellos estaban disparando a nosotros primero y nosotros
reaccionamos hacia ese sector con fuego también, como eso es puro monte,
maraña, ellos se nos metieron hacia esa maraña, no teníamos visibilidad de nada,
solamente escuchábamos los disparos que ellos nos disparaban, nosotros
esperamos ordenes de mi S.S. Nares, él reportó que estábamos en combate,
esperamos aproximadamente unos 15 minutos, hicimos el registro hacia el
sector, encontramos huellas … un cadáver el cual tenía un chaleco”.
• “La versión militar es contradictoria sobre la distancia en la que se
encontraban los “subversivos” que los atacaron”. El comandante Nares, en
declaración del 22 de junio de 2007 relató haber sostenido un combate a media
o larga distancia. Al ser preguntado: “qué distancia había entre la Tropa y los
bandidos” contestó que de 50 a 100 metros. Pero en declaración del 3 de julio de
2007, relató que sostuvo un combate a corta distancia, donde sobrevivir fue todo
un milagro: “Preguntado: a qué distancia se encontraban los sujetos que
dispararon a la tropa … Contestó: Ellos venían saliendo como por un camino real,
del puntero por ahí a 10 metros, casi lo joden al pelado”.
• “La versión militar sobre las prendas de vestir del cuerpo no coincide con
las prendas de vestir descritas en el acta de inspección al cadáver”. Respecto del
hallazgo del cuerpo, este fue descrito por el soldado Paloma Suaza de la
siguiente manera: “encontramos un cadáver el cual tenía un chaleco, estaba
vestido de civil, botas de caucho.” Sin embargo, en la diligencia de inspección
con autoridad judicial el cuerpo fue descrito con unas prendas de vestir muy
diferentes: “Una camiseta amarilla marca Crossigen talla L, 01 sudadera gris sin
marca, un par de medias con rayas blancas.” Sorprendentemente el cadáver no
tenía un chaleco si no una camiseta y más sorprendente aún es que solo tenía
medias, pero no botas.
• “Contrario a la versión militar, no existió orden de Operaciones consistente
en prestar seguridad para la evacuación de un soldado herido por mina”. La
misión inscrita en la ORDOP fue: “infiltración, búsqueda y provocación “bandidos”
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de las FARC, ELN y BANDAS CRIMINALES”; orden que contradice la versión
militar en la que se adujo que la misión justificaba su presencia en el lugar de los
hechos para prestar seguridad a un soldado herido. Además, la orden de
operaciones Espartaco, Misión Táctica: JERIFE no reseñó el sitio El Violín –
Vereda Villa Fátima –donde ocurrieron los hechos– como un lugar a efecto de
cumplir la misión de “búsqueda y provocación”, sino que mencionó otros lugares
del municipio de Anorí.
De otra parte, la ORDOP señaló que la unidad al mando del sargento Nares
estaría compuesta por soldados campesinos, pero al revisar el expediente penal
se encuentra que se seleccionaron 4 soldados profesionales, asunto que termina
por ser más contradictorio si se tiene en cuenta que la misma ORDOP señaló la
presencia en el territorio de entre 30 y 40 bandidos, y tan solo se desplazaron 5
militares (incluyendo a Nares).
1.4.3. Interpretación debida o flexible de la versión militar
Los accionantes consideran que en la argumentación ofrecida por la sentencia
del tribunal no se acudió ni aplicó ninguna regla de flexibilidad, únicamente se
evidenció una interpretación grosera, acomodada e incompleta de la prueba
testimonial de los militares implicados en los hechos. En su lugar consideraron
que las pruebas se debieron analizar de manera flexible así:
• Inferencias lógicas surgidas de la prueba testimonial de los militares. La
no coincidencia temporal de la ocurrencia e información sobre el accidente
ocurrido con una mina a un soldado, frente al desplazamiento y presencia de la
tropa en el lugar de los hechos indica que los militares utilizaron dicho accidente
para dar un tinte de legalidad a los hechos, pero estaban allí era para hacer un
“falso positivo”.
Además, la no coincidencia temporal del momento en que los militares dijeron
haber “logrado la baja” con la prueba técnica sobre el momento en que se dio
muerte a la víctima indica que cuando los militares informaron haber entrado en
combate y haber logrado un “positivo operacional”, ya en realidad habían
asesinado a la víctima previamente y estaban desarrollando la pantomima propia
de la legalización del falso positivo.
Las contradicciones las sintetizan de la siguiente manera: i) el hecho de haber
disparado o no el comandante Nares en el combate; ii) la presencia o no de
autoridades en el lugar de los hechos a efecto de recoger el cadáver; iii)
existencia de un segundo ataque por parte de los “bandidos” después de haber
encontrado el cuerpo; iv) la distancia en la que se encontraban los “subversivos”
que los atacaron; v) la no coincidencia de la versión militar sobre las prendas de
vestir del cuerpo; y, vi) la inexistencia de una orden de operaciones consistente
en prestar seguridad para la evacuación de un soldado herido por mina.
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Las anteriores contradicciones indican que, en ejecución del patrón de
ocultamiento propio del plan criminal de los “falsos positivos”, los militares
planificaron un discurso en el que acordaron las generalidades de los testimonios
encaminados a encubrir, pero fueron vencidos por la retórica misma. Lo
expuesto, además indica que los militares alteraron información de documentos
oficiales para respaldar un combate inexistente.
Argumentaron que según las SU-287 y 484 de 2024, al momento de analizarse
el estándar interpretativo de los “falsos positivos”, la Sala Plena de la Corte
Constitucional destacó que estos contaban con diferentes grados de sofisticación
para encubrir la verdad, ocultamiento que por supuesto incluye una versión militar
genérica y acomodada.
A su juicio, el tribunal debió acudir a la carga dinámica de la prueba. Para el
efecto señalaron que la sentencia tutelada no distribuyó dicha carga, sino que dio
plena credibilidad a un par de declaraciones de los militares –que en realidad
fueron contradictorias–, lo cual dio lugar a concluir con simpleza que: “la parte
demandante no cumplió con la carga de la prueba”.
Consideraron que la no coincidencia temporal del momento en que los militares
dijeron haber “logrado la baja” con la prueba técnica sobre el momento en que se
dio muerte a la víctima le permitía al tribunal exigirle al Ejército que demostrara
que la víctima había sido asesinada dentro del lapso declarado por los militares
y que demostrara un error en el dictamen pericial que señaló que la víctima había
sido asesinada antes del combate relatado por los militares.
Además, la inexistencia de una orden de operaciones consistente en prestar
seguridad para la evacuación de un soldado herido por mina facultaba al tribunal
a exigirle a la entidad demanda que demostrara la existencia de una orden o
mandato concreto a la tropa implicada en los hechos de prestar seguridad para
la evacuación de un soldado herido por mina, pero por el contrario, la sentencia
objeto de tutela dio una credibilidad exclusiva al testimonio militar y dejó de lado
que la Operación Espartaco –con la que los militares intentaron legitimar los
hechos– no estableció dicha misión de seguridad y que el reporte de un supuesto
soldado herido por mina, se dio con posterioridad de los hechos.
(ii) “El arma era apta (pero no su munición), por lo que hubo combate”. El
informe de balística sobre el funcionamiento de arma de fuego y munición
realizado al material supuestamente incautado en los hechos objeto de litigio
arrojó que el arma era apta, pero que más de una cuarta parte de la munición
incautada (47 vainillas), no eran aptas para ser disparadas. El tribunal tutelado
no tuvo en cuenta que de ese mismo medio de prueba se desprende que si bien
el arma incauta era apta para producir disparos, gran parte de la munición no lo
era por lo que sostener un combate en esas circunstancias es absurdo. Además
“arrojar” un arma y munición como material incautado, era parte esencial dentro
del sofisticado plan de ocultamiento de los “falsos positivos”. Al realizar una
interpretación debida de la prueba se tiene que:
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• El solo hecho de que el estudio de la munición (178 en total), arroje 131
como munición buena y 47 como munición mala y no apta para ser disparada,
indica desde la lógica y el patrón criminal de los falsos positivos, que se trató de
munición arrimada por los militares para consolidar el ocultamiento.
• El hecho de que más de una cuarta parte de la munición no pudiera
dispararse por estar física y a la vista mala, además indica que por cada 3 o 4
disparos que la víctima pudiera hacer, iba a encontrar una bala mala, situación
de ocurrencia instantánea en disparos a ráfaga, y bajo la cual es imposible
sostener un combate.
• La evidencia de la munición mala, junto al hecho de que los militares
rompieron la cadena de custodia y manipularon el cuerpo y el lugar de los hechos,
indica que se trató de munición arrimada por los militares para “legalizar” los
hechos.
• El pésimo estado de conservación del arma incautada, indica bajo
inferencias lógicas, nuevamente que esa arma no era usada por la víctima de
ninguna manera, pues es improbable que un “peligroso bandido del ELN” salga
a patrullar” y, dispuesto a entrar en combate, siendo el arma su medio de vida,
precisamente con un arma tan extremadamente deteriorada, que en cualquier
momento dejará de funcionar.
• No hay ninguna evidencia de que la víctima en efecto disparó esa arma,
sin que el Ejército haya asumido la carga de probar dicha situación.
(iii) El testimonio de Diana Marcela Carvajal. Esta declaración rendida en
audiencia de pruebas del proceso de reparación directa, según la sentencia
censurada, no vinculó al Ejército Nacional con el señor Gustavo Adolfo Osorio
Mesa por no probar que se encontraba en el municipio de Anorí como
consecuencia de la invitación de un amigo soldado. Esta interpretación probatoria
fue indebida porque el hecho de que a la señora Diana Marcela no le constara
quién realizó una llamada a Gustavo Adolfo para un trabajo no reportado, no
indica la “legalidad de los hechos”. Pero además dicha interpretación fue aislada
e inconexa con la prueba del proceso que sí indica el delito y con el contexto de
los patrones criminales inscritos en el plan de los “falsos positivos”. Más grave
aún, esa prueba testimonial fue interpretada de manera deliberadamente
fragmentada, sacando de la órbita valorativa los elementos de esa declaración
que indican la comisión del delito analizado.
Manifestaron que una interpretación flexible de la declaración de la señora Diana
Marcela Carvajal respecto de las condiciones civiles y personales de Gustavo
Osorio, permite concluir que son indicios e inferencias razonables del “falso
positivo”, por cuanto la víctima tenía una labor determinada y rutinaria como
técnico en el mantenimiento de electrodomésticos, completamente incompatible
con “la subversión”, incluso subyacen indicios sobre el reclutamiento. Desde una
interpretación debida de la prueba se puede concluir que Gustavo Adolfo Osorio:
i) era una persona trabajadora, tenía un trabajo estable como técnico en la
reparación de electrodomésticos; ii) tenía un arraigo y domicilio definido en la
ciudad de Medellín; iii) llevaba una vida laboral y familiar rutinaria y definida como
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población civil; iv) fue visto momentos antes de su desaparición; y, v) recibió una
llamada sospechosa, la cual podría relacionarse con el patrón de “reclutamiento”.
(iv) Otros Medios de Prueba e indicios no valorados en la sentencia
• Constancias de la Fiscalía sobre la adecuación de los hechos en el plan
criminal de los “falsos positivos” y sobre las múltiples investigaciones sobre
“falsos positivos” perpetrados por el Batallón Bomboná que dan cuenta del plan
criminal, su sistematicidad y generalidad.
• Testimonio practicado por despacho comisorio que ratificó la condición de
población civil del señor Gustavo Adolfo Osorio.
• Otros indicios, inferencias lógicas y prueba contextual que comprueban el
“falso positivo”: i) Los militares adujeron haber dado de baja a un guerrillero del
ELN sin la más mínima prueba de ello; ii) El cuerpo de la víctima apareció vestido
de civil y sin botas y no con prendas de combate; iii) Gustavo Adolfo Osorio no
tenía ningún tipo de antecedente penal, tenía la condición de no combatiente; iv)
Gustavo Osorio no tenía arraigo en Anorí, no frecuentaba esa zona; v) Los
militares implicados en su asesinato y desaparición eran parte del plan criminal y
participaron en la perpetración de otros “falsos positivos”; vi) Los militares
manipularon la escena del crimen como parte de su ocultamiento y para disfrazar
los hechos de “combate real”; vii) No existe evidencia de munición detonada por
parte de Gustavo Osorio; viii) Se emitieron documentos oficiales al azar,
únicamente para legalizar un combate inexistente; ix) Las circunstancias que
rodena los hechos encajan con exactitud en el plan criminal de los falsos
positivos.
Finalmente, concluyeron que el Tribunal accionado impuso una carga probatoria
altísima e insensata, dejó de valorar pruebas determinantes en el asunto o la
valoración ofrecida fue completamente lejana a la realidad o la racionalidad.
Estas circunstancias concretan una evidente vulneración al derecho de acceso a
la administración de justicia, en concreto puesto que la valoración probatoria
ofrecida por el tribunal accionado fue una barrera en el ejercicio del derecho en
mención por parte de las víctimas. Asimismo, se vulneró sus derechos a la
reparación integral pues les impide arbitrariamente compensar el daño
antijurídico padecido que surge de la comisión de un delito de lesa humanidad.
También se vulneró su derecho a la integridad personal pues el accionar judicial
nuevamente los somete a situación de sufrimiento y zozobra, esta vez negando
justicia, manchando el buen nombre de la víctima y reforzando la idea de una
condición criminal inexistente y a la verdad por la negación de los hechos y el
apoyo a su ocultamiento mediante el aparato judicial del Estado.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 15 de diciembre de 2025, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar como parte accionada al
Tribunal Administrativo de Antioquia. A su vez, dispuso la vinculación de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
La autoridad accionada manifestó oponerse a las pretensiones de la demanda
con fundamento en que la sentencia cuestionada analizó todas las pruebas
aportadas al proceso, concluyendo que el caso del señor Gustavo Adolfo Osorio
Mesa no correspondía a una ejecución extrajudicial. Por otra parte, remitió copia
de la providencia enjuiciada y link del expediente.
1.6.2. Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
Remitió link del expediente de Samai. Sin embargo, no se pronunció frente a los
hechos ni pretensiones de la tutela.
1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional
Guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional
pues la acción de tutela se utilizó como una instancia adicional o un mecanismo
alternativo para controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural de la
causa.
Al respecto, señaló que de la lectura integral de la sentencia cuestionada se
advierte que el tribunal, al analizar las pruebas decretadas y recaudadas dentro
del medio de control de reparación directa realizó un ejercicio de valoración
razonado y motivado, a partir del cual concluyó que no se encontraba acreditada
la responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte del señor Gustavo Adolfo
Osorio Mesa.
1.8. Impugnación
Los accionantes solicitaron que se revoque el fallo de primera instancia, para que,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo. Indicaron
que la decisión es antitécnica pues si bien declaró la improcedencia de la tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, sin realizar un estudio
de fondo del caso, asumió que el tribunal accionado, al analizar las pruebas
decretadas y recaudadas dentro del medio de control de reparación directa,
realizó un ejercicio de valoración razonado y motivado.
Manifestaron que la tutela fundamentó con solvencia cómo la sentencia objeto de
tutela se desarrolló en un estándar probatorio errado y bajo un criterio
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descontextualizado que desatiende la gravedad y naturaleza de los hechos,
dejando de lado la obligación constitucional de flexibilización al analizar las
pruebas.
Señalaron que en el presente caso no se busca reabrir un debate legal pues no
se trata de incorporar pruebas, controvertirlas o reemplazar la etapa probatoria
ordinaria. Lo que se pretende es que el caso sea evaluado dentro de la órbita
constitucional que se le exige, es decir, en aplicación del estándar constitucional
de la flexibilización probatoria, por tratarse de un caso de desaparición forzada
dentro del plan criminal de los falsos positivos.
En la tutela no se acude a problemas simplemente legales, formales o de mera
interpretación, todo el alegato constitucional se dirige a hacer efectiva la
protección del acceso a la justicia ante la aplicación de un estándar de prueba
que no le era exigible al caso –prueba plena del falso positivo y no interpretación
flexible–, y que trajo como consecuencia que las víctimas fueran revictimizadas
e impedidas del ejercicio del acceso a la justicia y la reparación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 12 de febrero de 2026, proferido por la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de
1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 21 de agosto de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad
que negó las pretensiones de la demanda incurrió en defecto fáctico y/o
desconocimiento del precedente debido a (i) la no aplicación del precedente
relativo al estándar probatorio aplicable en casos de ejecuciones extrajudiciales
y, en consecuencia (ii) una indebida valoración probatoria.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos
fáctico y de violación del precedente invocados; y (iv) el análisis del caso
concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. M.P: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Sentencia SU-573 de 2019.
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referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”11
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”12 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal15. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos16 en los que incurrió la decisión atacada.
Ahora bien, en el presente caso se tiene que la controversia es de eminente
relevancia constitucional, puesto que se encuentra en discusión la posible
afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
comoquiera que se discute el desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado respecto del estándar especialmente fijado
para la valoración probatoria cuando la demanda se sustenta en la alegación de
ejecuciones extrajudiciales. Además, no se busca reabrir el debate dado en
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
16 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
15
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instancias, sino que se reprocha la valoración probatoria efectuada por el juez
contencioso administrativo y el impacto que en ella tuvo la no consideración de
las reglas en la materia fijadas por la jurisprudencia. Más allá de pretender una
nueva valoración del expediente, lo que los accionantes buscan es que los
diferentes medios de prueba sean considerados a partir de las reglas
establecidas en la jurisprudencia
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censuran los
accionantes fue proferida en el marco de un proceso de reparación directa.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 21 de agosto de 2025 y la tutela se presentó el 10 de diciembre
de 2025. Por lo que, sin necesidad de contar la ejecutoria, es claro que el
mecanismo de amparo se presentó de manera oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 17, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200518,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que la acción de tutela se
dirigió contra una sentencia de segunda instancia mediante la cual concluyó el
proceso judicial. Además, no se encuentra acreditada ninguna de las causales
previstas en el artículo 308 del CPACA para acudir al recurso extraordinario de
revisión19. Especialmente, ninguna de estas causales se refiere a la discusión
aquí planteada en relación con la indebida valoración probatoria y el
desconocimiento del precedente.
2.5. Generalidades del defecto fáctico
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
19 El artículo 308 del CPACA indica que “los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
16
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La Corte Constitucional, siendo respetuosa de la autonomía20 e independencia
judicial,21 ha sostenido que la acción de tutela procede contra una sentencia, por
incurrir en un defecto fáctico, cuando “la irregularidad en el juicio valorativo [sea]
ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida
directamente en el sentido de la decisión proferida.”22
El mencionado defecto fáctico puede presentarse de dos formas: una positiva y
una negativa. La primera tiene ocurrencia en los eventos en que se decide
acudiendo a argumentos irrazonables, que hacen que la valoración probatoria
sea por completo deficiente. La segunda obedece a las omisiones del juzgador
en la etapa probatoria. Puede presentarse cuando no se decretan o no se
practican pruebas relevantes para llegar al conocimiento de los hechos, teniendo
el deber de hacerlo.23
2.6. Generalidades del defecto del desconocimiento del precedente judicial
Sobre este punto, en la Sentencia SU-087 de 2022 la Corte indicó que “[l]a
existencia de un precedente impone determinar la pertinencia de la decisión
previa para resolver el nuevo caso. Dicha pertinencia, en lo que se refiere a
sentencias de tutela, se encuentra determinada (i) por el carácter análogo de las
situaciones fácticas, (ii) por la similitud de los problemas jurídicos que deben ser
abordados y (iii) por la existencia de una regla de solución integrada a la razón
de la decisión y que sea relevante para el nuevo caso”. Este triple examen
constituye una condición necesaria para afirmar la existencia de un precedente
pertinente y, por ello, vinculante.
Es preciso señalar que el precedente relevante para el análisis se compone, en
principio, por las sentencias invocadas por la parte accionante, en este caso se
trata de la SU del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado; las
SU-287-24, SU-035 de 2018, SU-062 de 2018, SU-060 de 2021, SU-016 de 2024
y SU-287 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional.
20 Constitución Política. Artículo 230. “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley”.
21 Cfr., Sentencia T-450 de 2018. “[S]e puede afirmar que la autonomía e independencia judicial
comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya
connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de
aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un segundo atributo
que lo erige en presupuesto y condición del principio de separación de poderes, del derecho al
debido proceso y de la materialización del derecho de acceso a la administración de justicia de la
ciudadanía; y, finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural de la
Carta Política de 1991”.
22 Cfr., Sentencia SU-337 de 2019. Sobre este mismo punto, en la misma providencia se citó la
Sentencia T-786 de 2011. Donde la Corte sostuvo que “(…) la simple discrepancia sobre la
interpretación que pueda surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no puede constituir
por sí misma, una irregularidad o defecto que amerite infirmar la decisión judicial mediante acción
de tutela, debido a que ello conllevaría admitir la superioridad en el criterio valorativo del juez
constitucional, respecto del juez ordinario, con clara restricción del principio de autonomía judicial.
Cuando se está frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe
establecer, siguiendo la sana crítica, cuál es la que mejor se ajusta al caso analizado (…)”.
23 Cfr., Sentencias SU-337 de 2017 y T-074 de 2018.
17
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Respecto del precedente de la Corte Constitucional, los hechos jurídicamente
relevantes que pueden identificarse en el caso aquí estudiado son los siguientes:
(i) se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales emitidas en el
marco de procesos de reparación directa; (ii) en estos procesos se pretendía la
declaratoria de la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de una ejecución
extrajudicial; y (iii) se reprocha que las autoridades judiciales inaplicaron el
precedente relevante en la materia y, en consecuencia, incurrieron en un defecto
fáctico.
En el caso aquí estudiado se está discutiendo hechos análogos a los analizados
por la Corte Constitucional en las sentencias invocadas por los accionantes.
Adicionalmente, en general en todos los casos conocidos por esa Corte las
personas demandantes han afirmado la existencia de una ejecución extrajudicial
en la cual miembros de la Fuerza Pública dieron de baja a ciudadanos y los
presentaron como combatientes. Ello implica que la similitud no se presenta
únicamente en términos procesales y del contenido de las acciones de tutela,
sino que también existe la similitud fáctica.
En las sentencias invocadas por los tutelantes en el caso analizado se deciden
demandas de reparación directa en las que la discusión giró en torno a la
responsabilidad del Estado por la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, en esta oportunidad le corresponde a esta Corporación establecer,
principalmente, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, vulneró los derechos de los demandantes dentro del referido proceso
de reparación directa al (i) no aplicar el precedente en la materia y (ii) en
consecuencia, incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
El contraste de dicho problema con los resueltos en las sentencias que han sido
invocadas como precedente, evidencian su sustancial equivalencia24.
24 En la SU-060 de 2021 la Corte planteó el siguiente problema jurídico: “De acuerdo con los
hechos relacionados, le corresponde a la Sala Plena, (i) establecer si es procedente la acción de
tutela contra la providencia de 19 de julio de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; y (ii) determinar si dicha autoridad judicial al emitir la decisión
censurada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente
constitucional, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad de las accionantes”. Al resolver el caso concreto, la Sala
Plena encontró que el Consejo de Estado debió valorar de manera diferente algunos elementos
probatorios obrantes en el expediente. Específicamente afirmó: “(…) se evidencia que los
argumentos de la sentencia expedida el 19 de julio de 2018 se apoyan en la lectura aislada de
algunos medios probatorios, que por sí solos no tienen la entidad suficiente para demostrar la
existencia de una legítima defensa y la causal eximente de responsabilidad “hecho exclusivo de
la víctima”. De hecho, el fallador da especial connotación a que el Juez 56 de Instrucción Penal
Militar no haya impuesto medida de aseguramiento a los militares involucrados en la operación,
lo cual pierde valor al considerar que en la actualidad la investigación de los hechos se adelanta
ante la jurisdicción ordinaria por la Fiscalía General de la Nación”.
Por otra parte, la SU-035 de 2018 “De acuerdo con los hechos relacionados y las aclaraciones
previas efectuadas, le corresponde a la Sala Plena, (i) establecer si es procedente la acción de
tutela contra la providencia de 1.º de febrero de 2016 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; y (ii) determinar si dicha autoridad judicial al emitir la decisión
censurada incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, vulnerando
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De acuerdo con lo anterior, en las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional y por el Consejo de Estado, se analizaron problemas jurídicos
similares, en las que se discutía, principalmente, la configuración de un defecto
fáctico y un desconocimiento del precedente.
Las sentencias invocadas permiten identificar un conjunto de reglas decantadas
respecto de la valoración probatoria en materia de ejecuciones extrajudiciales. La
jurisprudencia ha reconocido que en aquellos casos en los que se plantee la
posible ejecución extrajudicial de una persona es necesario flexibilizar la
actividad y valoración probatoria a efectos de asegurar la protección de las
víctimas.
Recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional recordó en la Sentencia
SU-287 de 2024 que “[l]as dinámicas del conflicto armado y las violaciones de
derechos humanos perpetradas por el Estado exigen una reflexión cuidadosa
para aplicar reglas probatorias, de modo que estas no se conviertan en cargas
desproporcionadas sobre las víctimas y sus familiares”. Por ello “cuando se
sospecha que el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos y que sus
propios agentes, en lugar de procurar la justicia, han escondido la evidencia de
sus delitos, la flexibilidad probatoria se vuelve un imperativo de ‘vital
relevancia’ para garantizar el acceso a la administración de justicia”.
En esa misma sentencia, esa corporación destacó la complejidad del fenómeno
de las ejecuciones extrajudiciales y afirmó que “[l]a sumatoria de los crímenes
cometidos por agentes del Estado, con diferentes grados de sofisticación para
encubrir la verdad, en un contexto atravesado por el conflicto armado,
normalmente en zonas alejadas de los centros urbanos, con una precaria
presencia institucional más allá de las fuerzas armadas, y donde las víctimas
pertenecían a grupos de por sí excluidos o marginalizados de la sociedad (…),
generó un escenario de rampante impunidad que rondaban una alarmante cifra
del 98,5%”.
Además, la Corte indicó que la consagración de un especial estándar responde
a que "existen obstáculos para encontrar pruebas directas dado que los hechos
usualmente ocurrieron en zonas remotas con baja presencia institucional o en
condiciones de mayor ocultamiento”. Igualmente, afirmó que a esta situación “se
suma el estado de indefensión de las víctimas, el silencio de los testigos por el
temor a represalias y la alteración de la escena por parte de los agentes estatales
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad de la señora Amélida Peña Rangel”. La Corte constató una posible incongruencia entre
las pruebas obrantes en el proceso y lo considerado por el juez de lo contencioso administrativo.
En particular, sostuvo: “los hechos indicadores reseñados en los literales desde la a) a la i) no
constituyen prueba directa del presunto falso positivo. Sin embargo, no puede perderse de vista
que la jurisprudencia admite las pruebas indirectas como válidas, entre ellas los indicios.
correspondiéndole al juez, a partir de hechos conocidos, realizar una inferencia lógica, para
determinar la existencia de un supuesto fáctico
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involucrados”, lo que ha “motivado que los tribunales de justicia avancen hacia la
tesis de la flexibilización probatoria”. Además, sostuvo que “ante la omisión de
los agentes del [E]stado de controlar a sus uniformados en el cumplimiento de
sus funciones, ante el ocultamiento de la verdad por parte de las agentes
estatales y ante la imposibilidad de las víctimas de probar las circunstancias en
las que se dieron los hechos, las cargas probatorias deben aligerarse en beneficio
de las eventuales víctimas”.
Igualmente, la referida sentencia hizo referencia al Informe Final de la Comisión
de la Verdad, en el cual se evidenció “un déficit de justicia histórico, generalizado
y permanente respecto a las violaciones producidas […] en el conflicto armado
colombiano” y se afirmó que esta impunidad representa “un círculo vicioso que
es causa y a la vez consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto”. Ello,
relacionado con la magnitud del conflicto en Colombia, que la sentencia expresó
de la siguiente manera:
“Tristemente, este no es un fenómeno reciente para el país, pero fue en la primera
década del dos mil cuando creció exponencialmente y se hizo más evidente. El
Relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, luego
de su visita al país en el año 2009, advirtió que ‘[h]a habido demasiados asesinatos
de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por
apenas algunos soldados o unidades renegados, o manzanas podridas’. Más
recientemente, los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz dan cuenta de
registros de ejecuciones extrajudiciales que se remontan a 1978 y llegan, por lo
menos, hasta 2016, con un total de 8.208 personas asesinadas bajo ese tipo de
acciones. El periodo con mayor número de casos se concentra entre los años 2002
y 2008, cuando se reportaron 6.402 víctimas en 31 departamentos, es decir, una
práctica criminal que se extendió prácticamente por la totalidad del país”.
Bajo este especial contexto y la dificultad probatoria que ello conlleva para las
víctimas, la Corte Constitucional ha fijado diferentes reglas que deben aplicarse
al momento de valorar probatoriamente casos como el aquí referido. Se trata de
pautas o criterios que buscan equilibrar a las partes dentro del proceso y asegurar
que el Estado, que se encuentra por regla general en una mejor posición para
probar sus afirmaciones, no cuente con una ventaja desproporcionada sobre las
víctimas.
Diferentes salas de revisión25 y la Sala Plena26 de la Corte Constitucional han
establecido múltiples reglas respecto de cómo debe operar la valoración
probatoria en casos de ejecuciones extrajudiciales. Estas se han construido a
través de la interacción de la jurisprudencia de esa corporación, del Consejo de
25 Sentencias T-214 de 2020 y T-237 de 2017.
26 Sentencias SU-287 de 2024, SU-016 de 2024, SU-060 de 2021, SU-062 de 2018 y SU-035 de
2018.
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Estado27 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos28. En la siguiente
tabla se condensan las reglas más relevantes establecidas por la Corte
Constitucional:
Reglas en materia probatoria ante eventos de ejecuciones
extrajudiciales29
Ámbitos relevantes para el Derecho Probatorio
Distribución de la carga de la prueba. Dado que los autores y partícipes de los
hechos que involucran una ejecución extrajudicial buscan esconder la verdad,
“le corresponde a la entidad demandada, que se encontraba en mejor posición,
aportar los medios de convicción que desvirtúen las imputaciones de la
demanda”. Esto “no implica que exista una presunción de responsabilidad, ni
que se exima a las partes de su deber jurídico de probar lo que reclaman, sino
que, ante la omisión de los agentes del Estado de controlar a sus uniformados
en el cumplimiento de sus funciones, ante el ocultamiento de la verdad por
parte de las agentes estatales y ante la imposibilidad de las víctimas de probar
las circunstancias en las que se dieron los hechos, las cargas probatorias
deben aligerarse en beneficio de las eventuales víctimas”.
Mayor peso a los medios de prueba indirectos. Ante la dificultad recién
indicada, es necesario recurrir a medios de prueba indirectos como los indicios
y la prueba circunstancial “siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones
consistentes de acuerdo con la aplicación de la sana crítica”. Además, el
recaudo probatorio debe flexibilizarse, lo que “implica reducir el nivel de
exigencia y las formalidades propias del esquema de justicia rogada, para así
incorporar con mayor facilidad las pruebas trasladadas de procesos penales o
disciplinarios”.
Modificación del estándar de la prueba. Si ante el juez se presentan versiones
opuestas de los hechos “debe determinar cuál de ellas ofrece mayor
probabilidad de acierto, sin necesidad de llegar a un convencimiento pleno más
27 Algunos pronunciamientos relevantes y recientes de la Sección Tercera son los siguientes: SU
del 28 de agosto de 2014. Radicación 32988; Sentencia del 12 de septiembre de 2022.
Radicación 56232. Sentencia del 10 de mayo de 2018. Radicación 54718 y Sentencia del 4 de
diciembre de 2023. Radicación 64885
28 Casos Masacre de Mapiripán Vs. Colombia; Escher y otros vs. Brasil; Velásquez Rodríguez vs.
Honduras; Ríos y otros vs. Venezuela; Kawas Fernández vs. Honduras. En materia probatoria,
es particularmente relevante resaltar dos decisiones. Primero, en el año 2018 se profirió sentencia
de fondo, reparaciones y costas en el caso Villamizar Durán y otros vs Colombia. Allí, la Corte se
pronunció sobre el deber de incorporar el enfoque de derechos humanos en la investigación y
juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, lo que supone la flexibilización
probatoria en este tipo de casos indicando: “la investigación para la determinación de los hechos
y de los responsables de los hechos como los del presente caso, no puede depender de la
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos
probatorios para darle impulso al proceso”. Segundo, en la sentencia de fondo, reparaciones y
costas del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras la Corte Interamericana sostuvo que “[l]a
prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos
puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”, de ahí que, “[l]a prueba indiciaria
o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición,
ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que
permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”.
29 SU-287 de 2024 y 484 de 2024.
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allá de toda duda razonable, como sí se exige en el campo de la
responsabilidad individual del derecho penal”.
Cuatro efectos del estándar especialmente reconocido
Se han flexibilizado “los estándares probatorios a efecto de demostrar la
responsabilidad patrimonial del Estado, aceptando, por ejemplo, que las
pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios, se analicen en este
contexto con un rasero menor”.
Emplear la carga dinámica de la prueba, de modo que la entidad demandada
que se encuentre en mejor posición de aportar al expediente los medios de
convicción sea la responsable de desvirtuar las imputaciones de la demanda.
En ciertos casos, se puede incluso invertir la carga de la prueba y exigirle al
Estado demostrar que no ocurrió la alegada ejecución extrajudicial.
Un deber reforzado de los jueces de emplear el ejercicio de sus facultades
oficiosas, a fin de garantizar la justicia material, respetando los derechos
fundamentales de las partes.
Privilegiar la valoración de los medios de prueba indirectos y las inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir los
hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y
reparación de los afectados. En este escenario, los indicios adquieren una
especial relevancia en la valoración.
Las sentencias mencionadas por los accionantes constituyen precedentes
vinculantes para el caso que ahora se analiza, particularmente se ha analizado
la posible configuración de una ejecución extrajudicial.
Precisado lo anterior y a fin de establecer si la decisión cuestionada desconoció
el precedente aplicable e incurrió en un defecto fáctico, esta sala establecerá (i)
si la sentencia cuestionada aplicó o no dichas reglas y, en caso negativo, (ii) si
tal inaplicación condujo a una violación de los derechos fundamentales
invocados.
2.7. Caso concreto
2.71. La sentencia de 21 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia desconoció los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia como origen del
mandato de vinculatoriedad del precedente
Esta sala considera que en el presente caso (i) se desconoció el precedente
definido por la Corte Constitucional y (ii) de la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Dicho desconocimiento concurrió con (iii) la configuración de un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria
Un examen de la valoración probatoria realizada en la sentencia cuestionada
evidencia que la decisión del tribunal accionado desconoció las reglas
probatorias referidas anteriormente. En particular, esta sección encuentra que no
se consideró la relevancia que en este tipo de eventos tienen los indicios. La
siguiente tabla contrasta lo indicado en algunos de los medios de prueba, la
consideración que se hizo de ellos en la sentencia cuestionada y las conclusiones
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que, si se hubieran aplicado las reglas de valoración probatoria, han debido
considerarse.
Valoración del
Conclusión a partir del
Tribunal
Medios de prueba estándar fijado en la
Administrativo de
jurisprudencia
Antioquia
En aplicación de la regla
probatoria en virtud de la cual es
necesario “[p]rivilegiar la
valoración de los medios de
prueba indirectos y las
inferencias lógicas guiadas por
las máximas de la experiencia”,
se tiene que una valoración
flexible de estos testimonios
podría haber incidido en la
decisión final del tribunal por: i)
las versiones de los militares con
el reporte de accidente en mina
El Tribunal afirmó que
del Ejército; ii) la hora de la
los testimonios son
muerte de la víctima reportada
congruentes en afirmar
en la prueba técnica (carga
que se encontraban en
Testimonios de los dinámica de la prueba.
el sitio donde ocurrió el
militares implicados, Posibilidad del tribunal de
combate, porque
quienes afirmaron exigirle al Ejército que
estaban prestando
que se encontraban demostrara que el deceso se
seguridad a un soldado
en el lugar de los produjo en la hora indicada por
herido, que se
hechos prestando los militares); iii) la información
trasladaba del
seguridad a un del comandante de la operación
municipio, por lo que el
soldado herido. respecto a haber participado en
encuentro con los
el combate con disparos; iv) la
combatientes no podría
versión militar respecto de la
considerarse amañado
presencia de autoridades en el
o falso.
lugar de los hechos al momento
de recoger el cadáver; v) la
ocurrencia de un segundo
ataque después de haberse
encontrado el cuerpo; vi) la
distancia a la que se
encontraban los subversivos que
los atacaron; vii) la versión militar
respecto de las prendas de vestir
que tenía el cadáver; viii)
inexistencia de orden de
operaciones relativa a prestar
seguridad en la evacuación de
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un soldado herido (carga
dinámica de la prueba.
Posibilidad del tribunal de exigir
a la entidad demanda que
demostrara la existencia de una
orden o mandato concreto a la
tropa implicada en los hechos de
prestar seguridad para la
evacuación de un soldado herido
por mina).
El tribunal señaló que
“Respecto al estado del
En aplicación de la regla
arma encontrada al
probatoria en virtud de la cual es
señor Gustavo Adolfo
necesario “[p]rivilegiar la
Osorio Mesa y el
Informe de balística valoración de los medios de
estado de
sobre prueba indirectos y las
conservación de la
funcionamiento y inferencias lógicas guiadas por
munición, el técnico
munición incautada las máximas de la experiencia”,
profesional en balística
era necesario considerar el
concluyó
estado en el que se encontraba
que el arma es “APTA”
el arma y las municiones.
para producir
disparos”.
En aplicación de la regla
probatoria en virtud de la cual es
necesario “[p]rivilegiar la
El tribunal señaló que valoración de los medios de
tal declaración no prueba indirectos y las
vinculó al Ejército inferencias lógicas guiadas por
Nacional con el señor las máximas de la experiencia”
Testimonio de la Gustavo Adolfo Osorio se advierte que el tribunal no
señora Diana Mesa por no probar analizó el testimonio de forma
Marcela Carvajal que se encontraba en integral ya que se limitó a un
el municipio de Anorí punto de la declaración, pero no
como consecuencia de tuvo en cuenta el perfil de la
la invitación de un víctima, el lugar donde residía y
amigo soldado. las actividades a las que se
dedicaba, lo que se debe
estudiar a la luz de los criterios
jurisprudenciales en cita.
Por otra parte, esta sala también advierte que el tribunal dejó de valorar los
siguientes medios de prueba: i) declaraciones en las que los militares adujeron
haber dado de baja a un guerrillero del ELN sin tener prueba de ello; ii) las
prendas de vestir encontradas en la víctima; iii) antecedentes penales del
fallecido; iv) el hecho de que Gustavo Mesa no tenía arraigo en Anorí, no
frecuentaba esa zona; y, v) la inexistencia de munición detonada por parte de
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Gustavo Adolfo Mesa, los cuales no fueron detallados ni estudiados en la
providencia controvertida.
El análisis flexible de estos medios de prueba podrían haber llevado al tribunal a
una conclusión diferente a la que arribó. En concreto, era razonable pensar que
(i) el fallecido no llevaba varios días delinquiendo en la zona, sino que se
encontraban en Medellín; (ii) los disparos sobre el fallecido se hicieron a una muy
corta distancia; y (iii) se probaron hechos que se corresponden con los patrones
típicos de estas situaciones. Sobre esto último cabe destacar las dudas frente a
la trayectoria y la distancia desde la cual fueron disparados los proyectiles y las
incongruencias del relato del Ejército. Tales circunstancias exigían de la
autoridad judicial un examen mucho más detallado a efectos de contrastar
hipótesis y, a partir de las reglas que la vinculaban, adoptar la decisión
correspondiente.
En el caso bajo estudio, el tribunal accionado se separó del precedente fijado por
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin ni siquiera mencionar el
alcance de dicho precedente, incumpliendo con ello la carga de transparencia.
Como se mostró, ante eventos de ejecuciones extrajudiciales existe una amplia
y reiterada línea jurisprudencial que se ha consolidado al menos desde 2017.
Lo anterior implica un desconocimiento del precedente sin una justificación válida
y, en consecuencia, una vulneración de los derechos al debido proceso de los
demandantes. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “[n]o reconocer
entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea por
desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico
colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan
la seguridad jurídica”30.
En efecto, para separarse de un precedente fijado por la Corte Constitucional la
carga de transparencia exige exponer de manera clara, precisa y detallada (a) en
qué consiste el precedente del que se va a separar, (b) las providencias que lo
han desarrollado y (c) el modo en que ha tenido lugar su aplicación. A su vez, la
carga de argumentación, impone (a) presentar razones especialmente poderosas
con capacidad de justificar la separación y que excedan los simples desacuerdos
y (b) explicar por qué tales razones justifican afectar los principios de seguridad
jurídica, igualdad, buena fe y coherencia. Ningún argumento en esa doble
dirección se encuentra en la sentencia cuestionada31.
30 SU-354 de 2017, citando la Sentencia SU-640 de 2008.
31 Respecto del precedente vertical, es exigible la carga de transparencia (consistente en
reconocer la existencia del precedente) y la carga de argumentación (corresponde a las
autoridades judiciales “demostrar que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla y
amplía de mejor manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto
de protección). Sentencias C-179 de 2016 y 634 de 2011.
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2.7.2 Defecto fáctico por indebida valoración probatoria
De lo expuesto se desprende entonces una clara infracción del precedente. Esa
infracción de las reglas de valoración probatoria tuvo como efecto inevitable la
configuración de un defecto fáctico, en tanto las conclusiones probatorias a las
que arribó el tribunal se obtuvieron al margen de las reglas fijadas en la
jurisprudencia, tal y como se desprende de lo indicado anteriormente. En
particular, si el accionado hubiese aplicado las reglas referidas en esta
providencia, habría podido llegar a conclusiones diferentes sobre los elementos
obrantes en el expediente. El desconocimiento del precedente, así las cosas,
implicó un defecto fáctico porque llevó a que el expediente se valorara sin
atención al estándar probatorio fijado en la reiterada jurisprudencia.
De acuerdo con lo anterior, se evidenció una vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. El Tribunal
Administrativo de Antioquia omitió aplicar el precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado y, en consecuencia, incurrió en un defecto
fáctico pues valoró las pruebas sin aplicar el estándar flexible reconocido en la
jurisprudencia, no otorgó a las pruebas indiciarias el peso fijado en el precedente
y no consideró la relevancia de aplicar la carga dinámica de la prueba.
En consecuencia, esta sala encuentra necesario revocar la sentencia de primera
instancia dentro del proceso de tutela. En su lugar, se ordenará al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad que, dentro de un término
de 20 días, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las
consideraciones en las que se fundó este amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la parte actora.
TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de un
término de 20 días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones en las que se
fundó este amparo.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva Voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
27
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