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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07969-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07969-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por José Rafael Ariza Lacouture, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07969-00 Demandante: José Rafael Ariza Lacouture 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07969-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07969-00
Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 23 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07969-00
Demandante: JOSÉ RAFAEL ARIZA LACOUTURE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en acción de grupo. Excepción de
cosa juzgada. Falta de motivación y defecto sustancial. Declara
improcedencia. Relevancia e inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Rafael Ariza Lacouture
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 15 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor José Rafael Ariza Lacouture pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias de
(i) 1.º de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, que revocó la decisión de primera instancia y declaró la
cosa juzgada de la acción de grupo con radicado 250002315000200100017-03 y (ii) 30
de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró infundado el recurso de revisión interpuesto contra la anterior decisión, bajo el
número 11001-03-26-000-2023-00182-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

II.1. Tutelar el derecho fundamental del debido proceso, vulnerado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado al momento de proferir
las providencias de 1° de diciembre de 2022 y 30 de mayo de 2025 dentro del proceso judicial
radicado 25000231500020010001700-03 así como el trámite de revisión surtido en el radicado
11001032500020230018200.

II.2. Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, vulnerado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado
al momento de proferir las providencias de 1° de diciembre de 2022 y 30 de mayo de 2025 dentro
del proceso judicial radicado 25000231500020010001700-03, así como el trámite de revisión surtido
en el radicado 11001032500020230018200.

II.3. Como consecuencia de las anteriores peticiones, solicito ORDENAR al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca expedir una nueva sentencia de segunda instancia que proteja los derechos

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07969-00
Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia y valore en debida
forma los hechos, pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho para concluir que no existe
cosa juzgada y se debe estudiar el caso de fondo.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Acción de grupo

El 24 de agosto de 2006, José Rafael Ariza Lacouture y otros, formularon acción de grupo
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Desarrollo Económico, la Superintendencia Bancaria, el Senado de la
República y el Banco de la República, con el fin de obtener el pago de perjuicios por la
diferencia entre el saldo del crédito de vivienda cobrado por el sistema financiero UPAC
y el saldo que, según el derecho vigente,debió cobrarse a los beneficiarios de créditos
con UVR.

El proceso correspondió al Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá con
radicado 250002315000200100017-00/01, Despacho que profirió sentencia de 13 de
mayo de 2020 con la que denegó las pretensiones por considerar que la parte actora no
demostró ser deudor del modelo financiero del sistema UPAC, sino del sistema UVR de
manera que el despacho no puede “convertir deudores del UPAC en deudores de UVR
y no puede tampoco asimilar las condiciones de los usuarios de un sistema a otro”.

Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 1º de
diciembre de 20221, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que revocó la providencia apelada y en su lugar declaró probada la
excepción de cosa juzgada, por considerar que en sentencia de segunda instancia el 25
de junio de 2019, expediente 11001333102320070063403, ese tribunal abordó el estudio
del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo con ocasión
del sistema UPAC.

3.2. Recurso extraordinario de revisión

El grupo accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, cuyo conocimiento
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con el número de
radicado 11001-03-26-000-2023-00182-00. Mediante fallo de 30 de mayo de 2025, la
Corporación declaró infundado el recurso, para lo cual explicó que la sentencia
cuestionada no estaba viciada de ausencia de motivación y explicó que a través del
recurso extraordinario de revisión no era posible cuestionarse la actividad interpretativa
del juez, ni podía pedirse que se analizara nuevamente si se configuró o no la excepción
de cosa juzgada (aspecto que sustenta la falta de motivación de la sentencia
cuestionada), pues ello equivaldría a convertir el recurso en un juicio o instancia adicional
en que se discutirían nuevamente los argumentos y conclusiones ya dilucidados en la
sentencia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo toda vez que las autoridades accionadas le dieron un alcance errado
y restrictivo a la excepción de cosa juzgada. Alegó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no quiso estudiar de fondo la demanda y “decidió incurrir en defecto
sustantivo al dar por probada una supuesta ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada”.

1
Notificada por correo electrónico el 13 de enero de 2023

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Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

Alegó que, por su parte, el Honorable Consejo de Estado incurrió en el mismo defecto al
ni siquiera revisar los argumentos expuestos y concluir que la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca contaba con elementos de racionalidad para
confirmarla en su integridad.

Decisión sin motivación porque el pronunciamiento del Tribunal fue escueto, lo que
muestra de forma evidente que incurrió en la expedición de una decisión sin motivación.
Agregó que, para poder lograr y sustentar la decisión de existencia de una cosa juzgada,
lo mínimo que debía explicar y sustentar con base en los dos procesos judiciales era la
identidad de objeto, causa y partes; pero no desde su convencimiento, sino desde un
cuadro comparativo claro que mostrara la igualdad en cada uno de esos aspectos.

En lo que alude al Consejo de Estado, indicó que en la sentencia de 19 de junio de 2025,
mantuvo ese silencio y, por ende, la ausencia de motivación, pues negó el recurso
extraordinario de revisión interpuesto “de forma muy escueta”, pues omitió la
contrastación de los dos procesos.

5. Trámite procesal

El 13 de enero de 2026, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda para que el
accionante identificara a las personas que hicieron parte del proceso de acción de grupo
y aportara los poderes conferidos para interponer la acción de tutela. En consecuencia,
el accionante interpuso recurso de reposición, en el que alegó que podía acudir a la
acción de tutela por hacer parte de los integrantes del grupo accionante en el proceso
25000-23-15-000-2001-00017-00/01/02/03.

En consecuencia, el Despacho, profirió auto de 3 de febrero de 2026 en el que rechazó
por improcedente el recurso, pero accedió a admitir la acción de tutela por el demandante
en nombre propio y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A; y en
calidad de terceros con interés, al juez 17 administrativo de Bogotá, quien conoció en
primera instancia la acción de grupo con radicado 2500023150002001-0001701, al
ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el
ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Director del Banco de la República, al Senado
de la República, al Superintendente Financiero de Colombia y al director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE, quienes
fungieron como demandados en el recurso extraordinario de revisión y en la acción de
grupo.

Asimismo, se ordenó vincular como terceros a los demás miembros del grupo
demandante dentro del recurso extraordinario de revisión 11001-03-26-000-2023-00182-
00 y en la acción de grupo 25000-23-15-000-2001-00017-00/01/02/03.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de enero de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción, toda vez que la
solicitud de amparo se promueve como una instancia adicional, en tanto revela el
desacuerdo del actor con lo decidido, bajo similares argumentos que ya fueron objeto de
estudio y definición desfavorable en sede del mencionado recurso extraordinario, en el
que se concluyó que el Tribunal motivó debidamente la decisión de declarar la figura de
la cosa juzgada. Esta circunstancia denota una carencia de relevancia constitucional, por

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Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

lo que respetuosamente se solicita preservar el respeto por la firmeza de la decisión, la
seguridad jurídica, y las garantías de la independencia y autonomía judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declarara
improcedente la acción, comoquiera que los accionantes no acreditaron los requisitos de
procedencia referidos por la H. Corte Constitucional.

Expuso que no se advierte la vulneración de derechos alegada por el accionante, pues
la inconformidad de este con respecto a la decisión no implica en sí misma un riesgo de
afectación de los derechos al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.

Resaltó que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez y que no se probaron los
defectos alegados.

El Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá, informó el trámite brindado al
proceso y refirió que el despacho no ha vulnerado ningún derecho fundamental al tomar
la decisión respetando el precedente jurisprudencial y normativo, analizando las pruebas
y documentos presentados por los accionantes. Agregó que la forma natural de
controvertir las decisiones judiciales es la interposición de los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico otorga para la defensa de sus derechos, pues, de no
ser así, esto es, de asumir la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativa, se correría el riesgo de hacer nugatorias las competencias de las diferentes
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de ésta
última, vulnerando los principios de seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces
de la República.

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, a través de apoderado, pidió que se
declare improcedente la acción por incumplir el requisito de subsidiariedad, pues los
demandantes pretenden convertir la acción constitucional en una sede de tercera
instancia.

El Banco de la República, a través de su representante legal, señaló que la tutela es
improcedente por ausencia de acreditación de los defectos reclamados. Consideró que
si se leen y analizan las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, se puede
concluir sin mayores esfuerzos que las providencias se encuentran debidamente
sustentadas con las razones por las cuales las autoridades judiciales estimaron que no
había lugar a la prosperidad de las pretensiones reclamadas tanto en el proceso de
acción de grupo interpuesto como en el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

La Presidencia de la República por intermedio de su apoderada, formuló la falta de
legitimación en la causa por pasiva. Esgrimió que al actor le corresponde mostrar que la
presunta afectación de derechos se presenta como consecuencia de una actuación u
omisión específica de la entidad demandada o vinculada en el proceso; además de que
existan manifestaciones de la entidad que la vinculen con la presunta afectación de
derechos. En sentido opuesto, si la presunta violación en nada se relaciona con el
accionar de la entidad, la consecuencia jurídica deberá ser necesariamente la
desvinculación e improcedencia respecto de ella.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de su apoderado, sostuvo que
no se cumplió el requisito de procedencia de la acción de tutela, por cuanto el accionante
se limita a controvertir la valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuada por
los jueces de instancia, sin aportar elementos nuevos, pruebas sobrevinientes o
razonamientos constitucionales que permitan concluir que las providencias impugnadas
incurrieron en un yerro ostensible, manifiesto y trascendente desde la perspectiva de los
derechos fundamentales.

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Manifestó que las decisiones adoptadas en ambas instancias se encuentran debidamente
motivadas, sustentadas en el acervo probatorio regularmente incorporado al proceso y
en una interpretación razonable y sistemática del ordenamiento jurídico aplicable. Así
mismo, no se acreditó que las autoridades judiciales hubieren desconocido precedentes
vinculantes, aplicado normas inexistentes o inaplicables, omitido pruebas determinantes
o incurrido en irregularidades procesales sustanciales que afectaran el núcleo esencial
del derecho al debido proceso.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Presidente del Senado de la
República, el Superintendente Financiero de Colombia y los demás integrantes de
la acción de grupo y partes del recurso de revisión, guardaron silencio pese a haber
sido debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Análisis previo sobre la Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona las sentencias del 1º de diciembre de
2022 y del 30 de mayo de 2025, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
respectivamente.

Por su parte, la apoderada de la Presidencia de la República solicitó su desvinculación,
al estimar que no tenía legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, la vinculación de esa entidad no fue como parte demandada, sino en calidad
de tercero con interés, porque integró la parte pasiva de la acción de grupo con radicado
250002315000200100017-000-01-03. En consecuencia, no hay lugar a acceder a
la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
José Rafael Ariza Lacouture para dejar sin efectos las sentencias de (i) 1º de diciembre
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que revocó la decisión de primera instancia y declaró la cosa juzgada de
la acción de grupo con radicado 250002315000200100017-03 y (ii) 30 de mayo de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró infundado
el recurso de revisión interpuesto contra la anterior decisión, bajo el número 11001-03-
26-000-2023-00182-00.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción por cuanto, (i) la solicitud
de dejar sin efectos la sentencia de 1º de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, no cumple con el
requisito de inmediatez y (ii) la tutela contra la sentencia de 30 de mayo de 2025 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez, (iii) la relevancia constitucional y
(iv) el análisis del caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de pasar
al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de
determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda4,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»5.

5. Relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales

ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin

motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4
Sentencia T- 123 de 2007.
5
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

6. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que las sentencias del 1º de diciembre de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, y 30 de mayo
de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrieron
en defecto sustantivo y providencia sin motivación al avalar la declaratoria de cosa
juzgada en la acción de grupo 250002315000200100017-00/03.

En primer término, consultado el expediente 250002315000200100017-03 en el
aplicativo Sistema Para la Gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 1º
de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Primera-Subsección A, que revocó la decisión de primera instancia y declaró la cosa
juzgada de la acción de grupo, fue comunicada a las partes por correo electrónico del 13
de enero de 2023, de modo que fue efectivamente notificada el 20 de enero de 2023, en
atención al numeral segundo del artículo 2059 del CPACA.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 15 de diciembre de 2025, esto es
luego de un año, diez meses y veinticinco días de haberse notificado la providencia
objeto de tutela, término que supera el plazo razonable previsto para la Sala Plena de
esta Corporación.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y los demandantes tampoco la
exponen.

Si la parte demandante estimaba que la sentencia del 1.º de diciembre de 2022 vulneró
sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto
como fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de
la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

La Sala no desconoce que los demandantes de la acción de grupo formularon un recurso
extraordinario de revisión;sin embargo, ese recurso no constituye una unidad procesal
con la acción de grupo objeto de la presente acción de tutela, pues a voces de lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 253 del CAPCA, “En ningún caso, el trámite del
recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia”.

En consecuencia, el trámite impartido al recurso extraordinario de revisión promovido por
los demandantes de la acción de grupo no tiene la virtualidad de modificar el conteo del
plazo razonable previsto para interponer acciones de tutela contra providencias
judiciales.

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Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

Ahora bien, aunque la parte actora adujo que la providencia del 30 de mayo de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , incurrió en defecto
sustantivo y, decisión sin motivación, al declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia de 1.º de diciembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, lo cierto es
que sustenta la demanda de tutela en argumentos expuestos ya decididos, toda vez que
insiste en discutir que el Tribunal no motivó su decisión y no declaró correctamente la
ocurrencia de la cosa juzgada. Veamos.
En el recurso extraordinario de revisión formulado por la parte actora contra el fallo del
1.º de diciembre de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, señaló lo siguiente:

En efecto, este despacho, al declarar la existencia de cosa juzgada, incurrió en la causal 5.ª del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), puesto que la sentencia ejecutoriada dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 25 de junio de 2019, con ponencia del magistrado
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, dentro de la acción de grupo de la señora MARÍA EUGENIA
JARAMILLO ESCALANTE Y OTROS contra el BANCO DE LA REPÚBLICA (proceso
1100133310232007-634-03), no tiene fuerza de cosa juzgada frente a la acción de grupo instaurada
por el suscrito, JOSÉ RAFAEL ARIZA LACOUTURE Y OTROS, porque no versa sobre lo mismo
objeto, ni se funda en la misma causa y tampoco hay identidad jurídica de partes.

Al no existir COSA JUZGADAen la decisión del Tribunal, conforme a la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA, se configura la nulidad originada en la sentencia por ausencia total de motivación, tal
como lo expone la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de 29 de agosto
de 2008 (proceso 2004-729-01), magistrado ponente Edgardo Villamil Portilla (…)

De hecho, el vicio que se busca enmendar con la nulidad, en el presente asunto, a través del recurso
extraordinario de revisión, es el originado en la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 1.º de diciembre de 2022, carente de
motivación (falta o ausencia total) y en la que hay una motivación aparente; esto es, una
irregularidad estructurante de la nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso y no fue
susceptible de recurso alguno. Por ello, la Corte Constitucional, en sentencia C- 145 de 22 de abril
de 1998, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo que «la obligación de motivar
las decisiones judiciales obedece a la necesidad de demostrar que el pronunciamiento no es un
producto de la arbitrariedad del juez», por lo que «se exige que, en su sentencia, el juez realice un
esfuerzo argumentativo con miras a justificar su decisión y, por lo tanto, a convencer a las partes, a
los demás jueces y al público en general, de que su resolución es la correcta».
(…)

Aplicado lo anterior al caso concreto, se tiene que la sentencia de segunda instancia no hizo un
examen detallado de las dos acciones de grupo, de las que deduce y afirma la existencia de cosa
juzgada. Si bien es cierto que pudiera existir identidad jurídica de partes, con relación al Banco de la
República, y no de los otros demandados, no lo es menos que no se estructura o configura la
identidad de objeto (pretensiones diferentes) y de causa de pedir (hechos distintos) (…).

Como se puede ver, en las dos acciones de grupo las pretensiones son distintas, además del objeto
y la identidad, lo que fuerza concluir que no existe la institución jurídico-procesal de COSA
JUZGADA, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia del 1.º de diciembre de 2022, con ponencia del magistrado LUIS MANUEL
LASSO LOZANO [proceso 250002315000200100017-03 (acción de grupo de JOSÉ RAFAEL ARIZA
LACOUTURE Y OTROS contra el BANCO DE LA REPÚBLICA Y OTROS)], le dio el carácter de
inmutable, vinculante y definitivo al fallo de la también Sección Primera, Subsección A, del
mencionado tribunal, con ponencia del magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, de 25 de junio
de 2019, en el proceso 1100133310232007- 634-03 (acción de grupo de MARÍA EUGENIA
JARAMILLO ESCALANTE Y OTROS contra el BANCO DE LA REPÚBLICA).

En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:

Los fundamentos de hecho y de derecho del proceso judicial iniciado por la señora María Eugenia
Jaramillo Escalante se refería exclusivamente al perjuicio causado al grupo que había sido víctima
de cobros excesivos derivados de la aplicación de la Resolución 18 de 1995 expedida por el Banco
de la República y su posterior anulación por parte del Consejo de Estado.

Este objeto y causa es diametralmente diferente al establecido y fijado en la reparación de perjuicios
causados a un grupo radicado 25000234100020010001700-03 iniciada por el aquí accionante y que
se refiere al daño ocasionado con la declaratoria de inexequibilidad de todo el sistema de
financiación de vivienda y que puso de presente que la mutación automática de la unidad de medida

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Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

UPAC a la unidad de medida UVR siguió generando diferencias significativas en lo que la
Constitución Política y la ley permitía cobrar a los deudores hipotecarios.

Esta diferencia insalvable no fue siquiera revisada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, ni fue debidamente subsanada por parte de la Sección Tercera Subsección A del
Consejo de Estado.
(…)
En efecto, para poder lograr y sustentar su decisión de la existencia de una cosa juzgada lo mínimo
que debía explicar y sustentar con base en los dos procesos judiciales era la identidad de objeto,
causa y partes pero, no desde su convencimiento, sino desde un cuadro comparativo claro que
mostrara la igualdad en cada uno de esos aspectos.

Lo anterior no se hizo porque la contrastación hubiese demostrado la imposibilidad de aplicar esta
figura.
(…)

Pareciera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca renunció a estudiar de fondo los
fundamentos de hecho, de derecho y pretensiones de la acción del grupo iniciada por el suscrito sin
ningún fundamento básico.

Ahora bien, con el fin de que ese yerro fuera subsanado, el suscrito accionante interpuso y sustentó
recurso extraordinario de revisión de manera que el Consejo de Estado pudiera revisar de fondo la
sentencia emitida y lograra identificar la abrupta ausencia de motivación.

Sin embargo, el Consejo de Estado en sentencia notificada el 19 de junio de 2025 mantuvo ese
silencio, y por ende la ausencia de motivación, pues determinó negar el recurso extraordinario de
revisión interpuesto de forma muy escueta.

Es claro que la ausencia de contrastación de los dos procesos por parte del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y por parte de la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado constituye
una falta de motivación que hace específicamente procedente la acción de tutela en contra de estas
providencias judiciales.

Sin embargo, esos argumentos ya fueron resueltos en la providencia cuestionada, así:

19. Respecto de la ausencia de motivación como elemento configurativo de la causal 5° de revisión,
la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que solo está presente ante la carencia total
de razones de hecho o de derecho o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente
erróneas, incompletas o de actitudes dolosas. Por tal razón, esta causal no procede para controvertir
las razones del fallo o corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, bajo el
calificativo de tener deficiencias en la motivación antes exigida.

20. Frente a la acusación que en este caso propone la parte recurrente, conviene destacar que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió sobre la configuración de la cosa juzgada, para lo
cual aludió a una sentencia proferida por el Consejo de Estado en torno a la aplicación de dicha
figura jurídico procesal en las acciones de grupo (Sección Tercera - Subsección B, expediente
2500023250002000901405).

21. Luego, expuso que en el asunto sometido a su consideración se pretendía una indemnización
por los perjuicios causados “por la diferencia entre el saldo del crédito de vivienda cobrado conforme
al sistema UPAC y el saldo que según el derecho vigente debió cobrarse”. En consideración a ello,
indicó que sobre ese mismo caso la Corporación ya se había pronunciado en sentencia del 25 de
junio de 2019, expediente 11001333102320070063403, razón por la cual transcribió los apartes de
la referida decisión que consideró pertinentes para demostrar su afirmación.

22. Bajo ese contexto, abordó el estudio sobre la existencia de la cosa juzgada, para lo cual reflexionó
que en ambos procesos: i) se pretendía la restitución de lo que cada persona pagó en exceso con
ocasión de la aplicación del sistema UPAC, en contraste con lo que debía haber cancelado conforme
al índice de precios al consumidor o al indicador de inflación anual (objeto), ii) el hecho generador
del daño es el cobro mediante la utilización del referido sistema (causa), y iii) la parte activa se
conformó por todas las personas que se vieron afectadas por el cobro de los créditos de vivienda
originados en esa medida financiera, en tanto que la pasiva se integró por el Banco de la República.

23. De esta manera, con base en el estudio efectuado respecto de las dos acciones grupo
involucradas (con números de radicado 2007-00634-03 y 2001-00017-03), y de cada una de las
exigencias previstas en la norma, el juez concluyó motivadamente sobre configuración de la
excepción de la cosa juzgada.
24. La sentencia así proferida, al margen que en el campo extrajudicial se pueda comentar,
cuestionar o criticar, está dotada de legitimidad y no revela una ausencia de motivación.

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Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

25. Se destaca que el recurso extraordinario de revisión no constituye una herramienta para
cuestionar o reprochar la actividad interpretativa del juez, ni puede emplearse con el propósito de
que se analice nuevamente si se configuró o no la excepción de cosa juzgada -aspecto que sustenta
la falta de motivación de la sentencia cuestionada-, dado que la causal invocada no procede para
controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las
pruebas en que, según el recurrente, hubiera incurrido el operador judicial, so pretexto de no haber
sido motivada cuando sí lo fue. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un
juicio o instancia adicional en que se discutirían nuevamente los argumentos y conclusiones ya
dilucidados en la sentencia objeto de revisión.

Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que coinciden
con las que expuso en el trámite del recurso extraordinario de revisión. En efecto, la parte
actora reabre los temas sobre su inconformidad con las razones que llevaron a la
declaratoria de cosa juzgada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera. Por consiguiente, resulta evidente que la tutela busca revivir la
discusión propuesta en el recurso extraordinario de revisión. En últimas, el demandante
pretende imponer su criterio en cuanto a la procedencia de la cosa juzgada en la acción
de grupo que formuló.

Siendo así, como se expuso, aunque el demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y falta de
motivación, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate
respecto de la configuración de la cosa juzgada en la acción de grupo analizada por el
tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía
e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando
el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, por no estar
cumplidos los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por José Rafael Ariza
Lacouture, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07969-00
Demandante: José Rafael Ariza Lacouture

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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