Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00182-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00182-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00182-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Estudio de la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA - No se configuró en el
presente asunto.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera -
Subsección A, a través de la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá.
La parte recurrente plantea la configuración de la causal de revisión prevista en el
numeral 5° del artículo 250 del CPACA, en tanto que el fallo acusado carece de
motivación.
I. ANTECEDENTES
La sentencia objeto del recurso extraordinario
1.
Corresponde a la decisión del 1° de diciembre de 2022, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A revocó
el fallo que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la cosa
juzgada1.
2.
Concluyó que existía identidad de objeto, causa y partes entre ese proceso y la
acción de grupo con número de radicado 11001-33-31-023-2007-00634-03,
decidida por el mismo Tribunal mediante sentencia del 25 de junio de 2019. Afirmó
que en ambos procesos se pretendía la restitución de lo que se pagó en exceso con
ocasión de la aplicación del sistema UPAC, en contraste con lo que se debió haber
cancelado conforme al índice de precios al consumidor o al indicador de inflación
anual (objeto); mencionó el hecho generador del daño consistió en el cobro de los
créditos de vivienda mediante la utilización del mencionado sistema (causa), y el
grupo se integró por las personas afectadas por el referido cobro, a la vez que la en
la parte pasiva fungió el Banco de la República.
1 Proceso tramitado bajo el número 25000-23-15-000-2001-00017-03.
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión y su trámite
3.
En escrito presentado el 14 de noviembre de 20232, el señor José Rafael Ariza
Lacouture y otros 3 interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia antes indicada, con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA, esto es, por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
4.
Sostuvieron que la sentencia del 25 de junio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso con número de radicado 11001-33-
31-023-2007-00634-03 no tiene fuerza de cosa juzgada frente a la acción de grupo
que instauraron (con radicado 25000-23-15-000-2001-00017-03), en la medida en
que no tienen el mismo objeto, causa y partes.
5.
Consideraron que, si bien pudiera existir identidad de partes en relación con el
Banco de la República, no ocurría lo mismo con el objeto y la causa, pues en la
acción de grupo con radicado 2007-00634-03 se solicitó la reparación de los
perjuicios causados a los deudores del sistema UPAC, por haberse fijado una
fórmula de corrección monetaria en la Resolución Externa 18 del 30 de junio de
1995 -expedida por la Junta Directiva del Banco de la República-, distinta de la que
debía señalarse por ley entre el 1° de agosto de 1995 y el 21 de mayo de 1999,
mientras que en la acción identificada con número 2001-00017-03, se pidió se
indemnizara a los deudores de créditos de vivienda por los daños causados del 1°
de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999, por haberse utilizado en la
reliquidación de sus obligaciones -ordenada en la Ley 546 de 1999- el sistema de
financiación de vivienda declarado inexequible en las sentencias C-700-99 y C-747-
99.
6.
En ese sentido, expresaron que, ante la inexistencia de la cosa juzgada, se
configuró la nulidad en la sentencia por ausencia total de motivación.
7.
Mediante auto del 22 de abril de 20244 se admitió la demanda, se vinculó en
calidad de litisconsortes de la parte recurrente a quienes participaron en la acción
de grupo identificada con número de radicado 2001-00017-03 5 , y se dispuso
2 Documento visible en el índice 2 del aplicativo Samai.
3 José Alfredo Castro Pumarejo, Carlos Alfonso Castro Pumarejo, Leonor Meza Reales, Hugo Velázquez
Montoya, María del Pilar Diaz Rivera, Iván de Jesús Baene Ferez, Hernán José Baute Meza, Rosario Cárdenas,
Aidé Martínez Rodríguez, Armando Prieto Galindo, Rosemary Muñoz Castro y José Edgar Escobar Muriel.
4 Visible en el índice 18 del aplicativo Samai.
5
Señores Álvaro Ignacio Bravo Barragán, Juan Carlos Beltrán Esguerra, William Edilberto Beltrán Esguerra, Gustavo de Jesús
Castro Guerrero, Sol Anyela Conguta Conguta, Ana Milena Díaz Granados, Oswaldo Escobar Muriel, Edgar Nelson Forero
Ulloa, Katya Margarita González Rosales, Manuel Augusto Lagos Mendoza, Sofia Loreney Lagos Mendoza, Yanive Lizzeth
Lagos Mendoza, Manuel Guillermo Lagos Villa, Carlos Felipe J Machicado Herrera, Fernando Antonio Martínez Acuña,
Edgardo Rico Marun, Juan Francisco Miranda Miranda, Linley Catalina Moscote Morón, Arnulfo José Mugno Varela, José Luis
Ramírez Hurtado, Luis Marino Ramírez Serna, Francisco Luis Restrepo Arroyabe, Rodrigo Sanín García, Rosa Margarita
Sierra Villarraga, Carlos Enrique Soulier Hidalgo, Rene Soulier Hidalgo, Luis Fernando Tovar Jaramillo, Liliana Valencia Mejía,
María Ximena Valencia Mejía, Estela Vélez Calvache, José Ignacio Vernaza Villegas, Bernardo Augusto Vivas Perdomo,
Jaime Mauricio López Arboleda, Jairo Cardozo Umbarila, José Joaquín Cortes Camargo, Ramiro Corzo Suarez, Fabio
Fonseca López, Álvaro E Fontalvo Parejo, Carlos Alfonso Forero Barrera, José F. Guzmán Hernández, Delfín Murillo, María
C. Puello Schelegel, Samuel Antonio Rubio Fandiño, Gladys Rubiela Sosa Beltrán, Luis Hernando Cadena Martínez, Luz
Mary Contreras Abella, Rafael Antonio García Moncada, Nubia Infante de Gallegos (hoy Zarate), Jairo Alfonso Luque Turriago,
Ernesto Raúl Martínez Valdés, Joaquín Ananías Medina Téllez, Efraín Molano, Carlos Fernando Riveros Gómez, Jorge Tovar
Acosta, Pablo A Tinjacá Sierra, María Eugenia López Jiménez, Martha Lucia Mario Camacho, Miguel Ángel Mariño Camacho,
2
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
notificar a los demandados, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
8.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 6 se opuso a la prosperidad del
recurso. Indicó que la revisión del fallo cuestionado bajo la causal de nulidad
originada en la sentencia no es procedente, dado que no se configuran los vicios
sustanciales que la justifican -entre otros, la falta de competencia del juez, violación
del derecho de defensa, error grave de procedimiento-. Expuso que la sentencia del
1° de diciembre de 2022 está ajustada a derecho y no contiene defectos que
comprometan su validez y legitimidad. Agregó que lo pretendido por la parte
recurrente es reabrir el debate jurídico y probatorio.
9.
El Senado de la República 7 señaló que la providencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca contiene argumentos que dan cuenta de la
existencia de la cosa juzgada. Añadió que la decisión cuestionada está ajustada a
derecho y que se respetaron los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de defensa de las partes.
10.
El Banco de la República8 adujo que el Tribunal advirtió que los demandantes
tenían acreditada la calidad de deudores del UPAC y, por ello aplicó la figura de la
Parra Gonzalo Moreno, Javier Mauricio Neira Castrillón, Abner Aguirre Gómez, Álvaro Hernando Aguirre Niño, Elsa Bateman
Pinedo, Margarita De Francisco Saavedra, Patricia Escobar Saavedra, Iván Darío Lacouture Méndez, Augusto Ortega Arango,
Luis Felipe Otazua Habeych, Álvaro Palacios Ramírez, Graciela Pinzón De Carretero, Ernesto Prieto Sanclemente, Juan
Pablo Rebeiz Zawasdky, Gustavo Rueda Díaz, Florentino Ruge Bolívar, Germán Suarez Suancha, María Nancy Yunez Aduen,
Yamill Humar González, Arsenio Prada Malaver, Heli Calderón Acelas, Jorge Luis Chálela Mantilla, Germán Cortes Ortega,
Dory Cecilia Guzmán De Pardo, Ricardo Eugenio Iguaran Ríos, Emilia Jaramillo Maya, Luis Roberto Martínez Muñoz, Ida
María Melo De Castillo, Aurora Murcia Sánchez, María Isabel Pardo Vargas, Miriam Leticia Plazas Vega, Claudia Irene Pinzón
Galeano, Héctor Alfredo Rodríguez Velandia, Luis Alberto Cepeda López, Gonzalo Duran Ariza, María Clara Fernández Ariza,
Lidia Garrote Silva, Elvia Lucy Muñoz de Castrillón, Álvaro Antonio Sequera Duarte, Jorge Horacio Zuluaga Navarro, Claudia
Patricia Álvarez Bulla, Clara Camargo Rivera, Álvaro Cano Díaz, Omar Gómez Ortiz, Fernando López Galindo, Rebeca Parodi
Parodi, Guillermo Rowlands Romero, Orlando Rueda García, Giraldo Álzate Escobar, Jaime Ariza Ortiz, Helio Buenaventura
Buenaventura, Juan Antonio Castilla Hernández, Santiago Castilla Hernández, Karen Chujfi Potes, Carlos Alberto Fernández
Chaparro, Ana María Gonzáles Forero, Gabriel E. Hernández Hernández, Celmira Ospina Hernández, Martha Luz Pavajeau
de Baute, Gloria Amparo Perdomo Vega, Sol Ángel Prada de Barrios, Jairo Orlando Ramírez Buitrago, Carlos Alberto Restrepo
Villada, María Inés Rey Vargas, Guillermo Riveros Contreras, Ligia del Pilar Sánchez Caicedo, Ramiro Serna Guerrero, Cesar
Tulio Torres Lizcano, Juan Ricardo Trujillo García, María Victoria Vargas Silva, Luis G. Velásquez Moncada, Hugo Vidales
Molano, María del T Zambrano Martínez, Carlos Alberto Cadena Palacio, Luis Ernesto González Covaleda, Luz Adriana
Almanza Latorre, María M Arensburg Cesáreo, Farid Antonio Baene Ferez, Mireya Castillo Pinilla, Castro Eduardo Dangond,
Ricardo Daza Ariza, Marlene B. Durán Camacho, Lilia Maritza García Camargo, Guillermo Hernández González, Carlos Julio
Ibáñez, María del P Lozada de Cardona, Alejandro Manrique Escallón, Diego Martínez Vargas, Lilia Michelina Matera Lajud,
Mario Enrique Morales Amórtegui, Luis Guillermo Morales Arias, José Abel Orozco López, José Gonzalo Prada González,
Manuel A. Ruan Perdomo, Leonardo Segura Cuervo, Victoria Eugenia Solano Castro, Elcida Soler Gómez, Irma del Carmen
Sus Pastrana, Carlos A Torres Blanco, German Vernaza Villegas, Rangel Eduardo Albornoz, Leonardo Álvarez Gómez, Yecid
Guillermo Aparicio Ángel, Luciano Carbonari C, Marzia Vicencina Cesáreo Lemaitre, Gabriel Alfonso Del Corral Clevez, Fabio
German Diaz Salamanca, Armando Estefan Jassir, José de Jesús Gutiérrez Montes, Judy Cecilia Matera Lajud, Norella Mesa
de Mutis, Hernando Molano López, Humberto Plata Bazurto, Amira Raad de Franco, Daniel Raad Gómez, Jorge Octavio
Restrepo Guzmán, María Eugenia Rodríguez Lozano, Juan Ricardo Triana Harker, María Luz Yolanda Jiménez Cano, María
Margarita Hernández Hernández, Diana Faysury López Muñoz, Carlos Eduardo Ángel Devia, Darío Diez Vélez, Alfonso León
Cancino, José Vladimir Gómez Calderón, Edgardo Barros Tamayo, José Garizabalo Santodomingo, Oscar Hernández Vargas,
Ernesto Burgos Ramírez, José Dagoberto Carretero Socha y Libia Aguilar Sierra. En el auto admisorio del recurso se indicó que las partes que integran este nuevo proceso son aquellas que en
virtud de su resultado puedan verse afectadas en el derecho sustancial que fue objeto de controversia en el a
quo y ad quem, que son, por regla general, las mismas partes que participaron en el proceso ordinario (con
radicación 25000-23-15-000-2001-00017-03).
Por esa razón y, en atención al artículo 61 del CGP, se vincularon
en calidad de litisconsortes de la parte recurrente. Mediante autos del 8 de agosto y del 4 de septiembre de
2024, se ordenó emplazar a los sujetos vinculados en calidad de litisconsortes de la parte recurrente. El 18 de diciembre de 2024 se remitió el expediente a la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación,
para que el abogado José Rafael Ariza Lacouture concurriera a asumir el cargo de curador ad litem de los
vinculados en calidad de litisconsortes (quien mediante memorial del 4 de diciembre de 2024 aceptó tal
designación). y se notificara de las providencias emitidas, con el propósito de que ejerciera los actos procesales
que considerara pertinentes en procura de los intereses de aquéllos. 6 Índice 39 del aplicativo Samai. 7 Índice 40 del aplicativo Samai. 8 Índice 42 del aplicativo Samai.
3
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
cosa juzgada en relación con el proceso con número de radicación 2007-00634-03.
En ese orden, afirmó que no compartía el criterio de la supuesta ausencia total de
motivación de la sentencia. Sostuvo que el vicio de nulidad alegado se estructuró
bajo un desacuerdo frente a la posición que adoptó la autoridad judicial en segunda
instancia.
11.
La Superintendencia Financiera de Colombia9 pidió que se declarara infundado
el recurso extraordinario, pues la decisión cuestionada se dictó en derecho y en
cumplimiento de las disposiciones procesales y normativas aplicables al asunto.
Consideró que la parte recurrente pretende tramitar una tercera instancia.
12.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República10 expuso que
no se avizora ningún vicio que afecte la validez de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
13.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, el Ministerio Público, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, guardaron silencio.
14.
El periodo probatorio se entiende agotado, porque la prueba solicitada por la
parte recurrente -que se refería al expediente de la acción de grupo- fue allegada
de manera digital por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá11.
II. CONSIDERACIONES
15.
No existiendo razones o motivos que conduzcan a declarar una nulidad o adoptar
una medida de saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.
Análisis de la causal invocada
16.
El presente recurso extraordinario no está llamado a prosperar, toda vez que la
supuesta irregularidad en que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la providencia del 1° de diciembre de 2022, es inexistente.
17.
El numeral 5° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión el
hecho de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”. Para su procedencia debe acreditarse que
la sentencia objeto de cuestionamiento incurra en irregularidad estructurante de una
de las causales de nulidad recogidas taxativamente en el CPC o el CGP -artículos
140 y 133, respectivamente-.
18.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
señalado que esa causal de revisión también puede configurarse por evidenciarse
una violación directa del artículo 29 de la Constitución Política -debido proceso-,
9 Índice 43 del aplicativo Samai.
10 Índice 44 del aplicativo Samai.
11 Índice 4 del aplicativo Samai.
4
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
bajo hipótesis configurativas de tal infracción como son la carencia absoluta de
motivación de la sentencia, la violación al principio de la non reformatio in pejus, la
expedición de una sentencia condenatoria contra quien no fue parte en el proceso,
y la falta de congruencia.
19.
Respecto de la ausencia de motivación como elemento configurativo de la causal
5° de revisión, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que solo está
presente ante la carencia total de razones de hecho o de derecho o cuando se
sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes
dolosas. Por tal razón, esta causal no procede para controvertir las razones del fallo
o corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, bajo el
calificativo de tener deficiencias en la motivación antes exigida12.
20.
Frente a la acusación que en este caso propone la parte recurrente, conviene
destacar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió sobre la
configuración de la cosa juzgada, para lo cual aludió a una sentencia proferida por
el Consejo de Estado en torno a la aplicación de dicha figura jurídico procesal en
las acciones de grupo (Sección Tercera - Subsección B, expediente
2500023250002000901405).
21.
Luego, expuso que en el asunto sometido a su consideración se pretendía una
indemnización por los perjuicios causados “por la diferencia entre el saldo del crédito
de vivienda cobrado conforme al sistema UPAC y el saldo que según el derecho
vigente debió cobrarse”. En consideración a ello, indicó que sobre ese mismo caso
la Corporación ya se había pronunciado en sentencia del 25 de junio de 2019,
expediente 11001333102320070063403, razón por la cual transcribió los apartes
de la referida decisión que consideró pertinentes para demostrar su afirmación.
22.
Bajo ese contexto, abordó el estudio sobre la existencia de la cosa juzgada, para
lo cual reflexionó que en ambos procesos: i) se pretendía la restitución de lo que
cada persona pagó en exceso con ocasión de la aplicación del sistema UPAC, en
contraste con lo que debía haber cancelado conforme al índice de precios al
consumidor o al indicador de inflación anual (objeto), ii) el hecho generador del daño
es el cobro mediante la utilización del referido sistema (causa), y iii) la parte activa
se conformó por todas las personas que se vieron afectadas por el cobro de los
créditos de vivienda originados en esa medida financiera, en tanto que la pasiva se
integró por el Banco de la República.
23.
De esta manera, con base en el estudio efectuado respecto de las dos acciones
grupo involucradas (con números de radicado 2007-00634-03 y 2001-00017-03), y
de cada una de las exigencias previstas en la norma, el juez concluyó
motivadamente sobre configuración de la excepción de la cosa juzgada.
12 “La Corte Suprema de Justicia ha indicado que el vicio surgido por la falta de motivación está condicionada a
la carencia radical, absoluta y total, por lo que a contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en
medida mínima, lacónica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, por cuanto lo sancionable es
el hecho de que el juez se haya sustraído rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan
conocer, a ciencia cierta, el porqué de su decisión” (Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A,
providencia del 8 de junio de 2022, expediente 65.855).
5
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
24.
La sentencia así proferida, al margen que en el campo extrajudicial se pueda
comentar, cuestionar o criticar, está dotada de legitimidad y no revela una ausencia
de motivación.
25.
Se destaca que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
herramienta para cuestionar o reprochar la actividad interpretativa del juez, ni puede
emplearse con el propósito de que se analice nuevamente si se configuró o no la
excepción de cosa juzgada -aspecto que sustenta la falta de motivación de la
sentencia cuestionada-, dado que la causal invocada no procede para controvertir
las razones del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de
las pruebas en que, según el recurrente, hubiera incurrido el operador judicial, so
pretexto de no haber sido motivada cuando sí lo fue. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio o instancia adicional en que se
discutirían nuevamente los argumentos y conclusiones ya dilucidados en la
sentencia objeto de revisión.
26.
Por lo expuesto, se impone concluir que la causal 5° de revisión invocada no
prospera y, en consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto.
Costas
27.
Como el recurso extraordinario de revisión interpuesto se resolvió de manera
desfavorable, la Subsección condenará en costas a la parte recurrente 13 , de
conformidad con el artículo 255 del CPACA14.
28.
En este asunto, se encuentran causadas las agencias en derecho, dada la
gestión ejecutada por los apoderados de la Superintendencia Financiera de
Colombia, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República,
del Banco de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República. Caso contrario ocurre frente al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, contraparte que no intervino
en el proceso ni constituyó apoderado.
29.
Por consiguiente, la parte recurrente será condenada al pago de agencias en
derecho, en atención a las reglas vigentes en la materia al momento de la
interposición del recurso -numeral 9° del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016-, por la suma equivalente a un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia y a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la
República, del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera de
Colombia y del Departamento Administrativo de Presidencia de la República –en
partes iguales–, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión,
13 Integrada por los señores José Rafael Ariza Lacouture, José Alfredo Castro Pumarejo, Carlos Alfonso Castro
Pumarejo, Leonor Meza Reales, Hugo Velázquez Montoya, María del Pilar Diaz Rivera, Iván de Jesús Baene
Ferez, Hernán José Baute Meza, Rosario Cárdenas, Aidé Martínez Rodríguez, Armando Prieto Galindo,
Rosemary Muñoz Castro y José Edgar Escobar Muriel.
14 En concordancia con el artículo 365 del CGP.
6
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00182-00 (70.652)
Recurrente: José Rafael Ariza Lacouture y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
que correspondió a la contestación de la demanda y al seguimiento a este trámite
extraordinario. No se incluirá suma alguna por concepto de gastos y expensas por
no aparecer causados.
30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección
A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por José Rafael Ariza Lacouture y otros contra la sentencia proferida el
1° de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera - Subsección A.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente; FIJAR como agencias en
derecho a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la
República, del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera de
Colombia y del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, en
partes iguales, la suma equivalente a un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia y culminado el trámite anterior,
ARCHIVAR el presente asunto y dejar las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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