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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07987-01

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07987-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante: Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: adecuación de la demanda y su rechazo.
Subtema 3: defecto procedimental.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez contra la
sentencia de primera instancia del 29 de enero de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda de esta corporación.

1. Síntesis del caso

El señor Ivanov Enrique Delgado Suárez presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por
el Juzgado Cuarenta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con los autos proferidos dentro de los expedientes
con radicados núms. 11001-31-05-043-2023-02010-00 y 11001-33-35-025-2024-
00170-00/01, respectivamente.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

2. El señor Ivanov Enrique Delgado Suárez presentó demanda ordinaria laboral,
el 19 de diciembre de 2023, contra la EPS Convida en liquidación y el departamento
de Cundinamarca, con las pretensiones de que se declarara que entre las partes
existió un contrato de trabajo del 1 de abril de 2008 al 15 de septiembre de 2022, y
que se ordenara el pago de acreencias salariales y prestacionales.

3. El asunto correspondió al Juzgado Cuarenta y Tres Laboral de Bogotá bajo el
radicado núm. 11001-31-05-043-2023-02010-00, autoridad que dictó auto el 14 de
marzo de 2024 en el que declaró la falta de jurisdicción para conocer la demanda y
remitió el expediente a la oficina de apoyo judicial de los juzgados administrativos
de Bogotá.

4. Repartido el asunto en la jurisdicción contenciosa-administrativa bajo el
radicado núm. 11001-33-35-025-2024-00170-00, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá profirió auto el 2 de septiembre de 20241 en el que ordenó
que se adecuara la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el término de 10 días, conforme lo prevén los artículos 162 y 167 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA). En contra de esta decisión se interpuso recurso de
reposición.

5. Posteriormente, el despacho emitió auto el 15 de octubre de 2024 2 en el que
resolvió no reponer la providencia del 2 de septiembre de 2024. Sustentó su
decisión en que, de acuerdo con el auto A-492 de 2021 de la Corte Constitucional,
la autoridad judicial contenciosa-administrativa es la competente para «validar si la
labor contratada corresponde a una función que “no puede realizarse con personal
de planta o requiere conocimientos especializados”, en los términos del artículo 32
de la Ley 80 de 1993».

6. El señor Ivanov Enrique Delgado Suárez pidió la adición del auto del 15 de
octubre de 2024 en el sentido de que no fueron resueltos los argumentos del recurso
de reposición; sin embargo, en providencia del 10 de febrero de 20253 fue negada
dicha solicitud. Por último, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá rechazó
la demanda en providencia el 17 de marzo de 20254, con fundamento en el artículo
169 del CPACA, dado que no se presentó memorial de subsanación.

7. La anterior providencia fue apelada, para lo cual la parte recurrente insistió en
que la jurisdicción ordinaria laboral era la competente para conocer la demanda
interpuesta contra una empresa industrial y comercial del Estado para discutir sobre
un contrato de trabajo.

8. En segunda instancia, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó auto el 9 de julio de 2025 en el que confirmó

1 Samai. expediente núm. 11001-33-35-025-2024-00170-00, índice 4, certificado 7387DB7301CC874C
986FDE04E3EBF581 C32DBFE3412E3FD5 BB114C13F9DAE33D.
2 Samai. expediente núm. 11001-33-35-025-2024-00170-00, índice 10, certificado 8268053A66800DF6

B8306E21D2722934 56C6B711D434876A B36BAF80A90C8F1A.
3 Samai. expediente núm. 11001-33-35-025-2024-00170-00, índice 14, certificado 47395BC5D46813D3

63F9746F089DE801 A01FE03F803ECB01 128264E85DD50796.
4 Samai. expediente núm. 11001-33-35-025-2024-00170-00, índice 20, certificado 4E8D8FA412ABF81F

25AE25CE5566B9ED B40A7E2F78B5B509 4BCCF989AAEB1AFF.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

la decisión apelada. Explicó que los argumentos del recurso no estuvieron dirigidos
a cuestionar los motivos del rechazo de la demanda de cara a la falta de
subsanación de los defectos advertidos, sino en insistir en la competencia del juez
ordinario laboral para conocer el asunto, lo cual no correspondía resolver en esa
etapa procesal5.

9. En todo caso, alegó que la Corte Constitucional, en auto A-1204 de 2024,
resolvió un conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre un juzgado laboral y
uno administrativo en un caso similar al discutido, contra la EPS Convida en
liquidación; oportunidad en la que el alto tribunal indicó que, cuando no existía
certeza del tipo de vinculación, el conocimiento de la controversia correspondía a la
jurisdicción contenciosa-administrativa. Esa postura reiteró el criterio fijado en el
auto A-492 de 2021.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. El señor Ivanov Enrique Delgado Suárez solicitó al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al juez natural y a la tutela judicial efectiva, y, en
consecuencia, que ordene lo siguiente:

2. Que se dejen sin efecto las providencias proferidas por el Juzgado 43 Laboral del
Circuito de Bogotá, el Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección “C”), en
cuanto desconocieron la competencia asignada por la ley para conocer de mi
controversia laboral.

3. Que se ordene remitir el expediente al Juez 43 Laboral del Circuito de Bogotá que
es el competente, para que asuma el conocimiento del proceso ordinario laboral de
primera instancia y resuelva de fondo mi demanda6.

11. Como sustento de sus pretensiones, el accionante relacionó los hechos
expuestos en la demanda laboral y las actuaciones principales del proceso
ordinario, y destacó que nunca fue nombrado ni posesionado en la EPS Convida en
liquidación. Afirmó que los autos de la Corte Constitucional A-492 de 2021 y A-1053
de 2023 solo producen efectos en los casos en que fueron dictados y no constituyen
precedente obligatorio como si lo son las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación.

12. Indicó que, conforme a los artículos 10 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social y 155 del CPACA, la competencia para conocer los procesos
laborales contra empresas industriales y comerciales del Estado corresponde a los
jueces laborales y no a los administrativos, competencia que fue desconocida por
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

5 Samai. expediente núm. 11001-33-35-025-2024-00170-01, índice 4, certificado EA47CB77927F3D33
20534C4CD080340E FD0FDF4510FF0975 80ECB0EE21EDF5B2.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

13. Adujo que las decisiones de los jueces accionados impidieron que sus
pretensiones fueran conocidas por el juez natural, y que, exigir la adecuación de la
demanda implicaba que un trabajador oficial intentara una conciliación obligatoria
ante la Procuraduría General de la Nación y que acudiera a la administración dentro
del término de cuatro meses siguientes a la terminación del vínculo laboral.

14. Expuso que las anteriores circunstancias hacían inviable su demanda y
vulneraron sus derechos fundamentales como trabajador oficial. Citó los artículos 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 29, 53, 228 y 229 de la
Constitución Política, 2, 8 y 10 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, 255 del Decreto-Ley 1222 de 1986 y 155 del CPACA.

2.3. Trámite Procesal

15. La tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 16 de diciembre de
20257 en el que admitió la acción; ordenó notificar a las partes, a la EPS Convida
en liquidación y al departamento de Cundinamarca, y requirió el expediente
ordinario.

2.4. Intervenciones

16. El Juzgado Cuarenta y Tres Laboral de Bogotá realizó un breve recuento de
las actuaciones adelantadas con la demanda ordinaria y sostuvo que en el trámite
se garantizaron los derechos fundamentales de las partes de acuerdo con la
jurisprudencia vigente. Por estos motivos, adujo la improcedencia de la acción y la
ausencia de vulneración y pidió que se negara la tutela8.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, el 29 de enero de 20269, en la que, en el numeral
primero declaró la improcedencia de la solicitud respecto de las pretensiones
dirigidas contra los autos del 14 de marzo y 2 de septiembre de 2024; y en el
numeral segundo negó las demás pretensiones de amparo.

18. En relación con los autos del 14 de marzo y 2 de septiembre de 2024, el juez
constitucional afirmó que, como el escrito de tutela fue interpuesto el 15 de
diciembre de 2025, es decir, transcurrido más de un año, no se superó el requisito
de inmediatez.

19. En cuanto a los demás argumentos, encontró que no se configuró un defecto
orgánico puesto que, como lo explicó el Tribunal accionado, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, correspondía a la jurisdicción contenciosa-

7 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07989-00, índice 4, certificado F9D4DF856327C77C
9E18C82129AD0F8C 780267D784D684A4 48BD6F8D0E0C50BE.
8 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07989-00, índice 8, certificado FFE669055FFB7398

5EF103DC44CE575C 324FF45D336EF1CD 0F14B62102426AC6.
9 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07989-00, índice 19, certificado 4CE4A5B5146DA9BA

0ABF4BCC39F8D54E 5E75AE9FF23AC9DA 5F5390934440E4E6.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

administrativa conocer la demanda del señor Ivanov Enrique Delgado Suárez
porque se «perseguía el reconocimiento de derechos laborales presuntamente
derivados de una relación encubierta bajo contratos de prestación de servicios
celebrados con una entidad del Estado».

20. Por lo tanto, consideró que el análisis efectuado en el auto del 9 de julio de
2025 no fue arbitrario ni caprichoso, y atendió criterios de una interpretación
razonable y fundada en el ordenamiento jurídico, en ejercicio de la autonomía
judicial.

2.6. Impugnación

21. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la sentencia del
29 de enero de 202610, para lo cual reiteró los cargos del escrito de amparo, en
particular, sobre la competencia del juez laboral para conocer su demanda ordinaria;
la imposibilidad de adecuar dicha demanda a los requisitos contenidos en los
artículos 162 y 169 del CPACA, como la caducidad; y la falta de fuerza vinculante
de los autos de la Corte Constitucional. Además, alegó que se superó la inmediatez
porque debía esperar a que finalizara el trámite ordinario para acudir en tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del
Decreto 2591 de 199111.

3.2. Legitimación en la causa

23. En el presente asunto, el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez está legitimado
por activa para acudir a esta acción de tutela, en tanto fue la persona quien presentó
la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, la cual fue remitida a la jurisdicción
contenciosa-administrativa y rechazada por los jueces administrativos, decisiones
que, según afirmó, vulneraron sus derechos fundamentales.

24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Cuarenta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por cuanto fueron las autoridades que profirieron
las decisiones acusadas de vulnerar los derechos fundamentales de la parte
accionante.

10 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07989-00, índice 26, certificado 8DE0151BD5E5EE3F
87B2F64901A6AF61 C483914B5E77871D C5BEDFF15BDA791E.
11 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
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3.3. Cuestión preliminar

25. El juez de tutela de primera instancia sostuvo que en el escrito de amparo no
se identificó la causal específica en que incurrieron las providencias proferidas por
el Juzgado Cuarenta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; pero que los argumentos hacían referencia a la
posible configuración de un defecto orgánico, el cual estudió en el caso concreto.

26. La Sala no comparte el análisis que efectuó el juez de tutela de primera
instancia. El defecto orgánico ha sido definido por la Corte Constitucional como
aquel evento en el que un juez profiere una decisión sin competencia para
adoptarla12, ya sea porque la autoridad extralimitó el ámbito de sus funciones, o
porque cuenta con atribuciones y facultades, pero las ejerce por fuera del término
previsto para ello.

27. En el presente asunto, los reparos de tutela no consisten en que los jueces
accionados no tenían competencia para proferir los autos del 14 de marzo13 y 2 de
septiembre de 202414, y del 17 de marzo15 y 9 de julio de 202516, en los términos
del defecto orgánico, sino en que las decisiones en sí mismas resultaban
defectuosas porque la demanda debió ser tramitada ante la jurisdicción ordinaria
laboral.

28. En ese orden, si bien en el escrito de amparo no se identificó alguna causal
específica de procedencia, lo cierto es que los reproches de tutela radican en que
se desconocieron las normas sobre competencia para conocer la demanda y, por lo
tanto, se aplicó un procedimiento ajeno al que correspondía. Por tal razón, se
abordará la posible configuración de un defecto procedimental absoluto.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado17 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional18.

12 Corte Constitucional, sentencia T-526 de 2024. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto orgánico

se configura en dos hipótesis:
«La primera, la funcional, que ocurre cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de
sus competencias constitucionales y legales, lo que, en ocasiones, puede desconocer los márgenes
decisionales de otros funcionarios.
La segunda, la temporal, que ocurre cuando el juez cuenta con atribuciones y funciones, pero las ejerce por
fuera del término previsto para ello. Por lo tanto, cuando se trata de providencias judiciales, el estudio del
defecto orgánico debe verificar si las mismas se expidieron con plena observancia de los ámbitos de
competencia funcional y temporal, entre otros, los cuales han sido previamente determinados constitucional y
legalmente».
13 Providencia que remitió el expediente de la jurisdicción laboral a la contenciosa-administrativa.
14 Providencia que inadmitió la demanda.
15 Providencia que rechazó la demanda.
16 Providencia que confirmó el auto que rechazó la demanda.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 19 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución20.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional21
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia22.

19 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
20 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
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34. Esta Sala observa que la cuestión que se discute tiene relevancia
constitucional, por cuanto el tutelante no solo adujo la vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que, además, explicó las razones por las que, en su concepto,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en lo que podría ser un defecto
procedimental al establecerse que la jurisdicción contenciosa-administrativa tenía
competencia para conocer la demanda ordinaria laboral.

35. Respecto de los cargos de la tutela dirigidos contra los autos objeto de reparos,
el accionante no tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para
proteger sus derechos fundamentales, pues agotó los recursos procedentes contra
las decisiones que ordenó adecuar la demanda y que rechazó esta.

36. En cuanto al requisito de inmediatez, resulta oportuno recordar que el escrito
de tutela fue interpuesto contra los autos del 14 de marzo de 2024 que remitió la
demanda ordinaria a la jurisdicción contenciosa-administrativa; del 2 de septiembre
de 2024, que ordenó adecuarla conforme a los requisitos previstos en los artículos
162 y 167 del CPACA; y del 17 de marzo y 9 de julio de 2025, que rechazó la
demanda y que confirmó dicha decisión, respectivamente.

37. Asimismo, que la sentencia de tutela de primera instancia del 29 de enero de
2026 declaró la improcedencia de la solicitud de amparo ante el incumplimiento del
requisito de inmediatez, en relación con los autos del 14 de marzo y 2 de septiembre
de 2024.

38. Pues bien, contrario a lo que determinó el juez constitucional de primera
instancia, esta Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez en el caso
concreto porque el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez no podía interponer la
tutela contra los autos del 14 de marzo y 2 de septiembre de 2024 sin que se agotara
el trámite respectivo.

39. Lo anterior, debido a que el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá
podía declarar el conflicto de competencia, y, en todo caso, no avocó conocimiento
del asunto en el auto del 2 de septiembre de 2024, pues decidió sobre la admisión
de la demanda hasta el auto del 17 de marzo de 2025 que la rechazó, actuación
que constituye el ejercicio jurisdiccional y de las atribuciones y competencias
asignadas al despacho judicial; decisión última que fue apelada.

40. En ese orden, desde la notificación del auto del 9 de julio de 2025 proferido
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que confirmó el rechazo de la demanda, hasta la interposición de la
tutela el 9 de diciembre de 2025 no transcurrió un plazo superior a los seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional23 y del Consejo de Estado24 como
razonable. Por estas razones, se cumplió el requisito de inmediatez.

41. La parte actora expuso de forma clara y concreta los hechos y argumentos por
los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales y la irregularidad
23 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

procedimental que adujo en el escrito de amparo tiene la posibilidad de modificar
las decisiones que rechazaron la demanda. Finalmente, la providencia reprochada
no se emitió dentro de un trámite de tutela.

42. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal
específica en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

43. Antes de definir el problema jurídico, resulta pertinente aclarar que los
argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de
materia y se dirigen en similares términos frente a todas las decisiones
cuestionadas.

44. En tal sentido, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 9 de julio de 2025 por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin desconocer las demás
providencias objeto de reparos, toda vez que fue la decisión que puso fin a la
actuación judicial promovida por el demandante y la última que se pronunció frente
a la falta de competencia del juez contencioso-administrativo para conocer la
demanda ordinaria.

45. Así, la Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del
29 de enero de 2026. Por ende, se deberá establecer si: ¿la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el
defecto procedimental absoluto con el auto del 9 de julio de 2025, que confirmó la
decisión de primera instancia que rechazó la demanda dentro del expediente con
radicado núm. 11001-33-35-025-2024-00170-01?

3.5.1. Generalidades del defecto procedimental

46. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.

47. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

48. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando

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el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»25.

49. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»26.

50. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

51. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción
de tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto
procedimental exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:

«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»27.

3.6. Caso concreto

52. En el asunto bajo estudio, el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez presentó
demanda ordinaria laboral contra la EPS Convida en liquidación y el departamento
de Cundinamarca, el 19 de diciembre de 2023. Solicitó que se declarara que entre
las partes existió un contrato de trabajo del 1 de abril de 2008 al 15 de septiembre
de 2022 y que se ordenara el reconocimiento y pago de acreencias salariales y
prestacionales.

53. Asignado el radicado núm. 11001-31-05-043-2023-02010-00 a la demanda, el
Juzgado Cuarenta y Tres Laboral de Bogotá profirió auto el 14 de marzo de 2024
en el que declaró la falta de jurisdicción y remitió el expediente a los juzgados
administrativos.

54. En esta jurisdicción el asunto se radicó bajo el núm. 11001-33-35-025-2024-
00170-00 ante el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá, autoridad que, en
providencia del 2 de septiembre de 2024, ordenó al señor Ivanov Enrique Delgado

25 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.

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Suárez adecuar la demanda conforme a los requisitos previstos en el CPACA. En
contra de la anterior decisión se interpuso reposición por falta de competencia.

55. En providencia del 15 de octubre de 2024 se resolvió no reponer la decisión
del 2 de septiembre de 2024 con sustento en el auto A-492 de 2021 de la Corte
Constitucional. En firme la providencia recurrida y vencido el plazo para la
adecuación de la demanda sin que la parte interesada presentara memorial de
subsanación, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá rechazó la demanda
el 17 de marzo de 2025, auto que fue apelado.

56. En providencia de segunda instancia del 9 de julio de 2025, la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el
rechazo de la demanda con sustento en los autos A-492 de 2021 y A-1204 de 2024
de la Corte Constitucional. Sobre el punto, explicó lo siguiente:

Ahora bien, no obstante, no sobra precisar en cuanto a la competencia, que mediante
Auto 1204 de 2024 proferido por la H. Corte Constitucional, por el cual se resolvió un
conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 36 Laboral del Circuito
de Bogotá y el Juzgado 7 Administrativo de Oralidad del mismo circuito, en un caso
también relacionado con la EPS CONVIDA en liquidación, en dicha oportunidad, la
Corte señaló de manera expresa que, cuando no existe certeza sobre la existencia
del vínculo laboral, por cuanto el debate se centra en la eventual configuración de una
relación de trabajo encubierta mediante contratos de prestación de servicios, el
conocimiento de la controversia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

En dicha providencia se reiteró el criterio sentado en el Auto 492 de 2021, según el
cual la jurisdicción contenciosa es la competente para conocer de los procesos en los
que se controvierte la legalidad de actos administrativos y la eventual existencia de
una relación laboral oculta tras la modalidad de contratación por prestación de
servicios, toda vez que ello exige un juicio sobre la actuación administrativa y la
validez del contrato estatal.

[…]

En consecuencia, en el presente caso, resulta evidente que el presente asunto es de
conocimiento de la jurisdicción contenciosa, por cuanto el actor pretende el
reconocimiento de derechos laborales derivados de una relación supuestamente
oculta bajo contratos de prestación de servicios suscritos con una entidad estatal,
situación que implica un análisis sobre la legalidad de la modalidad contractual
empleada por la administración.

57. En el escrito de tutela, la parte accionante argumentó, en concreto, que la
demanda que presentó contra EPS Convida en liquidación correspondía conocerla
a la jurisdicción ordinaria laboral, que resultaba imposible efectuar la adecuación de
la demanda a los requisitos previstos en el CPACA, y que los autos de la Corte
Constitucional solo producían efectos para las partes y no constituían precedente
obligatorio.

58. Pues bien, en el auto A-492 de 2021, la Corte Constitucional conoció de un
conflicto de competencia propuesto por un juzgado laboral en un proceso remitido

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por un juzgado administrativo, respecto de una demanda interpuesta para obtener
el reconocimiento de una relación laboral con entidades del Estado derivada de
contratos de prestación de servicios. En esa oportunidad, el alto tribunal estableció
la siguiente regla de decisión:

La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción
contencioso-administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un
proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral,
presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de
prestación de servicios con el Estado.

59. Por otra parte, la Corte Constitucional, en el auto A-492 de 2021, se apartó del
precedente que sobre la materia había desarrollado el Consejo Superior de la
Judicatura [lo que permite inferir la existencia con anterioridad al mencionado auto
de una postura que definía la competencia de estos asuntos en la jurisdicción
ordinaria en atención a un criterio funcional], en los siguientes términos:

En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el
Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad
judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o
empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la Sala
Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura. […].

Sin embargo, esta regla no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es,
precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias
derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios
con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por
entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una
vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para
validar si la labor contratada corresponde a una función que “no puede realizarse con
personal de planta o requiere conocimientos especializados” es el juez contencioso.

60. La anterior postura del auto A-492 de 2021 de la Corte Constitucional, en
adelante, fue reiterada de manera pacífica28.

61. En este punto, resulta necesario destacar que el alto tribunal estableció en
auto A-024 de 2024 que los jueces a quienes se les asignaran los procesos en virtud
de los conflictos negativos de competencia, de cara al cambio jurisprudencial,
debían tener en cuenta las particularidades del caso concreto para garantizar el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

62. En otro asunto sobre conflictos de competencias entre jurisdicciones, la Corte
Constitucional delimitó en auto A-1942 de 2023 los siguientes criterios a tener en
cuenta por parte de los jueces: i) verificar si la aplicación de la nueva regla
jurisprudencial compromete garantías procesales o sustanciales; ii) valorar los
parámetros establecidos de manera compatible con principios constitucionales; iii)
tomar medidas o mecanismos que propendan por la protección del derecho al

28 Corte Constitucional, auto A-315 de 2025.

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acceso a la administración de justicia de las personas que obraron con la confianza
legítima de actuar en cumplimiento de las reglas modificadas.

63. En el caso bajo estudio, la demanda interpuesta por el señor Ivanov Enrique
Delgado Suárez contra la EPS Convida en liquidación discutió precisamente el tipo
de vínculo entre las partes, pues trabajó en esa entidad mediante contratos de
prestación de servicios, pero pretendía que se declarara que existió una relación
laboral y el reconocimiento y pago de prestaciones salariales y prestacionales.

64. En tal sentido, en los términos de la regla de decisión definida por la Corte
Constitucional en el auto A-492 de 2021, el asunto correspondía conocerlo a la
jurisdicción contenciosa-administrativa, tal y como lo determinaron el Juzgado
Cuarenta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en los autos proferidos, respectivamente, el 14 de
marzo de 2024, el 15 de octubre de siguiente y el 9 de julio de 2025, ya que la
demanda discutió el tipo de vinculación que hubo entre el señor Ivanov Enrique
Delgado Suárez y la EPS Convida en liquidación.

65. Además, es pertinente tener en cuenta que el alto tribunal constitucional, en el
auto A-1204 de 2024, resolvió un caso de similar contexto fáctico y jurídico al que
conocieron los jueces accionados, en el sentido de que declaró que el juez
contencioso-administrativo era la autoridad competente para conocer de la
demanda interpuesta por la allí tutelante contra la EPS Convida en liquidación, con
la pretensión de reconocimiento de relación laboral dada la vinculación mediante
contratos de prestación de servicio. En esta oportunidad, la Corte se limitó a aplicar
la regla de decisión definida en el auto A-492 de 2021.

66. Por otro lado, resulta oportuno aclarar que las reglas de la Corte Constitucional
previstas para eventos de cambios jurisprudenciales no resultan aplicables en el
caso concreto, toda vez que el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez trabajó para
la EPS Convida en liquidación hasta el 15 de septiembre de 2022, con posterioridad
al auto A-492 de 2021 de la Corte Constitucional que fue publicado el 22 de
septiembre de 2021.

67. Es decir, el auto A-492 de 2021 no configuró un cambio jurisprudencial para el
caso concreto, sino que, por el contrario, estableció el criterio, que continúa vigente,
para establecer la competencia para conocer las demandas que buscan discutir el
tipo de vinculación con el Estado, luego entonces, ese criterio que debió ser
atendido por la parte interesada.

68. A su vez, este criterio permitía establecer desde antes de que finalizara el
vínculo entre el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez y la EPS Convida en
liquidación, que la eventual demanda debía cumplir los presupuestos y requisitos
contenidos en el CPACA, de manera que la imposibilidad en adecuarla no podía ser
atribuida a las decisiones de los jueces accionados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

69. En cuanto a la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Constitucional, el
alto tribunal resuelve los conflictos de competencia suscitados entre las distintas
jurisdicciones con fundamento en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2015.

70. En consecuencia, al ser la Corte Constitucional a quien el propio constituyente
le asignó la función de dirimir los conflictos de competencia generados entre
jurisdicciones, sus reglas de decisión definidas en cumplimiento de dicha labor son
verdaderos parámetros que deben ser acatados por los todos los jueces de la
república y por las personas, de cara al deber previsto en el numeral 7 del artículo
95 superior, para lograr el buen funcionamiento de la administración de justicia.

71. No se trata de que el auto A-492 de 2021 constituya un precedente obligatorio
en estricto sentido, pues este concepto ha sido definido como «la sentencia o el
conjunto ellas»29 anteriores a un caso que es relevante para otro posterior; sino que,
en esa providencia, la Corte Constitucional estableció una regla de decisión al
momento de aplicar las normas que regulan la competencia de las autoridades
judiciales para conocer un tipo específico de asunto. Por tal motivo, tiene fuerza
vinculante.

72. De lo expuesto, la Sala observa que, en efecto, dado que el auto del 2 de
septiembre de 2024 requirió al señor Ivanov Enrique Delgado Suárez la adecuación
de la demanda a los requisitos previstos en el CPACA, no obstante, el interesado
no presentó memorial de subsanación, había lugar a rechazarla, en los términos
previstos en el artículo 169 del CPACA, y, por ende, a la confirmación en auto del 9
de julio de 2025 de la decisión apelada.

4. Conclusiones

73. Por las razones contenidas en esta providencia, la Sala concluye que el
Juzgado Cuarenta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el señor Ivanov Enrique Delgado Suárez, por cuanto no incurrieron
en el defecto procedimental absoluto.

74. En consecuencia, se modificará la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, se
resolverá negar la pretensiones del escrito de tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

29 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07987-01 (2615)
Accionante:Ivanov Enrique Delgado Suárez
Accionados: Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

Falla

Primero: Modificar la sentencia del 29 de enero de 2026 que profirió la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar las pretensiones de la tutela interpuesta por el señor Ivanov
Enrique Delgado Suárez contra el Juzgado Cuarenta y Tres Laboral del
Circuito de Bogotá, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las consideraciones expuestas en esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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