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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07989-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07989-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: DESVINCULAR a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas. TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07989-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07989-00
Accionantes: MARIBEL RANGEL PALMERA Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad en reparación
directa. Declara improcedencia. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y
otros. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333
de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 19 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Actuando en nombre propio, la señora Maribel Rangel Palmera y otros3
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionadas a las

autoridades indicadas en el numeral primero de esta providencia. Asimismo, se dispuso la
vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo
610 del Código General del Proceso.
3 Los ciudadanos Francisco Javier Bornacelly Álvarez, Nini Johana Bornacelly Álvarez, Lorena

Patricia Bornacelly Rangel, Olida Leticia Redondo Mojica, Marilys Rocha Redondo, Elliuth
Bornacelly Redondo, Sidis Esther Rocha Redondo, Teostide Dolores Bornacelly Redondo y Wuil
Alfredo Rocha Redondo.

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Accionantes: Maribel Rangel Palmera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07989-00

2. Con la solicitud de amparo pretenden que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, «al principio de buena
fe, a la confianza legítima y respeto del acto propio, a los derechos de las víctimas
del conflicto armado y a la reparación administrativa».

3. Los accionantes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de las siguientes providencias dictadas al interior del expediente con
radicado 20001-33-33-001 2021-00332-00/01: (i) fallo del 22 de junio de 2023,
por medio del cual el juzgado demandado declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa; y (ii) sentencia del 3 de
julio de 2025, proferida por el tribunal accionado, que confirmó la decisión de
primera instancia.

4. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: solicito el amparo constitucional de mis derechos fundamentales,
vulnerados y/o amenazados por las entidades accionadas, como son los
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, dignidad
humana, principio de buena fe, confianza legitima y respeto del acto
propio, principio de legalidad y de seguridad jurídica, PRINCIPIO PRO
HOMINE, las garantías judiciales consagradas en los arts. 8 y 25 de la
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE
SAN JOSE, COSTA RICA), y demás derechos que se observen
amenazados y/o vulnerados por las entidades accionadas.

SEGUNDO: solicito que el señor Juez constitucional haga un análisis jurídico
profundo, respecto de la situación planteada, y se modifique los fallos de
primera y segunda instancia, emitidos por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, respectivamente, las sentencias de fecha
diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) (primera
instancia) y la sentencia de fecha treinta y tres (03) de julio de dos mil
Veinticinco (2025), conforme los argumentos expuestos en esta tutela. Ello,
concediendo las pretensiones de la demanda y las que considere el señor
Juez constitucional, dentro del proceso:

MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA
DEMANDANTES: MARIBEL RANGEL PALMERA Y OTROS
DEMANDADOS: LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICIA
NACIONAL, EJERCITO NACIONAL
RAD: 20-001-33-33-001-2021-00332-00 y 20-001-33-33-001-2021-00332-
01

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia del tres (03) de julio de dos mil Veinticinco (2025), proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado20-001-33-33-001-2021-
00332-01; y ORDENAR a dicha autoridad judicial que, en el término máximo
de veinte (20) días, contados a partir de la notificación del fallo de tutela,
emita una nueva providencia de segunda instancia, en la que vuelva a valorar
la caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta
estrictamente lo señalado en la jurisprudencia de la CORTE
CONSTITUCIONAL y del CONSEJO DE ESTADO, vigentes y aplicables.

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Accionantes: Maribel Rangel Palmera y otros
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CUARTO: se ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL, UNIDAD NACIONAL PARA LA
JUSTICIA Y LA PAZ, UNIDAD SATELITE VALLEDUPAR (o la que
corresponda), SE SIRVA INFORMARNOS QUE ha pasado con la
investigación adelantada por esta entidad en lo referente al homicidio de
fecha 02 de febrero de 1998, donde resultó victima nuestro familiar
FRANCISCO SEGUNDO BORNACELLY REDONDO (q.e.p.d), quien en
vida se identificara con la C.C. N° 77.013.070, donde el postulado de las
autodefensas unidas de Colombia JHON JAIRO ESQUIVEL CUADRADO
alias “el tigre”, en versión libre dentro del proceso de justicia
transicional – JUSTICIA Y PAZ, del día 18 de febrero de 2013, de las
17:04:08 hasta las 17:17:41 horas, donde hizo manifestación de la muerte
de FRANCISCO SEGUNDO BORNACELLY REDONDO, en la fecha 02 de
febrero de 1998 en el Municipio de El Paso, Cesar, por el grupo paramilitar
que el comandaba. En dicha versión libre manifiesta de que le hizo el favor
a alias “AMIN”, quien era el comandante de la zona de EL PASO, CESAR.
Aun no se ha dictado sentencia en el proceso de justicia y paz4.

1.2. Hechos

5. El 7 de diciembre de 2021, la parte actora interpuso demanda de
reparación directa en contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional —
Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se declararan
administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales
causados por el homicidio de su familiar Francisco Segundo Bornacelly Redondo
y el posterior desplazamiento forzado que sufrieron5.

6. Al proceso se le asignó el radicado 20001-33-33-001 2021-00332-00 y le
fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar. Esta autoridad judicial, por medio del fallo del 22 de junio de 2023,
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

7. Sostuvo que, si bien los hechos que motivaron la demanda ocurrieron el 2
de febrero de 1998, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-254 de 2013, las víctimas de desplazamiento forzado tuvieron
una ampliación del término de caducidad, a efectos de promover el medio de
control de reparación directa, de dos años a partir de la ejecutoria de la decisión
referida. Es decir, teniendo en cuenta que el fallo quedó ejecutoriado el 22 de
mayo de 2013, se amplió el plazo para interponer demandas hasta el 23 de mayo
de 2015.

8. No obstante, expuso que los demandantes radicaron la solicitud de
conciliación extrajudicial el 13 de julio de 2021, y, en todo caso, no alegaron ni
demostraron alguna circunstancia que hubiera impedido presentar la demanda
en el término previsto por la ley.

4 Transcrito literal de la solicitud de amparo, con posibles errores.
5 Expusieron que, el 2 de febrero de 1998, hombres pertenecientes al grupo paramilitar
denominado Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron por razones ideológicas al señor
Bornacelly Redondo. Por ende, la familia se vio forzada a desplazarse del municipio de El Paso
(Cesar), por temor a sufrir represalias.

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9. Inconformes con la decisión, los accionantes promovieron recurso de
apelación. Indicaron que se desconoció que el desplazamiento forzado y sus
consecuencias debían imputarse al Estado por acción u omisión, ya que tenía
conocimiento de la operación de los grupos paramilitares en la región, mas no
actuó eficazmente para proteger la población.

10. A través de la sentencia del 3 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cesar confirmó la decisión del juzgado al concluir que, conforme al artículo
164 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, el
término de caducidad se extendió hasta el 25 de mayo de 2015, pero la demanda
fue radicada el 7 de diciembre de 2021.

11. Igualmente, expuso que, a pesar de que los demandantes hayan conocido
desde el 18 de febrero de 2013 la declaración en la que el homicida del señor
Bornacelly Redondo reconoció su responsabilidad al interior del proceso de
justicia transicional, no demostraron: (i) las circunstancias que les hubiese
impedido acudir a la justicia dentro del término legal establecido; (ii) que las
condiciones de seguridad les impide retornar al municipio de El Paso (Cesar); y
(iii) que persista un riesgo actual, a sabiendas de que el grupo armado
denominado Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizó en el año 2006.

1.3. Sustento de la vulneración

12. Los accionantes afirmaron que, al proferirse las providencias
cuestionadas, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
yerros:

• Defecto fáctico: tras considerar que no se valoró si tuvieron barreras de
«de índole material, técnico y jurídico para acceder a la jurisdicción», lo
cual impidió realizar un análisis para tener certeza desde cuando era
posible imputar la responsabilidad al Estado.

• Defecto por desconocimiento del precedente judicial: por ignorar los
criterios fijados en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, para el estudio del
término para la configuración de la caducidad.

Además, puso de presente que, pese a que tanto el juzgado como el
tribunal hayan basado su decisión en la sentencia SU-254 de 2013, la
Corte Constitucional revaluó dicho precedente en el fallo SU-439 de 2024.

En particular, estimó que las autoridades demandadas debieron valorar la
caducidad del medio de control a la luz «de la subregla jurisprudencial
según la cual el término de dos años debe contabilizarse a partir de dos
presupuestos relevantes: (i) desde el momento en que se tuvo

6 Sentencia SU-254 de 2013.

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‘conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado’ y (ii) que
la parte demandante ‘se encuentre en la capacidad material de imputarle
el mismo ante el aparato jurisdiccional’».

En ese orden, concluyó que, partiendo de que no se surtió el debate
probatorio, no hubo posibilidad de analizar la situación concreta en virtud
de la subregla referida.

• Defecto por violación directa de la Constitución: al soslayar el criterio de
antijuridicidad plasmado en el artículo 90 de la Carta y transgredirse los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como las garantías constitucionales a favor
de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

1.4. Intervenciones

13. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
se limitó a enviar el expediente de reparación directa.

14. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
tutela, y solicitó que se declare su la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte actora.

15. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela ante la carencia de relevancia constitucional del asunto y
su falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. La Policía Nacional solicitó «denegar las súplicas de la parte actora ante
la improcedencia de la acción de tutela», ya que no se vislumbra vulneración
alguna de los derechos fundamentales de la parte actora.

17. El Ejército Nacional pidió que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo o, en su defecto, se niegue el amparo pretendido.

18. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio, a pesar de haber
sido debidamente notificado.

1.5. Manifestación de impedimento

19. Encontrándose en sala el proyecto de fallo de segunda instancia, mediante
escrito enviado el 3 de febrero de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó impedimento para conocer del asunto, con fundamento en la
causal contemplada en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal7.

7
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]

5
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20. Al respecto, expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a
una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró que, como la
entidad integra la parte accionada de la acción de tutela, se encuentra inmerso
en la causal indicada, incluso, pese a que a su esposa le fue otorgada una
licencia no remunerada y actualmente se encuentra ejerciendo un cargo en la
Rama Judicial.

21. La Sección por auto de la misma fecha de la presente providencia, declaró
infundado el impedimento manifestado, puesto que no se acreditaron los
elementos requeridos para la configuración de la causal invocada.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada
por la parte actora, por las razones que se explicarán a continuación.

2.1. Cuestión previa

23. Delimitación del objeto de la decisión. La Sala observa que los accionantes
presentaron dos tipos de pretensiones. La primera está relacionada con los
presuntos defectos de las sentencias adoptadas en el proceso de reparación
directa con radicado 20001-33-33-001 2021-00332-00/01. La segunda busca que
se ordene a la Fiscalía General de la Nación entregar a los actores información
sobre el homicidio del señor Francisco Segundo Bornacelly Redondo (q.e.p.d.).

24. Respecto de la primera, la Sala advierte que, si bien los accionantes
cuestionaron las sentencias tanto de primera como de segunda instancia, se
limitará a estudiar la presunta transgresión de sus derechos fundamentales
respecto del fallo del tribunal por haber sido la decisión que zanjó la controversia
del medio de control de reparación directa

25. En lo que concierne a la segunda, sería del caso que la Sala se
pronunciara sobre la posible vulneración de los derechos de petición y de
información de la parte actora, de no ser porque los actores no alegaron la
vulneración de estas garantías fundamentales ni explicaron cuáles serían los
hechos u omisiones en los que habría incurrido la entidad.

26. Esto impide tener siquiera un sustento fáctico mínimo a la luz del cual
pueda analizarse la procedencia de la solicitud de tutela respecto de esta
pretensión. Máxime cuando los actores tampoco manifestaron, y mucho menos
probaron, haber presentado petición o requerimiento a la Fiscalía General de la
Nación.

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
[…]

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27. Por tales razones y en atención a que la entidad no hizo parte del proceso
ordinario en el que se profirió la providencia sub judice, la Sala desvinculará a la
Fiscalía General de la Nación de este trámite.

28. En tales términos, la Sala procederá únicamente con el estudio de los
cargos formulados contra la providencia judicial dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar en el proceso 20001-33-33-001 2021-00332-00/01.

2.2. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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33. La Sala advierte que la señora Maribel Rangel Palmera y otros12 están
legitimados en la causa por activa, porque fungieron como demandantes dentro
del medio de control en el que se dictaron las providencias que se reprochan
mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del
Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
están legitimados en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones
reprochadas mediante el presente trámite constitucional.

34. De otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó
su desvinculación, por no ser la autoridad con la competencia de cumplir una
eventual orden de amparo. No obstante, se negará dicha petición porque a la
entidad sí le asiste un interés en las resultas de este trámite por haber sido la
entidad demandada al interior del medio de control enjuiciado.

35. No obstante, la Sección evidencia que la Procuraduría General de la
Nación carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que todos los cargos
propuestos en el escrito de tutela se limitaron a cuestionar los fallos proferidos
por las autoridades judiciales accionadas al interior del proceso controvertido, sin
haber alegado vulneración alguna por parte de la entidad referida.

36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

37. En el caso concreto, la parte tutelante adujo que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente
judicial y por violación directa de la Constitución.

38. En síntesis, refirió que el fallo cuestionado ignoró la subregla
jurisprudencial, fijada a partir de la sentencia SU-439 de 2024 de la Corte
Constitucional, la cual está encaminada a verificar desde que momento las
víctimas delitos de lesa humanidad tuvieron conocimiento de la participación del
Estado en relación con los hechos que ocasionaron el daño y desde cuando

12 Los ciudadanos Francisco Javier Bornacelly Álvarez, Nini Johana Bornacelly Álvarez, Lorena

Patricia Bornacelly Rangel, Olida Leticia Redondo Mojica, Marilys Rocha Redondo, Elliuth
Bornacelly Redondo, Sidis Esther Rocha Redondo, Teostide Dolores Bornacelly Redondo y Wuil
Alfredo Rocha Redondo.
13 Sentencia SU-215 de 2022.

8
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podían imputarle la responsabilidad a las autoridades estatales. Todo esto, a
efectos de fijar el momento desde el cual se debe iniciar el conteo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa.

39. Al respecto, cabe destacar que, después de analizar las pruebas obrantes
en el expediente, lo que conllevó a que se encontrara probada la excepción de
caducidad del proceso fue que, a pesar de que los demandantes sostuviesen que
seguían en condición de desplazados, no se probó que persistiesen riesgos o
amenazas que impidieran el retorno al municipio de El Paso. En ese orden, el
tribunal estimó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado14, no se puede extender indefinidamente el término para
contar la caducidad, menos cuando los demandantes adelantaron diversas
gestiones administrativas a fin de que fueran incluidos en el Registro Único de
Víctimas a fin de iniciar la solicitud de reparación administrativa desde el 2008.

40. De igual forma, respecto del momento desde que la parte actora tuvo la
posibilidad material de imputar la responsabilidad al Estado, además de destacar
que desde el 18 de febrero 2013 los demandantes conocieron la declaración -
realizada por un miembro del grupo armado denominado Autodefensas Unidas
de Colombia- en la que se reconoció la responsabilidad del homicidio del señor
Bornacelly Redondo, la autoridad judicial demandada sostuvo que:

Dado el tiempo transcurrido desde los hechos —que datan de 1998— resulta
razonable concluir que, como suele ocurrir en estos casos, los actores
pudieron ir superando gradualmente las consecuencias inmediatas del
desplazamiento forzado, logrando arraigarse progresivamente en el/los
municipios de acogida, y así emprender nuevos proyectos de vida.

Tales circunstancias permiten inferir no solo un nivel básico de arraigo y
estabilidad, sino también evidencian que, para el 23 de mayo de 2015 —
fecha tomada como punto de partida para el cómputo de la caducidad—, era
razonable suponer que los actores contaban con condiciones suficientes
para ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Destaca la Sala que, en el presente asunto, la actividad probatoria se orientó
exclusivamente a acreditar la calidad de víctima, sin que se hubieran
demostrado las circunstancias que presuntamente les habrían impedido a
los demandantes acudir a la justicia dentro del término legal establecido para
ello. Tampoco se allegó prueba alguna que permita concluir que las
condiciones de seguridad en su lugar de origen impiden el retorno o que
persista un riesgo actual, máxime cuando el grupo armado al que se atribuye
el desplazamiento —las Autodefensas Unidas de Colombia— se desmovilizó
en el año 2006. En tal medida, se desvirtúa la tesis de una afectación
permanente que justifique la inacción procesal dentro del plazo legal para
ejercer el medio de control.

Bajo esa misma línea, observa la Sala que los actores no acreditaron que,
más allá de los hechos iniciales acusados, persista actualmente una
afectación material o moral derivada de dichos eventos. Por el contrario, su
inclusión en programas estatales de reparación, y su participación activa en
actuaciones judiciales, evidencian que han logrado reconstruir su proyecto

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2023, M.P.

José Roberto Sáchica Méndez, rad. 20001-23-31-000-2012-00163-02.

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Accionantes: Maribel Rangel Palmera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07989-00

de vida y acceder a mecanismos institucionales de protección. Por ello, se
advierte que el daño sufrido no mantiene un carácter continuado que
justifique la inaplicación del término de caducidad, sino que debe entenderse
como un hecho histórico cuya indemnización debía reclamarse dentro del
plazo legal.

41. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por
la parte actora reflejan una mera inconformidad con los criterios jurídicos
adoptados por el tribunal accionado, debido a que concluyó que no se acreditó
alguna circunstancia que permitiese al juez flexibilizar el momento desde el cual
se debía contar el término de caducidad. De hecho, a pesar de que tanto en el
proceso ordinario como en el escrito de tutela haya puesto de presente que no
se analizaron las barreras que impidieron adelantar el medio de control de
reparación directa con anterioridad, no hicieron referencia a ninguna prueba en
específico que estuviera encaminada acreditar lo afirmado.

42. En ese orden, se observa que la parte tutelante pretende convertir la
acción de tutela en una especie de instancia adicional, para que nuevamente se
realice el conteo del término de caducidad desde la óptica que él propone, pero
sin justificar por qué se vieron afectadas sus garantías fundamentales. Incluso, a
pesar de que alega el desconocimiento de una subregla jurisprudencial, no
explicó las razones fácticas por las que dicha regla le resultaba aplicable a su
caso concreto.

43. Aunado a lo anterior, se destaca que, pese a que los accionantes reiteran
el reproche, presentado contra la sentencia de primera instancia, de que se
estudie el material probatorio que permitiese flexibilizar la caducidad por la
existencia de barreras que los imposibilitaron de imputar la responsabilidad al
Estado, así como en el proceso ordinario, la parte tutelante volvió a incurrir en la
misma falencia indicada por el tribunal demandado, puesto que no hizo referencia
a prueba alguna que acreditara tal imposibilidad. Por ello, el defecto fáctico acá
alegado, tampoco cumplió con la carga argumentativa mínima para que el asunto
goce de relevancia constitucional.

44. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.

45. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
presentada por la señora Maribel Rangel Palmera y otros15 respecto de los

15 Los ciudadanos Francisco Javier Bornacelly Álvarez, Nini Johana Bornacelly Álvarez, Lorena

Patricia Bornacelly Rangel, Olida Leticia Redondo Mojica, Marilys Rocha Redondo, Elliuth
Bornacelly Redondo, Sidis Esther Rocha Redondo, Teostide Dolores Bornacelly Redondo y Wuil
Alfredo Rocha Redondo.

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reproches dirigidos contra las providencias judiciales cuestionadas, al no
encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: DESVINCULAR a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas.

TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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