Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07996-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07996-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07996-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07996-01
Demandante JOSÉ FULTON LLOREDA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reconocimiento sanción moratoria por el no pago oportuno de
cesantías definitivas. Reclamación ante la administración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por José Fulton Lloreda contra el fallo
del 12 de marzo de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por José
Fulton Lloreda en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 20251, el señor José Fulton Lloreda presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida en
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 27001-23-33-000-2018-00059-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Ampárense los derechos fundamentales a JOSÉ FULTON LLOREDA, derechos ya
descritos como violados.
«2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESELE:
a. Al H. Consejo de Estado, en el término de 48 horas posterior a la ejecutoria del
fallo de tutela, DEJE SIN EFECTOS la sentencia de octubre 23 de 2025.
b. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE dictar una nueva providencia
donde se valore la reclamación administrativa presentada el 27 de noviembre de
2017 en la cual se había solicitado el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en la ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de las
cesantías.
3. Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la
Procuraduría General de la Nación, por parte del señor Magistrado de la causa,
para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar
dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas
decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las sentencias
de tutela Nros. T - 942 del 2000 у Т - 098 del 2002».
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría online del aplicativo SAMAI.
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Demandante: José Fulton Lloreda Lloreda
2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor José Fulton Lloreda laboró en la institución educativa Nuestra Señora
de la Candelaria de Bagadó (Chocó) desde el 1º de marzo de 1977
inicialmente como pagador. Posteriormente fue nombrado en carrera
administrativa mediante la resolución 5022 del 9 de septiembre de 1998 en el
empleo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 23; empleo que ocupó
hasta el 16 junio de 2015, cuando presentó renuncia por haber cumplido con
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
2.2. El 12 de febrero de 2009 el actor solicitó a la administración departamental el
pago retroactivo de la prima semestral por el año 2008, las vacaciones, primas
de recreación y vacacional y la bonificación por servicios prestados
correspondientes a los años 2008 y 2009, así como la dotación por los años
2003 a 2005, frente a lo que no se dio respuesta por parte del ente territorial.
2.3. Con ocasión del silencio administrativo el actor insistió en su solicitud mediante
peticiones presentadas el 25 de julio de 2011 y el 29 de noviembre de 2013,
frente a las que tampoco obtuvo respuesta.
2.4. En los hechos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
manifestó que con el escrito de renuncia al cargo, solicitó el reconocimiento y
pago de sus prestaciones sociales entre ellas las cesantías frente a lo que no
obtuvo respuesta.
2.5. Afirmó presentar nuevamente peticiones el 25 de enero de 2016 y el 9 de
marzo de 2016 frente a las que tampoco hubo respuesta.
2.6. Mediante oficio del 10 de octubre de 2016 el director administrativo de la
administración temporal para el sector educativo del departamento del Chocó
le informó que el pago de cesantías con retroactividad como lo solicitó el actor,
procedía con posterioridad al 9 de julio de 2009 con la totalidad del tiempo que
había estado vinculado, previo descuento por concepto de cesantías,
retroactividad e intereses causados hasta el 5 de julio de 2009 ya que lo
causado con anterioridad era responsabilidad de la gobernación del Chocó así
como los valores que hubieran sido trasladados por la administración al Fondo
Nacional del Ahorro.
Mediante resolución 003727 del 20 de diciembre de 2016 el Administrador
Temporal del Sector Educativo en el Departamento del Chocó ordenó a favor
del demandante el reconocimiento, liquidación y pago de la retroactividad de
las cesantías desde el 6 de junio de 2009.
2.7. Sostuvo el actor que el 27 de noviembre de 2017 presentó reclamación ante
la administración, con el fin de que le fuera reconocida la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías definitivas.
2.8. El 15 de diciembre de 2017 el Ministerio de Educación informó al actor que la
solicitud del pago de las acreencias laborales y las cesantías definitivas era de
competencia exclusiva de la Secretaría de Educación del departamento del
Chocó y se dio traslado a dicha entidad.
2.9. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó mediante oficio del 20
de diciembre de 2017 le dio respuesta al accionante en el sentido de indicarle
que el 22 de febrero de ese año le había cancelado $2.473.875 por concepto
de retroactividad de las cesantías y que la administración comenzó a
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cancelarlas a partir del año 2009 por lo que esas deudas debían ser solicitadas
ante la Gobernación del Chocó.
2.10. Señaló que las cesantías le fueron reconocidas y canceladas en forma parcial
pero no liquidadas de conformidad con las normas que rigen a los docentes
nacionalizados por lo que era procedente la sanción por la demora en el pago
de las cesantías y por el no reconocimiento en su totalidad de estas y sus
intereses de mora.
2.11. Por lo anterior, el señor José Fulton Lloreda Loreda haciendo uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra
la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios del 15 de
diciembre de 2017 proferido por el Ministerio de Educación Nacional y del 20
de diciembre de 2017 emanado de la Secretaría de Educación Departamental
del Chocó, además del silencio administrativo negativo con ocasión de las
reclamaciones administrativas presentadas desde el año 2009.
En consecuencia, pidió el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos:
(i) El retroactivo correspondiente a los meses de enero a abril del año 2008 y la
prima semestral del año 2008 y el mes de enero del 2008.
(ii) Vacaciones del 2005 al 2008, prima vacacional, prima de servicios, prima
técnica - quinquenio, bonificación por servicios prestados y prima de recreación
del año 2008 al 2009.
(iii) Dotaciones del año 2003 al 2005.
(iv) Las cesantías definitivas y sus intereses por todo el tiempo de servicio prestado
desde el año 1977 a junio de 2015.
(v) Por el no reconocimiento de las cesantías definitivas durante el tiempo de
servicio prestado, se reconociera de conformidad con la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, la sanción moratoria a partir del 1º de
septiembre de 2015 hasta la fecha que efectivamente se le cancelaran en su
totalidad las cesantías definitivas adeudadas y sus intereses.
2.12. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo del Chocó (expediente
27001-23-33-000-2018-00059-00/01) que en providencia del 23 de febrero de
2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En cuanto a las prestaciones sociales reclamadas sostuvo que la acreencia
referida a la prima vacacional, prima de recreación, el retroactivo de enero a
abril de 2008 al igual que la prima semestral, la prima vacacional, la
bonificación por servicios prestados y la prima de recreación del año 2008 al
2009 así como las dotaciones del 2003 al 2005 fueron reclamadas el 12 de
febrero de 2009 interrumpiéndose la prescripción por una sola vez hasta el 12
de febrero de 2011, fecha en que se debió reclamar la prestación en sede
judicial pero que solo había presentado la solicitud hasta el 4 de mayo de 2018
por lo que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, y por tanto
se abstenía de hacer un pronunciamiento de fondo.
Frente a las cesantías definitivas reclamadas por la parte actora, el Tribunal
expuso que fueron reconocidas y liquidadas mediante la resolución 3727 del
20 de diciembre de 2016 pero que no se había hecho mención al pago parcial o
abono alguno efectuado al demandante por concepto de cesantías generadas
durante el lapso laborado entre el 1º de marzo de 1977 al 21 de julio de 2015,
que solo existía constancia del pago correspondiente al periodo 2009 a 2015,
razón por la que ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
al señor José Fulton Lloreda por los años 1977 a 2008.
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En cuanto el reconocimiento y pago de la sanción moratoria aseguró que debía
negarse esta pretensión por cuanto las cesantías se estaban reconociendo en
sede judicial y en ese sentido, conforme con la jurisprudencia cuando el
reconocimiento de las cesantías se hacía mediante sentencia judicial las
sanciones por incumplimiento o mora estaban sometidas a los términos que la
ley disponía para el cumplimiento de la sentencia.
Frente a los demás aspectos se negaron las pretensiones de la demanda.
2.13. La decisión se apeló por la parte demandante en relación con las pretensiones
que se negaron por parte del Tribunal.
Conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B que en sentencia del 23 de octubre de 2025 (notificada a las partes
por correo electrónico el 6 de noviembre de 2025) confirmó la decisión de primera
instancia.
Frente al pago de las acreencias laborales indicó el recurrente que no fueron
tenidas en cuenta las consecuencias jurídicas del silencio administrativo
negativo con respecto a las peticiones del 12 de febrero de 2009 y del 25 de
julio de 2011 y que por tanto podía demandarse en cualquier tiempo y en
consecuencia no había lugar al rechazo de tales pretensiones por prescripción.
En relación con este aspecto, aclaró la autoridad judicial accionada que el
silencio administrativo negativo no eliminaba los efectos de la prescripción sino
que solo facultaba a la persona para demandar judicialmente sin esperar un
pronunciamiento expreso de la autoridad, en ese sentido, expuso que dicha
figura era una institución autónoma que extinguía el derecho por el paso del
tiempo y la inactividad del titular.
Consideró entonces que las acreencias laborales solicitadas el 12 de febrero
de 2009 estaban prescritas como lo indicó la sentencia de tutela de primer
grado, pues el demandante interrumpió el término de prescripción mediante la
presentación de la reclamación administrativa y disponía de un lapso igual
para acudir a la jurisdicción, lo que únicamente ocurrió hasta el 4 de mayo de
2018, cuando ya había operado la prescripción.
En esa medida anunció que al ser prestaciones que se reconocían durante
toda la vigencia de la relación laboral, constituían derechos crediticios que se
hacían exigibles por cada periodo de causación según el caso.
De las peticiones del 25 de julio de 2011 y 14 de marzo de 2016 por medio de
las cuales el demandante reiteró la solicitud de pago de las prestaciones
laborales causadas por iguales periodos a los reclamados en la solicitud del
12 de febrero aludida, consideró que no podían ser tenidas en cuenta para
interrumpir la prescripción ya que esto ocurría una sola vez y por un lapso
igual.
En relación con el pago de las cesantías definitivas precisó que coincidía con
lo resuelto por el juez de primera instancia, pero consideró que debía
modificase la orden dada por el Tribunal en la medida que no estaba
acreditado el pago de las cesantías retroactivas correspondientes al período
comprendido entre el 1° de marzo de 1977 y el 5 de julio de 2009, ni del valor
de $2.473.575 ordenado en la resolución 003727 del 20 de diciembre de 2016.
Por último, de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías
definitivas explicó que conforme con la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-
S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023 de la Sección Segunda del Consejo de
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Estado, para demandar la sanción moratoria era indispensable presentar
previamente una reclamación administrativa específica ya que solo así se
generaba un acto expreso o presunto susceptible de control judicial y se
interrumpía la prescripción por una sola vez.
En ese contexto afirmó que compartía la decisión de negar el reconocimiento
de la sanción moratoria pero no por las razones indicadas en la sentencia de
primera instancia sino por la falta de reclamación administrativa, pues reiteró
que de acuerdo con la mencionada sentencia de unificación, aplicable
retrospectivamente a los asuntos que se encontraran en trámite en sede
administrativa o judicial, para demandar la sanción moratoria era indispensable
presentar previamente una reclamación administrativa específica y que, en el
caso particular, no obraba prueba que permitiera advertir que se presentó la
reclamación administrativa previamente, requisito indispensable para poder
acudir a la jurisdicción y reclamar la sanción moratoria, conforme con lo
establecido en la mencionada sentencia de unificación.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que al proferir la sentencia del 23 de octubre de 2025 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-23-33-000-2018-
00059-00/01 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas documentales,
concretamente la petición del 27 de noviembre de 2017 en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas.
Indicó que con ocasión de dicha solicitud se dio paso a que se demandara la nulidad
de los oficios del 15 de diciembre de 2017 proferido por el Ministerio de Educación
Nacional y del 20 de diciembre de 2017 emitido por la Secretaría de Educación del
Chocó.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 19 de diciembre de 2025 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor José Fulton Lloreda contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B (ii) ordenó la notificación de las
partes; (iii) como terceros con interés al Ministerio de Educación, al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, a la Gobernación del Chocó y
a la Secretaría de Educación del departamento del Chocó (entidades que
actuaron como demandadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho) y (iv) al Tribunal Administrativo del Chocó (autoridad judicial que emitió
la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario).
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B se pronunció por
conducto del magistrado ponente de la decisión de cierre.
Hizo una síntesis de los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada e
indicó que no era posible pronunciarse de fondo sin una reclamación expresa
ante la administración frente al reconocimiento expreso de la sanción
moratoria, por lo que no existía un acto susceptible de control judicial.
Precisó que la reclamación del 27 de noviembre de 2017 a la que se hacía
alusión en la solicitud de amparo no fue incorporada en el expediente allegado
al despacho y que tampoco se relacionó en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, específicamente, en el acápite denominado
«pruebas acompañadas», ni en la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó del 23 de febrero de 2023, en el aparte
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de «hechos probados», ni en el recurso de apelación, razón por la cual no era
posible tener conocimiento de su existencia ni certeza de su contenido.
Concluyó que la sentencia se había emitido conforme a derecho y que lo que
exponía era una inconformidad con lo resuelto por lo que pidió se negaran las
pretensiones de la demanda.
4.3. El Tribunal Administrativo del Chocó intervino por conducto de la
magistrada ponente. Indicó que el proceso se adelantó garantizando el debido
proceso, toda vez que la parte actora pudo ejercer su derecho de defensa al
punto que apeló la decisión de primera instancia, y sus inconformidades fueron
resueltas por el superior.
Sostuvo que lo pretendido por el actor era reabrir una discusión ya resuelta en
el proceso ordinario utilizando la acción de tutela como un mecanismo alterno
para controvertir decisiones judiciales y convertirla en una instancia adicional,
lo que desnaturaliza su finalidad.
4.4. El Ministerio de Educación presentó escrito de oposición por conducto
apoderada judicial quien manifestó que no se advertía la vulneración de
derechos fundamentales al accionante, que la controversia era de tipo
económico y que la decisión judicial había hecho tránsito a cosa juzgada y en
principio era inmodificable.
De otra parte, indicó que la tutela iba dirigida contra la autoridad judicial y que
dentro de las funciones del ministerio no se advertía trasgresión de derechos
de rango fundamental al tutelante por lo que manifestó no tener legitimación
en la causa por pasiva y pidió en consecuencia ser desvinculado de la presente
acción.
4.5. La Secretaría de Educación del departamento del Chocó a través de la
secretaria de educación departamental presentó escrito de oposición en el que
manifestó que no estaban superados los requisitos de procedencia de tutela
contra providencia judicial, que el asunto era meramente legal frente a lo que
no tenía injerencia el juez constitucional y, agregó que la tutela estaba siendo
utilizada como una instancia adicional para insistir en argumentos propuestos
y resueltos por el juez natural.
Además, manifestó no tener legitimación en la causa por pasiva al estarse
cuestionando decisiones judiciales por lo que pidió ser desvinculado de la
presente acción.
4.6. La Fiduprevisora SA, no se pronunció en esta oportunidad pese haber sido
notificada en debida forma de la presente acción.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 12 de marzo de 2026
declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no se encontraba satisfecho
el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa para
cuestionar una providencia dictada por una alta corte.
Agregó que el actor se limitó a expresar en términos generales las razones por las
que consideró que se configuraba el defecto alegado pero que no expuso
argumentos tendientes a demostrar las razones por las que el caso comportaba
relevancia constitucional.
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Sostuvo que el defecto fáctico propuesto se soportaba en la falta de valoración de
la reclamación administrativa de 27 de noviembre de 2017 argumento que solo
evidenciaba su disenso con la exigencia de dicha prueba más no con una omisión
frente a su estudio pues de la revisión de la providencia del 23 de octubre de 2025,
era posible constatar que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación había relacionado con precisión todos los hechos probados así como
los medios de prueba que los respaldaban y que ninguno de ellos daba cuenta que
dicha reclamación administrativa hubiera sido aportada al proceso.
Aclaró que la autoridad judicial demandada se refirió de forma expresa a la
inexistencia de prueba sobre la radicación de la reclamación administrativa al punto
de negar las pretensiones relacionadas con la sanción moratoria que exigía prueba
de la petición previa a la administración, de modo que lo que se advertía era su
inconformidad con lo resuelto por el juez natural.
También consideró la providencia que la tutela versaba sobre aspectos de
interpretación legal y de naturaleza eminentemente económica y que tal como lo
reconocía la Corte Constitucional, las discusiones sobre el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, por regla general, no tenían relevancia constitucional ya
que correspondía a un asunto legal y de naturaleza económica.
La decisión contó con el salvamentos de voto de los magistrados Omar Joaquín
Barreto Suárez y Gloria María Gómez Montoya, quienes manifestaron que el asunto
era relevante constitucionalmente al haberse puesto de presente por parte del actor
la existencia de un defecto fáctico por falta de valoración de una prueba. En ese
sentido, consideraron que al hacerse el estudio de fondo se hubiera podido concluir
que no se incurría en ese defecto ya que el documento que extrañó la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación en la decisión de cierre solo se aportó
en el presente trámite constitucional.
6. Impugnación
El accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó su inconformidad
con lo resuelto por el juez de primera instancia y reiteró los argumentos presentados
en el escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 20176, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección
Quinta en declarar improcedente la presente acción por no estar acreditado el
requisito de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa y por
considerar que se trataba de un asunto meramente económico y legal.
De encontrar superado este requisito y los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si la decisión del 23 de octubre de 2025 proferida en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-23-33-000-2018-00059-00/01 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en defecto fáctico en
los términos propuestos por la parte actora.
4. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
4.2. En el caso propuesto, la sentencia de primera instancia declaró la
improcedencia de la presente acción por falta de relevancia constitucional ya
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que consideró que (i) no se cumplió con carga argumentativa suficiente y (ii)
la controversia versaba sobre asuntos de naturaleza legal y económica. Sin
embargo, la Sala no comparte tal conclusión, por las razones que pasan a
explicarse:
En relación con la falta de carga argumentativa se advierte que, contrario a
lo afirmado en la providencia impugnada, el accionante expuso de manera
sucinta las razones por las que, a su juicio, se configura el defecto fáctico
alegado, e indicó la incidencia de tal omisión en la valoración probatoria en la
prosperidad de la pretensión de reconocimiento del concepto reclamado en el
respectivo medio de control, relativo al pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías definitivas.
Los argumentos del accionante para sustentar el defecto fáctico fueron los
siguientes:
«Se instaura la presente acción de tutela, ya que el H. Consejo de Estado en decisión de
segunda instancia -sentencia de octubre 23 de 2025- decide negarle la sanción moratoria a
mi poderdante, supuestamente por no haberse realizado una reclamación administrativa,
solicitando el reconocimiento y pago de dicha sanción moratoria -Ley 244 de 1995.
Aspecto que no se comparte y por ello se presenta la acción de tutela, ya que dicha
reclamación se presentó desde el 27 de noviembre de 2017, como se demuestra con los
hechos de la demanda y no fue valorada en debida forma por el juzgador.
La vía de hecho por defecto fáctico.
Respecto de la vía de hecho por defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado que se
produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una
dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez».
Además, en el escrito de tutela al exponer la situación fáctica se refirió a la
sentencia de segunda instancia que se cuestiona, manifestó su desacuerdo
con la decisión y precisó lo siguiente:
«La reclamación administrativa se realizó, el 27 de noviembre de 2017, o sea, dentro de los
plazos legales, lo que demuestra que se tenía derecho al reconocimiento de la Sanción
moratoria.
Lo anterior demuestra una errada valoración de la prueba, ya que la reclamación
administrativa se había realizado y producto de dicha reclamación se crearon unos actos
administrativos que fueron pedidos en nulidad dentro de la demanda, por lo cual considero,
que se debe ordenar dejar sin efecto la sentencia y proferir una nueva decisión donde se valore
de manera correcta la reclamación administrativa donde se pidió el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria».
De manera que, se encuentra una justificación de las razones por las que el
señor José Fulton Lloreda Lloreda considera que la providencia del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en el mencionado defecto
fáctico, lo que permite concluir que tal cargo cuenta con una carga
argumentativa que permite hacer un estudio de fondo.
Frente al argumento de tratarse de un asunto meramente legal y económico
la Sala encuentra que si bien se involucran asuntos relacionados con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías del señor José Fulton Lloreda Lloreda, en realidad lo que se discute
no es el monto o el derecho a percibir las sumas perseguidas por el actor sino
la posible vulneración de derechos fundamentales ante la ausencia de
valoración de un documento que, según el actor, fue omitido por la autoridad
judicial accionada; lo que de resultar cierto, tendría incidencia en el núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso del accionante.
En este orden de ideas, considera esta sección que, contrario a lo afirmado
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por el juez de tutela de primera instancia, el mencionado requisito se encuentra
superado.
4.3. A juicio de la Sala, en el caso concreto se satisfacen los demás requisitos
generales de procedibilidad de la acción por lo siguiente:
(i) La controversia alude a la posible vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor José
Fulton Lloreda Lloreda, con la sentencia del 23 de octubre de 2025 que decidió
en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovido para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.
(ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se
advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios.
(iii) Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues
la sentencia cuestionada data del 23 de octubre de 2025; fue notificada por
correo electrónico a las partes el 6 de noviembre de 2025; y la acción de tutela
se presentó el 15 de diciembre de 2025 por lo que se encuentra dentro del lapso
considerado como razonable.
(iv) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
(v) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados. En este sentido, se advierte que si bien en las dos
instancias se negó la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas del
accionante, las razones de la decisión en ambas instancias fueron
sustancialmente distintas; y se tiene que los cargos que propone el accionante,
se dirigen concretamente contra los argumentos de la negativa de sus
pretensiones contenidas en la sentencia de cierre.
Nótese que las razones por las que se negó en primera instancia la pretensión
de reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías, se hizo consistir en el hecho de que esa decisión judicial era
constitutiva del derecho y, por tanto, no podría hablarse de sanción por mora en
el reconocimiento y pago respectivo.
Por su parte, la sentencia de segunda instancia negó las pretensión de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada por la ausencia de
petición previa ante la administración. Y este fue el fundamento de la
inconformidad del actor ante la supuesta falta de valoración de una prueba
relevante para resolver el asunto.
Tampoco podría afirmarse que se trate de la proposición de hechos nuevos,
como quiera que desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el señor José Fulton Lloreda Lloreda se refirió a la petición del 27 de noviembre
de 2017.
5. Alcance del defecto fáctico y su análisis en el caso concreto
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
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absolutamente inadecuado para el caso concreto7.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional8 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión9; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo10.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia11.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión12.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia13. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios14.
5.2. El aspecto sobre el que gira la inconformidad del accionante tiene que ver
puntualmente con la falta de valoración de la petición del 27 de noviembre de
2017 por la que el actor afirma haber solicitado a la administración el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
sus cesantías definitivas, con ocasión de su retiro del servicio por renuncia al
cargo que desempeñaba para acceder a la pensión de jubilación.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la providencia del
23 de octubre de 2025 que se cuestiona mediante este mecanismo
constitucional, en concreto frente al punto del reconocimiento y pago de la
referida sanción moratoria, indicó:
«2.4.3. En cuanto a la sanción moratoria por pago tardío o incompleto de las cesantías
definitivas
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ibidem.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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70. Tal y como se señaló en el marco normativo la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, indicó
que para demandar la sanción moratoria es indispensable presentar previamente una
reclamación administrativa específica, pues solo así se genera un acto expreso o presunto
susceptible de control judicial y se interrumpe la prescripción por una sola vez.
71. Ahora bien, la Sala comparte la decisión de negar el reconocimiento de la sanción
moratoria pero no por las razones indicadas en la sentencia de primera instancia en la que se
señaló «las cesantías se están reconociendo en la presente providencia, con fundamento en
la pauta jurisprudencial, según la cual cuando el reconocimiento de las cesantías se hace en
pronunciamiento en sentencia judicial las sanciones por incumplimiento o mora, están
sometidas a los términos que la ley dispone para el cumplimiento de la sentencia» (sic).
72. Lo anterior, por cuanto la razón de esta Subsección para negar la pretensión es la
falta de reclamación administrativa. Ello es así, por cuanto de acuerdo con la menciona
sentencia de unificación, aplicable retrospectivamente a los asuntos que se encuentren en
trámite en sede administrativa o judicial, para demandar la sanción moratoria es
indispensable presentar previamente una reclamación administrativa específica, pues
solo así se genera un acto expreso o presunto susceptible de control judicial y se
interrumpe la prescripción por una sola vez.
73. En el caso particular, no obra prueba que permita advertir que se presentó la
reclamación administrativa previamente, requisito indispensable para poder acudir a
la jurisdicción contencioso-administrativa y reclamar la sanción moratoria, conforme
con lo establecido en la mencionada sentencia de unificación.
74. Por lo analizado en este punto la Sala confirmará la sentencia proferida el 23 de febrero
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Chocó». (Resaltos intencionales)
De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de cierre, la razón para negar la
pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria radicó en la ausencia
de una solicitud a la administración en ese sentido por parte del señor José
Fulton Lloreda Lloreda, requisito indispensable para provocar un
pronunciamiento por parte de la entidad.
5.3. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que no le asiste razón al tutelante,
cuando señala que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
en su dimensión negativa, porque dejó de valorar la petición del 27 de
noviembre de 2017, pues lo que se concluye es que dicho documento no fue
allegado al proceso ordinario.
Se resalta que la autoridad judicial, advirtió la falta de petición previa ante la
entidad accionada, solicitando el reconocimiento de la sanción moratoria por
el no pago oportuno de sus cesantías definitivas, exigencia que se encuentra
ajustada a la normatividad aplicable al caso concreto:
Según el artículo 138 CPACA, el agotamiento de la vía administrativa
constituye un presupuesto indispensable para acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho:
«ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior
se contará a partir de la notificación de aquel.».
Sobre la imposibilidad de acudir a la jurisdicción sin la formulación de petición
a la administración, y la necesidad de una respuesta expresa o presunta de
ésta, conocido como el «privilegio de la decisión previa», la doctrina ha explicado
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que «En los ordenamientos procesales administrativos hispanoamericanos rige como regla
general el requisito de la decisión previa. No son admisibles pretensiones frente a la
administración pública ante los tribunales sin la existencia de una manifestación de
voluntad de la entidad pública en relación con la cual se formula la pretensión [.]
«...únicamente es admisible la pretensión si existe un acto administrativo o disposición
general de la administración...»15. Y agrega que «…es obvio que, para que pueda
producirse una denegación presunta, es necesario que se formule una petición, en el más
amplio sentido: petición, reclamación o recurso. Cualquiera que sea el régimen jurídico del
silencio en el ordenamiento jurídico de que se trate, es presupuesto esencial la existencia de
la petición…».16
Por lo anterior, para convocar a la Administración a un proceso ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deben cumplirse con los
siguientes requisitos: (i) la presentación de la petición a la Administración, con
lo que se da inicio a la actuación administrativa; (ii) la decisión expresa o
presunta de la autoridad (ante la ausencia de manifestación expresa de la
Administración frente a la petición formulada, luego de transcurrido el término para
decidir frente a la petición inicial); y (iii) la firmeza del acto administrativo (artículo
87 CPACA).
Cuando se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesaria
la existencia de un pronunciamiento (expreso o ficto) de la administración,
precedido de una solicitud por parte del interesado; y de ser el caso, conforme
lo establece el numeral 2º del artículo 161 del CPACA, se exige que se hayan
ejercido y decidido los recursos procedentes.
Al respecto el Consejo de Estado ha indicado que es necesario agotar de
manera preliminar la actuación administrativa como presupuesto procesal de
la acción contenciosa administrativa, tal como lo indica el siguiente
pronunciamiento:
«El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal sine qua
non para quien pretende acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de
hacer valer sus derechos, por tanto, es obligatorio para quien pretenda demandar un acto
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
agotar la actuación administrativa antes de acceder a la jurisdicción contenciosa; dicha
reclamación debe tramitarse ante la entidad pública llamada a reconocer o extinguir el
derecho que sea invocado por el administrado, es decir, aquella entidad que tenga la
competencia o atribución legal para crear o modificar situaciones jurídicas a través de la
expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto.
Así las cosas, la finalidad de este requisito de procedibilidad brinda a la Administración la
oportunidad de revisar su decisión y subsanar las irregularidades en que hubiese incurrido y
de esta forma evitar la intervención del juez administrativo y una eventual condena que pueda
afectar al tesoro público.
En ese orden, hay un indebido agotamiento de la actuación administrativa cuando se plantean
asuntos nuevos que no fueron formulados cuando se pretendió agotar la actuación
administrativa, puesto que, los hechos, cargos y pretensiones reclamadas para que la
administración revise sus decisiones y subsane las irregularidades en que pudo haber
incurrido, imponen el marco de la demanda, es decir que un punto que no fue discutido ante
la administración, no podrá ser estudiado en sede jurisdiccional, lo que sí se puede plantear
son mejores argumentos jurídicos»17.
5.4. Revisado el expediente ordinario, en efecto como se advirtió en la decisión de
cierre, no se evidencia el documento al que alude el actor al momento de
justificar la ausencia de valoración probatoria, concretamente la petición de
fecha 27 de noviembre de 2017 en la que dice haber solicitado el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante el no pago oportuno de
15
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano. Editorial Temis. 1985. Pág. 168 a 173.
16
Cit. Supra. Pág. 171.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo de 2019 con ponencia del magistrado César
Palomino Cortés. Radicación 15001-23- 33-000-2013-00891-01 (4438-2016).
14
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las cesantías definitivas, tampoco se encuentra relacionado en el acápite de
pruebas de la demanda ordinaria.
En la sentencia cuestionada, la autoridad judicial relacionó los medios de
prueba aportados al proceso, de la siguiente forma:
«44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente: 44.1. José Fulton Lloreda Lloreda tomó posesión del cargo de secretario pagador en la
Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria el 1° de marzo de 1977. 44.2. A través de la Resolución 5022 del 9 de septiembre de 1998, se inscribieron a unos
empleados que prestaban sus servicios en el Ministerio de Educación Nacional en el
escalafón de la carrera administrativa, entre ellos, al demandante en el cargo de
pagador, código 5045, grado 7, del Fondo Educativo Regional del Chocó. 44.3. El 12 de febrero de 2009, mediante petición dirigida al secretario de Gestión
Administrativo y Talento Humano del Chocó, solicitó el pago de las primas vacacional
y de recreación del periodo laborado entre el 1° de marzo de 2007 y el 1° de marzo de
2008, el retroactivo de enero a abril de 2008, el «sueldo dejado de pagar en mi
categoría en el mes de enero del 2008, al igual que la prima semestral»; las vacaciones,
primas vacacional y de recreación, y bonificación por servicios prestados de 2008 a
2009 ya que cumplía el tiempo el 1° de marzo de 2009; y la dotación de los años 2003 a
2005. 44.4. El 25 de julio de 2011 solicitó ante la Gobernación del Chocó: las «cesantías de 1977
a julio 2009; prima de servicios de 2008; dotaciones administrativas 2004 y 2005; prima
de recreación 2005 a 2008; retroactivo del gobierno nacional 2008; excedente sueldo
de enero de 2008; vacaciones 2005 a 2008; prima técnica -quinqueni[o]», en tanto, las
cesantías causadas a partir del año 2009 las solicitó a la administradora temporal. 44.5. A través de la Resolución 0710 del 21 de junio de 2012 la Gobernación Encargada del
departamento del Chocó ordenó el pago de $6.073.615 a favor de José Fulton Lloreda
en cumplimiento de una orden de tutela, por concepto de acreencias laborales. En las
consideraciones, se señaló que la Secretaría de Hacienda del departamento había
certificado con las acreencias debidas por valor de $2.118.198 por concepto de
dotación del año 2004 al 2005 y de $678.501 de prima de servicios por el primer
semestre del año 2008. 44.6. Mediante la Resolución 0722 del 25 de junio de 2012, el gobernador del Chocó ordenó
el pago de $20.000.000 a favor de José Fulton Lloreda como pago parcial del valor
total. Suma que fue pagada según comprobante de egreso 455 del 29 de junio de 2012. 44.7. El 16 de junio de 2015 presentó la renuncia al cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado [19], de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Bagadó
(Chocó); la cual fue aceptada por el administrador temporal para el sector educativo
del departamento a través del Decreto 00092733 de igual fecha y notificado el 21 de
julio de 2015. 44.8. Con el fin de obtener el pago de las cesantías definitivas, presentó varias solicitudes
así: el 25 de enero de 2016 dirigida a la ministra de educación nacional; el 11 de marzo
y el 6 de septiembre de 2016 ante el Administrador Temporal para el Sector Educativo
en el Chocó y el 14 de marzo de idéntica anualidad ante la Gobernación del
departamento. 44.9. A través del oficio AT-AD0801-2016 del 10 de octubre de 2016, el director
Administrativo de la Administración Temporal para el sector Educativo del
Departamento del Chocó le dio respuesta a una solicitud presentada por el demandante
«de fecha 20/09/2016 con radicado SAC-2016PQR20505 en el cual reclama el pago
de unas cesantías» y le informa sobre el pago de las cesantías definitivas. En tal
sentido, indicó que la Secretaría está clasificando y verificando la información de los
beneficiarios de dichos pagos, con el propósito de cumplir con las directrices del
Ministerio de Educación Nacional, así: […]
44.10.
Según la Resolución 003727 del 20 de diciembre de 201638 suscrita por el
administrador temporal para el sector educativo del departamento del Chocó, al actor
le fueron reconocidas y liquidadas la retroactividad de las cesantías, así: […]
44.11. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones […]. 44.12. A través de oficio del 15 de diciembre de 2017, la subdirectora técnica de Recursos
Humanos del Sector Educación le informó al demandante que el pago de las acreencias
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Demandante: José Fulton Lloreda Lloreda
reclamadas era de competencia de la Secretaría de Educación Departamental, por lo
que trasladaría la petición.
44.13. Por medio del Oficio AT-AD-0226-2017 del 20 de diciembre de 2017 la Directora
Administrativa y Financiera de la Administración Temporal para el Sector Educativo del
Departamento del Chocó le manifestó al actor que (…).
44.14. El 3 de agosto de 2018, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó certificó
que José Fulton Lloreda laboró en la entidad desde el 1° de marzo de 1977 hasta el
«16/07/2015» en el cargo de auxiliar administrativo grado 19 en la I.E. Nuestra Señora
de la Candelaria con tipo de nombramiento en propiedad y una asignación mensual de
$1.865.912 e ingresos adicionales por $1.100.464 que corresponde a prima de navidad.
Para un total de 38 años, 4 meses y 16 días de servicio.
44.15. Obra oficio con asunto: Respuesta a solicitud: 02-2303-201908091320210, emitido por
el Fondo Nacional del Ahorro junto con el extracto individual de cesantías a nombre de
José Fulton Lloreda, mediante el cual se hace constar que «Al validar la base de datos
se evidencia que el Consumidor Financiero NO cuenta con cesantías vigencia 1977 al
2008». Asimismo, se anexó un cuadro con los valores de cesantías aportados y
reportados por la entidad Secretaría Departamental del Chocó para los años 2009 al
2015».
De la anterior transcripción, se desprende que, en efecto, la autoridad judicial
accionada no se refirió a la petición del 27 de noviembre de 2017 a la que se
refiere el actor, para fundamentar el defecto fáctico.
Lo que se advierte es que tal documento fue allegado por el actor con el escrito
de tutela, de manera que, no era este el escenario en el que debía aportar la
referida prueba sino ante el juez natural justamente como prueba del
agotamiento de la reclamación ante la administración frente al pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas,
presupuesto que, como se anunció en precedencia, era necesario para
estudiar sobre la viabilidad o no del reconocimiento respectivo tal como se
sostuvo en la sentencia de cierre que ahora se cuestiona a través de la
presente acción de tutela.
Al respecto, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado SUJ 034 CE-S218 al referirse a la exigibilidad de la sanción
moratoria, mencionó la posibilidad de que se reconozca previa reclamación
de esa penalidad por parte del trabajador ante el incumplimiento por parte del
empleador, veamos:
«62. Ahora bien, la exigibilidad de la sanción moratoria se refiere a la capacidad o prerrogativa
que tienen los empleados o trabajadores de reclamar la penalidad por incumplimiento por
parte del empleador en el pago de las cesantías. En ese orden de ideas, el derecho a reclamar
la penalidad aludida se hace exigible al día siguiente en el que vence el plazo del que dispone
el empleador para sufragar las cesantías definitivas. A partir de ese momento, el trabajador
puede reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente. (…)
70. Por consiguiente, si el auxilio no se reclama en tiempo y expira la oportunidad de
solicitarlo, también se pierde la posibilidad de reclamar el reconocimiento y pago de la
sanción. De acuerdo con ello, en el evento en el que el empleador reconozca las cesantías
definitivas después de extinguido el derecho, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que no haya
fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del reconocimiento de esta
penalidad, con lo cual se impone considerar que será un deber del beneficiario el actuar
proactivamente para que esta penalidad no se pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la posibilidad
de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante la administración de
forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de justicia, escenario que
acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva, tal como se expondrá a
continuación».
18
Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Radicación 08001-23-33-000-2012-00200-02.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07996-01
Demandante: José Fulton Lloreda Lloreda
5.5. En esta línea, la Sala concluye que no es posible atribuir al juez ordinario la
ausencia de valoración de una prueba que no fue aportada e incorporada en
debida forma al expediente ordinario, pues era presupuesto indispensable
acreditar que el señor José Fulton Lloreda Lloreda reclamó ante la
administración el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas, y que pese a ello no hubo un
reconocimiento o que fue negado.
De allí que la decisión de la autoridad judicial accionada se ajustara a la
realidad procesal que reflejaba el expediente, considerando que el medio de
prueba que se dice desconocido (petición del 27 de noviembre de 2017), no fue
aportado al respectivo medio de control por la parte interesada en las
oportunidades procesales previstas para tal fin.
Dicha prueba fue allegada a la presente acción constitucional, la cual no está
prevista para subsanar las omisiones probatorias de las partes.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia del 12 de marzo de 2026 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación que declaró improcedente la acción de tutela al no cumplirse con el
requisito de procedencia de la relevancia constitucional y en su lugar negará las
pretensiones de la demanda de tutela al no estar configurado el defecto fáctico
propuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR el fallo del 12 de marzo de 2026 proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de
tutela presentada por el señor José Fulton Lloreda Lloreda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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