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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08007-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08007-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada por el Instituto de Desarrollo Urbano. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08007-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08007-00
Accionantes: Equipo Universal S.A y Castro Tcherassi S.A.
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por las
sociedades Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A. contra la sentencia del 7 de
noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
SÍNTESIS1

La parte actora cuestiona la sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la decisión
de primera instancia del 22 de enero de 2015 y su complementaria del 7 de febrero de
2024, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda del medio de
control de controversias contractuales. Se declara la improcedencia de la demanda por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión que
plantea la parte accionante corresponde a un asunto de mera legalidad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 16 de diciembre de 2025, las sociedades Equipo Universal S.A. y Castro
Tcherassi S.A., presentaron, mediante apoderado judicial, una demanda en ejercicio de
la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, los cuales, a su juicio,
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la sentencia
de primera instancia del 22 de enero de 2015 y su complementaria del 7 de febrero de
2024 proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso de controversias contractuales identificado con el
radicado núm. 25000-23-26-000-2004-00780-01 (acumulado 25000-23-26-000-2004-
01731-00), por medio de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda en el
proceso ordinario.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Controversias contractuales / Improcedencia / Falta

de relevancia constitucional / Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-00
Accionantes: Equipo Universal S.A y Castro Tcherassi S.A.
Se declara la improcedencia de la demanda

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA: Que en defensa del derecho constitucional al debido proceso y, en especial,
al derecho de defensa y al derecho de acceso a la justicia de la accionante, se deje sin
efecto legal alguno la sentencia de segunda instancia de fecha 7 de noviembre de 2025
proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por la
SUBSECCIÓN A de la SECCIÓN TERCERA del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
Magistrado Ponente Doctor JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, que puso fin al
proceso formulado por EL CONSORCIO y luego acumulado con el promovido por la
sociedad CONFIANZA S.A, al cual le correspondió la Radicación No 25000-2326-000-
2004-0078-001 (71.644).

SEGUNDA: Que para garantizar el efectivo goce del derecho al debido proceso y, en
especial, al derecho de defensa y al derecho de acceso a la justicia de la accionante, se
le ordene a la autoridad accionada SUBSECCIÓN A de la SECCIÓN TERCERA del
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, que dentro del término que al efecto se le señale
produzca una nueva sentencia en la que resuelva, en derecho, todas y cada una de las
pretensiones de la demanda que dio origen al proceso promovido EL CONSORCIO y
luego acumulado con el formulado por la sociedad CONFIANZA S.A., al haber incurrido
la mencionada sentencia en, al menos, una de las causales específicas de procedencia
de este mecanismo de protección constitucional en contra de providencias judiciales,
particularmente el defecto procedimental - vía de hecho - (defecto fáctico) mencionadas
por la Corte Constitucional en múltiples decisiones y, particularmente, en la Sentencia
SU- 659 DE 2015.

PARAGRAFO: Para los efectos de la nueva sentencia que en derecho se debe proferir,
pongo de presente que dentro del proceso EL CONSORCIO y la sociedad CONFIANZA
S.A. demostraron en debida forma que los daños presentados en las zonas de no
paraderos no son imputables al contratista, como aparece más adelante.2

B. Hechos

3.El 23 de febrero del 2000, las sociedades Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi
S.A., en adelante, el Consorcio y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU suscribieron
contrato de obra núm. 089 del 2000, para “la rehabilitación de las calzadas de tráfico
mixto en concreto asfaltico y la adecuación para la operación del Proyecto Transmilenio
de las calzadas centrales en concreto rígido de la Troncal Caracas desde la calle 6ª
hasta la calle 80 (sector los Héroes) por un valor de $33.501.273.786”.

4. El 7 de febrero de 2001, las obras fueron terminadas y el 7 de marzo de 2001, fueron
recibidas por el IDU y el interventor, fecha en la cual inició el periodo de garantía por el
término de un año. Durante ese momento, el IDU remitió al Consorcio una lista
precisando los defectos constructivos y entre el 8 de marzo y 5 de julio de 2002 se
efectuaron las reparaciones cubiertas por la garantía contractual, particularmente,
respecto los daños alegados en las zonas de los paraderos del TransMilenio, cuyo
origen, según el contratista, no le eran imputables.

5.El 19 de diciembre de 2002, las partes del negocio jurídico suscribieron el acta núm.
43 de liquidación del contrato, en la cual dispusieron, entre otros, (i) acudir a la Sociedad
Colombiana de Ingenieros para resolver las diferencias sobre las causas de los daños
en los paraderos del TransMilenio y (ii) solicitar un estudio técnico a la Universidad
Nacional de Colombia en virtud del convenio celebrado entre el IDU y dicha institución

2 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

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Se declara la improcedencia de la demanda

universitaria.

6. En agosto de 2003, la Universidad Nacional de Colombia allegó el estudio técnico
sobre el origen de las fallas alegadas por el IDU y consecuentemente, el 30 de diciembre
de 2003, el IDU profirió la Resolución núm. 14321 mediante la cual “(i) declaró la
ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad de la obra de la póliza
expedida por Confianza, (ii) hizo efectiva esta garantía por $7.762’055.404 y (iii)
dispuso que el pago de esa suma se realizara dentro del mes siguiente a la firmeza del
acto administrativo.”.

7.El 30 de enero de 2004, el Consorcio interpuso recurso de reposición contra la
Resolución núm. 14321 de 2003, la cual fue confirmada mediante la Resolución núm.
4038 del 26 de marzo de 2004.

8. El 20 de abril de 2004, el Consorcio presentó demanda en ejercicio de la acción de
controversias contractuales contra el IDU, con fundamento en que las fallas alegadas
en las obras y las cuales sustentan los actos administrativos demandados no tuvieron
origen en la responsabilidad del contratista, sino en los diseños, especificaciones e
instrucciones del IDU, razón por la cual pretendió la nulidad de la Resolución núm.
14321 de 2003 y núm. 4038 de 2004; la declaración de la falta de responsabilidad
respecto las fallas de la obra que el IDU le atribuyó; reclamó que, en caso de que se
hubiere efectuado el pago del siniestro, se ordenara al IDU su devolución y se le
condenará a pagar los perjuicios ocasionados al contratista por la expedición de los
actos administrativos cuestionados; solicitó la liquidación de intereses moratorios sobre
las sumas reclamadas y el pago de la condena y costas procesales.

9. El 20 de agosto de 2004, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A.
(quien expidió la póliza de seguros afectada con ocasión de las resoluciones
demandadas) presentó demanda de acción de controversias contractuales en contra del
IDU, identificada con radicado núm. 2004-01731-00, en virtud del artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo (CCA), en la que solicitó la nulidad de los mismos actos
administrativos que controvirtió el Consorcio, y al igual que en la demanda presentada
por las sociedades constructoras, alegó que los daños en las obras eran imputables a
los diseños, especificaciones e incumplimiento del mantenimiento por parte del IDU.

10. Mediante auto del 12 de mayo de 2010, dentro del proceso iniciado por el Consorcio
Constructor identificado con el radicado núm. 2004-00780-00, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca decretó su acumulación con el proceso núm. 2004-01731-00.

11. El
22 de enero de 2015, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda respecto del
proceso núm. 2004-01731-00 promovido por Confianza S.A. y en relación con el
proceso núm. 2004-00780-00 iniciado por el Consorcio, declaró la nulidad de todo lo
actuado por falta de jurisdicción y competencia ante la cláusula compromisoria
contenida en el Contrato núm. 089 de 2000, por ello ordenó enviar el expediente al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

12. El Consorcio y Confianza S.A. presentaron recurso de apelación en contra de la
providencia judicial proferida el 22 de enero de 2015. Por una parte, las sociedades
constructoras manifestaron que el Tribunal contrarió la posición jurisprudencial

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mayoritaria del Consejo de Estado, la cual aceptaba la renuncia tácita de la cláusula
compromisoria, por lo cual alegó que el Tribunal debía pronunciarse de fondo. Por otro
lado, Confianza S.A., adujo que, al declarar la nulidad de toda la actuación, debían
declararse nulos los actos administrativos controvertidos, ya que el IDU carecía de
competencia para proferirlos. Señaló que se adoptó una decisión disímil en procesos
que habían sido acumulados, lo cual desconoció las reglas y consecuencias jurídicas
que rigen la acumulación de procesos, dando lugar a una situación procesal anómala e
irregular.

13. Mediante auto del 29 de agosto de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que si bien las partes del contrato pactaron una cláusula
compromisoria, ninguno objetó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo durante el trámite del proceso, razón por la cual debía aplicarse la postura
jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, aquella
que admitía la renuncia tácita a los efectos de la cláusula compromisoria. Lo anterior,
por cuanto al no formular oposición expresa frente a la competencia del Tribunal, las
partes actuaron bajo la comprensión de que dicha conducta constituía una renuncia al
pacto arbitral.

14. A su vez, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció de fondo respecto de las
pretensiones de la demanda y tampoco frente las excepciones de mérito. Así, señaló
que la decisión adoptada respecto la demanda promovida por el Consorcio, aunque
formalmente fue presentada como sentencia, en realidad tiene una connotación de auto,
razón por la cual su revocatoria implica que el Tribunal competente debe emitir sentencia
en primera instancia, ya que asumir lo contrario desconocería la garantía de la doble
instancia.

15. En ese sentido, indicó que los procesos debían tramitarse conjuntamente con
suspensión del más adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado y se
decidan en la misma providencia judicial. Por ello, resolvió: (i) revocar la providencia del
22 de enero de 2015 en relación con la declaratoria de nulidad por falta de jurisdicción
y competencia respecto el proceso núm. 2004-00780 y (ii) ordenar la devolución al
Tribunal para que decida de fondo en sentencia complementaria y una vez proferida,
enviar el expediente al Consejo de Estado para resolver los recursos que se concedan,
incluido el que fue presentado por Confianza S.A.

16. El7 de febrero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia complementaria y negó las
pretensiones de la demanda, tras concluir que los actos administrativos demandados
no se encuentran viciados por los cargos de falsa motivación, desviación y abuso del
poder y expedición irregular, por el contrario, se constató la configuración del siniestro
de estabilidad de obra asegurado, tal como se dispuso en las Resoluciones núm. 14321
y 4038 de 2004, las cuales se encontraron debidamente sustentadas.

17. El 10 de abril de 2024, el Consorcio presentó recurso de apelación en el cual alegó
la falta de congruencia por indebida valoración probatoria, la desnaturalización del
marco obligacional del Contrato núm. 089 del 2000 y la indebida valoración del acervo
probatorio. Por su parte, Confianza S.A. también recurrió la sentencia y, entre otros,

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alegó que el IDU carecía de competencia para expedir los actos administrativos
cuestionados. Además, indicó que había una excepción por cosa juzgada, ya que en
aplicación de la cláusula 50 del contrato se acudió ante la Sociedad Colombiana de
Ingenieros como amigable componedor para resolver la discusión sobre la
responsabilidad por el deterioro prematuro de los paraderos de la troncal Caracas.

18. Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la providencia judicial del 22 de enero de 2015,
ya que negó las pretensiones de la demanda presentada por Confianza S.A. y confirmó
integralmente la sentencia complementaria del 7 de febrero de 2024, tras analizar cada
cargo alegado y desestimar los motivos de inconformidad presentados por los
demandantes.

C. Fundamentos de la vulneración

19. El Consorcio alegó que la sentencia del 7 de noviembre de 2025 vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
defensa al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución.

20. En relación con el defecto fáctico, indicó que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado realizó una indebida valoración probatoria al concluir que no
hubo una falsa motivación en los actos administrativos, contrario a lo afirmado por parte
de los contratistas quienes indicaron durante el trámite del proceso ordinario que existió
una falsa motivación de los actos administrativos mediante los cuales se hizo efectiva
la póliza de estabilidad de la obra, debido a que las causas del deterioro presentado en
la troncal Caracas se produjo por el reducido espesor de las losas del pavimento definido
por el IDU, la infiltración de aguas y las deficiencias de los sellos originados en la presión
hidráulica excesiva.

21. En ese sentido, precisó que el deterioro de las losas no solo se ocasionó por la
utilización del relleno fluido, sino también, por el espesor de las losas, fundamento que
no fue considerado en la sentencia cuestionada, a pesar de que las pruebas
demostraban que este era insuficiente. Alegó que la conclusión técnica a la que arribó
la Universidad Nacional de Colombia, y que conllevó a la expedición de la Resolución
núm. 4038 de 2004 fue errada, ya que en tal informe técnico no se manifestó ningún
reparo sobre el espesor de las losas indicadas en los planos de construcción
suministrados por el IDU.

22. En suma, adujo que las causas de los daños en la troncal Caracas, originados en
el uso del relleno fluido, los cuales fueron incluidos desde los pliegos de la licitación, y
el menor espesor de las losas de concreto, no son imputables al Consorcio tal como lo
estimó la autoridad judicial accionada. Dicha conclusión se ocasionó por la indebida
valoración del acervo probatorio, particularmente, respecto las siguientes pruebas: (i)
manifestación del ingeniero Jorge Martínez Luna en la declaración del 25 de agosto de
2005 (interventor del contrato 089 del 2000); (ii) dictamen realizado por el perito Oscar
Javier Romero Martínez; (iii) concepto del 14 de abril de 2004, (iv) comunicación
DT02.0/1383; (v) acta núm. 8 del 3 de agosto de 2000; (vi) la reunión de obra núm. 20
del 1° de agosto del 2000 y, (vii) el estudio elaborado por la Universidad Nacional de
Colombia.

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23. Respecto del defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución, la parte
accionante indicó que se transgredió el artículo 229 de la Constitución Política 3, en la
medida en que resultó inútil acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues si
bien se permitió al Consorcio acudir a la jurisdicción y, en efecto, se tramitaron las
pretensiones alegadas, dicho acceso resultó ineficaz, debido a los yerros en que incurrió
la autoridad judicial accionada y que constituyeron una vía de hecho, que fundamentan
el presente trámite.

D. Trámite procesal

24. Mediante auto del 19 de diciembre de 20254, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en
calidad de terceros con interés, a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y a la
Aseguradora de Finanzas S.A. – Confianza S.A., para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

25. El 14 de enero de 20265, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (tercero con interés) señaló que la decisión de primera
instancia fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia de
segunda instancia proferida el 7 de noviembre de 2025. Resaltó que en la providencia
objeto de discusión, se expusieron con suficiencia los argumentos que resolvieron de
fondo del asunto.

26. El apoderado judicial del Consorcio6 (accionantes) allegó copia del auto del 16 de
febrero de 2005, mediante el cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago en favor del IDU y copia
del auto del 4 de diciembre de 2014 proferido por la Subsección C de Descongestión de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se
ordenó continuar con la ejecución contra Confianza S.A., proferidos en el marco del
proceso ejecutivo núm. 25000-23-26-000-2004-0214500, mediante el cual el IDU
promovió demanda ejecutiva contra Confianza S.A. para que se librara mandamiento
de pago por concepto de la obligación principal y con cargo a la garantía única del
cumplimiento de la póliza del 23 de febrero de 2000 expedida por la aseguradora.
Precisó que dicho proceso se encuentra en trámite de segunda instancia en la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado 7 (accionado)
manifestó que la demanda de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional, pues si bien las accionantes adecuaron su caso al vocabulario
constitucional, no demostraron cómo la providencia judicial cuestionada restringió
injustificada o desproporcionadamente sus derechos fundamentales, más aún, cuando
el debate trata de un asunto estrictamente económico, de contenido patrimonial con

3 Artículo 229 de la Constitución Política de Colombia. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la

administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
4 Índice 4 del expediente digital disponible en Samai.
5 Índice 8 del expediente digital disponible en Samai.
6 Índice 9 del expediente digital disponible en Samai.
7 Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.

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connotaciones privadas.

28. En todo caso, señaló que la providencia cuestionada no incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto la sentencia de segunda instancia desarrolló una motivación
exhaustiva respecto la causa de los deterioros presentados en las losas de pavimentos
en los sectores de paraderos del sistema TransMilenio. Asimismo, a partir de la
valoración conjunta de los medios de prueba se concluyó que las causas de los
deterioros alegados fueron originadas en la utilización de relleno fluido en la nivelación
de la base sobre la cual se instalaron las losas de concreto y los defectos del
procedimiento constructivo relacionados con el sellado de las juntas. De tal modo,
señaló que se debe descartar la configuración del defecto fáctico, ya que se sustentó
con suficiencia la decisión adoptada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187
del Código de Procedimiento Civil8.

29. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU9 (tercero con interés) puso en conocimiento
que se tramitó una acción constitucional por similares hechos, pretensiones y
fundamentos en el proceso de tutela identificado con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2024-02124-00/01, en el cual se declaró improcedente la demanda de tutela por no
superar el requisito de inmediatez. Por ello solicitó que se realice un análisis respecto la
cosa juzgada en relación con la acción constitucional referenciada.

30. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse respecto las pretensiones alegadas por el
Consorcio, ya que no son de su competencia y no tiene injerencia en lo que pretende la
parte accionante, sin embargo, se opone a la prosperidad de estas y solicita que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se desvincule a la entidad del
trámite constitucional.

31. La Aseguradora Confianza S.A.10 (tercero con interés) solicitó conceder el amparo
solicitado por el Consorcio y, en consecuencia, ordenar a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado proferir sentencia que resuelva conforme a derecho las
pretensiones expuestas en el proceso ordinario, toda vez que la sentencia cuestionada
incurrió en diversos defectos por indebida valoración probatoria.

32. En particular, argumentó que el IDU no permitió aumentar el espesor de la losa y en
tal caso que hubiera accedido, el daño probablemente no se hubiere producido, razón
por la cual, argumentó la necesidad de adoptar una nueva decisión en la que se valore
y analice la conducta del IDU respecto a la utilización del relleno fluido y el nexo causal
entre esto y el daño que se produjo.

33. El apoderado del Consorcio (accionantes) allegó memorial11 en el cual solicitó que
se oficiara al IDU para que informara los diseños que está utilizando para la construcción
del TransMilenio en la avenida 68 en la ciudad de Bogotá y en los proyectos posteriores.
Lo anterior, con el fin de establecer que la entidad está utilizando un diseño distinto al
que se tenía previsto para la construcción de las troncales ubicadas en la avenida

8 Artículo 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo

con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a
cada prueba.
9 Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
10 Índice 17 del expediente digital disponible en Samai.
11 Índice 19 del expediente digital disponible en Samai.

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Caracas y la autopista norte.

34. El 20 de enero de 202612, el apoderado del Consorcio (accionantes) nuevamente
presentó memorial, en el cual controvirtió los argumentos expuestos por el magistrado
titular de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y reiteró que los
daños causados en la avenida Caracas no se originaron por la utilización del relleno
fluido, sino porque el IDU no autorizó a las sociedades contratistas a aumentar el
espesor de las losas de concreto. Además, insistió en las razones por las cuales la
demanda de tutela sí supera el requisito de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

35. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por las sociedades Equipo Universal
S.A. y Castro Tcherassi S.A. contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

36. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada
por el IDU, toda vez que dicha entidad fue vinculada en calidad de tercero con interés,
por cuanto fue sujeto procesal y fue demandado en el proceso de controversias
contractuales objeto de la presente demanda de tutela.

37. En relación con la solicitud de la parte accionante, sobre la remisión de los diseños
que está utilizando el IDU para la construcción del TransMilenio en la avenida 68 ubicada
en Bogotá y en los proyectos posteriores, la Sala no encuentra argumentos suficientes
por los cuales dicha información resulte necesaria para resolver este asunto. En efecto,
la solicitud se fundamenta en el mismo argumento central según el cual la principal causa
de los daños derivados de la ejecución del contrato obedeció al insuficiente espesor de
las losas. El cual reitera el Consorcio, fue informado al IDU, entidad que, pese a las
reiteradas recomendaciones formuladas por los contratistas, se negó a autorizar el
incremento del grosor a 30 centímetros, en contravía de las observaciones técnicas
elevadas en múltiples oportunidades.

38. En ese sentido, no se advierte que la omisión en la entrega de los diseños incida de
forma directa en el goce efectivo de las garantías iusfundamentales del Consorcio, razón
por la cual se negará la petición. Máxime si se tiene en cuenta que la demanda de tutela
versa sobre una discusión planteada contra la providencia judicial mediante la cual se
negaron las pretensiones en el medio de control de controversias contractuales.

39. Respecto al trámite constitucional núm. 11001-03-15-000-2024-02124-00/01 que
advirtió el IDU, se evidenció que el Consorcio Constructor demandó en ejercicio de la

12 Índice 23 del expediente digital disponible en Samai.

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acción de tutela a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el
fin de que se ampararan sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, toda vez que, a su juicio, se vulneraron con ocasión del auto del 1° de marzo
de 2023 y el auto del 11 de marzo de 2024, mediante los cuales se declaró la falta de
jurisdicción por existencia de una cláusula compromisoria y se ordenó remitir el
expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
proferidos en el marco del proceso de controversias contractuales núm. 25000-23-26-
000-2006-02017-02 acumulado con el expediente núm. 25000-23-26-000-2006-02080-
00. En ese sentido, no se cumplen con los elementos requeridos para que proceda la
excepción de cosa juzgada, pues no hay identidad de partes ni de objeto, razón por la
cual se procederá con el análisis de la discusión planteada por parte del Consorcio.

H. Sentido de la decisión

40. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto el Consorcio pretende reabrir el debate
que concluyó en el proceso ordinario y los argumentos que presenta corresponden a un
asunto de mera legalidad. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela13.

I. El requisito de relevancia constitucional

41. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.14 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada15, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

42. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que

13 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Accionantes: Equipo Universal S.A y Castro Tcherassi S.A.
Se declara la improcedencia de la demanda

corresponde definir a otras jurisdicciones.16

43. En la sentencia SU-215 de 202217, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

44. Para la Corte Constitucional18, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

45. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”19.

16 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

46. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

47. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona la sentencia de 7 de
noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, porque, a su juicio, considera que incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución. A continuación, la Sala describirá las características
y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

48. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 20. La jurisprudencia
constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

49. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias21. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

50. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba22. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción23.

51. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

52. En cuanto a la violación directa de la Constitución se estructura cuando la
autoridad judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el
artículo 4° de la Constitución Política24. En ese orden, este defecto se puede configurar
en los siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma
constitucional que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una
norma legal al margen de los postulados constitucionales.

20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.

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K. El caso concreto

53. La Sala advierte que la demanda de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que los planteamientos expuestos por la parte
accionante están orientados a reabrir una controversia ya definida dentro del proceso
ordinario, los cuales corresponden a un asunto de mera legalidad.

54. Se evidencia que los argumentos formulados en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 7 de febrero de 2024, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda promovida por el Consorcio, fueron reiteradas en sede de
tutela. En efecto, en el escrito de apelación los demandantes expusieron, en síntesis: i)
una flagrante falta de congruencia por indebida valoración probatoria, ii) el
desconocimiento del marco contractual contenido en el contrato núm. 089 del 2000, en
especial, respecto la cláusula 50 de solución de controversias del negocio jurídico y iii)
la falsa motivación, desviación y abuso del poder y expedición irregular en la que incurrió
el IDU al tramitar los actos administrativos en los cuales le atribuyó al Consorcio los
daños en las obras de la troncal Caracas.

55. En particular, en el tercer cargo del recurso de apelación, el Consorcio alegó la
indebida valoración de los medios de prueba decretados y practicados en el proceso.
Sostuvo que de haberse valorado adecuadamente tales elementos probatorios, la
decisión habría sido sustancialmente distinta. Este cargo se fundamentó en varios
argumentos, dentro de los cuales se destacan:

Debo entonces evidenciar la flagrante falta de congruencia en la que ha incurrido la a quo
al efectuar la valoración probatoria recaudada dentro del plenario y que si se evalúa de
forma integral conforme a la reglas de la sana crítica, conduciría a una decisión
sustancialmente diferente a la adoptada como quiera que quedaría en evidencia: (i) La
inexistente modificación al diseño y (ii) Que la autorización de relleno fluido en obras por el
contratista, estaba autorizada de forma tácita en el contrato 089 de 2000 y era conocida por
el IDU que no puede actuar en contravía de sus propios actos, tal y como se demuestra así:

(…)

Aquí es bien importante anotar que la sentencia recurrida desconoce olímpicamente que
la decisión del amigable componedor era la definitiva, y que el concepto técnico de la
Universidad Nacional sería considerado como un elemento de juicio adicional para el
amigable componedor al momento de decidir la controversia y no lo contrario, es decir, el
fallo desconoce la decisión del amigable componedor y basa su decisión apoyándose en el
concepto de la referida universidad, que por lo demás es completamente inexacto, como
más adelante se demuestra. (…) Dicho de otra manera. La sentencia apelada basó su
decisión en el concepto de la Universidad Nacional y desconoció de manera realmente
inexplicable la decisión del amigable componedor. (…)

La parte que represento ha venido sosteniendo - y hoy reitera - que las fallas presentadas
en la obra se deben al "bajo espesor de losa, el agua de infiltración proveniente de los
paraderos diseñados, construidos y supervisados por otros contratistas, falla de los sellos
por exceso de la presión hidráulica del agua infiltrada" y, por ello, desde las reuniones
iniciales de ejecución del Contrato de obra, en las cuales se revisó conjuntamente el
cronograma de las mismas, el contratista manifestó al IDU tener reparos al diseño del
pavimento, considerando que se requería de un espesor mayor de losa al considerado en
los diseños de SD&G. Sin embargo, el IDU ordenó al contratista construir la sobre carpeta
con el espesor del diseño. (…)

Luego, en el acta del Comité de Coordinación No 8 del 3 de agosto de 2000 (participantes
IDU. Secretaría de Hacienda -interventoría), se registró: El IDU informa que recibió el

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concepto al diseño geométrico por parte de Steer Davies, se debe seguir trabajando con
el diseño propuesto por ellos y entregados a los contratistas que están haciendo los
Obras de la Troncal Caracas.

En este orden de ideas, el Acta No 8 del 3 de agosto de 2000 hace referencia que el
constructor debe continuar trabajando con un espesor de 20 cms. Esta instrucción del IDU
es claramente transmitida por la interventoría al Consorcio Constructor en la reunión de
obra No 20 del 1/08/00, cuando manifiesta: “La interventoría informa que recibió el diseño
de la estructura de pavimento por parte del contratista para los sectores 1 y 3, confirmando
que con base en comunicación del diseñador se mantendrán los espesores definidos
en el diseño original de Steer Davies y las especificaciones de construcción”.

Como se observa de todo lo anterior, los distintos organismos de control del Estado han
venido todos ellos reconociendo - al unísono- la responsabilidad del IDU y de sus
funcionarios por las múltiples fallas en las que incurrieron y por los nefastos efectos que el
deterioro acelerado de las calzadas de las vías de Transmilenio han tenido, no solo para la
buena marcha del propio sistema de transporte masivo, sino para los muchísimos usuarios
de dichas vías quienes han tenido que soportar, por varios años ya, unas condiciones muy
precarias para poder circular y múltiples dificultades mientras se adelantan las incontables
reparaciones. [Negrillas del texto citado]

56. La Sala observa que en la providencia judicial del 7 de noviembre de 2025 la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió con suficiencia los
argumentos presentados, al concluir:

El apelante sostuvo que una apreciación completa y correcta de los elementos de juicio
demostraría la falsa motivación de los actos demandados, al evidenciar que las causas de
los deterioros fueron (i) el reducido espesor de la losa de pavimento definido por el IDU; (ii)
la infiltración de aguas provenientes de las estaciones diseñadas y construidas por otros
contratistas; y (iii) las deficiencias de los sellos originadas en una presión hidráulica
excesiva.

La Sala desestimará este motivo de inconformidad. Los medios de prueba respaldan la
inferencia probatoria en que se basó la sentencia impugnada: las resoluciones demandadas
no fueron falsamente motivadas, ya que las causas de los deterioros de las losas de
pavimento fueron la utilización de relleno fluido en la nivelación de la base sobre la cual se
instalaron las losas de concreto, así como los defectos del procedimiento constructivo
relacionados con el sellado de las juntas.

En este caso, el deterioro de las losas de pavimento hidráulico en las calzadas del sistema
TransMilenio —en sectores distintos a los paraderos— constituyó el principal hecho que
motivó la expedición de la Resolución 14321 de 2003, mediante la cual se hizo efectiva la
garantía. En sus considerandos se describieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que aparecieron tales deterioros. La Sala ya examinó las relativas al lugar; a
continuación, para resolver el reparo, se analizan las circunstancias temporales y las causas
que los originaron.

57. En efecto, debido a la extensión del caso y la multiplicidad de los elementos de
prueba, la autoridad judicial accionada estructuró su análisis distinguiendo, entre otros
aspectos, (i) las circunstancias temporales en que se produjo la aparición de los daños
en las losas y (ii) las causas que habrían originado los deterioros alegados. Lo anterior,
con el propósito de identificar y examinar los medios de convicción que conllevaron a
los daños en el pavimento, a fin de determinar su alcance probatorio y su grado de
credibilidad, conforme a su naturaleza, contenido y coherencia con el resto del acervo
probatorio.

58. De tal modo, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó
y resolvió de manera expresa los planteamientos formulados por los recurrentes, a partir

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de la apreciación integral de los testimonios, los documentos, los dictámenes periciales
sobre la causa de los deterioros y la valoración conjunta de los medios de prueba. Con
fundamento en tal análisis, confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda, concluyendo lo siguiente:

En síntesis, las pruebas demuestran que el uso del relleno fluido en la conformación de la
estructura del pavimento rígido fue la causa determinante de los daños observados en las
losas. En contraste, no existe evidencia que acredite que un mayor espesor de las losas
habría evitado los deterioros manteniéndose iguales las demás condiciones del contexto
causal. Tampoco se demostró que, aun utilizando relleno fluido como material de nivelación
de la base del pavimento, el incremento del espesor de la losa en 5 cm hubiera impedido el
daño. Por lo tanto, en este caso, no puede afirmarse la existencia de causas concurrentes
o alternativas (cada una de ellas ha sido suficiente por sí sola para causar el daño, pero es
dudoso cuál de ellas efectivamente lo ha causado). (…)

Este conjunto de hechos, cuya veracidad no fue controvertida por el Consorcio Constructor,
refuerza la capacidad explicativa del supuesto fáctico en que se apoyó la entidad estatal
para hacer efectiva la garantía. Si las condiciones de diseño de la Avenida Caracas eran
equivalentes en los tramos norte y sur, y en el primero —donde se presentaron deterioros
severos— se utilizó relleno fluido como material de nivelación de la base de las losas,
mientras que en el segundo —donde no se presentaron— se empleó material granular
asfáltico, resulta más plausible la hipótesis en la que se basó la entidad estatal: la utilización
del relleno fluido fue la condición necesaria para que se produjera el siniestro, pues de otro
modo también se habrían presentado en el tramo sur.

59. No obstante, en el escrito de tutela, el Consorcio reiteró los argumentos expuestos
en el recurso de apelación bajo el presupuesto del defecto fáctico en el cual indicó,
nuevamente, que hubo una falsa motivación de los actos administrativos mediante los
cuales se hizo efectiva la póliza de estabilidad de la obra, toda vez que los daños
presentados en la troncal Caracas se produjeron debido al espesor de las losas de
pavimento dispuesto por el IDU, la infiltración de aguas y los defectos en los sellos, los
cuales se originaron por una presión hidráulica excesiva. Reiteró que si bien se
deterioraron las losas por la utilización del relleno fluido, ello también fue ocasionado,
en gran medida, por el espesor de las losas, argumento que omitió valorar la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

60. Entre otros aspectos, el sustento principal para fundamentar la configuración del
defecto fáctico consistió en reproducir los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y reiterar el contenido de las pruebas practicadas en el proceso ordinario, en
particular, la manifestación del ingeniero Jorge Martínez Luna en la declaración del 25
de agosto de 2005 (interventor del contrato núm. 089 del 2000), el dictamen realizado
por el perito Oscar Javier Romero Martínez, el concepto del 14 de abril de 2004, la
comunicación DT02.0/1383, el memorando núm. 13 del 29 de mayo de 2003, el Acta
núm. 8 del 3 de agosto del 2000, la reunión de obra núm. 20 del 1° de agosto del 2000,
el estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia y la decisión adoptada
por el amigable componedor.

61. En ese sentido, la parte accionante concluyó en su escrito de tutela:

Como bien podrá observarse, las causas de los daños de la Troncal Caracas, proveniente
del uso de relleno fluido, incluido desde los pliegos de la licitación, y el menor espesor de
las losas de concreto, NO son imputables a los accionantes, que fue precisamente lo que
desconoció la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2025. (…) Lo anterior muestra
claramente que la conclusión técnica presentada por la Universidad Nacional al IDU, y que

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dio origen a la Resolución de la Dirección General de esta entidad No. 4038 del 26 de marzo
de 2004 está errada, ya que en su informe técnico, nunca manifestó su disconformidad o
efectuó reparo alguno sobre el espesor de las losas indicadas en los planos de construcción
suministrados por el IDU, y más bien se puede concluir que implícitamente en dicha revisión
técnica estaba reafirmando el espesor de losa colocado, pues tan solo se limitó a poner en
tela de juicio la metodología de diseño utilizada por el Consorcio Contratista para que éste
propusiera los 30 cm de espesor de losa

62. Por su parte, respecto al defecto sustantivo y la violación directa a la Constitución,
el Consorcio solo se limitó a indicar que se vulneró su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, por cuanto no se resolvió la controversia en los términos
que esperaba, pues adujo que, si bien se atendieron las pretensiones presentadas,
resultó “inútil” debido a que se configuró una vía de hecho.

63. La Sala considera que la discusión presentada por la parte accionante reitera los
argumentos desarrollados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, los cuales fueron examinados y decididos con suficiencia
argumentativa por parte de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Por ello, el asunto sometido a consideración en sede de tutela no constituye un
asunto que trascienda la mera legalidad, ni evidencia un yerro autónomo que
comprometa los derechos fundamentales de los accionantes, por el contrario, reproduce
argumentos estudiados y resueltos en el trámite ordinario.

64. En efecto, no se superó el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el
Consorcio reiteró su inconformidad con la interpretación probatoria que realizó el juez
natural del asunto, pretendiendo que, en sede de tutela, se examinara nuevamente el
mérito y alcance de los medios de convicción que fueron debidamente analizados en el
proceso de controversias contractuales, sin precisar de qué manera la providencia
cuestionada habría generado un detrimento a sus garantías iusfundamentales, que
justificara la intervención excepcional del juez de tutela. La inconformidad presentada
se limita a cuestionar la valoración probatoria y la interpretación efectuada por la
autoridad judicial accionada respecto la causa de los deterioros presentados en las
losas del pavimento, sin demostrar la configuración de un yerro arbitrario, caprichoso u
ostensible.

65. En ese sentido, la controversia planteada se circunscribe a un debate de mera
legalidad y probatorio, propio del proceso ordinario y ajeno al ámbito de protección de
la acción de tutela contra providencia judiciales.

66. La Sala enfatiza que la demanda de tutela contra providencias judiciales comporta
un juicio de validez constitucional y no de corrección, pues su finalidad no es sustituir al
funcionario competente en la interpretación del derecho ni en la valoración de los
elementos de prueba. Por ello, en el caso concreto, al no advertirse que la decisión
cuestionada sea arbitraria o caprichosa, el juez de tutela no debe inmiscuirse en las
decisiones adoptadas en el proceso ordinario.

67. Resulta evidente que la solicitud de amparo no superó el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que lo que pretende la parte accionante, a partir del indebido
uso del mecanismo constitucional, es reabrir la discusión probatoria y buscar una tercera
instancia para obtener una decisión distinta a la obtenida, sin proporcionar argumentos

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-00
Accionantes: Equipo Universal S.A y Castro Tcherassi S.A.
Se declara la improcedencia de la demanda

suficientes en los que se constate un tema de carácter constitucional, o se contemple el
contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o se sustente una actuación
judicial abiertamente ilegitima que comprometa las garantías del debido proceso,
acceso a la administración de justicia y defensa del Consorcio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por el Instituto de Desarrollo Urbano.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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