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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02124-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02124-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Equipo Universal S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02124-00

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

Demandantes: Equipo Universal S.A. y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-02124-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., seis (06) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02124-00
Demandantes: EQUIPO UNIVERSAL S.A. Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la demanda promovida por Equipo Universal
S.A. y otro1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo
86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Con escrito radicado el 30 de abril de 2024, la sociedad Equipo Universal S.A.,
actuando a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

En sentir de la parte actora, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se dio con ocasión de las providencias proferidas el 1 de marzo

1 Y Castro Tcherassi S.A.

1

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Demandantes: Equipo Universal S.A. y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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de 20232 y el 11 de marzo de 20243 dictadas al interior del proceso de
controversias contractuales con radicado 25000-23-26-000-2006-02017-02
(69100) acumulado con el expediente 25000-23-26-000-2006-02080-00. De
igual manera, cuestionan la comunicación del 25 de abril de 20244 proferida por
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes solicitudes:

PRIMERA: Que en defensa del derecho constitucional fundamental al debido
proceso y, en especial, al derecho de defensa y al derecho de acceso a la
justicia, se deje sin efecto legal alguno la providencia de fecha 1° de marzo
de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, Magistrado Ponente doctor Martín Bermúdez Muños – Radicación
25000-23-26-000-2006-02017-02, la proferida por la Sección Tercera,
subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 11 de
marzo de 2024, Magistrada ponente doctora María Cristina Quintero Facundo,
y la comunicación de fecha 25 de abril de 2024 del Centro de Arbitraje y
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
(…)
SEGUNDA: Que para Garantizar el efectivo goce del derecho al debido
proceso y, en especial, al derecho de defensa y al derecho de acceso a la
justicia de los accionantes, se le ordene autoridad accionada, SUBSECCIÓN
B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, que solicite al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que
devuelva el expediente a que hace referencia la comunicación de fecha 25 de
abril de 2024 a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Magistrada Ponente doctora María Cristina
Quintero Facundo, para que profiera la sentencia de fondo a que hubiese
lugar, la cual pondrá fin a la primera instancia, al haber incurrido el referido
auto de fecha 1° de marzo de 2023 en, al menos, una de las causales
específicas de procedencia de este mecanismo de protección constitucional
en contra de providencias judiciales, particularmente el defecto
procedimental, mencionadas por la Corte Constitucional en múltiples
decisiones y, particularmente, en la Sentencia SU-659 de 2915.5

2 En la que se dispuso:

«PRIMERO: REVÓCASE parcialmente el auto proferido el 26 de febrero de 2019 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya parte
resolutiva quedará así:
«PRIMERO: DECLARAR probada la existencia de cláusula compromisoria y en
consecuencia DECLARAR la falta de jurisdicción de esta Corporación para asumir el
conocimiento de la demanda de controversias contractuales instaurada por Equipo
Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A. contra el Instituto de Desarrollo Urbano, que se
adelantó con el radicado 25000-23-26-000-2006-02080-00.
SEGUNDO: REMITIR el expediente contentivo del proceso 25000-23-26-000- 2006
02080-00 al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Bogotá»
3 En virtud del cual se ordenó estarse a lo resuelto en auto del 1 de marzo del 2023 y remitió el

expediente por competencia.
4 En la cual se requirió a los actores para que cancelaran el valor de los gastos iniciales del

proceso arbitral.
5 Transcripción del texto original que puede contener errores.

2

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1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El consorcio conformado por los actores celebró con el Instituto de Desarrollo
Urbano el Contrato de Obra Pública No. 089 de 2000, el cual tenía por objeto la
rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y la adecuación de las calzadas
centrales de la Troncal Caracas de Bogotá desde la calle 6 hasta la calle 80 para
la operación del Transmilenio.

Dentro del clausulado del referido contrato se incluyó, por un lado, una garantía
de la obra de 10 años a contar desde la recepción provisional, y por otro lado una
cláusula compromisoria según la cual se adoptó como mecanismo para la
solución de controversias entre los contratantes la conformación de un Tribunal
de Arbitramento.

El 23 de febrero de 2000 el consorcio contrató con la aseguradora Fianzas S.A.
una póliza de cumplimiento de obra pública a la cual se le otorgó el número GU
01011094027.

El 7 de febrero de 2001, culminaron las obras derivadas del contrato No. 089 de
2000 de acuerdo con el acta No. 29 de Terminación de Contrato de Obra y el 7
de marzo de la misma anualidad se surtió la recepción provisional.

Ante la aparición de daños prematuros en las calzadas centrales adecuadas por
el consorcio, las partes sometieron la controversia sobre las causas de los
desperfectos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros en calidad de amigable
componedor.

El Instituto de Desarrollo Urbano expidió la Resolución 8354 del 14 de diciembre
de 2005 y la Resolución 1339 del 16 de marzo de 2006, a través de las cuales
hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra y declaró la responsabilidad del
consorcio por los desperfectos evidenciados.

En vista de estas circunstancias, el 22 de septiembre de 2006 la aseguradora
Fianzas S.A. demandó en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales al Instituto de Desarrollo Urbano, pretendiendo que se declarara la
nulidad de expidió la Resolución 8354 del 14 de diciembre de 2005 y la
Resolución 1339 del 16 de marzo de 2006. Así mismo, solicitó a título de
restablecimiento del derecho que el accionado no tiene derecho a hacer efectiva
la garantía de cumplimiento en el amparo de estabilidad.

De igual manera, el 30 de octubre de 2006 las sociedades Equipo Universal S.A.
y Castro Tcherassi S.A. interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de controversias contractuales contra el Instituto de Desarrollo Urbano. Además
3

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de pretender la nulidad de los mismos actos señalados en la acción instaurada
por Fianzas S.A., solicitaron que se declararan las conclusiones a las cuales llegó
la Sociedad Colombiana de Ingenieros respecto a la causa de los daños en las
calzadas y, además, que se condenara al demandado a la indemnización de los
perjuicios que se les hubiese causado.

Ambas demandas fueron acumuladas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 6 de abril de
2011.

A través de providencia proferida el 26 de febrero de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró probada la existencia de cláusula
compromisoria y, por tanto, declaró su falta de jurisdicción para conocer el
asunto. En consonancia, dispuso remitir el expediente al centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta decisión fue recurrida por la parte activa. El consorcio interpuso recurso de
apelación contra la misma alegando que el Instituto de Desarrollo Urbano
renunció de manera tacita al pacto arbitral en la contestación de la demanda. Así
mismo, la aseguradora Fianzas S.A. elevó recurso de reposición y en subsidio de
apelación argumentando que no suscribió de manera directa contrato con el
accionado de manera que no estaba vinculada por la cláusula compromisoria.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió sobre estos recursos con
auto del 7 de abril de 2021 en el cual rechazó por improcedencia los recursos de
apelación6 y decidió no reponer la providencia del 26 de febrero de 2019.

El 13 de junio de 2021, Fianzas S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio
de queja contra la providencia del 7 de abril de 2021 que rechazó la apelación
por improcedente.

Por medio de providencia del 26 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca estudió los recursos presentados por Fianzas S.A. A su respecto
resolvió no reponer la decisión anterior y conceder el recurso de queja.

En providencia del 9 de agosto de 2022, el Consejo de Estado encontró mal
denegado el recurso de apelación interpuesto por Fianzas S.A. interpuesto contra
la providencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de
febrero de 2019. Por tal razón, dispuso la admisión de la alzada en el efecto
suspensivo.

6 El Tribunal declaró la improcedencia de los recursos de apelación argumentando que la
providencia recurrida no se categorizaba en dentro del listado de los asuntos que son susceptibles
del recurso de apelación.
4

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La apelación fue resuelta en proveído del 1 de marzo de 2023 con ponencia del
magistrado Martín Bermúdez Muños. En ella se resolvió revocar parcialmente el
proveído del 26 de febrero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y declaró probada la existencia de la cláusula compromisoria y,
en consecuencia, declaró la falta de jurisdicción de la Corporación para conocer
de la demanda de controversias contractuales instaurada por el consorcio.

Contra la anterior decisión, los aquí accionantes interpusieron recurso de
reposición el 28 de marzo de 2023. Tal recurso fue resuelto por medio de auto
del 14 de julio de 2023, en el cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, resolvió rechazarlo por improcedente.

A través de decisión del 11 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió estarse a lo resuelto en el auto del 1 de marzo de 2023
que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora argumentó que la demanda supera todos los requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencia judicial estipulados en la
jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional. Sobre el requisito de
inmediatez, arguyó que si bien la providencia controvertida se profirió el 1 de
marzo de 2023, el término para la solicitud del amparo constitucional debe
contabilizarse desde el 11 de marzo de 2024, fecha en la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió estarse a lo resuelto en la providencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Expresó que la providencia atacada incurrió en defecto procedimental puesto
que, para el momento de presentación de la acción de controversias
contractuales, la jurisprudencia del Consejo de Estado admitía la renuncia tácita
de la cláusula compromisoria cuando la contraparte no elevaba la excepción de
existencia de pacto arbitral frente a la demanda presentada ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

Estimó que en tanto el Instituto de Desarrollo Urbano omitió alegar tal excepción,
la Sección Tercera del Consejo de Estado debió aplicar la jurisprudencia vigente
para cuando se radicó el medio de control, en línea con lo aclarado por la misma
Sección respecto a los efectos de los cambios jurisprudenciales y el acceso
efectivo a la administración de justicia.

En consecuencia, sostuvo que la aplicación de la sentencia del 18 de abril de
2013 en la cual el Consejo de Estado modificó y unificó la jurisprudencia que
aceptaba la tesis de la renuncia tácita de la cláusula compromisoria sorprendió al
Consorcio con un abrupto cambio jurisprudencial comprometiendo el núcleo
esencial de su derecho fundamental al acceso a la justicia.

5

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Cuestionó la decisión tomada por la autoridad judicial accionada de enviar el
expediente al al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Bogotá, pues desde su perspectiva y según la posición
adoptada por el Consejo de Estado7 y la Sentencia C-1436 de 2000 de la Corte
Constitucional, la decisión sobre la nulidad de los actos administrativos atacados
en el medio de control de controversias contractuales esta reservada a la Justicia
Contenciosa Administrativa.

Argumentó que, en línea con lo anterior, la remisión del expediente al centro de
arbitraje vulneró su derecho fundamental de acceso a la justicia puesto que el
Tribunal de Arbitramento seguramente devolverá el proceso por falta de
jurisdicción y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negará su recibimiento
fundamentándose en la providencia proferida en segunda instancia por la
autoridad judicial accionada.

Consideró que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo. Tras
referenciar múltiples sentencias de la Corte Constitucional, subrayó que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B desconoció el parágrafo del
artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, el cual estipula que la no interposición de la
excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la
renuncia al pacto arbitral.

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto del 3 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora resolvió: i)
admitir la demanda; ii) ordenar la notificación de los magistrados Consejo de
Estado, Sección Tercera subsección B, de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y al Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Bogotá; iii) vincular, en calidad de terceros con interés al Instituto de Desarrollo
Urbano, a Fianzas S.A. y a la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de
Estado; y iv) oficiar a la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que allegue copia íntegra del expediente
correspondiente al proceso ordinario 25000-23-26-000-2006-02017-01 (69100)
acumulado con el expediente 25000-23-26-000-2006-02080-00.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en la
admisión de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales8,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 14.03.24., M.P.

María Adriana Marín, Rad. 11001-03-26-000-2022-00173-00
8 La notificación se surtió el 6 de mayo de 2024 a las direcciones electrónicas

gustavo@castillacastilla.com; paviuni@gmail.com; gerencia@castrotcherassi.com;
notificacionesjudiciales@ccc.org.co; notiffibarra@consejodeestado.gov.co;

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en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

A través de escrito allegado el 8 de mayo de 2024, María Cristina Quintero
Facundo en calidad de magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela o que en su defecto se desestimaran sus pretensiones.

Sostuvo que el amparo solicitado no supera el requisito general de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial de relevancia constitucional. Indicó que,
aunque la parte accionante invocó como desconocidos una serie de derechos
fundamentales, en realidad pretende utilizar el mecanismo constitucional como
una tercera instancia al estar en desacuerdo con la decisión judicial atacada que
se encuentra debidamente sustentada acorde al material probatorio obrante en
el plenario.

1.6.2. Instituto de Desarrollo Urbano

En memorial enviado el 8 de mayo de 2024 por intermedio de su Director Técnico
de Gestión Judicial, la entidad se opuso a las pretensiones elevadas por los
actores tildándolas de improcedentes por no evidenciarse vulneración alguna a
los derechos fundamentales en el medio de control de controversias
contractuales.

Advirtió que en el escrito de tutela parte de las mismas razones de hecho y de
derecho que se debatieron dentro del proceso ordinario, en el cual los
accionantes tuvieron la oportunidad de ejercer oportunamente los recursos de
ley, de manera que no se desconoció el debido proceso, el derecho a la defensa
y el acceso a la administración de justicia por parte de la autoridad judicial
accionada.

En punto del requisito de inmediatez, indicó que la providencia en la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
resolvió rechazar la apelación presentada por los actores contra el auto que
declaró la falta de jurisdicción se notificó el 12 de mayo de 2021, por lo que estimó
que la acción de tutela no se interpuso en un término razonable desde la firmeza
de la decisión judicial en comento.

notifemontana@consejodeestado.gov.co; despacho004s3@consejodeestado.gov.co;
lsanchez@consejodeestado.gov.co; notifmbermudez@consejodeestado.gov.co;
suruetar@consejodeestado.gov.co; lsierrae@consejodeestado.gov.co;
agarciag@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co;
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co ;
rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@confianza.com.co;
notificacionesjudiciales@idu.gov.co; vfernandez@procuraduria.gov.co;
notidel1cedo@procuraduria.gov.co
7

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1.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Con comunicación radicada el 8 de mayo de 2024, el magistrado Martín
Bermúdez Muñoz, ponente de la decisión controvertida, manifestó que no
participaría en la acción de tutela de referencia y que acataría lo que se disponga
por el juez constitucional.

1.6.4. Cámara de Comercio de Bogotá

En escrito allegado el 8 de mayo de 2024 por su apoderado general, la entidad
arguyó que ha actuado en seguimiento de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas y señaló que se atendría a lo que resuelva el
juez de tutela.

En torno a la naturaleza jurídica del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, aclaró que sus funciones son meramente
administrativas y no cuenta con funciones jurisdiccionales ni facultades legales
para intervenir directamente en las controversias dirimidas por los árbitros que se
encuentran inscritos en el centro.

Resaltó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.
En particular, sobre la comunicación que envió al accionante el 25 de abril de
2024, precisó que se surtió en seguimiento a las disposiciones normativas
aplicables y en observancia a lo decidido por las demandadas.

1.7. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

En concepto rendido el 23 de mayo de 2024 por la Procuradora Delegada de
Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, se solicitó la declaratoria de
la improcedencia de la acción de tutela por no acreditarse el cumplimiento del
requisito de inmediatez.

Tras exponer los requisitos generales de providencia de la acción de tutela contra
providencia judicial contenidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, se detuvo en el requisito de inmediatez. Argumentó que, según la
jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional, para satisfacer el referido
requisito, el amparo debe solicitarse en un término que no supere los 6 meses a
partir de la notificación o ejecutoria de la providencia judicial controvertida.

Sostuvo que en el caso concreto la acción de tutela se interpuso el 30 de abril de
2024 mientras que la providencia atacada que tiene el potencial para vulnerar los
derechos fundamentales alegados se profirió el 1 de marzo de 2023 y quedó
ejecutoriada el 10 de abril de la misma anualidad. De manera que, entre la
solicitud del amparo y la ejecutoria del auto controvertido transcurrió un término
de 1 año y 20 días que no es razonable ni proporcionado a la luz de los

8

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parámetros fijados por la Corte Constitucional para superar el requisito de
inmediatez.

Desestimó el argumento del accionante según el cual la fecha a considerar para
definir la superación del requisito de inmediatez debía ser el 11 de marzo de
2024, en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C profirió orden de obedecer y cumplir lo resuelto por su superior
jerárquico. En este sentido, reiteró que las razones de los accionantes sobre las
presuntas violaciones a los derechos fundamentales recaen sobre la providencia
de segunda instancia del 1 de marzo de 2023, siendo su fecha de ejecutoria la
relevante para analizar la inmediatez del amparo solicitado.

1.8. Solicitud de los accionantes

A través de memorial radicado el 10 de mayo de 2024, el extremo activo se refirió
a la contestación de la demanda realizada por el magistrado Martín Bermúdez
Muñoz en la cual indicó su decisión de abstenerse de participar en el proceso
constitucional y que acataría las disposiciones que adoptara el juez de tutela. En
consecuencia, solicitó que se requiriera a este togado, en conjunto con los
magistrados Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez como firmantes de la
providencia controvertida, para que se pronunciaran sobre el fondo del amparo
siendo esta su obligación constitucional y legal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela presentada
por el Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A., de conformidad con lo
establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el Decreto 2591 de 19919
y el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 10, modificado
por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión Previa

En memorial radicado el 10 de mayo de 2024 el accionante solicitó que se
requiriera a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B para que se pronunciaran sobre el fondo de la acción. No obstante, la Sala no
accederá a dicha solicitud en virtud de que el ejercicio del derecho de defensa
que se materializa en la contestación de la demanda es una facultad potestativa
del accionado, de manera que bien puede decidir guardar silencio.

9 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
10 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

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Al respecto, se anota que el artículo 97 del Código General del Proceso estipula
las consecuencias procesales de la falta de contestación de la demanda,
entendiéndose que la ausencia de pronunciamiento sobre los hechos y
pretensiones contenidos en el libelo inicial es una de las posibles conductas que
puede asumir el demandado, quien en todo caso deberá asumir las cargas que
esto le implique en el proceso.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con
ocasión de la providencia del 1° de marzo de 2024 que revocó parcialmente el
auto proferido el 26 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iii) análisis del caso en
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró
su procedencia.13

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10

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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable14, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente
y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo.15

De acuerdo con lo anterior, esta Sección16 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da

14 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
16 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate.
11

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lugar a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se
declara su improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.17

En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial
y reiteró que 6 meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201520, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual21.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
19 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
20 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
21 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
12

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En el presente caso, se anticipa que el amparo constitucional no satisface con el
requisito en cuestión, pues, sin mayores consideraciones, se advierte que dicho
término se encuentra superado. Lo anterior, dado que el auto proferido por el
Consejo de Estado, Subsección Tercera, Subsección B se notificó el 28 de marzo
de de 202322, quedando ejecutoriado el 3 de abril de la misma anualidad.

Lo anterior, incluso si se tiene en consideración la fecha en que se resolvió el
recurso de reposición23 radicado el 29 de marzo de 2023 que además de ser
abiertamente improcedente en atención al artículo 318 del Código General de
Proceso, fue notificado por estado el 14 de agosto de 2023, mientras que el
mecanismo constitucional se promovió solamente hasta el 30 de abril de 2024,
esto es más de 6 meses después de la ejecutoria de la última providencia.

En igual sentido, la Sala no advierte una explicación válida para que el ejercicio
de la acción de tutela se diera por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la Corporación, pues los demandantes no se encuentran en alguna
de las situaciones que la Corte Constitucional24 ha establecido como justificación,
es decir, que: (i) no existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío
de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales de los interesados;
(iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

Lo anterior resulta importante, en la medida en que si bien no existe un término
de caducidad para la interposición de la acción de tutela, lo cierto es que el
mecanismo constitucional debe interponerse dentro de un plazo razonable,
máxime cuando se trata de una petición de amparo contra una providencia
judicial que pone en duda los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por
lo que en el caso en concreto, se reitera, es desde el día siguiente de la ejecutoria
de la decisión en que esta Sección ha estimado un plazo razonable para la
interposición de la acción, como lo son los 6 meses.

Finalmente, esta Sala no acoge el argumento esbozado en el libelo inicial según
el cual el término para analizar el requisito de inmediatez debe contabilizarse
desde el 11 de marzo de 2024, fecha en la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C profirió auto en el cual resolvió
obedecer y cumplir la providencia dictada por su superior jerárquico. Lo anterior,
por cuanto los reparos de la acción de tutela se dirigen íntegramente contra la
providencia del 1° de marzo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,

22 Ver índice 006 de SAMAI del expediente con radicado 25000232600020060201702.
23 Ver índice 0013 de SAMAI del expediente con radicado 25000232600020060201702.
24Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T

1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de
17.06.10., T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.
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Subsección B, la cual adoptó la decisión susceptible de haber vulnerado los
derechos fundamentales del actor.

2.5. Conclusión

Conforme lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia, en la medida que la solicitud de amparo fue presentada por fuera del
término de seis meses computados a partir de la ejecutoria de la decisión, sin
que se haya acreditado una circunstancia que permita la flexibilización del
mencionado requisito.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Equipo Universal S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

14

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

15

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