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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02124-01

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02124-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02124-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación: 110010315000202402124 01
Accionante: EQUIPO UNIVERSAL S.A. Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-– se cumplen los
requisitos de procedibilidad / INMEDIATEZ - la demanda no se presentó en un término
razonable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 6 de junio de 2024, mediante la cual la Sección Quinta de
esta Corporación negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda2

1. El 30 de abril de 2024, Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A. 3, por
intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B por considerar que la providencia del 1
de marzo de 2023 que declaró la falta de jurisdicción por existencia de cláusula
compromisoria en el proceso ordinario identificado con radicado 25000-23-26-000-
2006-02080-014, vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, derecho
de defensa y acceso a la administración de justicia.

1 Que ingresó para fallo de segunda instancia el 9 de julio de 2024, índice 3 del aplicativo Samai.
2 Índice 2 del aplicativo Samai de primera instancia, radicado 11001031500020240212401.
3 Integrantes del extinto consorcio Castro Tcherassi y Cía. Ltda y Equipo Universal y Cía. Ltda.
4 Se advierte que este asunto fue acumulado en la primera instancia con el proceso identificado con

radicado 25000-23-26-000-2006-02017-00.

1

Radicación: 110010315000202402124 01
Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Hechos relevantes

2. El 30 de octubre de 2006, los ahora accionantes, en ejercicio de la acción de
contractual presentaron demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-,
con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 8354 de 14 de
diciembre de 2005 y 1339 del 16 de marzo de 2006, a través de las cuales se declaró
la ocurrencia del siniestro y se afectó el amparo de estabilidad de la obra de la
garantía única de cumplimiento No. GU-010110944027 que garantizó el contrato de
obra pública No. 089 de 2000.

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección C, a
través de providencia del 6 de abril de 2011, ordenó acumular el proceso adelantado
por Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A. en contra del IDU, junto con el
proceso iniciado por la aseguradora Confianza S.A. identificado con el radicado
25000-23-26-000-2006-02017-00 y en el que se pretendió la nulidad de los mismos
actos administrativos.

4. Mediante providencia del 26 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, encontró probada de oficio la
existencia de cláusula compromisoria, como consecuencia, declaró la falta de
jurisdicción y ordenó remitir el expediente a la Cámara de Comercio de Bogotá.

5. Los aquí accionantes y Confianza S.A. presentaron recursos de apelación en contra
de la anterior decisión, los cuales fueron rechazados por improcedentes. En ese
contexto, la aseguradora impetró el recurso de reposición y, en subsidio, el de queja,
que fue resuelto por el Consejo de Estado mediante providencia del 9 de agosto de
2022, en el que estimó mal denegado el recurso y admitió la apelación.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 1 de
marzo de 2023, resolvió el recurso de apelación, únicamente en lo relacionado con
Confianza S.A. y concluyó que la cláusula compromisoria pactada en el contrato de
obra pública 089 del 2000, no era vinculante para la compañía aseguradora que no
suscribió dicho acuerdo de voluntades. Por ende, revocó parcialmente el auto
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de febrero de 2019,
en cuanto a la falta de jurisdicción del proceso adelantado por Confianza S.A. y

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

ordenó continuar con el trámite judicial del proceso identificado con radicado 25000-
23-26-000-2006-02017-00.

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 11 de marzo de
2024, obedeció y cumplió con lo dispuesto por el Consejo de Estado en la
providencia 1 de marzo de 2023 y ordenó remitir el expediente al Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

8. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través
de comunicación del 25 de abril de 2024, requirió a los aquí demandantes, con el
fin de que cancelen los gastos iniciales del trámite arbitral.

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
los posibles errores):

Primera. Que en defensa del derecho constitucional fundamental al debido
proceso y, en especial al derecho de defensa y al derecho de acceso a la justicia,
se deje sin efecto legal alguno la providencia de fecha 1° de marzo de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
magistrado Ponente doctor Martín Bermúdez Muñoz – radicación 25000-23-26-
000-2006-02017-02, la proferida por la Sección Tercera, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 11 de marzo de 2024,
Magistrada Ponente doctora María Cristina Quintero Facundo, y la comunicación
de fecha 25 de abril de 2024 del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

(…)

Segunda. Que para garantizar el efectivo goce del derecho al debido proceso y,
en especial, al derecho de defensa y al derecho de acceso a la justicia de los
accionantes, se le ordene a la autoridad accionada, Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de estado, que solicite al Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá que devuelva el expediente a que hace
referencia la comunicación de fecha 25 de abril de 2024 a la Subsección C de la
sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrada
Ponente doctor a María Cristina Quintero Facundo, para que profiera la sentencia
de fondo a que hubiese lugar, la cual pondrá fin a la primera instancia, al haber
incurrido el referido auto de fecha 1 de marzo de 2023 en, al menos, una de las
causales específicas de procedencia de este mecanismo de protección
constitucional en contra de providencias judiciales, particularmente, el defecto
procedimental, mencionado por la Corte Constitucional en múltiples decisiones
y, particularmente, en la sentencia Su-659 de 2015”.

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte accionante alegó la violación de sus derechos fundamentales del debido
proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección
B, mediante providencia del 1 de marzo de 20235, por las siguientes razones:

11. En primer lugar, invocó un defecto procedimental por aplicar una tesis
jurisprudencial que difiere con el precedente vigente al momento de presentación
de la demanda, en relación con la renuncia tácita de la cláusula compromisoria
suscrita previamente a la expedición de la Ley 1563 de 2012.

12. En segundo lugar, indicó que se configuró una “vía de hecho en contra de las
sociedades accionantes que no cuentan con otro medio de defensa judicial” porque
según jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia
del 14 de marzo de 2024, se concluyó que los árbitros no pueden pronunciarse
sobre la legalidad de actos administrativos.

13. En tercer lugar, alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
por violación directa del artículo 229 de la Constitución Política, porque, si bien los
integrantes del consorcio pudieron presentar demanda en ejercicio de la acción
contractual, dicho esfuerzo fue inútil ante la decisión del 1 de marzo de 2023 que
declaró probada la existencia de cláusula compromisoria.

Trámite de la primera instancia

14. Mediante auto del 3 de mayo de 2024, la Sección Quinta de esta Corporación
admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar a: (i) la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado; (ii) el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y (iii) al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá. Además, se vinculó como terceros interesados al IDU y a Confianza S.A.

5
La parte actora indicó en su escrito de demanda: “El amparo no se dirige contra una providencia
de tutela sino contra un auto proferido por el Consejo de Estado”. Posteriormente mencionó: “La
decisión de la Sala que compone la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
resultó claramente violatoria del debido proceso y, en especial, el derecho de defensa y el acceso a
la justicia”:

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Intervenciones

15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B indicó que acataría a lo
resuelto en el proceso de tutela.

16. La Cámara de Comercio de Bogotá pidió que se desestimen las pretensiones en
su contra, debido a que la decisión cuestionada fue proferida por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y que la comunicación del 25 de abril de 2024 se dio en
cumplimiento de lo ordenado por Consejo de Estado en auto del 1 de marzo de
2023. Además, agregó que las funciones del Centro de Arbitraje y Conciliación son
meramente administrativas y no cumplen función jurisdiccional, con fundamento en
que el artículo 116 de la Constitución Política únicamente otorgó la función de
administrar justicia transitoriamente a los árbitros y conciliadores, pero no al centro.

17. El IDU solicitó que se declare la improcedencia de la demanda por no cumplir con
el requisito de procedibilidad de inmediatez, debido a que la decisión cuestionada
por los demandantes, a su juicio, se materializó en el auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el que se declaró la existencia de cláusula
compromisoria. En ese sentido concluyó que habían transcurrido más de 6 meses
desde la providencia judicial reprochada y la presentación de la demanda de tutela.

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Confianza S.A. no se
pronunciaron.

La sentencia de primera instancia

19. Mediante sentencia del 6 de junio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por no cumplir con el requisito de
inmediatez. Al respecto, indicó que el auto proferido el 1 de marzo de 2023, por el
Consejo de Estado, Subsección Tercera, Subsección B se notificó el 28 de marzo
de 2023, inclusive, el a quo tuvo en cuenta que la providencia que resolvió el recurso
de reposición contra aquella providencia, a pesar de ser improcedente, que se
resolvió el 14 de julio de 2023, notificada el 15 de agosto de 2023.

20. En ese orden de ideas, como la demanda de tutela se radicó hasta el 30 de abril
de 2024, concluyó que transcurrieron más de los 6 meses razonables para
interponer la respectiva acción constitucional.

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

21. Por último, no acogió el argumento de los demandantes según el cual el término
para analizar el requisito de inmediatez debe contabilizarse desde el 11 de marzo
de 2024, fecha en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C profirió auto en el cual resolvió obedecer y cumplir la
providencia dictada por su superior jerárquico. Lo anterior, por cuanto los reparos
concretos de la demanda de tutela se dirigieron íntegramente contra la providencia
del 1° de marzo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

La impugnación

22. El accionante argumentó que en el caso sub examine está plenamente demostrado
que la vulneración a los derechos fundamentales invocados en la demanda, ha sido
de “tracto sucesivo” y de carácter permanente. Como fundamento de su afirmación
alegó que la vulneración a sus derechos fundamentales se ha postergado en el
tiempo desde la expedición de la providencia del 1 de marzo de 2023 hasta el
requerimiento realizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el 25 de abril de 2024.

23. Al respecto, el recurrente expresó que con la comunicación del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá del 25 de abril de 2024, se
agravó la situación de los aquí accionantes porque es evidente que de conformidad
con la sentencia C-1436 del 2000 los árbitros no pueden conocer de la legalidad de
actos administrativos, lo cual consiste en el aspecto debatido en el proceso ordinario
que debido a la decisión del 1 de marzo de 2023 se envió a la justicia arbitral.

24. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se resuelvan de fondo las pretensiones de la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

25. La Subsección confirmará el fallo impugnado, porque por cuanto no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de inmediatez.

26. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se

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produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela6.

27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado
que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se
ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la inmediatez, se
debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso7.

28. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses
se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por
cuanto es a partir del momento en que se conoce la decisión que se puede advertir
la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o
varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial8. A menos que se presenten actuaciones y/o pronunciamientos posteriores
que puedan tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento al interponer
la acción de tutela9.

29. Sobre el particular, la Sala precisa que en el proceso ordinario adelantado por los
aquí demandantes contra el IDU en el que se pretendió la nulidad de las
Resoluciones 8354 de 14 de diciembre de 2005 y 1339 del 16 de marzo de 2006,
se profirieron, entre otras, las siguientes decisiones:

• Auto del 26 de febrero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró la falta de jurisdicción por existencia de cláusula
compromisoria10.

• Providencia proferida el 7 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante la cual se rechazaron por improcedentes los

6
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2023, radicado
número: 11001-03-15-000-2023-00282-01. Criterio reiterado por la misma Subsección en sentencia
del 4 de julio de 2023, radicado número 11001-03-15-000-2023-01887-00.
9
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
10
Cuaderno de pruebas visible en el índice 23 del historial de actuaciones de Samai, expediente de
primera instancia 11001031500020240212400.

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

recursos de apelación interpuestos por los integrantes de la parte
demandante contra la decisión que declaró la falta de jurisdicción11.

• Auto del 1 de marzo de 2023 proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B mediante, a través del cual se resolvió el recurso de
queja interpuesto por Confianza S.A., y en el que se confirmó la falta de
jurisdicción en relación con Equipo Universal S.A y Castro Tcherassi S.A. y
se revocó la decisión en relación con la aseguradora que no suscribió la
cláusula compromisoria del contrato de obra 089 del 200012.

• Providencia del 14 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en la que se rechazó por improcedente el
recurso de apelación presentado por Equipo Universal S.A y Castro
Tcherassi S.A. en contra de la decisión del 1 de marzo de 202313.

30. Así las cosas, se destaca que en el presente asunto, la parte demandante, en su
escrito inicial imputó a la providencia proferida el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B del 1 de marzo de 2023, la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales del debido proceso, derecho de defensa y acceso a la
administración de justicia. Al respecto el apoderado de los accionantes indicó que
“el amparo no se dirige contra una providencia de tutela sino contra el auto
proferido por el Consejo de Estado”. Asimismo, imputó los defectos
procedimental y sustantivo cuando expresó que “la decisión de la Sala que compone
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resultó claramente
violatoria del debido proceso y, en especial, el derecho de defensa y el acceso a la
justicia”. Por último, concluyó que “contra la providencia de fecha 1 de marzo de
2023 (…) contra la cual se dirige la presente acción, los accionantes no cuentan
con otro medio de defensa judicial.

31. Al respecto, si bien, con posterioridad a la providencia del 1 de marzo de 2023, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto del 11 de marzo de 202414
en el que obedeció y cumplió lo ordenado por el Consejo de Estado y, a su vez, el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante

11
Ídem.
12
Ídem.
13
Ídem.
14
Ídem.

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Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

oficio del 25 de abril de 202415, requirió a la parte interesada para que consignen
los gastos iniciales del trámite arbitral, esta Subsección considera que estas
decisiones, posteriores a la notificación de la providencia cuestionada, no tienen la
idoneidad para incidir o modificar la decisión en la que concretaron la supuesta
vulneración a sus derechos fundamentales, por lo que no hay lugar a flexibilizar la
exigencia del requisito de la inmediatez y que justifique su interposición por fuera
del término que la jurisprudencia ha considerado como razonable para ejercer la
acción de tutela contra una decisión judicial.

32. Así las cosas, la Sala precisa que la decisión que determinó la suerte procesal de
los demandantes en el proceso ordinario fue la providencia proferida el 7 de abril de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se rechazó
por improcedente el recurso de apelación de Equipo Universal S.A. y Castro
Tcherassi S.A., sin que ante esta decisión se interpusiera recurso de queja por parte
de estos sujetos procesales.

33. A pesar de lo anterior, dado que los aquí accionantes imputaron expresamente, en
su demanda de tutela, los defectos fácticos y procedimentales a la decisión proferida
1 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección
B; la Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado como razonable para
presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de la fecha en que se
notificó dicha providencia judicial, es decir, el 28 de marzo de 202316. Por lo que era
a partir de esa fecha que la accionante contaba con seis meses para presentar la
demanda de tutela, pero solo lo hizo, se reitera, hasta el 30 de abril de 2024.

34. En todo caso, si se tuviera en cuenta el auto que rechazó por improcedente el
recurso de reposición interpuesto en contra de la providencia del 1 de marzo de
2023, se tiene que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B profirió
dicha providencia del 14 de julio de 2023 y fue notificada el 15 de agosto de 202317,
por lo que, aún en ese caso la presentación de la demanda de tutela excedió por
mucho el plazo de 6 meses considerado como razonable para interponer la acción
constitucional.

15
Documento aportado con los anexos de la demanda, índice 2 del historial de actuaciones de
Samai, expediente de primera instancia 11001031500020240212400.
16
Notificación por estado visible en el índice 6 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de
Estado, acción contractual, proceso 25000232600020060201702.
17
Notificación por estado que obra en el índice 23 del historial de actuaciones de Samai del Consejo
de Estado, acción contractual, proceso 25000232600020060201702.

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Radicación: 110010315000202402124 01
Accionante: Equipo Universal S.A. y otro
Accionado: Consejo De Estado –
Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

35. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición
de amparo por el incumplimiento del requisito de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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