Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01887-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Inmediatez: no se presentó la demanda en un término razonable
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01887-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01887-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., julio cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202301887 00
Accionante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia /
INMEDIATEZ – No se presentó la demanda en un término razonable / FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Inexistencia de carga argumentativa /
SUBSIDIARIEDAD – No se interpusieron los recursos procedentes en contra de las
decisiones cuestionadas.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por Colpensiones, de conformidad con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 13 de abril de 2023, Colpensiones, por conducto de su gerente de defensa
judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.
2. Los hechos
Como sustento de la demanda de tutela se expusieron, en síntesis, los siguientes
hechos:
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Que ingresó para fallo el 12 de mayo de 2023.
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Radicación: 110010315000202301887 00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
2.1. La señora Marina Isabel García de León, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de su mesada
pensional.
2.2. Mediante sentencia del 20 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de
Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó a
Colpensiones “pagarle a la actora, la diferencia entre los valores que la (sic)
reconoció y los que le debe reconocer por concepto de mesadas pensionales, a
partir del 26 de agosto de 2011, las sumas anteriores a dicha fecha se encuentran
prescritas como se expuso”.
2.3. En cumplimiento de la anterior decisión, Colpensiones profirió las
Resoluciones SUB 277730 del 30 de noviembre de 2017, SUB39099 de 13 de
agosto de 2018 y SUB 129474 del 24 de mayo de 2019; sin embargo, precisó que,
de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, ninguna mesada
pensional con cargo a recursos de naturaleza pública podría superar 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por lo que aplicó el referido límite.
2.4. La señora García de León presentó demanda ejecutiva y, mediante auto del
23 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca libró mandamiento de
pago por la suma de $277’498.883.
2.5. En proveído del 17 de agosto de 2021 se decretó el embargo de los dineros
que tuviese Colpensiones en entidades financieras por el valor de $416’234.824.
2.6. Mediante proveído del 22 de septiembre de 2021 se ordenó seguir adelante
con la ejecución; posteriormente, por medio de auto del 10 de diciembre siguiente,
se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
anterior decisión.
2.7. Colpensiones presentó recurso de “apelación” contra el auto del 10 de
diciembre de 2021; mediante auto del 13 de junio de 2022, el Tribunal
Administrativo de Arauca lo adecuó al de reposición y decidió no reponer su
decisión.
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Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
2.8. Posteriormente, el apoderado de la parte ejecutante informó que la señora
García de León falleció el 9 de marzo de 2022 y, en proveído del 1º de febrero de
2023, se reconoció como sucesor procesal al señor Frank José Pastrana García.
2.9. Finalmente, por medio de auto del 3 de marzo de 2023, se modificó la
liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y se aprobó la suma de
$817’749.833 como valor liquidado del crédito.
2.10. De otro lado, el 30 de septiembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Colpensiones interpusieron recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 20 de agosto de 2015, el cual fue admitido en
providencia del 10 de septiembre de 2021.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora solicitó que se dejaran sin efecto las providencias del 23 de agosto
de 2019, del 17 de agosto de 2021, del 22 de septiembre de 2021, del 10 de
diciembre de 2021, del 13 de junio de 2022 y del 3 de marzo de 2023, proferidas
por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el trámite del proceso ejecutivo
identificado con el radicado No. 8100123390020180009300.
Al respecto, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, dado que inobservó el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual no
podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, con cargo al erario.
En línea con lo anterior, indicó que se desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, T-320 de 2015, T-392 de 2015,
T-615 de 2015, SU-210 de 2015, T-039 de 2018, T-360 de 2018, T-073 de 2019,
SU-575 de 2019 y SU 050 de 2022, según las cuales, independientemente del
régimen pensional y de la fecha de causación, ninguna mesada pensional puede
superar el precitado tope; por el contrario, resulta procedente el reajuste
automático por parte de la autoridad administrativa competente.
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Radicación: 110010315000202301887 00
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• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
Sostuvo que se incurrió en una violación directa de la Constitución Política, dado
que se violó el principio de sostenibilidad financiera, pues “en el caso de la señora
MARINA ISABEL GARCIA DE LEON, aquí estudiado, presenta, sin duda alguna
un incremento pensional ilegítimo, al reconocérsele un IBL que no le corresponde
y con inclusión de factores salariales sobre los cuales no cotizó a pensión en toda
su vida laboral, lo cual desfinancia al sistema pensional”.
Finalmente, como medida provisional y pretensión subsidiaria, Colpensiones
solicitó que, de manera transitoria, se dejen sin efecto las providencias dictadas en
el trámite del referido proceso ejecutivo, hasta tanto se resuelva la acción de
revisión interpuesta en contra de la sentencia del 20 de agosto de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Arauca.
Al respecto, se afirmó que de ejecutarse el crédito liquidado, “se tornaría ilusorio el
eventual fallo que se profiera en la acción de revisión promovida por esta Entidad
(1100103200020200084500), en caso de que aquel fuere favorable a
Colpensiones, pues es previsible que dichos dineros serían de difícil
recuperación”, toda vez que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de efectuarse el pago del crédito liquidado en el
proceso ejecutivo no habría lugar al reintegro de dichos valores, al tratarse de
sumas recibidas de buena fe y en cumplimiento de una decisión judicial.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 21 de abril de 2023, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó al señor Frank José
Pastrana García como tercero interesado en el proceso y se decretó como medida
provisional la suspensión de la ejecutabilidad del auto del 3 de marzo de 2023, por
el cual se aprobó la suma de $817’749.833 como valor liquidado del crédito en el
trámite del proceso ejecutivo tramitado en el proceso identificado con el radicado
No. 81001233900020180009300.
4.2. El Tribunal Administrativo de Arauca solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda.
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• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
Señaló que el caso sub examine “no podía estar sujeto al límite de los 25 SMLMV,
por la sencilla razón de que para ese momento no se había proferido la sentencia
C-258 de 2013”; sin embargo, precisó que frente a las mesadas que debían
reconocerse a partir de 2013 sí se les aplicó el referido tope. En ese sentido,
indicó que las decisiones proferidas en el proceso ejecutivo no vulneraron los
derechos fundamentales invocados por Colpensiones.
Adicionalmente, sostuvo que, en proveído del 1º de febrero de 2023, se negó la
solicitud de suspensión del proceso ejecutivo presentada por Colpensiones,
porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión no suspende el cumplimiento de la sentencia
cuestionada y, en esa medida, tampoco resultaba procedente acceder a la
pretensión subsidiaria de la solicitud de amparo.
4.3. Finalmente, el señor Frank José Pastrana García, por conducto de apoderado
judicial, afirmó que la autoridad judicial accionada no ha incurrido en un error.
Sobre el particular, señaló que a la señora Marina Isabel García de León se le
reconoció una pensión, de conformidad con el régimen especial previsto en el
Decreto 546 de 1971; que, posteriormente, solicitó la reliquidación de su pensión
con el propósito de que se incluyera la bonificación por compensación del Decreto
610 de 1998. En sentencia del 20 de agosto de 2015 el Tribunal Administrativo de
Arauca accedió a la anterior petición, providencia que no fue apelada por
Colpensiones y, por consiguiente, la solicitud de amparo resulta improcedente
para controvertir dicha decisión.
Indicó, además, que el Decreto 546 de 1971 no fijó límites a las pensiones
reconocidas en dicho régimen especial y, en ese sentido, a las mesadas causadas
antes de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional no les resultaba
aplicable el límite de 25 SMMLV, tal como lo aplicó el Tribunal Administrativo de
Arauca.
En cuanto al impacto fiscal alegado por el pago de la suma de $817’749.833,
afirmó que fue reconocida en el trámite del proceso ejecutivo en el que la entidad
aquí accionante participó y tuvo todas las garantías para ejercer su defensa.
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Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
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Referencia: Acción de tutela
Sostuvo que la suspensión del proceso ejecutivo por la concurrencia del trámite
del recurso de revisión se opone a las exigencias de dicho proceso. En ese
sentido, sostuvo que, en un proceso idéntico a este, la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en sentencia del 2 de marzo de 20232, amparó los derechos
fundamentales invocados, al considerar que el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en un defecto sustantivo, así como un defecto procedimental absoluto al
supeditar la entrega de dineros hasta que el Consejo de Estado se pronunciara
respecto el recurso de revisión interpuesto por la UGPP.
Finalmente, señaló que la demanda de tutela resultaba temeraria, por cuanto la
parte actora presentó otra solicitud con fundamento en los mismos hechos el 2 de
septiembre de 2019.
5. Mediante providencia de 7 de junio de 2023, se declaró fundando el
impedimento manifestado por la doctora María Adriana Marín, por encontrarse
incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, por lo cual se le separó del conocimiento del
presente asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
En el presente asunto, la parte actora solicitó que se dejaran sin efecto las
providencias del 23 de agosto de 2019, del 17 de agosto de 2021, del 22 de
septiembre de 2021, del 10 de diciembre de 2021, del 13 de junio de 2022 y del 3
de marzo de 2023, dictadas por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el trámite
del proceso ejecutivo identificado con el radicado No.
81001233900020180009300.
En primer lugar, se precisa que la presente acción de tutela no resulta temeraria,
como lo afirmó el tercero vinculado en el proceso, dado que la solicitud de amparo
presentada por Colpensiones el 2 de septiembre de 2019 se dirigió contra la
sentencia proferida en el proceso ordinario por el Tribunal Administrativo de
Arauca el 20 de agosto de 2015, en tanto que en el caso sub examine se
cuestionan las providencias dictadas en el proceso ejecutivo -la gran mayoría de
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Expediente 110010315000202205245 01.
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Radicación: 110010315000202301887 00
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• Colpensiones
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Referencia: Acción de tutela
ellas proferidas con posterioridad a la presentación de la referida demanda de
tutela- que se siguió como consecuencia del incumplimiento de esa primera
sentencia.
Así las cosas, resulta claro que el presente asunto se fundamenta en nuevos
hechos y, a su vez, no guarda identidad de objeto con lo pretendido en el proceso
tramitado con el radicado 110010315000201903971-00.
Ahora bien, frente a las providencias del 23 de agosto de 2019, del 17 de agosto
de 2021, del 22 de septiembre de 2021, del 10 de diciembre de 2021 y del 13 de
junio de 2022, la Sala estima que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de inmediatez, por lo siguiente:
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el
requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada,
según sea el caso3.
Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se
cuestiona, por cuanto es a partir del momento en que se conoce la decisión que se
puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la
configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de
tutela contra providencia judicial.
En ese sentido, dado que los precitados proveídos se notificaron a la parte actora
el 9 de diciembre de 2019, el 18 de agosto de 2021, el 22 de septiembre de 2021,
el 10 de diciembre de 2021 y el 22 de junio de 2022, respectivamente, y que la
demanda de tutela se presentó el 13 de abril de 2023, se concluye que no se
cumple con el requisito de la inmediatez frente a dichas decisiones.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 110010315000202301887 00
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• Colpensiones
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Referencia: Acción de tutela
Adicionalmente, la Subsección precisa que la parte actora no alegó, ni acreditó
alguna situación que diera lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la
inmediatez y que justifique su interposición por fuera del término que la
jurisprudencia ha considerado como razonable para ejercer la acción de tutela
contra una decisión judicial.
En cuanto al proveído del 3 de marzo de 2023, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Arauca modificó la liquidación del crédito presentada por la parte
ejecutante y estableció la suma de $817’749.833 como valor total de la liquidación,
la Sala, de entrada, advierte que la demanda de tutela carece de relevancia
constitucional.
Colpensiones alegó, en términos generales, que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente
constitucional al inobservar el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual no
podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.
Asimismo, indicó que se incurrió en una violación directa de la Constitución
Política, por cuanto se violó el principio de sostenibilidad financiera.
Sobre el particular, se advierte que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencia
judicial, toda vez que no precisó los reparos concretos en contra de la decisión del
3 de marzo de 2023.
En efecto, si bien en la demanda se presentaron -de forma general- los precitados
argumentos, lo cierto es que la decisión cuestionada se limitó a modificar la
liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, pues dicha decisión
corresponde simplemente a establecer los valores reconocidos en la providencia
que ordenó seguir adelante con la ejecución -la cual, incluso, se entiende que no
fue apelada por la entidad, porque el recurso de apelación interpuesto fue
declarado desierto-, de modo que las cuestiones atinentes a los requisitos del
título ejecutivo y a las excepciones propuestas quedaron definidos a través de
decisiones que se encuentran en firme.
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Radicación: 110010315000202301887 00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
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Referencia: Acción de tutela
En todo caso, se precisa que la inconformidad de la parte actora con los valores
establecidos en la liquidación modificada por la autoridad accionada (auto del 3 de
marzo de 2023), frente a dicha decisión procede el recurso de apelación, de
acuerdo con el numeral 3 del artículo 446 del CGP4.
Así las cosas, la Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo,
consistente en dejar sin efectos las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Arauca el 23 de agosto de 2019, el 17 de agosto de 2021, el 22
de septiembre de 2021, el 10 de diciembre de 2021, el 13 de junio de 2022 y el 3
de marzo de 2023, por incumplimiento de los requisitos de inmediatez, de
relevancia constitucional -por falta de carga argumentativa- y de subsidiariedad
respecto de ese último auto.
En cuanto a la pretensión subsidiaria, la parte demandante pide que se dejen sin
efecto -de manera transitoria- las mismas providencias, hasta tanto se resuelva la
acción especial de revisión interpuesta en contra de la sentencia del 20 de agosto
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. Lo anterior, con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable, porque de efectuarse el pago del
crédito liquidado en el proceso ejecutivo no habría lugar al reintegro de dichos
valores, por tratarse de sumas recibidas de buena fe y en cumplimiento de una
decisión judicial, según la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación.
Al respecto, la Sala considera que la pretensión subsidiaria no está llamada a
prosperar, en la medida en que depende de la procedencia o no de la petición de
amparo respecto de las decisiones cuestionadas. En otras palabras, no puede
admitirse un amparo, así sea transitorio, si la acción constitucional ni siquiera
superó los requisitos -generales y especiales- de la acción de tutela contra
providencia judicial.
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“ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del crédito y
las costas, se observarán las siguientes reglas:
(…).
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo
será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso,
que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de
dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación” (se destaca).
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Radicación: 110010315000202301887 00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
A lo anterior se agrega que no se puede pasar por alto la inactividad de
Colpensiones en el trámite del proceso ejecutivo, cuyas decisiones ahora pretende
dejar sin efectos, dado que, se reitera, no controvirtió mediante los mecanismos
previstos en la ley las decisiones que definieron el caso concreto, especialmente la
sentencia que negó la excepción de pago total de la obligación propuesta por la
entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución, pues si bien
interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión, lo cierto es que no lo
sustentó y, por consiguiente, se declaró desierto, por lo que no puede ahora
pretender remediar esa situación por medio de la acción constitucional, pues,
como lo ha sostenido el Consejo de Estado, la acción de tutela “no es un medio
que remedie los desaciertos procesales de las partes”5.
Así las cosas, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado,
pues se reitera no se cumplió con los requisitos de inmediatez, relevancia
constitucional y subsidiariedad y, en ese sentido, se levantará la medida
provisional decretada en el auto del 21 de abril de 2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional decretada en el auto del 21 de abril
de 2023.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 110010315000202301887 00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones
Accionado:Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela
CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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