Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00900-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00900-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00900-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 110010315000202400900 00
Accionante: JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE –
Procedencia excepcional / SUBSIDIARIEDAD – No se cumple este requisito porque no se
presentó solicitud de adición del fallo / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Incumplimiento
porque se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional del proceso
ordinario.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, de conformidad con el Decreto 333 de
20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 23 de febrero de 2024, el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, por conducto
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Subsección A de la
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Que ingresó al despacho para fallo el 14 de marzo de 2024.
Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, se deje sin efectos la
sentencia del 14 de septiembre de 2023 y se disponga que “se emita nueva decisión
resolviendo de fondo lo solicitado en el recurso de apelación”.
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Jesús Antonio Bernal Amorocho demandó al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República - Fonprecon, con el fin de que se declarara la nulidad del
“acto administrativo 20152000125561 del 28 de diciembre del 2015 y la nulidad
parcial de la resolución 0626 del 1 de septiembre del 2014 para que no se aplicara
el tope de los 25 S.M.M.L.V.” y, como consecuencia, se le ordenara disponer el pago
completo de la mesada pensional (Radicado No. 2016-02831).
De otra parte, el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho formuló demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra Fonprecon, con el fin de obtener las
siguientes declaraciones:
• Se “declare la nulidad total de la Resolución Np. 1017 de 18 de diciembre de 2014,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución 768 de 10 de octubre de 2014, negando el cambio de efectividad de la
pensión al 13 de mayo de 2010”;
• Se declare la nulidad parcial de la Resolución 0606 de 1 de septiembre de 2014,
“concretamente el numeral 1° que fijo la efectividad del pago a partir del retiro de
nómina de la UGPP y no a partir del retiro del servicio activo del actor”, y
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
• Se ordene a FONPRECON “reconocer las diferencias monetarias entre lo recibido
por la pensión convencional y lo no pagado por pensión de jubilación legal con
base en la Ley 33 de 1985 entre el 13 de mayo y el 31 de julio de 2014” (Radicado
No. 2015-03614).
Mediante sentencia del 15 de julio de 2021 (expediente 2016-02831 acumulado
2015-03614), la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, la que, por medio de providencia del 14 de septiembre de
2023, confirmó el fallo de primera instancia.
3. Fundamentos de la demanda
El accionante alega que en la decisión cuestionada se configuró un defecto fáctico,
dado que en el acápite de antecedentes y pretensiones “se limita única y
exclusivamente a transcribir las peticiones de la demanda del radicado 2016-
0283100 omitiendo estudiar y valorar, sin justificación alguna las pretensiones
elevadas en el libelo de la demanda con radicado 2015-03614-00”.
Adujo que la argumentación de la autoridad judicial accionada “no es coherente con
la realidad procesal que obra en el expediente”, porque no tuvo en cuenta:
● Que se solicitó la nulidad de las Resoluciones 0768 del 10 de octubre del 2014 y
1017 del 18 de diciembre del 2014 -que negaron el retroactivo pensional-.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
● El acta de conciliación extrajudicial del 15 de julio del 2015
expedida por la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos en la que
se solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional cuantificado, mes a
mes, desde mayo de 2010 hasta el 31 de julio del 2014;
● El escrito de demanda -radicado 2015-03614-, en el que se solicitó: “el
reconocimiento y pago del retroactivo pensional liquidado año a año desde la
causación del derecho y hasta que efectivamente le pagaron su primera mesada
pensional completa”.
● El escrito del recurso de apelación presentado en el que solicitó: “el
reconocimiento y pago del retroactivo pensional de la pensión reconocida por Ley
33 de 1985, descontando los pagos realizados en razón de la pensión
convencional”.
En ese sentido, afirmó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado “se sustrajo del estudio solicitado en el escrito de apelación, sin justificación
alguna, obviando el hecho de que se trata de una acumulación de procesos y
omitiendo valorar todo el material probatorio contenido en el radicado 2015-03614-
00”.
De otra parte, dijo que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente, respecto del requisito de
la relevancia constitucional afirmó que se encuentra satisfecho porque no se
cuestiona la valoración probatoria o argumentativa de la autoridad accionada sino
el hecho de que no se analizó de fondo el recurso de apelación y se desconoció que
“se solicitó el retroactivo pensional en sede administrativa, en sede prejudicial y en
sede judicial por lo que la Administración de Justicia debía de resolver de fondo la
inconformidad planteada en el recurso de alzada”.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4. El trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 26 de febrero de 2024, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero
con interés, al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Así mismo,
se dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que la
acción de tutela es improcedente porque el tutelante no agotó los mecanismos que
tenía a su disposición para obtener el fin perseguido, esto es, que se resuelvan
asuntos dejados de analizar en la sentencia, bajo el entendido de que no solicitó la
adición de sentencia prevista en el artículo 287 del Código General del Proceso.
Sin perjuicio de lo anterior, precisó que no se vulneraron los derechos
fundamentales del señor Bernal Amorocho, toda vez que “el resumen de las
pretensiones guarda estricta coincidencia con el contenido de los actos
administrativos demandados, los cuales fueron transcritos en el acápite de hechos
probados, para una mayor precisión valorativa, por lo que no es cierto que se hayan
dejado de estudiar o de decidir aspectos puntuales objeto de demanda”.
4.3. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República planteó que no se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Lo anterior, bajo el entendido de que se pretende la intervención del juez
constitucional en un proceso que se adelantó con plena garantía de sus derechos
fundamentales.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Expuso que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad,
porque el tutelante tenía la posibilidad de solicitar la adición del fallo cuestionado,
en los términos del artículo 287 del CGP, “sin embargo de manera negligente dejó
de acudir a esa figura procesal, a pesar de que, como el mismo lo manifestó, en
segunda instancia se dejó sobre un punto de la litis”.
De otra parte, manifestó que “yerra” el tutelante al considerar que si se hubiera
efectuado un pronunciamiento explícito sobre el retroactivo pensional se habría
accedido a él, máxime cuando el a quo sí se pronunció sobre esa pretensión y el
Consejo de Estado “pese a sentirse relevado de analizar la cuestión confirmó la
decisión de primera instancia, esto es, la encontró ajustada a derecho”.
Finalmente, planteó que la reliquidación de la pensión convencional del señor Bernal
Amorocho no es competencia de Fonprecon y, por ende, no puede disponerse el
pago de la diferencia pensional, ya que el mencionado señor ostenta la calidad de
pensionado de dicho fondo desde el 1° de agosto de 2014, día siguiente a su retiro
de nómina de FOPEP.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumplen los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional, tal como pasa a explicarse.
En cuanto al requisito de la subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por
el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela. Al
respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:
Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se
pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios2 (se destaca).
En el presente asunto, el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho controvierte la
sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023, tras considerar que la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado “se sustrajo del estudio solicitado
en el escrito de apelación, sin justificación alguna, obviando el hecho de que se trata
de una acumulación de procesos y omitiendo valorar todo el material probatorio
contenido en el radicado 2015-03614-00”.
En ese contexto, la Sala considera que el señor Bernal Amorocho contó con otro
mecanismo de defensa judicial para plantear aquello que ahora considera como una
transgresión de sus derechos fundamentales, con el fin de que el juez natural –que
es el primer encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes
en un proceso judicial– se pronunciara al respecto.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 3 del Código General
del Proceso que dispone que se podrá pedir la adición de la sentencia dentro de su
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Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 3
“ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
ejecutoria, cuando se “omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento”.
Así las cosas, dado que el tutelante no solicitó la adición del fallo cuestionado –
según consulta del proceso en SAMAI–, para efectos de que la autoridad judicial
accionada se pronunciara sobre aquello que, a su juicio, habría omitido resolver, la
Subsección estima improcedente el amparo solicitado, bajo el entendido de que,
como lo ha sostenido el Consejo de Estado, la acción de tutela “no es un medio que
remedie los desaciertos procesales de las partes”4.
Aunado a lo anterior, la Sala considera que tampoco se cumple el requisito de la
relevancia constitucional, por cuanto se acudió a la acción de tutela con el propósito
de que el juez constitucional se pronuncie respecto del “reconocimiento y pago del
retroactivo pensional de la pensión reconocida por Ley 33 de 1985”, lo que no es
procedente, dado que “la acción de tutela contra providencias judiciales supone
siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para
cuestiones de mera apreciación judicial que no involucre aquellos”5.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la
de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los
autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal”.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de
31 de mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, reiterada por esta Subsección en sentencia de 4 de julio de 2023, exp.
110010315000202301887 00 y en reciente sentencia del 18 de marzo de 2024, exp.
110010315000202400746 00, entre otras decisiones de la Sala.
5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de noviembre de 2018, exp. 11001-03-
15000-2018-03400-00(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Conviene mencionar que, aunque el tutelante alega que con la decisión del 14 de
septiembre de 2023 se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad y de acceso a la administración de justicia, lo cierto es que los
planteamientos de la demanda van encaminados a que se revisen asuntos de
naturaleza legal, los cuales fueron debidamente analizados y definidos por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la que circunscribió el
problema jurídico a establecer:
… si el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho tiene derecho a lo siguiente: (i) si
lo manifestado en el recurso de apelación, en relación con el pago retroactivo
de una mesada pensional sin tope entre el 13 de mayo del 2010 y el 1 de julio
del 2013, de la que se descuente lo pagado por concepto de la pensión
convencional que le fue pagada en ese interregno por parte de la UGPP, guarda
congruencia con lo pedido en sede administrativa y en el escrito inicial de la
demanda, en caso afirmativo, se decidirá lo pertinente; y (ii) si al demandante le
asiste derecho a que con posterioridad a la fecha de vigencia de la sentencia C-
258 del 2013 se ajuste su mesada pensional al tope de 25 smlmv, la cual ha
sido pagada en cuantía inferior.
Esos problemas jurídicos se resolvieron en los siguientes términos (transcripción
literal con posibles errores incluidos):
Una vez estudiado el expediente de la referencia, la Sala advierte que no se ha
cuestionado el régimen pensional que le fue aplicado al señor Jesús Antonio
Bernal ni las condiciones de tal reconocimiento, razón por la que no hay lugar
emitir manifestación alguna sobre el particular. Aclarado lo anterior, y de
acuerdo con los problemas jurídicos propuestos, la Subsección resolverá
negativamente el primero de ellos, relativo a la congruencia entre lo
argumentado en el recurso de apelación y lo pedido en sede administrativa y en
el escrito inicial de la demanda; las razones son las siguientes:
En el recurso de apelación el recurrente propuso amplios argumentos sobre el
derecho que considera que le asiste a que Fonprecon le conceda el retroactivo
pensional que a su juicio se causó entre el 13 de mayo del 2010, día siguiente
a su retiro del servicio como senador, y el mes de julio del 2013, y a que del
resultado de ese reconocimiento se descuente lo que le fue pagado por parte
de la UGPP por concepto de la pensión convencional otorgada por la extinta
Caja Agraria, pretensión que, de algún modo, y contrario a lo manifestado por
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
el demandante, sí se refiere o implica la modificación de la fecha
de efectividad del derecho.
A pesar de lo anterior, según el material probatorio aportado al proceso, el señor
Jesús Antonio Bernal Amorocho interpuso reclamación administrativa ante el
Fondo de Previsión Social de Congreso de la República el 17 de diciembre del
2015, en donde pretendió, principalmente, la no aplicación del tope pensional
de 25 SMLMV, la reliquidación de su mesada en cuantía del 75 % del promedio
de todo lo percibido durante el último año de servicio, el pago de las diferencias
surgidas a partir de esa reliquidación y la indexación de tales valores.
Como pretensiones subsidiarias, el accionante pidió el reajuste de la pensión de
jubilación hasta los 25 SMLMV, al considerar que la mensualidad ni siquiera
alcanzaba el referido tope, y el pago indexado de las sumas que resultaran a su
favor. De acuerdo con lo recapitulado, es evidente que en sede administrativa
no se propuso ninguna solicitud relativa al reconocimiento del retroactivo pedido
en la alzada.
Del mismo modo, en el Oficio 20152000125561, cuya legalidad se ha
cuestionado, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no
realizó ningún tipo de pronunciamiento en relación con el mencionado
retroactivo o modificación de la efectividad de la mesada pensional. Así, la parte
demandada se limitó a manifestarse sobre lo requerido por el interesado, es
decir, lo atinente al tope pensional. Es más, tampoco se pronunció sobre la
reliquidación de la mesada.
Adicionalmente, las pretensiones propuestas en el escrito inicial de la demanda
son idénticas a las de la reclamación administrativa, tal como puede
corroborarse del resumen efectuado en el acápite 1.1.1. de la presente decisión.
A partir de lo anterior, la Sala considera que lo manifestado por el recurrente en
la alzada, relacionado con el reconocimiento del retroactivo pensional
supuestamente causado entre el 13 de mayo del 2010 y el mes de julio del 2013
no se acompasa con lo procurado ni en sede administrativa ni en el trámite de
la primera instancia.
Ahora, es cierto que en la sentencia de primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca estudió lo relativo a una posible compatibilidad
o compartibilidad entre la pensión convencional, que era pagada por la UGPP,
y la pensión de jubilación que fue reconocida por Fonprecon, entre el 13 de
mayo del 2010 (día siguiente al retiro del servicio) y el 31 de julio del 2014 (día
previo a la efectividad de la pensión concedida por la demandada); no obstante,
la Sala considera que dicho pronunciamiento pudo obedecer, tal vez, a una
interpretación más laxa de la demanda y un estudio más completo del asunto,
pues en ninguna de las piezas procesales obrantes en el expediente se hizo
referencia a una pretensión similar.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
De acuerdo con lo anterior, el estudio sobre el citado retroactivo pensional y su
relación con la compatibilidad o compartibilidad entre ambas pensiones,
obedece a un análisis extra petita de la demanda, pues, como se ha explicado,
ello no fue objeto de discusión ni de pronunciamiento en sede administrativa ni
de pretensiones en el trámite de la primera instancia. A pesar de lo anterior,
como las conclusiones a las que arribó el a quo sobre el particular fueron
negativas, no hay lugar a proferir medidas correctivas sobre ese asunto.
Así, a pesar de que ese aspecto haya sido abordado por el juez de primer nivel,
a juicio de esta Sala, no se habilita la posibilidad de que ello sea discutido en
esta instancia, toda vez que permanece la falta de agotamiento de la vía
administrativa, es decir, no existe pronunciamiento por parte de la demandada
sobre el aludido retroactivo pensional, pues tanto en el acto acusado como en
la contestación de la demanda se limitó a referirse sobre lo pretendido por el
demandante, esto es, la aplicación o no del tope pensional.
Ahora, si bien la demandada realizó un recuento sobre la fecha de causación
del derecho, lo hizo en aras de justificar la imposición del citado límite, es decir,
como justificación para la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005, pero no
en ejercicio del derecho de defensa frente a una pretensión o eventual
reconocimiento de un retroactivo pensional.
Así las cosas, el retroactivo pedido por el apelante y el consecuente descuento
de lo pagado por concepto de la pensión convencional no es un asunto que
haya sido sometido a consideración de la entidad demandada en sede
administrativa y tampoco hace parte del grupo de pretensiones, principales o
subsidiarias, del presente medio de control. Entonces, si bien podría creerse
que el recurso de apelación es coherente con lo decidido en primera instancia,
lo cierto que dicha congruencia no puede predicarse ni del contenido del acto
demandado ni de las pretensiones de la demanda, razón por la que los
argumentos relacionados con este tópico no tienen vocación de prosperidad.
De otro lado, el segundo problema jurídico, esto es el relativo al reajuste anual
de la mesada al tope de los 25 smlmv, también será resuelto desfavorablemente
a los intereses del demandante. El sustento es el siguiente:
El señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, en el recurso de apelación, manifestó
que no pretende que se desconozca el tope pensional de que trata el Acto
Legislativo 01 del 2005 y la sentencia C-258 del 2013. A pesar de que la lectura
preliminar de los documentos que estructuraron la reclamación administrativa,
y la misma demanda, podrían dar cuenta del interés del accionante en que se
inaplique el mencionado tope, la Sala se ceñirá a lo manifestado en la alzada.
En ese sentido, el pensionado asegura que su mesada ni siquiera se ajusta el
límite máximo de los 25 smlmv.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Para soportar la anterior afirmación aportó sendos desprendibles de pago de la
mesada pensional de los meses de agosto a octubre del 2015 y del mes de
marzo del 2016. Pues bien, de acuerdo con lo anterior, la Sala considera que lo
relativo al tope pensional de 25 smlmv es una limitación impuesta al
reconocimiento del derecho y a partir de la cual se fija una base pensional que
solo está supeditada al ajuste anual que con base en el índice de precios al
consumidor debe efectuar la administradora de pensiones, tal como lo ordena
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que consigna lo siguiente: (…)
De acuerdo con lo anterior, con independencia del régimen pensional al que se
encuentre sujeta la mesada, las pensiones deben ajustarse anualmente a partir
de IPC certificado por el Dane, pues el reajuste de ese reconocimiento tiene
como único propósito, tal como lo estableció el legislador, evitar la pérdida de
poder adquisitivo, propósito que se alcanza con un incremento periódico que se
adecúe al fenómeno económico inflacionario. De ese modo, ni la Ley 33 de
1985, con base en la cual se reconoció el derecho reclamado, ni el régimen
general de pensiones contienen norma expresa que permita acceder a lo pedido
por el demandante.
En consonancia con lo anterior, debe decirse que el acto administrativo de
reconocimiento no dispuso que la mesada del señor Bernal Amorocho sería
igualada, cada año, hasta el equivalente a 25 smlmv; por el contrario, lo
consignado en la Resolución 606 del 1 de septiembre del 2014 impuso el tope
pensional discutido y con ello fijó la base a partir de la cual procedería el
incremento anual de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. En virtud de
lo anterior, el hecho de que desde el año 2015 la mesada pensional del
demandante no corresponda de manera estricta a una suma de 25 salarios
mínimos no configura ningún tipo de desconocimiento de los derechos
prestacionales del demandante.
De acuerdo con lo explicado, al señor Jesús Antonio Bernal no le asiste el
derecho a que su pensión de vejez sea incrementada anualmente hasta el
equivalente a 25 smlmv, como solicita, sino que, para contrarrestar el fenómeno
de la inflación y evitar la disminución del poder adquisitivo de la mesada, debe
acudirse al índice de precios al consumidor, del modo en el que se describe en
la ley general deseguridad social. En virtud de ello se confirmará en su totalidad
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
En ese contexto, advierte la Sala que, so pretexto de alegar vulneración de derechos
fundamentales, lo que pretende el tutelante es emplear este mecanismo
constitucional como una instancia adicional, para continuar con un debate zanjado
por el juez natural, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional.
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Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que “la acción de tutela
contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como
un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado 3 , lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”4.
Conviene mencionar que el hecho de que la decisión no se dictara en los términos
pretendidos por el señor Bernal Amorocho no implica que la labor de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue contraria a derecho y menos
aun cuando se trata de una providencia dictada por una alta corte, en la que, tal
como lo estableció la Corte Constitucional, debe existir “la configuración de una
anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”5,
lo que no se evidencia en el presente asunto.
Por lo expuesto, se declarará la improcedencia del amparo solicitado por el
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
3
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger)”.
4
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
5
Sentencia SU-573 de 2017.
13
Radicación número: 110010315000202400900 00 Accionante: Jesús Antonio Bernal
Amorocho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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