Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00746-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00746-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00746-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
18 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 110010315000202400746 00
Demandante: JOHN ALEXIS RADA
Demandada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL– Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir la
discusión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con aspectos
nuevos.
Corresponde a la Sala pronunciarse, en primera instancia, sobre la demanda de tutela
presentada por John Alexis Rada, de acuerdo con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 15 de febrero del 2024, el señor John Alexis Rada1 instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, por vulnerar sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
2. Hechos relevantes
El actor prestó servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros Nº. 12 “General
Liborio Mejía” en Venecia, Caquetá, desde el 24 de noviembre de 2010 hasta el 10 de
noviembre de 2011.
1
Que ingresó para fallo el 28 de febrero de 2024.
Radicación número: 11001-031-5000-2024-000746 00
Accionante: John Alexis Rada
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Afirmó que el 16 de enero de 2011, cuando se encontraba en desarrollo de la misión
táctica ESTOPIN dentro de la operación SOBERANÍA, sufrió una lesión en su pie
derecho.
Mediante apoderado judicial presentó escrito el 17 de julio de 2014, solicitando el
reconocimiento y pago de una asignación mensual y la capacitación de escolaridad
hasta el grado profesional de instrucción, de conformidad con el artículo 40, literal h,
de la Ley 48 de 1993.
Mediante Oficio de 10 de febrero de 2015, se le negó la solicitud, por lo que, el 20 de
agosto de 2015, el aquí accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar esa decisión.
A través de sentencia de 10 de diciembre de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo
de Florencia negó las pretensiones, porque el actor no logró consolidar su derecho en
vigencia de la Ley 48 de 1993, dado que no demostró la existencia de una lesión
permanente adquirida durante el servicio militar obligatorio, que le impidiera
desempeñar normalmente sus actividades; además, porque los beneficios
reclamados ya no existían.
La parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante
sentencia del 2 de agosto de 2023 por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá,
que confirmó la negativa de las pretensiones.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El accionante alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto material, por cuanto “usaron como fundamento normativo la Ley 1861 de
2017 por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la
movilización, norma que deroga la ley 48 de 1993 y elimina de manera total el
beneficio de educación y asignación mensual de esta última”.
Como fundamento de lo anterior, realizó un recuento de las normas aplicables a su
caso, para señalar que se le dio solución al problema jurídico planteado con la
normativa vigente al momento de emitir el fallo de primera instancia, sin prever que
los hechos y la demanda se generaron en vigencia de una ley totalmente diferente,
Radicación número: 11001-031-5000-2024-000746 00
Accionante: John Alexis Rada
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
con alcances, derechos y garantías distintas para los soldados regulares que
prestaban servicio militar obligatorio.
En virtud de lo anterior, adujo que las autoridades judiciales accionadas decidieron
sustentar sus fallos en una normativa que no es aplicable al caso en concreto, toda
vez que la prestación del servicio militar obligatorio se produjo hasta el 10 de
noviembre de 2011, el accidente sucedió el 11 de enero de 2011 y la demanda fue
interpuesta el 20 de agosto de 2015, por lo que la norma aplicable al caso en
concreto no correspondió a la estudiada por las autoridades judiciales.
4. La admisión y el trámite de la demanda
4.1. Mediante auto de 19 de febrero de 2024, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se ordenó vincular a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en su calidad de demandado en
el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
180013331902201500111 01, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros intervinientes.
4.2. El Ejército Nacional solicitó que se niegue el amparo solicitado, toda vez que no
se observa la violación de los derechos fundamentales invocados por el actor;
además, indicó que la parte no cumplió con el deber que le asistía de esgrimir las
razones de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones y ahora pretende subsanar el yerro a través de la demanda de tutela.
4.3. El Juzgado Quinto Administrativo de Florencia solo remitió el expediente del
proceso ordinario en digital.
4.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá solicitó declarar la improcedencia del
amparo, por cuanto el accionante pretende convertir el mecanismo en una instancia
adicional para proponer los reparos que debió plantear en su recurso de apelación.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, por cuanto no se cumplen los requisitos de relevancia constitucional y de
Radicación número: 11001-031-5000-2024-000746 00
Accionante: John Alexis Rada
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
subsidiariedad.
Respecto del primero, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces2.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer
si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber3:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta
aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora pretende reabrir el debate del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al señalar, en síntesis, que en las
decisiones cuestionadas se aplicó “la Ley 1861 de 2017 por la cual se reglamenta el
servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, norma que deroga la
ley 48 de 1993 y elimina de manera total el beneficio de educación y asignación
mensual de esta última”.
De otra parte, frente a la subsidiariedad, la Sala advierte que ese aspecto no fue
planteado en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En efecto, al verificar los argumentos planteados por el hoy actor para sustentar su
2
Sentencia T–422 de 2018.
3
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado.
Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicación número: 11001-031-5000-2024-000746 00
Accionante: John Alexis Rada
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
recurso de apelación, se observa que únicamente hizo referencia a las obligaciones
del Estado respecto de los soldados regulares, en los siguientes términos
(trascripción literal):
i) Se desconocen las lesiones que sufrió durante la prestación del servicio militar
obligatorio las cuales le impiden desenvolverse normalmente en el ámbito laboral,
personal, social y laboral, tal y como se acreditó con el acta de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Huila.
Debe tenerse en cuenta que, al momento de ingresar a prestar el servicio militar
obligatorio se encontraba sano y sin ninguna limitación física, sin embargo,
durante la prestación del servicio se causó un detrimento de su estado de salud
sin que hubiere recibido la respectiva asistencia médica y/o rehabilitación.
iii) Ante la pérdida de la capacidad laboral generada durante la prestación del
servicio, las fuerzas militares debieron capacitarlo para ejercer una nueva función
e inclusive reubicarlo.
iv) La entidad castrense debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la
medida que se trata de una persona sometida a su custodia y cuidado, pues debe
el Estado responder por los daños irrogados durante la ejecución de la carga
pública impuesta.
v) La calificación de la pérdida de la capacidad laboral que no implique el derecho
a recibir una pensión de invalidez, puede perfectamente generar una
indemnización pecuniaria de único desembolso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 37 del Decreto 1796 de 2000.
vi) Por lo anterior, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y en su
lugar se acceda a todas las pretensiones de la demanda.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, la
parte actora no hizo alusión alguna al supuesto desconocimiento de la Ley 48 de
1993, ni señaló como soporte de su inconformidad la indebida aplicación de Ley 1861
de 2017, como lo alega en su solicitud de amparo.
Al respecto, es importante señalar que el juzgado de primera instancia tuvo como
razones para negar las pretensiones que la normativa, en virtud de la cual se
pretendía el restablecimiento del derecho –Ley 48 de 1993-, había sido derogada por
el artículo 45 de la Ley 1861 de 2017.
Además, indicó que, pese a que el demandante reclamó los beneficios de la Ley 48
de 1993 por una lesión ocurrida durante la prestación del servicio militar obligatorio,
período en el cual se encontraba vigente la norma, lo cierto es que la consolidación
del derecho solo se logró hasta el 10 de junio de 2020, cuando se emitió la valoración
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, que consideró la lesión
como permanente, por lo cual, no podía darse aplicación a una norma derogada.
Finalmente, sostuvo que no resultaba procedente dar aplicación a una ley que ya no
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tenía efectos jurídicos por haber sido derogada en el 2017 por una norma que no
contempla los beneficios que reclamó el demandante.
En ese sentido, es claro que la parte actora pretende reabrir el debate de instancia
con argumentos nuevos que la autoridad judicial accionada -el tribunal- no tuvo
oportunidad de conocer. Se reitera, que la acción de tutela no es una instancia
adicional en la que puedan ventilarse asuntos que ya fueron definidos por los
falladores del asunto o que estos no tuvieron oportunidad de analizar.
Ciertamente, en el fallo de segunda instancia se advirtió el yerro, al punto que el
tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, precisamente, porque no encontró
congruencia entre las pretensiones iniciales de la demanda, lo decidido por el juez y
el recurso de apelación, tal como se extrae de la siguiente argumentación (se
trascribe literal, incluidos posibles errores):
(…) En el caso concreto, tal como quedó expuesto, la parte demandante solicitó
que se declarara la nulidad del acto administrativo por el cual se negó el
reconocimiento y pago una asignación mensual y la capacitación hasta el grado
profesional de instrucción contemplada en el artículo 40 literal h) y parágrafo de la
Ley 48 de 1993.
En la sentencia, el a quo resolvió el litigio a partir de los hechos planteados en el
escrito introductorio y concluyó que no procedían las pretensiones de la demanda
en tanto la Ley 48 de 1993 fue derogada desde el 2017, y aunque las lesiones en
virtud de las cuales se reclama el derecho ocurrieron en vigencia de la norma
-2011-, la consolidación del derecho solo se logró hasta el 10 de junio de 2020
cuando se emitió la valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Huila, que consideró la lesión como permanente, es decir, cuando la norma ya
había sido derogada.
No obstante lo anterior, cuando el demandante se alzó en apelación, lo hizo con
argumentos que no ocupan la atención del sub judice, pues se extendió en
explicaciones sobre el deber de custodia que le asiste a las fuerzas militares
sobre los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, la obligación de
reincorporarlos en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio, el deber
de indemnización contemplado en el artículo 37 del Decreto 1796 de 2000, y la
obligación de garantizar la prestación del servicio médico, pero nada dijo frente a
la decisión del a quo ni expuso las razones concretas de su disenso,
específicamente la aplicabilidad del artículo 40 literal h) y parágrafo de la Ley 48
de 1993, cual fue, la disposición en que se fundaron las pretensiones de la
demanda y el concepto de violación expuesto para el acto acusado.
Resulta claro así que al interponer el recurso, el demandante no controvirtió los
argumentos de la sentencia sino que se contrajo a hacer manifestaciones
generales obviando la impugnación de la tesis expuesta por la a quo, esta es, la
inaplicabilidad de la norma derogada, es decir, el recurso de apelación, en
primera medida debía refutar tal conclusión, sin que resulte admisible proponer
nuevos argumentos y/o concepto de violación en la alzada. En otros términos, los
verdaderos fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia impugnada no
fueron atacados por la parte recurrente, ya que en la impugnación solo se
observan, de una parte, expresiones ligeras y abstractas y, de otro lado, sustentos
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normativos que no fueron propuestos en la demanda y que ni siquiera controvierte
los supuestos fácticos examinados.
Ahora, conviene reiterar al recurrente que en el caso de marras no se estaba
examinando la existencia de la afectaciones causadas al demandante durante la
prestación del servicio militar obligatorio, pues este sería un asunto que debería
resolverse en ejercicio del medio de control de la reparación directa si así se
quisiera, máxime que la entidad demandada en su contestación no se opuso a la
existencia de tales lesiones durante el servicio, sino que, el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que convoca esta litis estaba
dirigido a verificar la legalidad del acto administrativo acusado que denegó el
reconocimiento y pago una asignación mensual y la capacitación hasta el grado
profesional de instrucción contemplada en el artículo 40 literal h) y parágrafo de la
Ley 48 de 1993, circunstancias totalmente disimiles, y es por ello que el recurso
de apelación se debía circunscribir a tal juicio de legalidad bajo las normas
invocadas en la demanda, y no como abstractamente lo hizo el demandante (…)”.
Así las cosas, resulta evidente que lo pretendido por la parte tutelante es que, bajo la
posible configuración de un defecto material, se analicen argumentos que pudieron y
debieron ser planteados en el recurso de apelación contra la decisión del 10 de
diciembre de 2021, pero que no fueron propuestos, lo que no es de recibo, dado que,
como lo ha sostenido el Consejo de Estado, la acción de tutela “no es un medio que
remedie los desaciertos procesales de las partes”4.
Como consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, según las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterada por esta Subsección en sentencia de 4 de julio de 2023, exp. 110010315000202301887 00,
entre otras decisiones de la Sala.
Radicación número: 11001-031-5000-2024-000746 00
Accionante: John Alexis Rada
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
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la derecha.
VF
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