Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Inmediatez: la demanda no se presentó en un término razonable
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: BEATRIZ ALONSO DE CANTOR Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia /
INMEDIATEZ - la demanda no se presentó en un término razonable.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por Beatriz Alonso de Cantor y otras personas, de conformidad con el Decreto 333
de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda2
1. El 22 de abril de 2024, Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso,
María Magdalena Cantor Alonso, Ana Luisa Cantor Alonso, María Olga Cantor
Alonso y Martha Patricia Cantor Alonso, por conducto de apoderada judicial,
presentaron demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, por considerar que la sentencia del
12 de diciembre de 2022 que puso fin al proceso de reparación directa identificado
con radicado 250002326000200800628-01 (47.991), vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, vivienda digna, mínimo vital y de trabajo.
1
Que ingresó para fallo el 3 de mayo de 2024, índice 17 del aplicativo Samai.
2
Índice 2 del aplicativo Samai.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Hechos relevantes
2. El 26 de noviembre de 2008, Luis Eduardo Cantor Neuta3, en ejercicio de la
acción de reparación directa presentó demanda en contra del Distrito Capital de
Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y el Terminal de Transporte de
Bogotá, con el fin de que se les declarara responsables por “avaluar erradamente
el bien inmueble (…) expropiado por vía administrativa por el Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá”.
3. Mediante sentencia del 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa. La parte demandante
interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia
del 12 de diciembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró la indebida escogencia de la acción de reparación directa, porque el
demandante cuestionó la legalidad del acto administrativo No. 5725 del 31 de
diciembre de 2016 que ordenó la expropiación administrativa y acogió el avaluó del
inmueble por valor de $481’142.0884.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Primero: Que se conceda a mis prohijadas los derechos fundamentales al
debido proceso, derecho a la vida, vivienda digna, mínimo vital, tutela judicial
efectiva, así como al principio de confianza legitima, que fueron vulnerados por
la autoridad judicial accionada, a través del fallo del 12 de diciembre de 2022,
referido en precedencia.
Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la
sentencia del 22 de junio de 2023, dictada en la causa 2500023260002002008-
00628-01 (47991) por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en
consecuencia, se le ordene al órgano acusado emitir una nueva decisión, en la
que, esta vez, si valore y no omita el análisis de los medios de prueba allegados
al plenario, para decrete la justa tasación del precio del bien inmueble ubicado
en la Carrera 75 F No 57 No-73 sur, al avaluar el I.D.U. erradamente por debajo
del precio comercial que obliga la Ley 388 de 1997, además de la consecuente
indemnización de la expropiación a que tuvo el derecho el causante y hoy sus
3
Se advierte que en el proceso ordinario (expediente visible en índice 8 del aplicativo Samai),
mediante auto del 5 de julio de 2019, se reconocieron como sucesoras procesales del demandante
a: Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María Magdalena Cantor Alonso, Ana Luisa
Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y Martha Patricia Cantor Alonso.
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El avalúo había sido determinado y comunicado al propietario mediante Resolución 3707 del 8 de
agosto de 2006.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
herederas ya que sufrieron la carga pública de abarcar los daños y perjuicios
materiales y morales sufridos por dicho hecho.
Pretensiones Subsidiarias:
Primera: Que se ordene a la Sección Tercera del Consejo de Estado la admisión
del recurso extraordinario de revisión a mis prohijadas.
Segunda: Que, bajo el AMPARO de los derechos fundamentales de mis
prohijadas, los jueces de tutela adopten las medidas pertinentes que garanticen
la efectividad de sus derechos dentro del trámite de Reparación Directa.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte accionante alega la violación de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida, vivienda digna, mínimo vital y de trabajo, supuestamente
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2022, porque no se tuvo en cuenta que el señor
Luis Eduardo Cantor Neuta sufrió daños y perjuicios materiales y morales por el
incorrecto avalúo del inmueble de su propiedad, y, por ende, por tratarse de una
acción resarcitoria la demanda debía ejercerse mediante la acción de reparación
directa.
7. Al respecto, señaló que la señora Beatriz Alonso de Cantor, quien actuó en el
proceso de reparación directa identificado con radicado 250002326000200800628-
01 como una de las sucesoras procesales de Luis Eduardo Cantor Neuta, padece
múltiples afectaciones de salud y que se trata de una paciente de la tercera edad
(91 años).
8. En esa misma línea, manifestó que es claro que el IDU ha actuado de mala fe y
violentó los derechos fundamentales de los accionantes porque avaluó el bien
objeto de expropiación por un monto de dinero inferior al valor comercial. Debido a
esa situación, expresó que las hijas de Beatriz Alonso de Cantor, han tenido que
asumir estos costos de medicamentos del tratamiento de su madre, además de
tener que pagarle a una enfermera y una cuidadora para que este con ella las 24
horas al día; por lo que “requieren con urgencia el dinero de la justa tasación del
inmueble de la expropiación, más la correspondiente indemnización a que tienen
derecho”.
9. Como consecuencia de lo anterior, indicó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, en la sentencia del 12 de diciembre de 2022, incurrió en un
defecto fáctico por omisión de la valoración de las pruebas aportadas al proceso,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
por declarar la indebida escogencia del medio de control sin tener en cuenta las
particularidades del caso, en el que el señor Luis Eduardo Cantor Neuta dejó pasar
el tiempo de 4 meses para demandar mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho porque estaba sufriendo problemas físicos y
psicológicos causados, precisamente, por la expropiación del inmueble, por lo que,
únicamente contaba con la acción de reparación directa para lograr la
indemnización de los perjuicios causados.
10. En ese contexto alegó que en la providencia cuestionada se desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-132 de 2002 y
T-118 de 2013, en relación con el deber del juez de practicar las pruebas decretadas
y valorar los elementos probatorios que obran en el proceso.
Trámite de la demanda de tutela
11. Mediante auto del 23 de abril de 2024, se admitió la demanda de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó como terceros intervinientes
a: (i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) el Distrito Capital de Bogotá
D.C.; (iii) el Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito Capital de Bogotá (IDU); (iv)
el Terminal de Transportes de Bogotá y (v) a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
Intervenciones
12. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C solicitó que se declare
improcedente la demanda debido a la falta de carga argumentativa para sustentar
la relevancia constitucional, ya que se intenta reabrir el debate jurídico en una
instancia adicional. Además, argumentó que no se ha demostrado el supuesto
defecto fáctico alegado, dado que los elementos probatorios fueron evaluados en la
providencia cuestionada. Señaló que la controversia gira en torno a la afectación al
patrimonio del demandante, ocasionada por la Resolución No. 3707 del 8 de agosto
de 2006, emitida por el IDU, la cual valoró el inmueble de su propiedad en
$481.142.088. Este avalúo fue ratificado en la Resolución No. 5725 del 31 de
octubre de 2006, que ordenó la expropiación administrativa del bien. Por
consiguiente, argumentó que el origen del presunto daño se relaciona con la posible
ilegalidad de los actos administrativos mencionados y por lo tanto la parte
demandante erró al interponer la acción de reparación directa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
solicitó que se declare improcedente la demanda, porque la acción de tutela contra
providencia judicial no puede ser usada como un juicio de corrección en la sentencia
cuestionada.
14. El Distrito Capital de Bogotá, a través de la Secretaría Jurídica Distrital, se opuso
a las pretensiones de la demanda de tutela por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva dado que la entidad no expidió los actos
administrativos cuestionados en el proceso ordinario. Además, expresó que el
asunto carece de relevancia constitucional porque la definición de la acción
procedente para cuestionar la legalidad de los actos administrativos no debe ser
definida por el juez constitucional.
15. El IDU señaló que la demanda de tutela es improcedente porque con la sentencia
cuestionada no se vulneraron sus derechos fundamentales. Al respecto expresó que
los accionantes, mediante el ejercicio de la acción constitucional, pretenden corregir
su error de haber demandado de manera equivocada la supuesta ilicitud de los
actos administrativos expedidos por la entidad, además, adujo que no es posible
revivir los términos de caducidad fenecidos por negligencia de la parte actora. En
ese sentido consideró que en el debate jurídico ya resuelto operó la cosa juzgada
que tiene el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.
16. En ese mismo sentido, la entidad reiteró la improcedencia de la demanda porque
no se cumplió con el requisito de inmediatez, porque los accionantes no ejercieron
la acción constitucional en un plazo razonable contado desde el momento en que
conocieron la providencia que ahora cuestionan.
17. La Terminal de Transporte S.A. indicó que la sentencia del 12 de diciembre de
2022 fue proferida de acuerdo con el análisis de los elementos probatorios que
obraban en el proceso, además, alegó la improcedencia de la demanda de tutela
porque: (i) no satisface los requisitos para cuestionar providencias judiciales; (ii)
operó la cosa juzgada y (iii) se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva porque ninguno de los hechos constitutivos de la solicitud de amparo es
imputable a la sociedad.
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Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
18. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de inmediatez.
19. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela5.
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado
que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se
ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la inmediatez, se
debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso6.
21. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses
se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por
cuanto es a partir del momento en que se conoce la decisión que se puede advertir
la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o
varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial7. A menos que se presenten actuaciones y/o pronunciamientos posteriores
que puedan tener incidencia notable en la decisión que se cuestiona por vía de
tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento
al interponer la acción de tutela8.
22. En el presente asunto, la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022 se notificó
mediante edicto fijado el 14 de abril de 2023 y desfijado 18 del mismo mes y año 9.
De ese modo, dado que la demanda tutela se presentó hasta el 22 de abril de 2024,
5
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2023, radicado
número: 11001-03-15-000-2023-00282-01. Criterio reiterado por la misma Subsección en sentencia
del 4 de julio de 2023, radicado número 11001-03-15-000-2023-01887-00.
8
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
9
Consulta en el aplicativo Samai del expediente identificado con radicado
250002326000200800628-01 (47.991), índice 134.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
se evidencia que extendió en demasía el plazo razonable de 6 meses para
interponer la acción constitucional que se resuelve en este momento.
23. La Sala reconoce que en el proceso de reparación directa en el que se profirió la
sentencia que ahora se cuestiona, la autoridad judicial accionada profirió el 4 de
diciembre de 2023, de oficio, un auto de corrección de sentencia10. No obstante, el
término de los seis (6) meses no puede contabilizarse en este caso particular a partir
del auto de corrección, ya que ninguna incidencia tuvo sobre lo resuelto por la
autoridad judicial accionada en el fondo del asunto.
24. En ese mismo sentido, se considera que la petición presentada por la señora María
Magdalena Cantor Alonso en su calidad de sucesora procesal al despacho a cargo
del Magistrado Nicolás Yepes Corrales con miras a obtener “La restitución del lote
qué supuestamente iba a ser construido para un servicio Social según dice la
Alcaldía”, también carece de relevancia para justificar la demora en la presentación
de la acción de tutela, pues es sabido que el ejercicio de ese derecho fundamental
en procesos judiciales es improcedente, ya que estos se encuentran sometidos a
una reglamentación especial prevista en la ley.
25. Finalmente, la Sala considera que el estado de salud de la señora Beatriz Alonso
de Cantor y su avanzada edad (91 años) no impedían a cualquiera de las demás
personas reconocidas en el proceso ordinario como sucesoras procesales del señor
Luis Eduardo Cantor Neuta, para interponer la acción de tutela en un término
razonable.
26. Por las razones anotadas, la Sala estima que el lapso de seis (6) meses –
considerado como razonable para presentar la demanda de tutela– empezó a correr
a partir de la fecha en que se notificó la providencia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, es decir, el 18 de abril de 2023. Por lo que
era a partir de esa fecha que la accionante contaba con seis meses para presentar
la demanda de tutela, pero solo lo hizo, se reitera, hasta el 22 de abril de 2024.
27. Adicionalmente, la Subsección precisa que la parte actora no demostró alguna
situación que diera lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la inmediatez y
que justifique su interposición por fuera del término que la jurisprudencia ha
10
En el auto de corrección se precisó que la fecha de la sentencia de primera instancia fue proferida
el 12 de abril de 2013 y no el 12 de abril de 2007 como equivocadamente se consignó en la parte
resolutiva de la sentencia de segunda instancia.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso De Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
considerado como razonable para ejercer la acción de tutela contra una decisión
judicial.
28. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición
de amparo por el incumplimiento del requisito de la inmediatez.
29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María Magdalena Cantor
Alonso, Ana Luisa Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y Martha Patricia
Cantor Alonso, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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